Los ocupantes de tierras en la Norpatagonia. Los Inspectores nacionales, el colono ideal y el poblador real al comenzar el siglo XX

 

 

Graciela Blanco(*)

 

 

Resumen

 

El presente trabajo realiza una aproximación a los pobladores que se asentaron en el norte de la Patagonia Argentina, particularmente en el Territorio de Río Negro, a partir de los informes de inspección realizados por funcionarios de la Dirección Nacional de Tierras en los años 1904, 1910 y 1920-21. Estos informes no abarcan la totalidad del territorio, inspeccionándose en esos años distintas zonas, particularmente las destinadas a funcionar como colonias o reservas –Conesa, Choele Choel, Frias, El Cuy, Valcheta-. Los mismos dan cuenta de los pobladores, la forma de tenencia de la tierra, la producción y las inversiones realizadas, clasificando y calificando a los pobladores de acuerdo a diferentes variables. El relato construido por estos inspectores resultaba el insumo más importante a la hora de decidir el acceso a la tierra. Se estudian los informes que estos agentes estatales producían, caracterizando las condiciones del poblamiento y puesta en producción de la región por parte de los pequeños productores de ganado menor o crianceros, complementando esas fuentes con la prensa regional y la producción existente sobre el tema.

 

Palabras clave: ocupantes; tierras; funcionarios estatales; norpatagonia.

 

 

The occupants of lands in the Norpatagonia. The national Inspectors, the ideal colonist and real resident in the early 20th century

 

Abstract

 

The present work realizes an approximation to the occupants who populated the north of the Patagonia Argentina, particularly the Territory of Rio Negro, on the base of the reports of inspection realized by civil servants of the National Direction of Earths in the year 1904, 1910 and 1920-21. These reports do not include the totality of the territory, different zones being inspected in these years, particularly the destined ones to work as colonies or reservations -Conesa, Choele Choel, Frías, The Cuy, Valcheta-. The same ones inform about the settlers, the form of possession of the land, the production and the realized investments, classifying and qualifying the settlers of agreement to different variable. The statement constructed by these inspectors was turning out to be the most important input at the moment of deciding the access to the land. There are studied the reports that these state agents were producing, characterizing the conditions of the poblamiento and putting in production of the region on the part of the small producers of minor cattle or crianceros, complementing these sources with the regional press and the existing production on the topic.

 

Key words: occupants; earths; state civil servants; norpatagonia.


Los ocupantes de tierras en la Norpatagonia. Los Inspectores nacionales, el colono ideal y el poblador real al comenzar el siglo XX

 

Introducción[1]

 

La norpatagonia argentina se incorporó al dominio real del Estado nacional luego de las campañas militares de conquista de los territorios del sur patagónico y del noreste del país, en los primeros años de la década de 1880. Conocidas son las mal llamadas “campañas al desierto”, un desierto ocupado por sociedades indígenas, colonias galesas en el sur y otros grupos criollos que se aventuraron a convivir y establecer contactos sobre todo comerciales con las sociedades indígenas que habitaban esos territorios. Concluido el avance y asentada de manera incipiente la presencia estatal a través de la construcción de los fuertes militares, se delineó el proceso de inclusión institucional de los nuevos espacios y se dio inmediato comienzo a la distribución de las tierras así incorporadas al fisco nacional.

La Ley 1532 dio marco a una forma jurídica a los Territorios Nacionales –diferentes a las provincias- con una clara subordinación y dependencia al Estado central. Los Territorios carecían de autonomía para elegir sus autoridades, designadas por el Poder Ejecutivo Nacional con anuencia del Senado, y sus habitantes no alcanzarían la categoría plena de ciudadanos al encontrarse imposibilitados de ejercer su derecho al voto, entre otras cuestiones. Con un gobernador designado por ese mecanismo, sin municipios ni legislaturas, con jueces letrados que respondían al orden nacional y jueces de paz designados por la autoridad territoriana a propuesta de los vecinos, se dio inicio a una forma jurídico-política que perduraría hasta mediados del siglo XX.[2]

Dando inmediato curso a lo que sin duda fue el motivo central de las campañas militares, la disponibilidad de tierras para su puesta en producción en el marco del modelo agroexportador dominante, se procedió desde el centro del país a distribuir las nuevas tierras mediante un conjunto de leyes y decretos que en muchos casos tendieron a superponerse, se tornaron contradictorias y permitieron, contrariamente a la declarada intención de poblar de la mayoría de esas normas, significativos procesos de concentración de grandes extensiones en pocas manos.[3]

El desconocimiento de las superficies en juego, de sus condiciones fisiográficas y de sus capacidades productivas, fue uno de los motivos centrales del fracaso de algunos emprendimientos particulares pero, sobre todo, de los intentos estatales y privados de colonización. A ello debe sumarse la estructura de las agencias y funcionarios encargados de aplicar la legislación referida a la entrega de tierras, que se fue definiendo y reformando hasta fines del siglo XIX y conformó un entramado burocrático que terminó facilitando el acceso al recurso de aquellos que contaban con la información, los medios económicos y la capacidad de gestión para solicitar y obtener tierras; al tiempo que redujo notablemente las posibilidades de aquellos que alejados del centro administrativo del país y limitados en su disponibilidad de capital y/o acceso al crédito terminaron en la mayoría de los casos inmersos en disputas con las autoridades, las que muchas veces fueron resueltas en su contra y terminaron despojándolos de las tierras que ocupaban con títulos precarios o como simples ocupantes sin derecho.

La principal agencia estatal encargada de los trámites vinculados a la entrega de tierras fue la Dirección Nacional de Tierras y Colonias que, además de los funcionarios que componían su estructura organizativa, contaba con un cuerpo de Inspectores que debían recorrer las superficies fiscales adjudicadas en arrendamiento o a través de permisos de ocupación, así como las ocupadas de hecho por quienes en esos años comenzarían a ser definidos como “intrusos”. El rol de estos inspectores, tarea que fue depositada en miembros de la Armada, fue muy importante para definir la posibilidad de obtener en adjudicación o no una superficie de tierra bajo distintas formas de tenencia. De hecho, además de dar cuenta del ocupante, su producción, si realizó o no inversiones, estos inspectores construían un relato sobre los pobladores a los que clasificaban y calificaban en función de distintas variables a partir de las cuales se definía si el aspirante a la tierra era “apto para contratar con el Estado”, constituyéndose así en el insumo más importante a la hora de decidir en Buenos Aires la posibilidad de adjudicar una parcela.[4]

Es en ese sentido, que este trabajo pretende tomar como insumo fundamental algunos de los informes de inspección mencionados, especialmente los producidos en las dos primeras décadas del siglo XX para algunas áreas del Territorio Nacional de Río Negro en el norte de la Patagonia, a los efectos de profundizar en el relato que estos funcionarios construyen sobre los pequeños productores ocupantes de campos fiscales, crianceros[5] de ganado menor –ovinos y caprinos-, a principios del siglo XX. Ello implica también reconstruir el contexto en el que se produjo el poblamiento y puesta en producción de la región a partir de la distribución y apropiación de las tierras públicas, complementando el análisis con otras fuentes y producciones existentes.

 

El espacio rionegrino: poblamiento y primera distribución de tierras fiscales

 

El territorio nacional de Rio Negro se ubica en el norte de la Patagonia argentina; con una superficie de 203.013 km² limita al norte con La Pampa, al este con la provincia de Buenos Aires y la costa atlántica, al sur con Chubut y al oeste con la provincia de Neuquén y con la República de Chile, separados por la Cordillera de los Andes. Presenta históricamente una importante diversidad geográfica y climática, con grandes distancias que separan la zona andina, la atlántica, el valle y la meseta.

Su poblamiento se dio en varias etapas y con diferentes actores en un proceso lento y prolongado. Reconoce una ocupación prehispánica compuesta por pueblos originarios y una ocupación hispano criolla asentada en el curso inferior del río Negro a partir de 1779 (Carmen de Patagones), las que establecieron complejas relaciones en el espacio fronterizo durante el período colonial y primeros años independientes.[6] Iniciadas las campañas militares en 1879, se sentaron las bases para una nueva ocupación a partir de la instalación de fuertes y fortines a lo largo del río Negro –Guardia Mitre, General Conesa, Choele Choel y General Roca-, que sirvieron de base para la concentración de población nativa, así como para el asentamiento de los grupos militares, de funcionarios y comerciantes y de población migrante dedicada mayoritariamente a la ganadería ovina y en menor medida a la agricultura. Las áreas de nueva ocupación fueron el Alto y Medio Valle del río Negro donde se desarrollaría fuertemente a principios del siglo XX la fruticultura-, el Valle Medio del río Colorado, la zona cordillerana y de mesetas. Estas últimas cubren mayoritariamente los departamentos Pilcaniyeu, Ñorquinco, 25 de Mayo, 9 de Julio y Valcheta y, en menor medida, El Cuy y San Antonio, concentrándose en esa región la mayor cantidad de pequeños productores en tierras fiscales. Respecto de la población originaria, ésta fue confinada en tribus de varios caciques en la zona de asentamientos militares en la línea del río Negro y del Colorado; aunque muchos de ellos se movilizaron hacia las mesetas del sur en la década de 1890 buscando asentarse en tierras fiscales. En 1889 se creó la Colonia Valcheta y se reservaron tierras en otros lugares para familias indígenas, quienes constituyeron la mayoría de los habitantes de las mesetas rionegrinas y fueron incluidas por los censos como “poblador rural”, sin señalar su origen étnico. Esta región, carente de medios de comunicación y alejada de los centros de consumo y comercialización, desalentaba por entonces el asentamiento de otros pobladores. Luego de las primeras iniciativas de gobernadores militares por fomentar la creación de colonias para extranjeros de ultramar con variada suerte, el primer gobernador civil, Eugenio Tello (1898), procuró la creación de colonias y reservas destinadas a algunos grupos indígenas en Valcheta y Catriel.[7]

Así como la presencia del Ferrocarril del Sud valorizó las tierras y facilitó el transporte de la producción en los departamentos del norte rionegrino, potenciando las posibilidades agrícolas y en particular frutícolas del área; la construcción del Ferrocarril de San Antonio al Lago Nahuel Huapi que atraviesa el sur rionegrino y el área de mesetas uniendo la costa con la cordillera, pensado y autorizado por la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales -nº 5559 de 1908- redactada por Ezequiel Ramos Mexía, posibilitó un mayor poblamiento y desarrollo del área que atravesaba. Su construcción se inició en 1909 con la habilitación del tramo San Antonio-Valcheta, avanzando lentamente a lo largo de la meseta. En 1916 se habían construido alrededor de dos tercios de los kilómetros previstos y la obra se encontraba paralizada. Al comenzar la década de 1920 se retomó la construcción deteniéndose nuevamente al llegar a Pilcaniyeu. En 1926 se le dio un nuevo impulso llegando a Bariloche recién en 1934, luego de varios períodos de paralización de las obras.[8]

Es a partir de la línea férrea mencionada, entonces, que la meseta rionegrina desde los andes hasta el litoral atlántico es conocida como “línea sur” y comprende aproximadamente el sesenta por ciento del territorio de Río Negro, abarcando centralmente los departamentos de 25 de Mayo, 9 de Julio y Valcheta.

 

Mapa 1: Línea sur rionegrina. Área ganadera extensiva

 

 

Fuente: BENDINI, Mónica y STEIMBREGER, Norma (2011), “Ocupaciones y movilidades en pueblos rurales de la Patagonia. Una mirada desde lo agrario”; Mundo Agrario, nº 23, vol. 12, 2011, p. 135. Disponible en: http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/issue/view/17. [Consulta: 21/03/16].

 

El área se caracteriza por presentar una imagen empobrecida, basada en la producción de ovinos productores de lana y en menor medida caprinos, con predominio de pequeños productores en tierras fiscales y una muy baja densidad de población con escasos servicios.[9] Ello se corresponde con características fisiográficas que limitan el asentamiento humano a partir de la aridez del suelo, las escasas precipitaciones con importantes períodos de sequías, la amplitud térmica diaria y la pobre cobertura vegetal de monte y estepa. Sumado a ello, la propiedad privada avanzó en algunas áreas de la mano de la liberal legislación de fines del siglo XIX y comienzos del XX, desplazando a las áreas productivamente más marginales a los pequeños productores en tierras fiscales, que en importante número eran poblaciones originarias sobrevivientes al avance militares.

De hecho, luego de las campañas militares las políticas estatales destinadas a las sociedades indígenas resultaron, para aquellos caciques que contaban con cierto reconocimiento o vinculación con el Estado, en la entrega de tierras fiscales con permiso de ocupación para él y su tribu. Es este el caso de Juan Andres Antemil en 1903 -12.000 ha-; de la creación de la Colonia Catriel para los miembros de esa tribu que habían sido asentados en la Colonia General Conesa;[10] y el intento de crear una colonia agrícola pastoril en Valcheta en 1889. En otros casos, los gobernadores realizaron concesiones precarias de tierras a estos grupos ante su solicitud. Finalmente, muchos indígenas se desplazaron con sus familias hacia las zonas menos habitadas en la meseta o se instalaron en los márgenes de los pueblos, siendo en numerosas ocasiones nuevamente desplazados al ser entregadas las tierras que ocupaban a otros adjudicatarios del Estado. [11]

Por fuera de estas disposiciones particulares, fue sin duda significativo el impacto que tuvo la legislación liberal de fines del siglo XIX sobre el proceso inicial de distribución de tierras fiscales y su apropiación y concentración en grandes extensiones por parte de sectores vinculados a los grupos de poder político en el centro del país. En el Territorio de Río Negro, que tenía la particularidad de contar con un importante asentamiento previo en la margen sur del río homónimo,[12] se entregaron a particulares en el último cuarto del siglo XIX un total de 602.000 hectáreas por la llamada Ley de Fronteras o del Empréstito que financiaron las campañas militares de conquista –Leyes 947 y 960 de 1878-; 2.508.000 hectáreas por la Ley de Premios Militares que buscó compensar con tierras la participación en el ejército –Ley 1628 de 1885-; 1.131.000 hectáreas por la Ley Avellaneda y su complementaria Ley de Liquidación -817 de 1876 y 2875 de 1891-, cuya pretendida intención de colonizar derivó en la mayoría de los casos en la apropiación casi gratuita o a muy bajo precio de enormes extensiones de las mejores tierras en pocas manos;[13] 248.000 hectáreas por la Ley de Remate Público –1265 de 1882-; y 673.000 hectáreas por la Ley de Derechos Posesorios -1552 de 1884-.[14] A las superficies mencionadas se sumaron otras 439.000 hectáreas entregadas por leyes y decretos especiales.[15]

La contracara de estos propietarios fueron los meros ocupantes, aquellos que no poseían título legal sobre las superficies en las que se instalaron y a los que la legislación antes mencionada no dio oportunidad de acceder a una parcela bajo alguna forma de tenencia menos inestable que la ocupación de hecho. En muchos casos se trataba de descendientes directos de los antiguos dueños de la tierra -los indígenas-, despojados y sometidos a las nuevas relaciones de producción; en otros, de pobladores inmigrantes mayoritariamente chilenos, herederos de una situación pasada en la que circulaban a través de la cordillera y criaban sus animales en estas tierras, ahora transformados en intrusos del nuevo orden social. Todos ellos convertidos a partir de entonces en crianceros con escaso ganado y en serias condiciones de marginalidad social.

Al comenzar el siglo XX y en el marco del reformismo liberal, se derogaron las leyes de tierras hasta entonces vigentes y se elaboró y aprobó una nueva ley de tierras, la 4167 de 1903. Esta norma buscaba reparar los errores cometidos en la distribución de la tierra pública, fomentar efectivamente el poblamiento y entrega de pequeñas parcelas a verdaderos productores, buscando obtener el conocimiento de las superficies a otorgar. Se sumó en 1908 la Ley de Fomento de Territorios Nacionales -5.559-, propuesta por Ramos Mexía, que preveía la valorización de las tierras con obras de infraestructura centradas en la comunicación de los territorios, sobre todo a través del ferrocarril, antes de su venta en remate a los interesados, buscando evitar la concentración en grandes extensiones. Respecto de la Ley de 1903, como sucedió en el resto de la Patagonia, las superficies concedidas en venta en Río Negro -aunque de menores dimensiones pues se preveía un máximo de 2500 hectáreas para ganadería- fueron poco significativas en relación con la etapa previa, alcanzando las 227.000 hectáreas según Ramón Cárcano. Es también este autor quien nos proporciona el resultado de la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales de 1908, que tuvo efectos casi exclusivamente en Río Negro alcanzando un total de 1.770.000 hectáreas reservadas para su venta en remate por esa norma, en correlación con el avance en el tendido de la línea férrea San Antonio Oeste-San Carlos de Bariloche.[16]

En 1916, al alcanzar el gobierno nacional la Unión Cívica Radical con Hipólito Yrigoyen, se planteó una política de revisión de las distribuciones de tierras efectuadas en los territorios del sur, con la intención de descubrir irregularidades cometidas por los gobiernos conservadores en la aplicación de las leyes de tierras y combatir el latifundio. Se ordenó con ese fin una Inspección General de Tierras para tomar conocimiento de la situación de las superficies fiscales, organizar el cobro de impuestos y definir las parcelas disponibles para su entrega, tarea que quedó a cargo de oficiales de la Armada. En ese contexto, se suspendió la entrega de tierras en propiedad –situación que perduraría hasta 1937-, en tanto se admitirían sólo las concesiones en arrendamiento precario y permisos precarios de ocupación.[17] Nada se hacía para favorecer un proceso de colonización por parte de pequeños y medianos propietarios, preocupación que declaraban los sucesivos gobiernos. Más aún, en 1925 un decreto autorizó a la Dirección de Tierras y Colonias a otorgar permisos precarios de ocupación de lotes pastoriles en territorios nacionales –previo el pago por año adelantado-, haciendo explícito que los que no arrendaran ni tuvieran estos permisos serían considerados “intrusos”.[18]

Como resultado, durante las dos décadas siguientes la tierra no fue entregada en propiedad sino bajo otras formas precarias de tenencia, en muchos casos sin tener en cuenta, como en el período previo, los requerimientos específicos de la población asentada. Por ejemplo, la necesidad -sobre todo en las áreas andinas- de contar con tierras para la veranada y la invernada dentro de una misma unidad económica con el fin de garantizar la existencia de pastos durante todo el año. Asimismo, los pobladores sin capital se vieron perjudicados en la decisión de emprender un establecimiento por cuenta propia debido al accionar de quienes concentraban las superficies, a la complicación de los trámites requeridos para acceder al arrendamiento u ocupación legal, a la inseguridad que le generaban los gestores, intermediarios o negociantes de tierras y a las presiones de los financistas que le otorgaban el crédito necesario para instalarse, acentuadas a partir de la crisis lanera de la primera posguerra y luego la crisis internacional de fines de la década del veinte.

Pese a la aplicación de las normas legales que se han reseñado hasta aquí, según la Memoria elevada al Ministerio de Agricultura por Melitón Díaz de Vivar –máximo funcionario de la entonces Dirección General de Tierras y Colonias-, para fines de la década de 1920 la tierra de libre disponibilidad fiscal en el territorio de Río Negro aún era del 61.95%.[19] La mayor parte se concentraba en las áreas de meseta de los departamentos del sur.

 

La Dirección Nacional de Tierras y Colonias y los Inspectores

 

En lo que a la cuestión de la distribución de la tierra post-conquista se refiere, cabe señalar que ya la Ley Avellaneda de Colonización e Inmigración de 1876 había previsto la creación de la Oficina Central de Tierras y Colonias, dependiente del Ministerio del Interior. Sin embargo, esta dependencia no entraría en funcionamiento hasta el 15 de noviembre de 1880, pues la Oficina de Inmigración concentraba todas las acciones. En 1891 recién se integraron el Departamento de Agricultura, el Museo de Productos Argentinos y la Comisaría de Inmigración en la Oficina de tierras y Colonias que a partir de entonces paso a denominarse Dirección de Tierras, Inmigración y Agricultura. Luego de pasar por varias dependencias, finalmente en 1898 quedó bajo la órbita del Ministerio de Agricultura creado ese año, con el nombre de Dirección Nacional de Tierras y Colonias.[20] Esta Dirección funcionaba en la Capital Federal y estaba facultada para otorgar concesiones en venta dentro de las colonias o pueblos y suscribir boletos provisionales, dar preferencia en las adjudicaciones a los ocupantes que hubieran realizado mejoras en el lote, acordar permisos de ocupación, fijar plazos para el cumplimiento de las obligaciones, declarar caducidad de estas y aprobar licitaciones. El Poder Ejecutivo se reservaba el derecho de suscribir los títulos de propiedad y los contratos de arrendamiento.

Las tramitaciones para la concesión de tierras bajo distintas modalidades requerían de un engorroso y lento procedimiento burocrático que en muchos casos se extendía por varios años. Las oficinas que lentamente se fueron creando en los territorios nacionales en las décadas de 1920 y 1930 carecían muchas veces de los recursos necesarios para realizar las tareas de mensura e inspección de las concesiones otorgadas, a lo que se sumaba que la decisión final sobre los distintos expedientes de tierras se centralizaba en Buenos Aires.[21]

Es un hecho conocido que quienes deseaban acceder a la tierra en la Patagonia a partir de la década de 1910 -cuando ya se había concretado el proceso más importante de transferencia de tierras públicas a manos privadas- y hasta que se fueron abriendo oficinas en los territorios nacionales, se vieron fuertemente condicionados por la necesidad de designar gestores que realizaran los trámites ante la Dirección de Tierras y Colonias en la Capital Federal, situación que sin duda perjudicaba a aquellos interesados con escasos recursos, dificultades de acceso al crédito y sobre todo a la información respecto de los lotes en venta, arrendamiento, etc.

La Dirección de Tierras y Colonias contó desde su implementación con un presupuesto reducido y un escaso personal para cubrir el volumen de trabajo que creció exponencialmente a partir de las solicitudes de tierras, alcanzando para 1910 un promedio de diez mil expedientes tramitados. Carecía asimismo de planos e informes totales y parciales sobre las tierras a distribuir y su exploración. Por ende, el servicio de información al público interesado fue deficiente y propició el surgimiento de agencias particulares que cobraban considerables comisiones. Similar situación afrontaba la División de Geodesia que atendía las tramitaciones e informes técnicos sobre el estado de la tierra y sus pedidos. Por otra parte, el servicio de inspección y control estatal sobre las tierras concedidas bajo distintas formas de tenencia era insuficiente; había para la primera década ocho inspectores para todos los territorios nacionales y de ellos dependía la comprobación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los adjudicatarios.[22]

 

Las Inspecciones de las tierras fiscales y los ocupantes

 

Aún en condiciones de funcionamiento que, como se acaba de señalar, no eran óptimas, la Dirección de Tierras y Colonias y sus funcionarios eran conscientes de la necesidad de explorar y conocer las tierras fiscales concesionadas o disponibles bajo su jurisdicción. Los encargados de realizar esa tarea eran los Inspectores de Tierras, que dependían de esa agencia estatal. Desde fines del siglo XIX se realizaron inspecciones en los territorios nacionales del norte y del sur del país; aún cuando se observa una mayor presencia de estos agentes a partir de la primera década del siglo XX, con posterioridad a la sanción de la nueva ley de tierras que pretende poner orden en la legislación vigente en la materia. También entre 1918 y 1922 se realizaron profundas y completas inspecciones, en el contexto de revisión de la política de tierras planteada por los gobiernos radicales y de preocupación del Estado por materializar su presencia efectiva, por adquirir un conocimiento pormenorizado de la situación en que se encontraban las tierras fiscales y su administración y por “argentinizar” un territorio con fuerte presencia chilena –criollos e indígenas- y sobre el que se temía la propagación de corrientes político-ideológicas peligrosas para el orden establecido.[23]

En la mayoría de los informes analizados por la autora de este trabajo y por otros investigadores patagónicos como Brígida Baeza, Jorge Oriola, Débora Finkelstein, Maria Marta Novella, Elsa Barbería, y más recientemente Pilar Pérez, se evidencian ciertos rasgos comunes en la caracterización que los inspectores de tierras construyen respecto de los habitantes de las regiones patagónicas, sobre todo en las áreas de frontera. Además de elaborar informes técnicos con aspiraciones de objetividad, en los que se consignaban la descripción del suelo, del clima, de las vías de comunicación, un croquis de la ubicación, la descripción del arrendatario u ocupante y el detalle del capital introducido en mejoras y ganado, muchas veces expresaban sus opiniones y clasificaciones respecto de los pobladores. El discurso oficial de estos funcionarios recuperaba en gran parte el existente a nivel nacional, en la medida en que reproducía la visión de los inmigrantes de origen europeo como aquella migración “deseada”, portadora de los valores de la civilización y del progreso, frente a una población nativa mayormente vinculada a la barbarie y la incivilidad. Dentro de este grupo, se establecía una escala clasificatoria en la que se diferenciaban los migrantes “indeseados”, de origen chileno, los indígenas argentinos y los indígenas chilenos, haciendo en este último caso referencia a los mapuches o tehuelches.[24]

Junto a la información respecto del cumplimiento en el pago de arrendamientos o derechos de pastaje y a las mejoras establecidas en el campo, estos sujetos sociales, mayoritariamente ocupantes de tierras fiscales con títulos precarios, permisos de ocupación u ocupantes de hecho, serán la mayoría de las veces juzgados, además, en función de su analfabetismo, sus hábitos de trabajo y su moralidad. La recurrencia a terceros para recabar información sobre estos actores era frecuente, justificando a partir de la misma, en no pocas ocasiones, la caracterización de “escaso prestigio”, “poca autoridad moral” o falta de “buen concepto” entre los vecinos. Generalmente se reproduce, con matices, la idea del indio sucio, vago, promiscuo y alcohólico, frente al blanco progresista e ilustrado. Excepcionalmente, la opinión respecto de los sectores más pobres podía ser revertida y se los presentaba como pobladores “deseables”, cuando a juicio el inspector reunía requisitos de moralidad y de buenas relaciones con sus vecinos.

A modo de ejemplo de las miradas de los inspectores que se vienen señalando, pueden citarse las expresiones vertidas por el Inspector a cargo de recorrer e informar en 1904 respecto de los lotes fiscales y sus pobladores en la Colonia Valcheta, en Río Negro: “…los pobladores de la zona son en general paisanos (indios mansos) y chilenos naturalizados, gente toda sin hábitos de trabajo y sin mayores anhelos que los de poder vivir cuidando sus majaditas… Descontando a unas diez familias de toda la colonia, las demás son dignas de toda lástima por su estado de salvajismo, cosa que yo creía extinguida en mi patria; la mayoría de estas son descendientes de la raza ‘tehuelche’, en pleno vigor de sus costumbres de holganza y vicios, que da vergüenza al referirlos. Sus casas son reemplazadas por chozas de totora atadas con tiras de cuero de potro; allí constituyen su campamento mientras no los obliga a mudarlo su estado de desaseo por las basuras amontonadas; esta gente sólo habla su lengua india… es inútil creer que si no se permite en ella que se radiquen extrangeros [sic], hombres de labor y de provecho, para que valoricen aquellas tierras y estimulen con su ejemplo a los demás, pueda tener algún porvenir esa colonia… El elemento actualmente radicado en la colonia es en su generalidad gente haragana y sin hábito de trabajo”.[25]

En un sentido similar se expresaba el inspector Santiago Bello en 1910 al inspeccionar las colonias del Sud, pudiendo en este caso verse la diferente vara con que refleja la situación observada. Cuando inspeccionó la Colonia Choele Choel en el norte de Río Negro, en un área que reúne las condiciones para el cultivo agrícola y donde se instalaron colonos galeses y otros inmigrantes, planteaba la presencia de “…agricultores progresistas, laboriosos, que tienen como principal problema la carencia de infraestructura de riego pero poseen hábitos de trabajos dignos de considerar”. Cuando en cambio hacía lo propio en las Colonias Pringles, Frías o Conesa, más al sur, en tierras con menores aptitudes productivas y otro perfil de poblador, adjudicaba la falta de “progreso” de las colonias a que la mayoría de quienes la pueblan “…son indigentes y sin hábitos para el trabajo, que constituyen la verdadera rémora para el progreso de la Colonia… o son indígenas que sólo se dedican al pastoreo, como igualmente los otros pobladores que sin serlo tienen los mismos hábitos que éstos… En Conesa, creada para la reconcentración de indígenas, es el mismo terreno y el mismo elemento poblador, con la diferencia de que aquí solo hay indígenas en la actualidad, [aunque] por aquí se ha iniciado una corriente de población de capital y trabajo con la cual el marasmo y anonadamiento de esta colonia pronto desaparecerá”.[26]

La Inspección General ordenada por el gobierno radical en los años 1919-20, la más completa en cuanto a áreas inspeccionadas y registros preservados, ponía énfasis en identificar aquellos pobladores que “no reúnen las condiciones para contratar con el Estado”. Junto a la paralización de las ventas, la precariedad de las tenencias y el control más intenso sobre los ocupantes de hecho para que regularicen su relación con el Estado, convirtiéndose en pobladores con permisos precarios de ocupación y la obligación de abonar el derecho de pastaje con retroactividad a la fecha de instalación en el lote por ellos declarada, estas inspecciones acentuaban la inseguridad para los pobladores que se transformaban en “intrusos” del nuevo orden social y, por ende, pasibles de ser desalojados de la tierra que ocupaban.

Cabe señalar que en esos años se incrementó el canon de arrendamiento -con un plazo máximo de 10 años sin opción de renovación- y de los derechos de pastaje a partir de 1925.[27] Muchos pobladores fueron desalojados de sus tierras, registrando la prensa patagónica esta situación común a todos los territorios del sur; en la mayoría de los casos eran ocupantes sin contrato alguno, con todo su capital invertido en mejoras y comprometidos con crecidas deudas, que a lo largo de la década del veinte y la siguiente fueron desalojados o vivieron bajo la incertidumbre de que esa posibilidad se concretara, generalmente sin la sustanciación de un juicio y con la pérdida de las mejoras introducidas.[28]

Cuando la Comisión Inspectora del Río Negro, a cargo del Capitán de Fragata Justiniano Riobó, evaluó en 1920 la concesión efectuada a principios de siglo al Cacique Antemil –fallecido en 1914- y su gente, dejó asentado que la mayor parte de la precordillera se encontraba poblada por indígenas que “… ya no viven en tribus ni respetan la autoridad de ningún cacique, no agradándoles que se les llame indios sino paisanos. Estos indígenas forman familias a igual que los cristianos y poseen, por lo general, ganados y mejoras, pudiéndoseles considerar como definitivamente incorporados a los cristianos y a la vida civilizada”.[29] Pese a esas consideraciones, a continuación expresa respecto de la delimitación de una reserva para indígenas que gestionaba el poblador Manuel Cotaro para unas 60 familias aborígenes, 17 de ellas ubicadas en las tierras inspeccionadas, que: “…creemos que no conviene decretarla, puesto que toda agrupación de indígenas tiende a mantener sus antiguas costumbres haciéndolos cada vez más indolentes y les permite dedicarse con mayor frecuencia a sus fiestas primitivas que siempre terminan en espantosas borracheras… lo que más conviene es conceder tierras a los indígenas, alternando sus concesiones con las de los cristianos para que, paulatinamente con el ejemplo de éstos, adquieran nuevos hábitos de trabajo”.[30]

En la inspección correspondiente a la zona de influencia del pueblo de Maquinchao, en el área de meseta que limita al sur con Chubut, los pobladores eran calificados en 1920 con una mirada que unificaba en la consideración del inspector al indígena y al chileno, al argentino y al europeo, considerándolos “…intrusos que cuando se establecen procuran obtener un máximo de beneficios de la tierra sin hacer mayores gastos… La mayoría de los pobladores son indígenas nacidos en la región, pero a medida que se va al Oeste se encuentra una gran mayoría de chilenos, los que cruzan la cordillera sin ningún capital para regresar a Chile, a la vuelta de algunos años, llevándose la mayor parte de las ganancias obtenidas en la explotación del suelo argentino. Hay también pobladores argentinos, cristianos y europeos, pero estos son muy raros y los pocos existentes, en sus costumbres y sistema de vida, se han asimilado completamente al medio indígena característico de la región. La idiosincrasia de los habitantes es tal, que aún recuerda los tiempos primitivos en el que el Río Negro se consideraba como un centro de salvajes, no obstante haber evolucionado en una forma progresiva, despertándose tendencias nuevas de explotación; pero siempre existe el estigma de la raza que caracteriza todas las actividades de esa gente”.[31]

Más adelante, al referirse específicamente a la población indígena del pueblo de Maquinchao, el mismo inspector sostenía que eran “…de origen tehuelche, bastante civilizados, con costumbres y sistemas similares a los de los cristianos, pero son muy flojos y viciosos… la mayor parte de las utilidades son invertidas en el juego y en la adquisición de bebidas alcohólicas… La reducción del indígena no reviste los caracteres de un problema social, porque la misma naturaleza pobre de la región obliga a sus habitantes a procurarse el sustento diario mediante el trabajo… En síntesis, podemos decir que los indígenas del Rio Negro son hombres muy ignorantes, que se visten y viven como los demás cristianos”.[32]

Con contadas excepciones, los medianos y grandes propietarios con importantes superficies bajo explotación ganadera, muchas veces arrendatarios y/u ocupantes de tierras fiscales, merecieron en general la consideración positiva de estos funcionarios y, por ende, del Estado nacional para resolver con relativa facilidad su acceso a la tierra. La misma Comisión Inspectora del Río Negro, cuando en 1920 debió inspeccionar la zona al norte del arroyo Las Bayas y la costa del río Ñirehuao –en la precordillera y cordillera rionegrina-, muestra una dedicación esmerada al caracterizar el campo de 10.000 hectáreas que el poblador Ventura Morales arrendaba al gobierno nacional desde 1909. En este caso, hacía una extensa consideración respecto del concepto que el mismo les merecía, expresando que “…consideramos como verdaderos pobladores a las personas que residen en el terreno que explotan, levantan en él su vivienda y forman allí su familia contribuyendo a la formación de la primera senda base del futuro camino, los que se vieron obligados muchas veces a efectuar largas jornadas bajo la nieve soportando las más bajas temperaturas y pasaron otras tantas al borde del precipicio para llegar hasta su hogar. Ellos al mejorar con su trabajo las tierras que ocupan han contribuido a valorizar las vecinas, adquiriendo derechos que en todo momento son dignos de ser respetados… [Los ocupantes de campos fiscales, en cambio, se distinguen de los verdaderos pobladores en que] explotan las tierras por intermedio de otras personas de manera transitoria o temporaria, construyen mejoras que luego venden a buen precio y pasan a ocupar nuevas tierras fiscales sin intención de radicarse definitivamente en ellas”.[33]

Ventura Morales era chileno, casado, con hijos argentinos, residía en el campo con su familia y estaba, a criterio de la inspección, “bien conceptuado en la región”: “Es un poblador progresista, que ha llevado el adelanto a la zona introduciendo reproductores de raza e importantes mejoras…, viendo su acción constantemente dificultada por la continua invasión de las numerosas haciendas de los ocupantes de este campo”.[34] Los ocupantes que según la inspección “molestaban” a Ventura Morales eran Ricardo Carro Crespo y Eusebio Alastuay. El primero, un español con casa de comercio en Pilcaniyeu –a diez leguas de las tierras inspeccionadas- donde explotaba 15.000 hectáreas fiscales, pero hacía además pastar otro número importante de sus animales -a través de puesteros- en los campos de Morales, disputando a éste la posesión de esas tierras; el segundo, otro español que ocupaba campos fiscales vecinos y le reclamaba a Morales la propiedad de un puesto dentro de su superficie arrendada. La recomendación final de la Comisión fue a favor de Ventura Morales, a quien consideraba correspondía dejar la libre posesión del campo que arrendaba, procediendo al inmediato desalojo de los otros dos ocupantes a los que consideraba “intrusos”.[35]

Aunque menos frecuente, algunos inspectores reconocían en las condiciones de vida y de trabajo de los ocupantes más pobres el producto de las presiones ejercidas en general por los propietarios más capitalizados y “progresistas”, en su alianza espúrea con los agentes estatales locales, sobre todo policiales: “Los pretendidos argumentos para extirpar el cuatrerismo, que han tenido su aplicación, no sólo la extorsión privada sino la ayuda policial, han provocado por suerte la población del desierto. Se han recargado los tonos para apuntar a la idiosincrasia del indio o del poblador autóctono, entregado al vicio, a la indolencia y a su instinto al robo para justificar su despojo y su alejamiento… se le persigue y se busca brindarle en el mostrador del almacén la copa de alcohol que lo envenena y pervierte. Tan cuatrero es el capitalista que extorsiona y explota como el individuo que mata su hambre robando una oveja… El cuatrerismo, más que un mal innato sería una consecuencia derivada de la miseria, del medio crudamente ingrato en que desenvuelven sus vidas, de la horfandad [sic] absoluta de estímulos y enseñanzas”.[36] Estas expresiones, que parecen tener la intención de señalar –al menos en parte- la responsabilidad de otros actores regionales en la precaria situación en la que vivían los pobladores más desfavorecidos, se complementaron sin embargo con otras, volcadas a continuación en el informe de inspección, que veían en el arrendamiento la herramienta para alcanzar el anhelado progreso a partir de una “selección natural” de los pobladores: “Los arrendamientos de tierras fiscales… producirán por la fuerza de la lógica una selección entre la población que habita y aprovecha la zona. No será esta una selección moral seguramente, sino solo una selección económica y social, una selección natural para la cual no habrán intervenido los consabidos argumentos de persecución al cuatrerismo y al alcohol. Esta selección natural, expresión la más perfecta de lo que representa la lucha por la vida, se viene haciendo desde tiempo atrás. No es un fenómeno inmediato, sino la resultante de varias causas,… la de la defensa individual primero, después la colectiva, y la eliminación natural de los menos capaces, los más débiles”.[37]

Es necesario señalar que la mayoría de los ocupantes de campos fiscales no contaban con el capital suficiente o las condiciones para acceder a un crédito que les permitiera contratar arrendamientos con el Estado. Ellos serían, por ende, los “eliminados naturalmente” como pobladores de la región.

Los años que siguieron, en el contexto de la crisis económica de los años ‘30, no serían mejores para los crianceros más vulnerables. El Ministerio de Agricultura tomó algunas medidas que pretendían dar respuesta –aunque limitada y coyunturalmente- a los reclamos individuales y colectivos de los ganaderos patagónicos rebajando en 1931 el canon de arrendamiento y el derecho de pastaje sobre tierras fiscales en los territorios del sur para ese año, fijando el cálculo del mismo sobre la base de la capacidad de la tierra, las distancias al lugar de embarque o venta y la superficie arrendada. Al mismo tiempo, se creaba una Comisión Especial para el estudio de los problemas del sur, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para atenuar la profunda crisis de esos años. Tales medidas, sin embargo, no resultaron todo lo benéficas que se esperaba, por cuanto en su aplicación se estimó en exceso la capacidad ganadera de los campos, se computaron mal las distancias a los puertos de embarque, etc.[38]

Por otro lado, en 1937 se reanudaron las ventas de tierras fiscales suspendidas hacía veinte años y se dictó un decreto ley por el cual se buscaba, una vez más, limitar la especulación y propiciar el acceso a la propiedad de quienes realmente explotaran la tierra. Pero al mismo tiempo, se señalaba que la ocupación no constituiría un antecedente válido para obtener preferencia en el acceso a las superficies, limitando así la posibilidad de transformarse en propietarios a miles de crianceros que ocupaban desde hacía años y décadas las tierras patagónicas y dentro de ellas las del territorio rionegrino.[39]

Se retomaba el planteo de seleccionar al poblador, buscando la radicación de colonos que respondieran al ideal de “familia agricultora”, para lo cual se estableció por Decreto 2187 de 1938 una serie de aspectos a contemplar en la concesión de tierras. A saber, “los antecedentes personales –un punto central de administración policial-, la nacionalidad –como uno de los ejes más importantes-, la profesión, edad, condiciones físicas, estado civil, familia y otras condiciones –como haber prestado servicios a la nación-”.[40]

Lo expuesto es sólo una muestra de lo que sucedería en las décadas de 1930 y 1940. En la medida en que los grandes y medianos propietarios y/o arrendatarios comenzaron y/o profundizaron las mejoras en las técnicas de crianza y en la infraestructura en sus estancias, perfeccionando su vinculación a los mercados nacionales e internacionales, los crianceros rionegrinos –y patagónicos en general- enfrentaron los vaivenes climáticos, de precios y de mercado en situación de cada vez mayor vulnerabilidad, siendo presionados por los privados –estancieros y comerciantes- y por el Estado para transformarse en asalariados; viéndose corridos y desalojados muchas veces de sus tierras en la medida en que éstas eran solicitadas por los agricultores ideales imaginados; e incluso siendo muchas veces apresados.[41]

La provincialización del territorio a mediados del siglo XX y el control del nuevo Estado sobre las tierras fiscales existentes, no modificaría centralmente la situación de los pequeños productores ganaderos. La permanencia de los crianceros hasta el presente, aún dentro de diversos procesos de descomposición social, se acompaña de la persistencia de grandes extensiones de tierras fiscales hasta los años noventa del siglo XX, cuando comenzaría un proceso lento de privatización de tierras y de titularización de superficies ocupadas por estos actores. Sin embargo, como sostienen Bendini y Steimbreger, “…los contextos de fuertes limitaciones históricas, de pobreza y adversas condiciones climáticas, no han logrado hasta ahora anular los lazos sociales a escala de las comunidades locales. Las diversas formas de resistencia demuestran la existencia de lazos sociales fuertes organizados en torno a las prácticas productivas. El vínculo con la tierra y su contenido identitario constituye un componente clave de la resistencia simbólica para conservar su condición social de productores y para resistir al desplazamiento o abandono de la tierra. El fuerte valor emocional de la tierra constituye para los crianceros una forma de resistencia a la descampesinización”.[42]

 

A modo de conclusión

 

La temática de la distribución y apropiación de tierras fiscales en Patagonia reconoce importantes avances. En el caso del territorio de Río Negro esos avances son aún parciales. En este trabajo se propuso dar cuenta de esos avances en la medida de lo posible, señalando y tratando de explicar la relación existente entre las políticas referidas a la tierra pública diseñadas por el Estado nacional, las normas emanadas de esas políticas y los resultados concretos de su aplicación. Todo ello mediado por las formas operativas implementadas por la Dirección de Tierras y Colonias, agencia estatal encargada de controlar y realizar la entrega de la tierra a quienes la solicitaran, así como por los funcionarios que intervinieron en esos procesos, en este caso, los Inspectores de tierras.

Se ha demostrado ya la enorme distancia que en la mayoría de los casos existió entre la intención que guiaba las leyes del período -poblar, fomentar el asentamiento y la puesta en producción, como en el caso de la ley de colonización; evitar la concentración, valorizar la tierra y facilitar el acceso a la misma de pequeños y medianos productores, como en el caso de la nueva ley de 1903 o la ley de fomento de 1907 y los decretos de las décadas de 1920 y 1930- y los resultados casi siempre opuestos y negativos de su aplicación efectiva en relación a los propósitos enunciados.

Asimismo, se ha podido percibir cómo la dinámica de funcionamiento de la Dirección de Tierras y Colonias -en tanto una de las agencias de ese Estado nacional- conspiró, a partir de considerables trabas burocráticas y enormes demoras para resolver las peticiones, contra los declamados objetivos de poblar y distribuir más equitativamente el recurso que emanaba del discurso del propio Estado al que representaba.

Finalmente, los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas y las directivas de la Dirección de Tierras y Colonias, en la mayoría de los casos con un discurso cargado de prejuicio y compenetrados con la idea de civilización y progreso primero, y de la defensa de la nación y la identidad argentinas después, terminaron favoreciendo casi siempre en el acceso a la tierra a los pobladores blancos, instruidos y dotados de cierto capital, al tiempo que provocaron el despojo de aquellos ocupantes con condiciones más precarias.

Como se ha podido observar, los grandes propietarios con enormes superficies bajo explotación ganadera y que muchas veces arrendaban y/u ocupaban tierras fiscales, con contadas excepciones en contrario, merecieron en general la consideración de estos funcionarios y, por ende, del Estado nacional para resolver con relativa facilidad su acceso a la tierra. Quienes no contaban con esas condiciones, esto es los pequeños y medianos productores no propietarios, crianceros de ganado menor, se vieron mayormente perjudicados por las políticas públicas en materia de tierras y por los informes de estos agentes estatales. Sobre todo, porque en gran medida en manos de estos agentes de la Dirección de Tierras y Colonias estaba el futuro de esos pobladores patagónicos; no eran otros sino los Inspectores que dependían de esa Dirección los que sugerían quiénes eran aptos para contratar con el Estado, quienes eran los indígenas argentinos, los indígenas chilenos, los que carecían de todo recurso y/o aptitud para llevar adelante una explotación rentable.

Este trabajo recoge el inicio de una investigación que pretende profundizar el estudio de esos crianceros de ganado menor en tierras fiscales, inicialmente en la norpatagonia y dentro de ésta en las áreas con mayor concentración de estos actores: la llamada línea sur rionegrina y el centro-oeste neuquino. Entendemos que esta línea de investigación es importante y permitirá, avanzado el análisis temporal, confluir con otros cientistas sociales –sociólogos, geógrafos, antropólogos- que están hoy abocados a explicar y comprender la persistencia de más de un siglo de estos crianceros –en términos productivos-, fiscaleros –en términos de derechos sobre la tierra-, que renuevan permanentemente sus estrategias para sobrevivir en contextos sumamente desfavorables como sequías, desertificación, erupciones volcánicas, disputa con privados por los recursos tierra y agua, conflictos con empresas hidrocarburíferas y con los poderes públicos locales, regionales y provinciales, entre otros.

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Recibido: 31/08/2016

Evaluado: 28/10/2016

Versión final: 17/11/2016

 

 

 

 



(*) Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Comahue / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. E-mail: graciela.blanco47@gmail.com

[1] Una versión preliminar del presente trabajo fue presentada en las XXV Jornadas de Historia Económica organizadas por la AAHE y la UNSa, Salta, setiembre de 2016. Se agradecen los comentarios y sugerencias de Mónica Blanco, Fernanda Barcos y Juan Luis Martirén.

[2]BANDIERI, Susana; “¡También somos Argentinos! Territorios sin ciudadanos”. En: SIERRA, María, PRO, Juan y MAURO, Diego (editores). Desde la Historia. Homenaje a Marta Bonaudo, Imago Mundi, Buenos Aires, 2014, pp- 47-72.

[3] BANDIERI, Susana; BLANCO, Graciela; “Política de tierras en los territorios nacionales. Entre la norma y la práctica”. En BLANCO, Graciela y BANZATO, Guillermo (coordinadores). La cuestión de la tierra pública en Argentina. A 90 años de la obra de Miguel Angel Cárcano, Prohistoria, Rosario, 2009, pp. 163-199.

[4] BLANCO, Graciela; “Tierra y conflicto social. Los productores patagónicos durante los gobiernos radicales”; en Revista Estudios del ISHIR, Nº 1, 2011, pp. 82-101. Disponible en: <http://web.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaISHIR/issue/view/9>. [Consulta: 16/02/16].

[5] La palabra “criancero” denomina a un conjunto amplio de productores familiares –mapuches y criollos-, dedicados fundamentalmente a la cría de ovinos y caprinos en tierras en su mayoría fiscales y en condiciones de aguda escasez de recursos naturales. Véase BENDINI, Mónica y STEIMBREGER, Norma; “Ocupaciones y movilidades en pueblos rurales de la Patagonia. Una mirada desde lo agrario”; en Mundo Agrario, nº 23, vol.12; 2011, p. 133. Disponible en: http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/issue/view/17. [Consulta: 21/03/16].

[6] Con anterioridad a las campañas militares, el único asentamiento urbano estable en el norte de la Patagonia, entre fines del siglo XVIII y 1879, fue Carmen de Patagones. Destino de presos políticos, su puerto sirvió como base de operaciones para los corsarios que hostigaban a los barcos brasileños durante la guerra de 1825-1828, y sufrió los ataques de la montonera comandada por los Pincheira, españoles provenientes de Chile que se mantenían rebeldes a la independencia y merodeaban la región. Pese a ello, sus pobladores se dedicaron a la agricultura y a la ganadería, desarrollando asimismo la explotación de sal que vendían a Buenos Aires junto con el cuero y el trigo. En 1854 se formó la primera Comisión Municipal y dos años más tarde Patagones se transformó en puerto franco, obligando a la creación de nuevas guardias río arriba: Guardia Mitre (luego Coronel Pringles), en 1862, y Fortín Conesa en 1869. Cfr. BANDIERI, Susana; Historia de la Patagonia, Sudamericana, Buenos Aires, 2005. BLANCO, Graciela; “Una historia contemporánea de la Patagonia”. En Patagonia Educativa, Editorial ALFA-MILENIO, España, 2004, pp. 277-383.

[7] Un minucioso estudio de los censos nacionales y territorianos de población entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX ha sido realizado por MOLDES, Beatriz del Valle y ENTRAIGAS, Jorge R.; “La población rionegrina durante la época territorial. Un aporte al conocimiento de las principales características demográficas: 1884-1955”. En: RUFFINI, Marta y MASERA, Ricardo Fredy (coordinadores); Horizontes en perspectiva. Contribuciones para la historia de Rio Negro, 1884-1955, vol. I, Fundación Ameghino-Legislatura de Río Negro, Viedma, 2007, pp. 72-122.

[8] FULVI, Nilo Juan; “El Territorio Nacional de Rio Negro (1880-1914) durante la ‘Generación del 80’. El proceso de su integración a la economía nacional”. En RUFFINI, M. y MASERA, R. F. (coordinadores), Horizontes en perspectiva…, op. cit., pp. 191-220. BANDIERI, Susana; “Pensar una Patagonia con dos océanos: el proyecto de desarrollo de Ezequiel Ramos Mexía”; Quinto Sol, nº 13,2009, pp. 47-71.

[9] REY, Héctor , “El desarrollo de la economía en Río Negro: la región andina, zona atlántica y puerto de SAO y la meseta”, en RUFFINI, M. y MASERA, R. F. (coordinadores), Horizontes en perspectiva..., op. cit., p. 228 y sgtes.

[10] Esta colonia proyectó utilizar a los indígenas presos como mano de obra para los pobladores inmigrantes o para tareas que requerían trabajo físico como construir canales.

[11] Estas concesiones de tierras estuvieron amparadas por la ley 1552 de 1884, también conocida como Ley del Hogar, aunque no resolvieron el problema de esos grupos que, ante las presiones de propietarios y de funcionarios estatales, terminaron en la mayoría de los casos desplazados de esas superficies. Véase DEL RIO, Walter, PALMA, Cecilia y PEREZ, Pilar; “Marco histórico. Las (des) territorializaciones estatales en lo que hoy es la Provincia de Río Negro”. En: Legislatura de la provincia de Rio Negro-Universidad Nacional de Río Negro, Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en el ámbito de la Provincia de Río Negro (Ley 4744). Informe Final 2012-2015, Viedma, 2015, pp. 49-77. Disponible en <http://www.legisrn.gov.ar/lrn/wp-content/uploads/2015/12/informe.pdf>. [Consulta: 18/04/16].

[12] Nos referimos a la creación del Fuerte El Carmen en 1779, en el marco de la política defensiva desplegada por la dinastía borbónica en el último cuarto del siglo XVIII para el litoral marítimo del virreinato del Río de la Plata. Sobre el mismo se constituiría la localidad de Carmen de Patagones (hoy parte de la provincia de Buenos Aires), en tanto sobre la otra margen del río Negro surgiría la localidad de Mercedes de Patagones, hoy Viedma. Sobre esas áreas se aplicaron normas para la distribución de tierras provenientes del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires, con anterioridad a la creación de los Territorios Nacionales. Véase BANDIERI, Susana; Historia de la Patagonia…, op. cit., p. 89.

[13] Es el caso, entre otros, del más importante grupo terrateniente de capitales ingleses. Nos referimos a la ASLCo o Compañía de Tierras del Sur Argentino Ltda., que adquirió cerca de un millón de hectáreas a lo largo de las zonas cordilleranas y del interior del territorio rionegrino, en el que instaló importantes estancias como Pilcañeu, Huenu-Luan, Rucu Luan, Renegueyen, NeLuan y Epulafquen, que suman 250.000 hectáreas. Se acapararon de esta manera tierras que nunca se intentó colonizar y que pudieron legitimar por la Ley 2875 de Liquidación, que les permitió acceder a la propiedad de las tres cuartas partes de la superficie a muy bajo precio y quedaron eximidos de la obligación de colonizar y subdividir la tierra. Véase MIGUEZ, Eduardo; Las tierras de los ingleses en la Argentina: 1870-1914. Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1985; MINIERI, Ramón; Ese ajeno sur. Un dominio británico de un millón de hectáreas en la Patagonia, Fondo Editorial Rionegrino, Viedma, 2007.

[14] Los resultados de los reclamos por la ley de Derechos Posesorios en Rio Negro pueden verse en RUFFINI, Martha; “Estado y propiedad de la tierra en el Territorio Nacional de Río Negro; la cuestión de los ocupantes 1884-1892”. En: CRUZ, Enrique y PAOLONI, Rossana (compiladores), La propiedad de la tierra. Pasado y Presente, Anuario del CEIC, Nº 3, Alción Editora, Córdoba, 2006, pp. 151-157.

[15] BANDIERI, Susana y BLANCO, Graciela; “Política de Tierras en los Territorios Nacionales…”, op. cit., pp. 163.199.

[16] Ídem, p. 190. Muchas de esas tierras fueron puestas en venta en las décadas siguientes, ante el fracaso en el desarrollo completo del proyecto de Ramos Mexía. Para mayores consideraciones al respecto, véase BANDIERI, Susana; “Pensar una Patagonia con dos océanos…”, op. cit..

[17] GIRBAL-BLACHA, Noemí; Política de tierras, 1916-1930: ¿Reforma, orden o «reparación agraria»?, CEAL, Serie Conflictos y Procesos de la Historia Argentina Contemporánea, núm. 28, Buenos Aires, 1989.

[18] BLANCO, Graciela; “Tierra y ganado en Patagonia: políticas públicas y conflictividad en las primeras décadas del siglo XX”; en Anuario Centro de Estudios Históricos de Córdoba Profesor Carlos S.A. Segreti, Córdoba, Nº 9; 2009, pp. 21-40.

[19] De una superficie total de 19.980.000 hectáreas, las tierras fiscales en Río Negro alcanzaban a 12.378.000 hectáreas. Cfr. DÍAZ DE VIVAR, Melitón (redactor); Memoria de la Dirección General de Tierras en el período administrativo de 1922-1928, Ministerio de Agricultura, Impreso por Oucinde, Buenos Aires, 1928.

[20] ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN –AGN-, Archivo Intermedio, Fondo Tierras, Colonias e Inmigración, Arch. Rubén Dalreggio, “Introducción”.

[21] AGN, Memoria del Ministerio de Agricultura 1934, Buenos Aires., 1935, p. 439. Citado en ALMIRON, Adrián A.; La tierra pública administrada: labores de la Dirección General de Tierras y la oficina de tierras en el Territorio Nacional del Chaco 1930-1951. Ponencia presentada en las XXIV Jornadas de Historia Económica, Rosario, 1 al 3 de octubre 2014. Disponible en: <http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-de-historia-economica/xxiv-jornadas-de-historia-economica>. [Consulta: 15/10/15].

[22] Tales cuestiones motivaron incluso la formación de una Comisión especial investigadora de Tierras y Colonias en la Cámara de Diputados, que elaboró un informe con un severo juicio respecto de las deficiencias señaladas. Véase para más detalle: CHEDE, Ana, BELFIORI, Martha, PRIETO, Marta y YUSER Liliana, “Política de tierras fiscales en la Patagonia”, Rosario, 1974, mecanografiado. Puede consultarse en Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro (AHPRN).

[23] BLANCO, Graciela; “Tierra y conflicto social. Los productores patagónicos durante los gobiernos radicales”; en Revista del ISHIR, Nº 1, Rosario, Argentina; 2011, pp. 82-101. Disponible en: <http://web.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaISHIR/issue/view/9>. [Consulta: 10/10/15]. BAEZA, Brígida; Los inspectores de tierra como productores identitarios de la frontera. El caso de los ‘Quilchamal’ en la zona del río Mayo. Ponencia presentada en el Séptimo Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia Argentino-Chilena, Trevelin, Chubut, Argentina, 18 al 20 octubre 2007. PEREZ, Pilar; “Políticas para la Patagonia en la salida de la Gran Guerra: el Estado y sus márgenes”, en Revista TEFROS, vol. 9, agosto, 2011, pp. 1-23. PEREZ, Pilar; Los Archivos del silencio. Estado, indígenas y violencia en Patagonia central, 1878-1941, Prometeo, Buenos Aires, 2016.

[24] CRESPO, Carolina y TOZZINI, Alma; “Entrar, salir y romper el cristal. Demandas territoriales y modalidades de clasificación en Lago Puelo (Patagonia-Argentina)”, en Boletín de Antropología Universidad de Antioquía, Vol. 23, Nº 40; 2009, pp. 55-78. PEREZ, Pilar; Inspectores y ‘escribanos’. Archivos y memorias en disputas territoriales mapuche en Río Negro en la primera mitad del siglo XX. Ponencia presentada en la VIII Reunión de Antropología del Mercosur, Buenos Aires, 2009. ORIOLA, Jorge; La formación de los sectores dirigentes de Esquel entre los inicios y 1930 y el relato histórico instituído. Ponencia presentada en el Noveno Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia Argentino-Chilena, Trevelin, 2011. CERUTTI, Angel y PITA, Cecilia; “La educación como fuente de prejuicio. Política educativa y xenofobia en la Argentina. El caso del prejuicio antichileno en el Territorio del Neuquén, Argentina, 1884-1930”. En: ALMEIDA, José (compilador); El racismo en las Américas y el Caribe, Ecuador, Abya-Yala, 1999. BLANCO, Graciela; Entre el Estado y los privados: los pequeños crianceros en el acceso a la tierra norpatagónica (fines del siglo XIX-primeras décadas del XX). Ponencia presentada en las. XV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Comodoro Rivadavia Chubut, 16 al 18 septiembre 2015.

[25] Dirección de Tierras y Colonias, Inspección General Valcheta-Sarmiento, 1904, pp.6-10. Es ilegible la firma del inspector por lo que no se lo puede identificar. AHPRN.

[26] Dirección de Tierras y Colonias, Inspección General de Colonias Sud, 1910, pp.11-14. Inspector Santiago Bello. AHPRN.

[27] El tema es recurrente en publicaciones periódicas regionales como El Censor (Neuquén), Los Libres del Sur (Esquel), Argentina Austral (Rio Gallegos), Diario Río Negro (General Roca), La Nueva Era (Viedma), etc.. Disponibles en AHPRN.

[28] Estas denuncias se observan reiteradamente en diferentes publicaciones: Revista Argentina Austral, año I, núm. 9, marzo 1930, p. 14 y año III, núm. 34, abril 1932, pp. 20-25; Periódico El libre del Sur, Esquel, 25/01/1930; FISCH, Ricardo; “No tomen tierras fiscales en sub-arriendo. No negocien con los concesionarios. Carta abierta a los pobladores de la Patagonia”, en Revista Argentina Austral, año III, núm. 32, febrero 1932, pp. 20-21; entre otras. Disponibles en AHPRN y Archivo Histórico de Trelew, Chubut.

[29] Dirección de Tierras y Colonias, Comisión Inspectora del Río Negro, 1919-20, Inspección zona sin mensurar al sur del río Limay y concesión al Cacique Juan Antemil, Tomo XVI, p. 111. AHPRN.

[30] Ídem, p. 112.

[31] Dirección de Tierras y Colonias, Territorio de Río Negro, Inspección del Pueblo de Maquinchao Sección VII y zona de influencia, 1919-20, Tomo XIII, p. 46. AHPRN.

[32] Ídem, p. 48.

[33] Dirección de Tierras y Colonias, Comisión Inspectora del Río Negro, Informe General de la Sección VII y mitad oeste de la Sección VI (Zona sin mensurar Bajos Gualicho, Santa Rosa, Los Menucos y El Cuy), 1919-20, Tomo VI, pp. 280-281.

[34] Ídem, p. 282.

[35] Ídem, p. 284-288.

[36] Dirección de Tierras y Colonias, Comisión Inspectora del Río Negro, Informe General de la Sección VII y mitad oeste de la Sección VI (Zona sin mensurar Bajos Gualicho, Santa Rosa, Los Menucos y El Cuy), 1919-20, Tomo VI, p. 21.

[37] Ídem, p. 22.

[38] Revista Argentina Austral, año II, núm. 20, febrero 1931, pp. 53-54. “Petición de la Sociedad Rural de Puerto Deseado al Ministerio de Agricultura”, transcripta en Argentina Austral, año III, núm. 27, septiembre 1931, p. 53. Los reclamos respecto de la necesidad de regularizar la titularidad sobre las tierras arrendadas u ocupadas por un lado, y las denuncias sobre abusos de particulares y de agentes estatales regionales por el otro, pueden verse también en otros medios escritos como los citados en la nota 26.

[39] BLANCO, Graciela; “Tierra y ganado en Patagonia: políticas públicas…”, op. cit..

[40] DEL RIO, Walter, PALMA, Cecilia y PEREZ, Pilar; “Marco histórico. Las (des) territorializaciones estatales…”, op. cit..

[41] MASES, Enrique; GALLUCCI, Lisandro; “La travesía de los sometidos. Los indígenas en el territorio de Río Negro, 1884-1910”. En: RUFFINI, M. y MASERA R.F. (compiladores), op. cit..

[42] BENDINI, Mónica y STEIMBREGER, Norma; “Ocupaciones y movilidades…”, op. cit., p.15-16.