Rosario 1931. Cuando el agua quiso comenzar a ser derecho

Rosario 1931. Cuando el agua quiso comenzar a ser derecho

Pablo Ernesto Suárez(*)

Resumen

La ciudad de Rosario dispuso de una gestión privada del agua desde 1882. En 1919 se incorporaron al municipio urbano algunas poblaciones, cuya provisión de agua fue adjudicada en 1924 con tarifas diferentes al resto de la ciudad. En 1931 los habitantes de esos barrios comienzan una protesta exigiendo iguales condiciones que el resto de los habitantes de la ciudad. Pese a que afectó a relativamente pocas familias, el debate obtuvo amplia repercusión en la prensa local y nacional, activando al incipiente movimiento vecinalista de la ciudad.

El municipio formará una Comisión Investigadora que emite un informe poco favorable a la Compañía y pone en evidencia las fallas del control municipal (aunque el contrato la habilitaba). Así, las vecinales dirigirán sus críticas tanto a la Compañía como al poder municipal.

Se analizan algunos de los debates de la coyuntura julio/1931 – enero/1932 donde se aprecia la forma en que se percibía el acceso al agua como parte de los derechos ciudadanos en el contexto de un espacio urbano en expansión y cuyas reglas y límites no siempre está sometido a un estricto control por parte de las autoridades municipales.

Palabras clave: Rosario; agua; servicio público; derechos; ciudadanía.

Rosario 1931. When water would intend to be a right

Abstract

Rosario's water supply was privately run from 1882. In 1919 some suburbs were incorporated to the municipal district, and their water supply was allocated in 1924, with a different cost to the rest of the city. In 1931 prople from those suburbs start a protest in demand of equal conditions. Even though the issue affected a small number of families, the debate had a sound impact in local and national media, thus giving a strong push to the city's incipient neighbours' associations. The City Council formed an Inquiry Commission which eventually issued an unfavourable report on the supply company, and exposes poor control by local authorities on the matter. Consequently, the neighbours' associations would grow irritated with both the company and the authorities. Some details of the period July 1931 - January 1932 show the way in which the access to water supply is conceived as part of the citizens' rights, within a fast growing city whose rules and limits are only at times under strict control of the authorities.

Key words: Rosario; water; public service; rights; citizenship.

Rosario 1931. Cuando el agua quiso comenzar a ser derecho

Introducción

El acceso al agua potable es considerado en la actualidad, como un derecho inalienable y constitutivo de los derechos de ciudadanía^{^[1]}. Aun antes de estar consignado por escrito, el acceso al agua potable estuvo asociado al disfrute de la ciudadanía y como todos los otros derechos, cuenta con una larga tradición de luchas que los hicieron posibles.

Es claro que estos derechos no fueron consolidados de una vez y para siempre desde los orígenes de la “Argentina moderna”. Por el contrario, si bien hubo razones sanitarias y económicas que impulsaron la extensión de las redes de agua potable, también es cierto que a determinados sectores sociales estas mejoras le llegaron mediadas por su situación de clase. Entonces, o los servicios llegaban tarde (o no llegaban) o lo hacían en malas condiciones, o en algunos casos, como el que nos ocupa, los precios eran diferenciales.

El objetivo principal de este trabajo es describir y contextualizar algunos de los discursos referidos al derecho al agua que se hicieron públicos durante el conflicto por el precio del agua que se desató en algunos barrios de la ciudad de Rosario durante los años 1931 y 1932.

Si bien la incidencia estadística de los casos involucrados en este conflicto puede ser considerada irrelevante (las fuentes más alcistas hablan de unos 1000 hogares, para una población de medio millón de habitantes) resulta de gran interés analizar de qué manera el estallido de este conflicto inició una serie de debates relativos a la provisión de agua potable en la ciudad de Rosario. A partir de estos sucesos la mayoría de los medios periodísticos de la ciudad se hicieron eco de los reclamos del movimiento vecinalista que inició y sostuvo el reclamo. Como es obvio, el conflicto obligó a buena parte de los participantes de la esfera pública a tomar partido en los debates.

Es muy interesante analizar hasta qué punto, ya en la década del ‘30, el acceso al agua es pensado por la opinión pública como un “bien público”, al que todos tienen que poder acceder (puedan pagarlo o no) más allá de la ideología liberal que aceptaba como “natural” el carácter de mercancía de cualquier bien. El conflicto adquirió otra dimensión cuando la empresa planteó la posibilidad del corte del suministro. Como veremos, se llegó a un punto en que entraron a ponerse en cuestión algunos principios que hasta ese momento parecían inexpugnables para la opinión pública.

Porque, como surge del análisis de estos discursos, el concepto de ciudadanía instalado en la esfera pública (más allá de los “derechos” tal como están descriptos en la Constitución), consistía en algo más que el derecho al voto y la participación política y sindical (con restricciones por cierto groseras durante todo el período). Iba más allá incluso de la genérica retórica liberal (que postulaba un estricto respeto a las “leyes del mercado”) que predominaba en la prensa de ese momento.

Como señala José E. Castro, bien que refiriéndose a otro momento histórico: The confrontations over water, we argue, are part and parcel of a wider social struggle over the conditions that make human life possible and meaningful, and as such, are an expression of the social character of water, as distinct from the biophysical and techno–scientific dimensions.”^{^[2]}

Intentaremos reconstruir un capítulo de la evolución del agua potable para convertirse en alguno de los elementos que componían las atribuciones de la “ciudadanía”, en la turbulenta Rosario de los años 30 del siglo pasado.

Breve reseña bibliográfica

Los estudios históricos sobre el agua (y específicamente sobre el agua potable) en Rosario son una obra en construcción, de la cual apenas se han levantado unos esmirriados cimientos. Más allá del pionero trabajo de Amaro^{^[3]} y las menciones que el tema ha merecido en algunas de las historias de la ciudad^{^[4]} es muy poco el material específico que puede encontrarse con respecto a este asunto. Para leer sobre este tema, debemos acercarnos a otras “historias” que colateralmente refieren a ello.

Los excelentes trabajos de Norma Lanciotti^{^[5]} sobre las empresas inglesas en Rosario, nos hablan de las exitosas experiencias económicas de dichos emprendimientos, y nos brindan certeros análisis sobre la forma en que esas casas se vincularon con los poderes concedentes. Hubo pocas ciudades que tuvieran un servicio de aguas brindado por empresas privadas y a Rosario le cupo en suerte ser una de ellas.

Nos brinda precisiones acerca de la forma en que se acordó la prestación (es muy importante para entender la coyuntura de 1931). “El sistema es denominado “prestación indirecta de gestión” según el cual la producción estaba a cargo de empresas privadas, mientras que la responsabilidad y contralor dependían de las administraciones municipales o de los gobiernos provinciales”^{^[6]}

Asimismo nos señala las particularidades de las empresas de aguas corrientes (y de servicios públicos en general) y del tipo de inversión que ellas implica distinto a otro tipo de inversiones. “Desde el punto de vista de la producción, las redes de servicios sanitarios requieren la coordinación entre las partes del sistema, i.e. la cobertura de un área se vuelve eficiente cuando se integra a la red”^{^[7]}

Esto, lejos de ser una obviedad, limita el número de posibles oferentes, ya que no son muchas las empresas que puedan hacer frente a este tipo de inversiones, que a menudo excedían las posibilidades mismas de los ayuntamientos, en las eficaces palabras de otra autora. “Las reformas de los sistemas de abasto de agua implicaban una cuantiosa inversión que la mayoría de los ayuntamientos no podía enfrentar. Ante esa situación algunos ayuntamientos confiaron en la oferta privada”^{^[8]}

En un contexto histórico signado por el predominio de las ideas liberales, se configuró el marco económico en que prosperaron estas empresas. En el caso rosarino, una “ventaja comparativa” se apoyó en las facilidades para obtener el recurso, maximizadas si tenemos en cuenta que a diferencia de otros casos, aquí no estaba involucrada la provisión de electricidad, como sí ocurrió en otras ciudades del mundo. En estos casos, la provisión de agua implicaba la construcción de represas (y de allí el aprovechamiento para la generación de energía) para la situación de Rosario ofrecía ventajas para los empresarios.., “La implementación de una estrategia de expansión del servicio adaptada gradualmente a los cambios del mercado y la decisión de explotar un servicio de alta calidad y elevados precios sobre la base de recursos locales abundantes y poco costosos produjeron el nivel elevado de utilidades de esta firma.”^{^[9]}

En el caso rosarino, la principal intención del municipio fue disponer en la ciudad del servicio de agua corriente (y potable) como un adelanto del que no podía carecer una ciudad que intentaba sumarse a los adelantos científicos y sanitarios del fin de siglo.

Estas innovaciones en la oferta de agua, implicaban definitivamente la construcción desde cero de una nueva infraestructura ya que nada podía aprovecharse de la forma “artesanal” en que funcionaba la distribución de agua anterior a 1882; aunque debemos decir que los dos “sistemas” convivieron en el tiempo durante unos años, ya que mientras el nuevo servicio de red se instaló primeramente en la zona céntrica, en los barrios alejados aún sobrevivían los viejos pozos que los particulares realizaban para proveerse del bien.

De todos modos, el esfuerzo de las autoridades estuvo orientado (aún antes de 1882) a centralizar en pocos empresarios el servicio de provisión de agua a la población, tratando de instalar una nueva “cultura del agua” demostrada asimismo en una activa política de clausura de aljibes/pozos y relleno de lagunas en función de los peligros de contagio de ciertas enfermedades que comenzaron a identificarse con el agua. Esta intención centralizadora, se vería concretada en 1882 con la concesión Mc Iness.

Aunque quizás en Rosario, para la etapa anterior a 1882 (y unos pocos años después también) tenga lugar el mismo análisis que para el caso mexicano planteara Suárez Cortez: “el material revisado parece suficiente para sugerir que las empresas privadas dedicadas a la explotación de este ramo mostraron muy pronto grandes limitaciones para conciliar la prestación de un servicio público con la exigencia inherente a toda empresa capitalista relativa a la maximización de utilidades.”^{^[10]}

Marco histórico

La historia del agua potable en Rosario hasta 1882, no registra acontecimientos relevantes. En estos momentos, el problema del agua pensado en la clave de los prestadores, implicaba solamente a la provisión de agua para el consumo hogareño, de ese modo la provisión del insumo se mantuvo en manos de proveedores menores, ya que no se había instalado aún en el debate público la cuestión de las aguas corrientes.

En el siglo XIX, había un cierto consenso mundial respecto a que las empresas de servicios públicos (el agua, por ejemplo) debían estar en manos de empresas privadas. “It was a nineteenth-century assumption that private enterprise was the best solution for running modern waterworks. This assumption was backed by contemporary economics and supported by public opinion. Private enterprise was considered more efficient for dealing with agency problems within the firm.”^{^[11]}

Alineada con la tendencia mundial de entonces, la provisión de agua en la ciudad de Rosario desde los comienzos en la década de 1860, estuvo en manos privadas aunque en todos los casos, el poder municipal hizo sentir su presencia respecto del contralor de las condiciones de la prestación del servicio.

Comencemos entonces, mencionando que el primer proponente para el establecimiento del servicio de aguas corrientes en Rosario, fue Jonás Larguía en 1865. “Su exigencia de un privilegio de explotación exclusiva por un plazo que la Municipalidad consideró excesivo, provocó el rechazo de la propuesta”.^{^[12]} Otros proyectos fueron el del ingeniero Julio Lacroze y el de N. Laberge, aunque sin éxito.

En 1867 se aprobó el proyecto de Agustín Silveira que contemplaba las siguientes especificaciones:

a) caños de hierro y expropiación de terrenos necesarios para depósitos y bombas. El contrato proponía que cada una de las dos bombas levantara 7.200 galones de agua por hora. El plazo de la concesión sería de 20 años y empezaría a los 20 meses de la firma del contrato. Este proyecto no se materializó, ni tampoco el del que se firmó con Emilio Landois y Cia. en 1868.

En 1874 Rodrigo M. Ross comienza a prestar el servicio, con bombas que estarán ubicadas en el extremo de calle Libertad (hoy Sarmiento), obteniendo algunos beneficios por parte del poder concedente. Nos parece importante señalarlos, porque ya desde esta época temprana se pueden apreciar entre los términos del acuerdo, algunos beneficios y condiciones que aparecerían en la concesión Mc Inness. Veamos

Art. 3. “La Municipalidad prohibirá a los aguadores surtirse de la playa del río, bajo la multa de 5 bolivianos que será partible entre la Municipalidad y el contratista”

Art. 4 “el contratista venderá agua para el abasto público a razón de medio real boliviano por cada pipa”

Art. 5. Es obligación de Ross tener siempre agua para la venta y cualquier falta será multada por la Municipalidad con 10 pesos bolivianos/hora.

Art. 7. La municipalidad se compromete a no autorizar la colocación de otro medio análogo para la provisión de agua, pero este privilegio de manera alguna excluye la realización de un contrato de aguas corrientes.

Entonces, hay tres cosas que nos interesa señalar porque estuvieron presentes desde los comienzos mismos de la adjudicación del servicio de aguas en la ciudad de Rosario (y van a tener repercusión directa en la coyuntura de 1931) y éstas son: la obligación del prestador de disponer siempre de agua para la población, arriesgándose a una sanción económica; la prohibición a los “aguadores” de proveerse de agua por su propia cuenta, instalando tempranamente la idea de que un solo prestador debería brindar el servicio y finalmente, importa tener en cuenta el poder de policía otorgado a la Municipalidad para sancionar por las dificultades originadas al prestador del servicio.

En las palabras de J. Esteban Castro planteando un panorama a nivel mundial “el desarrollo temprano de los servicios de suministros de agua en los países europeos industrializados y en Estados Unidos estuvo estrechamente correlacionado con el auge de los ideales privatistas, e Inglaterra se constituyó en proveedora del modelo típico de servicios de suministro de agua basado en los principios del libre mercado. (...)

Este modelo dio lugar a una proliferación de compañías de agua relativamente pequeñas, que normalmente operaban en los centros urbanos más grandes y ricos, donde con raras excepciones, abastecían principalmente a los barrios más prósperos, una cultura elitista en la que se entendía que la provisión de agua era solamente para aquellos que podían pagarla.”^{^[13]}

En la Argentina del ‘80, éste era el clima de ideas en el cual se desarrollaron los primeros proyectos de Aguas Corrientes urbanas. De todos modos, la concesión de Rosario en 1882, deposita en el poder concedente una serie de mecanismos de control (a los que apelarán los vecinos en el conflicto de 1931) lo cual lo ubicaría en una etapa superadora, respecto de las concesiones absolutamente permisivas que, según Castro entraron en vigor a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. “Since the late nineteenth century, the provision of safe water supply and sanitation became a social duty, a public sector responsibility, and most developed countries achieved their universalization shortly after World War II.”^{^[14]}

Ya en 1882, y en función de la creciente demanda de la población y en lo que sería un comienzo de delineamiento de una ciudad "moderna", las condiciones que se fijaron al adjudicatario del servicio serían de características muy distintas a los anteriores. Es por ello que debe trazarse en ese año un hito en la periodización de la historia del agua en la ciudad de Rosario. La fuente de provisión no cambió, pues todos los adjudicatarios del servicio obtenían el agua del río Paraná, rigiendo desde esos momentos para los particulares, la prohibición de abastecerse de agua subterráneas.

Una de las novedades radica en que era ya una opinión generalizada que el agua del río no podía consumirse sin tratamiento previo. Amaro menciona que el diario “El sol” ya en 1878 señala que al agua del río es pútrida y sucia por los desechos que arrojan los barcos, además de la mugre que generaban las lavanderas que ocupaban la orilla del río.

Pero llegaría el año 1882, y el momento en que la municipalidad se propuso darle una solución “moderna” al problema del agua potable y organiza una licitación para el servicio de aguas. Esto implicó que en unos pocos años -como en muchas ciudades del mundo^{^[15]}- la gran cantidad de agua que una vez utilizada en los hogares se volcaba a las calles, zanjas y pozos generara nuevos focos de infección (¡agravando justamente el problema que pretendía venir a resolver!) De modo que, en fecha relativamente cercana, el 29 de diciembre de 1887 se promulga la ordenanza que da a Juan Stanifort la explotación de cloacas y desagües, que comenzaron en 1890 a funcionar en el radio céntrico.^{^[16]}

Ya en 1906, Carrasco daba cuenta de las dificultades que ocasionaría ese mayúsculo volumen de agua volcado a los pozos o a las calles de la ciudad: “la observación demuestra que la abundancia del líquido sin la facilidad de su eliminación no es suficiente para mejorar las condiciones higiénicas de una ciudad, pudiendo llegar hasta empeorarlas”^{^[17]} Y lo sustenta dando los siguientes guarismos: la mortalidad, que en 1887 era del 46 por mil, trepó al 50 por mil dos años después. Urgía el servicio de cloacas, como queda claro.

Un ejercicio útil es estimar los porcentajes de cobertura de la red de agua, ya que esto nos permitirá entender hasta qué punto la elevada proporción de hogares cubiertos por el servicio, estimuló la percepción de que la disposición del mismo era un derecho consolidado ya en 1930. Si damos crédito a Carrasco en su cálculo de 10 personas por vivienda, podríamos sintetizar la información en este cuadro.

Cuadro 1: Evolución de casas y población con Agua corriente en Rosario

Año	Casas con AACC	Población total	Población con AACC	% de población con AACC
1887	1107	50914	6531,3	13,06
1895	7004	94025	68639,2	73,00
1900	8146	112461	69241	61,57
1906	13920	151000	126672	83,89

Fuente: Carrasco^{^[18]}

Si bien estas cifras corresponden a una etapa bastante anterior al período que nos ocupa, las ofrecemos para señalar la elevada cobertura de la red de agua potable en la ciudad desde los comienzos mismos del siglo XX.

Disponemos de la cifra de hogares con servicio de agua potable en los años 1926 (Censo Municipal de Rosario) y una serie continua desde el año 1936 hasta el 1950 (disponible en el Anuario estadístico de Rosario). Podemos calcular el total de hogares conectados en el año 1932 a partir de sus puntos de comienzo y final (1926 y 1936), obteniendo una cifra cercana a los 58.000 hogares, y sabemos que los hogares involucrados en el conflicto, serían unos 1000, ateniéndonos a los cálculos más exagerados.

Esto nos resulta fundamental para poder comprender hasta qué punto en 1931 la mayoría de los habitantes de Rosario (incluso lo de los barrios más alejados) podían asumir su derecho al agua potable en sus domicilios como un derecho propio de la ciudadanía y pondrían en marcha un cierto repertorio de acciones de movilización de que disponían, en un momento político marcado por la represión a los movimientos sociales y de restricción de las libertades democráticas incluso las más formales, como el sufragio.

Especial interés tienen para nosotros los trabajos del investigador inglés Mathew Gandy quien a partir del concepto de “Ciudad bacteriológica”, elabora una interesante serie de planteos acerca del rol del agua en la disposición del espacio urbano moderno. Si bien aquel concepto remite específicamente a un momento de la evolución de las ideas urbanistas e higienistas en Europa, constituye un cuerpo de ideas y prácticas que la Argentina conocería unos años más tarde, ya que el concepto de “ciudad bacteriológica” se caracteriza como una crítica a las políticas liberales, que recién a partir de 1930 serían sometidas a la crítica de los encargados de la gestión del agua. Cito en extenso en función de la inteligibilidad de la definición: The “bacteriological city” that emerged out of the chaos of the nineteenth-century industrial city was driven by a combination of factors: advances in the science of epidemiology and later microbiology which gradually dispelled miasmic conceptions of disease; the emergence of new forms of technical and managerial expertise in urban governance; the innovative use of financial instruments such as municipal bonds to enable the completion of ambitious engineering projects; the establishment of new policy instruments such as the power of eminent domain and other planning mechanisms which enabled the imposition of a strategic urban vision in the face of multifarious private interests (…) The bacteriological city was, above all, a new socio-spatial arrangement that could simultaneously ensure a degree of social cohesion at the same time as protecting the political and economic functions of the modern city.^{^[19]}

Aunque Gandy está construyendo el concepto a partir de los procesos de Europa y Estados Unidos, por lo que ubica a la idea de la “ciudad bacteriológica” a mediados del siglo XIX, creemos que algunos de estos elementos estuvieron presentes en aquel temprano momento de 1882, aunque en Rosario la cuestión de la municipalización del servicio aparezca en los debates hasta los años 30.

De todos modos, este autor nos brinda importantes definiciones para comprender mejor el rol del agua en el modelo de ciudad que (en Europa) emerge de las falencias evidenciadas por el caos de las ciudades crecidas desmadradamente a partir de la revolución industrial.

“Water played a pivotal role in this reconstruction of urban space to produce what we would recognize as an archetypal modern city with its closely choreographed intersection between technology, space and society.”^{^[20]}

Además de estos aspectos más bien vinculados a la disposición del servicio de agua en la ciudad, debemos tener en cuenta la dimensión social del acceso al agua y de las características específicas de las protestas que le están asociadas. Como afirma Treviño: “El agua es un bien que tiene un sentido comunal o colectivo por encima del conjunto de mercancías intercambiables en el mercado, por ello, su consideración como base esencial para el desarrollo de las actividades humanas no puede ser vista simplemente como una relación de costo / beneficio. Por otra parte, el valor social del agua reaparece con sentido propio para los actores en la medida en que la necesidad frente al recurso adquiere un significado de carácter social, como un derecho que la propia sociedad establece para que sea ejercido y del cual, numerosos sectores se sienten excluidos.”^{^[21]}

De modo que analizar las protestas vinculadas al acceso al agua será una indagación, también, sobre el contexto general de la evolución de los derechos ciudadanos en esa sociedad, ya que las voces de los reclamantes nos hablará acerca de la imagen social del agua que esa sociedad ha sabido construir.

“La lucha de los actores en términos del reconocimiento de su identidad y con ello de su acción, plantea reivindicaciones de orden democrático en un contexto mas global, lo que lleva no solamente a cuestionar la infraestructura de los servicios sino los criterios de las políticas públicas con, las que se aplican los programas de empresas y autoridades.”^{^[22]}

Lo que nace como protesta de consumidores, adquiere otra dimensión -sostenemos- porque lo que está en cuestión es justamente el acceso al agua. Lo que en un comienzo puede tratarse de una impugnación a las pautas con que opera el mercado (en el hecho de esperar un determinado servicio por el que se ha abonado) cuando en este servicio está implicado el acceso al agua, la sociedad comienza a debatir la esencia misma del acceso al agua como derecho y dependiendo de las circunstancias lo que puede terminar impugnado es la idea basal del capitalismo (“todo es mercancía“), o la noción de democracia liberal, cuando (como en el caso que analizamos), la fuerzas de la represión actúan en defensa de los intereses de la empresa.

“De este modo, la construcción de una acción colectiva en torno al recurso agua, plantea expectativas socialmente construidas, las cuales le permiten a los actores relacionarse con el mundo externo. Las expectativas se transforma así en la parte interactuante del actor como usuario organizado que busca el reconocimiento de su capacidad jurídica, económica, material y política para llevar a cabo el desarrollo de sus proyectos frente a las perspectivas planteadas por las propias autoridades.”^{^[23]}

Respecto a la caracterización de la protesta, nos parece apropiado el esquema realizado por José E. Castro en el cual se tabulan los distintos tipos de protesta que él pudo registrar en México a fines del siglo XX: “(…) los instrumentos empleados para llevar a cabo estas acciones pueden agruparse también en cinco grandes categorías: demandas, denuncias, movilización y paradas, amenazas de acción directa, y acciones directas... Las formas más comunes son la demanda y la denuncia, que involucran diferentes grados de antagonismo. La demanda normalmente se dirige a las autoridades o a las empresas de agua y saneamiento locales, por ejemplo para pedir la conexión o la restauración del servicio.

Cuando el canal de la demanda formal fracasa, los actores frecuentemente recurren al segundo tipo de instrumento, las denuncias, que pueden ser dirigidas a las autoridades o a la prensa, y que tienen el objetivo de aumentar la presión y atraer la atención de la opinión pública para obligar a las autoridades a tomar una acción. Las denuncias son muy frecuentemente acompañadas por movilizaciones, paradas, y otras formas de demostración pública pacífica.

Estas acciones incluyen desde formas de desobediencia civil, tales como el no pago de las facturas del servicio o de impuestos, hasta acciones más sustantivas como el bloqueo de rutas, la ocupación de edificios, el secuestro de empleados municipales o de las empresas de agua y saneamiento o la destrucción de propiedad (vehículos, infraestructura, etc.).”^{^[24]}

De alguna manera, todo este amplio repertorio de protestas ha sido llevado a cabo en el caso que hoy nos atañe. Demandas, Denuncias, Movilizaciones, Amenazas y Acciones Directas (fundamentalmente el no pago de boletas) ya veremos de qué forma, el conflicto va variando de formato sin descartar ningún elemento del menú de acciones. Así veremos permanentemente el uso de la presión sobre la empresa, pero también (y quizás con más énfasis) la exigencia al poder municipal para que tome cartas en el asunto a favor de los consumidores.

Creemos, como dice Gandy, que el agua es un “brutal delineador de poder“. Esto nos indica que el espacio urbano se fue constituyendo a partir de la provisión del bien desde el centro hacia la periferia. La forma, los tiempos y las condiciones en que se fue proveyendo de agua a los distintos barrios de la ciudad, nos permite pensar en una determinada asignación de las posiciones, no solamente en la geografía de la ciudad, sino también en la jerarquía social de la ciudad, de acuerdo a las condiciones de vida que se le habilitaban de cada sector social.

De todos modos, queda claro que la sociedad rosarina del período, a partir de su elevado estado de movilización y actividad social y política, logró de alguna manera desafiar esa asignación de lugares y permitió a los habitantes de los barrios periféricos la posibilidad de protestar ante un delineamiento de poder que dejaba en evidencia sus flagrantes asimetrías.

El contexto del conflicto

Si bien detona y cobra estado público en los años '30, el conflicto se origina años antes, a partir de una ordenanza promulgada por el Consejo Municipal de Rosario.

Desde 1928, la situación política en la ciudad de Rosario estuvo marcada por un alto nivel de conflictividad social. La gran cantidad de huelgas y conflictos, tuvieron incluso su expresión en lo político institucional, con la elevada presencia en los cuerpos parlamentarios de miembros de extracción vecinalista, socialista (en la amplia variedad que ofrecía el socialismo en ese momento) y comunista. Algunos de estos representantes estaban vinculados más o menos orgánicamente a algún movimiento sindical, es decir: entendían la acción política como algo más que sentarse en una banca a "producir legislación", mientras que otros, que vivían en barrios periféricos llevaban al seno del Consejo Deliberante los reclamos y demandas de las carencias de infraestructura con que se vivía en los arrabales. Y como la variable territorial también es importante, señalemos que hasta el año 1919, el límite norte de la ciudad de Rosario fue el Arroyo Ludueña. En ese año la Ley Provincial Nº 1970 modificó este límite hacia el norte. Fruto de ese corrimiento se incorporaron a la jurisdicción territorial de Rosario (yendo de sur a norte) el barrio Sarmiento y los pueblos Sorrento y Alberdi, que pasaron a ser parte del ejido urbano de la ciudad.

Ahora bien, el origen del conflicto es una ordenanza de 1924. En la misma se estipulaba una tarifa diferencial para las conexiones domiciliarias de los barrios Sarmiento y Alberdi. En la ordenanza no se argumentaban las razones por las cuales estos barrios tendrían que pagar un precio distinto al vigente en la ciudad de Rosario, a la que pertenecían jurídicamente. En un primer momento, los vecinos aceptaron la diferencia tarifaria. “Dicho proyecto fue sancionado ante la presión ejercida por la población de Alberdi, que de cualquier manera y en cualquier forma anhelaba obtener aguas corrientes.”^{^[25]}

En 1931 esta situación cambió. Los vecinos planteaban que no correspondía el cobro de tarifa diferencial, ya que esos barrios eran parte del ejido urbano de Rosario. Si bien no siempre fue así (de hecho, en 1931 una fuente favorable a los vecinos llama a Alberdi y Sarmiento “aquellas poblaciones”) esos barrios se incorporaron a Rosario en 1919. En ese año de 1924, con la venia de la administración municipal y la aceptación de los mismos vecinos, la empresa logra imponer esa tarifa (más cara que en el resto de la ciudad). Pero siete años después, una serie de protestas por parte de los vecinos, a quienes se sumaron algunos partidos políticos y algunas entidades de la sociedad civil, que no estaban identificadas con ningún partido político.

Es importante señalar que si bien el servicio de provisión de agua en la ciudad de Rosario estuvo en manos de una empresa privada desde sus comienzos, la Municipalidad se reservó para sí, (por lo menos en la redacción de los contratos) la gestión de control de las actividades de las sucesivas compañías que brindaron el servicio, de modo que el Estado Municipal, va a ser permanentemente interpelado por ambos contendientes e incluso desde el mismo Concejo Deliberante, donde una minoría oficialista a menudo no puede neutralizar los embates de las alianzas opositoras que pedían al ejecutivo más energía en el control de las concesiones.

Veamos algunos detalles del acuerdo de 1924. Allí se estipulaban las siguientes tarifas para los barrios Sarmiento y Alberdi: Alquiler medidor $ 1. Tarifa mínima (independientemente del consumo) de $ 1,99. Ahora bien, si el consumo excedía los 10 m3, se implementaba la tarifa por consumo, en la cual el m3 tenía un costo de $ 0,22. Dado que el consumo promedio por conexión era de 10m3 de agua, esto implicaba un gasto de $ 2,20 + $ 1 por alquiler = $ 3,20. Tengamos en cuenta que en el resto de la ciudad de Rosario el costo del m3 de agua era de $ 0,149 y no existía el cargo por alquiler de medidor.^{^[26]}

Especial gravedad tenía el artículo 14 de esta ordenanza por cuanto permitía a la Compañía “suspender el servicio por falta de pago en todas aquellas casas que no tengan sus cloacas internas conectadas con la red general”^{^[27]} violentándose de esta forma el contrato original de la compañía firmado en 1882 que obligaba a la compañía a entregar agua permanentemente sin interrupciones, y algunos decretos municipales que impedían a la compañía cortar conexiones a los particulares.

Finalmente, según esta disposición, los particulares se veían obligados a ofrecer a la compañía un espacio en el interior de su terreno para instalar el medidor, debiendo franquear el paso a los empleados de la misma “desde la salida hasta la puesta del sol” pudiendo cortarse el suministro si el consumidor se resistiera.

En abril de 1931, bajo la intendencia de Alejandro Carrasco, quien ocupaba el cargo a partir del golpe del 6 de septiembre de 1930, se crea una Comisión Investigadora, formada por algunos referentes de la política local, con distintas pertenencias partidarias y distintas referencias técnicas (dos abogados y un ingeniero) encargada de “estudiar los contratos y las concesiones vigentes de las compañías de Obras de Salubridad y Consolidada de Aguas Corrientes”^{^[28]} para que estudie su funcionamiento y la forma en que se cumplían aquellos contratos.

En el mes de Junio, dejando en claro de paso su posición respecto a los aspectos institucionales del país, la Comisión Vecinal del barrio Sarmiento solicita a Carrasco, “Atentos a las facultades extraordinarias que inviste en estos momentos de nuestra vida ciudadana” que anule la Ordenanza de 1924, que habilita el sobreprecio que se paga en Sarmiento y Alberdi. Carrasco no va a tomar esa medida, aunque, la Comisión Investigadora que él ordenó, se convertirá en un pilar sobre el cual se apoyará la protesta vecinal.

Estemos atentos al oportunismo de las vecinales y su cambio de discurso, ubicándose más allá o más acá de la legalidad, en función de las conveniencias.

El 18 de julio de 1931 las vecinales se dirigen a Fermín Lejarza, (recién asumido intendente en reemplazo de Carrasco) señalando su rol de “representante del poder revolucionario con encargo de corregir errores, abusos, torpezas, negligencias y otras cosas del pasado” y en la misma tesitura, refiriéndose al año 1924 se dice “cuando la cosa pública importaba menos que la privada y cuando la coima y el soborno eran modos de vida corrientes y en cierto modo respetables”^{^[29]} pidiéndole la anulación de la concesión de 1924 proponiendo los siguientes puntos: a) igualación en las tarifas con el resto de la ciudad, b) abono por consumo -y no un costo de tarifa fija-, c) anulación del alquiler de medidor y d) respetar el principio de inviolabilidad de la propiedad, referido a la colocación del medidor y a las entradas mensuales del empleado que registra el consumo y e) previa investigación, se propone la rebaja de tarifas correspondiente tal como lo estipula el contrato de 1882.

Es decir: la Comisión Vecinal no tenía articulación operativa con ningún partido político; en función de ello, no asoció su lucha con una reivindicación “democrática” sino hasta que los gobiernos de facto ignoraron su voz. Hasta tanto, apelaron a los “poderes de facto” en su carácter de tales y vilipendiando los gobiernos democráticos anteriores, acusándolos de corruptos, venales e ineficientes. A medida que avance el conflicto (y quizás por la participación de algunos partidos políticos) el discurso de las vecinales irá construyendo una imagen del derecho al agua como otro de los derechos de la ciudadanía que una democracia debe garantir. A medida que avanza el conflicto y que los intendentes no actúan en concordancia con los intereses de los vecinos, los poderes “de facto”, el estado de sitio y la falta de democracia, serán ahora vituperados y considerados causales de las injusticias infligidas a los vecinos.

En esos días de julio y de acuerdo a la estrategia fijada por la Comisión Vecinal, algunos vecinos dejan de abonar a la empresa el servicio de agua.

Ahora se pone en marcha la primer acción directa del movimiento que vaya más allá de las cartas, manifiestos y solicitadas. Comienza a dejar de pagarse la tarifa del agua. El mes de octubre la protesta va por más, pretendiendo incorporar a todos los vecinos de Rosario a la acción de huelga de pagos.

“Sin más trámites fue resuelto iniciar hoy en todos los barrios la campaña contra el pago de los servicios de aguas corrientes y obras de salubridad, campaña que se concretará en manifiestos, actos públicos en toda la publicidad que la prensa general del país de a las resoluciones que la Federación vaya tomando en este sentido… [Los vecinalistas] Aguardan poder conseguir que desde mañana y hasta tanto no se le de la palabra oficial y correspondiente, ningún vecino pague más el alquiler del medidor ni la tarifa mínima, pues, afirmarán todos su decisión de pagar solamente el agua que consuman.”^{^[30]}

Y el diario La Acción lo interpreta de esta manera: “… Y ha sido a estos hogares (humildes) que durante siete años han estado pagando siempre lo que no han consumido a quienes la celosa Empresa les cortó el servicio de agua porque un día dijeron a la misma “basta de sus abusos; queremos pagar lo que consumimos”.^{^[31]}

En primera instancia, el blanco principal de las críticas será la compañía. En diciembre, ante los primeros cortes de servicio por parte de la compañía, la Comisión Vecinal dirige una carta al jefe de policía Lebrero: “La Compañía Consolidada de Aguas Corrientes del Rosario, una de las pocas que todavía existen en nuestra ciudad acariciando (…) el concepto cesáreo mongólico y autocrático del derecho.

Todo lo pasado y todo lo que pueda suceder, es producto del concepto venal y utilitario que impera como eje central de su vida, en la Compañía Consolidada de Aguas Corrientes.

La compañía se empecina en sitiar por la sed a nuestras familias.

Es la expresión más perfecta de la soberbia y del poderío.

La Compañía de Aguas Corrientes y su hermana de abolengo la de obras de salubridad -vampiresas legendarias de las más preciosas economías de nuestra ciudad…

Tan pegadas estaban a las entrañas materiales del mundo cesáreo en que han vivido, como campeonas máximas durante cincuenta años…”

Y empiezan a lanzarse referencias al escenario político nacional: “Si sobre alguien debía gravitar con todo su rigor, era precisamente contra los hombres que dirigen el servicio público de aguas corrientes, por haberse empecinado torpemente en provocar una situación angustiosa a estas zonas, de todo punto repugnante a toda conciencia honesta y honrada.”^{^[32]}

En diciembre de 1931 amparándose en el estado de sitio vigente, y haciendo valer el odiado artículo 14 de la concesión, la empresa comienza a efectivizar los cortes con presencia de personal policial. Este hecho terminará de inclinar a la mayoría de la opinión pública a favor de la causa de los vecinos.

Ante la inacción del poder político, comienza a abrirse otro frente de conflicto. La vecinal señala al Estado Municipal como responsable de la prestación, ya que la empresa es beneficiaria de una delegación temporal de un servicio cuya titularidad radica en la administración pública, citando la autoridad doctorada del conocido abogado Rafael Bielsa, quien en sus escritos de derecho público reivindica el poder de la administración pública como garante de la prestación de los servicios públicos. Y por primera vez en todo este debate, puede leerse hasta donde está dispuesto a llegar el movimiento vecinalista en cuanto a las posibles soluciones a asunto.

“Esa intendencia deberá proceder a restablecer al servicio ejecutándolo directamente, mediante el apoderamiento de los medios de explotación de la empresa concesionaria.”^{^[33]}

Si bien esto no es una propuesta de municipalización definitiva, unos pocos años más adelante, volverá a plantearse la posibilidad de la municipalización de los servicios de aguas corrientes y cloacas.

Y en este contexto los vecinalistas cuestionan también el desempeño pasado del poder municipal, por cuanto no efectuó el debido contralor sobre las finanzas de la empresa. Ocurre que en el texto original de la concesión de 1882, estaba contemplada la posibilidad de que las tarifas fueran rebajadas “cuando los beneficios de la compañía lo permitan”. Pero durante esos 50 años, el contralor por parte de la municipalidad estuvo ausente, alejando esa posibilidad. La cuestión tomará otro carácter cuando la Comisión Investigadora produzca un informe donde se sugiere tal reducción agrega un argumento más a los reclamantes ¿por qué? Pues porque ahora no solamente pedirá nivelar las tarifas de Alberdi y Sarmiento “hacia abajo”, sino que además ese nivel de tarifas general debería bajar aproximadamente un 20% según la sugerencia de la Comisión Investigadora (los activistas multiplicarán esa diferencia por la larga cantidad de años).

“El abandono, la indiferencia, el menosprecio y la estupenda incuria que ha acusado, en el cumplimiento de elementales funciones, la segunda Municipalidad de la República, la Municipalidad de Rosario!!”^{^[34]}

Y más duramente el diario La Prensa (de Buenos Aires): “Esa fiscalización olvidada ha sido, sin duda, la que ha permitido que en los barrios citados más arriba se produjeran los hechos que son del dominio público, en que la Compañía de Aguas Corrientes cortó el servicio a todos los vecinos que se negaban a pagar las tasas que según ellos eran sumamente elevadas”^{^[35]}

Los vecinos de todos modos, increpan duramente al intendente Lejarza por su inacción: “Ya que como funcionario no ha querido o no ha podido hacer nada, que si contempla con tanta benignidad los intereses no siempre honestos de la CCACR, quiera (…) considerar con no menos benignidad la situación angustiosa en que han sido colocados centenares de hogares rosarinos privados de agua, por la Compañía…

En defensa de los intereses colectivos que le ha tocado representar a modo de una grande sacada en lotería”.^{^[36]}

Lejarza, quien no era muy favorable al reclamo de las vecinales, tuvo un fácil recurso para exculparse: la ordenanza no había sido promulgada por él y sólo podría derogarse cuando se eligiera el nuevo Consejo Deliberante, en fecha cercana, normalizando de una vez la situación tras la ruptura institucional del Golpe de Estado de septiembre de 1930 que había interrumpido el funcionamiento democrático en la nación, la provincia y la ciudad. Con todo, le tocó en suerte ser Jefe Político cuando la Comisión Investigadora emitió su dictamen el 31 de diciembre de 1931, desfavorable a la compañía en muchos aspectos. Los más importantes serán la propuesta de rebaja de tarifas y la formación de una “comisión de técnicos” que intervenga las finanzas de la compañía para poder evaluar sus “beneficios”. Aunque respecto a la llamada “Concesión Alberdi“, el informe afirma que la misma no puede modificarse, hasta que no se derogue previamente la Ordenanza que la reglamenta. Eso sí, sugiere llevar un control de lo abonado en concepto de alquiler de medidor, para ser luego acreditado a favor de los consumidores, que en un nuevo acuerdo deberán abonar iguales tarifas que el resto del Municipio de Rosario.

Con la publicación del fallo de la Comisión Investigadora, concluye una etapa del conflicto. Si bien el informe no era vinculante en el sentido que obligara a la autoridad política a tomar determinadas medidas, era cierto que la idea había sido ideada por el mismo poder municipal, que las conclusiones eran terminantes y en muchos aspectos eran críticas hacia la forma de funcionamiento de la empresa.

Esto terminó dando un espaldarazo a la acción de los vecinos, quienes ahora sumaban a su discurso la opinión de los técnicos nombrados por el poder ejecutivo, sobre quien pasó a recaer gran parte de la presión política, ya que de ninguna manera podía actuar en disonancia con una comisión que fue promovida en su seno, y contando a favor con una opinión generalizada acerca de la función que le cabe al poder político.

“El control oficial que debe presidir el desenvolvimiento de todas las actividades de una empresa de esta naturaleza y que estaba previsto en el contrato no se llevó a efecto en ningún momento”[37]

Cuando se efectivizaron los cortes de agua, se generó una gran reacción en la opinión pública, que con distintos matices, consideró la medida como excesiva.

Además de que el agua potable se consideraba un “servicio de indispensable necesidad pública” se hace especialmente sustancial el reclamo, ya que una ordenanza de 1919 prohibía “la excavación de pozos y el uso de los existentes para la provisión de agua potable en las fincas a cuyo frente pasen las cañerías de aguas corrientes, permitiéndose únicamente para el uso industrial.”[38]

De modo que, al estar vedado el recurso al autoabastecimiento por medio de pozos, el corte del servicio brindaba una figura principal a los vecinalistas: será la acusación de “sitiar por la sed” a la población. En esta fase del conflicto, de la cual presentaremos algunos testimonios, podrá comprenderse más cabalmente hasta qué punto el agua potable era considerado un derecho consolidado socialmente, que podía incluso sobreponerse al derecho a la propiedad y al de la empresa.

“La Compañía de Aguas Corrientes ha obrado con precipitación y con abuso de su derecho al cortar las conexiones con las fincas pertenecientes a los deudores morosos, porque antes de su interés particular están la higiene y la salud pública de los vecindarios afectados por la medida

No se trata de discutirle su derecho a percibir las cuotas que se le adeudan por el servicio prestado, sino de confrontar el derecho a suspender el servicio con las necesidades generales y ver cuál de los dos debe preponderar.”^{^[39]}

En ningún momento se impugna el carácter comercial del servicio de provisión de agua; lo que es criticado fuertemente es la instancia de corte de servicio sin importar las razones (ya que tampoco nadie discute que los usuarios han quedado como deudores ante la compañía).

El procedimiento de corte de agua lleva las cosas a un límite que no debió traspasarse. Porque está instalada la idea de que: “La distribución del agua sale del límite del comercio habitual, puesto que comprende el goce de un beneficio indispensable. A nadie se le ocurrirá que es posible privar del agua a un grupo de habitantes.”^{^[40]}

“Cuando se trata de servicios de la naturaleza del comprometido en esta cuestión, no es admisible que la compañía pueda suspenderlos de un momento a otro por una discrepancia con sus clientes a propósito del monto de la deuda.

No es admisible (…) ni siquiera en el supuesto caso de que la compañía tuviera razón, que se deje sin agua a dos barriadas obreras en las cuales hay enfermos, niños y mujeres.”^{^[41]}

Y como veíamos en algunos de los textos metodológicos, cualquier problema generado en la provisión de agua, adquiere prontamente características distintas a otros conflictos que aparentan ser similares (sobre todo si nos referimos a conflictos de consumidores). “El asunto se convierte en un problema de orden social que exige la intervención del Estado a fin de prevenir sus posibles y perniciosas derivaciones”^{^[42]}

El vicepresidente de la Federación de Vecinales dirá en una nota en el diario Democracia:

“Vicepresidente de la FED. De vecinales Ernesto Schmidt

En este artículo (el 14 de la ordenanza) se ha basado la compañía para privar del agua a un centenar de familias, en pleno verano. Esto no solo representa una extorsión al margen del derecho, sino que es un crimen -es someter al deudor por la sed…”^{^[43]}

Finalmente, la legislación de Santa Fe nos ofrecerá un importante ejemplo de la forma en que el derecho al agua ha ganado su espacio en las legislaciones del mundo.

Una vieja Ley Provincial santafesina de 1920, prohibía el embargo de ciertos bienes de las personas (muebles, animales de trabajo, ropas, alimentos, etc.) como herramienta para resolver pleitos comerciales, en este contexto inteligentemente, el vicepresidente de la Federación de Vecinales de Rosario, entidad fundada casi sobre la crisis del agua que estamos historiando, se pregunta lo obvio: “¿qué es el agua, sino el primer alimento del organismo. ¡Con qué derecho y con qué facultad se le priva a cientos de hogares del agua, líquido bendito que le regala un anchuroso río…

Debe restablecerse el servicio, así lo manda el derecho a la vida, imposible de desconocer…”

La mera posibilidad de “embargar el agua” no estaba contemplada. No fue enunciada en un texto que no escatimó en detalles. Y atención: tengamos en cuenta que el agua era, desde hacía tiempo un bien objeto de transacciones comerciales, pero no ha sido contemplado en esta ley anti-embargo.

Conclusiones

En la década de 1930, una serie de derechos fueron puestos en cuestión en la Argentina. En Rosario, específicamente algunos barrios de la zona norte, fueron afectados por el corte del servicio de agua corriente por parte de la empresa concesionaria como una represalia ante una medida de protesta consistente en el no-pago de las facturas correspondientes. Esta acción de los vecinos se debía a las tarifas diferenciales que padecían con relación al resto de la ciudad.

Se ha intentado describir la dinámica de la primera fase del conflicto, en la cual los vecinos comienzan la acción directa y la campaña de difusión, y las primeras repercusiones del dictamen de la Comisión Investigadora nombrada por el Intendente Alejandro Carrasco.

Las acciones de protesta fueron variadas, y tuvieron como destinatarios principales a la Compañía y la Municipalidad, aunque ese es un aspecto que no hemos desarrollado en esta oportunidad, resultará de gran utilidad comparar estas protestas con algunas que se han dado en épocas recientes vinculadas al derecho al agua, para poder incorporar este capítulo rosarino a la historia de las luchas por el agua en nuestro país.

Bibliografía

ALVAREZ Juan. Historia de Rosario, UNL, Rosario, 1943.

AMARO, J. “El agua de consumo en el Rosario del siglo pasado”. En: Revista de historia de Rosario. Año VI - Nº 15-16.

BERTONI, Juan Carlos “Tenemos un modelo de gestión del agua del siglo XIX” en Hydria Nº 22, 2005.

CARRASCO, Gabriel Los progresos demográficos y sanitarios de la ciudad del Rosario de Santa Fé (República Argentina) 1887-1906. Benéfica influencia de las obras de salubridad. Buenos Aires, Compañía sud-americana de billetes de banco, 1907.

CASTRO, José Esteban “Water, power and citizenship. Social struggle in the basin of Mexico” Houndmills, Basingsdtoke y Nueva York, 2005.

CASTRO, José Esteban y LACABANA, Miguel. “Agua y desarrollo en América Latina: por una democracia sustantiva en la gestión del agua y sus servicios”. En Cuadernos del CENDES v. 22 Nº 59, Mayo 2005.

CASTRO, José E. “Agua y gobernabilidad: entre la ideología neoliberal y la memoria histórica.” En Cuadernos del CENDES, Año 22. Nº 59 - Tercera época - Mayo-Agosto 2005. pp 1-21.

CASTRO, José Esteban. “El retorno del ciudadano: Los inestables territorios de la ciudadanía en América Latina”. En Perfiles Latinoamericanos, Año 8, Nº 14, FLACSO, México, Abril 2002, pp 39-62.

CASTRO, José Esteban, KLOSTER, Karina y TORREGROSA María Luisa. “Ciudadanía y gobernabilidad en México: el caso de la conflictividad y la participación social en torno a la gestión del agua”. En BLANCA JIMÉNEZ y LUIS MARÍN (Eds) El agua en Mèxico vista desde la academia, Academia Mexicana de Ciencias. México, 2004.

COMISION VECINAL ALBERDI Y SORRENTO. Informe. 1932.

FERREIRA DA SILVA, Á. y CARDOSO DE MATOS, A. “Networked City: Managing Power and Water Utilities in Portugal, 1850s-1920s”, en Business and Economic History On line, Vol. 2, 2004.

GANDY, Matthew. “Rethinking urban metabolism: Water, space and the modern city”. En: City, Vol. 8, Nº. 3, December 2004.

GANDY, Matthew. “Landscapes of disaster: water, modernity and urban fragmentation in Mumbai” Environment and Planning A 2008, Vol. 40, pages 108-130.

LANCIOTTI, Norma. La evolución económica de las empresas de servicios públicos en Rosario, Argentina (1890-1930). Ponencia Jornadas interescuelas / Departamentos de Historia. Rosario, septiembre 2005.

LANCIOTTI, Norma. “Del Estado garante al Estado empresario. La relación entre Estado y empresas de servicios públicos urbanos en Argentina, 1880-1955.” en JONES, Geoffrey y LLUCH, Andrea (eds.), El impacto histórico de la globalización en Argentina y Chile: empresas y empresarios, Editorial Temas, 2010.

MACOR , Darío y BACOLLA, Natacha. "Centralismo y modernización técnica en la reformulación del Estado argentino. El caso provincial santafesino, 1930-1950", En: Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe. 20:2, 2009.

PANETTIERI, José. Los trabajadores. Jorge Álvarez, Bs. As. 1967.

PLA, Alberto J. (dir.) Rosario en la historia (de 1930 a nuestros días) UNR editor, Rosario, 2000.

SUAREZ CORTEZ, Blanca Estela. Historia de los usos del agua en México. Oligarquías empresas y ayuntamientos (1840-1940), Conagua, 1998.

TEMPORELLI, Giorgio. “L’approvvigionamento idrico nella storia di Genova” en L’Ambiente 2/07, 2007, pp. 58/61.

TREVIÑO, Ana Helena. El agua, ¿servicio urbano o bien colectivo? Ponencia XXII Congreso de la asociación latinoamericana de sociología ALAS ¿Hacia dónde va América Latina? Universidad de Concepción, Concepción - Chile, del 12 al 18 de Octubre de 1999.

Recibido: 30/06/2016

Evaluado: 28/07/2016

Versión final: 17/08/2016

(*) Licenciado en Historia. Centro de Estudios de Latinoamérica Contemporánea (Universidad Nacional de Rosario). Adscripto Cátedra Espacio y Sociedad (Escuela de Historia. UNR). E-mail: pablosuarezdg@gmail.com

[1] De hecho, desde el 28 de julio de 2010, la ONU declaró que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

[2] CASTRO, José Esteban “Water, power and citizenship. Social struggle in the basin of Mexico”. Houndmills, Basingsdtoke y Nueva York, 2005. p. 1.

[3] AMARO, J. “El agua de consumo en el Rosario del siglo pasado”. en Revista de historia de Rosario. Año VI - Nº 15-16. 1967.

[4] ALVAREZ Juan. Historia de Rosario, UNL, Rosario, 1943. PLA, Alberto J. (dir.) Rosario en la historia (de 1930 a nuestros días) UNR editor, Rosario, 2000.

[5] LANCIOTTI, Norma. La evolución económica de las empresas de servicios públicos en Rosario, Argentina (1890-1930). Ponencia Jornadas interescuelas / Departamentos de Historia. Rosario, septiembre 2005.

[6] LANCIOTTI, N. La evolución económica… op. cit..

[8] SUAREZ CORTEZ, Blanca Estela. Historia de los usos del agua en México. Oligarquías empresas y ayuntamientos (1840-1940), Conagua, 1998. p. 199.

[9] LANCIOTTI, N. La evolución económica..., op. cit., p. 20.

[10] SUAREZ CORTEZ, B. Historia…, op. cit., p. 184.

[11] FERREIRA DA SILVA, Á.; CARDOSO DE MATOS, A “Networked City: Managing Power and Water Utilities in Portugal, 1850s-1920s”. en Business and Economic History On line Vol 2, 2004 p. 4.

[12] AMARO, J. “El agua de consumo…”. op. cit., p. 53.

[13] CASTRO, José Esteban, KLOSTER, Karina y TORREGROSA María Luisa. “Ciudadanía y gobernabilidad en México: el caso de la conflictividad y la participación social en torno a la gestión del agua”. En BLANCA JIMÉNEZ y LUIS MARÍN (Eds). El agua en México vista desde la academia. Academia Mexicana de Ciencias. 2004, p. 3.

[15] GANDY, Matthew. “Landscapes of disaster: water, modernity and urban fragmentación in Mumbai”. En: Environment and Planning A 2008, Vol. 40, pp. 108-130.

[16] BERTONI, Juan Carlos. “Tenemos un modelo de gestión del agua del siglo XIX”. en Hydria Nº 22, 2005.

[17] CARRASCO, Gabriel Los progresos demográficos y sanitarios de la ciudad del Rosario de Santa Fé (República Argentina) 1887-1906. Benéfica influencia de las obras de salubridad. Buenos Aires, Compañía sud-americana de billetes de banco, 1907, p. 11.

[19] GANDY, Matthew. “Rethinking urban metabolism: Water, space and the modern city “. City, Vol. 8, Nº. 3, December 2004 p. 365.

[21] TREVIÑO Ana Helena. El agua, ¿servicio urbano o bien colectivo? Ponencia XXII Congreso de la asociación latinoamericana de sociología ALAS ¿Hacia donde va América Latina? Universidad de Concepción, Concepción - Chile, del 12 al 18 de Octubre de 1999.

[24] CASTRO, J. E., KLOSTER, K. y TORREGROSA M. L. “Ciudadanía y gobernabilidad…”, op. cit., p. 347.

[25] COMISION VECINAL ALBERDI Y SORRENTO (CVAS). Informe. Rosario, 1932.

[26] Como otros precios de referencia, ofrecemos los siguientes: un alquiler en la zona de Rosario más cercana al barrio Sarmiento era de $ 50 y el precio de un litro de leche $ 0,20. De tal forma que los vecinos pagaban por agua, el equivalente al 6% del valor del alquiler o el valor de 15 litros de leche. Si tomamos las estadísticas de José Panettieri, los egresos de los trabajadores en 1929 se dividían de la siguiente manera: un 51% en alimentos, un 20% en alquiler y un 29% en otros gastos. En ese 29% debemos incluir que para las estadísticas que manejamos, un 6% lo absorbía el consumo de agua corriente.

[27] CVAS. Informe. Rosario, 1932. Esta publicación nos permite ver el impacto que tuvo el suceso en la prensa nacional. A continuación, las citas de los periódicos, será por esa referencia, salvo que se indique lo contrario.

[32] Carta de la Comisión Vecinal a la Comisión Investigadora. CVAS. Informe, op. cit., p. 42.

[33] Carta de la Comisión Vecinal al Intendente Lejarza, Idem, p. 49.

[35] Reproducido en: La Acción, Rosario, 10/01/1932.

[36] Carta de la Vecinal al intendente Lejarza (02/02/1932). CVAS. Informe, op. cit., Resaltado mío PS.

[41] Noticias gráficas, Buenos Aires, 19/12/1931.