Los excluidos del justicialismo. La conducción sindical de Córdoba y su participación en el juego político-electoral por fuera del PJ

(1999-2007)

 

Juan Gerbaldo^(*)

 

ARK CAICYT: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24690732/lt9g1ckfe

 

Resumen

 

El presente artículo repara en representantes sindicales que, arraigados en una tradición peronista, decidieron distanciarse del Partido Justicialista de Córdoba, Argentina, en el período 1999-2007. Aquí indagamos de qué forma la dirigencia obrera buscó involucrarse en el juego político institucional por fuera de su principal aliado partidario. Como hipótesis argumentamos que una parte de la jefatura gremial ensayó estrategias destinadas a potenciar su participación electoral, restaurar el estatuto de sujeto político y preservar su identificación peronista. Para esto empleamos un método de investigación cualitativo y analizamos un corpus documental compuesto por fuentes hemerográficas y orales.

 

Palabras clave: Justicialismo; Peronismo; Sindicalismo; Estrategias; Aspiraciones.

 

 

 

Those excluded from Justicialism. The union leaders and their political and electoral participation outside the PJ, Córdoba (1999-2007)

 

Abstract

 

This article looks at Peronist trade union representatives who distanced themselves from the Justicialist Party of Córdoba, Argentina, in the period 1999-2007. Here we investigate how the union leadership sought to get involved in political instances outside of its main party ally. As a hypothesis, we argue that a part of the trade union leadership used strategies aimed at strengthening their electoral participation, restoring their political status, and preserving their Peronist identification. Here we use a qualitative research method and analyze a diverse documentary corpus of written and oral sources.

 

Keywords: Justicialist party; Peronism; Trade unions; Strategies; Objectives.

 

 

Los excluidos del justicialismo. La conducción sindical de Córdoba y su participación en el juego político-electoral por fuera del PJ (1999-2007)

 

Introducción

 

En la primera década del siglo XXI Argentina registró un proceso de importantes transformaciones que reposicionaron a los trabajadores del sector formal y a sus organizaciones al interior de las relaciones laborales. La producción académica señaló que durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011) los sindicatos se constituyeron en una de las principales apoyaturas que tuvo la administración nacional al momento de garantizar gobernabilidad y sostener políticas de ingresos (Etchemendy, 2013; Natalucci y Morris, 2016; Schipani, 2021). Ante esta situación, la bibliografía indicó que -en un contexto de pos convertibilidad- las instituciones obreras abandonaron la actitud defensiva que definió su acción frente al avance neoliberal de los noventa (Murillo, 1997). Como contrapartida, adoptaron una postura ofensiva que se tradujo en la búsqueda activa de aumentos salariales, mayor cobertura contractual y distribución de las ganancias (Etchemendy y Collier, 2007; Senén González y Haidar, 2014).

Los cambios mencionados despertaron aspiraciones históricas del actor sindical, que entendió factible la posibilidad de recuperar su status de sujeto político (Natalucci, 2015; Schipani, 2021; Payo Esper, 2022). De este modo, una facción de la conducción gremial, alineada principalmente con la figura de Hugo Moyano,^[1] desplegó diversas estrategias con el propósito de resindicalizar el Partido Justicialista (PJ) y revertir su marginalidad dentro de él.^[2]

Lo brevemente referido alude a lógicas que operaron en el plano nacional. No obstante, la manera en que la dirigencia sindical pretendió participar del juego político partidario no se replicó linealmente en contextos subnacionales, debido a que ellos suelen configurarse como espacios de producción de lo social con autonomía relativa y especificidades locales (Ferrari y Gordillo, 2015). Por esta razón, con el fin de estudiar las interacciones entre sindicalismo y partidos provinciales en una coyuntura de fortalecimiento de las organizaciones gremiales, concentramos la atención analítica en el caso de Córdoba, Argentina, durante los primeros años de la centuria actual.

Córdoba se encuentra gobernada desde 1999 por una vertiente del peronismo de identificación neoliberal (Reynares, 2017). El triunfo electoral, en 1998, de la coalición Unión por Córdoba (UpC) consagró como gobernador a José Manuel de la Sota; desplazó del poder a la Unión Cívica Radical (UCR) tras 16 años; e inició un ciclo político hegemonizado por el justicialismo cordobés.^[3] En este marco, la principal fuerza opositora estuvo ligada con la figura de Luis Juez, quien en 2003 irrumpió en el escenario político y, por medio de la constitución del Partido Nuevo (PN) y una victoria en el municipio capitalino, quebró el bipartidismo imperante (Tomasini, 2018).^[4] Ambas alternativas partidarias fueron las grandes animadoras de las contiendas electorales desarrolladas en el período 2003-2011.

La dinámica política coincidió con disputas al interior del campo sindical que derivaron en una fractura en la conducción del movimiento obrero y en la conformación de dos delegaciones regionales de la Confederación General del Trabajo (CGT). A saber, desde del año 2000 en adelante, en la provincia mediterránea convivieron -y aún lo hacen- nucleamientos gremiales que compitieron por la representación sociopolítica de los trabajadores.^[5] Un aspecto distintivo de esta división radicó en el hecho de que una parte del sindicalismo respaldó a la administración de UpC, mientras que otra asumió una postura crítica frente al proyecto de gobierno que impulsó de la Sota (Gerbaldo, 2022; 2024).

El presente artículo repara en aquellos representantes sindicales que, arraigados en una tradición peronista, decidieron distanciarse del PJ cordobés. En particular, nos interesa indagar de qué forma la dirigencia obrera buscó involucrarse en el juego político institucional prescindiendo de su principal aliado partidario. De esa manera, el trabajo persigue un triple objetivo: reconocer la construcción de relaciones entre sindicalismo y partidos políticos no peronistas; analizar las estrategias que la conducción gremial implementó al momento de participar en la contienda electoral; y comprender el modo en que las aspiraciones políticas definieron los comportamientos sindicales durante el período en estudio.

Como hipótesis argumentamos que una porción de la jefatura gremial de Córdoba se posicionó como antagonista al PJ local, generando una ruptura ideológica y política entre ellos. La dirigencia opositora a UpC pretendió recuperar centralidad en la realidad social prescindiendo del justicialismo, pero también disputando los sentidos del peronismo como movimiento a su tradicional aliado partidario. A partir de aquí, el sindicalismo definió estrategias orientadas a potenciar su participación electoral, restaurar el estatuto de sujeto político que fue perdiendo en el tiempo y preservar su identificación colectiva peronista. Ahora bien, los comportamientos gremiales estuvieron condicionados por el legado histórico inherente a la dirigencia obrera y por las oportunidades abiertas en el contexto. Luego de la crisis de 2001 emergieron opciones políticas-sindicales novedosas que revalorizaron nociones de autonomía/independencia, mientras que a partir de 2003 la conducción excluida por el justicialismo se subordinó al juecismo.

El examen intenta contribuir a ampliar el marco de indagación acerca de las mutaciones que experimentó el peronismo en Argentina y sus efectos sobre la acción sindical en un contexto de metamorfosis de las democracias occidentales (Manin, 1992). Así, creemos que es relevante analizar las transformaciones en la interacción entre dos actores que se definen en función de atributos, prácticas e intereses diferentes pero que, al mismo tiempo, conservan una relación histórica sustentada en compromisos, expectativas y constricciones particulares (Sigal y Torre, 1981).

Los partidos políticos son ante todo organizaciones que buscan influir en el Estado, tratando de ocupar posiciones en el gobierno a través de elecciones u otra forma de legitimidad popular (Panebianco, 1990). Ahora bien, el agotamiento de una matriz bienestarista en la segunda mitad del siglo XX trajo aparejado, como parte de un mismo proceso, el deterioro de los partidos como agentes estructurantes del campo político (Abal Medina, 2004). La redefinición de clásicos mecanismos de mediación, característicos de sociedades fordistas, derivó en la génesis de un novedoso modelo de representación basado en identificaciones políticas fragmentadas y volátiles, en donde los comportamientos electorales empezaron a estar influenciados por la imagen pública de los candidatos (Manin, 1992).

Los sindicatos, en tanto, representan al colectivo de personas que venden su fuerza de trabajo bajo la dominación del capital (Kelly, 1988). Ellos, desde su emergencia, se constituyeron en componentes y oponentes al sistema, circunscribiendo sus estrategias a una lógica bivalente tensionada por la confrontación y la negociación (Van der Linden, 2019). Por esta razón, ejercen una gravedad sustantiva sobre una porción de la realidad social que los convierte en una amenaza o un aliado potencial para aquellos partidos que intentan acceder al gobierno. En el caso argentino, estos rasgos adquieren otro tenor debido a que las jefaturas gremiales no sólo limitan sus acciones a la defensa profesional de los trabajadores, sino que en muchas ocasiones asumen -o aspiran hacerlo- la función de canalizar las demandas obreras en el juego político institucional (Torre, 1983).

Investigaciones especializadas coincidieron en argumentar que, en los últimos 40 años, ocurrieron modificaciones importantes en el entorno político que influyeron en los vínculos entre el justicialismo y los sindicatos afines al peronismo. Córdoba, entendemos, no estuvo exenta de este proceso. Sin embargo, la bibliografía sólo concentró su atención en los cambios producidos por la desindicalización del PJ en la década de 1980 (Closa, 2005; Reynares, 2017; Roland, Sapp y Gerbaldo, 2023). Así, existe una vacancia de abordajes que consideren esa interacción en un marco de recomposición sindical pos 2001 (Atzeni y Ghigliani, 2008).^[6] Nuestro interés radica entonces en complejizar estudios nacionales, exponiendo las especificidades locales que delimitaron los comportamientos sindicales, fijaron objetivos políticos e incidieron en la durabilidad de los acuerdos forjados con fuerzas partidarias.

En rigor, aquí pretendemos adentrarnos en las significaciones políticas que operan al vértice de las jefaturas sindicales. Las conducciones obreras, al negociar en nombre del colectivo de los trabajadores, concentran un poder decisorio que influye en las alianzas que trazan con actores del mundo social (Murillo, 2008). Asimismo, sus aspiraciones tienen un anclaje en legados históricos asociados con tradiciones sindicales que subyacen en el plano de lo simbólico (Gordillo, 1999; Simonassi y Vogelman, 2017). Ellas reproducen prácticas concretas que se inscriben en un pasado común pero que, a su vez, se relacionan con el presente y orientan a un futuro. En consecuencia, condensan motivaciones, definen preferencias y otorgan sentido a sus acciones.

El legado histórico actúa como un factor cohesionador de las parcialidades que forman un nucleamiento; condiciona sus vinculaciones con diversos partidos políticos; e ilustra su comprensión respecto a su rol en la sociedad. Además, en escenario de divisiones, cristaliza una distinción entre facciones antagonistas que disputan la conducción del movimiento obrero. Ahora bien, los comportamientos sindicales deben ser indagados en su contexto debido a que se presenta como un marco cambiante que influye en las estrategias. En base a este razonamiento, recuperamos el concepto de estructura de oportunidades políticas. Tal categoría permite advertir la manera en que variables del medio ambiente afectan las actuaciones colectivas y delimitan el carácter de las alianzas con las elites políticas (Tarrow, 1997).

Aquí empleamos un método de investigación de tipo cualitativo. Asimismo, reconstruimos -con el fin de observar en clave histórica- la participación electoral de dirigentes gremiales en representación del PJ de Córdoba en el periodo 1983-2007. Al mismo tiempo, diferenciamos los modos en que el sindicalismo opositor a UpC orientó su involucramiento político institucional a lo largo de la primera década del siglo XXI, considerando sobre todo las coyunturas electorales. En esta clave, realizamos distinciones estratégicas e ideológicas de los nucleamientos que buscaron sumarse al juego político prescindiendo del justicialismo y, a su vez, reparamos en la naturaleza de los acuerdos que la conducción obrera construyó con espacios políticos no peronistas, esencialmente -después de 2003- con el juecismo.

Analizamos un corpus documental compuesto por fuentes hemerográficas y orales. Respecto al primer grupo, detuvimos la atención -principalmente- en el periódico comercial La Voz del Interior (LVI); revistas del ámbito sindical como Noticias Gremiales y Eléctrum; y en los programas elaborados por la CGT Córdoba a partir de 2004. En cuanto al segundo grupo, efectuamos entrevistas semiestructuradas y en profundidad a ocho dirigentes sindicales situados -en su momento- en la cúspide de organizaciones críticas al gobierno provincial.

El trabajo se estructuró en cinco partes. La primera recupera discusiones relativas al proceso de desindicalización del PJ en Córdoba. La segunda presenta la ruptura que operó entre una parte del sindicalismo y la administración de UpC a inicio de su primera gestión. La tercera examina dos maneras de participación política que el sindicalismo ensayó en un contexto de crisis como la de 2001. La cuarta atiende la incorporación sindical al juecismo. La quinta advierte aquellos factores que hicieron del juecismo una opción atrayente para la jefatura obrera excluida del justicialismo.

 

Breves notas sobre las mutaciones en el PJ de Córdoba

 

Los comicios de octubre de 1983 consagraron como gobernador a Eduardo Angeloz (UCR), quien se impuso a la fórmula justicialista compuesta por Raúl Bercovich Rodríguez y el Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Alejo Simó. La primera derrota que experimentó el PJ tras la recuperación democrática abrió un doble proceso. Por un lado, inició un ciclo de hegemonía política radical que se extendió de manera consecutiva por 16 años. Por el otro, habilitó una serie de discusiones al interior del partido que derivó en la emergencia de una corriente que adoptó el nombre de la Renovación Peronista (RP).

La RP resultó un fenómeno nacional que, impulsado por un grupo de jóvenes dirigentes,^[7] surgió en función de la necesidad de profesionalizar el PJ y aggiornarlo a las nuevas demandas. A partir de esta premisa, los renovadores buscaron otorgar centralidad a la estructura partidaria y romper la condición de igualdad que equiparaba a la jefatura política con el actor sindical (McGuire, 1997; Levitsky, 2005). Ahora bien, en los contextos subnacionales las transformaciones hacia dentro del peronismo manifestaron sus particularidades (Collado y Ferrari, 2020).

En Córdoba, la corriente renovadora asumió el desafío de institucionalizar el partido y establecer mecanismos para la selección de candidaturas, apelando a la revalorización de los valores democráticos y prácticas representativas (Closa, 2016; Reynares, 2018). En este distrito, la RP tomó visibilidad en 1986 y rápidamente logró desplazar de la conducción al denominado sector “ortodoxo”.^[8] De hecho, en 1987 -en un cuadro de normalización del PJ y definición de postulaciones referidas a la gobernación, vice gobernación e intendencia- la renovación triunfó en las elecciones internas y, gracias a ello, de la Sota fue nombrado candidato al Poder Ejecutivo y Presidente del Consejo Provincial (Closa, 2016).^[9]

La consolidación de un nuevo liderazgo en la cúspide del PJ local se acompañó de un viraje respecto a su perfil y en la manera en que trazó acuerdos con actores de la sociedad. Con el propósito de ampliar su base de apoyaturas y actualizarse a las urgencias coyunturales, el justicialismo comenzó a vincularse con fuerzas ajenas a la identidad peronista -caso de la Democracia Cristiana- y sectores empresariales ligados con una identificación neoliberal (Reynares, 2018). A raíz de esto, operó una reconfiguración que desplazó de la escena a uno de sus aliados históricos: los sindicatos.

Más allá de lo mencionado, de la Sota -como referente del partido- no rompió relaciones inmediatamente con la dirigencia sindical. Ella continuó participando en la estructura justicialista, pero desde una condición de marginalidad y sin capacidad de influencia sobre instancias de toma de decisiones (Roland, Sapp y Gerbaldo, 2023). Esto es observable, como se exhibe en las Tablas 1 y 2, en la composición del parlamento provincial durante los años ochenta.^[10] En congruencia, es posible advertir una presencia sostenida de dirigentes gremiales en la Cámara de Diputados y, en menor grado, en el Senado.

En un marco de hegemonía radical, el recinto legislativo se constituyó en el único espacio de involucramiento político institucional para el movimiento obrero cordobés. A su vez, la presencia de distintos secretarios generales en las listas del PJ ilustró una pervivencia de mecanismos tradicionales de vinculación, como el resguardo del cupo. No obstante, en esa coyuntura el porcentaje siempre se encontró por debajo de aquel número asociado con el sistema de tercios.^[11]

La década de 1990 inició con una nueva derrota para el justicialismo de Córdoba. Para la elección a gobernador de 1991 de la Sota apostó -sin el éxito esperado- por una alianza con partidos menores e incorporó a figuras cuya legitimidad provenía de su prestigio por fuera de la militancia política (Reynares, 2018).

A partir de este momento se abrió un contexto de fragmentación y competencia de liderazgos dentro del PJ que se extendió a lo largo de los noventa. Durante esos años emergieron dirigentes que, con diferente ascendencia territorial y relación con el presidente de la Nación -Carlos Menem-, disputaron el control del partido (Reynares, 2017).

 

 

 

Tabla 1: diputados sindicales por el PJ (1983-1999)

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de La Voz del Interior.

 

Tabla 2: senadores sindicales por el PJ (1983-1999)

 

 

* Almada resultó sorteado, junto a veinte senadores más, para renovar en 2 años la composición parcial del Senado.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de La Voz del Interior

 

La situación de fractura coincidió con un desplazamiento del actor sindical de la contienda política electoral. Como se expone en el Gráfico 1, la conducción obrera comenzó a perder centralidad, en términos porcentuales y absolutos, en las listas confeccionadas por el PJ. Esto se tradujo en un decrecimiento de su acción parlamentaria que alejó al sindicalismo de aquella “representación histórica” que pretendió sostener al interior del sistema político cordobés.^[12]

La división en el vértice del PJ empezó a modificarse a final de 1997 e inicio de 1998. En ese lapso temporal, de la Sota logró -nuevamente- la presidencia del Consejo Provincial del Partido, modificar la Carta Orgánica y sentar las bases para la formación de UpC (Reynares, 2017). Bajo nuevas condiciones, de la Sota se constituyó en el dirigente peronista con mayor renombre en la opinión pública, el representante local ante la conducción nacional y el principal interlocutor con organizaciones extrapartidarias.

 

Gráfico 1: evolución porcentual de dirigentes sindical por el PJ en la Cámara de diputados y senadores (1983-1999)

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de La Voz del Interior

 

La consolidación de de la Sota como líder del PJ no revirtió el estado de debilidad política del sindicalismo. De hecho, acrecentó esa tendencia al punto que en las elecciones legislativas de 1999 un solo apellido ligado con el mundo sindical, el de José Pihen -Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos (SEP)-, ocupó un lugar en la boleta de candidatos que compitieron por una banca en el parlamento provincial. Por lo tanto, es posible señalar que la participación sindical sufrió una marcada disminución con el devenir de los años.

En rigor, en las últimas dos décadas del siglo XX el PJ de Córdoba experimentó transformaciones que no solo reconfiguraron su perfil, sino que además redefinieron el tenor de los vínculos con sus aliados sindicales. En un sentido semejante a lo ocurrido a escala nacional, los cambios operados erosionaron parte del poder sindical y situaron a las organizaciones obreras en una posición marginal en la dinámica del partido. Esto se manifestó en el descenso numérico y porcentual de nombres asociados con el sindicalismo en el juego electoral. Desde un examen circunscripto al ámbito parlamentario, podemos acordar con la idea de que el PJ cordobés transitó un proceso de desindicalización que se inició a mitad de los ochenta y se profundizó en los años posteriores.

 

La ruptura entre de la Sota y una parte del sindicalismo cordobés

 

En abril de 1997 de la Sota recuperó la presidencia del Consejo Provincial del PJ. En este marco, impulsó una reforma en la Carta Orgánica que -entre otros aspectos- permitió fijar un sistema de lemas en el distrito capitalino y modificar un 20% de la composición de las listas legislativas una vez definidas las elecciones internas. A partir de aquí, el ex referente de la RP logró establecer un liderazgo basado en su capacidad para controlar los recursos del partido y alinear detrás de su proyecto a las diversas facciones que convivían dentro de un peronismo fragmentado.

El reacomodamiento al interior del justicialismo reavivó las expectativas políticas de la dirigencia sindical. Una parte de la jefatura obrera, que acompañó durante los años ochenta a de la Sota en sus intentos por alcanzar la gobernación y lo respaldó en las disputas intrapartidaria de los noventa, interpretó que la consolidación de su figura al vértice del PJ permitiría revertir la posición de marginalidad en la que se encontraban.^[13] Ahora bien, para las elecciones de diciembre de 1998, el PJ cordobés ensayó una estrategia en donde los principios tradicionales de la identidad peronista, incluida su alianza con los sindicatos, perdieron centralidad.

A mediados de 1998 el PJ trazó acuerdos electorales que derivaron en la emergencia de UpC. La coalición, encabezada por el justicialismo, estuvo compuesta inicialmente por partidos de centro derecha como la Unión de Centro Democrático (UceDe), Acción para el Cambio (APEC) y agrupaciones vecinalistas nucleadas en el Movimiento de Acción Comunal (MAC), mientras que en 1999 se incorporaron la Democracia Cristiana (DC) y el Nuevo Movimiento. A través de un convenio con fuerzas menores, el PJ pretendió ampliar la base de apoyos e incluir en su proyecto a “hombres y mujeres de la cultura, del empresariado, del trabajo, de las universidades y de la política de todos los sectores sociales”.^[14]

El objetivo principal no era otro que vencer al radicalismo. En esta clave, Olga Riutort -Secretaria de Gobierno en la primera gestión de UpC- señaló que en esa coyuntura primaron los perfiles de aquellos candidatos que pudieran “conquistar un voto que no era peronista”.^[15] La decisión, consecuentemente, marginó aún más a la dirigencia sindical, que -como se exhibe en la Tabla 1- sólo consiguió resguardar un lugar en las listas de diputados provinciales.

La estrategia electoral impulsada por de la Sota fue criticada por una porción del sindicalismo. En particular, operó un rechazo a la incorporación de personajes ligados con el menemismo -caso de Germán Kammerath-; la eliminación de instancias participativas para la militancia -producto de la implementación del sistema de lemas en la capital-; y la supresión de elementos de la liturgia peronista que hacían a su identidad -aludiendo por ejemplo que en los actos ya no se entonaba la marcha-.^[16] Así, un factor central en los reproches gremiales se asoció con el abandono de prácticas y tradiciones históricas del peronismo en favor de nuevas formas de medicación con la ciudadanía.

La génesis de UpC condensó las mutaciones que experimentó el justicialismo de Córdoba en los años precedentes. Ellas no solo cristalizaron un desplazamiento del actor sindical de la escena política, también ilustraron una reconfiguración del perfil del partido. En esta línea, podemos argumentar que los cambios actuaron como un nodo de ruptura entre de la Sota y una parte del movimiento obrero que comenzó a verse relegado de la negociación política. Ahora bien, la fractura mencionada se profundizó con posterioridad a la llegada de UpC al Ejecutivo provincial.

El recambio en la administración se acompañó de un conjunto de medidas que buscaron redefinir la naturaleza del Estado (Manzo, 2011). Una vez electo, de la Sota implementó un programa de contenido neoliberal con la finalidad de renovar las competencias estatales y su vínculo con la sociedad mediante la modernización de su estructura y funciones (Reynares, 2018). Las transformaciones promovidas por de la Sota y alentadas por organismos de crédito internacional, procuraron alinear a Córdoba con modificaciones ocurridas a escala nacional y global.

Las ideas referidas dieron forma al proyecto de ley titulado “Reinvención, Nuevo Estado Provincial y Estatuto del Ciudadano”. El punto conflictivo dentro del paquete normativo, enviado al Parlamento en enero del año 2000, fue el artículo que intentó incorporar capital privado a empresas, sociedades, establecimientos y/o entidades de propiedad estatal. Esa posibilidad generó un fuerte enfrentamiento entre el gobierno y un sector de la conducción sindical que -conociendo los efectos negativos que tuvo en Argentina la reducción del Estado, la reconversión productiva y la desregulación del mercado de trabajo- entendieron a la propuesta como una avanzada neoliberal.

Con el fin de aplicar sus medidas en un marco de relativa paz social, el ex líder renovador construyó acuerdos particulares con la dirigencia obrera a cambio de una desmovilización en su propia acción (Gerbaldo, 2024). Esto habilitó la incorporación acotada de figuras del mundo gremial a listas partidarias y al organigrama estatal. Esa estrategia política significó, consecuentemente, la exclusión en la negociación de los nucleamientos sindicales que mayor oposición manifestaron frente al viraje programático del justicialismo local.

De esta manera, observamos que el sentido que de la Sota imprimió a sus primeras políticas actuó como otro nodo de tensión que acrecentó el distanciamiento del gobierno con un grupo de líderes gremiales. A partir de aquí comenzaron a emerger críticas sindicales relacionadas con la orientación neoliberal que adoptó la gestión de UpC y hacia lo que consideraban como el abandono, por parte del justicialismo, de fundamentos básicos de la tradición peronista. El quiebre, a su vez, tomó mayor dimensión en octubre de 2000 luego de la escisión de la delegación regional Córdoba de la CGT. En esa fecha, surgió una nueva central obrera, autodenominada CGT Rodríguez Peña (CGTRP), que agrupó al grueso de la dirigencia obrera disconforme con el Ejecutivo y, desde ahí, asumió una postura contenciosa ante aquel.

A final del siglo XX el justicialismo, en alianza con otros partidos, alcanzó la gobernación de Córdoba. No obstante, durante ese proceso el PJ redefinió su identidad y la naturaleza de sus compromisos con antiguos socios. Esto devino en una pérdida de centralidad de prácticas inherentes al peronismo en favor de nuevas formas de construcción de poder y en la configuración de una identificación cercana a preceptos neoliberales. Los cambios mencionados tuvieron efectos negativos en la interacción entre de la Sota y una parte de la dirigencia gremial.

 

¿Autonomía o independencia de los partidos? dos modos de participar del juego político cordobés

 

El 17 de octubre de 2000 ocurrió el fallido proceso de normalización de la delegación regional de la CGT. Ese día se conformaron la CGT Chacabuco (CGTCh) y la CGTRP. La central con domicilio en la calle Rodríguez Peña -sede del sindicato de la Madera- se presentó públicamente como una estructura “independiente del poder político”,^[17] marcando desde aquí su lejanía respecto de la gestión provincial. A partir de esa premisa la organización obrera intentó, en un doble movimiento, distinguirse de la CGTCh y rechazar taxativamente los acuerdos que ella construyó con de la Sota.^[18]

Desde un inicio la CGTRP asumió el compromiso de “trabajar sólo para los trabajadores” y “actuar al servicio de sus justas reivindicaciones”.^[19] Así, la central trazó un eje axiomático basado en la oposición de los conceptos de autonomía/dependencia respecto del justicialismo local. En palabras de los involucrados, el posicionamiento adoptado permitía “rechazar lo que estaba mal” sin necesariamente relegar de su identificación peronista.^[20]

La CGTRP se estableció, a través de sucesivas acciones de protesta, como un actor antagonista a las políticas de UpC. La organización rápidamente objetó las medidas que diseñó de la Sota y acusó a las autoridades del PJ de haber abandonado uno de los principios básicos del peronismo: la “justicia social”.^[21] Ahora bien, la lucha en las calles no fue el único recurso que utilizó la dirección cegetista para criticar el rumbo del gobierno justicialista. A saber, en 2001, la estructura obrera impulsó la candidatura de su Secretario Adjunto -Augusto Varas de la UOM- como primer diputado nacional en representación de Cambio Córdoba.

Cambio Córdoba surgió en 1998 como “una reacción de militantes del justicialismo” en desacuerdo con la conducción delasotista.^[22] El partido provincial, que a escala nacional se alineó con el Frente para el Cambio referenciado en la aeronavegante Alicia Castro,^[23] impugnó la génesis de UpC, aludiendo que era una coalición contradictoria con los principios del “movimiento nacional justicialista”.^[24] Varas, en línea con lo mencionado, argumentó que la decisión de integrar ese espacio se vinculó con la necesidad de “mostrar que el peronismo no estaba conteniendo al mundo del trabajo a nivel local”.^[25] Más aún, profundizando su distancia con el PJ, el Secretario General de la UOM planteó que de la Sota fundó su modelo de gestión en la “desregulación de la vida de la sociedad” y en “una ruptura en las redes solidarias”, desestructurando de esta forma los cimientos de la comunidad organizada construida por Perón.^[26]

La postulación de Varas en octubre de 2001 al Congreso de la Nación contó con el respaldo absoluto de la CGTRP. Con el fin de recomponer la centralidad del movimiento obrero en el juego político, la institución obrera convocó a los trabajadores a votar por el metalúrgico.^[27] Ahora bien, en términos reales las posibilidades concretas de arrebatarle una banca a los partidos tradicionales era una empresa compleja desde un principio. De hecho, Varas cosechó solo 15.557 votos, quedando octavo sobre diez contendientes.

Los objetivos políticos de la CGTRP no concluyeron con la fallida experiencia de Varas. Dos años después, en 2003, el nucleamiento apoyó activamente al Partido Nuevo Movimiento -encabezado por Adolfo Rodriguez Saá- y a su candidato local, Horacio Obregón Cano, en la disputa por la gobernación de Córdoba.^[28] Sin embargo, la magra performance electoral de Obregón Cano en los comicios desdoblados de mayo derivó en que la fuerza en cuestión optara por bajar su lista legislativa, obturando la posibilidad de que figuras sindicales que militaron en ella participaran en las votaciones de octubre.

Las situaciones exhibidas nos permiten observar el modo en que el sindicalismo orientó su involucramiento político. En especial, la conducción obrera antagonista a UpC ensayó una estrategia basada en la autonomía partidaria. En función de esa idea, intentó prescindir de su tradicional aliado, configurando relaciones coyunturales y estratégicas con peronistas disconformes con el rumbo del gobierno. Así, la dirigencia encuadrada en la CGTRP buscó ganar gravedad en el sistema político sin abandonar aquellos fundamentos históricos que hicieron a su identidad colectiva, sino que pretendió disputar los sentidos del peronismo a las autoridades del PJ que, desde su entendimiento, había renunciado a los principios articuladores del justicialismo.

La CGTRP no fue el único nucleamiento opositor a de la Sota que procuró sumarse a la contienda política partidaria. De esta manera, debemos considerar la experiencia del Movimiento Político y Social para la Liberación (MPSoL).

El MPSoL surgió en noviembre de 2002 y agrupó a organizaciones -sindicales, territoriales, políticas y sociales- de diferentes puntos de la provincia que acordaron conformar un movimiento capaz de defender los intereses del “campo popular” y “luchar contra el modelo neoliberal”.^[29] La propuesta del MPSoL logró la adhesión de un amplio arco de sectores de la sociedad, incluyendo desde asambleas barriales hasta asociaciones de pequeños y medianos empresarios. Ahora bien, su emergencia resultó de la iniciativa de dos líderes sindicales en conflicto con la gestión de UpC: Rubén Daniele -Secretario General del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y ex diputado provincial por el PJ- y Juan Leyría -Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba (SLyFC)-. Si bien en ese momento ambos formaban parte de la CGTRP, luego de la crisis de 2001 optaron por impulsar una alternativa por fuera de la central que rápidamente ganó el apoyo de gremios -muchos de ellos encuadrados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)- que habían quedado al margen de la negociación política y sostenían un discurso crítico frente las transformaciones diseñadas por de la Sota.

El MPSoL apareció en un contexto tensionado por los efectos negativos de 2001. En este marco, se presentó como una estructura colectiva que pretendió romper con la “vieja política” y, al mismo tiempo, “construir un poder” que pudiera derrotar al “modelo de exclusión social” enraizado en el delasotismo.^[30]

Independientemente de un soslayado reproche al justicialismo de Córdoba, el MPSoL inscribió su identidad colectiva dentro de los márgenes del peronismo histórico. De hecho, apeló a una revalorización de una tradición “nacional y popular”.^[31] Asimismo, según las palabras de uno de sus miembros, el movimiento recuperó elementos arraigados en el “sindicalismo combativo” de los sesenta relacionado con “los programas de Huerta Grande y La Falda, la CGT de los Argentinos, la figura de [Agustín] Tosco, Atilio López y [Raimundo] Ongaro”.^[32]

A partir de lo mencionado, advertimos que el MPSoL buscó oponerse al “neoliberalismo y a todas las variables conservadoras” resaltando un componente popular al interior de su propuesta. Por este motivo, la dirigencia involucrada estimuló la conformación de “frente unitario” capaz de vehiculizar las aspiraciones obreras y restablecer su centralidad en el sistema político.

En suma, la organización nació con el objetivo de crear una fuerza que permitiera a los trabajadores “llegar al gobierno sin intermediarios”.^[33] En esta línea, planteó la necesidad de adoptar una completa independencia de los partidos políticos. A diferencia de la CGTRP, el MPSoL intentó configurar una opción libre de influencias partidarias. En base a esa idea, la dirigencia proyectó la participación con sello propio de las elecciones municipales de Córdoba fechadas para octubre de 2003. No obstante, en los meses previos a los comicios comenzó a perfilarse un acercamiento entre Juez y la conducción del movimiento que, finalmente, concluyó con la incorporación del MPSoL al juecismo.

El acuerdo referido no estuvo exento de discusiones internas, debido a que no existía un consenso acerca de la posibilidad de respaldar a un candidato externo. Sin embargo, en testimonio de un integrante, se terminó imponiendo la moción de “jugar a ganador”.^[34] La sociedad de Juez y el MPSoL se rubricó en un Acta de Coincidencias Programáticas que plasmó, entre otros puntos, el compromiso conjunto de “luchar por la dignidad de la gente, junto al movimiento obrero organizado”.^[35] La alianza clausuró la pretensión original de construir una alternativa popular independiente de estructuras tradicionales.

En función de lo exhibido, observamos una coincidencia respecto a la aspiración sindical de involucrarse en el sistema político partidario. Un grupo apeló a la premisa de autonomía de los partidos, mientras que el otro -en un marco de crisis- se basó en la noción de independencia. La jefatura de la CGTRP y del MPSoL intentaron -con sus matices- ganar centralidad prescindiendo su aliado histórico. Así, ensayaron estrategias destinadas a sostener la representación sociopolítica de los trabajadores, revalorizar aquellos principios que definieron su identidad colectiva y disputar los sentidos del peronismo al justicialismo delasotista. No obstante, en ambos casos terminó operando una subordinación a fuerzas políticas opositoras al justicialismo.

 

Nuevo partido, viejas prácticas: vínculos entre sindicalismo y juecismo

 

Una parte de la dirigencia sindical cordobesa intentó recomponer su centralidad en el entramado político prescindiendo del justicialismo. De hecho, la CGTRP y el MPSoL buscaron ese objetivo a través de estrategias y fundamentos diferentes. Sin embargo, también existieron puntos de anuencia que hicieron síntesis en la fundación de la CGT Córdoba (CGTC) en 2004. El nuevo nucleamiento materializó una alianza entre la CGTRP, los gremios independientes alineados al MPSoL y -un antiguo aliado del gobierno- el Movimiento de Organización y Acción Sindical (MOAS).

La formación de la CGTC fue una instancia por demás compleja.^[36] Ahora bien, sus integrantes coincidieron en señalar un discurso crítico frente a las reformas impulsadas por UpC y al comportamiento moderado que adoptó la CGTCh ante ellas, planteando que esa central se ausentó de los conflictos y, por este motivo, se subordinó a un peronismo neoliberal que aplicó programas regresivos para los trabajadores. Acorde a esta interpretación, la organización revalorizó la “independencia” frente a cualquier gobierno y destacó su “autonomía” a la hora definir cursos de acción. En esta clave, asumió el compromiso de actuar “lejos del poder político y cerca de los trabajadores”.^[37]

La CGTC rápidamente comunicó una serie de lineamientos que tuvieron como finalidad expresar sus objetivos políticos. Ellos, plasmado en el documento titulado: “Para recuperar el rol del Movimiento Obrero en el Proyecto Nacional”, manifestaron tres definiciones relevantes de destacar:

 

- Es imprescindible renovar el perfil de la Central Obrera cordobesa, arrimándola a la representación cabal de los trabajadores y alejándola de la dependencia del poder político.

- La CGT es la herramienta fundamental para la discusión de las políticas de Estado detrás de un proyecto político en el cual el Movimiento Obrero recupere el lugar que históricamente ocupó.

- Reivindicamos la participación política de los dirigentes sindicales en los distintos partidos políticos, pero en un marco estratégico que defina el Movimiento Obrero y con una conducción político gremial de la CGT que exprese democráticamente al conjunto de los trabajadores.[38]

La comunicación, a la que adscribieron más de 40 gremios, presentó una meta clara: que el movimiento obrero componga su centralidad en el entramado social con el fin de canalizar los intereses sociopolíticos de los trabajadores en espacios de poder en donde se discuten políticas públicas. En esta clave, el escrito señaló la posibilidad de revertir la marginalidad del sindicalismo en el sistema institucional por medio de alianzas estratégicas con diversas fuerzas partidarias que consideren las demandas del sector.

En concordancia con las palabras esgrimidas en el texto citado, los líderes de la CGTC argumentaron la necesidad de recobrar protagonismo en diferentes ámbitos de representación. En particular, entendieron que el desafío urgente era fortalecer su agencia más allá de lo laboral y lograr que “los trabajadores vuelvan a ser la columna vertebral del país”.^[39]

Los documentos y pronunciamientos posteriores de la CGTC recogieron los fundamentos exhibidos en su acta de fundación. De esta manera, continuaron sosteniendo la “independencia con los poderes del Estado” y la promoción de la “participación política de los dirigentes sindicales”.^[40] En un nuevo contexto -como el que inició en 2003- la central planteó que sus aspiraciones se relacionaban con construir un modelo de país en el que el movimiento obrero fuera “protagonista de las transformaciones”.

En rigor, la conducción cegetista revalorizó el rol del sindicalismo como un actor político relevante que debía recomponer su poder en instancias de toma de decisiones de las que se sentía excluido. Para ello, recuperando las bases del documento anteriormente referenciado, optó por trazar acuerdos con espacios políticos no necesariamente ligados con el justicialismo. Así, Carmen Nebreda -Secretaria General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y de la CGTC- manifestó el respaldo “a todos los compañeros que sean candidatos a donde sean”.^[41] Ahora bien, la incorporación debía ser en función del cumplimiento del programa de la central.

En estas condiciones, comenzó a definirse una alianza entre la conducción de la CGTC y el juecismo. Específicamente, en 2006 -con vistas a las elecciones a gobernador de 2007- ocurrió un acercamiento que involucró a las autoridades del PN con potenciales sindicalistas aliados. A través del diálogo, el entorno cercano a Juez -como su hermano Daniel- y el propio candidato a la gobernación establecieron negociaciones con Varas, Juan Carlos Rossi -ex Secretario General de la CGTRP- y el Secretario General de la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA) Gustavo Rossi.^[42] Ellos conformaron la llamada “mesa chica” que, además de impulsar el Frente Gremial del PN, actuó como un nodo de conexión que unió el universo sindical con el juecismo.

El segmento de sindicalismo cordobés opositor al Ejecutivo provincial encontró en Juez a un aliado clave a la hora de tonificar su injerencia en el juego político institucional. En este sentido, Varas interpretó, que el acuerdo en cuestión tuvo la capacidad de habilitar la participación de muchos peronistas que no se sentían contenidos por una sigla partidaria -el PJ- que no los representaba.^[43] Consecuentemente, el líder de la UOM creía que el juecismo era un medio para “recrear el movimiento” y “recuperar el ideario” peronista.^[44]

La relación entre Juez y una porción del sindicalismo terminó de sellarse el 1 mayo de 2007. En un acto en conmemoración por el Día del Trabajador, el candidato a gobernador afirmó públicamente que en su espacio iba a existir “una fuerte presencia de referentes sindicales”.^[45] Así, resonaron con fuerza los apellidos de Daniele, Leyría, Martin Carabajal (Judiciales) -todos ellos asociación en el MPSoL-, Varas, Rossi y Gregorio Galván (Unión Tranviarios Automotor) -alineados con la CGTRP-. La promesa de Juez se oficializó el 14 de julio, cuando cinco personajes del entramado sindical formaron parte de la lista de legisladores provinciales por distrito único que presentó el Frente Cívico.^[46]

El armado electoral de 2007 comportó una novedad respecto a la participación gremial en la contienda política. Cinco candidatos de extracción sindical compitieron por ingresar al parlamento en representación de una fuerza no peronista. Esta cifra quedó un número por debajo de los seis postulantes de 1987 y por encima de otras nominaciones presentadas por el PJ. A pesar de ello, los guarismos finales permitieron que solamente Varas asumiera un escaño.

En suma, la CGTC ensayó una alianza estratégica con una alternativa situada a los márgenes del justicialismo sin tener que prescindir de su identificación como peronistas. Por esta razón, los secretarios generales encuadrados con la central acompañaron la postulación de Juez en su fallida carrera al Ejecutivo.

La dirigencia sindical entendió al juecismo como una oportunidad de expansión en la participación política institucional. Es decir, para ellos representó un vehículo electoralmente competitivo a través del que podían canalizar los desafíos del universo sindical y, al mismo tiempo, fortalecer su agencia dentro juego democrático desprendiéndose de compromisos históricos.

En base a lo expuesto, argumentamos que una porción del sindicalismo se apoyó en la noción de autonomía con el propósito de ganar gravedad en el sistema político local. Tal fundamento fue un vector de distinción respecto al sector gremial aliado con UpC que, al mismo tiempo, ilustró una prescindencia del PJ cordobés. Esto incentivó vinculaciones coyunturales e instrumentales con fuerzas ajenas a la estructura justicialista que, en el caso analizado, posibilitó la incorporación de líderes gremiales en las boletas que postularon a Juez como gobernador. No obstante, observamos que dentro de ese proceso terminó operando una reedición de prácticas tradicionales ligadas al movimiento peronista. Así, las aspiraciones obreras tuvieron un anclaje en la reproducción de patrones históricos de interacción antes que en la definición de estrategias novedosas orientadas a la construcción de un poder obrero.

 

El juecismo: una alternativa para los “excluidos del justicialismo”

 

El juecismo, como espacio político, rápidamente manifestó una intención de acercamiento con la dirigencia sindical. Esto lo observamos en la alianza que trazó con el MPSoL y la CGTC. La explicación de esta decisión pudo deberse a la debilidad organizativa de la nueva fuerza partidaria y a la necesidad de hacerse con un aliado poderoso en el universo laboral. Ahora bien, ¿qué hizo del juecismo una opción atractiva para una parte de la conducción obrera? La respuesta al interrogante, creemos, se encuentra en tres factores entrelazados: la declarada oposición de Juez a los gobiernos de UpC; la trayectoria previa de aquel dentro de la estructura justicialista; y el temprano encuentro del referente del PN con el presidente Kirchner.

Juez cobró un notable protagonismo en el debate público durante su estancia en la Oficina Anticorrupción (2000-2002). Desde su rol en la fiscalía, adoptó un perfil crítico frente a la gestión que lo designó para investigar irregularidades en la administración estatal.^[47] Las múltiples denuncias que impulsó en contra de altos funcionarios del Poder Ejecutivo colocó en agenda discusiones en torno a la corrupción que debilitaron la imagen positiva de de la Sota.^[48] En este marco, su destitución resultó un aliciente que terminó consolidando a su nombre como el principal antagonista al oficialismo.

En rigor, a finales de 2002, Juez se convirtió en un enemigo confeso del entonces gobernador. Esta situación derivó en que un grupo de gremios disconformes con el delasotismo expresen su adhesión a la incipiente propuesta juecista. De hecho, el día que se oficializó el despido de Juez más de 500 personas marcharon por el centro de la ciudad capital con el propósito de respaldar al funcionario cesanteado. La protesta contó con la participación de Daniele (SUOEM), Leyría (SLyFC), Carabajal (Judiciales), Ilda Bustos -Secretaria General de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa- y otros activistas vinculados con la CTA, que aprovecharon la ocasión para criticar el modelo de la Sota.^[49]

En sentido de lo exhibido, advertimos que uno de los elementos que hizo del juecismo una fuerza atrayente para una parte del sindicalismo local se asoció con su antagonismo con UpC. En consecuencia, la conducción excluida de la negociación con el PJ encontró en Juez a un personaje capaz de disputar, a través de los votos, el poder provincial a de la Sota y, desde ahí, construir una alternativa diferencial. Empero, la unión por la enemistad mutua no fue el único factor que favoreció el acercamiento de ellos.

La pelea de Juez con de la Sota devino en que el primero optara por abandonar la estructura justicialista. La conflictiva salida de la Oficina Anticorrupción implicó un quiebre en la trayectoria política de Juez, debido a que rompió lazos con el partido en el que militó por casi 20 años. No obstante, este divorcio político condensó desavenencias de larga data.

En 1996, siendo diputado provincial por el PJ, Juez abdicó a su banca. El acto de renuncia se acompañó de fuertes críticas hacia los “métodos y prácticas” que adoptó el partido durante esos años.^[50] Si bien, la dimisión no se tradujo en una ruptura inmediata con las autoridades justicialistas, sí manifestó la configuración de un perfil disidente dentro del justicialismo. En esta clave, en 1998, disputó las elecciones internas del PJ capitalino, intentando presentarse como una opción “independiente” y opuesta a sus dos oponentes: Kammerath y Juan Schiaretti.^[51]

Juez fue delimitando un clivaje al interior del peronismo cordobés basado en aspectos éticos y morales. A partir de aquí, ganó el respaldo de actores sociales descontentos con la impronta neoliberal que asumió el partido en las postrimerías del siglo XX. Dentro de este orden de ideas, el Secretario Gremial del SEP planteó que Juez organizó al peronismo de los “desilusionados”, “heridos” y “ninguneados” por de la Sota.^[52] De manera semejante, Varas postuló que una de las virtudes que tuvo el juecismo se encontró en su capacidad de contener a todos aquellos que no se sintieron representados por un PJ que abandonó “la visión de movimiento”.^[53]

La idea del “venir del justicialismo” operó como un elemento de adhesión que revalorizó el perfil de Juez. Así, la jefatura sindical observó en su persona a una figura competitiva formada dentro de los márgenes de esa tradición política. En suma, otro de los factores que hizo del juecismo una opción atrayente para un segmento del sindicalismo se vinculó con la posibilidad de fortalecer su injerencia en el sistema político en alianza con un hombre que integró las filas del justicialismo.

No obstante, es menester considerar que, en términos reales, Juez descentró la narrativa peronista de su discurso político. Esto le permitió, en un sentido similar a lo que hizo en su momento de la Sota, ampliar su base de respaldos e incorporar a expresiones distanciadas del justicialismo y a outsider relacionados con el mundo empresarial.

Ahora bien, antes de conformar el PN en 2003, Juez mantuvo tratativas de diferente espesor con candidatos presidenciales que pretendieron incluirlo en su propuesta electoral. Entre ellos sobresalió el nombre de Kirchner, quien buscó sumar en Córdoba a un aliado con una valoración positiva en las encuestas de opinión pública.^[54] Finalmente, el ex Fiscal Anticorrupción decidió adoptar una posición de prescindencia en la disputa nacional y lanzar su postulación al municipio capitalino por fuera de los partidos tradicionales.

No obstante, la conexión de Kirchner y Juez no concluyó en esa coyuntura. Superadas las elecciones de octubre ambos sellaron una novedosa alianza. Ella trató de un alineamiento de los legisladores nacionales del juecismo con el gobierno kirchnerista; el acuerdo respecto de un enfoque compartido en la construcción de poder; y el compromiso de Casa Rosada de colaborar en el desarrollo de obras públicas en el municipio.^[55] En este marco, el propio Juez se auto definió como “el primer pingüino mediterráneo”, al mismo tiempo que manifestó que su objetivo era forjar en Córdoba un modelo “plural y popular” al “servicio del proyecto que conduce el presidente Néstor Kirchner”.^[56]

Este vínculo de proximidad fue recibido de manera favorable por gran parte de la dirigencia sindical. En particular, diferentes referentes del movimiento obrero encontraron en el kirchnerismo una opción ideológica atractiva que, inserta en los márgenes de un peronismo, revalorizó la idea de justicia social. Como parte de esta interpretación, un grupo de sindicalistas -en su mayoría nucleados en la CGTRP y en el MPSoL- observó en Juez a una figura con los recursos necesarios para replicar en Córdoba aquello realizado por Kirchner en la nación.

El temprano acercamiento de Juez con el kirchnerismo actuó como un tercer factor que hizo del juecismo una propuesta atrayente para el actor sindical. Esta relación redefinió las preferencias políticas de la jefatura obrera opositora a de la Sota debido a que entendió al juecismo como expresión electoral capaz de arrebatarle el Ejecutivo a UpC y luego construir, bajo nuevas condiciones, una alternativa “nacional y popular” en el escenario local.

En síntesis, una porción del sindicalismo de Córdoba concibió al juecismo como un potencial aliado. Esto influyó en las actuaciones y aspiraciones colectivas, configurando la naturaleza que adoptaron los acuerdos. El componente peronista -ligado con la procedencia de Juez y su adhesión al gobierno nacional- junto con el perfil opositor al delasotismo, incentivó el involucramiento estratégico de la conducción obrera excluida de la negociación con UpC. A partir de aquí, el actor sindical pretendió recuperar su estatuto de sujeto político y disputar, sin relegar su identificación histórica, los sentidos del peronismo al PJ provincial.

 

Consideraciones finales

 

En el último medio siglo -al igual que lo ocurrido a escala nacional- el justicialismo de Córdoba experimentó profundas mutaciones a su interior que reconfiguraron su perfil. Las transformaciones en el partido fueron sintomáticas de la génesis de un nuevo modelo de representación, basado en identificaciones fragmentadas y volátiles, que influyó sobre los clásicos mecanismos de mediación que -en el periodo anterior- estructuraron su relación con una ciudadanía de parámetros fordistas.

Luego de la recuperación democrática en 1983 el PJ debió adaptarse a una sociedad de preferencias electorales cambiantes. Esta situación trajo aparejada la necesidad política de ampliar sus apoyaturas, a través de acuerdos con actores ajenos a su identidad, lo que llevó al justicialismo a acercarse a un pensamiento de carácter neoliberal. A raíz de ellos, las organizaciones sindicales comenzaron a perder gravedad dentro de la dinámica partidaria.

Durante las décadas finales del siglo XX el PJ cordobés adoptó novedosas formas de construcción de poder que rápidamente desarticularon los compromisos mutuos que supieron vincular a la estructura partidaria con su tradicional base de apoyo: los sindicatos. Así, a lo largo de este lapso temporal, el justicialismo abandonó prácticas históricas inherentes del movimiento peronista que terminaron de erosionar la influencia obrera en el sistema político. De hecho, como exhibimos, la dirigencia gremial empezó a estar cada vez más relegada de la acción parlamentaria provincial.

El proceso, que inició a mitad de los ochenta con el ascenso de la RP, se afirmó en los primeros años de la centuria actual. La consolidación del ex renovador de la Sota en la cúspide del partido y la decisión -exitosa- de conformar UpC desplazó de la escena política al actor sindical. En este marco, una parte de la conducción gremial -arraigada en la tradición peronista- se distanció del justicialismo e impugnó el rumbo adoptado por sus autoridades, al interpretar que el programa de gobierno contenía medidas regresivas para el movimiento obrero. En función de esta idea, la dirigencia en cuestión trazó un antagonismo con la fuerza dominada por el delasotismo que derivó en una ruptura ideológica y política.

Tras el cambio de siglo los dirigentes sindicales, opositores al oficialismo, pretendieron recuperar centralidad en la realidad social no solo prescindiendo de su histórico aliado partidario, sino también disputando los sentidos del peronismo. Ellos, entendiendo que el PJ abandonó sus fundamentos básicos en favor de una identificación neoliberal, buscaron revalorizar su rol como representantes sociopolíticos de los trabajadores y, desde ahí, canalizar demandas populares en el juego político institucional. De esta manera, intentaron agrupar a aquellos sectores afectados y/o desencantados con el justicialismo con la finalidad de configurar una opción capaz de competir con partidos tradicionales, pero que al mismo tiempo preservara su identidad colectiva de naturaleza peronista.

En clave de lo expuesto, el sindicalismo definió estrategias orientadas a maximizar su participación electoral y restaurar el estatuto de sujeto político que fue perdiendo con el devenir del tiempo. Ahora bien, los medios para lograr ese propósito no fueron unívocos. Los comportamientos gremiales estuvieron condicionados por sus aspiraciones y el contexto de época. En un cuadro de crisis, la conducción gremial ensayó una alternativa provincial que puso el acento en principios ligados con los conceptos de autonomía e independencia de estructuras preexistentes. Luego de 2003, en una coyuntura nacional diferente a la precedente, esa opción perdió impulso ante la posibilidad de incorporarse a espacios receptivos a las demandas sindicales, siendo el juecismo un ejemplo.

Juez rápidamente se constituyó en potencial aliado -en términos ideológico y estratégico- para la conducción sindical. Su declarada enemistad con de la Sota, la trayectoria en el justicialismo y el temprano acercamiento con el presidente Kirchner, influyeron en la construcción de acuerdos hasta el momento novedosos. A partir de aquí el sindicalismo opositor a UpC sostuvo vinculaciones, en principio instrumentales, con una fuerza electoralmente competitiva. Sin embargo, en este juego de alianzas terminaron operando interacciones que parecieron reeditar prácticas tradicionales dentro del movimiento peronista, como el resguardo del cupo en listas de candidatos. La subordinación obrera a las motivaciones a una fuerza no peronista ilustró la consolidación de un modelo de representación en donde las mediaciones sindicales perdieron fuerza y gravedad.

 

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Recibido: 06/06/2024

Evaluado: 23/12/2024

Versión Final: 20/01/2025