Los ocupantes de tierras en la
Norpatagonia. Los Inspectores nacionales, el colono ideal y el poblador real al
comenzar el siglo XX
Graciela
Blanco(*)
Resumen
El
presente trabajo realiza una aproximación a los pobladores que se asentaron en
el norte de la Patagonia Argentina, particularmente en el Territorio de Río
Negro, a partir de los informes de inspección realizados por funcionarios de la
Dirección Nacional de Tierras en los años 1904, 1910 y 1920-21. Estos informes
no abarcan la totalidad del territorio, inspeccionándose en esos años distintas
zonas, particularmente las destinadas a funcionar como colonias o reservas
–Conesa, Choele Choel, Frias, El Cuy, Valcheta-. Los mismos dan cuenta de los
pobladores, la forma de tenencia de la tierra, la producción y las inversiones
realizadas, clasificando y calificando a los pobladores de acuerdo a diferentes
variables. El relato construido por estos inspectores resultaba el insumo más
importante a la hora de decidir el acceso a la tierra. Se estudian los informes
que estos agentes estatales producían, caracterizando las condiciones del
poblamiento y puesta en producción de la región por parte de los pequeños
productores de ganado menor o crianceros, complementando esas fuentes con la
prensa regional y la producción existente sobre el tema.
Palabras clave:
ocupantes; tierras; funcionarios estatales; norpatagonia.
The occupants of lands in the Norpatagonia. The
national Inspectors, the ideal colonist and real resident in the early 20th
century
Abstract
The present work realizes an approximation to the
occupants who populated the north of the Patagonia Argentina, particularly the
Territory of Rio Negro, on the base of the reports of inspection realized by
civil servants of the National Direction of Earths in the year 1904, 1910 and
1920-21. These reports do not include the totality of the territory, different
zones being inspected in these years, particularly the destined ones to work as
colonies or reservations -Conesa, Choele Choel, Frías, The Cuy, Valcheta-. The
same ones inform about the settlers, the form of possession of the land, the
production and the realized investments, classifying and qualifying the
settlers of agreement to different variable. The statement constructed by these inspectors was
turning out to be the most important input at the moment of deciding the access
to the land. There
are studied the reports that these state agents were producing, characterizing
the conditions of the poblamiento and putting in production of the region on
the part of the small producers of minor cattle or crianceros, complementing
these sources with the regional press and the existing production on the topic.
Key words: occupants; earths; state civil servants; norpatagonia.
Los
ocupantes de tierras en la Norpatagonia. Los Inspectores nacionales, el colono
ideal y el poblador real al comenzar el siglo XX
Introducción[1]
La norpatagonia argentina se
incorporó al dominio real del Estado nacional luego de las campañas militares
de conquista de los territorios del sur patagónico y del noreste del país, en
los primeros años de la década de 1880. Conocidas son las mal llamadas
“campañas al desierto”, un desierto ocupado por sociedades indígenas, colonias
galesas en el sur y otros grupos criollos que se aventuraron a convivir y
establecer contactos sobre todo comerciales con las sociedades indígenas que
habitaban esos territorios. Concluido el avance y asentada de manera incipiente
la presencia estatal a través de la construcción de los fuertes militares, se
delineó el proceso de inclusión institucional de los nuevos espacios y se dio
inmediato comienzo a la distribución de las tierras así incorporadas al fisco
nacional.
La Ley 1532 dio marco a una forma
jurídica a los Territorios Nacionales –diferentes a las provincias- con una
clara subordinación y dependencia al Estado central. Los Territorios carecían
de autonomía para elegir sus autoridades, designadas por el Poder Ejecutivo
Nacional con anuencia del Senado, y sus habitantes no alcanzarían la categoría
plena de ciudadanos al encontrarse imposibilitados de ejercer su derecho al
voto, entre otras cuestiones. Con un gobernador designado por ese mecanismo,
sin municipios ni legislaturas, con jueces letrados que respondían al orden
nacional y jueces de paz designados por la autoridad territoriana a propuesta
de los vecinos, se dio inicio a una forma jurídico-política que perduraría
hasta mediados del siglo XX.[2]
Dando inmediato curso a lo que sin
duda fue el motivo central de las campañas militares, la disponibilidad de
tierras para su puesta en producción en el marco del modelo agroexportador
dominante, se procedió desde el centro del país a distribuir las nuevas tierras
mediante un conjunto de leyes y decretos que en muchos casos tendieron a
superponerse, se tornaron contradictorias y permitieron, contrariamente a la
declarada intención de poblar de la mayoría de esas normas, significativos
procesos de concentración de grandes extensiones en pocas manos.[3]
El desconocimiento de las
superficies en juego, de sus condiciones fisiográficas y de sus capacidades
productivas, fue uno de los motivos centrales del fracaso de algunos
emprendimientos particulares pero, sobre todo, de los intentos estatales y
privados de colonización. A ello debe sumarse la estructura de las agencias y
funcionarios encargados de aplicar la legislación referida a la entrega de
tierras, que se fue definiendo y reformando hasta fines del siglo XIX y
conformó un entramado burocrático que terminó facilitando el acceso al recurso
de aquellos que contaban con la información, los medios económicos y la
capacidad de gestión para solicitar y obtener tierras; al tiempo que redujo
notablemente las posibilidades de aquellos que alejados del centro
administrativo del país y limitados en su disponibilidad de capital y/o acceso
al crédito terminaron en la mayoría de los casos inmersos en disputas con las
autoridades, las que muchas veces fueron resueltas en su contra y terminaron
despojándolos de las tierras que ocupaban con títulos precarios o como simples
ocupantes sin derecho.
La principal agencia estatal
encargada de los trámites vinculados a la entrega de tierras fue la Dirección
Nacional de Tierras y Colonias que, además de los funcionarios que componían su
estructura organizativa, contaba con un cuerpo de Inspectores que debían
recorrer las superficies fiscales adjudicadas en arrendamiento o a través de
permisos de ocupación, así como las ocupadas de hecho por quienes en esos años
comenzarían a ser definidos como “intrusos”. El rol de estos inspectores, tarea
que fue depositada en miembros de la Armada, fue muy importante para definir la
posibilidad de obtener en adjudicación o no una superficie de tierra bajo
distintas formas de tenencia. De hecho, además de dar cuenta del ocupante, su
producción, si realizó o no inversiones, estos inspectores construían un relato
sobre los pobladores a los que clasificaban y calificaban en función de
distintas variables a partir de las cuales se definía si el aspirante a la
tierra era “apto para contratar con el Estado”, constituyéndose así en el
insumo más importante a la hora de decidir en Buenos Aires la posibilidad de
adjudicar una parcela.[4]
Es en ese sentido, que este trabajo
pretende tomar como insumo fundamental algunos de los informes de inspección
mencionados, especialmente los producidos en las dos primeras décadas del siglo
XX para algunas áreas del Territorio Nacional de Río Negro en el norte de la
Patagonia, a los efectos de profundizar en el relato que estos funcionarios
construyen sobre los pequeños productores ocupantes de campos fiscales,
crianceros[5] de
ganado menor –ovinos y caprinos-, a principios del siglo XX. Ello implica
también reconstruir el contexto en el que se produjo el poblamiento y puesta en
producción de la región a partir de la distribución y apropiación de las
tierras públicas, complementando el análisis con otras fuentes y producciones
existentes.
El espacio rionegrino: poblamiento
y primera distribución de tierras fiscales
El territorio nacional de Rio Negro
se ubica en el norte de la Patagonia argentina; con una superficie de 203.013 km² limita
al norte con La Pampa, al este con la provincia de Buenos Aires y la costa atlántica,
al sur con Chubut y al oeste con la provincia de Neuquén y con la República de
Chile, separados por la Cordillera de los Andes. Presenta históricamente una
importante diversidad geográfica y climática, con grandes distancias que
separan la zona andina, la atlántica, el valle y la meseta.
Su poblamiento se dio en varias
etapas y con diferentes actores en un proceso lento y prolongado. Reconoce una
ocupación prehispánica compuesta por pueblos originarios y una ocupación
hispano criolla asentada en el curso inferior del río Negro a partir de 1779
(Carmen de Patagones), las que establecieron complejas relaciones en el espacio
fronterizo durante el período colonial y primeros años independientes.[6] Iniciadas
las campañas militares en 1879, se sentaron las bases para una nueva ocupación
a partir de la instalación de fuertes y fortines a lo largo del río Negro
–Guardia Mitre, General Conesa, Choele Choel y General Roca-, que sirvieron de
base para la concentración de población nativa, así como para el asentamiento
de los grupos militares, de funcionarios y comerciantes y de población migrante
dedicada mayoritariamente a la ganadería ovina y en menor medida a la
agricultura. Las áreas de nueva ocupación fueron el Alto y Medio Valle del río
Negro donde se desarrollaría fuertemente a principios del siglo XX la
fruticultura-, el Valle Medio del río Colorado, la zona cordillerana y de
mesetas. Estas últimas cubren mayoritariamente los departamentos Pilcaniyeu,
Ñorquinco, 25 de Mayo, 9 de Julio y Valcheta y, en menor medida, El Cuy y San
Antonio, concentrándose en esa región la mayor cantidad de pequeños productores
en tierras fiscales. Respecto
de la población originaria, ésta fue confinada en tribus de varios caciques en
la zona de asentamientos militares en la línea del río Negro y del Colorado;
aunque muchos de ellos se movilizaron hacia las mesetas del sur en la década de
1890 buscando asentarse en tierras fiscales. En 1889 se creó la Colonia
Valcheta y se reservaron tierras en otros lugares para familias indígenas,
quienes constituyeron la mayoría de los habitantes de las mesetas rionegrinas y
fueron incluidas por los censos como “poblador rural”, sin señalar su origen
étnico. Esta región, carente de medios de comunicación y alejada de los centros
de consumo y comercialización, desalentaba por entonces el asentamiento de
otros pobladores. Luego de las primeras iniciativas de gobernadores militares
por fomentar la creación de colonias para extranjeros de ultramar con variada
suerte, el primer gobernador civil, Eugenio Tello (1898), procuró la creación
de colonias y reservas destinadas a algunos grupos indígenas en Valcheta y
Catriel.[7]
Así como la presencia del
Ferrocarril del Sud valorizó las tierras y facilitó el transporte de la
producción en los departamentos del norte rionegrino, potenciando las
posibilidades agrícolas y en particular frutícolas del área; la construcción
del Ferrocarril de San Antonio al Lago Nahuel Huapi que atraviesa el sur
rionegrino y el área de mesetas uniendo la costa con la cordillera, pensado y
autorizado por la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales -nº 5559 de
1908- redactada por Ezequiel Ramos Mexía, posibilitó un mayor poblamiento y
desarrollo del área que atravesaba. Su construcción se inició en 1909 con la
habilitación del tramo San Antonio-Valcheta, avanzando lentamente a lo largo de
la meseta. En 1916 se habían construido alrededor
de dos tercios de los kilómetros previstos y la obra se encontraba paralizada.
Al comenzar la década de 1920 se retomó la construcción deteniéndose nuevamente
al llegar a Pilcaniyeu. En 1926 se le dio un nuevo impulso llegando a
Bariloche recién en 1934, luego de varios períodos de paralización de las
obras.[8]
Es a partir de la línea férrea
mencionada, entonces, que la meseta rionegrina desde los andes hasta el litoral
atlántico es conocida como “línea sur” y comprende aproximadamente el sesenta
por ciento del territorio de Río Negro, abarcando centralmente los
departamentos de 25 de Mayo, 9 de Julio y Valcheta.
Mapa
1: Línea sur rionegrina. Área ganadera
extensiva
Fuente: BENDINI,
Mónica y STEIMBREGER, Norma (2011), “Ocupaciones
y movilidades en pueblos rurales de la Patagonia. Una mirada desde lo agrario”;
Mundo Agrario, nº 23,
vol. 12, 2011, p. 135. Disponible en: http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/issue/view/17.
[Consulta: 21/03/16].
El área se caracteriza por
presentar una imagen empobrecida, basada en la producción de ovinos productores
de lana y en menor medida caprinos, con predominio de pequeños productores en
tierras fiscales y una muy baja densidad de población con escasos servicios.[9]
Ello se corresponde con características fisiográficas que limitan el
asentamiento humano a partir de la aridez del suelo, las escasas
precipitaciones con importantes períodos de sequías, la amplitud térmica diaria
y la pobre cobertura vegetal de monte y estepa. Sumado a ello, la propiedad
privada avanzó en algunas áreas de la mano de la liberal legislación de fines
del siglo XIX y comienzos del XX, desplazando a las áreas productivamente más
marginales a los pequeños productores en tierras fiscales, que en importante
número eran poblaciones originarias sobrevivientes al avance militares.
De hecho, luego de las campañas
militares las políticas estatales destinadas a las sociedades indígenas
resultaron, para aquellos caciques que contaban con cierto reconocimiento o
vinculación con el Estado, en la entrega de tierras fiscales con permiso de
ocupación para él y su tribu. Es este el caso de Juan Andres Antemil en 1903
-12.000 ha-; de la creación de la Colonia Catriel para los miembros de esa
tribu que habían sido asentados en la Colonia General Conesa;[10] y
el intento de crear una colonia agrícola pastoril en Valcheta en 1889. En otros
casos, los gobernadores realizaron concesiones precarias de tierras a estos
grupos ante su solicitud. Finalmente, muchos indígenas se desplazaron con sus
familias hacia las zonas menos habitadas en la meseta o se instalaron en los
márgenes de los pueblos, siendo en numerosas ocasiones nuevamente desplazados
al ser entregadas las tierras que ocupaban a otros adjudicatarios del Estado. [11]
Por fuera de estas disposiciones
particulares, fue sin duda significativo el impacto que tuvo la legislación
liberal de fines del siglo XIX sobre el proceso inicial de distribución de tierras
fiscales y su apropiación y concentración en grandes extensiones por parte de
sectores vinculados a los grupos de poder político en el centro del país. En el
Territorio de Río Negro, que tenía la particularidad de contar con un
importante asentamiento previo en la margen sur del río homónimo,[12]
se entregaron a particulares en el último cuarto del siglo XIX un total de
602.000 hectáreas por la llamada Ley de Fronteras o del Empréstito que
financiaron las campañas militares de conquista –Leyes 947 y 960 de 1878-;
2.508.000 hectáreas por la Ley de Premios Militares que buscó compensar con
tierras la participación en el ejército –Ley 1628 de 1885-; 1.131.000 hectáreas
por la Ley Avellaneda y su complementaria Ley de Liquidación -817 de 1876 y
2875 de 1891-, cuya pretendida intención de colonizar derivó en la mayoría de
los casos en la apropiación casi gratuita o a muy bajo precio de enormes
extensiones de las mejores tierras en pocas manos;[13]
248.000 hectáreas por la Ley de Remate Público –1265 de 1882-; y 673.000
hectáreas por la Ley de Derechos Posesorios -1552 de 1884-.[14] A
las superficies mencionadas se sumaron otras 439.000 hectáreas entregadas por
leyes y decretos especiales.[15]
La contracara de estos propietarios
fueron los meros ocupantes, aquellos que no poseían título legal sobre las
superficies en las que se instalaron y a los que la legislación antes
mencionada no dio oportunidad de acceder a una parcela bajo alguna forma de
tenencia menos inestable que la ocupación de hecho. En muchos casos se trataba
de descendientes directos de los antiguos dueños de la tierra -los indígenas-,
despojados y sometidos a las nuevas relaciones de producción; en otros, de
pobladores inmigrantes mayoritariamente chilenos, herederos de una situación
pasada en la que circulaban a través de la cordillera y criaban sus animales en
estas tierras, ahora transformados en intrusos del nuevo orden social. Todos
ellos convertidos a partir de entonces en crianceros con escaso ganado y en
serias condiciones de marginalidad social.
Al comenzar el siglo XX y en el
marco del reformismo liberal, se derogaron las leyes de tierras hasta entonces
vigentes y se elaboró y aprobó una nueva ley de tierras, la 4167 de 1903. Esta
norma buscaba reparar los errores cometidos en la distribución de la tierra
pública, fomentar efectivamente el poblamiento y entrega de pequeñas parcelas a
verdaderos productores, buscando obtener el conocimiento de las superficies a
otorgar. Se sumó en 1908 la Ley de Fomento de Territorios Nacionales -5.559-,
propuesta por Ramos Mexía, que preveía la valorización de las tierras con obras
de infraestructura centradas en la comunicación de los territorios, sobre todo
a través del ferrocarril, antes de su venta en remate a los interesados,
buscando evitar la concentración en grandes extensiones. Respecto de la Ley de
1903, como sucedió en el resto de la Patagonia, las superficies concedidas en
venta en Río Negro -aunque de menores dimensiones pues se preveía un máximo de
2500 hectáreas para ganadería- fueron poco significativas en relación con la
etapa previa, alcanzando las 227.000 hectáreas según Ramón Cárcano. Es también
este autor quien nos proporciona el resultado de la Ley de Fomento de los
Territorios Nacionales de 1908, que tuvo efectos casi exclusivamente en Río
Negro alcanzando un total de 1.770.000 hectáreas reservadas para su venta en remate
por esa norma, en correlación con el avance en el tendido de la línea férrea
San Antonio Oeste-San Carlos de Bariloche.[16]
En 1916, al alcanzar el gobierno
nacional la Unión Cívica Radical con Hipólito Yrigoyen, se planteó una política
de revisión de las distribuciones de tierras efectuadas en los territorios del
sur, con la intención de descubrir irregularidades cometidas por los gobiernos
conservadores en la aplicación de las leyes de tierras y combatir el
latifundio. Se ordenó con ese fin una Inspección General de Tierras para tomar
conocimiento de la situación de las superficies fiscales, organizar el cobro de
impuestos y definir las parcelas disponibles para su entrega, tarea que quedó a
cargo de oficiales de la Armada. En ese contexto, se suspendió la entrega de
tierras en propiedad –situación que perduraría hasta 1937-, en tanto se
admitirían sólo las concesiones en arrendamiento precario y permisos precarios
de ocupación.[17]
Nada se hacía para favorecer un proceso de colonización por parte de
pequeños y medianos propietarios, preocupación que declaraban los sucesivos
gobiernos. Más aún, en 1925 un decreto autorizó a la Dirección de Tierras y
Colonias a otorgar permisos precarios de ocupación de lotes pastoriles en
territorios nacionales –previo el pago por año adelantado-, haciendo explícito
que los que no arrendaran ni tuvieran estos permisos serían considerados
“intrusos”.[18]
Como
resultado, durante las dos décadas siguientes la tierra no fue entregada en
propiedad sino bajo otras formas precarias de tenencia, en muchos casos sin
tener en cuenta, como en el período previo, los requerimientos específicos de
la población asentada. Por ejemplo, la necesidad -sobre todo en las áreas
andinas- de contar con tierras para la veranada y la invernada dentro de una
misma unidad económica con el fin de garantizar la existencia de pastos durante
todo el año. Asimismo, los pobladores sin capital se vieron perjudicados en la
decisión de emprender un establecimiento por cuenta propia debido al accionar
de quienes concentraban las superficies, a la complicación de los trámites
requeridos para acceder al arrendamiento u ocupación legal, a la inseguridad
que le generaban los gestores, intermediarios o negociantes de tierras y a las
presiones de los financistas que le otorgaban el crédito necesario para
instalarse, acentuadas a partir de la crisis lanera de la primera posguerra y
luego la crisis internacional de fines de la década del veinte.
Pese a
la aplicación de las normas legales que se han reseñado hasta aquí, según la
Memoria elevada al Ministerio de Agricultura por Melitón Díaz de Vivar –máximo
funcionario de la entonces Dirección General de Tierras y Colonias-, para fines
de la década de 1920 la tierra de libre disponibilidad fiscal en el territorio
de Río Negro aún era del 61.95%.[19]
La mayor parte se concentraba en las áreas de meseta de los departamentos del
sur.
La Dirección Nacional de Tierras y
Colonias y los Inspectores
En
lo que a la cuestión de la distribución de la tierra post-conquista se refiere,
cabe señalar que ya la Ley Avellaneda de Colonización e Inmigración de 1876
había previsto la creación de la Oficina Central de Tierras y Colonias,
dependiente del Ministerio del Interior. Sin embargo, esta dependencia no
entraría en funcionamiento hasta el 15 de noviembre de 1880, pues la Oficina de
Inmigración concentraba todas las acciones. En 1891 recién se integraron el
Departamento de Agricultura, el Museo de Productos Argentinos y la Comisaría de
Inmigración en la Oficina de tierras y Colonias que a partir de entonces paso a
denominarse Dirección de Tierras, Inmigración y Agricultura. Luego de pasar por
varias dependencias, finalmente en 1898 quedó bajo la órbita del Ministerio de
Agricultura creado ese año, con el nombre de Dirección Nacional de Tierras y
Colonias.[20]
Esta Dirección funcionaba en la Capital Federal y estaba facultada para otorgar
concesiones en venta dentro de las colonias o pueblos y suscribir boletos
provisionales, dar preferencia en las adjudicaciones a los ocupantes que
hubieran realizado mejoras en el lote, acordar permisos de ocupación, fijar
plazos para el cumplimiento de las obligaciones, declarar caducidad de estas y
aprobar licitaciones. El Poder Ejecutivo se reservaba el derecho de suscribir
los títulos de propiedad y los contratos de arrendamiento.
Las
tramitaciones para la concesión de tierras bajo distintas modalidades requerían
de un engorroso y lento procedimiento burocrático que en muchos casos se
extendía por varios años. Las oficinas que lentamente se fueron creando en los
territorios nacionales en las décadas de 1920 y 1930 carecían muchas veces de
los recursos necesarios para realizar las tareas de mensura e inspección de las
concesiones otorgadas, a lo que se sumaba que la decisión final sobre los
distintos expedientes de tierras se centralizaba en Buenos Aires.[21]
Es un hecho conocido que quienes
deseaban acceder a la tierra en la Patagonia a partir de la década de 1910
-cuando ya se había concretado el proceso más importante de transferencia de
tierras públicas a manos privadas- y hasta que se fueron abriendo oficinas en
los territorios nacionales, se vieron fuertemente condicionados por la
necesidad de designar gestores que realizaran los trámites ante la Dirección de
Tierras y Colonias en la Capital Federal, situación que sin duda perjudicaba a
aquellos interesados con escasos recursos, dificultades de acceso al crédito y
sobre todo a la información respecto de los lotes en venta, arrendamiento, etc.
La Dirección de Tierras y Colonias
contó desde su implementación con un presupuesto reducido y un escaso personal
para cubrir el volumen de trabajo que creció exponencialmente a partir de las
solicitudes de tierras, alcanzando para 1910 un promedio de diez mil
expedientes tramitados. Carecía asimismo de planos e informes totales y
parciales sobre las tierras a distribuir y su exploración. Por ende, el
servicio de información al público interesado fue deficiente y propició el
surgimiento de agencias particulares que cobraban considerables comisiones.
Similar situación afrontaba la División de Geodesia que atendía las
tramitaciones e informes técnicos sobre el estado de la tierra y sus pedidos.
Por otra parte, el servicio de inspección y control estatal sobre las tierras
concedidas bajo distintas formas de tenencia era insuficiente; había para la
primera década ocho inspectores para todos los territorios nacionales y de
ellos dependía la comprobación del cumplimiento de las obligaciones por parte
de los adjudicatarios.[22]
Las Inspecciones de las tierras
fiscales y los ocupantes
Aún en condiciones de
funcionamiento que, como se acaba de señalar, no eran óptimas, la Dirección de
Tierras y Colonias y sus funcionarios eran conscientes de la necesidad de
explorar y conocer las tierras fiscales concesionadas o disponibles bajo su
jurisdicción. Los encargados de realizar esa tarea eran los Inspectores de
Tierras, que dependían de esa agencia estatal. Desde fines del siglo XIX se
realizaron inspecciones en los territorios nacionales del norte y del sur del
país; aún cuando se observa una mayor presencia de estos agentes a partir de la
primera década del siglo XX, con posterioridad a la sanción de la nueva ley de
tierras que pretende poner orden en la legislación vigente en la materia.
También entre 1918 y 1922 se realizaron profundas y completas inspecciones, en
el contexto de revisión de la política de tierras planteada por los gobiernos
radicales y de preocupación del Estado por materializar su presencia efectiva,
por adquirir un conocimiento pormenorizado de la situación en que se encontraban
las tierras fiscales y su administración y por “argentinizar” un territorio con
fuerte presencia chilena –criollos e indígenas- y sobre el que se temía la
propagación de corrientes político-ideológicas peligrosas para el orden
establecido.[23]
En la mayoría de los informes
analizados por la autora de este trabajo y por otros investigadores patagónicos
como Brígida Baeza, Jorge Oriola, Débora Finkelstein, Maria Marta Novella, Elsa
Barbería, y más recientemente Pilar Pérez, se evidencian ciertos rasgos comunes
en la caracterización que los inspectores de tierras construyen respecto de los
habitantes de las regiones patagónicas, sobre todo en las áreas de frontera.
Además de elaborar informes técnicos con aspiraciones de objetividad, en los
que se consignaban la descripción del suelo, del clima, de las vías de
comunicación, un croquis de la ubicación, la descripción del arrendatario u
ocupante y el detalle del capital introducido en mejoras y ganado, muchas veces
expresaban sus opiniones y clasificaciones respecto de los pobladores. El
discurso oficial de estos funcionarios recuperaba en gran parte el existente a
nivel nacional, en la medida en que reproducía la visión de los inmigrantes de
origen europeo como aquella migración “deseada”, portadora de los valores de la
civilización y del progreso, frente a una población nativa mayormente vinculada
a la barbarie y la incivilidad. Dentro de este grupo, se establecía una escala
clasificatoria en la que se diferenciaban los migrantes “indeseados”, de origen
chileno, los indígenas argentinos y los indígenas chilenos, haciendo en este
último caso referencia a los mapuches o tehuelches.[24]
Junto a la información respecto del
cumplimiento en el pago de arrendamientos o derechos de pastaje y a las mejoras
establecidas en el campo, estos sujetos sociales, mayoritariamente ocupantes de
tierras fiscales con títulos precarios, permisos de ocupación u ocupantes de
hecho, serán la mayoría de las veces juzgados, además, en función de su
analfabetismo, sus hábitos de trabajo y su moralidad. La recurrencia a terceros
para recabar información sobre estos actores era frecuente, justificando a
partir de la misma, en no pocas ocasiones, la caracterización de “escaso
prestigio”, “poca autoridad moral” o falta de “buen concepto” entre los
vecinos. Generalmente se reproduce, con matices, la idea del indio sucio, vago,
promiscuo y alcohólico, frente al blanco progresista e ilustrado.
Excepcionalmente, la opinión respecto de los sectores más pobres podía ser
revertida y se los presentaba como pobladores “deseables”, cuando a juicio el
inspector reunía requisitos de moralidad y de buenas relaciones con sus
vecinos.
A modo de ejemplo de las miradas de
los inspectores que se vienen señalando, pueden citarse las expresiones
vertidas por el Inspector a cargo de recorrer e informar en 1904 respecto de
los lotes fiscales y sus pobladores en la Colonia Valcheta, en Río Negro: “…los
pobladores de la zona son en general paisanos (indios mansos) y chilenos
naturalizados, gente toda sin hábitos de trabajo y sin mayores anhelos que los
de poder vivir cuidando sus majaditas… Descontando a unas diez familias de toda
la colonia, las demás son dignas de toda lástima por su estado de salvajismo,
cosa que yo creía extinguida en mi patria; la mayoría de estas son
descendientes de la raza ‘tehuelche’, en pleno vigor de sus costumbres de
holganza y vicios, que da vergüenza al referirlos. Sus casas son reemplazadas
por chozas de totora atadas con tiras de cuero de potro; allí constituyen su
campamento mientras no los obliga a mudarlo su estado de desaseo por las
basuras amontonadas; esta gente sólo habla su lengua india… es inútil creer que
si no se permite en ella que se radiquen extrangeros [sic], hombres de labor y
de provecho, para que valoricen aquellas tierras y estimulen con su ejemplo a
los demás, pueda tener algún porvenir esa colonia… El elemento actualmente
radicado en la colonia es en su generalidad gente haragana y sin hábito de
trabajo”.[25]
En un sentido similar se expresaba
el inspector Santiago Bello en 1910 al inspeccionar las colonias del Sud,
pudiendo en este caso verse la diferente vara con que refleja la situación
observada. Cuando inspeccionó la Colonia Choele Choel en el norte de Río Negro,
en un área que reúne las condiciones para el cultivo agrícola y donde se instalaron
colonos galeses y otros inmigrantes, planteaba la presencia de “…agricultores
progresistas, laboriosos, que tienen como principal problema la carencia de
infraestructura de riego pero poseen hábitos de trabajos dignos de considerar”.
Cuando en cambio hacía lo propio en las Colonias Pringles, Frías o Conesa, más
al sur, en tierras con menores aptitudes productivas y otro perfil de poblador,
adjudicaba la falta de “progreso” de las colonias a que la mayoría de quienes
la pueblan “…son indigentes y sin hábitos para el trabajo, que constituyen la
verdadera rémora para el progreso de la Colonia… o son indígenas que sólo se
dedican al pastoreo, como igualmente los otros pobladores que sin serlo tienen
los mismos hábitos que éstos… En Conesa, creada para la reconcentración de
indígenas, es el mismo terreno y el mismo elemento poblador, con la diferencia
de que aquí solo hay indígenas en la actualidad, [aunque] por aquí se ha
iniciado una corriente de población de capital y trabajo con la cual el marasmo
y anonadamiento de esta colonia pronto desaparecerá”.[26]
La Inspección General ordenada por
el gobierno radical en los años 1919-20, la más completa en cuanto a áreas
inspeccionadas y registros preservados, ponía énfasis en identificar aquellos
pobladores que “no reúnen las condiciones para contratar con el Estado”. Junto
a la paralización de las ventas, la precariedad de las tenencias y el control
más intenso sobre los ocupantes de hecho para que regularicen su relación con
el Estado, convirtiéndose en pobladores con permisos precarios de ocupación y
la obligación de abonar el derecho de pastaje con retroactividad a la fecha de
instalación en el lote por ellos declarada, estas inspecciones acentuaban la
inseguridad para los pobladores que se transformaban en “intrusos” del nuevo
orden social y, por ende, pasibles de ser desalojados de la tierra que
ocupaban.
Cabe señalar que en esos años se
incrementó el canon de arrendamiento -con un plazo máximo de 10 años sin opción
de renovación- y de los derechos de pastaje a partir de 1925.[27]
Muchos pobladores fueron desalojados de sus tierras, registrando la prensa
patagónica esta situación común a todos los territorios del sur; en la mayoría
de los casos eran ocupantes sin contrato alguno, con todo su capital invertido
en mejoras y comprometidos con crecidas deudas, que a lo largo de la década del
veinte y la siguiente fueron desalojados o vivieron bajo la incertidumbre de que
esa posibilidad se concretara, generalmente sin la sustanciación de un juicio y
con la pérdida de las mejoras introducidas.[28]
Cuando la Comisión Inspectora del
Río Negro, a cargo del Capitán de Fragata Justiniano Riobó, evaluó en 1920 la
concesión efectuada a principios de siglo al Cacique Antemil –fallecido en
1914- y su gente, dejó asentado que la mayor parte de la precordillera se
encontraba poblada por indígenas que “… ya no viven en tribus ni respetan la
autoridad de ningún cacique, no agradándoles que se les llame indios sino
paisanos. Estos indígenas forman familias a igual que los cristianos y poseen,
por lo general, ganados y mejoras, pudiéndoseles considerar como
definitivamente incorporados a los cristianos y a la vida civilizada”.[29]
Pese a esas consideraciones, a continuación expresa respecto de la delimitación
de una reserva para indígenas que gestionaba el poblador Manuel Cotaro para
unas 60 familias aborígenes, 17 de ellas ubicadas en las tierras
inspeccionadas, que: “…creemos que no conviene decretarla, puesto que toda
agrupación de indígenas tiende a mantener sus antiguas costumbres haciéndolos
cada vez más indolentes y les permite dedicarse con mayor frecuencia a sus
fiestas primitivas que siempre terminan en espantosas borracheras… lo que más
conviene es conceder tierras a los indígenas, alternando sus concesiones con
las de los cristianos para que, paulatinamente con el ejemplo de éstos,
adquieran nuevos hábitos de trabajo”.[30]
En la inspección correspondiente a
la zona de influencia del pueblo de Maquinchao, en el área de meseta que limita
al sur con Chubut, los pobladores eran calificados en 1920 con una mirada que
unificaba en la consideración del inspector al indígena y al chileno, al
argentino y al europeo, considerándolos “…intrusos que cuando se establecen
procuran obtener un máximo de beneficios de la tierra sin hacer mayores gastos…
La mayoría de los pobladores son indígenas nacidos en la región, pero a medida
que se va al Oeste se encuentra una gran mayoría de chilenos, los que cruzan la
cordillera sin ningún capital para regresar a Chile, a la vuelta de algunos
años, llevándose la mayor parte de las ganancias obtenidas en la explotación
del suelo argentino. Hay también pobladores argentinos, cristianos y europeos,
pero estos son muy raros y los pocos existentes, en sus costumbres y sistema de
vida, se han asimilado completamente al medio indígena característico de la
región. La idiosincrasia de los habitantes es tal, que aún recuerda los tiempos
primitivos en el que el Río Negro se consideraba como un centro de salvajes, no
obstante haber evolucionado en una forma progresiva, despertándose tendencias
nuevas de explotación; pero siempre existe el estigma de la raza que
caracteriza todas las actividades de esa gente”.[31]
Más adelante, al referirse
específicamente a la población indígena del pueblo de Maquinchao, el mismo
inspector sostenía que eran “…de origen tehuelche, bastante civilizados, con
costumbres y sistemas similares a los de los cristianos, pero son muy flojos y
viciosos… la mayor parte de las utilidades son invertidas en el juego y en la
adquisición de bebidas alcohólicas… La reducción del indígena no reviste los caracteres
de un problema social, porque la misma naturaleza pobre de la región obliga a
sus habitantes a procurarse el sustento diario mediante el trabajo… En
síntesis, podemos decir que los indígenas del Rio Negro son hombres muy
ignorantes, que se visten y viven como los demás cristianos”.[32]
Con contadas excepciones, los
medianos y grandes propietarios con importantes superficies bajo explotación
ganadera, muchas veces arrendatarios y/u ocupantes de tierras fiscales,
merecieron en general la consideración positiva de estos funcionarios y, por
ende, del Estado nacional para resolver con relativa facilidad su acceso a la
tierra. La misma Comisión Inspectora del Río Negro, cuando en 1920 debió
inspeccionar la zona al norte del arroyo Las Bayas y la costa del río Ñirehuao
–en la precordillera y cordillera rionegrina-, muestra una dedicación esmerada
al caracterizar el campo de 10.000 hectáreas que el poblador Ventura Morales
arrendaba al gobierno nacional desde 1909. En este caso, hacía una extensa
consideración respecto del concepto que el mismo les merecía, expresando que
“…consideramos como verdaderos pobladores a las personas que residen en el
terreno que explotan, levantan en él su vivienda y forman allí su familia
contribuyendo a la formación de la primera senda base del futuro camino, los
que se vieron obligados muchas veces a efectuar largas jornadas bajo la nieve
soportando las más bajas temperaturas y pasaron otras tantas al borde del
precipicio para llegar hasta su hogar. Ellos al mejorar con su trabajo las
tierras que ocupan han contribuido a valorizar las vecinas, adquiriendo
derechos que en todo momento son dignos de ser respetados… [Los ocupantes de
campos fiscales, en cambio, se distinguen de los verdaderos pobladores en que]
explotan las tierras por intermedio de otras personas de manera transitoria o
temporaria, construyen mejoras que luego venden a buen precio y pasan a ocupar
nuevas tierras fiscales sin intención de radicarse definitivamente en ellas”.[33]
Ventura Morales era chileno,
casado, con hijos argentinos, residía en el campo con su familia y estaba, a
criterio de la inspección, “bien conceptuado en la región”: “Es un poblador
progresista, que ha llevado el adelanto a la zona introduciendo reproductores
de raza e importantes mejoras…, viendo su acción constantemente dificultada por
la continua invasión de las numerosas haciendas de los ocupantes de este
campo”.[34] Los
ocupantes que según la inspección “molestaban” a Ventura Morales eran Ricardo
Carro Crespo y Eusebio Alastuay. El primero, un español con casa de comercio en
Pilcaniyeu –a diez leguas de las tierras inspeccionadas- donde explotaba 15.000
hectáreas fiscales, pero hacía además pastar otro número importante de sus
animales -a través de puesteros- en los campos de Morales, disputando a éste la
posesión de esas tierras; el segundo, otro español que ocupaba campos fiscales
vecinos y le reclamaba a Morales la propiedad de un puesto dentro de su
superficie arrendada. La recomendación final de la Comisión fue a favor de
Ventura Morales, a quien consideraba correspondía dejar la libre posesión del
campo que arrendaba, procediendo al inmediato desalojo de los otros dos
ocupantes a los que consideraba “intrusos”.[35]
Aunque menos frecuente, algunos
inspectores reconocían en las condiciones de vida y de trabajo de los ocupantes
más pobres el producto de las presiones ejercidas en general por los
propietarios más capitalizados y “progresistas”, en su alianza espúrea con los
agentes estatales locales, sobre todo policiales: “Los pretendidos argumentos
para extirpar el cuatrerismo, que han tenido su aplicación, no sólo la
extorsión privada sino la ayuda policial, han provocado por suerte la población
del desierto. Se han recargado los tonos para apuntar a la idiosincrasia del
indio o del poblador autóctono, entregado al vicio, a la indolencia y a su
instinto al robo para justificar su despojo y su alejamiento… se le persigue y
se busca brindarle en el mostrador del almacén la copa de alcohol que lo
envenena y pervierte. Tan cuatrero es el capitalista que extorsiona y explota
como el individuo que mata su hambre robando una oveja… El cuatrerismo, más que
un mal innato sería una consecuencia derivada de la miseria, del medio
crudamente ingrato en que desenvuelven sus vidas, de la horfandad [sic]
absoluta de estímulos y enseñanzas”.[36] Estas
expresiones, que parecen tener la intención de señalar –al menos en parte- la
responsabilidad de otros actores regionales en la precaria situación en la que
vivían los pobladores más desfavorecidos, se complementaron sin embargo con
otras, volcadas a continuación en el informe de inspección, que veían en el
arrendamiento la herramienta para alcanzar el anhelado progreso a partir de una
“selección natural” de los pobladores: “Los arrendamientos de tierras fiscales…
producirán por la fuerza de la lógica una selección entre la población que
habita y aprovecha la zona. No será esta una selección moral seguramente, sino
solo una selección económica y social, una selección natural para la cual no
habrán intervenido los consabidos argumentos de persecución al cuatrerismo y al
alcohol. Esta selección natural, expresión la más perfecta de lo que representa
la lucha por la vida, se viene haciendo desde tiempo atrás. No es un fenómeno
inmediato, sino la resultante de varias causas,… la de la defensa individual
primero, después la colectiva, y la eliminación natural de los menos capaces,
los más débiles”.[37]
Es necesario señalar que la mayoría
de los ocupantes de campos fiscales no contaban con el capital suficiente o las
condiciones para acceder a un crédito que les permitiera contratar
arrendamientos con el Estado. Ellos serían, por ende, los “eliminados
naturalmente” como pobladores de la región.
Los años que siguieron, en el
contexto de la crisis económica de los años ‘30, no serían mejores para los
crianceros más vulnerables. El Ministerio de Agricultura tomó algunas medidas
que pretendían dar respuesta –aunque limitada y coyunturalmente- a los reclamos
individuales y colectivos de los ganaderos patagónicos rebajando en 1931 el
canon de arrendamiento y el derecho de pastaje sobre tierras fiscales en los
territorios del sur para ese año, fijando el cálculo del mismo sobre la base de
la capacidad de la tierra, las distancias al lugar de embarque o venta y la
superficie arrendada. Al mismo tiempo, se creaba una Comisión Especial para el
estudio de los problemas del sur, con el objeto de adoptar las medidas
necesarias para atenuar la profunda crisis de esos años. Tales medidas, sin
embargo, no resultaron todo lo benéficas que se esperaba, por cuanto en su
aplicación se estimó en exceso la capacidad ganadera de los campos, se
computaron mal las distancias a los puertos de embarque, etc.[38]
Por otro lado, en 1937 se
reanudaron las ventas de tierras fiscales suspendidas hacía veinte años y se
dictó un decreto ley por el cual se buscaba, una vez más, limitar la
especulación y propiciar el acceso a la propiedad de quienes realmente
explotaran la tierra. Pero al mismo tiempo, se señalaba que la ocupación no
constituiría un antecedente válido para obtener preferencia en el acceso a las
superficies, limitando así la posibilidad de transformarse en propietarios a
miles de crianceros que ocupaban desde hacía años y décadas las tierras
patagónicas y dentro de ellas las del territorio rionegrino.[39]
Se retomaba el planteo de
seleccionar al poblador, buscando la radicación de colonos que respondieran al
ideal de “familia agricultora”, para lo cual se estableció por Decreto 2187 de
1938 una serie de aspectos a contemplar en la concesión de tierras. A saber,
“los antecedentes personales –un punto central de administración policial-, la
nacionalidad –como uno de los ejes más importantes-, la profesión, edad,
condiciones físicas, estado civil, familia y otras condiciones –como haber
prestado servicios a la nación-”.[40]
Lo expuesto es sólo una muestra de
lo que sucedería en las décadas de 1930 y 1940. En la medida en que los grandes
y medianos propietarios y/o arrendatarios comenzaron y/o profundizaron las
mejoras en las técnicas de crianza y en la infraestructura en sus estancias, perfeccionando
su vinculación a los mercados nacionales e internacionales, los crianceros
rionegrinos –y patagónicos en general- enfrentaron los vaivenes climáticos, de
precios y de mercado en situación de cada vez mayor vulnerabilidad, siendo
presionados por los privados –estancieros y comerciantes- y por el Estado para
transformarse en asalariados; viéndose corridos y desalojados muchas veces de
sus tierras en la medida en que éstas eran solicitadas por los agricultores
ideales imaginados; e incluso siendo muchas veces apresados.[41]
La provincialización del territorio
a mediados del siglo XX y el control del nuevo Estado sobre las tierras
fiscales existentes, no modificaría centralmente la situación de los pequeños
productores ganaderos. La permanencia de los crianceros hasta el presente, aún
dentro de diversos procesos de descomposición social, se acompaña de la
persistencia de grandes extensiones de tierras fiscales hasta los años noventa
del siglo XX, cuando comenzaría un proceso lento de privatización de tierras y
de titularización de superficies ocupadas por estos actores. Sin embargo, como
sostienen Bendini y Steimbreger, “…los contextos de fuertes limitaciones
históricas, de pobreza y adversas condiciones climáticas, no han logrado hasta
ahora anular los lazos sociales a escala de las comunidades locales. Las
diversas formas de resistencia demuestran la existencia de lazos sociales
fuertes organizados en torno a las prácticas productivas. El vínculo con la
tierra y su contenido identitario constituye un componente clave de la
resistencia simbólica para conservar su condición social de productores y para
resistir al desplazamiento o abandono de la tierra. El fuerte valor emocional
de la tierra constituye para los crianceros una forma de resistencia a la
descampesinización”.[42]
A modo de conclusión
La
temática de la distribución y apropiación de tierras fiscales en Patagonia
reconoce importantes avances. En el caso del territorio de Río Negro esos
avances son aún parciales. En este trabajo se propuso dar cuenta de esos
avances en la medida de lo posible, señalando y tratando de explicar la
relación existente entre las políticas referidas a la tierra pública diseñadas
por el Estado nacional, las normas emanadas de esas políticas y los resultados
concretos de su aplicación. Todo ello mediado por las formas operativas
implementadas por la Dirección de Tierras y Colonias, agencia estatal encargada
de controlar y realizar la entrega de la tierra a quienes la solicitaran, así
como por los funcionarios que intervinieron en esos procesos, en este caso, los
Inspectores de tierras.
Se
ha demostrado ya la enorme distancia que en la mayoría de los casos existió
entre la intención que guiaba las leyes del período -poblar, fomentar el
asentamiento y la puesta en producción, como en el caso de la ley de
colonización; evitar la concentración, valorizar la tierra y facilitar el
acceso a la misma de pequeños y medianos productores, como en el caso de la
nueva ley de 1903 o la ley de fomento de 1907 y los decretos de las décadas de
1920 y 1930- y los resultados casi siempre opuestos y negativos de su
aplicación efectiva en relación a los propósitos enunciados.
Asimismo,
se ha podido percibir cómo la dinámica de funcionamiento de la Dirección de
Tierras y Colonias -en tanto una de las agencias de ese Estado nacional-
conspiró, a partir de considerables trabas burocráticas y enormes demoras para
resolver las peticiones, contra los declamados objetivos de poblar y distribuir
más equitativamente el recurso que emanaba del discurso del propio Estado al
que representaba.
Finalmente,
los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas y las directivas de la
Dirección de Tierras y Colonias, en la mayoría de los casos con un discurso
cargado de prejuicio y compenetrados con la idea de civilización y progreso
primero, y de la defensa de la nación y la identidad argentinas después,
terminaron favoreciendo casi siempre en el acceso a la tierra a los pobladores
blancos, instruidos y dotados de cierto capital, al tiempo que provocaron el
despojo de aquellos ocupantes con condiciones más precarias.
Como se ha podido observar, los
grandes propietarios con enormes superficies bajo explotación ganadera y que
muchas veces arrendaban y/u ocupaban tierras fiscales, con contadas excepciones
en contrario, merecieron en general la consideración de estos funcionarios y,
por ende, del Estado nacional para resolver con relativa facilidad su acceso a
la tierra. Quienes no contaban con esas condiciones, esto es los pequeños y
medianos productores no propietarios, crianceros de ganado menor, se vieron
mayormente perjudicados por las políticas públicas en materia de tierras y por
los informes de estos agentes estatales. Sobre todo, porque en gran medida en
manos de estos agentes de la Dirección de Tierras y Colonias estaba el futuro
de esos pobladores patagónicos; no eran otros sino los Inspectores que
dependían de esa Dirección los que sugerían quiénes eran aptos para contratar con
el Estado, quienes eran los indígenas argentinos, los indígenas chilenos, los
que carecían de todo recurso y/o aptitud para llevar adelante una explotación
rentable.
Este
trabajo recoge el inicio de una investigación que pretende profundizar el
estudio de esos crianceros de ganado menor en tierras fiscales, inicialmente en
la norpatagonia y dentro de ésta en las áreas con mayor concentración de estos
actores: la llamada línea sur rionegrina y el centro-oeste neuquino. Entendemos
que esta línea de investigación es importante y permitirá, avanzado el análisis
temporal, confluir con otros cientistas sociales –sociólogos, geógrafos,
antropólogos- que están hoy abocados a explicar y comprender la persistencia de
más de un siglo de estos crianceros –en términos productivos-, fiscaleros –en
términos de derechos sobre la tierra-, que renuevan permanentemente sus
estrategias para sobrevivir en contextos sumamente desfavorables como sequías,
desertificación, erupciones volcánicas, disputa con privados por los recursos
tierra y agua, conflictos con empresas hidrocarburíferas y con los poderes
públicos locales, regionales y provinciales, entre otros.
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Recibido:
31/08/2016
Evaluado:
28/10/2016
Versión
final: 17/11/2016