El impacto de la hiperinflación en los gremios y lugares de trabajo. Un examen cuantitativo sobre la conflictividad laboral en el Área Metropolitana de Buenos Aires (febrero de 1989 – marzo de 1991)

 

Leandro Molinaro ^(*)

 

ARK CAICYT: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24690732/r2jdsi3ax

 

Resumen

 

En este artículo abordamos algunos aspectos de la lucha entre capital y trabajo durante la crisis hiperinflacionaria (febrero de 1989 - marzo de 1991) en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Nos centramos en los conflictos gremiales a nivel cuantitativo, prestando especial atención a los acontecidos en los recintos laborales con el objetivo de posar la mirada en el rol de los organismos de base. En las dos primeras secciones, trazamos los principales lineamientos teóricos y metodológicos utilizados, teniendo en cuenta la producción historiográfica acerca de esta temática. El segundo apartado presenta una serie de cuadros estadísticos sobre las características de los pleitos de este período en los lugares de trabajo. Establecemos una diferenciación de los conflictos por áreas, tipos de empresas donde fueron desarrollados, cantidad por gremio, cantidad de trabajadores involucrados y los de mayor duración. Con el fin de dar cuenta sobre la participación de las bases, en la tercera sección examinamos las acciones directas impulsadas por las dirigencias gremiales. Finalmente, esbozamos algunas conclusiones sobre aristas que abre esta investigación.

 

Palabras clave: Conflictividad laboral; Organizaciones de base; Hiperinflación; Cuantificación.

 

 

The impact of hyperinflation on unions and workplaces: a quantitative examination of labor conflicts in the Metropolitan Area of ​​Buenos Aires (February 1989 – March 1991)

 

Abstract

 

In this article, we analyze the disputes between capital and labor during the hyperinflationary crisis (February 1989 and early 1991) in Buenos Aires Metropolitan Area. We primarily focus on the quantitative nature of workplace disputes, with the aim of examining the role of shop floor organizations. In the first two sections, we outline the main theoretical and methodological guidelines used, taking into account the historical literature on this topic. The second section presents a series of statistical tables on the characteristics of workplace disputes from this period. We differentiate the disputes by area, type of company where they arose, number per union, number of workers involved, and the longest-running disputes. To address workers participation, the third section examines the direct actions promoted by union leaders. Finally, we draw some conclusions regarding the aspects raised by this research.

 

Key words: Labor conflict; Shop floor organizations; Hyperinflation; Quantification.

 

 

El impacto de la hiperinflación en los gremios y lugares de trabajo. Un examen cuantitativo sobre la conflictividad laboral en el Área Metropolitana de Buenos Aires (febrero de 1989 – marzo de 1991)

 

Introducción

 

En este artículo abordamos un aspecto poco transitado sobre la lucha de clases durante el período hiperinflacionario en Argentina (febrero de 1989 - marzo de 1991). El objetivo general reside en presentar un análisis cuantitativo sobre los conflictos laborales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Como propósito particular, nos centramos en el accionar de los organismos de base (comisiones internas y cuerpo de delegados), aunque no de forma exclusiva ya que también tendremos en cuenta la participación de los trabajadores en las medidas de fuerza impulsadas por las dirigencias gremiales. Pensamos que los datos exhibidos a lo largo de esta investigación pueden ser de utilidad para que en futuros trabajos se pueda profundizar sobre esta temática tanto en la región estudiada como de forma comparativa con otras áreas del país.

En el período a pesquisar, el AMBA abarcaba Capital Federal (CF) y 19 partidos situados en el Gran Buenos Aires (GBA): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General San Martín, General Sarmiento, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. En el AMBA se hallaba el 48% de los trabajadores y al 40% de los establecimientos industriales y de servicios del país, según el censo nacional económico de 1985. La concentración de actividades en esta región y la condición de centro político y económico de Capital Federal fueron factores que estuvieron directamente relacionados con la conflictividad gremial tanto a escala nacional como regional. Asimismo, una gran variedad de lugares de trabajo de CF y GBA contaban con una rica tradición de lucha y organización que sería puesta a prueba en este nuevo contexto.

Consideramos que analizar este lapso de tiempo resulta de importancia, por un lado, porque la hiperinflación —entendida como coerción dineraria— impuso una nueva correlación de fuerzas y operó como condición de posibilidad para el desarrollo de un nuevo modo de acumulación. Por otro lado, le permitió al gobierno de Carlos Menem construir un consenso —a partir de la amenaza hiperinflacionaria— que era indispensable para la modificación de la estructura económica y, vinculado a ella, para el surgimiento de un sólido bloque en el poder constituido por el gran capital nacional y extranjero (Bonnet, 2008; Piva, 2012).

Las metas y el recorte planteado nos llevan a introducir como hipótesis que ante esta crisis económica en algunos lugares de trabajo y gremios se llevaron a cabo conflictos defensivos en las que se apeló a repertorios tradicionales lucha. Si bien en el área analizada fueron cuantitativamente inferiores a los de períodos previos, las disputas iniciadas por organizaciones internas en los lugares de trabajo y la participación de las bases en acciones impulsadas por las dirigencias gremiales en esos años mostraron que la hiperinflación fue un elemento necesario, pero no suficiente para el disciplinamiento del movimiento obrero.

Nuestro análisis presenta una serie de cuadros que muestran el total de los enfrentamientos relevados, diferenciados entre aquellos impulsados por organismos de base y aquellos organizados por la dirigencia. Como meta específica, profundizamos sobre las características de las disputas en los recintos laborales. Para ello, indagamos sobre el tipo de actividad económica y de propiedad donde se desarrolló el pleito, sobre la cantidad de enfrentamientos por gremio, el número de personal involucrado y su duración.

El escrito se sustenta, principalmente, en diferentes fuentes escritas. Relevamos periódicos comerciales (Crónica, Clarín y La Nación) y de partidos de izquierda (Partido Comunista —PC—, Movimiento Al Socialismo —MAS—, Partido Obrero —PO— y Partido Comunista Revolucionario —PCR—) que nos sirven para elaborar el muestreo cuantitativo. Asimismo, nos permiten conocer algunas de las características de la organización de diversos colectivos obreros en los sitios de trabajo. En su conjunto, los resultados de esta investigación pueden servir como sustento para otros exámenes de carácter cualitativo.

 

Antecedentes

 

Nuestro interés en la organización gremial en los lugares de trabajo parte de los señalamientos de Antonio Gramsci (2004) acerca de su vinculación en el desarrollo de determinado nivel de conciencia de la clase obrera. Para el caso específico de Argentina, Adolfo Gilly (1986) realiza una aproximación teórica sobre las organizaciones de base. Este autor argumenta acerca de su potencialidad como doble poder: por un lado, en cuanto a su carácter sindical debido a que puede disputar la rentabilidad empresarial en el espacio productivo; y, por el otro, desde el punto de vista político como posible desafío a la dirección de los sindicatos y a su papel como estabilizador del orden social.

A partir de estas definiciones, consideramos la importancia de diferenciar a los organismos de base de otros actores del mundo sindical por su importancia estratégica y su potencial como obstaculizador de los objetivos patronales en los lugares de trabajo. También por su capacidad para tensionar las limitaciones internas y externas a las que están sujetas las asociaciones gremiales en una sociedad capitalista, aún en épocas de crisis (Hyman, 1978). En particular, distinguir su accionar del de las cúpulas sindicales resulta de utilidad para comprender la existencia de acuerdos y confrontaciones entre dirigencias y los trabajadores de base (Anderson, 1968).

Las particularidades de la organización gremial en los lugares de trabajo en Argentina y su importancia en la lucha de clase fueron remarcadas por distintos autores para las etapas previas a la analizada en este artículo (Basualdo, 2010; Ceruso, 2015; Doyon, 1984; Löbbe, 2009; Petras, 1979; Schneider, 2000, 2005, entre otros). El interés historiográfico sobre la conflictividad laboral en diversos establecimientos durante la década de 1980 puede rastrearse en distintos trabajos pioneros (Muñoz y Campione, 1994; Pozzi y Schneider, 1994). En las últimas décadas, el interés por este objeto de estudio se intensificó. Dan cuenta de ellos diversas producciones, en su mayoría estudios de caso de diversos puntos del país (Corsi, 2021; Giménez, 2023; Hernández, 1990; Santella, 2008; Sosa Martos, 2014; entre otros). Asimismo, contamos con obras que abordan el devenir de agrupaciones político-sindicales en diversos lugares de trabajo (Aiziczon, 2009; Benclowicz, 2013; Cambiasso, 2018; Lucita, 1999; Pérez Álvarez, 2013; López, 2022; Rubio, 2017).

Todavía no se ha profundizado sobre la conflictividad en los recintos laborales y la participación de las bases durante la etapa hiperinflacionaria. Solo hallamos algunos trabajos que se centran en esta coyuntura específica: Iñigo Carrera et al. (1995) estudian las características generales de los levantamientos sociales ocurridos en 1989 en distintos puntos de país como consecuencia del desbarranque monetario. Por su parte, Donaire y Lezcano (2002) elaboran un estudio pormenorizado sobre las consecuencias de la hiperinflación en la estructura social y en la conflictividad protagonizada por los sindicatos. Para esto último se basan en el registro elaborado por Spaltenberg (1996), el cual no profundiza sobre el devenir de los lugares de trabajo.

Precisamente, en términos cuantitativos, además de este trabajo, contamos con otras bases de datos que dan cuenta sobre este período (McGuire, 1996; Nueva Mayoría, 2013; Villanueva, 1994). Todas ellas brindan estadísticas a nivel nacional que, como veremos más adelante, suelen darle más relevancia a Buenos Aires que al resto de las provincias. Algunos de estas series (Villanueva, Centro de Estudios para la Nueva Mayoría), sobreestiman el accionar de las dirigencias y otorgan poco o nulo espacio a los pleitos llevados adelante desde diferentes unidades laborales. Esto se debe a que se basan en diarios comerciales y en la Documentación e Información Laboral (DIL). Este último era un boletín mensual que se sustentaba, principalmente, de información periodística y de aquella proporcionada por las dirigencias gremiales (Dawyd y Nassif, 2013). La excepción la constituye la serie elaborada por McGuire a partir del relevamiento de Tendencias Económicas (boletín semanal del Consejo Técnico de Inversiones).

Otra problemática de estos trabajos se vincula a su unidad de análisis. Las bases de datos presentan diferencias entre sí: Spaltenberg analiza toda interrupción del proceso de trabajo (incluyendo los lock out patronales), lo cual impide precisar el accionar gremial en los recintos de labor. La investigación coordinada por Villanueva aborda el “conflicto obrero” que incorpora acciones como el “estado de alerta y movilización” (que no necesariamente paraliza la jornada laboral). McGuire cuantifica solamente las huelgas al igual que el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría. Aunque este último no tiene en cuenta aquellas acontecidas en sitios laborales de forma aislada o autónoma a las asociaciones gremiales. Al utilizar metodologías diferentes, entonces, presentan resultados disímiles entre sí.

En definitiva, resulta necesario precisar la metodología utilizadas en este artículo para diferenciarse de las obras antes mencionadas. Como veremos a continuación, ello, también, servirá para especificar los criterios utilizados para construir nuestra propia serie estadística.

 

Metodología utilizada

 

La base de datos presentada en este trabajo es producto de un relevamiento propio elaborado a partir de fuentes periodísticas de distinto tipo. Por un lado, abordamos la prensa comercial: los diarios Crónica, Clarín, y La Nación. Por otro, relevamos diversos periódicos de partidos de izquierda: Solidaridad Socialista (MAS), Qué Pasa (PC), Hoy, servir al pueblo (PCR) y Prensa Obrera (PO). La elección de estos insumos se debe a la búsqueda de una mirada amplia sobre las luchas del período. Con respecto a los diarios de circulación masiva, justificamos su uso por el tratamiento dado a las noticias vinculadas al movimiento obrero. Crónica priorizaba en sus páginas la información suministrada por las dirigencias sindicales (nacionales, provinciales o de seccionales) y agrupaciones gremiales (principalmente, las peronistas). En menor medida, también otorgaba espacio a acciones impulsadas por comisiones internas, cuerpos de delegados o grupo de trabajadores que se acercaban a la redacción del diario para dar a conocer sus reclamos. Por lo tanto, esta publicación nos permitió, fundamentalmente, relevar datos sobre las confrontaciones incitadas por las dirigencias y, en menor grado, por organizaciones de base. En cambio, La Nación y Clarín daban cobertura, por lo general, a disputas impulsadas por las cúpulas gremiales que involucraban a una importante cantidad de trabajadores. Principalmente, proporcionaban una mayor centralidad a las medidas de fuerza que interrumpían servicios públicos.

Desde un abordaje disímil, en la prensa de la izquierda marxista preponderaban las acciones directas ejercidas desde los recintos de trabajo. La relevancia otorgada a este tipo de conflictos tenía diferentes motivaciones: debido a que estos partidos contaban con activistas en esas unidades de labor, buscaban insertarse en aquellos o ganar la simpatía de los trabajadores en lucha (la difusión de la prensa y el “piqueteo” en la puerta de las fábricas eran actividades fundamentales para estas corrientes). Además, cuando un pleito tenía cierta repercusión social, su cobertura apuntaba a legitimar sus propias posiciones ante el gobierno, la patronal, la dirigencia gremial y otras agrupaciones políticas con presencia en esos espacios.

La importancia de la base de datos elaborada para este estudio reside en que es la primera de este tipo sobre la región del AMBA. Como señalamos, las estadísticas disponibles sobre el período fueron pensadas a escala nacional. La importancia de explicitar un recorte regional se vincula a una de las advertencias señaladas por Ghigliani (2009) respecto al sobredimensionamiento de Buenos Aires por encima de otros puntos del país. Según este autor, ello se debe a que estas pesquisas suelen basarse en el relevamiento de periódicos que centran su cobertura en esa ciudad y sus alrededores. Nuestro recorte geográfico, entonces, busca evitar este problema metodológico que puede llevar a la invisibilización de las particularidades de otras regiones del país.

Ghigliani también realiza otras observaciones críticas sobre este tipo de trabajos cuantitativos. Entre otras cuestiones, señala la imposibilidad de que las estadísticas expresen el número total de enfrentamientos y que algunas modalidades de medidas de fuerza como las acciones clandestinas no se vean reflejadas debido a su carácter no público. Estas prescripciones nos llevan a tomar recaudos debido a que todo procesamiento de disputas laborales implica ciertas “zonas ambiguas”. Por ello, a continuación, efectuamos algunas aclaraciones.

La primera de ellas consiste en precisar la unidad de análisis: definimos como un solo conflicto a una o más medidas de fuerza llevadas adelante con un fin en particular. Con respecto a su extensión temporal, fechamos su inicio desde el momento en el que un colectivo de trabajadores realizaba una acción directa. Su finalización se establece cuando los reclamos que dieron origen a estas medidas fueron solucionados (favorable o desfavorablemente para la parte obrera), o cuando estos se diluían y las acciones eran discontinuadas. Ahora bien, en los casos en que estas últimas fuesen interrumpidas por algún tipo de negociación (por lo general, vinculada a la sanción de una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo), si luego de esta tregua se retomaban, entendemos que formaban parte de un mismo conflicto.

Una segunda aclaración radica en determinar a los sujetos que eran parte de la dinámica conflictual. Nuestro objetivo de diferenciar las acciones impulsadas por los organismos de base desde los lugares de trabajo de aquellas decididas por las dirigencias, nos obliga a explicitar cómo realizamos tal desambiguación. Por una parte, con respecto a los espacios que consideramos como sitio laboral. Dependiendo el tipo de empresa o gremio, podía ocurrir que trabajadores que ejercían sus funciones en diferentes sedes o lugares de trabajo fuesen agrupados como parte de un mismo colectivo. Por ejemplo, constituimos como un solo conflicto al accionar en conjunto de empleados de diferentes sucursales bancarias, de empresas con más de una planta fabril o de dependencias estatales que poseían varias oficinas distribuidas en distintas ubicaciones. Por otra parte, debemos dilucidar sobre cómo agrupamos aquellos choques en recintos donde el personal pertenecía a diferentes gremios o asociaciones (como organismos estatales como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas —CONICET— en donde confluían científicos y empleados administrativos, o periódicos que enrolaban trabajadores de prensa y gráficos). Al momento de procesar un litigio de estas características según el gremio, la tabulamos solo en uno de ellos para evitar que aparezca sobrerrepresentado.

Otra problemática deriva de la manera en que caracterizamos a las disputas de acuerdo con el origen de la toma de la decisión que llevó a que fuesen desarrolladas. Por lo general, cuando encontramos que una confrontación era iniciada por un sindicato a nivel nacional, provincial, municipal o de seccional, la ubicamos en la categoría “conflicto impulsado por la dirigencia”. Sin embargo, cabe señalar algunas excepciones. En algunos gremios, como el ferroviario, las bases podían organizarse en asambleas y decidir medidas de fuerza a nivel de seccional. En estas ocasiones, fijamos la contienda como impulsada por un organismo de base. De igual forma procedimos cuando en situaciones en que las comisiones internas abarcaban a más de un lugar de trabajo (como en entidades bancarias o dependencias estatales) y cuando la disposición de realizar medidas de fuerza era tomada por delegados reunidos en asamblea. La misma categorización fue realizada en oportunidades en que los representantes gremiales de base y otros empleados actuaron en contra de lo pretendido por la comisión interna (como en algunas pugnas protagonizadas por bancarios). Por último, en este mismo ítem situamos a enfrentamientos en el que participaron trabajadores de distintas empresas que se unificaban por un reclamo en una zona en particular (por ejemplo, los pedidos de mayor seguridad por parte de conductores de diferentes líneas de colectivos ante hechos delictivos).

 Por el contrario, en los casos en que la dirigencia decidía tomar acciones directas en un lugar de trabajo específico o en una sola empresa con diferentes sedes (como podía ocurrir en el gremio aeronáutico en el cual las acciones se realizaban, por lo general, en el Aeropuerto de Ezeiza y/o en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires), situamos este pleito como promovido por las cúpulas gremiales. Lo mismo cuando nos referimos a acciones impulsadas por la conducción de un sindicato por empresa, salvo en aquellos casos en los que los trabajadores participaban de la gestación de las medidas de fuerza.

Una última aclaración radica en otras categorías difíciles de definir como la cantidad de trabajadores y la duración de las contiendas laborales. Sobre el número de participantes, por lo general, tomamos como referencia la totalidad del personal de un sitio laboral dada la dificultad en muchos de los casos de precisar el número de obreros involucrados fehacientemente en las acciones directas (que, además, en un mismo conflicto podía variar). Un problema similar encontramos con respecto a la extensión de una confrontación. Salvo cuando las fuentes consultadas lo indicaban, fijamos una cantidad de días o meses aproximados.

En suma, el criterio utilizado puede llevar en algunos casos a subvalorar y en otros a sobrevalorar tanto la actuación de las organizaciones en los recintos laborales como la de las dirigencias. Estas “zonas ambiguas” pueden vincularse tanto a los lazos institucionales e informales que ligan a los sindicatos con los lugares de trabajo como a las propias limitaciones que tienen este tipo de pesquisas. Por eso, consideramos que la base cuantitativa resulta necesaria pero no suficiente para llevar a cabo conclusiones sobre la conflictividad laboral. La construcción de este insumo sirve de sustento empírico para profundizar, luego, sobre aspectos cualitativos.

 

La resistencia ante el abismo hiperinflacionario

 

Nuestro relevamiento para los meses que transcurren entre febrero de 1989 y marzo de 1991 consta de 377 conflictos en el AMBA (15,1 de promedio mensual): 162 (6,5) fueron desarrollados en lugares de trabajo (122 —4,9— impulsados por organismos de base) y 215 (8,6) emprendidos por dirigencias gremiales en el ámbito nacional, provincial o municipal (Cuadro 1).

 

Cuadro 1

 

Período	Conflictos en lugares de trabajo impulsados por organizaciones de base	Conflictos en lugares de trabajo sin organización de base o al margen de ella	Conflictos en lugares de trabajo sin datos sobre existencia de organización en el lugar de trabajo	Total de conflictos en lugares de trabajo	Conflictos impulsados por la dirigencia a nivel nacional, regional, de seccional o en una empresa en particular	Total
06/02/1989 a 31/03/1991	122 (4,9/mes)	3 (0,1/mes)	37 (1,5/mes)	162 (6,5/mes)	215 (8,6/mes)	377 (15,1/mes)
10/12/1983 a 06/12/1989	645 (10,4/mes)	20 (0,3/mes)	283 (4,6/mes)	948 (15,3/mes)	652 (10,5/mes)	1600 (25,8/mes)
Diferencia de promedios entre períodos	- 53%	- 66%	- 67%	- 58%	- 18%	- 41%

 

Conflictos laborales en el AMBA. Períodos: 06/02/1989 a 31/03/1991. Promedios mensuales entre paréntesis. Relevamiento propio a partir de fuentes periodísticas.

 

De estos resultados emerge una diferenciación con otras obras. Nuestro relevamiento no coincide con Donaire y Lascano (2002) —a partir de la base de datos de Spaltenberg (1996)— quienes señalan que 1990 fue el año de mayor conflictividad a escala nacional desde 1984. Sin dejar de reconocer —como señalan estos autores— que en comparación con el período pos hiperinflacionario los niveles fueron altos, el año noventa distó de equipararse cuantitativamente con lo ocurrido en los albores del orden democrático, al menos en nuestra área geográfica de estudio (Molinaro, 2024). En este sentido, en el Cuadro 1 también puede observarse una comparación entre el período analizado y los años previos, desde el inicio del régimen constitucional. Los guarismos exhiben una caída considerable de los conflictos, en general, y en los lugares de trabajo, en particular, aunque una disminución moderada con respecto a los pleitos impulsados por las cúpulas gremiales. Al menos en el AMBA, esto último contrasta con lo planteado por Piva (2012), en base a la serie estadística de Villanueva. Según este autor, desde 1989 habría predominado una dispersión de la conflictividad. Contrariamente, nuestra pesquisa arroja que la dirigencia tuvo mayor capacidad para llevar adelante medidas de fuerza que las bases desde los establecimientos laborales.

En este sentido, para cumplir con el objetivo específico de esclarecer las características de los pleitos en los sitios de trabajo, resulta de utilidad desagregar la pesquisa por actividad y propiedad de los medios de producción. Con respecto a estas últimas, hallamos 108 litigios (4,3 de promedio mensual) en gremios no industriales y 54 en la industria (2,2). Mientras que, en términos de propiedad prevalecieron las disputas en establecimientos de capital privado (87 —3,5 de promedio mensual—) sobre los del sector estatal (70 —2, 8—), mixto (3 —0,1—) y en asociaciones sin fines de lucro (2 —0,1—) (Cuadro 2).

 

Cuadro 2

 

Período

Conflictos en actividades industriales

Conflictos en actividades no industriales

Total

Cantidad

Promedio mensual

Cantidad

Promedio mensual

Cantidad

Promedio mensual

06/02/1989 a 31/03/1991

54

2,2

108

4,3

162

6,5

Conflictos en empresas de capital privado

Conflictos en empresas y sectores administrativos del Estado

Conflictos en empresas de capital mixto

Conflictos en entidades civiles sin fines de lucro

Cant.

Prom. mens.

Cant.

Prom. mens

Cant.

Prom. mens.

Cant.

Prom. mens.

87

3,5

70

2,8

3

0,1

2

0,1

 

Conflictos impulsados desde los lugares de trabajo en AMBA diferenciados por actividad económica y por la propiedad de los medios de producción. Relevamiento propio a partir de fuentes periodísticas.

 

Cabe señalar que la diferencia entre el ámbito privado y el estatal se redujo con respecto a los años previos (Molinaro, 2024). Si bien en todos estos sectores el reclamo salarial fue el principal detonante, en el privado consignamos 34 litigios por despidos. A ello debemos agregar que, en este período, las cesantías comenzaron a ser una amenaza tanto para los trabajadores del Estado (principalmente para ferroviarios, telefónicos y bancarios) como para asalariados de empresas de capital mixto (navales), como consecuencia de los planes de privatización del menemismo y, también, de los intentos de cercenar la protesta de los sectores más combativos.

Otras variables nos sirven para matizar y precisar algunos datos expuestos en el segundo esquema. Los relevamientos sobre el número de conflictos de las bases por gremio (Cuadro 3), cantidad de trabajadores involucrados y duración (Cuadro 4) confirman el predominio del sector no industrial, y, en especial, la importancia de los organismos estatales en la dinámica conflictual. Principalmente con respecto a extensión temporal y cantidad de obreros, se exhibe la magnitud que tuvieron los empleados públicos quienes estaban especialmente afectados por la baja salarial y por las medidas de reestructuración del Estado.

 

Cuadro 3

 

Gremio	Conflictos en lugares de trabajo impulsados por organizaciones de base (con o sin apoyo de la dirigencia) o conformadas durante los mismos	Conflictos en lugares de trabajo sin organización de base o al margen de ella	Conflictos en lugares de trabajo sin datos sobre existencia de organización en el lugar de trabajo	Total
Bancarios	16	-	1	17
Ferroviarios	15	-	1	16
Administrativos estatales a nivel nacional y municipal	15	-	1	16
Metalúrgicos	6	-	7	13
Sanidad	7	-	4	11
Transporte automotor	10	-		10

 

Gremios con mayor cantidad de conflictos impulsados desde los lugares de trabajo en AMBA. Período: 06/02/1989 a 31/03/1991. Relevamiento propio a partir de fuentes periodísticas.

 

En cuanto a los establecimientos productivos, solo aparecen representados por los metalúrgicos cuando observamos los conflictos por gremio. Esta tendencia puede explicarse, principalmente, debido a la recesión provocada por el proceso hiperinflacionario, los planes ortodoxos del menemismo y el avance de los cambios de producción iniciados en los años previos. De hecho, las acciones directas que encontramos en este período fueron motivadas por despidos.

En contraste, los gremios no industriales y, en particular, los del sector estatal, requieren un mayor espacio de análisis. Con respecto a la cantidad de conflictos por gremio, predominó el bancario. Principalmente, se hicieron notar entidades públicas con gran cantidad de personal y numerosas sucursales: Banco Nación, Banco Provincia, Banco Hipotecario, Caja de Ahorro y Seguro y Banco Nacional de Desarrollo. En el caso de los dos primeros, el reclamo fue, principalmente, salarial (los haberes del personal eran inferiores a los de la banca privada). En los restantes, debieron enfrentarse a las posibilidades concretas de reducción de fuentes de trabajo.

 

Cuadro 4

 

Lugar de trabajo	Cantidad de trabajadores (aprox.)		Lugar de trabajo	Duración de conflicto (aprox.)
Banco Nación	18.000 en todo el país (3.700 en la casa central de Capital Federal)		La Razón	8 meses (diciembre de 1989 a agosto de 1990)
Banco Provincia	16.000 (3.000 en la sede central de Capital Federal)		Comisión Interhospitalaria (Hospitales provinciales, municipales y clínicas privadas	5 meses (agosto de 1989 a enero de 1990) - 3 meses (enero - abril de 1991)
Seccionales “rebeldes” (ferroviarios)	Entre 8.000 y 20.000 (en su mayoría en el Gran Buenos Aires)		Banco Alas	4 meses (enero - mayo de 1991)

 

Conflictos más relevantes impulsados en sitios laborales teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores involucrados y su duración. Período: 06/02/1989 a 31/03/1991. Relevamiento propio a partir de fuentes periodísticas.

 

En términos de duración de las confrontaciones, este gremio estuvo representado por el Banco Alas, una entidad privada intervenida por el Banco Central a partir de abril de 1990. Los empleados exigieron ser trasladados a otros bancos. Para ello, realizaron varias movilizaciones y la ocupación de la casa matriz. A pesar de la extensión de la pelea (entre diciembre de 1990 y mayo de 1991), la dirigencia de la Asociación Bancaria (AB) se limitó a negociar indemnizaciones y la compra del banco por otras firmas. Al fracasar su licitación en cuatro oportunidades, finalmente, el Central procedió a liquidarlo.

En la lista sobre acciones por gremio, los ferroviarios aparecen luego de los bancarios con 16 pleitos. Durante 1990, diversas seccionales de Capital Federal, Gran Buenos Aires y otras partes del país que se oponían a las políticas de reforma del Estado reeditaron la Coordinadora Interferroviaria. Presente en diferentes momentos de la historia de los trabajadores del riel (Cena, 2009), desde esta intergremial motorizaron movilizaciones y organizaron los “Trenes de la Resistencia” que recorrieron diferentes pueblos y ciudades del país que estaban amenazados por la clausura de ramales. Además, en diversos sectores se desarrollaron medidas de fuerza en reclamo por los bajos salarios y las malas condiciones laborales.

Al año siguiente, el nivel de conflictividad pegó un salto cuantitativo y cualitativo. Entre febrero y marzo, los ferroviarios llevaron adelante una huelga de 45 días (récord para el gremio). La disputa fue protagonizada, principalmente, por los maquinistas, enfrentados tanto a la empresa estatal como a las direcciones de los sindicatos del riel. La medida tuvo su origen en un plenario de varias seccionales de La Fraternidad (LF): cinco del Ferrocarril Roca —Kilómetro 1, Escalada, Temperley, Tolosa, Las Flores—, dos del Sarmiento —Haedo y Castelar—, dos del Mitre —Latinoamérica y San Martín— y dos seccionales de señaleros —12 de octubre del Sarmiento y 17 de marzo del Roca—. En este encuentro de delegados se decidió un cese de actividades de 24 horas para el 5 de febrero y otro de 48 horas para el 13 y 14 de ese mes. Luego de esta última acción, el gobierno efectivizó los despidos que venía amenazando con realizar. Como respuesta, los trabajadores decidieron continuar de paro, aunque por tiempo indeterminado. En el punto más álgido del conflicto (durante la segunda quincena de febrero) la medida enroló a más de 80 seccionales (entre 8 mil y 20 mil ferroviarios, según las fuentes consultadas), en su mayoría del AMBA. Así, cuatro líneas ferroviarias interurbanas (Sarmiento, Mitre, Roca y San Martín) quedaron paralizadas casi en su totalidad, mientras que las restantes (Urquiza y Belgrano) funcionaron irregularmente. A pesar de las presiones del gobierno, que incluyeron el anuncio del cierre preventivo de todos los ramales sin servicios (4 de marzo), las seccionales rebeldes lograron sostener su postura. Finalmente, consiguieron aumentos salariales (aunque por debajo de lo que reclamaban), y, fundamentalmente, la reincorporación de la gran mayoría de los despedidos durante el enfrentamiento.

El desenlace de este pleito fue excepcional en una época signada por el retroceso de la resistencia obrera en términos generales. Por el contrario, los empleados administrativos —otro actor con un gran nivel de contiendas— no pudieron contrarrestar la degradación de sus haberes debido, principalmente, a la hiperinflación y —tras la asunción de Menem— a la Ley de Emergencia Económica y los topes impuestos en decretos como el 435 y 612 (abril de 1990) que suspendían convenios preexistentes (Bonnet, 2008). El número de litigios en este sector fue muy inferior en comparación a los años previos (Molinaro, 2024). Existen varias razones que explican esta situación: en primer lugar, resulta posible considerar que la constante puja salarial por la escalada de inflación provocase un desgaste. En segundo término, el menemismo incentivó el retiro voluntario y la jubilación anticipada en la administración pública nacional provocando una menor capacidad de organización “desde abajo” en el gremio. En tercer lugar, el apoyo de la dirigencia de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) al gobierno de Menem acotó los márgenes para llevar adelante acciones directas. En aquellos lugares de trabajos en donde había delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hubo mayor cantidad de disputas, como se puede cotejar en el CONICET, la Comisión de Energía Atómica y el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Fuera del ámbito estatal, el personal de sanidad entabló numerosos choques. La mayoría de los conflictos ocurrió por atraso salarial (Hospital Italiano, Sanatorio Güemes, Hospital Español, Clínica Salvador) y despidos (Clínica Privada Psiquiátrica de San Justo, Clínica Independencia, Clínica Portuguesa y Sanatorio Mitre). La grave situación económica y la existencia de diversos organismos de base liderados por sectores de izquierda colaboraron en explicar la dinámica conflictual en este gremio. También influyeron las continuas desavenencias entre la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) de Buenos Aires ya que la primera era quien acordaba las pautas salariales. La actitud conciliatoria de la cúpula de la entidad de segundo grado —aliada al menemismo— potenciaba el descontento de los trabajadores de las clínicas que eran amparados por la dirección del sindicato porteño.

Por su parte, los colectiveros mostraron su oposición en los inicios del gobierno de Menem por los bajos haberes existentes, a pesar del aumento continuo del precio de los pasajes. Su movilización llevó a la conducción gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a convocar a una huelga nacional entre el 7 y el 14 de noviembre de 1989. También pertenecientes a la UTA, los trabajadores del Subterráneo de Buenos Aires se destacaron al protagonizar la mayoría de los pleitos de este gremio.

Otra esfera de importancia en la reproducción social de la clase obrera como la salud pública estuvo en el centro de la confrontación. Los recortes del gasto estatal en esta área provocaron rechazo del personal, fundamentalmente, de hospitales provinciales y municipales. En el cuadro que muestra las disputas por cantidad de trabajadores y el de su duración se exhibe el protagonismo de la Comisión Interhospitalaria de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). Esta entidad, que agrupaba a médicos de más de 40 hospitales del conurbano bonaerense y del resto de la provincia, organizó medidas de fuerza sin el apoyo de la Federación Médica de Buenos Aires. El principal reclamo estuvo dado por los bajos haberes, pero también por un aumento de presupuesto debido a la falta de recursos básicos para el funcionamiento de los nosocomios. A diferencia de lo ocurrido en 1990 (paros y movilizaciones durante 5 meses), entre enero y marzo de 1991, los médicos consiguieron el apoyo del personal no profesional (en varios hospitales como el Castex de San Martín o el Materno Infantil de Avellaneda realizaron asambleas conjuntas y eligieron nuevos delegados). Enfermeras, junto a otros trabajadores, saltearon a sus conducciones, por lo general, de UPCN y ATE. Esta última, no obstante, dio apoyo en momentos determinados (como en el llamado al corte de rutas y la retención de tareas efectuadas el 30 de enero). Por momentos, la CICOP logró unir sus reclamos con los de las seccionales ferroviarias y los trabajadores estatales de La Plata que también se encontraban llevando adelante acciones directas. De esta forma, hacia fines del período analizado pudieron frenar momentáneamente la embestida del gobierno provincial.

En síntesis, la hiperinflación fue un escollo de gran proporción para el desarrollo de las luchas en los lugares de trabajo. Sin embargo, hubo conflictos —principalmente, en sectores ligados al Estado y a distintos ámbitos de reproducción social— que mostraban que existía capacidad de resistencia. La situación económica junto con la presión de las bases de algunos gremios, también, provocaría tensiones y respuestas en las dirigencias de distintos sindicatos.

 

El protagonismo de las bases en las disputas impulsadas por las cúpulas sindicales

 

Con el fin de profundizar la mirada sobre el impacto de la hiperinflación en la clase de obrera en sus recintos de labor, también incorporamos datos cuantitativos sobre las medidas de fuerza impulsadas a nivel dirigencial. Ello implica, a la vez, acercarnos a la compleja vinculación entre bases y conducciones sindicales que a como toda relación de poder implica elementos de consentimiento y coerción.

Para iniciar esta pesquisa debemos tener en cuenta los cambios tácticos llevados adelante por las cúpulas gremiales. Durante este período, se observa una consolidación de la posición “neoparticipacionista” y un retroceso de la “confrontacionista”. Como consecuencia de la intención del flamante presidente Carlos Menem de subordinar a la dirección sindical peronista a su política de ajuste económico, la Confederación General del Trabajo (CGT) se dividió en dos en noviembre de 1989: la oficialista CGT San Martín (cuyo secretario general fue Guerino Andreoni de la Federación de Empleados de Comercio) que contaba con el apoyo de la mayor parte de los sindicatos de servicios e industriales; y la CGT Azopardo, liderada por Saúl Ubaldini, que acaparaba a un sector más heterogéneo con poco peso estratégico en la economía, en su mayor parte vinculado al Estado. En la primera, predominaba la táctica conciliadora, mientras que la segunda oscilaba entre la negociación y las críticas al gobierno.

Si bien ninguna de las dos centrales obreras llevó adelante huelgas generales en este período, la CGT Azopardo impulsó dos movilizaciones: una en noviembre de 1990 que estuvo debilitada por la deserción a último momento de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otras asociaciones. Debido a esto último, logró concentrar a 30 mil personas en Plaza de Mayo, menos de lo esperado por los organizadores. La segunda fue llevada a cabo en junio de 1991. Tuvo una menor convocatoria que la anterior (2500 personas en el Congreso) y fue convocada por ATE, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y delegaciones regionales de la central en rechazo al proyecto del gobierno de parcelar el pago del aguinaldo. Esta fue la última medida promovida por esta confederación, la cual en los meses siguientes seguiría sufriendo el alejamiento de diferentes entidades disconformes con el liderazgo de Ubaldini, hasta disolverse a mediados de 1991.

Previo a esta dispersión, varios gremios del Estado que integraban la CGT Azopardo se unieron para oponerse activamente a las políticas gubernamentales. Nos referimos a la movilización organizada por la Coordinadora Nacional de Gremios del Estado (CONAGRES) que en marzo de 1990 reunió entre 30 mil y 60 mil personas en la Plaza de los Dos Congresos. Tuvo como principal consigna el rechazo a la privatización de organismos y empresas estatales. Sin embargo, este tipo de acciones que aunaba a distintos colectivos del Estado no fueron la pauta de esta época debido a la falta de acuerdo a nivel cupular.

En términos sectoriales, se destacaron los pleitos de los sindicatos de docentes, administrativos estatales (diferentes sindicatos a nivel nacional, provincial y municipal), portuarios, personal de la salud pública y ferroviarios (Cuadro 5). Es decir, la gran mayoría de las confrontaciones encabezadas por la dirigencia pertenecían a trabajadores del Estado.

 

Cuadro 5

 

Gremio	Cantidad de conflictos		Sindicato	Duración
Docente	25		CONADU (docentes universitarios)	7 meses (febrero a noviembre de 1990)
Administrativo estatal a nivel nacional y municipal	20		FJA y AJB (judiciales)	7 meses (noviembre de 1989 a junio de 1990)
Portuario	13		FEMECA - Asociación de Médicos Municipales	6 meses (noviembre de 1989 a mayo de 1990)
Salud Pública	12		UEJN (judiciales)	5 meses (diciembre de 1989 a mayo de 1990)
Ferroviario	9		SUTAP (portuarios)	3 meses (septiembre a diciembre de 1989)

 

Gremios con mayor cantidad de conflictos y pleitos de mayor duración llevados adelante por dirigencias sindicales a nivel nacional y/o de la zona de AMBA. Período: 06/02/1989 a 31/03/1991. Relevamiento propio a partir de fuentes periodísticas.

 

El reclamo por la recuperación de los salarios reales fue la principal motivación de las luchas. Aunque, como se puede observar en el muestreo sobre las contiendas más extensas (donde aparecen también otros sectores estatales como judiciales, telefónicos, marítimos y metalúrgicos de la empresa pública Fabricaciones Militares), también existieron manifestaciones en oposición a las políticas de reestructuración del Estado.

En esa misma serie se observa que el gremio que más se destacó fue el docente, tanto por la cantidad de disputas como por la duración de las medidas de fuerza. Se distinguen el largo conflicto de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) que abarcó gran parte de 1990 y las numerosas huelgas lideradas por CTERA. Esta situación respondía a varios factores, como la combinación de la mala situación salarial, el bajo presupuesto educativo y la fragmentación interna del gremio docente.

En este relevamiento sobre las cúpulas, los sindicatos de los empleados del Poder Judicial a nivel nacional (Unión de Empleados de la Justicia Nacional, UEJN) y provincial (Asociación Judicial Bonaerense, AJB) es otro de los sectores que tuvieron cobertura mediática, fundamentalmente, a causa de la extensión de sus disputas. Los conflictos estuvieron signados por la presión de los empleados por recuperar el régimen de porcentualidad —eliminado por la Ley de Emergencia Económica impulsada por la administración menemista— que ligaba sus salarios al de los magistrados. Sin embargo, en ninguno de los casos, lograron revertir esta situación. Los empleados de la Justicia Nacional, —incluso, a pesar del amplio acatamiento que tenían las medidas y del apoyo que recibieron de algunos jueces— debieron soportar descuentos salariales de importancia impuestos por la Corte Suprema.

En cuanto a los sindicatos de administrativos estatales, vale mencionar que la mayoría de los que llevaron adelante medidas de fuerza eran asociaciones municipales del conurbano y de Capital Federal. Como ya señalamos, ATE también lanzó acciones en las que, además de las demandas salariales, denunciaba el rumbo económico del gobierno de Menem y pedía la derogación de las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica. No obstante, el sindicato no articuló estas demandas con las de otros colectivos en lucha como ferroviarios y telefónicos.

Precisamente, estos últimos junto a portuarios y médicos de CF también aparecen en el listado sobre las disputas organizadas por las dirigencias. La conducción de la Federación de Médicos de Capital Federal (FEMECA) llevó adelante un conflicto crónico que —como vimos en el pleito de la CICOP en el Gran Buenos Aires en el apartado anterior— incluía el pedido de mejora salarial y presupuestaria. Además, se opusieron a un decreto que contemplaba jubilaciones anticipadas. Con respecto a los estibadores, la conducción de SUTAP realizó un paro de 24 horas en septiembre de 1989 en oposición al proyecto de concesión de la Administración General de Puertos (AGP). Aunque, durante este período, los demás sindicatos portuarios que efectuaron medidas no reclamaron por este motivo, con excepción de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA).

Las privatizaciones de empresas públicas estuvieron, además, entrecruzadas con conflictos por aumento de haberes y contra despidos. Tal fue el caso de los aeronáuticos y, principalmente, de ferroviarios y telefónicos. En el gremio del riel existía una división entre las cúpulas de los sindicatos con respecto a la privatización del servicio: mientras que la Unión Ferroviaria la apoyaba y estaba en contra de llevar a cabo medidas de fuerza contra el gobierno de Menem, las asociaciones restantes (LF, APDFA y ASFA) tomaron una posición de mayor confrontación. Más allá de sus diferencias, las cuatro conducciones sindicales se opusieron al accionar de las “seccionales rebeldes” durante el paro protagonizado por estas últimas entre marzo y abril de 1991 (Lucita, 1999).

La capacidad de oposición durante esa huelga por fuera de las estructuras tradicionales contrastó con el otro pleito nodal del período: el encabezado por los telefónicos del AMBA entre julio y septiembre de 1990. Durante el desarrollo del conflicto, la administración menemista se mostró intransigente: amenazó con quitar la personería gremial a la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) Buenos Aires por no acatar la conciliación obligatoria, militarizó uno de los edificios de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) —CIBA I— para reemplazar a los huelguistas y despidió a cientos de trabajadores (Molinaro, 2024).

Las medidas de fuerza estuvieron amparadas por la conducción del sindicato bonaerense, la cual quedó atrapada entre la necesidad de diferenciarse de la dirección nacional de la Federación, evitar el quite de personería gremial y encauzar el reclamo de las bases. Diversos delegados y activistas opositores tanto a FOETRA nacional como al bonaerense, lograron interpelar a una parte de los operarios que querían la reincorporación de los despedidos durante el conflicto. Esta falta de acuerdo interno llevó a la cúpula de FOETRA Buenos Aires a convocar a una asamblea general de afiliados en el estadio de fútbol del club Atlanta.

El desgaste producido por el aislamiento de la disputa colaboró para que la dirigencia del sindicato bonaerense pudiera imponer su postura. No obstante, debió apelar a maniobras que lesionaron el espíritu democrático de la convocatoria. Al comienzo de la asamblea general, la conducción gremial acortó el debate, a pesar de la extensa lista de oradores, con el fin de no dejar espacio a la intervención de quienes defendían la posición de continuar con la lucha (principalmente, delegados y activistas enrolados en el MAS y el PC). Los líderes del sindicato llamaron rápidamente a la votación y anunciaron que el resultado había sido en favor de terminar con el paro y continuar con el reclamo por la vía de la negociación. De esta forma, consiguieron el objetivo de encauzar el enfrentamiento, aunque el precio fue alto: no se reincorporó a la totalidad de los telefónicos cesanteados ni se obtuvo el aumento salarial solicitado. Ensombreciendo este panorama, algunos días después, el gobierno anunció el acuerdo definitivo de la privatización de ENTEL.

La definición de esta confrontación evidenció las contradicciones y tensiones que atravesaron a las conducciones gremiales. El disciplinamiento hiperinflacionario y las tácticas de las dirigencias frente al gobierno de Menem mellaron la capacidad de resistencia de las bases. Estas últimas tuvieron una presencia importante en diversos pleitos reseñados. Aunque, salvo en el caso de ferroviarios, no pudieron formar una estructura autónoma a la lógica cupular.

Consideraciones finales

 

En este escrito realizamos un estudio cuantitativo sobre la conflictividad laboral en Capital Federal y Gran Buenos Aires durante el período hiperinflacionario. El mismo exhibió diferentes características de los enfrentamientos. Consideramos que, dado el peso económico de la región y la centralidad política de Capital Federal, los cuadros estadísticos reflejan aspectos de importancia de la lucha de la clase obrera en un período signado por una crisis de enorme profundidad.

Asimismo, la base de datos elaborada puede ser de utilidad para comparar con la conflictividad acontecida en otras áreas del país durante este período. Como señalamos, los datos cuantitativos disponibles en otras obras fueron realizadas a escala nacional (lo cual implica un problema metodológico en cuanto al desbalance generado por la utilización de insumos que suelen sobredimensionar a Buenos Aires). Además, en su mayoría no fueron pensadas para mostrar la actividad de las bases en los lugares de trabajo ya que, también debido a las fuentes y criterios utilizados, le dieron mayor centralidad a los conflictos impulsados por las dirigencias, sin ahondar en la compleja y, por momentos contradictoria, relación entre las cúpulas sindicales y los organismos gremiales en los sitios de labor.

Por otro lado, nuestro relevamiento mostró diferencias con lo expuesto por otras series estadísticas de escala nacional. Con respecto a la construida por el equipo coordinado por Villanueva, exhibimos que en el AMBA no hubo una tendencia a la dispersión de la conflictividad, sino que la dirigencia tuvo más peso cuantitativo en la ejecución de acciones directas. Al contrario que Spaltenberg, mostramos que los años hiperinflacionarios en la región estudiada tuvieron un menor número de conflictos en relación a la mayor parte de la década de 1980.

Este trabajo es solo una puerta de entrada a otras temáticas vinculadas con cuestiones políticas y sociales inherentes a los enfrentamientos laborales del período. A continuación, planteamos una hoja de ruta para continuar investigando tanto en el AMBA como en otras regiones del país.

En primer lugar, el peso de trabajadores de compañías de servicio público, docentes y de la sanidad pública y privada expone la necesidad de ahondar sobre los efectos de la crisis en áreas de reproducción social. En este sentido, también abre la posibilidad de pesquisar los consensos sociales a favor y en contra de las medidas que paralizaban estos servicios. En particular en las barriadas obreras atravesadas por estos y otros conflictos.

En segundo término, la división de la dirigencia, la vinculación entre aquella y las bases y la inserción de diversas corrientes políticas en lugares de trabajo fueron factores de suma importancia para comprender la construcción de una hegemonía y un nuevo modo de acumulación en los siguientes años. En este sentido, como señalamos en la hipótesis la hiperinflación fue un elemento disciplinador de fuste, pero no puede entenderse el desenlace de este período sin los elementos subjetivos vinculados a las tensiones internas de los sindicatos y a las acciones coercitivas y de consenso desarrolladas desde el Estado y por diversos sectores patronales.

En relación a lo anterior, debemos ampliar la pesquisa sobre la vinculación entre algunas disputas nodales y los objetivos del gobierno y fracciones del empresariado para vehiculizar transformaciones estructurales. Por ejemplo, las series estadísticas no pueden expresar de forma cabal la apuesta del menemismo por vencer la resistencia de telefónicos y ferroviarios. El achicamiento de la planta laboral era una meta necesaria para poder avanzar con las privatizaciones. En el primer caso pudo lograrlo tras varios meses de confrontación. Con respecto a los trabajadores del riel, su tenacidad impidió que en este período el menemismo pudiera imponerse. El gobierno recién lo conseguiría al año siguiente.

En definitiva, teniendo en cuenta lo anterior, existe un camino por recorrer para analizar el comienzo de una década de transformaciones sociales profundas. En particular, el movimiento obrero sufriría un fuerte retroceso y cambios en su composición y sus formas de organización y protesta. Resulta necesario continuar calibrando la dinámica conflictual en términos cuantitativos y cualitativos.

 

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Recibido: 28/05/2025

Evaluado: 10/07/2025

Versión Final: 06/10/2025