Élite, civilidad y policía en Lima, 1850s-1870s

 

Carlos Jesús Ríos Rodríguez ^(*)

 

ARK CAICYT: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24690732/j92ass55j

 

Resumen

 

Este artículo analiza la relación de la élite de Lima con la expansión de la presencia policial al interior de la ciudad y con la influencia del paradigma de la civilidad sobre el diseño del plantel policial entre mediados del siglo XIX y los años previos al inicio de la Guerra del Pacífico. Se utilizan memorias de viajeros, prensa y fuentes de carácter normativo. Se plantea que los patrones de sociabilidad de la élite y el incremento de sus temores en relación a los sectores populares configuraron un contexto propicio para la expansión del plantel policial y la influencia del paradigma de la civilidad sobre su diseño. Bajo esta lógica, al interior de la élite se concibió que la interiorización de la cortesía y de la capacidad de contener los impulsos violentos por parte de los miembros del plantel policial era el medio idóneo para garantizar el cumplimiento eficiente de sus funciones y, por ende, el disciplinamiento de los sectores populares.

 

Palabras clave: Elite; Civilidad; Policía; Sociabilidad; Lima.

 

 

 

Elite, civility and police in Lima, 1850s-1870s

 

Abstract

 

This article analyzes the relationship between Lima's elite and the expansion of police presence within the city and the influence of the paradigm of civility on the design of the police force between the mid-nineteenth century and the years prior to the outbreak of the War of the Pacific. It draws on traveler memoirs, the press, and normative sources. It argues that the elite's sociability patterns and their growing fears of the popular sectors created a favorable context for the expansion of the police force and the influence of the paradigm of civility on its design. Under this logic, within the elite, it was conceived that the internalization of courtesy and the capacity to contain violent impulses by members of the police force was the ideal means to guarantee the efficient performance of their duties and, consequently, the discipline of the popular sectors.

 

Key words: Elite; Civility; Police; Sociability; Lima.

 

 

Élite, civilidad y policía en Lima, 1850s-1870s

 

Introducción

 

Entre mediados del siglo XIX y los años previos al inicio de la Guerra del Pacífico, se transformó la presencia policial en la ciudad de Lima. Durante la década de 1850 se incrementó el plantel policial destinado exclusivamente a dicha ciudad, tendencia que se consolidó a inicios de la década de 1860 cuando el despliegue policial en las calles se hizo permanente, es decir, se extendió a las 24 horas del día (Ríos, 2024, pp. 105, 150-152). Paralelamente, se empezó a consolidar en el imaginario de la élite limeña el paradigma de la civilidad, el cual planteaba, en líneas generales, que el prestigio de una persona estaba estrechamente vinculado a una conducta contenida y guiada por la cortesía (Undurraga, 2012, p. 223; Espinoza, 2013, pp. 128-129).

En sintonía con estos cambios, el artículo analiza la relación de la élite de Lima con la expansión de la presencia policial al interior de la ciudad y con la influencia del paradigma de la civilidad sobre el diseño del plantel policial entre mediados del siglo XIX y los años previos al inicio de la Guerra del Pacífico. Cabe precisar que, con respecto a esta relación, se pone énfasis en el análisis de los patrones específicos de sociabilidad ―entendida de modo amplio como “contactos, relaciones, encuentros, intercambios cara a cara y directos gestados entre dos o más personas” (Gayol, 2000, pp. 14-15) ― y de sus temores hacia los sectores populares.

Este trabajo se inserta dentro de una línea de investigación que ha analizado la vinculación de las élites hispanoamericanas con el diseño de los cuerpos policiales durante el siglo XIX y otra que ha estudiado su relación con el paradigma de la civilidad. De acuerdo a la primera línea de investigación, se ha abordado las formas en las que se concibió la organización de los cuerpos policiales (Duffau, 2018; Palma, 2016, 2017; Galeano, 2017; Cárdenas, 2013); así como la relación de estas organizaciones con proyectos políticos de control social (Goetschel, 2016; Rojas, 2011). La segunda línea de investigación, ha prestado atención a la influencia de la civilidad sobre formas de sociabilidad política (González, 2001), su impacto sobre el diseño de currículos educativos (Soaje y Salas, 2021; Afanador y Báez, 2015; Espinoza, 2013) y a la circulación de saberes que reforzaban mecanismos de distinción social (Maggio-Ramírez, 2023). En definitiva, este artículo aspira a contribuir con estas líneas de investigación y, en particular, con el estudio de los fundamentos sociales de la adopción de la civilidad por parte de las élites y de la formación de cuerpos policiales en Hispanoamérica, así como a la compresión del diseño de estas organizaciones.

Esta investigación se basa principalmente en la revisión de relatos de viajeros, normatividad y prensa, así como en información proporcionada por diversos estudios históricos. Si bien los relatos de viajeros pueden presentar una mirada estereotipada de la sociedad limeña, las descripciones que ofrecen acerca de la vida social de la élite merecen ser tomadas en cuenta, pues durante su estancia en la ciudad convivieron e interactuaron recurrentemente con este grupo social. En el caso de la normatividad, en particular los reglamentos de policía, es plausible afirmar que reflejan la mirada de la élite acerca de la labor policial. De hecho, entre 1866 y 1873 se renovó en tres ocasiones la reglamentación acerca de la organización y el accionar policial de la ciudad, lo que reflejaba la demanda de la élite por una mejora del servicio policial. En este sentido, el uso de estas fuentes resulta pertinente, pues especifican con detalle la forma en la que los agentes policiales debían cumplir sus funciones, lo que permite conocer la mirada de la élite acerca de “el deber ser” de dichos agentes. En el caso de la prensa, si bien su contenido no era necesariamente redactado por personajes de la élite, hay que tener en cuenta que sus miembros podían aprovechar sus redes políticas para influir sobre su contenido. Además, dada las características de la vida social limeña (Forment, 2012, pp. 163-165, 177-182; Mücke, 2010, pp. 59, 93-99, 120-123), es factible asumir que los editores de los periódicos y los miembros de la élite tenían patrones de sociabilidad similares, de modo que entablaban contacto en tertulias o asociaciones. Bajo esta lógica, es posible afirmar que el contenido de la prensa brinda una vía de acceso a corrientes de opinión de la élite.

Este artículo argumenta que los patrones de sociabilidad de la élite de Lima y sus temores en relación a los sectores populares se articularon con el diseño de la policía de la ciudad entre mediados del siglo XIX y los años previos a la Guerra del Pacífico. Los patrones de sociabilidad de la élite reforzaban su mirada estereotipada sobre los sectores populares, de modo que, en combinación con otros factores, configuraron un contexto propicio para que sus miedos en relación a esta porción de la sociedad se incrementaran a partir de mediados del siglo XIX. En consecuencia, se expandió la presencia policial en la ciudad. Ello coincidió con la propagación del paradigma de la civilidad al interior de la élite. En este sentido, en la normatividad se estableció que los agentes policiales debían tener un desempeño guiado por una conducta contenida y cortés. En otras palabras, al interior de la élite se asumió que era necesario que los agentes policiales interiorizasen dicho código de comportamiento para potenciar el cumplimiento de sus funciones y, por ende, el disciplinamiento los sectores populares.

Cabe precisar que este artículo se aparta de la postura binaria que diferencia de modo tajante el mundo cultural de las élites del de los sectores populares. Tal como argumenta Roger Chartier (1994) a partir de su análisis de las prácticas de lectura, tanto la vida social de las élites como la de los sectores populares no se pueden comprender sin tomar en cuenta sus vinculaciones. En otras palabras, las diferencias de clase o de formas de sociabilidad no reflejan necesariamente diferencias culturales profundas. En el caso particular de Lima, si bien la élite tenía espacios de sociabilidad propios, lo que se reflejaba en un imaginario que reafirmaba su distinción social, compartía amplios repertorios culturales con los sectores populares, lo que se evidenció en el uso punitivo de la violencia, práctica que estaba sumamente asentada en la sociedad limeña (Bustamante Otero, 2018, pp. 153-218; Espinoza, 2013, pp. 138-146; Aguirre, 2008, pp. 43-44, 49-66). De hecho, en el caso de la élite, no fue inusual que sus miembros tuvieran un duro trato contra sus sirvientes (Aguirre, 2008, pp. 43-44).

 

La élite limeña: sociabilidad y temores

 

Es posible caracterizar, en gran medida, la sociabilidad en Lima de las familias lideradas por las personas más acaudaladas, los burócratas o profesionales de alto rango y los oficiales del Ejército más importantes — la élite social— a partir de la diferenciación de los espacios que frecuentaron en su vida cotidiana. Es posible afirmar que, a pesar de las reducidas dimensiones de la ciudad, era poco probable que un considerable número de personas, tanto de la élite como del resto de la sociedad, se reunieran en un mismo espacio, con la excepción de las misas dominicales, las principales festividades —como las de carácter religioso o las que conmemoraban el aniversario de la Independencia— o las corridas de toros en la Plaza de Acho (Pradier-Fodéré, 2021, pp. 167-189, 213-217; Lastarria, 1967, p. 106). Es decir, hacia mediados del siglo XIX, era notorio que la élite había adquirido patrones de sociabilidad que le permitían desarrollar su vida social, en gran medida, al margen del resto de la sociedad, lo que fue evidente en la sociabilidad al interior de sus viviendas. De acuerdo a Ulrich Mücke (2010), el ingreso a las casas de la élite empezó a ser cada vez más restrictivo (p. 59). Incluso, se redujo la fluidez del contacto entre la élite y su servidumbre, pues se delimitaron espacios a los cuales esta última “no podía entrar sin ser llamada” (Mücke, 2010, p. 60). Bajo esta lógica, es posible afirmar que la sociabilidad cotidiana de este grupo no abarcaba mayormente a personas ajenas a su nivel socioeconómico, salvo a sus sirvientes, los dependientes de sus negocios y los inquilinos de sus residencias.

Un poema publicado en El Comercio en 1869 ilustra dicha tendencia:

 

[…] Mas, decid: cuando en Malambo

Con gentil desenvoltura

Echan a la par cintura

El negro, el cholo y el zambo;

¿Quién diablos de nuestra esfera,

Si no es excepción muy rara,

Va a importunar la algazara

De su zambra zandunguera? […][1]

 

Si bien este extracto del poema da cuenta de una crítica a las fiestas que celebraban los habitantes del barrio popular de Malambo, también enfatiza que los integrantes de la élite —“nuestra esfera” — no participaban en dichas celebraciones. Así, deja entrever que la mayoría de la élite no tenía ningún interés en tener un contacto social cercano con los sectores populares que no estuvieran a su servicio.

Ello era posible, por supuesto, por los recursos económicos que poseía la élite. Prueba de ello es que este grupo utilizaba mayormente vehículos para trasladarse dentro de la ciudad, lo que restringía su contacto con personas de otras clases sociales. Manuel Atanasio Fuentes registró que en 1857 existían en la ciudad 48 coches y 65 calesas de uso particular (Fuentes, 1858, p. 680), de los cuales la amplia mayoría debieron ser de uso de la élite. Por ello, no resulta extraño que el censo de 1857 registrase que en Lima había cocheros, caleseros y balancineros. Estos últimos, de acuerdo al francés Carlos Prince, quien residió en Lima durante las últimas décadas del siglo XIX, eran afrodescendientes especializados en la conducción del balancín, “un pesado vehículo tirado por dos caballos” que era usado para conducir a las familias de élite a “los paseos fuera de la ciudad” o al puerto del Callao o al balneario de Chorrillo. Prince, además, diferencia a la calesa del calesín. El primero fue un vehículo de segunda categoría que era utilizado para realizar paseos en la pampa de Amancaes —situada en las inmediaciones del extremo norte de la ciudad—, mientras que el segundo, “más ligero y elegante que el balancín, servía tan solo para las visitas en la ciudad” (Prince, 1890, p. 33).

Precisamente, las visitas eran un rasgo esencial de la sociabilidad de los integrantes de la élite. De hecho, el francés Camille Pradier-Fodéré (2021) observó que la realización de tertulias era un evento común en las residencias de la élite (p. 79). Inclusive, los bandos políticos tuvieron sus propias tertulias (Aljovín, 2000, pp. 146, 148). Prueba de ello es que el “Partido Civil se fundó en una casa particular y que el día de las elecciones de 1871 la más importante reunión civilista tuvo lugar en otra casa privada” (Mücke, 2010, p. 59).

Bajo esta lógica, la actividad política podía propiciar un considerable acercamiento entre miembros de la élite y, por lo menos, una porción significativa de los sectores populares. Por supuesto, este contacto se daba con más intensidad en las campañas electorales (Mc Evoy, 2007, pp. 167-171; Bonilla, 1984, p. 155); en cambio, en los espacios partidarios o de toma de decisiones la situación era distinta. De hecho, el Partido Civil estuvo integrado mayoritariamente por miembros de la élite social y, en menor medida, por integrantes de una suerte de pequeña burguesía compuesta por comerciantes y empleados públicos, así como algunos pocos artesanos (Mücke, 2010, pp. 115-129). Por el contrario, el contacto entre la élite social y los sectores populares se incrementaba en el Ejército. Por lo general, los oficiales articulaban fuertes redes clientelares en sus compañías militares con sus subalternos. Estas redes se convertían en la base de poder sobre la cual estos notables construían alianzas políticas con otros grupos sociales (Aljovín, 2000, pp. 160, 276).

Sin embargo, así como la política y la vida militar acercaba a miembros de la élite social a otros sectores, la vida asociativa los alejaba. Si bien en el Perú entre 1856 y 1885 se crearon aproximadamente 403 asociaciones, de las cuales el 85% se fundaron en Lima y el Callao (Forment, 2012, pp. 155, 158), esto no implicó un mayor contacto interclasista, pues los varones de la clase alta y de la clase media solían tener acceso a asociaciones exclusivas como el Club de la Unión y el Club Nacional, cuyas cuotas resultaban impagables para gran parte de la sociedad limeña (Mücke, 2010, pp. 96-97).[2] De esta forma, el ingreso a alguna de estas asociaciones se convirtió en un indicador de distinción para los varones de la élite.

En el caso de las mujeres, el ideal imperante asumía que la mayor parte de sus vidas debía transcurrir en el espacio doméstico (Rosas, 1999, p. 412). De este modo, desde el periodo colonial en toda Hispanoamérica, en las familias de élite se buscó mantener un férreo control sobre las relaciones sociales de las mujeres y, por ende, garantizar la protección del honor familiar (Socolow, 2016, pp. 97-98; Mannarelli, 2004, pp. 209-210). En otras palabras, se percibía que el espacio público resultaba peligroso tanto para las mujeres como para el honor familiar que debían salvaguardar. Sin embargo, vale la pena mencionar que, en Lima antes de mediados del siglo XIX, dicho modelo de conducta era puesto en cuestión por la presencia de la tapada. Este atuendo limeño, compuesto por una falda que llegaba hasta los tobillos y una manta que permitía cubrir el rostro, era usado por las limeñas para movilizarse dentro de la ciudad sin poder ser identificadas (Denegri, 2004, pp. 77-80). Esta costumbre podía, inclusive, permitir que las mujeres de la élite, haciendo uso de las tapadas pasaran “inadvertidas por las calles” y participaran activamente en el “mundo secreto de intrigas y negociaciones” de la política peruana de la temprana república (Aljovín, 2000, p. 289). Sin embargo, a mediados del siglo XIX, el progresivo incremento de la moda europea en Lima forzó a que la tapada empezara a caer en desuso (Denegri, 2004, pp. 84-85). No en vano, el viajero francés Charles Wiener (1993) observó que, a mediados de la década de 1870, en Lima “la saya y manto de la época de la independencia, que no dejaba ver más que un brazo y un ojo, ha desaparecido por completo” (p. 17).

Esta transformación conllevó, sin duda, el reforzamiento del control sobre las mujeres de élite. De hecho, el francés Théodore Ber (2020), quien residió en Lima durante la segunda mitad del siglo XIX, anotó en su diario que en una “una familia importante del país”, en cuyo hogar trabajaba como preceptor, la vida social estaba sumamente diferenciada, pues el “marido está siempre fuera, la mujer no sale nunca” (p. 47). En este sentido, Ulrich Mücke (2010) asegura que a las mujeres de la alta sociedad se les empezó a asignar, sobre todo, el rol de anfitrionas de las visitas que llegaban a sus casas” (p. 60). En consecuencia, resulta plausible asumir que, en la mayoría de casos, las mujeres de élite estaban presentes solo en las tertulias que se realizaban en sus casas.[3]

Inclusive, era usual que a las mujeres de élite no se les permitiera asistir a las festividades religiosas más importantes. Por lo tanto, tenían que visualizarlas a través de los balcones o las ventanas de sus residencias (Pradier-Fodéré, 2021, p. 174).[4] De modo similar, su participación en la vida asociativa estuvo restringida a la participación en asociaciones religiosas o de caridad (Fuentes, 1858, pp. 311-312). No es difícil imaginar, entonces, que la mayor parte de las mujeres de la élite, con la excepción de las que estudiaban en alguna escuela privada, salían de sus casas en sus coches o carruajes mayormente para acudir a la misa dominical u ocasionalmente a realizar algún paseo o asistir a alguna tienda, acto de caridad, espectáculo público o baile.[5] Por supuesto, la mayor parte de estas salidas las realizaban acompañadas por su servidumbre. De hecho, Théodore Ber (2020) anotó en su diario que encontró a una de sus alumnas en la plaza principal de la ciudad acompañada de su madre “y con, por lo menos, ocho sirvientes entre varones y mujeres” (p. 59).

Precisamente, la presencia de servidumbre en las residencias de la élite tuvo un considerable impacto sobre la mirada que este grupo social tuvo sobre la sociedad. Los miembros de la élite, al estar desde su infancia rodeados de sirvientes afrodescendientes o indígenas en sus mansiones o haciendas, concibieron que una sociedad de “superiores” e “inferiores” era lo natural (Espinoza, 2013, p. 136; Aljovín, 2000, pp. 172-176). Eso fue notorio también en la vigencia que aún tuvo a mediados del siglo XIX el uso peyorativo del concepto “plebe”,[6] el cual ya había sido usado durante el siglo anterior. Alberto Flores Galindo (1991) señala que el uso de este término a fines del siglo XVIII hacía referencia no solo a los desocupados, sino a los que no tenían “ocupaciones permanentes” y tenía claras connotaciones despectivas al ser acompañada de epítetos como “vil” e “ínfima” (p. 123).

La combinación de este imaginario con los patrones de sociabilidad de la élite descritos líneas arriba produjo, por supuesto, la formación de estereotipos. Prueba de ello fue, como afirma Carlos Aguirre (2019), que la élite asumió que “la cuestión criminal” estaba vinculada “únicamente con las clases bajas de la sociedad” (p. 40). Bajo esta lógica los temores de la élite en relación a los sectores populares se basaron, en gran medida, en dicha creencia. Ello fue notorio en las fuentes de la élite. A inicios de abril de 1875, El Nacional informó que los “vecinos respetables” del quinto cuartel —una de las jurisdicciones de la ciudad— estaban siendo asediados por “muchos ladrones y gente de mala ley que de poco tiempo a esta parte, abundan en esas calles apartadas del centro de la población” debido a “que en ese cuartel existen innumerables casas de juego, que son otras tantas guaridas de los ladrones; que hay muchos callejones donde vive gente sospechosa, porque no se le conoce más oficio ni entretenimiento que el juego y la borrachera”.[7] De esta forma, se daba a entender que buena parte de la población del quinto cuartel, la cual tenía una fuerte impronta popular (Tejada, 2004, pp. 150-151), tenía costumbres que la hacían proclive al comportamiento delictivo. En la misma línea, el prefecto de Lima José Francisco Andraca manifestó en 1876 que “Una de las plagas más funestas para la sociedad es la multitud de vagos que existen en esta capital, verdaderas semillas de rateros, ladrones y encubridores de ladrones” (Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas, 1876, p. 134). Así se buscaba enfatizar, al igual que lo había hecho El Nacional, que los “vecinos respetables” estaban asediados por sectores populares proclives a cometer actos de latrocinio.

Opiniones de este tipo, además, explicaban la inclinación de los sectores populares a cometer actos de latrocinio a partir de factores que eran entendidos como exclusivamente intrínsecos de esta porción de la sociedad, entre los que destacaba su supuesta inclinación a la vagancia. De hecho, el futuro presidente Manuel Pardo propuso en 1861, aunque sin éxito, que la vagancia fuera considerada un delito en el Código Penal de 1863, pues “es un cáncer que una vez infiltrado en la sangre del cuerpo social echa por tierra las más robustas organizaciones” (Pardo, 2004, p. 192). En 1876 el prefecto Andraca propuso que se aplicara esta medida para combatir la proliferación de ladrones (Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas, 1876, p. 134).

Los temores de la élite también fueron alimentados por un imaginario que asociaba a los sectores populares con el consumo habitual de alcohol y, por ende, con el uso exacerbado de la violencia. Una nota de La Patria publicada en 1875 afirmó “que las consecuencias del licor son fatales y contribuyen a la desmoralización de las masas”, ya que provocaban “pendencias, heridas y otros actos inmorales que acontecen en la población”.[8] Una nota informativa publicada en 1862 en El Comercio expreso una opinión similar:

 

Un individuo llamado Pablo Rincón dio de puñaladas a otro José Herrera, por motivos que ignoramos; pero que, como es fácil colegir, no pueden ser otros que los que comúnmente y entre ciertas clases de personas, enjendran siempre crímenes de esta especie.

Generalmente, en los días de fiesta no habiendo diversiones públicas y honestas en que aquellas puedan distraerse, forman eso a que se da el expresivo nombre de jaranas. El licor que no es escaso por cierto en semejantes reuniones, da lugar a desordenes que a su vez ocasionan riñas más o menos graves. De aquí proviene que tengamos que lamentar de cuando en cuando delitos como el presente.

Para probar que en el mayor número de casos es cierto lo que decimos, basta fijarse por un momento en la circunstancia de que casi todos los crímenes de esta especie que tienen lugar en la capital, se realizan en los días festivos. La policía pues debe redoblar su vigilancia en tales ocasiones y todo lodo en aquellos lugares en que, atendiendo a la clase de gente que vive en ellos, puedan ser más frecuentes hechos de esa naturaleza […].[9]

 

La nota representa a las personas de extracción popular como proclives a consumir alcohol de modo excesivo en los días de fiesta, lo que los conducía al uso desmedido de la violencia en estas fechas. Por ello, sugirió que la policía debía priorizar la supervisión de “ciertas clases de personas”.

La impronta de este imaginario también se reflejó en las ficciones literarias de la época. Francesca Denegri (2004) pone en relieve que en la narrativa de la época se caracterizó a los afrodescendientes como individuos con poco control de sus pasiones, rasgo que los conducía al quiebre de las normas sociales (pp. 180-183). A su vez, se caracterizó a los personajes indígenas con los mismos defectos, pues se asumía que procedían de un mundo bárbaro y salvaje (pp. 175-179).

El crecimiento de la población de la ciudad a mediados del siglo XIX debe haber potenciado los temores de la élite hacia los sectores populares. Las cifras disponibles indican que los habitantes de la ciudad pasaron de sumar 55.627 en 1836 a 94.195 en 1857 (Fuentes, 1858, p. 59; Córdova y Urrutia, 1839, Tomo 1, p. 33), tendencia que se explica, en gran medida, por un incremento de la migración interna impulsado por la aparente pacificación del país y las expectativas económicas generadas por la bonanza guanera (Hunt, 2011, pp. 114-115). No en vano, Manuel Atanasio Fuentes argumentó en su celebre Estadística General de Lima que la criminalidad en la ciudad estaba creciendo, aunque las cifras que presentaba no respaldaban tal postura (Aguirre, 2019, p. 50). Bajo esta lógica, junto con el incremento de la población popular, es probable que algunos acontecimientos —tal como afirma Carlos Aguirre— hayan contribuido a incrementar los temores de la élite en relación a los sectores populares. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud en 1854 desencadenó un fuerte temor al interior de la élite limeña, pues se suponía que los libertos iban a optar por dedicarse a la vida delictiva (Aguirre, 2019, pp. 41-42). De modo similar, la migración de chinos a la ciudad también generó rechazo en un sector de la élite, pues se asumía que su conducta estaba marcada por una “defectuosa moralidad” que contribuía a degenerar la “configuración racial peruana” (Aguirre, 2019, p. 56). Inclusive, en una nota publicada en El Comercio se afirmó que la migración de chinos era dañina, pues corrompía a los sectores populares nativos.[10]

En consonancia con ello, los temores de la élite en relación a los sectores populares se exacerbaban en los momentos de conflictividad política o social. De acuerdo a Martín Monsalve (2004), la élite se ausentó del espacio público durante las elecciones de 1850 debido a que las calles habían sido tomadas por grupos de extracción popular vinculados a la red clientelar de los caudillos políticos (p. 218). Precisamente, los integrantes de la élite no solo temían que la supuesta inclinación de los sectores populares hacia la violencia pudiera dañar su integridad física, sino también afectar a sus propiedades. De hecho, el temor a los saqueos parece haber estado sumamente acentuado en el imaginario de la élite. Precisamente, una anécdota registrada el 11 de marzo de 1869 por el francés Théodore Ber en su diario resulta reveladora al respecto:

 

Una noche —yo no estaba—, hacia la una de la madrugada, las señoras seguían reunidas junto a la mesa de juego, cuando entró un negro; en una mano tenía un puñal y en la otra su sombrero. Se acerca a la mesa, apaga la luz, atraviesa varias habitaciones y llega hasta el patio. Sin asustarse, la dueña de casa lo sigue hasta alcanzarlo:

—¿Qué hizo?, le dice

— Acabo de matar a un hombre en esta calle.

—Pues, quédese aquí, voy a darle ropa para que se cambie y salga por la parte trasera.

De modo que el asesino logró escapar de la policía. ¿Por qué esta reprochable tolerancia? Porque a cambio de la protección que el Marqués ofrece a los malhechores la casa nunca es asaltada en tiempos de revolución. Sin duda, esta garantía cuesta caro a la moral, pero la casa se encuentra a salvo del pillaje […] (Ber, 2020, p. 59).

 

Es decir, una de las empleadoras de Ber facilitó el escape de un presunto homicida para evitar que su casa fuera saqueada en tiempos de guerra civil. Resulta revelador que Ber afirmara que este hecho no era aislado y que, por lo tanto, el jefe de la familia, a quien llama el “Marqués”, ayudaba recurrentemente a “los malhechores” para evitar que su “casa sea asaltada en tiempos de revolución”.

Es plausible que los saqueos producidos en la ciudad anteriormente exacerbaran el temor de esta familia ante la posibilidad de que estos hechos se repitieran. A inicios de 1855, la victoria militar del ejército de Ramón Castilla sobre la fuerza militar leal a José Rufino Echenique en la batalla de La Palma no solo provocó el derrocamiento de este último, sino también desencadenó un motín en la ciudad que tuvo una fuerte impronta popular. Este hecho conllevó el saqueo de la casa de Echenique, sus familiares y de personas que habrían sido favorecidas de modo irregular por la consolidación de la deuda interna (Quiroz, 1987, pp. 133-134). Resulta sugerente que pocas semanas antes, el cónsul francés Albert Huet expresara los temores que había surgido entre los residentes franceses en la ciudad ante una posible salida de la ciudad de las tropas que la protegían:

 

[…] Algunos franceses podían haber comprado armas, pero estas armas estaban destinadas a su defensa personal en el caso de que las tropas, habiendo salido de Lima dejaran la ciudad librada a su suerte. El presidente me aseguró que dejaría fuerzas suficientes para mantener el orden.

Sin embargo, no es menos cierto que se teme, sino el pillaje, al menos graves desórdenes si las tropas abandonan Lima y los extranjeros, sobre todo los franceses, están dispuestos a tomar las armas para defenderse contar los excesos del populacho. He comprometido a mis ciudadanos a mantenerse calmos, prometiéndolos convocarlos yo mismo cuando llegara el tiempo y el momento […] (Urrutia, 2015, p. 73).

 

La protesta de artesanos producida a fines de 1858 en Lima y el Callao ―puerto próximo a la ciudad de Lima― también conllevó la realización de saqueos (Aguirre, 2019, p. 44). Otro hecho de similares características se produjo a fines de 1865 en el Callao durante la guerra civil que enfrentó a los caudillos Juan Antonio Pezet y Mariano Ignacio Prado. Según Jorge Basadre (2015), un día antes del ingreso del ejército vencedor de Prado a este puerto “la soldadesca desbandada y la plebe se habían dedicado al saqueo, derribando puertas a balazos y hachazos, quemando, rompiendo y destrozando muebles, libros y documentos de más de treinta casas extranjeras” (p. 262).

Dada la magnitud del deterioro de los niveles de vida de los sectores populares como consecuencia de la crisis inflacionaria y el crecimiento del desempleo durante la década de 1870 (Hunt, 2011, pp. 102-103; Gootenberg, 1989, p. 174), dichos acontecimientos debieron haber incrementado su resonancia en la memoria de la élite durante este periodo. Bajo esta lógica, la exacerbación de los temores de la élite en relación a los sectores populares tuvo influencia sobre el diseño de la policía.

 

Civilidad y policía

 

Hacia mediados del siglo XIX, la custodia de la seguridad pública de la ciudad de Lima estuvo a cargo mayormente de la Compañía de Serenos, la cual había sido fundada a inicios de la centuria y se desplegaba en las calles durante las noches (Montalvo, 2022, pp. 31-45; Ríos, 2018, pp. 71-74). El crecimiento de los ingresos fiscales ―a causa del auge de la exportación de guano― brindó al Estado la oportunidad de fortalecer a este contingente policial, el cual pasó a estar adscrito a la Gendarmería en los periodos 1852-1854 y 1854-1861. La tropa de la Compañía de Serenos tuvo alrededor de 138 efectivos a inicios de 1852, antes de ser incorporada a la Gendarmería, y pasó a superar los 280 efectivos a inicios de 1856, antes de ser nuevamente absorbida por este cuerpo policial (Ríos, 2024, p. 241).

Dado el crecimiento de la población de la ciudad a partir de mediados del siglo XIX, es plausible que el fortalecimiento de la presencia policial en la ciudad también haya reflejado los temores de la élite en relación a los sectores populares. En este sentido, en 1860, el presidente Ramón Castilla en el mensaje leído ante el Congreso expresó su preocupación por el crecimiento de la criminalidad en el país (Aguirre, 2019, p. 47). En el caso de Lima, la opinión de Castilla parece haber tenido influencia sobre la organización del servicio policial. En 1860 se creó la Compañía de Seguridad Pública, un cuerpo policial de carácter diurno,[11] de modo que su labor complementaba a la sección de serenos de la Gendarmería. Esta tendencia se reforzó en 1861 cuando al Cuerpo de Celadores ―la nueva denominación que adquirió el cuerpo policial diurno― se le unió el contingente de serenos de la Gendarmería de Lima, pasando a desplegarse en las calles de la ciudad durante las 24 horas del día (Ríos, 2024, p. 105). Entre 1862 y 1864, fue común que la tropa de este cuerpo policial tuviera 450 efectivos (Ríos, 2024, p. 242).[12] Si bien este cuerpo policial tuvo sucesivos cambios de nombre hasta que fue renombrado a fines de 1873 como Guardia Civil en relación a una reforma de carácter nacional,[13] el despliegue policial en la ciudad continuó siendo permanente. A pesar que la hacienda pública entró en crisis durante la década de 1870, según cifras oficiales, el plantel de la Guardia Civil de la ciudad de Lima ascendió a 848 efectivos en 1877 (Dirección de Estadística, 1878, p. 52).

Cabe precisar que una señal de la creciente preocupación de la élite de la ciudad en relación a la custodia de la seguridad pública fue que se estableció en la normatividad que el gobierno central debía intervenir en la organización del servicio policial. Si bien la dirección de los cuerpos policiales había sido una tarea encomendada comúnmente a los prefectos ―funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo―, en 1855 se introdujo una sección de policía en el Ministerio de Gobierno, Relaciones Exteriores e Instrucción Pública.[14] A inicios de la década de 1860, dicha entidad ya había pasado a llamarse Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas (Cabello, 1863, p. 77). En este sentido, en los reglamentos de policía se especificó que este ministerio debía tener influencia sobre la conformación del plantel policial. En el reglamento de 1866 se estableció que debía ser el “Supremo Gobierno” el encargado de seleccionar a los jefes y oficiales que propusiera el prefecto para el cuerpo policial de la ciudad;[15] mientras que en 1869 se dispuso que el gobierno tenía a su cargo el nombramiento de comisarios e inspectores.[16] En 1873 se estipuló que el gobierno debía encargarse de nombrar a los comandantes y mayores de guardias de la Guardia Civil por única vez,[17] pues este cuerpo policial debía pasar a tener progresivamente una estructura meritocrática.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que el despliegue de los agentes policiales en las calles era uno de los rasgos esenciales del modelo de seguridad pública implantado en la ciudad. Bajo esta lógica, se estipuló que los agentes policiales debían mantener una vigilancia atenta de la porción de la ciudad que se les asignaba.[18] Así, se buscaba consolidar la capacidad disuasoria del plantel policial, así como garantizar su intervención oportuna ante los hechos delictivos que se produjeran. No en vano, en la normatividad se enfatizó que los agentes policiales debían estar prestos a evitar robos y asaltos.[19] Además, en los reglamentos de policía se indicó que los agentes policiales debían impedir la formación de grupos en las calles (Oviedo, 1859 [1839], p. 79),[20] lo que señalaba la intención de disuadir, entre otros sucesos, la formación de aglomeraciones potencialmente peligrosas para la propiedad privada. En particular, en el reglamento de policía de 1869 se precisó que para garantizar una oportuna intervención en los casos de tumulto y asonada pública debían apersonarse al cuartel de policía los agentes que no estaban en servicio;[21] mientras que en el reglamento de 1873 se replicó dicha indicación y, además, se especificó que en casos de “ataque de malhechores o tumulto” los guardias que se encontraran cerca al lugar de los hechos debían intervenir inmediatamente.[22] Es plausible afirmar que estas últimas disposiciones reflejaban el peso que en la memoria de la élite tenían los saqueos producidos a partir de la década de 1850.

A su vez, en los reglamentos de policía se enfatizó la labor policial debía prevenir o reprimir conductas violentas. En el reglamento de policía de 1866 se precisó que los agentes policiales estaban autorizados a arrestar a todo aquel sobre el que “hubiesen sospechas fundadas de que está armado con ánimo de dañar”, así como todo aquel que hiriera a otro con un arma o “cualquier instrumento natural o artificial para armarse, peleando con otro”,[23] disposiciones que fueron replicadas del reglamento de policía de 1839 (Oviedo, 1859 [1839], tomo 3, p. 76). Si bien esta indicación pone énfasis en la intervención policial para reprimir o disuadir hechos de violencia de considerable gravedad, en reglamentos posteriores se amplió. En los reglamentos de 1869 y 1873 se precisó que debían ser arrestados todos aquellos que “riñan en las calles con armas o sin ellas”.[24] Esta disposición indica que la élite concibió que la labor policial debía disciplinar a los sectores populares, conteniendo la supuesta tendencia de estos hacia el comportamiento violento. El creciente afán controlista de la élite también se expresó en el reglamento de moralidad pública y policía correccional, promulgado en 1877 ―el cual restablecía disposiciones que habían sido parte del reglamento de policía de 1839―, la cual autorizaba el arresto del “que ofendiere la moral pública con palabras o acciones obscenas”.[25]

Precisamente, es plausible que el afán disciplinario de la élite también haya influido sobre la elaboración del Código Penal promulgado en 1863. En este documento se tipificaron las sanciones no solo de los homicidios o de las lesiones graves, sino también de las lesiones leves. Se dispuso que a los causantes de lesiones que no impidieran al agredido asistir a trabajar les correspondía la pena de un arresto de 12 días y el pago de una multa de entre 5 y 25 pesos (República del Perú, 1863, p. 105).

En consonancia con ello, la prensa canalizó una corriente de opinión que condenaba el uso de la violencia en la vida cotidiana. Una nota publicada en 1863 en El Comercio resulta sumamente ilustrativa al respecto:

 

Llueven trompadas―Regularmente sucede que la jente torpe, en la imposibilidad de hacerse superior y dominar por la inteligencia o por la virtud, funda su superioridad sobre los otros en la posesión de riquezas, y cuando estas les faltas, presenta la fuerza física por todo título de las consideraciones que exige que se le guarde, sin considerar que el mayor o menor desarrollo de los músculos, que no es más que un capricho de la naturaleza, no puede ser título suficiente para merecer el respeto y la distinción de los demás.[26]

 

De esta forma se pretendía remarcar que el uso de la violencia no era un medio legítimo para remarcar la respetabilidad de una persona, ya que este atributo solo se obtenía “por la inteligencia o la virtud”. Dado el afianzamiento del temor de la élite en relación a las supuestas tendencias violentas de los sectores populares, este discurso puede ser interpretado como una crítica a la relación que existía entre el uso de la violencia y la defensa del honor. De hecho, en el mundo popular, el honor implicaba “una ambición de dominar a otros y el miedo a sufrir una humillación a manos de los demás” (Johnson, 2013, p. 104), lo que conllevaba que la defensa de este atributo simbólico conllevara el uso de la violencia.

Bajo esta lógica, en la prensa también se condenó el uso de la violencia contra los niños. En 1870, El Nacional manifestó, en relación al caso de una niña flagelada por su madre, que “Tiempo es de que se vaya desterrando la infame costumbre de flagelar, que degrada a las personas y produce en los niños el mal efecto de hacer perder la vergüenza”, ya que “el látigo no corrige degrada”.[27] En el mismo año, El Nacional opinó que la flagelación de un menor de 10 años por parte de su “padre desnaturalizado” merecía un “castigo ejemplar”, ya que la “civilización del siglo XIX se opone ya a esas medidas de corrección que repugna la sociedad y que producen un efecto enteramente distinto del que se busca”.[28] Al parecer este tipo de opiniones se arraigaron en el imaginario de, por lo menos, un sector de la élite. De hecho, en 1855 se promulgó una norma que prohibía el uso de castigos físicos en las escuelas, argumentando que dañaban la dignidad y la salud de los niños (Espinoza, 2015, p. 145).

No en vano, la crítica que la prensa esgrimía contra el uso de la violencia también podía ser esgrimida contra los sectores acomodados de la sociedad. Una noticia publicada en La Patria en 1872 dio cuenta de ello:

 

Una menor. ―Natividad Rojas se ha presentado a la Subprefectura, pidiendo amparo y quejándose de los muchos graves maltratos que le infieren sus patrones, de cuya casa se ha visto en la necesidad de huir. Sabemos que el señor Intendente ha ordenado a los facultativos de su dependencia la reconozcan y expidan el correspondiente certificado para hacer comparecer a sus patrones que según se nos ha asegurado, son personas de categoría y viven en una gran casa abajo del puente. Deseamos que esta aserción no se confirme, a fin de evitarle el sonrojo que les causaría, si realmente fuese cierta la queja de la indicada menor.[29]

 

No en vano, al autor de la nota no solo le causaba indignación los “graves maltratos” sufridos por la menor, sino también que hubieran sido perpetrados por “personas de categoría”.

Esta crítica revestía especial gravedad, ya que el paradigma de la civilidad había arraigado en el imaginario de la élite de la ciudad. Si bien durante el periodo colonial la moral católica impuso un código de conducta que abarcaba “desde la práctica de la devoción hasta la urbanidad en las relaciones entre personas” (Lempérière, 2012, pp. 97-98), el modelo de conducta cortés que las élites hispanoamericanas asumieron a mediados del siglo XIX se basaba menos en los principios católicos que en un conjunto de habilidades conocidas como “buenas maneras” (Espinoza, 2013, p. 128). La adopción por parte de la élite limeña de este código de conducta se evidenció en la circulación que tuvo el Manual de urbanidad y buenas maneras de Manuel Carreño al interior de la ciudad (Espinoza, 2015, pp. 127-129). Carreño era, sin duda, un defensor del nuevo paradigma de comportamiento que se había difundido entre las élites hispanoamericanas. Para este autor, la urbanidad no era posible sin la virtud de la paciencia, pues esta permitía controlar los impulsos y deseos (Carreño, 1894, p. 38).

Al interior de la élite se asumió que este nuevo código de conducta, al que también aspiraban los sectores medios, era un símbolo de distinción social (Espinoza, 2013, p. 129). No obstante, es plausible que también se haya considerado que la instrumentalización de este código de conducta podía contribuir al disciplinamiento de la sociedad. De hecho, se introdujeron cursos de urbanidad en algunas escuelas (Espinoza, 2013, pp. 128-130).

Bajo esta lógica, llama la atención que la documentación oficial enfatizara que los agentes policiales debían tener un comportamiento acorde, en gran medida, con el paradigma de la civilidad. Ello fue notorio en lo dispuesto en la reglamentación de 1873 acerca de la conducta de los comisarios:

 

Guardaran la mayor circunspección y dignidad en todos los actos en que intervengan. Serán medidos en sus palabras y en sus disposiciones, evitando toda acción violenta o brusca que desdiga del tino y prudencia que deben caracterizar sus procedimientos. Los comisarios deben distinguirse por su sagacidad y cordura, por la cortesía y buen trato con las personas, por su energía en hacer cumplir sus disposiciones y las de los reglamentos de policía; por el conocimiento perfecto de las leyes, decretos y reglamentos, tanto de orden y seguridad, como municipales, debiendo penetrase de que este conocimiento es indispensable para el buen desempeño de sus funciones, y por una probidad intachable.[30]

 

En otras palabras, el accionar ideal de los comisarios es representado como una mezcla de audacia y autocontrol “en sus palabras y en sus disposiciones”, lo que debía provocar que actúen con “sagacidad y cordura”. En este sentido, el inspector general de policía Francisco de Secada, a su vez, manifestó en un informe de 1869 que los puestos de inspectores “no deben conferirse sino a personas de suma honradez, de buena fama, circunspectas, de educación y que tengan todas las aptitudes necesarias para el desempeño de un destino que requiere actividad, mucho celo y bastante inteligencia” (Ministerio de Gobierno, Policías y Obras Públicas, 1870, sin número de página). Es decir, tanto para el caso de comisarios como de inspectores, desde el Estado se concibió que el autocontrol de los impulsos y la cortesía redituaban en el cumplimiento eficiente de las funciones que se les asignó.

Bajo esta lógica, se condenó el uso de castigos físicos al interior del plantel policial. En el reglamento de policía 1869 se estableció que los jefes de los cuerpos de celadores debían garantizar el buen trato de sus subordinados:

 

No permitirán que se maltrate de manera alguna a los celadores, ya sea por sus oficiales o inspectores, teniente presente que la noble y elevada misión de estos agentes, a quienes están encomendados la custodia del orden público y las garantías de los ciudadanos, requiere que sean tratados con estimación, a fin de que no desmerezcan ante el concepto público, y de que los cuerpos de celadores puedan atraer un buen personal; objeto a que propenderse a todo trance, a fin de que esta institución llene su objeto.[31]

 

En otras palabras, el buen trato de los jefes ante sus subordinados no solo evitaba que estos sufrieran abusos, sino también permitía que el cuerpo policial atrajera personas idóneas. No en vano, para el inspector Francisco de Secada era posible atraer a personas idóneas al servicio policial a través de “el buen trato, con la estimación y las garantías prestadas a su dignidad” (Ministerio de Gobierno, Policías y Obras Públicas, 1870, sin número de página).

En el caso de los agentes policiales comunes, también se enfatizó que debían tener un comportamiento guiado por la civilidad. Este parecer fue expresado con claridad por el inspector Secada en su informe de 1869:

 

Es preciso fijarse en que son muchos y muy importantes los deberes que un celador del orden, tiene que llenar durante su fatiga, teniendo que atender a todos los casos tan variados que acontecen y demandan su pronta y atinada intervención, ejercida según la naturaleza y las circunstancias de la ocurrencia que los motive. Debe por lo tanto ser una persona muy racional y de buen criterio, para obrar con acierto y no cometer desatinos en los lances que se le presenten. Está llamado a entender con todas las clases de la sociedad, así extranjeros como nacionales. Su conducta y su calidad personal, expuestas a la visibilidad, están por otra parte, bajo la inspección y el juicio del vecindario que mide y juzga por ellas el grado de sus garantías y el celo que la autoridad emplea en su obsequio […] (Ministerio de Gobierno, Policías y Obras Públicas, 1870, sin número de página).

 

De acuerdo a esta cita, el policía común no solo debía caracterizarse por su laboriosidad, sino también por el “buen criterio”, lo que le permitiría evitar “desatinos en los lances que se le presenten” y afianzar su reputación. Es decir, para Secada, la contención de la violencia resultaba esencial dentro del comportamiento de los agentes policiales. En este sentido, en el reglamento de 1873 se estableció que los policías debían “ser atentos y corteses con las personas que soliciten su asistencia y auxilio”,[32] así como cada uno de ellos debía demostrar ser “circunspecto y comedido con sus compañeros y obediente y respetuoso con sus superiores” dentro de los cuarteles y afuera de estos presentarse “con dignidad y decoro”.[33] En otras palabras, se asoció el disciplinamiento de los agentes policiales con la adopción de un comportamiento cortés y contenido.

En la normatividad, a su vez, se buscó establecer criterios de selección del personal policial que estuvieran acordes con el paradigma de la civilidad y, al mismo tiempo, con la mirada jerárquica que la élite tenía sobre la sociedad. La reputación se consideró también un indicador importante de decencia. En el reglamento de policía de 1869 se estableció que ningún agente policial debía “haber sido condenado por los tribunales a pena alguna ni sometido a juicio por acusaciones de faltas denigrantes”.[34] En 1873 se acotó este requisito solo a casos de pena corporal,[35] pues es probable que de esta forma se buscara ampliar el universo de individuos elegibles debido a que la crisis económica generó la depreciación de los salarios reales. Asimismo, los reglamentos de policía de 1866 y 1869 estipularon que lo aspirantes a integrar el plantel policial debían acreditar buena conducta.[36] En el primer reglamento la buena conducta debía ser acreditada por dos personas notables, mientras que en el segundo se especificó que debía ser avalada ante el subprefecto, lo que evidenció la intención de tener una mayor garantía de la validez de la certificación. En este sentido, en el reglamento de 1869 se estableció que estaba impedido de ser celador todo aquel que hubiera sido “doméstico en alguna casa, sirviente de fonda, barredor”.[37] Es decir, se asumía, en gran medida, que las personas que ejercían ocupaciones de baja calificación no eran capaces de tener una conducta contenida o cortés. Dado que los reglamentos de 1866, 1869 y 1873 exigieron que los aspirantes supieran leer y escribir,[38] es probable que de esta forma se haya buscado restringir el acceso al servicio policial a aquellos que ejercían actividades de baja calificación, pues estos conformaban el grupo con una de las menores tasas de alfabetización de la ciudad (Cosamalón, 2017, pp. 273, 282-283).

En la normatividad, además, se prohibió los comportamientos que socavaban la adopción de un comportamiento contenido y cortés por parte de los agentes policiales. De hecho, en el reglamento de 1869 se estipuló que los agentes policiales debían tener una “conducta irreprochable, excenta de vicios”.[39] En esta línea, la reglamentación de 1873 estableció que el integrante de la “Guardia Civil, cualquiera sea su empleo, que se embriague durante el servicio, será destituido” y si daba muestras de este comportamiento cuando se encontrase fuera de servicio “será amonestado por sus superiores, y si no se corrigiera a pesar de las amonestaciones será destituido”; así como que el “funcionario de policía destituido por embriaguez” quedaba impedido de “ingresar de nuevo al servicio”.[40] De esta forma, se pretendía enfatizar que no se toleraba la embriaguez, pues podía conducir a los agentes policiales a cometer graves inconductas. No en vano, el inspector Secada afirmó en su informe de 1869 que “un celador torpe, vicioso, inmoral” no era “útil al vecindario”, sino que más bien “tratará brutalmente y sin disernimiento a los ciudadanos; cometiera exacciones, hará mal uso de su arma, excitara el descontento con sus tropelías y venalidades” (Ministerio de Gobierno, Policías y Obras Públicas, 1870, sin número de página).

En este sentido, en los reglamentos de policía se prohibió el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales en contra de los arrestados. Los reglamentos de 1869 y 1873 de modo explícito indicaron que los agentes policiales tenían prohibido “maltratar ni dañar de manera alguna a las personas que se aprehendan” a pesar que se resistieran, excepto cuando los desafiaran con armas.[41] Es decir, salvo esta excepción, los agentes debían estar dispuestos a hacer un uso moderado de la fuerza física y de sus armas contra los arrestados, de modo que su accionar no podía estar desapegado del paradigma de la civilidad. De hecho, el inspector general de policía Francisco de Secada manifestó en un informe dirigido al Ministerio de Gobierno en 1869 que la policía debía ser “enérgica, valerosa e irresistible”, pero también “urbana, sagaz y prudente” (Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas, 1870, sin numeración de página).

Precisamente, la asociación entre policía y civilidad llevó a que en la prensa se criticara el empleo de la violencia dentro de la labor policial. Ello fue notorio en una nota de El Comercio, publicada en julio de 1861, en la que se valoraba positivamente que el intendente de policía hubiera ordenado a los celadores que limitaran el uso de la fuerza que esgrimían cuando arrestaban a los ebrios:

 

A LA POLICÍA―Sabemos que el señor Intendente ha ordenado a los celadores que en adelante no maltraten a los aprehendidos que tengan que conducir al cuartel, limitándose a asegurarlos y absteniéndose de hacer uso de sus armas a no ser que sea en los casos estremos. Aplaudimos esta medida que ha la reclamaba nuestra civilización y que evita que el público presencia consternado el trato bárbaro y cruel que los celadores solían inferirles a los ebrios, con lo cual no hacían más que irritarlos en vez de conducirlos tranquilamente a su destino.[42]

 

Esta nota enfatizaba que el uso limitado de la fuerza debía caracterizar a los celadores, ya que ello era una señal de “civilización”, y, por ende, se oponía al trato “bárbaro y cruel” que solían tener con los ebrios.

En la prensa también se enfatizó que el uso de la violencia por parte de los agentes policiales tenía efectos disruptivos sobre los resultados del accionar policial. Ello fue notorio en la nota que El Nacional publicó a fines de 1874, en la cual se transcribía la comunicación enviada por el subprefecto Ambrosio del Valle a los comisarios para que moderen el comportamiento de sus subalternos:

 

Son frecuentes las quejas que recibe esta subprefectura con motivos de los maltratos que infieren los guardias civiles a los individuos que tratan de aprehender por ebrios o criminales. He tenido ocasión de convencerme de esto, presenciando por mí mismo, los efectos de los referidos maltratos.

Es un hecho que U. no puede negar, por que lo palpa a cada instante, que la policía no puede contar con el apoyo del pueblo cuando trata de aprehender a malhechores. Entre las causas que influyen en esto, figura en primera línea, el maltrato y las estorciones que estos reciben de aquella cuando trata de aprehenderlos. Es pues de absoluta necesidad que dicha causa desaparezca, es decir, que se trate con toda consideración a los detenidos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o el crimen que hayan cometido, pues solo de esa manera podrá desaparecer la prevención que tiene el vecindario contra los guardias […].[43]

 

Para el subprefecto, la consecuencia más nociva del uso de la violencia que esgrimían los agentes policiales era el rechazo que generaba entre los sectores populares. Ello socavaba el accionar de los agentes policiales, pues desalentaba la cooperación que podían obtener para “aprehender malhechores”.

Los hechos de violencia protagonizados por agentes policiales cerca de la élite, por supuesto, también eran motivo de crítica en la prensa. Ello fue notorio en una nota publicada por El Comercio en 1861 en la que se informaba acerca de la riña que protagonizaron dos celadores:

 

DOS CELADORES DEL ORDEN―Se trompeaban anoche en el teatro de una manera escandalosa. Este suceso tenía lugar en la puerta por donde entra a su palco S. E. Inmediatamente que fueron vistos, se armó una algazara diabólica, de todos los lugares del teatro acudía la gente a presenciar esta escena escandalosa. Vino luego el Inspector y mandó conducir a los pleitistas a un lugar seguro, al calabozo de la Intendencia. Probablemente serán dados de baja hoy, por que así lo aconsejan la moralidad y la dignidad de la compañía. Es preciso que en estos casos se observe una conducta inexorable: de otro modo desaparecerán el respeto y las consideraciones que todos debemos guardar a los encargados de conservar el orden. Si no se castigasen actos de esta naturaleza, ¿cómo se podrían jamás obtener aquellos?[44]

 

Para el autor de la nota, los celadores que protagonizaron la riña debían ser expulsados, pues habían dañado “la moralidad y la dignidad de la compañía”. Es plausible que un agravante del hecho haya sido que se produjo en un ambiente propio de la élite, lo que habría contaminado el ambiente de civilidad que este grupo social buscaba construir en su entorno.

Sin embargo, hay que tener en cuente que la adopción del paradigma de la civilidad por parte de la élite no estuvo exenta de ambigüedades, lo que se evidenció en la normatividad que regulaba el accionar policial. De hecho, en el reglamento de policía de 1869 se estableció que los agentes policiales debían tener ciertos reparos con las denuncias que recibieran acerca de maltratos perpetrados contra sirvientes:

 

Cuanto tuvieren noticia de que en el recinto de una casa se comete algún crimen, o que se maltrata gravemente y con sevicia a algún doméstico menor, o colono, procurara indagar la verdad del hecho con toda la sagacidad posible y una vez convencidos de su existencia, darán parte inmediatamente al Sub-prefecto para recabar la orden competente a fin de penetrar en el lugar donde se está cometiendo el delito y apresar a sus autores para que sean sometidos a juicio.[45]

 

Es decir, si bien el reglamento autorizaba el arresto de aquellos que eran denunciados cuando el denunciante aceptaba acudir a la comisaría a justificar la detención,[46] en casos de este tipo los agentes policiales solo podían intervenir cuando estuvieran “convencidos de su existencia” y, a su vez, recibieran la orden del subprefecto. Si bien esta última indicación fue derogada en 1873, en la reglamentación publicada este año aún se continuó precisando que no se podía arrestar de modo inmediato a aquellos que eran denunciados por maltratar a sus sirvientes.[47] Esta disposición, sin duda, beneficiaba a la élite, ya que este grupo tenía la mayor parte de sirvientes a su servicio. De esta forma, se incentivó que los agentes policiales toleraran el uso de castigos físicos de miembros de la élite en contra de sus sirvientes a pesar que ello iba en contra del paradigma de la civilidad.

Consideraciones finales

 

El fortalecimiento del despliegue policial entre mediados del siglo XIX y los años previos al inicio de la Guerra del Pacífico evidenció la exacerbación de los temores de la élite en relación a los sectores populares. El crecimiento de la población popular, el deterioro de sus condiciones de vida y los saqueos que se produjeron en contextos de inestabilidad política configuraron un contexto propicio para que ello ocurriera. Además, es posible afirmar que dichos temores estaban vinculados a los patrones de sociabilidad de la élite. De hecho, a pesar de las limitadas dimensiones de la ciudad, este grupo configuró una red de sociabilidad que tuvo un contacto relativamente escaso con el resto de la población. Por ende, se exacerbó el imaginario estereotipado de la élite acerca de la población popular y su afán por reformar el comportamiento de esta.

Precisamente, la expansión de la presencia policial en la ciudad también daba cuenta de la puesta en práctica de un proyecto de control social. Por supuesto, este proyecto ponía en relieve la intención de las élites de amoldar el comportamiento de la población al sistema económico imperante ―tal como lo plantea Michel Foucault (2002) a partir del caso francés― o, en otras palabras, siguiendo a Augusto Ruiz (2004), llevar a la práctica una “utopía controlista” con la finalidad de transformar a los habitantes de la ciudad “en dóciles y eficientes trabajadores” (p. 386). Sin embargo, este estudio pone en relieve que el proyecto de control social de la élite excedía sus intereses económicos, pues puso énfasis en la represión de las supuestas conductas violentas de los sectores populares al concebir que eran una amenaza. De hecho, este tipo de temores parecen haber sido comunes en la época. Agustina Paglayan (2024) plantea que en Occidente la progresiva masificación de la educación primaria respondió a los temores de las élites en relación a los sectores populares.

En este sentido, dado que la élite limeña había adoptado el paradigma de la civilidad, concibió que la puesta en práctica de su proyecto de control social requería que la conducta del plantel policial estuviera moldeada por este código de comportamiento, lo que fue notorio en la normatividad. Es decir, se asumió que la adopción de un comportamiento cortes y marcado por la contención de los impulsos violentos iba a fortalecer el respeto de la cadena de mando al interior del plantel policial, la dedicación de sus miembros al cumplimiento de sus funciones y su reputación. En definitiva, se concibió que la adopción del paradigma de la civilidad por parte de los agentes policiales iba a potenciar su desempeño y, por ende, el control de los sectores populares. Por supuesto, es plausible asumir que esta disposición no escapó de la mirada jerárquica de la sociedad que tenía la élite, de modo que mientras concibió que la adopción de la civilidad por parte de este grupo social significaba distinción social, en el caso de los agentes policiales señalaba disciplina. Esta mirada jerárquica de la élite también influyó sobre la normatividad policial a pesar que contradecía el paradigma de la civilidad. Bajo esta lógica, la normatividad impuso barreras a la intervención de los agentes policiales en casos de maltrato contra sirvientes.

 

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Recibido: 07/03/2025

Evaluado: 29/05/2025

Versión Final: 23/06/2025