Presentación al dossier:

Agro, ambiente y política: crisis y gobernanza estatal desde una perspectiva subnacional

 

María Agustina Arrién(*) y Gabriel Fernando Carini(**)

 

ARK-CAICYT: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24690732/8ihnlr700

 

La interrelación entre agro, ambiente y política ha ganado una centralidad renovada en las ciencias sociales, impulsada por el reconocimiento de que las problemáticas rurales no pueden analizarse escindidas de los procesos ecológicos, institucionales y de poder. Este dossier se propone aportar a ese campo de estudios desde una perspectiva situada en las escalas subnacionales, donde los conflictos, negociaciones y disputas se expresan con particular densidad. En efecto, son las crisis agropecuarias –entendidas no solo como emergencias productivas, sino como puntos de inflexión en la articulación entre naturaleza y política– las que ofrecen una ventana privilegiada para comprender la construcción de saberes, políticas y narrativas en torno a la gestión estatal del territorio.

Lejos de ser un mero reflejo de decisiones nacionales, las respuestas subnacionales a las crisis del agro revelan formas específicas de gobernanza, en las que se entrelazan normativas, saberes técnicos, demandas sectoriales y conflictos históricos en torno al acceso y control de los recursos. Las situaciones de emergencia –como sequías, inundaciones o procesos de degradación ambiental– intensifican estos procesos, generando espacios de actuación donde se redefinen tanto los roles del Estado como los márgenes de acción de actores rurales, técnicos y organizaciones sociales.

En este sentido, el presente dossier se inscribe en la confluencia de tres campos: la historia rural, la historia ambiental y la historia política, para analizar cómo se construyen formas de gobernanza estatal frente a crisis agroambientales. Se parte de una premisa central: que dichas crisis no son simplemente fenómenos naturales o contingencias técnicas, sino procesos socioambientales con profundas raíces históricas, donde confluyen estructuras de poder, racionalidades productivas y culturas políticas territoriales. Así, se propone un enfoque que reconozca la materialidad ecológica de los territorios, al tiempo que visibilice las disputas simbólicas, normativas y organizacionales que configuran su gestión.

La historia rural y la historia política ofrecieron herramientas clave para concebir este dossier como un proyecto que recupere el pasado en entornos rurales, reconociendo que dichos espacios han sido y continúan siendo escenarios de disputas por el poder. Por su parte, la historia ambiental -con su foco en la imbricación entre procesos ecológicos y prácticas humanas- nos invitó a problematizar la imagen de una naturaleza externa, prístina o pasiva, proponiendo en cambio abordajes que integren a las ciencias sociales y naturales con el fin de cuenta de ciertas transformaciones socioambientales (Myllyntaus y Saikku, 2001). Esta perspectiva nos resultó especialmente fértil para problematizar cómo se producen las crisis ambientales, cómo se las nombra, y qué racionalidades orientan su gestión.

Los artículos que integran este dossier abordan una diversidad de territorios y contextos, pero comparten un conjunto de problemáticas que permite trazar líneas de análisis comunes. En primer lugar, emerge con fuerza la dimensión subnacional como clave para entender los modos en que se despliegan las políticas agroambientales. Lejos de aplicar respuestas homogéneas, los Estados provinciales actúan según trayectorias institucionales, disputas políticas y capacidades desiguales que marcan el alcance y la forma de las intervenciones. Las experiencias de provincias como Misiones, Chaco, Buenos Aires, La Pampa y Neuquén dan cuenta de estas variaciones, al mostrar cómo las escalas locales, provinciales y nacionales se entrelazan en tensas articulaciones, sobre todo cuando se trata de gestionar crisis o regular el acceso a la tierra. En estas zonas, muchas veces periféricas o históricamente marginadas –como El Impenetrable chaqueño, la cuenca baja del río Salado o el este del entonces Territorio Nacional de La Pampa–, el Estado aparece como un actor ambivalente: promotor del capital agrario y, a la vez, responsable de contener los efectos de la exclusión social.

Otro eje transversal lo constituyen las crisis ambientales. Estas no son pensadas como simples contingencias naturales, sino como procesos con raíces estructurales y proyecciones políticas. En todos los casos analizados, las crisis –ya sean provocadas por sequías, inundaciones o procesos de degradación sostenida– funcionan como catalizadores de nuevas formas de intervención estatal, de reorganización de las relaciones de poder y de visibilización de tensiones latentes. A su vez, los artículos muestran cómo estas catástrofes se inscriben en temporalidades más largas y complejas: desde la erosión eólica en el centro del país durante las décadas de 1930 y 1940 –que afectó a amplias zonas de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y La Pampa– hasta el actual retroceso del bosque paranaense en Misiones. Al mismo tiempo, estas situaciones críticas abren disputas en torno al modo en que se nombran, representan y politizan los desastres. Tal es el caso de las representaciones mediáticas sobre la trashumancia en Neuquén, que muestran cómo los discursos dominantes pueden desactivar o encubrir el carácter conflictivo de ciertas prácticas rurales.

Finalmente, una tercera dimensión compartida es la que remite a los modos de gobernanza y a la constitución de entramados tecnopolíticos. Los artículos permiten observar cómo el saber experto –producido por técnicos, organismos científicos o agencias estatales– interviene activamente en la definición de lo que se considera una emergencia, un problema ambiental o una solución legítima. Esto es particularmente visible en el funcionamiento de los dispositivos de emergencia agropecuaria, donde los informes técnicos no solo diagnostican, sino que habilitan decisiones políticas que afectan la distribución de recursos y beneficios. Al mismo tiempo, los conflictos por el uso del suelo y la tenencia de la tierra se presentan como ejes estructurantes en distintas regiones. Desde los procesos de regularización en tierras fiscales del Chaco, pasando por los programas conservacionistas en la región pampeana erosionada, hasta las tensiones sobre los caminos de arreo en la cordillera neuquina, los trabajos muestran cómo las políticas públicas tienden a institucionalizar ciertas demandas mientras silencian o excluyen otras, favoreciendo en muchos casos a los sectores más capitalizados del agro.

En conjunto, los artículos reunidos en el presente dossier exploran cómo las crisis ambientales y productivas abren escenarios de intervención estatal, reconfiguran relaciones de poder y exponen tensiones persistentes en torno al uso del suelo, la legitimidad de los saberes y la distribución de los beneficios del desarrollo.

De esa forma, ubicados en la región pampeana, los trabajos de Federico Martocci y María Agustina Arrién permiten pensar en perspectiva histórica los modos en que el Estado interviene frente a escenarios de degradación ambiental. En esa clave, el artículo de Martocci reconstruye las acciones del Instituto de Suelos y Agrotecnia en la década de 1940, cuando el Estado argentino respondió a los efectos de la erosión eólica en vastas regiones del centro del país. Se analiza el rol de los técnicos estatales en la producción de conocimiento, la elaboración de cartografía y el diseño de planes conservacionistas. La crisis ambiental –producto del avance del monocultivo cerealero– es el punto de partida para una intervención estatal con pretensiones de planificación racional. Sin embargo, la acción del Estado no fue uniforme ni logró transformar las lógicas de producción. El agro aparece como responsable de la degradación, pero también como beneficiario de una política conservacionista diseñada desde el centro. La relación con el ambiente está mediada por un saber técnico-estatal que busca reordenar el territorio sin alterar las estructuras agrarias dominantes.

Por su parte, María Agustina Arrién estudia la aplicación de la Ley de Emergencia Agropecuaria en la Cuenca Baja del Río Salado (Buenos Aires, 2020–2025), abordándola como un entramado tecnopolítico. A través de entrevistas y análisis documental, reconstruye el funcionamiento de las comisiones de emergencia, los saberes expertos que las fundamentan y los conflictos en torno a la gestión del agua en escenarios de sequías e inundaciones. El agro aparece tensionado entre su dependencia del agua y su vulnerabilidad estructural, revelando las limitaciones de la gestión estatal para abordar estas crisis como procesos de larga duración. La política ambiental no se formula desde una racionalidad ecológica, sino como respuesta a la presión sectorial, mediada por técnicos y actores corporativos. Se configura así una gobernanza segmentada, que legitima soluciones parciales y reproduce desigualdades preexistentes en el acceso a los beneficios estatales. Ambos artículos, en su conjunto, muestran cómo la tecnificación del conocimiento y la fragmentación de las respuestas estatales pueden reforzar los patrones históricos de desigualdad en el agro pampeano, incluso bajo la retórica de la planificación o la emergencia.

Los espacios del nordeste argentino son abordados por Lisandro Rodríguez y Adrián Almirón. El primero analiza la producción de yerba mate en Misiones desde una perspectiva histórica y ambiental, centrada en las transformaciones territoriales y ecológicas provocadas por el monocultivo y el avance del capital. Se estudia cómo el Estado intervino en la configuración del modelo productivo, tanto en su etapa inicial de extracción como en la posterior consolidación de la foresto-industria, promoviendo una lógica de crecimiento basada en la explotación intensiva del suelo. La política estatal aparece como motor de una estructura agraria desigual y ambientalmente degradante. La retórica de la sustentabilidad se presenta como contradicción de fondo: mientras el INYM promueve discursos de conservación, las prácticas productivas sostenidas por el Estado favorecen la concentración, la pérdida de biodiversidad y la subordinación de la naturaleza a la lógica del capital. La dimensión ambiental está atravesada por disputas de sentido entre modelos extractivos y narrativas de sostenibilidad.

En sintonía con esa perspectiva crítica sobre las políticas de desarrollo, el trabajo de Adrián Almirón examina la evolución de la política de tierras fiscales en la provincia del Chaco, con foco en El Impenetrable, entre 1976 y 2019. A través del análisis de normativas, acciones administrativas y conflictos territoriales, el artículo muestra cómo el agro se articula con la política a través del control del suelo. El Estado provincial opera como agente de modernización y expansión productiva, legitimando procesos de concentración de tierras en nombre del desarrollo. La dimensión ambiental aparece subordinada a esa lógica: el avance agropecuario sobre el monte chaqueño se realiza sin regulaciones eficaces y con fuerte impacto ecológico. El ambiente es territorio de disputa, pero también de silencios institucionales frente a las comunidades originarias y campesinas. Ambos estudios, aunque centrados en distintas provincias y temporalidades, iluminan cómo el Estado reproduce desigualdades estructurales a través de sus políticas productivas y territoriales, incluso cuando estas se visten de un lenguaje ambiental.

Finalmente, el trabajo de María Inés Rodríguez introduce una dimensión complementaria: la del conflicto simbólico y epistémico en torno a los usos del territorio. Su artículo analiza las representaciones mediáticas sobre los crianceros trashumantes en Neuquén entre 2022 y 2025, revelando cómo los discursos públicos tienden a folklorizar la práctica y a despolitizar a sus protagonistas. A partir de un enfoque interdisciplinario que articula historia rural, teoría de la comunicación y pensamiento decolonial, se muestra cómo los medios invisibilizan los conflictos territoriales, omiten las voces campesinas y legitiman procesos extractivos como el turismo o la expansión hidrocarburífera en Vaca Muerta. Aquí el agro aparece en clave campesina y en resistencia. Los crianceros encarnan una racionalidad ecológica alternativa, basada en el uso sostenible del territorio y en saberes comunitarios. La política —en tanto regulación estatal y narrativa pública— tiende a invisibilizarlos, mientras el ambiente se transforma en mercancía o espectáculo. El conflicto se sitúa, así, en el plano simbólico y territorial, donde el extractivismo epistémico opera como una forma de exclusión política.

Este recorrido, que transita regiones, escalas y lenguajes diversos, permite pensar los territorios rurales no solo como espacios de producción, sino también como campos de disputa donde se entrecruzan intereses económicos, racionalidades técnicas, saberes locales y políticas públicas. Al privilegiar el análisis subnacional, el dossier visibiliza las formas específicas que asume la gobernanza agroambiental en distintos contextos y propone una lectura sobre las promesas de sustentabilidad, desarrollo y ordenamiento territorial en un tiempo signado por la intensificación de las crisis ecológicas y sociales. En suma, se busca poner en evidencia cómo las crisis agroambientales no son meros episodios coyunturales, sino procesos que revelan las estructuras desiguales sobre las que se asienta la gobernanza estatal en el agro argentino. En ese debate, los artículos aquí reunidos muestran que la escala subnacional no solo permite observar con mayor nitidez las tensiones y disputas por el territorio, sino que habilita también la reconstrucción de los entramados institucionales, simbólicos y técnicos que moldean las respuestas públicas ante el conflicto.

 

Referencias bibliográficas

 

Myllyntaus, T. y Saikku, M. (Eds). (2001). Encountering the past in Nature: Essays in Environmental History. Ohio University Press.