De atropellos y canalladas. Tensiones en relación a la
moral de la policía en las representaciones públicas sobre el orden social.
Santa Fe, 1870-1900
Paula María Sedran(*)
Resumen
En el último cuarto
del siglo XIX, en la ciudad de Santa Fe y su región se instituyó una nueva agenda del orden, que estableció qué prácticas y valores
serían permitidos y castigados en la nueva sociedad civilizada. Dentro de ésta,
la falta de moral de la tropa policial fue un tema central, pues los mismos
hombres que debían garantizar orden y decoro, incurrían en prácticas
escandalosas e inmorales. El presente trabajo recorre las representaciones
sobre la moral policial, considerando a qué sujetos se hizo responsable, a qué
intereses se relacionó la pervivencia de la inmoralidad y qué consecuencias
sociales se le adjudicaron. Se analizan los años de 1870 a 1900, considerando,
respectivamente, la desmovilización que supuso el fin de la guerra de la Triple
Alianza, que aumentó la presencia de hombres armados en las calles de la
ciudad, y el recrudecimiento del recelo hacia las fuerzas policiales que
existió en las colonias agrícolas a fines de siglo. Con ese fin, se revisan
fuentes periodísticas, policiales y gubernamentales de Santa Fe y las Colonias
circundantes.
Palabras clave:
representaciones; policía; moral; Santa Fe; Argentina.
Of outrage, roguery and crime. Tensions regarding the morality of the police
within public representations of social order. Santa Fe, 1870-1900
Abstract
A new Agenda on public order was instituted in the city of Santa Fe and
its region in the last quarter of the nineteenth century. It established what
practices and values would be allowed and which others punished in the new
civilized society. Within it, the lack of morals of the Police troops became a
central issue, since the very men who had to guarantee public order and
decorum, engaged in scandalous and immoral practices. This paper traces the
representations on Police morality, considering which subjects were made
responsible; to which interests the survival of immorality was related; and
what social consequences it was said to pose. It analyses the period between 1870
and 1900 considering the demobilization that took place with the end of the War
of the Triple Alliance (which increased the presence of armed men in the city)
and the intensification of suspicion towards Police forces that existed in the
agricultural colonies at the turn of the century. With that aim this paper
reviews journalistic, police and government sources of Santa Fe and the
surrounding Colonies.
Keywords: representations; police; morality; Santa Fe; Argentina.
De
atropellos y canalladas. Tensiones en relación a la moral de la policía en las
representaciones públicas sobre el orden social. Santa Fe, 1870-1900
Introducción
“Combatir la
inmoralidad en esta época es peor que pedirle peras al olmo [porque] las
autoridades policiales son las únicas responsables de que ese vicio, con todas
sus inmoralidades, se halle hoy en pleno apogeo.”[1]
En el último cuarto del siglo XIX,
en la ciudad de Santa Fe y su región, como en todo el país, se instituyó una
nueva agenda del orden. Como parte de
la consolidación estatal, se estableció qué prácticas y valores debían ser
permitidos y castigados (y que, por tanto, el Estado debía controlar y regular)
aunque ello no se trató de un proceso unidireccional. Por el contrario, una
parte sustancial de éste fue la conformación de un consenso cultural que no
sólo respaldara estas acciones del Estado sino que las demandase. Dicho consenso se apoyó fuertemente en
el ideal civilizatorio de la sociedad que las elites se reconocían forjando, pero distó de ser sencillo, ya que
de esta discusión no sólo participó un conjunto variado de actores sociales (la
elite como tal, funcionarios gubernamentales y policiales, la prensa, los
colonos, entre otros) sino que se engarzó con otros debates de la agenda
pública. Es decir que las representaciones, como parte de la formación de
subjetividades e identidades sociales, fueron clave en la demarcación de los
límites a prácticas y valores en relación al orden público.
En esta nueva agenda del orden, la tarea de la Policía en lo que refiere al
control de los espacios públicos fue central porque, por distintas
circunstancias de su composición y de los problemas más asiduos que enfrentó,
estuvo lejos de alcanzar los ideales que las representaciones públicas le
fijaron. Su desempeño fue leído en una clave que nos es familiar para el
período: una en la que el hiato entre el ideal y la realidad forjó las
representaciones dominantes sobre esta institución.
A su vez, dentro de la discusión
sobre el orden público, la (falta de) moral de los hombres que integraron la
tropa ocupó ríos de tinta, pues los mismos que debían garantizar orden y
decoro, incurrían en las prácticas más escandalosas e inmorales. Críticos y
opositores señalaron la falta de moral de la tropa como el principal obstáculo
al cumplimiento de la función principal de la policía en la palestra pública y
ello se transformó en el centro de la discusión.
Como ha sido explorado en relación
a otros discursos sociales,[2] la
dimensión simbólica[3] es
una parte constitutiva del orden social, que conjuga las prácticas con las
miradas que los actores tienen sobre distintos fenómenos, sobre otros actores y
sobre la sociedad en general y condiciona la praxis social, especialmente los
procesos de configuración de fronteras simbólicas.[4] Por ello,
en el análisis detenido de la conformación de un discurso hegemónico sobre la
moral de la policía, vemos contornearse también elementos más abarcativos, que
refieren a identidades sociales, a procesos de lucha de poder, entre otros.
Bajo esta perspectiva, el presente
trabajo recorre la forma en que las representaciones sobre la moral de la
policía formaron parte de la construcción de una noción hegemónica de orden en
el último cuarto del siglo XIX en Santa Fe y su región. Analizamos qué valores,
prácticas, costumbres y problemas encarnó esta institución en el debate
público; cuáles fueron las principales tensiones en los sentidos sobre el orden
que afloraron en estas discusiones; y de cuáles otras discusiones sociales
participó el tópico de la moral policial.
El análisis comprende los años de
1870 a 1900. Se trata de un marco temporal que considera, respectivamente, la
desmovilización que supuso el fin de la guerra contra el Paraguay -que aumentó
las denuncias y arrestos de hombres armados en las calles de la ciudad- y el
recrudecimiento del recelo hacia la Policía que existió en las colonias
agrícolas a fines de siglo (debido a que éstas fueron la punta de lanza del
enfrentamiento entre colonos y gobierno).[5] Dicho
recorte es fruto de una cierta cadencia, reconocible en las fuentes policiales
y especialmente en la prensa, de momentos de mayor visibilización del problema
de la moral policial.
Para esos años, este artículo
considera una fracción (la cuestión de la moral policial) del proceso más
amplio de institucionalización[6] de
una norma de comportamientos. En este
sentido, nos interesa identificar y describir la construcción de sentido que se
hizo públicamente al respecto, en la intersección de la consolidación de una
idea de qué comportamientos debían ser instituidos y la conformación de la
policía como institución de orden.
Más precisamente ¿Cómo se significó
que la institución que debía representar el orden, el decoro, el progreso en su
máxima expresión fuese una de las más denostadas precisamente respecto de esos
valores que teóricamente encarnaba? En tal sentido, es pertinente volver sobre
la noción de que las relaciones de sentido y las relaciones de dominación,[7] en
un momento y lugar dados, se entretejen de maneras particulares y,
fundamentalmente, no pueden ser interpretadas las unas sin las otras. En
nuestro caso, esto quiere decir que, aunque el interés del trabajo se sitúe en
el campo del avance de ciertos valores y comportamientos (que tuvieron a las
instituciones del Estado como agentes activos y que hicieron de determinados
actores sociales los portadores del atraso y el desorden), debemos considerarlo
en función de la trama de sentidos de la que formaron parte. Esto es, dentro de
un determinado terreno contestado[8] en
el que se dirimieron, en definitiva, tanto el sentido hegemónico de lo que
sería el Orden como los roles que
cada uno de estos actores tendría en la imposición del mismo.
Por lo antedicho, proponemos un
recorrido en detalle por un conjunto de intervenciones públicas sobre la
cuestión de la moral policial para identificar sus tópicos, argumentos y
protagonistas. Con ese fin, analizamos partes diarios, edictos y sumarios de la
policía, documentos gubernamentales, así como periódicos de la ciudad de Santa
Fe y la región.
Una
década que comienza… desordenada. Armas prohibidas, escándalo y desacato
La década de 1870 fue clave en la
consolidación del poder del situacionismo, facción dominante de la elite
santafesina post Caseros. El iriondismo[9] se apoyó
fuertemente sobre los cuerpos militarizados (del Ejército, las Guardias
Nacionales y la Policía) para establecer y mantener su poder político y
territorial. En un contexto en el cual la resolución de la contienda política
por la vía armada estaba aún en su vigente, la cuestión de los potenciales
brazos armados del gobierno y la oposición fue de suma importancia. Entre otras
razones, porque con la consolidación de alianzas con el autonomismo porteño, el
iriondismo se granjeó la inminencia de los levantamientos armados opositores,
lo que volvió al control de los hombres sin ocupación una cuestión más
urticante que en años anteriores (cuando el partido federal se había volcado a
ellos para alzarse contra Oroño). Es decir que los hombres escandalosos e
inmorales eran peligrosos porque pululaban en las calles, pero también porque
podían servir de manos armadas a los opositores, dispuestos a alzarse para
hacerse del poder político.[10]
La presencia de ciertos actores se
hizo más visible en calles, plazas,
paseos y lugares de ocio (como casas de negocios, bailes y prostíbulos) y se
produjo un aumento notorio en la preocupación por cómo garantizar el orden
público, ante la presencia de sujetos sin ocupación, muchos de ellos, armados.
Además de portar armas, estos hombres solos (sin familia), entre los que se
contaron soldados licenciados, trabajadores estacionales, carreros,
trabajadores del puerto y otros sin ocupación conocida eran móviles en una
magnitud que incomodaba a las austeras capacidades de control de la Policía
local.
Si bien esto no era algo nuevo ya
que la movilidad de hombres, el tránsito fluido ciudad-campaña, la presencia de
sujetos desarraigados, figuraron en el repertorio de preocupaciones de las
autoridades desde tiempos coloniales[11] la visibilización de estos hombres en este
contexto tuvo algunos rasgos propios. En trabajos en lo que analizamos las
prácticas policiales de control en la ciudad de Santa Fe, vimos cómo, en estos
años, creció la cantidad de arrestos por portación de armas prohibidas, por
falta de papeleta y por vagancia.[12] Si
consideramos el mediano plazo, ello constituye una anomalía en los números del control público, pues en el espacio
urbano estas faltas, especialmente las últimas dos, fueron escasas en relación
a otras como la ebriedad, el escándalo o el desacato.
Ahora bien, ello se relaciona con
la cuestión del comportamiento policial, principalmente, en dos aspectos.
Primero, porque los integrantes de la tropa pertenecieron al mismo universo de
hombres -y de hecho, eran frecuentemente los mismos individuos- que los hombres
arrestados por faltas contra el orden;[13] luego,
porque eran los encargados de sofocar los escándalos y desórdenes dados en los
lugares públicos (amén de combatir, junto a las guardias nacionales y el
ejército, las insurrecciones).
Más que sobre cualquier otro cuerpo
militar,[14]
sobre la policía cayeron las representaciones negativas y esta fuerza fue
escrutada, en sus momentos de incipiente institucionalización, en relación a la
conducta de los integrantes de la tropa, acusados de manera sostenida de
inmoralidad. Se trata de un fenómeno complejo, pues en los años que duró la
guerra, la lucha –presión del gobierno nacional mediante- por remitir hombres
de forma constante se agravó con la necesidad de hombres en la Frontera y en
los cuerpos policiales (vacantes creadas tanto por las reiteradas defecciones
como por el traslado de efectivos a la frontera[15] y entre
los distintos cuerpos).
Se dieron muchos casos de hombres
que, por ejemplo, huyendo del servicio de policía en otras localidades,
llegaban a Santa Fe, eran apresados por desórdenes y reinsertados en el
circuito de servicio armado:
"Mariano Ramos (…) aprehendido
por la comisión de esta Policía por ebriedad y pendencia. Este individuo es
desertor de la Banda de Música del Rosario”[16]
"Han sido dados de alta en la
Partida Celadora de Policía de esta capital, en clase de soldados, los
individuos Mauricio Bertrán y José Larrosa, desertor del mismo cuerpo que han
sido aprehendidos últimamente."[17]
En los partes diarios, confluyen
los arrestos por deserción, portación de armas prohibidas, pendencia, ebriedad
y escándalo, en combinaciones diversas[18] o por
todos ellos.[19] Se
hace evidente que existió una mirada más atenta de la Policía para este
conjunto de infracciones y delitos, en tanto ocupan casi la totalidad de los
partes remitidos por el Jefe de Policía al Poder Ejecutivo. El siguiente, ilustra
cómo solía registrarse ese “continuo” de faltas:
"El que firma tiene el honor
de participar a V.S. que durante la fecha anterior, no ha sucedido más novedad
en este Depto. De Policía que haber entrado presos los individuos José
Rodríguez [apresado nuevamente por deserción el 16 de noviembre siguiente],
Martín Méndez, …Martínez, Florentino Medina, Domingo … y Celestino Cáseres, los
tres primeros por desertores de la Frontera Norte, Medina por Id. Del primer
batallón y los otros dos por armas prohibidas, también ha sido herido de una
puñalada Pedro Ocampos dada por Victorio Gaitán, para esto se han tomado todas
las medidas para aprehender al malhechor."[20]
Es decir que, en las intervenciones
policiales sobre el desorden en los espacios públicos, la atención se puso en
los individuos que portaban armas, tomaban y peleaban,[21] muchos de
ellos desertores o efectivos de la patrulla policial. Su destino era ser
devueltos al servicio de armas o ser apresados en el cuartel general del
Policía.[22]
Ahora bien, se destaca que en este
universo de detenidos los agentes de la policía estuvieron presentes de forma
constante y, por momentos, mayoritaria. Eran arrestados por faltas contra el
orden y su castigo era cumplir tiempo en el servicio de policía o cumplían
servicio de patrulla y cometían aquellos desórdenes vinculados a la inmoralidad.
Asimismo, existieron casos de hombres destinados al servicio de policía, como
Estanislao Gonzáles[23] y
Pedro Duarte, por ser “incorregible[s] en sus vicios;”[24] por
“ebriedad, pendencia y castigar a una mujer”[25] y “por
ser incorregible en el vicio de la embriaguez.”[26]
Si se considera la segunda mitad
del silgo XIX los policías representaron cerca del 20% de los arrestos por
faltas contra el orden público.[27]
Entre las causas más numerosas de arresto se cuentan el escándalo,[28] el
desacato, la pendencia, la falta al servicio[29] y
ebriedad, como en el caso de un soldado de la frontera Norte, atrapado en la
ciudad por ebriedad y armas prohibidas que “sorprendió a uno de los vigilantes
que le custodiaban quitándole la carabina con la cual descerrajó un tiro al
oficial de la partida, no causándole herida alguna…”[30]
Por lo general, la permanencia en
el servicio era corta, como lo evidencia el caso de José Ferreyra, que desertó
luego de diez días de servir en la Comisión de policía, por lo que fue
aprehendido y enviado a la frontera.[31] Entre las
razones para evitar estos trabajos (inclusión forzada en el puesto, malas
condiciones, pobre paga) se encontraba que solían ser blanco de las agresiones
sea de los detenidos o de otros individuos, como el sereno que fue “maltratado”
y “estropeado” mientras estaba de guardia, por tres individuos que luego fueron
apresados.[32]
La idea de que los efectivos de la
tropa carecían de la moral debida para el rol que cumplían era ampliamente
compartida. El reclamo de que se debía “moralizar” a la tropa aparece en
recuentos de episodios muy diversos. En un sumario sustanciado en 1874, por un
enfrentamiento entre dos tenientes de la Guardia Nacional (pero que cumplían
funciones en la Partida Celadora) puede verse, asimismo, que las
representaciones sobre la inmoralidad fueron apropiadas y utilizadas por los
sujetos subordinados para mejorar su posición en la fuerza o evadir castigos.
Domingo Camandela se presentó al Jefe de Policía diciendo que Silvestre Zárate
lo había maltratado y no respetado en su rango y éste se defendió alegando que
Camandela incurrió en insubordinación y escándalo. Lo que nos interesa aquí, es
que ambos argumentaron en su favor en nombre de la moralización tan necesaria,
tan urgente, de la fuerza policial.
El 15 de mayo, Camandela denunció que mientras se retiraba de una
casa cita “en calle 25 de mayo, dos cuadras al sur de la Segunda Sección de
Policía” en la cual acababa de alquilar un cuarto, llegó Zarate con dos
soldados,
"Lo hizo llamar afuera, prontamente le quitó la espada, sacó
la de él y en pública calle le pegó varias veces lastimándole en varias partes
del cuerpo (…) y sin decir por qué lo hacía aunque no habría tenido
derecho."
Camandela tildó el suceso de “una barbarie nunca sucedida en Santa
Fe, como las mismas personas que estaban mirando decían.”[33]
Luego, Zárate lo hizo llevar "en cabeza, pues el kehpy se encontraba lleno
de tierra, en calidad de preso como el criminal más culpable [ordenando a los
soldados de guardia] que si simplemente hablaba o se quejaba del suceso lo
pusiesen inmediatamente en la barra de los dos pies y le pegasen con los sables
como el pícaro que era, indigno oficial."[34]
Según el denunciante, esto provocaba “la desmoralización de la
tropa y gravísimo escándalo ocasionado en público.” No conforme con ello,
Zárate lo habría, al día siguiente y en presencia de la tropa formada,
insultado y golpeado nuevamente lo cual habría provocado “el desprecio de sus
subalternos” a causa del “temible ejemplo acontecido.”
Por su parte, Zárate argumentó que apresó a Camandela porque “se
encontraba borracho y pegándole a una mujer con su espada” (y no alquilando una
habitación -sobre lo que la dueña de casa, Fortunata Sosa, no dijo nada, aunque
sostuvo que Camandela se hallaba ebrio). Según esta versión, Camandela quiso: "sacar
a la fuerza a Julia Gutierrez “á Pancha Chamuyo” [de la casa] la cual lloraba y
no quería seguirlo porque sin dudas el oficial se valía de la chupa la
quería sacar a palos, después que hacía días la había hechado (sic)."[35]
Al querer retirarlo, Camandela lo habría: "insultado de tuerto miserable
y ante esto el declarante se bajó [de su caballo] ante las súplicas de las
mujeres (…) para sacarlo de la puerta [ante lo que] éste se enfureció y sacando
la espada atropelló al declarante, quien se vio forzado a hacer lo mismo, pero
consiguiendo, por el estado de ebriedad en que se encontraba Camandela, que no
podía caminar de ebrio, no sabe si en el primero, segundo o tercer palo que le
pegó."[36]
En un altercado que sólo llega a
nosotros por el sumario citado, denunciante y denunciado invocaron a “las
muchas personas,” a “las Sras. (…) y muchas otras gentes:” al público, como
garantía de la verdad de sus dichos. Pero, además, como víctimas, pues
Camandela alegó que ellos también habían sido afectados por el escándalo
desplegado por Zárate. Un episodio tal, en el que las voces de unos y otros se
dirigen a comprobar quién había perjudicado y quién, defendido, la moral
institucional, marca la relevancia que la cuestión tenía en la agenda pública.
En pleno auge de los intentos
revolucionarios de la oposición, la moralización de los cuerpos militarizados
era crucial para las autoridades. En el parte que sigue, el Jefe Echagüe da
aviso de la baja de un oficial y enuncia para ello motivos de disconformidad
que, aunque no fueron los únicos causales de bajas,[37] se
repitieron durante todo el período:
"Con esta fecha el
infraescripto ha separado del Cuerpo de Gendarmes al ayudante don Facundo
García, en atención a su mala conducta y abandono completo que ha hecho del
cuerpo al que pertenece dedicándose a otros trabajos que son incompatibles a un
oficial, gravando al gobierno, sin servirle, con la ración y sueldo que le
da."[38]
Existe una paradoja en el hecho de
que los documentos de las autoridades policiales abunden en el señalamiento de
la condición de escasa o nula moral de muchos sujetos que integraban la tropa;[39]
pero que, de otra, se denunciara que éstos se desempeñaran con conductas
impropias de su condición (de
policías).[40] Un
buen ejemplo de la imbricación entre las representaciones y las prácticas en
este tema estuvo dado por la incorporación sistemática de condenados por faltas
contra el orden al servicio de Policía. [41] Esto
resultó en una de las causas aludidas por el gobierno y la oposición para que
se diera la constante de una tropa inmoral. Sin embargo, mientras funcionarios
policiales y gubernamentales lamentaban repetidamente no tener otra opción para
dotar de brazos a la policía, la oposición alegaba que esto era una estrategia
oficial, para tener a su servicio gente violenta, que pueda ante la orden
infundir miedo en la población honrada.
En esta última lectura, los
ciudadanos de bien eran además, opositores. Se hicieron numerosas denuncias de
episodios en los que integrantes de la tropa acometieron contra adversarios
políticos, como relató “bajo una impresión penosa” el opositor Pedro Lassaga,
en 1870 en una carta dirigida al gobernador Mariano Cabal. En ella, denunció en
nombre del Club Argentino que: "ha sido invadida por subalternos de S. E.
a deshoras de anoche la casa de negocios de Juan Manuel Reyes, vicepresidente
del Club Argentino (…) la solemne instalación ha sido escalada y saqueada (…)
imprimiendo el terror de su familia y sus vecinos siendo víctimas estos de
raterías que hacen poco honor a los encargados del orden público” y lo que
Lassaga reclama es, a su vez que ese “hecho escandaloso (…) esta época de
progreso y tranquilidad (…) [tenga] una reparación perentoria que satisfaga la
alarma pública."[42]
Su versión contradijo la de la
Policía, que alegó haber actuado en base a órdenes recibidas del mismo
gobernador, bajo la sospecha de que los integrantes del club planeaban una
revolución.
Nuevamente en este suceso, la
cuestión de la moral de la tropa se transformó en el elemento común sobre el
cual se estructuraron las posiciones. Mientras Lassaga resaltó dicha forma
inmoral de proceder, en cuyas consecuencias dañinas sobre el local del Club
basó su petición de que se pospusieran las elecciones pautadas para ese mes, la
Policía no las negó, sino que las justificó, con base en las sospechas de una
conspiración.
Además, esta nota resulta
interesante ya que, al ser un diálogo “interno” de la elite política, dispone
las piezas de la moral policial y la contienda política de manera taxativa. En
ella, los opositores son las víctimas sistemáticas de un cuerpo policial que no
es otra cosa que el brazo armado de la arbitrariedad y la ausencia de
república. Lassaga le recuerda al
gobernador que:
"V.E. recordará que en el
Rosario, ahora tiempo, encontrándose V.E. presente, los encargados de la
autoridad de vigilar el orden acometieron las casas de Don Camilo Aldao (…) Don
Ramón Ferreyra, y Don Eugenio Ruiz disparando tiros contra sus ventanas y que
este hecho que no puede ponerse en parangón con el escándalo de anoche donde ha
habido escalamiento y robo, fue reprimido inmediatamente por V.E. en
cumplimiento de su deber destituyéndose sus ejecutores."[43]
Ello será un elemento sensible en
la reformulación de estos discursos hegemónicos pues fue en la década de 1870
en que, aunque siguió siendo una de las piezas vertebrantes del discurso del
orden, este componente se reacomodó en los discursos públicos de la elite.
Siempre considerando la dimensión simbólica de la praxis social, esta década
permite reconocer en los documentos un corrimiento del locus de la violencia,
que pasó de situarse en el gobierno tirano o la oposición salvaje, para pasar a
identificarse fuertemente con esos hombres armados que sí, les servían, pero
cuya moral pasó a ser el problema principal y fue planteado en términos
civilizatorios.
El movimiento discursivo más
tangible que emergerá a este respecto entre las dos coyunturas (1870 y 1890) es
una consolidación de la idea de que la violencia civilizada de la elite ya no
es la amenaza primordial, sino la incivilizada de los sectores populares. Luego
de 1878 se distendieron, en los discursos públicos, las amenazas sobre que la
barbarie sobrevendría de la mano de los adversarios internos y la construcción
de sentido se hizo a partir de este consenso. Las advertencias se dirigieron
con mayor consistencia a los sectores “externos” o fronterizos[44] y
ello reforzó el tópico de que la garantía del orden estaría dada por la labor
de las autoridades.
Ello cobró fuerza en medio del
desarrollo de la política Conciliación que en Santa Fe supuso no sólo la
formación de alianzas electorales sino incluso el indulto de los líderes de las
insurrecciones de ese último ciclo revolucionario.[45] Es decir
que, finalizado ese último ciclo de violencia interna a las élites, y aún a pesar del
fracaso político de la conciliación (o, precisamente, reforzado por éste) la
violencia social fue más claramente propuesta en los discursos públicos como
proveniente del exterior de la sociedad En otras palabras, los sujetos
que la generaban no pertenecían a la sociedad civilizada, la que - se afirmaba-
había superado sus “funestas tradiciones de violencia y anarquía.”[46]
El consenso cultural y
civilizatorio sobre la oposición esencial entre civilizados e inmorales, fue
visibilizado de manera notoria en estos años como argumento esgrimido en la
discusión de enfrentamientos de orden político interno a los sectores
dominantes. En este punto, cobra pertinencia la tesis sobre el disciplinamiento
interno que las élites debieron darse a sí mismas para constituir un bloque
dominante nacional.[47]
Así, resta explorar es qué rol tuvo el afianzamiento de este consenso de orden
civilizatorio, como aglutinante identitario de las élites, en coyunturas
políticas agudas en que no existía aún un pacto político firme.
Finalmente, otro registro
discursivo que se destaca a este respecto y que anuda los clivajes políticos
con los de clase, es qué pasó en relación a la normativa sobre este asunto. Es
decir, si algunos exponentes del gobierno se preocuparon –y mucho- por proveer
de una ley que taxativamente cubriese la cuestión del comportamiento y la moral
de la policía, también es cierto que una reforma tal no vio la luz sino entrado
el siglo XX. En la nota de remisión del proyecto para el nuevo Código de
Policía, en 1895, sus autores afirmaban que:
"La omisión de una legislación
expresa sobre el particular ha dado margen a que se critique la manera de
proceder de la Policía; á que en muchos casos se note su ausencia, la
imperfección, ó lo contraproducente de sus medidas; y á que se desacredite la
institución."[48]
Los integrantes más liberales del
gobierno señalaron que la vaguedad normativa era una falencia grave, si se
perseguía un funcionamiento institucional transparente, y no una “aberración
normativa” y, dentro de este problema general, el margen discrecional (por
abuso o por desconocimiento) era un elemento muy importante. Esa imprecisión
hacía, según Carrasco, que cualquiera de estos funcionarios pueda “cometer una
falta o una usurpación de autoridad y queda escudado diciendo –creí que estaba
en mis facultades!”[49]
Estos comentarios fueron hechos en
el año 1882, casi veinte años luego de la sanción del Reglamento de Policía
Urbana y Rural, que regló la tarea policial durante toda la segunda mitad del
siglo. Al ser tan puntuales (“Ningún agente podrá participar de diversiones
durante su servicio, ni asistir aún fuera de él, á aquellas de honestidad
dudosa.”)[50]
pueden entenderse como una solución pensada para problemas reales de las
décadas anteriores, muchos de los cuales supusieron faltas contra el orden
público. Además, se destaca que esta solución se formuló para los “agentes;” no
para “autoridades” ni “funcionarios”.
Dicha regulación laxa, o
"escasa" seguí vigente al estallar el otro momento de conflictos en
los que la moral policial se colocó en el centro de la discusión pública.
La
inmoralidad policial en la capital y las colonias. Retratos de hombres salvajes
salvaguardando el orden
Más de quince años después, el
consenso sobre la inmoralidad policial se fortaleció. Con nuevos actores (definiéndose al calor de una oleada
inmigratoria multitudinaria y una coyuntura potencialmente explosiva para el
poder provincial; una reciente crisis económica y el surgimiento de una nueva
fuerza política) la cuestión de la moral policial fue moneda de cambio en la
discusión más amplia de la redefinición de las relaciones de poder en la
región.
Como vimos, en el anterior momento
de mayor visibilización, el tópico de la moralidad hizo las veces de
aglutinante simbólico para sectores tradicionalmente enfrentados en un momento
crucial de la construcción de una clase dominante nacional. A diferencia de
ello, en el transcurso de década de 1890 (y hasta los años 20 del siglo siguiente)
se reconocen otros rasgos y, en su devenir, la constitución de nuevos
protagonistas.
Hacia 1890, luego de años de
relativa estabilidad, de la consolidación institucional y territorial del
Estado provincial, se anunció un nuevo juego de contrastes en las
representaciones sobre la moral policial, montado sobre la síntesis
cristalizada a finales de la década de 1870: la distancia civilizatoria entre
los sectores populares y la elite zanjó la distancias políticas entre las
facciones de ésta última, y la moral policial fue uno de los vectores de este
conjunto discursivo.
Estos últimos años del siglo, que
verán recrudecer la pugna política, comenzaron con el contraste que se ilustra
entre las auspiciosas palabras del gobernador Gálvez respecto de las policías provinciales
y el embate creciente a ellas, que se volverá bandera de la prensa opositora.
Decía Gálvez en 1888 que: “…en cuanto a las policías urbanas de la provincia,
hemos adelantado mucho. Tenemos la organización de las mejores de la república.
La distribución del servicio, las facultades del agente policial, su carácter y
significación, su disciplina, su responsabilidad, todo esto que constituye la
institución está bien definido y bien determinado.”[51]
Hemos indagado
en cómo la impugnación de costumbres y hábitos, de la moral del otro fue un
argumento transversal en los debates públicos en un periodo en que las
adscripciones de nacionalidad y políticas se volvieron particularmente
urticantes.[52] Una
de las formas específicas que adquirió la consolidación de un discurso tal,
hacia 1890, fue la condena de las prácticas de la tropa policial, cuyas
víctimas habrían sido los ciudadanos de bien y trabajadores.
En ese marco, veremos dibujarse dos
tensiones, que estructuran la “discusión” o disputa que puede reconstruirse. De
un lado, la que se dio entre ciudadanos respetables (letrados, opositores, en
ocasiones del gobierno, colonos) y los hombres inmorales que integraban la
tropa; de otro, la que tuvo lugar al interior de la Policía, entre autoridades
y subordinados aunque en la prensa la primera tuvo más atención. Además, pueden
sumarse otros elementos: el énfasis puesto en las situaciones dadas en los espacios
públicos; la insistencia sobre ciertos comportamientos inmorales (la ebriedad,
el juego, la grosería) y no otros; el diagnóstico compartido de que la
violencia social se debía en buena medida a estos fenómenos (como fruto de la
inmoralidad o como reacción a ella). La Unión, periódico de Esperanza, publicó
en octubre de 1896:
"Comisarios modelos.
Se nos asegura que varios
comisarios, incluso el capitán Peralta, a altas horas de la noche del martes,
noche memorable que estuvo en su verdadero apogeo la policía, estos señores
entraron a una casa de negocio y compraron un bote de ginebra, ya en estado
interesante por la alegría del néctar oficial
El capitán Peralta anduvo con dos
revólveres en sitio visible y los demás pertrechos necesarios para lo que entre
indios se llama trabajo.
Dígase ahora si no son estos buenos
comisarios y modelo de modelos."[53]
En la nota que siguen enumeraron
los abusos de la policía que, según ellos, se cometían “en nombre del
leivismo":
"(…)
1 Una azotada al ciudadano ribles
2 id. Al Señor Olivero
3 Una prisión atentatoria en la
respetable persona del pastor protestante señor Emilio Wrege
4 Una prisión arbitraria de un
grupo de personas que transitaban pacíficamente las calles acompañando a un
amigo
5 ¡¡Y mucho ojo!! Un asesinato
cobarde y bárbaro de un ciudadano honrado suizo." [54]
Estos listados de “canalladas” no
se publicaron sin más, o en el vacío; por el contrario, formaron parte de una
campaña contra la policía engarzada en la lucha política del radicalismo y de
los colonos, por sus derechos políticos.
Relatos como los que siguen lo
ejemplifican claramente. El 10 de febrero de 1895, apareció la siguiente
noticia en la primera plana de El Liberal,
periódico afín al radicalismo de la próspera colonia de Rafaela, en el oeste de
la provincia. En medio de una campaña de denuncias sistemáticas sobre el
accionar abusivo de la policía sobre los ciudadanos, decían los editores:
"Moralizando?
Un allegado al situacionismo local,
recién importado para que tome a su cargo la defensa de nuestras autoridades
policiales, según vimos en ciertas correspondencias
remitidas de éstas a Nueva Época, pretende hacer creer que el Sr. Justo está
dispuesto a moralizar la repartición que le cayó en suerte administrar.
Nosotros creímos lo mismo, pero bien pronto notamos que las bellas palabras del
nuevo Gefe Político no eran más que palabras.
(...) Porque, si así no fuera, el
señor gefe no permitiría que los vigilantes a sus órdenes fueran los promotores
de desórdenes y bochinches en determinadas casas de negocio; porque, si así no
fuera, castigaría a aquellos comisarios que se permiten levantar la mano sobre
vecinos pacíficos y, en fin, porque si el señor gefe fuese verdaderamente
animado de las buenas intenciones que se le atribuyen, destituiría en el acto a
aquellos de sus empleados que, faltando a sus deberes, hacen vida común con los
ladrones y estafadores y no permitiría las inicuas exacciones que en perjuicio
del honrado trabajador cometen ciertas y determinadas autoridades del
departamento.
No es suficiente decir que viene
animado de los mejores deseos de hacer buena policía, es necesario que los
hechos estén en perfecta armonía con las dulces palabras con que se pretende
mistificar la opinión pública.
(...) Nos duele decirlo, pero
creemos que el seños Justo no será dentro de poco, sino una segunda edición de
Balestié así como él lo fue a su vez del célebre José María Aragón. Sin
embargo, aún es tiempo de reaccionar y el Sr. Gefe debe seguir otro camino bien
distinto del actual y si reconoce que así no puede hacerlo, renunciar un puesto
que ha de proporcionarle muy malos ratos y sinsabores sin cuento.
Rafaela necesita policía, nada más
que policía."[55]
La nota anterior despliega la
mayoría de las figuras que hasta entrada la década de 1910[56] se
repetirían al referir a los problemas de la Policía: no sólo la falta de decoro
sino la participación y el liderazgo en actos delictivos. En este ejemplo, como
en la mayoría, se menciona al flagelo de la conducta de la tropa para apuntar
la crítica hacia la figura de los Jefes Políticos. Es decir que, aunque los
redactores se horrorizaron por los hechos cometidos, nunca relegaron la
interpretación de que se trató de acciones cobijadas por las autoridades. Lo
que varía en distintos ejemplos de noticias de las publicaciones opositoras es
si se caracteriza al jefe político o comisario de turno como parte de la tropa
inmoral o como parte del grupo civilizado de autoridades que, por mantener a
raya a la oposición, hacían oídos sordos ante estas denuncias.
El caso de El Liberal es interesante porque el seguimiento que dio al tema y
el hecho de que los redactores contestaban a sus “colegas,” permite reconstruir
qué elementos dominaron la discusión. En esta nota en particular, la Policía ya
se encontraba en un estado de degradación moral tal, que un funcionario decía
venir a solucionar y es de ello que desconfiaban los redactores. Retomando el
fragmento citado al comienzo de este trabajo y que bien puede resumir la mirada
que primó sobre la policía entre las personas respetables Santa Fe y su región,
El Liberal fue lapidario en su
diagnóstico sobre el tema:
"Combatir
la inmoralidad en esta época es peor que pedirle peras al olmo [porque] las
autoridades policiales son las únicas responsables de que ese vicio, con todas
sus inmoralidades, se halle hoy en pleno apogeo."[57]
Asimismo,
Unión Provincial reprodujo una denuncia de su corresponsal en San José del
Rincón:
"Vivíamos
sosegados hasta que llegó el desasosiego y la intranquilidad [con la llegada
del] Comisario Murúa. Su primer paso fue rodearnos de jente de mala catadura
(…) y el segundo, servir a éstos de tapadera."[58]
Aquí,
no sólo no cumplía con su labor la Policía, sino que era la principal
responsable del desorden y del delito. Ahora bien, el tratamiento público de la inmoralidad de la tropa
no puede reducirse a los ataques de la oposición hacia el gobierno. Si bien los
diarios más afines éste último tomaron respondieron a los embates, no lo
hicieron negando los hechos sino corriendo el eje de la explicación. En este
sentido, también marcaron la distancia con los hombres inmorales y los
señalaron como el problema principal, pero cambiaron detalles del enfoque dado
a cómo solucionar el problema. Es más, en muchas ocasiones se ocuparon de
señalar en qué carácter y de qué maneras realizaban sus críticas, como La
revolución, que afirmaba que “siempre fuimos moderados en nuestras
apreciaciones y calificativos cuidando de no herir a susceptibilidad de las
personas que figuran en la sociedad.”[59]
Las
publicaciones afines al gobierno desplegaron dos estrategias en su respuesta a
estas denuncias. No discutieron los méritos de las impugnaciones, pues “se
castiga si hay mérito.” Antes bien, pusieron en duda la veracidad de algunas de
las acusaciones puntuales. Nueva Época, por ejemplo, se ocupó con frecuencia de
desmentir las acusaciones “más imaginarias que reales”[60] de
residentes de diferentes colonias de la provincia. Pero, también, tomaron la
iniciativa en las denuncias del accionar policial, como puede verse en La
Revolución, hablando sobre la patrulla de calle en Santa Fe:
"Denuncia grave.
Se nos ha hecho la siguiente grave
denuncia, que la contamos según nos la narraron. Es el caso que en la noche del
martes dos vigilantes tomaron a un italiano en la calle Mendoza, Entre 25 de
Mayo y Comercio, en momentos en que intentaba penetrar a su casa.
Allí fue sujetado y, después de
propinarle una paliza, lo despojaron del reloj y lo arrearon para el estremo
Oeste de la ciudad, en donde fue puesto en libertad.
Es necesario que el capitán Segovia
haga las averiguaciones que sean necesarias para constatar ó desvirtuar esta
denuncia que consideramos grave.
Ya lo decimos, la narramos tal como
se nos ha hecho.
Desearíamos que ella resultase
incierta, pues veríamos con dolor que el cuerpo de vigilantes en vez de ser un
guardián de las personas y sus intereses, sería una amenaza con la garantía del
machete."[61]
Días después, confirmaban lo
sucedido y sentenciaban:
"Hecho constatado.
Se ha constatado el hecho criminal
cometido por los vigilantes en la Calle Mendoza y de que damos cuenta en otro
lugar. El jefe de policía los ha puesto a disposición del Juez Correccional,
para que los castigue. La conducta del Gefe de Policía es encomiástica; no era
posible dejar impune tal delito que introduciría la indisciplina en el cuerpo
de vigilantes, convirtiéndolos en bandoleros."[62]
Como en la lista de Unión
Provincial, aparecen las acciones concretas de estos hombres: robo, embriaguez,
escándalo que, en el caso de La Revolución, acompañan a las omnipresentes
denuncias de las cosas que la policía no
hacía, como controlar mendigos y dementes, casas de negocio, niños revoltosos,
entre otros. Entre las causas que encontró este periódico a la inmoralidad de
la tropa, se introduce un elemento nuevo, que también contribuyó a deslindar
responsabilidades gubernamentales en la materia:
"La Policía está formada hoy
por gentes perfectamente desconocidas y en las cuales el pueblo no tiene
confianza. Soldados, oficiales, inspectores, comisarios, han nacido y se han
crecido en Entre Ríos, en Córdoba, en la Banda Oriental, en cualquier parte
menos aquí. (…)
No se comenta otra cosa que
atropellos e irregularidades -¡Ciertas!- Tal vez no –Tal vez sí- Pero ciertas o
nó, el caso es que no se tiene confianza en la Policía y que de noche gustamos
muy poco de tropezar con un polizonte porque lo creemos de mal agüero. La
verdad es que Santa Fe no necesitaba importar su policía (lo que no quiere
decir que sean malos los importados)."[63]
La procedencia de los efectivos no
fue un tópico que los diarios opositores hayan retomado, salvo
excepcionalmente. Este caso sirve para abonar la idea de que las conductas
impropias (de las que, además, se permiten dudar “ciertas, tal vez sí…tal vez
no”) están enraizadas en la no pertenencia de estos sujetos a la sociedad
santafesina. Yendo más allá, establecieron que el problema no eran tanto los
atropellos, como la desconfianza misma: “Pero, ciertas o no, el caso es que no
se tiene confianza en la Policía.”
Ello también va de la mano con el
afianzamiento de la prensa más como un vocero de la ciudadanía y como
interlocutor entre ésta y el gobierno. Por cierto, estas publicaciones
mantuvieron, en este tema, una autonomía relativa de la voz oficial. Por
ejemplo, respecto a los sumarios sustanciados contra
efectivos policiales, publicaron tanto los casos en los que se suspendía o
removía a funcionarios y subalternos como aquellos que se resolvían a su favor,
aunque estas notas siempre se cerraban con el saldo positivo de que, ante los
actos individuales de inmoralidad, el gobierno era rápido y efectivo en
castigarlos. De esta manera, tanto en
La Revolución como luego en Nueva Época, las críticas se
intercalaron con las felicitaciones a los funcionarios que sí representaban la
verdadera Policía; que cumplían con su deber e incluso eran cultos:
"Otro artículo lindo.
El capitán Segovia ha creído de su
deber rectificar algunos errores de información cometidos por El lábaro. El jefe de los gendarmes ha
escrito en buen castellano la defensa de su cuerpo, y merece nuestras
felicitaciones. Correctos y cumplidos; así deben ser los de la Policía."[64]
O, también, se suman los reclamos
de mejor equipamiento, expresados en términos de dignidad, de decoro; de evitar
la vergüenza de la institución.
"Carruaje para la Policía.
Es por demás necesario que se
provea a nuestra policía de un carruaje cerrado para la conducción de presos.
Importa el castigo infamantísimo de la vergüenza pública el hecho de hacer
recorrer las calles públicas á los arrestados que se conducen á la policía. Que
se compre un carruaje como el que tiene la Policía de Rosario."[65]
Si bien ello se dirigía al
gobierno, es verdad que si se considera en el contexto de las opiniones
vertidas en general por esta publicación, puede entenderse que para los
redactores se trataba de un gobierno que hacía cuanto sus magras arcas
permitían, al menos en esta materia, en la que le reconocían esfuerzos
ingentes.
A partir de estos ejemplos
comenzamos a reconocer las formas y la magnitud discursivas que adquirió la
moral de la Policía en el recorte de un universo de sentido sobre el orden.
Ello, tanto como un problema en sí mismo, como fungiendo de argumento en otros
debates públicos, como el de la figura de los jefes políticos en un momento de
inflexión sobre el sistema de poder que sostuvo a la elite capitalina los treinta
años anteriores.
Lo visto hasta ahora en los
fragmentos supone dos aspectos: por un lado, la identificación de los tópicos
recurrentes que dieron “contenido” a la moral policial (qué prácticas y valores
fueron señalados como deseables o reprobables). Sobre ello, podemos señalar que
la bebida, el juego, el escándalo y la violencia irracional, formaron parte de
dicho repertorio. Pero, también, que muchas veces bastaba con la mención de la
“inmoralidad” para dar por sentado de qué se estaba hablando. Por otro, que
cada vez más marcadamente, se delimitó el universo de sujetos sociales que
cometían esas inmoralidades: los efectivos de la fuerza policial, hombres
pobres, en su mayoría criollos, con o sin la anuencia de las autoridades; con o
sin relación a los objetivos políticos de éstas.
Recapitulando
Este recorrido por las
representaciones de la moral policial nos permitió identificar los tópicos,
temas y estrategias más frecuentemente desplegados. Además, comprobar que, una
vez establecido como un tema sensible de la agenda pública, comenzó a estar
presente en discusiones diversas, sobre todo como acicate de posicionamientos
políticos. También puede afirmarse que, como “verdad” establecida, las
distintas posiciones que leímos no afectaron, sino más bien fortalecieron la
certeza de que, en efecto, los integrantes de la tropa policial, hombres en su
mayoría (al menos hasta la coyuntura última revisada) criollos y pobres, eran
inmorales y, por definición, distintos a quienes se los representaban en los
discursos analizados.
Sin embargo, esta construcción no
tomó la misma forma a lo largo de estas tres décadas. En las de 1870 y 1890,
pueden reconocerse matices particulares en las representaciones que primaron
sobre esta cuestión en la prensa y en los documentos policiales. Asimismo, en
estos dos contextos políticos críticos, dichas representaciones formaron parte
de dos discusiones distinguibles ligadas a la legitimidad del poder político:
de un lado, la pelea por qué facción de la elite local, en pleno proceso de
alianzas a nivel nacional, tomaría las riendas del gobierno; de otro, el lugar
que tendría una nueva forma de hacer política y los sectores que ésta decía
representar.
Entonces, en la década de 1870 la
acrecentada presencia de hombres armados y sin ocupación conocida supuso para
el gobierno la posibilidad de que fuesen reclutados por la oposición, en
ciernes de levantarse. Pero, a la vez, en el contexto de la convivencia de
conflictos armados y de la defensa de la frontera con el indio, significó la
necesidad y la posibilidad de ocupar a estos hombres en el cuerpo de Policía.
Con ello, quienes eran señalados como inmorales y violentos quedaban a cargo de
guardar el orden público.
Por su parte, para la oposición,
las críticas hacia estas conductas comenzaron a ser uno de los pilares de su
campaña contra el iriondismo, al que acusaban de cobijar a este elemento ya
que, al no poder construir legitimidad, debía inclinarse al terror. En esta matriz,
había mucho de la oposición civilización-barbarie encarnado por los adversarios
políticos que había signado la lucha política en las décadas anteriores. Sin
embargo, con los primeros pasos de formación de alianzas nacionales más
estables, las acusaciones cruzadas tomaron otro rumbo. Gestos como el indulto
de los insurrectos en 1877 también hablan de la consolidación de un camino en
que la unidad cultural cimentó acuerdos políticos más fuertes.
En ese sentido, existió un cambio
notorio en las representaciones sobre la inmoralidad policial, en las voces
oficiales y en las opositoras. Las acusaciones pasaron de hacerse sobre el
adversario político a los brazos armados de cada uno de ellos: los licenciados
y desertores que marcharon con los insurrectos; los efectivos policiales
(muchas veces, desertores o condenados cumpliendo su condena) bajo órdenes
gubernamentales. El problema central pasó a ser la falta de moral de las capas
bajas de la sociedad; sus hábitos escandalosos como la bebida, la pendencia, el
robo y el juego y la falta de cumplimiento de su deber como policías. Además,
esta idea también se afianzó en la tropa misma, en la que las acusaciones de
inmoralidad fueron catalizadores de otros enfrentamientos y herramientas para
mejorar la propia posición al interior de la fuerza.
Al comenzar un nuevo pico de
visibilización de la cuestión de la moral policial como problema de orden
público, hacia 1890, estos tópicos se retomaron. En esta oportunidad, la
oposición hizo de estas cualidades una condición de los hombres pobres criollos
a los que el gobierno elegía volcarse y tolerar, porque no podían soportar que
los ciudadanos de bien participaran en política pacíficamente. Al verse sin
herramientas y sin legitimidad, el oficialismo galvista y leivista se volcaba
a estos hombres para infundir el terror a sus opositores.
Con elementos de continuidad entre
las denuncias de dos décadas antes, esta nueva coyuntura las desplazó en dos
sentidos reconocibles: por una parte, el escenario principal de las tropelías de
estos hombres pasó a ser el de las colonias más prósperas de la zona, como
Rafaela y Esperanza; por otra, la prensa se concentró en dos situaciones en que
esta inmoralidad violentaba la vida de los ciudadanos: los espacios públicos,
que se veían corrompidos con la sola presencia de estos sujetos y las
situaciones puntuales en que éstos agredían sin razón a los primeros, sin más
razón que la baja naturaleza de sus hábitos. En este caso, estos policías eran
el escalón raso de un sistema caduco.
Más que en la coyuntura anterior,
las acciones resaltadas fueron violentas e irracionales (sobre los opositores y
los buenos ciudadanos). En la oposición, se resaltó que los funcionarios
responsables (como comisarios y jefes políticos) apañaban estas prácticas o hasta
participaban de ellas. Sin embargo, en estas representaciones, no dejó de
recalcarse una distancia insalvable entre la elite y los vigilantes,
comisarios, y jefes políticos que les servían. Es decir, donde antes sólo se
mencionaba la “canallada” perpetuada por la tropa, ahora se destacaba el hecho
de que, por cinismo, por conveniencia, el gobierno permitía o alentaba, desde
la distancia, esas acciones.
En cambio, del lado oficialista
vemos un esquema más parecido al de la anterior coyuntura. Se denuncian los
abusos, pero la distancia establecida entre la tropa y no sólo el gobierno sino
sus superiores directos no es sólo cultural, sino también administrativa y
política: total. La prensa más afín “daba aviso” al gobierno que, se infiere en
las notas, desconocía este tipo de irregularidades (desconocimiento que se
probaba, al felicitar la acción del gobierno de investigar y castigar algunos
de esos episodios). Mientras, la cercanía cultural con otras voces cultas,
letradas, civilizadas (como las publicaciones opositoras) se resaltó en las
formas airadas e indignadas de las denuncias (especialmente en La Revolución) que mostraban hasta qué
punto estas conductas no formaban parte de la sociedad civilizada.
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Recepción: 05/10/2017
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Versión Final: 28/11/2017
(*) Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Instituto de Investigaciones Socio Históricas Regionales (ISHIR-CONICET/Universidad Nacional de Rosario). Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Universidad Autónoma de Entre Ríos). Argentina. Email: sedranpaula@gmail.com
[1] El liberal, Rafaela, 10/12/1900.
[2] SEDRAN, Paula, “Orden y moralidad en los discursos periodísticos: la valoración del "otro" en la región santafesina (1880-1915),” en Boletín Americanista, vol. 2, 2015, pp. 171 – 186.
[3] CAIMARI, Lila, La ley de los profanos. Delito, justicia y cultura en Buenos Aires (1870-1940), FCE Buenos Aires, 2007, p. 12
[4] BATAILLE George, La conjuración sagrada. Ensayos 1929-1939, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2008.
[5] GALLO, Exequiel, Colonos en armas. Las revoluciones radicales en la provincia de Santa Fe (1893), Siglo XXI, Buenos Aires, 2007.
[6] GIDDENS, Anthony, La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración, Amorrourtu, Buenos Aires, 1984.
[7] BOURDIEU, Pierre, Sobre el Estado. Cursos en el College de France (1989-1992), Anagrama, Madrid, 2015.
[8] SALVATORE, Ricardo, Subalternos, derechos y justicia penal. Ensayos de historia social y cultural argentina, 1829-1940, GEDISA, Buenos Aires, 2010.
[9] Esta facción local de autonomismo fue llamada así en alusión a su principal caudillo Simón de Iriondo, miembro de la elite santafesina y líder del Club del Pueblo. Dicho club fue uno de los tres elementos de sostén del poder del iriondismo. Los restantes eran el poder militar de las Guardias Nacionales y el Batallón de Gendarmes. Este es otro de los factores que involucran la cuestión de la discusión por la moral policial en el juego político provincial. ÁLVAREZ, Juan, Ensayo sobre la historia de Santa Fe, Buenos Aires, 1910.
[10] GALLO, Exequiel, WILDE, Josefina, “Un ciclo revolucionario en Santa Fe. 1876-1878,” Instituto Histórico de la Organización Nacional, Buenos Aires, 1980.
[11]FRADKIN, Raúl, El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del Estado en el Buenos Aires rural, Prometeo, Buenos Aires, 2007; YANGUILEVICH, Melina, Estado y criminalidad en la frontera sur de Buenos Aires (1850-1890), Prohistoria, Rosario, 2012; DI LISCIA, María Silvia, LASSALLE, Ana María, LLUCH, Andrea, Al Oeste del paraíso. La transformación del espacio natural, económico y social en la Pampa Central (siglos XIX-XX), EdUNLPam y Miño Dávila, Santa Rosa, 2007.
[12] SEDRAN, Paula, “Actores subalternos como sujetos de control. Posibles lecturas desde las fuentes policiales. Santa Fe, 1864-1878.” en Revista Naveg@mérica, núm. 11, 2013, pp. 1-17.
[13] RAFART, Gabriel, Tiempo de violencia en la Patagonia, Buenos Aires, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2008; GAYOL, Sandra, “Entre lo Deseable y lo Posible. Perfil de la Policía de Buenos Aires en la Segunda Mitad del Siglo XIX,” en Estudios sociales, vol. 10, núm. 1, 1996, pp. 123-138.
[14] MACÍAS, Flavia y SÁBATO, Hilda, “La Guardia Nacional: Estado, política y uso de la fuerza en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX,” en PolHis, núm. 11, 2013, pp. 70-81.
[15] AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 27 de marzo de 1867; 31 de mayo de 1872.
[16] AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 21 de febrero de 1870.
[17] AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 6 de julio de 1870.
[18] AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 16 de febrero de 1869; 24 de febrero de 1869; 1 de marzo de 1869; 4 de marzo de 1869; 9 de abril de 1869; 7 de mayo de 1869; 30 de mayo de 1869; 12 de junio de 1869; 24 de junio de 1869; 18 de septiembre de 1869.
[19] Un grupo de seis individuos remitidos “por infracción a los art. 11, 25, 26 y 53,” AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 26 de mayo de 1869:
[20] AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 17 de octubre de 1870.
[21] Otra señal de la importancia que tomó la visibilización de estos desórdenes lo da el hecho de que crecieron los arrestos por causas que no estaban contempladas en la normativa, las que se presentan asociadas a la portación de armas, deserción, pendencia, ebriedad y escándalo: “insultos,” “incorregible,” “no ser conocido,” y, podría pensarse también, “desorden.” AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 27 de octubre de 1870.
[22] AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 26 de enero de 1867; 1 de febrero de 1867.
[23] AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 23 de marzo de 1867.
[24] AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 3 de abril de 1867.
[25] AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 28 de mayo de 1867.
[26]AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 3 de noviembre de 1867; 26 de noviembre de 1868.
[27] SEDRAN, Paula, La conformación de un orden urbano moderno en la ciudad de Santa Fe (1856-1890): entre el control y las resistencias, Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2016.
[28] AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 12 de julio de 1867.
[29] AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital,13 de enero de 1873; 4 de febrero de 1873; 16 de mayo de 1876; 23 de marzo de 1876; 4 de febrero de 1867; 8 de febrero de 1867; 13 de febrero de 1867; 5 de marzo de 1867; 3 de abril de 1867.
[30] AGPSF, Archivo de Gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 5 de enero de 1869.
[31] AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 9 de octubre de 1868.
[32] AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del Jefe de Policía del Departamento La Capital, 23 de enero de 1869.
[33] AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del jefe de policía de esta capital, 15 de mayo de 1874.
[34]AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del jefe de policía de esta capital, 15 de mayo de 1874.
[35]AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del jefe de policía de esta capital, 15 de mayo de 1874 (subrayado en el original).
[36]AGPSF, Archivo de gobierno, Notas del jefe de policía de esta capital, 15 de mayo de 1874 (subrayado en el original).
[37] Algunas otras causas fueron: la certificación de “ser inútil para el servicio” del médico de policía (12 de marzo de 1867); la sospecha de robos reiterados en el cuartel. AGPSF, Archivo de Gobierno, Notas del jefe de policía del departamento La Capital 1881.
[38] AGPSF, Archivo de Gobierno, Notas del jefe de policía del departamento La Capital, 3 de enero de 1865.
[39] El subteniente Nicandro Yenio abandonó la guardia de la cárcel pública “lléndose a un baile dejando el punto en completo abandono” Archivo de Gobierno, Notas del jefe de policía del departamento La Capital, 23 de agosto de 1867; apresaron a un grupo de soldados que “han abandonado su guardia para embriagarse,” AGPSF, Archivo de Gobierno, Notas del jefe de policía del departamento La Capital, 14 de julio de 1869.
[40] AGPSF, Archivo de Gobierno, Notas del jefe de policía del departamento La Capital, 10 de octubre de 1865; 22 de diciembre de 1865.
[41] AGPSF, Archivo de Gobierno, Notas del jefe de policía del departamento La Capital, 23 y 25 de enero de 1867; 9 de abril de 1867; 30 de octubre de 1868; 2 de enero de 1869; 4, 5, 17 y 22 de febrero de 1869. También, casos de hombres que entrando como voluntarios en otros cuerpos militares, entraban presos por infracciones al orden y eran dados de alta en la policía. Archivo de Gobierno, Notas del Jefe de Policía de esta Capital, 13 de enero de 1866.
[42] AGPSF, Archivo de Gobierno, Notas varias, 15 de marzo de 1870.
[43]AGPSF, Archivo de Gobierno, Notas varias, 15 de marzo de 1870.
[44]En una nota de El
Santafesino, periódico oficialista de la capital provincial, puede leerse, al
respecto de los hombres armados que sirvieron a los insurrectos en 1877:
“ELEMENTO SALVAJE. No bastando los criminales presos, a quienes se les ha
puesto las armas en la mano para matar,
[45]GALLO, Exequiel, WILDE, Josefina, “Un ciclo revolucionario en Santa Fe. 1876-1878,” Instituto Histórico de la Organización Nacional, Buenos Aires, 1980.
[46] Mensaje de Servando Bayo a las Honorables Cámaras Legislativas (apertura de sesiones ordinarias de 1877), en Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Historia de las instituciones de la provincia de Santa Fe, Tomo VI, Mensajes del Poder Ejecutivo (2° parte), Imprenta Oficial, Santa Fe, p. 22.
[47] LOSADA,
Leandro, Historia de las elites en la
Argentina Desde la conquista hasta el surgimiento del
peronismo, Sudamericana, Buenos Aires, 2009.
[48] CARRASCO, Gabriel y GARCÍA GONZÁLEZ, José Proyecto de Código de Policía Urbana y Rural para la provincia de Santa Fe. Buenos Aires, 1895, Nota de remisión. P. XI.
[49] CARRASCO Gabriel, Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe. Rosario, Imprenta de Carrasco, 1882, p. 12.
[50] Ibídem, p.7.
[51] Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Historia de las instituciones de la provincia de Santa Fe, Tomo VI, Imprenta Oficial, Santa Fe, p. 233.
[52]SEDRAN, Paula, “Orden y moralidad en los discursos periodísticos: la valoración del "otro" en la región santafesina (1880-1915),” en Boletín Americanista, vol. 2, 2015, pp. 171 – 186.
[53] La Unión, Esperanza, 8/10/1896.
[54] La Unión, Esperanza, 8/10/1896.
[55] El Liberal, Rafaela, 10/2/1895.
[56] Nueva Época, Santa Fe, 12/04/1900; El liberal, Rafaela, 10/5/1907; El Liberal, Rafaela, 10/12/1915.
[57] El liberal, Rafaela, 10/12/1900.
[58] Unión Provincial, Santa Fe, 4/3/1894.
[59] La Revolución, Santa Fe, 19.04.1888.
[60] Nueva Época, Santa Fe, 22/2/1900.
[61] La Revolución, Santa Fe, 19/04/1888.
[62] La Revolución, Santa Fe, 21/04/1888.
[63] La Revolución, Santa Fe, 28/04/1888.
[64] La Revolución, Santa Fe, 1/05/1888.
[65] La Revolución, Santa Fe, 8/05/1888.