La huelga de los trabajadores petroleros en Mendoza: notas a propósito del proceso de burocratización en los años ‘60

El contexto gremial en Mendoza

Entre 1958 y 1962, el aumento del costo de vida y la depresión del salario real, definieron que las luchas del período fueran contra la carestía de la vida, en reclamos por aumentos salariales y convenios colectivos, contra despidos masivos y por mantener las condiciones de trabajo, es decir, contra la política económico-social del gobierno. Dichas reivindicaciones estuvieron acompañadas por demandas en relación a la instauración de derechos y normas perdidas, la recuperación de sus organizaciones y la libertad de los detenidos políticos y gremiales.

El año 1958 registró una alta conflictividad social en Mendoza. De hecho, un informe realizado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) expresaba: “ha llamado la atención la extraordinaria cantidad e intensidad de los conflictos ocasionados en el campo del trabajo”[12]. Durante ese año se registraron 23 huelgas y 2 lockouts. En su conjunto, estos conflictos representaron 333 días de duración, durante los cuales se perdieron 617.000 jornadas de trabajo al participar de las mismas 30.000 trabajadores[13]. Sólo 4 huelgas involucraron a menos de 100 trabajadores; 11 conflictos se ubican entre esa cifra y menos de 500 trabajadores; en 8 participaron entre 500 y 5.000, mientras que 1 involucró a 8.000 obreros.

En relación a los fines de las mismas, el 84% de los conflictos expresan luchas en el plano económico-corporativo (por aumentos o pago de salarios adeudados, incumplimiento de convenios colectivos, cesantías), mientras que el 16% refieren al plano político de la lucha (alineamientos con conducciones gremiales o funcionarios políticos, contra privatizaciones, de solidaridad). Las distintas medidas de fuerza fueron levantadas por sindicatos o trabajadores, de las siguientes ramas de la producción o servicios: aguas gaseosas, cemento, construcción, bancos, madera, alimentación, camiones, correos, tranvías, comercio, municipales, ferroviarios y médicos. Es de destacar la prolongada duración de la mayoría de estos conflictos: 14 tienen una duración menor a los 15 días, 7 duraron entre dos semanas y un mes, y 3 se prolongaron por el lapso de entre 30 y 50 días. 14 de estas medidas de fuerza tuvieron lugar durante el gobierno de la intervención federal del radical de I. Busquets, mientras que el resto (11) se desarrolló con posterioridad al 1º de mayo, es decir, ya bajo el gobierno de Frondizi y la gobernación provincial de E. Ueltschi.

En los que hace a los trabajadores del petróleo, tienen lugar a lo largo de este año dos huelgas. En el contexto de las elecciones nacionales de febrero del ’58, el día 15 de dicho mes, se inició una huelga nacional por reclamos salariales que duró 24 días. En Mendoza participaron de la misma 1.850 obreros, lo cual significó la pérdida de 44.400 jornadas de trabajo. El conflicto contra los contratos petroleros que se desarrolló durante los meses de octubre y noviembre, tuvo una duración de 20 días, durante los cuales se perdieron 45.600 jornadas de trabajo ya que de las mismas participaron más de 3.000 obreros[14]. A continuación daremos cuenta de las características que las mismas asumieron.

Febrero: huelga nacional por reivindicaciones económicas

En una asamblea general de afiliados, la noche del 14 de febrero, los trabajadores petroleros de Mendoza resolvieron adherir al paro general por tiempo indeterminado resuelto por el SUPE a nivel nacional a partir del día siguiente. La huelga era por distintos reclamos económicos[15]. Sin embargo, ya se esbozaban las líneas del próximo gran conflicto petrolero, al afirmar el SUPE que lucharían “contra quienes quieran entregar nuestro petróleo al extranjero”[16].

Frente a esta situación, el gobierno nacional declaró ilegal la huelga y ordenó que los yacimientos quedasen bajo jurisdicción militar. El personal militar del Comando de la Agrupación de Montaña Cuyo dispuso la movilización parcial de los obreros a fin de que se garantizara la producción normal de petróleo y la ocupación de las instalaciones de YPF para su protección. Debido a ello y según las autoridades militares, el trabajo quedó normalizado a los pocos días tanto en los yacimientos como en la destilería, con personal movilizado internado en los campamentos, jubilados, voluntarios y personal militar[17]. Frente a presuntas amenazas e intimidaciones por parte de los trabajadores hacia quienes concurrían al trabajo, las autoridades militares también dispusieron la custodia de los lugares de reunión de los obreros y de los ómnibus que trasladaban al personal hasta los lugares de trabajo. Según la prensa, la venta de nafta al público durante el conflicto fue normal –como así mismo la provisión de gas-, aunque al inicio del mismo se registró un aumento en la demanda del combustible.

Por su parte, el SUPE filial Mendoza a través de distintos comunicados informaba que “el paro es total en todas las dependencias”. Afirmaba que el poco trabajo realizado era llevado adelante por personal militar y sólo algunos trabajadores movilizados a quienes se les impedía abandonar los campamentos, de los cuáles “más de 30 hombres han podido escapar a pie a través de los campos”[18]. Expresan que la movilización no había sido acatada, ya que “casi toda la gente, eludiendo las requisas domiciliarias, se encuentra escondida, ignorándose su paradero”[19]. Además denunció la detención de 25 obreros y la internación de 3 trabajadores debido a las sobreexigencias a que eran sometidos al ser movilizados a los campamentos. Los obreros recibieron la solidaridad del gremio de la construcción.

Denunciaron también las amenazas realizadas a los trabajadores nuevos o recientemente reincorporados. Efectivamente, en un comunicado donde la empresa exhortaba al personal a retornar al trabajo, se ‘recomendaba’ “al personal que aún no ha sido confirmado y al reingresante, analizar muy especialmente su situación particular”[20]. Posteriormente YPF informó que éstos no serían confirmados en sus puestos. Además impuso diversas sanciones al personal adherido a la huelga: cesantías para quienes hubieran “fomentado, inducido o incitado a la huelga” o “cometido actos de sabotaje o de naturaleza similar”; además de no pagarse los días no trabajados por ser una “huelga ilegal”. Otra manera en que la empresa intentó intervenir en el conflicto fue generando disputas internas entre los obreros. El SUPE afirmó que la empresa buscaba “crear un sindicato disidente… para lo cual cuenta con el beneplácito de un pequeño grupo de adeptos”[21].

Finalmente se llevaron a cabo las tratativas en Buenos Aires tendientes a lograr un acuerdo entre las partes. Se negoció un aumento de $450 y de $55 al ítem de asistencia. El día 7 de marzo la asamblea general de afiliados del SUPE Mendoza resolvió aceptar la propuesta patronal “en principio”, ya que previamente al levantamiento de las medidas de fuerza debían ser liberados todos los detenidos, levantados todos los sumarios militares y finalizada la movilización militar de los obreros. Al no cumplirse con esto último, el paro recién se levantó el día 11 de marzo.

En general, podemos decir que en esta huelga el acatamiento fue mucho menor a la que describiremos a continuación, además de que debido a la militarización de los obreros y al trabajo del personal militar, la producción petrolera logró mantenerse dentro de los índices normales, con lo cual la medida de fuerza no se tradujo en serios problemas económicos. Las sanciones y métodos disciplinadores por parte de la empresa y el gobierno militar fueron variados y efectivos a pesar de las resistencias que presentaron los obreros.

Octubre-noviembre: lucha política contra el Estado y al

interior de la clase obrera

Este conflicto se desarrolla en un momento en que el movimiento obrero organizado sindicalmente se encuentra fragmentado en distintos nucleamientos como consecuencia del fracaso del Congreso Normalizador de 1957, entre los 32 Gremios Mayoritarios y Democráticos, los Independientes, las 19 Organizaciones[22] y las 62 Organizaciones Gremiales (dentro de la cual se alinea nacionalmente el SUPE, a diferencia de la seccional Mendoza). En Mendoza, en julio de 1957 se realizaron elecciones, asumiendo la conducción de la CGT local el Movimiento Pro Democratización, conformado por agrupamientos ligados al comunismo, peronismo y al radicalismo. En agosto de 1958 ésta se divide, constituyéndose en lo que se conoció como “CGT de calle Mitre” adherida a las 62 Organizaciones, y la “CGT de calle 25 de Mayo” adherida al Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS)[23]. Luís Bialet fue designado hacia fines de octubre de ese año como delegado de la intervención a fin de lograr la unificación de ambas centrales[24].

Como mencionamos, la huelga contra los contratos petroleros que se registró durante los meses de octubre y noviembre tuvo una duración de 20 días, de la que participaron más de 3.000 obreros, es decir que contó con un acatamiento prácticamente del 90% (ver Cuadro 1). A diferencia del conflicto de febrero, éste se inicia en Mendoza y posteriormente asumirá dimensiones nacionales, aunque como veremos, sólo en algunas seccionales se logró una adhesión activa a través de la declaración de medidas de fuerza; es decir que el paro por tiempo indeterminado de los obreros del SUPE se circunscribe a la provincia de Mendoza. Este representó pérdidas económicas por $80.000.000. Efectivamente, las plantas de producción habían dejado prácticamente de funcionar, manteniéndose sólo tareas entendidas por los obreros como indispensables. Ya al segundo día de huelga el suministro de combustible fue insuficiente y comenzaron a limitarse ciertos servicios como el transporte. La escasez llegó a las provincias de San Juan y Córdoba. También se vio afectado el comercio, restaurantes, cafeterías y las tareas relacionadas al agro, entre otras. A la cifra anterior deben sumarse $2.500.000 que ocasionó la huelga de los trabajadores de Gas del Estado en solidaridad con SUPE, que duró 17 días, entre el 2 y el 19 de noviembre[25].

En oposición a los contratos petroleros, una numerosa asamblea de afiliados del SUPE Seccional Mendoza resolvió realizar un paro de una hora el día 4 de octubre. Durante la misma, se leyó y comentó el contrato firmado con la Banca Carl Loeb y Co., como así mismo el informe desfavorable a los convenios suscrito por la Asociación de Profesionales de YPF. También se leyó un informe elaborado por una comisión designada por el sindicato para el estudio de los contratos. Este último afirmaba que no eran contratos de locación de obras[26] y que significaban “un verdadero intento de destrucción de YPF”. Allí los trabajadores petroleros sostenían que “después de la guerra ha recrudecido el interés de los monopolios petroleros internacionales por las enormes reservas argentinas...”, hecho que estuvo acompañado con una campaña de desprestigio hacia la empresa, que no prosperó gracias a los “miles de argentinos que sentimos a YPF como parte de nuestro ser: porque YPF es eso, una parte del alma de los habitantes de esta tierra”. Continuaba diciendo que los contratos en cuestión “son perjudiciales para la soberanía del país”[27]. Por otro lado, remarcaba que no existían cláusulas referidas al respeto de la legislación laboral vigente. Durante la asamblea estuvieron presentes el Secretario General de la CGT 25 de Mayo, V. Palacios, dirigentes de los gremios de Gas del Estado y de la Construcción entre otros, quienes expresaron su solidaridad hacia los petroleros en su lucha por la anulación de los contratos. También hubo presencia de diputados opositores a los contratos[28].

A raíz del accionar del gremio petrolero, que realizaba una “campaña por la defensa del petróleo nacional” [29], aparecieron rumores de intervención del mismo. Frente a esto, el Cuerpo de Delegados y la Comisión Directiva de SUPE a través de un comunicado, expresaron su rechazo a una posible intervención, alertando que de producirse la misma se declararía el paro total. Los rumores de intervención también habían llegado a la CGT 25 de Mayo, declarándose en estado de alerta y asamblea permanente[30]. Hasta el momento la CGT calle Mitre no se pronunciaba en relación al tema petrolero.

El día 27 el gremio emplazó al Congreso Nacional en 72 horas para que rechazara los convenios suscriptos con el Banco Loeb y la Pan American, por considerarlos “lesivos a la soberanía y a la dignidad nacional”. De no ser así declararían una huelga general por tiempo indeterminado desde el día 31, afirmando de esta manera “su permanente posición de defensa de las fuentes energéticas argentinas y de que el petróleo debe ser explorado, explotado, elaborado, distribuido y comercializado única y exclusivamente por YPF”[31]. Para el Ministerio de Trabajo, dichas resoluciones carecían de validez, puesto que: 1) no era competencia de las entidades regionales resolver sobre este tipo de cuestiones, además de que la misma no figuraba en el orden del día; y 2) no se controló el carácter de afiliados de quienes participaron de la reunión.

Ante esta situación, la CGT 25 de Mayo se declaró en estado de alerta y convocó a un plenario extraordinario a fin de tratar su posición frente a la huelga petrolera. Por su parte, la CGT Mitre convocó a un plenario general de delegados para tratar “importantes asuntos de carácter gremial”[32]. Esta última, a través de un comunicado condenaba la actitud asumida por el SUPE. Expresaba que los dirigentes obreros deben realizar un juicio sobre la actual política petrolera que surja de un análisis profundo, honesto y desapasionado, “y no obedeciendo a normas y corrientes ideológicas ajenas al espíritu de la Nación y ajenas también a la nacionalidad, asentadas sobre intereses partidistas y obedeciendo a extrañas consignas”. Denunciaba a los “liberales marxistas y comunizantes que siembran el desconcierto en las masas trabajadoras preparando el camino hacia un futuro golpe de estado”. Finalmente, afirmaba que “es necesario romper con los viejos esquemas económicos que maniataron el desarrollo de la Nación”, y en lo que hace al tema petrolero, defender el “patrimonio de la República y de sus riquezas naturales que han de estar al servicio de todo un pueblo y no de grupos o clases privilegiadas”[33].

Finalmente, cumplido el plazo otorgado al Congreso para que rechace los convenios, en un comunicado la Comisión Directiva de SUPE llamaba a los obreros al paro total a partir del día 31 de octubre, expresando que este “es un reclamo patriótico”[34] y garantizando públicamente el respaldo del gremio a todos los obreros, afiliados y no afiliados, en lucha. El acatamiento a la huelga fue absoluto[35]. Frente a diversas acusaciones, a lo largo del conflicto negaron que el paro tuviese relación con algún partido o movimiento político: “somos un gremio y como tal, apolítico y por sobre todas las cosas argentinos y mosconianos”[36].

Iniciada la medida, y en materia de organización, la Comisión Directiva del gremio junto a los delegados designó guardias rotativas y por turno en cada lugar de trabajo para evitar problemas y resguardar los bienes de YPF. De hecho, los distintos lugares de trabajo fueron custodiados por unos 200 agentes de la Policía Provincial y Gendarmería Nacional, quienes durante los primeros días se instalaron en el exterior de los campamentos ya que dentro funcionaban las guardias obreras -sin embargo, éstas se retiraron el día 3-. Los trabajadores establecieron que de manera solidaria con el conjunto de la población, se proveería de combustible a hospitales y sanatorios. Se designó un Comité de Huelga, quien difundió un comunicado explicando las consecuencias de los contratos y los motivos de la medida de fuerza.

En este marco, se organizaron actividades a fin de informar y discutir sobre la problemática desde distintos agrupamientos gremiales, estudiantiles y por el Movimiento de Defensa del Petróleo Argentino, entre otros. Este último propuso a la UCRI la realización de un plebiscito sobre el tema de los contratos. También realizó programas radiales, venta de bonos contribución y por pedido de diversas Uniones Vecinales “visitas a los barrios de la capital y los departamentos para formar entidades pro defensa del petróleo y dictar charlas sobre el alcance de los contratos petroleros”[37].

Comenzaron a expresar su posición frente al conflicto distintos actores políticos de la provincia. La UCRI repudió la medida de fuerza a través de un comunicado, el que fue contestado en sus distintos puntos por el SUPE[38]. Para los legisladores de la UCRP en cambio, la huelga era “un movimiento de carácter patriótico no improvisado”[39], que debía ser apoyado por el pueblo argentino. También adhirió a la lucha del SUPE la Federación Socialista Mendocina (secretaría Muñiz). Por su parte, a través de una solicitada el Partido Comunista denunció una maniobra por la cual se distribuyeron en su nombre volantes incitando a los obreros del petróleo a realizar actos de terrorismo y sabotaje. Se buscaba con ello provocar -dicen- a la clase obrera y a dicho partido, con el objeto de “desatar la represión contra ambos, obedeciendo a los dictados del capitalismo yanqui, que en su plan de sometimiento de nuestra soberanía exige acallar la voz del pueblo”. También denunció la existencia de otros dos falsos volantes a nombre de los comandos civiles y los peronistas. Finalmente, llamaba a los obreros a que “no caigan al terrorismo y al sabotaje a que los quieren llevar” quienes buscan provocar un nuevo golpe de estado y los convocaba a unirse “en acciones unitarias de masas que exijan al gobierno el cumplimiento del programa votado el 23 de febrero de 1958” [40].

Por su parte el gobierno, desde el Ministerio de Trabajo acusó a los trabajadores de que cubriéndose de un “nacionalismo exacerbado”, esta “huelga política” -impulsada por el comunismo “encaramado mediante sus consabidas maniobras” en ciertos sindicatos- “sirve al juego del imperialismo y el comunismo internacional”. Expresó además que “el sindicalismo nacional, de raíz cristiana y de tradición argentinista, sabe que grupos minoritarios desean trabar el progreso de la República y el bienestar de sus hijos”[41]. El día 4 el Ministro de Trabajo Allende declaró la huelga ilegal, mientras otorgaba dos días de plazo a los trabajadores para reintegrarse a sus tareas. Sin embargo esto no hizo variar el alto acatamiento a la medida de fuerza. En un nuevo llamado al trabajo, esta vez el delegado presidencial en YPF Sabato, informó que a los trabajadores que se reintegrasen a sus tareas se les pagarían los días no trabajados, y un plus por eficiencia. Tampoco obtuvo resultados.

Frente al conflicto comenzaron a producirse los alineamientos de los distintos nucleamientos sindicales. Anunciadas las medidas de fuerza, el plenario de delegados de la CGT 25 de Mayo resolvió: dirigirse al conjunto de gremios mendocinos, a las 62 Organizaciones, a los 32 Gremios Democráticos y a los 19 Gremios y demás sectores y movimientos populares, a fin de que se solidaricen con los obreros petroleros; realizar una campaña de esclarecimiento y un acto público al cual se invitaría a la CGT Mitre a que exponga su posición ante el conflicto.

Por su parte, el sindicato de Empleados de Gas del Estado resolvió realizar un paro total por tiempo indeterminado desde el día 2 de noviembre en solidaridad con el SUPE. Dicha medida fue resuelta por unanimidad en una asamblea de afiliados. Anunció además que en caso de detenciones o movilización a dirigentes o trabajadores, se realizarían cortes en el suministro de gas. Según la empresa, de 376 trabajadores sólo 1 no se plegó a la huelga. Por su parte, la intervención de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestó no adherir al paro dispuesto por los trabajadores de Gas del Estado “por considerar que el mismo persigue finalidades de carácter netamente políticas de orientación foránea que perjudican a nuestra comunidad al poner en peligro la paz social… Por lo tanto, exhorta a todos sus afiliados a concurrir a sus tareas habituales como de costumbre” [42].

Diversos gremios expresaron su solidaridad a lo largo del conflicto: Mosaístas, La Fraternidad, FASA filial Rivadavia, CGT San Rafael, Seccional Cemento Mendoza Gral. San Martín, Sindicato Único de Contratistas de Viñas y Frutales, Magisterio, Vestido, Unión Ferroviaria. Desde el ámbito estudiantil, manifestaron su acuerdo con la lucha de los petroleros: Agrupación Reformista Estudiantes de Medicina, Agrupación Reformista de Ciencias Económicas, Movimiento Estudiantil Reformista del Colegio Universitario Central, Agrupación Reformista de Ciencias Políticas y Sociales, el Ateneo Popular de la Juventud José Ingenieros. De igual manera lo hizo el Consejo de Entidades Vecinales de San Rafael.

Por su parte, al iniciarse el conflicto el Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo (CCSP) denunció “el carácter político de la huelga declarada en YPF”. Se solidarizaba con los trabajadores peronistas agrupados en la Junta de Petroleros ‘13 de Diciembre’ que repudiaban las medidas de fuerza, y recomendaba “a todos los peronistas de YPF que acaten tan solo las directivas de los dirigentes peronistas en función gremial”[43]. Según declaraciones de J. W. Cooke, los miembros del Consejo Superior habrían sido conducidos a asumir dicho posicionamiento ante el conflicto, por la intervención e influencia del dirigente petrolero y “empleado de Frigerio” Pedro Gomis, contrario a la postura de los dirigentes gremiales denominados “doctrinarios” por oponerse a la política petrolera del gobierno[44].

Pero ya para el día 7 de noviembre, sus posiciones y declaraciones se habían modificado. Aconsejaba “a los compañeros en función gremial una acción decidida y enérgica de repudio a los contratos petroleros celebrados por el PE con empresas extranjeras, empleando los medios de lucha que estimen conveniente hasta impedir la consumación de la entrega de nuestro patrimonio energético”[45]. El cambio de actitud en el peronismo, puede apreciarse en las mismas declaraciones de los legisladores oficialistas, quienes ahora responsabilizaban de esta “huelga con móviles políticos” a “comunistas y elementos peronistas”[46]. En el medio tuvieron lugar declaraciones de Perón contra los contratos petroleros, en el marco de un cambio de política tendiente a desprestigiar y presionar al frondicismo[47].

En el orden nacional, el día 5 se llevó a cabo en Buenos Aires el IX Congreso de la Federación SUPE. Allí se definirían los pasos a seguir de conjunto en relación a los convenios y el conflicto desatado en Mendoza. Las posturas de las distintas seccionales fueron tan dispares que el Congreso quedó sin efecto. Varias filiales impugnaron la convocatoria cuestionando el criterio de representatividad adoptado[48] (Rosario, Ensenada, Florencio Varela, Taller Naval, entre otras). Sostenían la necesidad de llevar adelante la reunión las delegaciones de Capital, Mar del Plata y San Lorenzo y el Secretario General de la Federación, M. Alvarado. Finalmente, ante la falta de quórum, se definió realizar una nueva convocatoria. En un telegrama, el secretariado de la Federación comunicó a la filial en conflicto que: “frente a la magnitud del problema y la gravedad de la situación en lo que hace al sindicato Mendoza y ante la imposibilidad estatutaria de resolver al respecto, este secretariado deslinda toda responsabilidad como cuerpo subordinado a junta directiva central y congreso”[49].

A raíz de esta situación, el Comité de Huelga realiza una serie de recomendaciones a los obreros, que permiten entrever el recrudecimiento de tensiones y las disputas existentes hacia el interior de esta fracción de la clase obrera. Mientras que “recomienda a los compañeros mantengan la unidad indestructible demostrada hasta ahora”, les comunica “que no ha sido autorizado ningún compañero para invitar a reuniones o asambleas de cualquier índole que sea. Únicamente este comité en forma directa puede hacerlo y para ello se tomarán las medidas necesarias a fin de evitar malos entendidos. Insistimos en que no se debe firmar nada que no sea en esta organización y cualquier conminación o invitación para concurrir al trabajo será resuelto únicamente en una asamblea”[50].

Sin embargo, ya el día 8 -con posterioridad al llamado del Comité Coordinador Peronista a apoyar la huelga- también la Federación de SUPE cambia de actitud hacia el conflicto, emplazando al gobierno nacional a modificar los contratos petroleros. El plazo otorgado era de 72 horas, de lo contrario se iría a una huelga general nacional de 48 horas, manteniendo el estado de huelga durante diez días -en caso de movilización o detención de trabajadores las medidas se adelantarían-. La decisión había sido tomada por la Junta Directiva Central de la Federación en una reunión secreta, de la cual participaron los secretarios generales de las distintas seccionales. Sin embargo en Mendoza la CGT Mitre continuaba sin hacer referencias al conflicto. En cambio se declaraba en estado de alerta por el aumento del costo de la vida (en concordancia con lo dispuesto por las 62 Organizaciones); las cesantías producidas en las municipalidades de Las Heras y Godoy Cruz; los conflictos que afectaban al Sindicato de Vendedores de Calle.

Por su parte, al noveno día del conflicto el gobernador Ueltschi dirigió a los obreros un llamado a la reflexión, al diálogo y a vuelta al trabajo. Cuestionaba la postura “intolerante” asumida por el gremio y afirmaba que “no asistimos a un paro ordinario donde se discuten cuestiones económicas o materiales. Se trata de una cuestión ideológica lamentablemente planteada en forma dura e inflexible”[51]. Cuando el Subsecretario del Ministerio del Interior D. Blejer visitó Mendoza a fin de conocer detalles del movimiento huelguístico, no dudó en calificarlo como “insurreccional”: el mismo era “ajeno a la cuestión gremial y movido por influencias extrañas perfectamente localizables”[52]. El mismo calificativo utilizaría Frondizi en su discurso del día 9, responsabilizando del conflicto en Mendoza a “comunistas”, a grupos políticos que siguen “instrucciones recibidas desde el exterior”, en referencia -aunque sin mencionarlo- al peronismo y a grupos minoritarios golpistas. “No se trata de huelga legal o ilegal, sino, pura y simplemente, de subversión y, como tal, debe ser encarada…”[53]. Lejos de buscar un acuerdo, al día siguiente el ejecutivo rechazó el acta esbozada por el Ministerio de Trabajo con la Federación de petroleros[54]. Esta actitud generó una serie de conflictos y movimientos hacia el interior del gobierno: renunciaron el Subsecretario de Trabajo R. Virué y el Secretario de Relaciones Económico-Sociales de la Presidencia R. Frigerio, uno de los principales responsables de la política petrolera llevada adelante por el gobierno de Frondizi.

A raíz de dichos acontecimientos el SUPE Mendoza convocó a una asamblea el lunes 10. La misma duró cuatro horas y concurrieron cerca de 3.000 obreros, lo cual obligó a ocupar la sala, el patio y hasta un amplio sector de la calle. Allí se resolvió continuar con el paro hasta el día viernes 14, cuando se realizaría una nueva asamblea para evaluar los pasos a seguir. De declararse el estado de sitio o la movilización de los obreros, se dispuso que éstos debieran presentarse con sus documentos en el local sindical, desde donde se marcharía hasta la sede del Comando de la Agrupación de Montaña Cuyo. En caso de ser trasladados por las autoridades militares hasta los lugares de trabajo, éstos realizarían un paro de brazos caídos. Además, el delegado ante la Junta Central de la Federación, Efraín Páez, debía llevar a su seno el mandato de paro por tiempo indeterminado. Según la prensa, en un clima de entusiasmo “quedó exteriorizado, en forma unánime, el propósito de ir a una huelga por tiempo no definido hasta conseguir la anulación de los convenios”. Finalmente, se informó que concluido el conflicto se daría a conocer un listado de entre 10 y 12 personas que “han traicionado el movimiento, oficiando de rompehuelgas” [55].

Ante la actitud combativa de los petroleros de Mendoza, a quienes comenzaban a sumarse sus pares a nivel nacional, el PEN, argumentando la necesidad de una medida de prevención por la situación de conmoción interna por la que se atravesaba, declaró del estado de sitio por un lapso de 30 días a partir del día 11 de noviembre en todo el país –medida que fue posteriormente ratificada por el Congreso-[56]. En gesto de repudio a la actitud asumida por el ejecutivo, a nivel nacional se produjeron huelgas de 2 horas por turno en las distintas seccionales petroleras adheridas a la Federación y la Federación de Gas del Estado expresó su solidaridad con los trabajadores de Mendoza. Lo mismo hizo un plenario de las 62 Organizaciones[57]. Inmediatamente comenzaron las detenciones de dirigentes y trabajadores de extracción “peronista y comunista” en distintas provincias, rondando los 300 según cifras oficiales. En Mendoza numerosas organizaciones rechazaron el estado de sitio y denunciaron allanamientos y detenciones a sus militantes: Partido Comunista, Movimiento por la Defensa del Petróleo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, UOCRA, Comité de Huelga de SUPE. En total fueron 19 los detenidos por la Policía Federal, quienes quedaron a disposición del PEN -posteriormente los 4 dirigentes petroleros fueron liberados-.

Frente a la situación se conformó una Comisión de Defensa de Presos Políticos y Gremiales. La CGT Mitre comunicó que le había solicitado a las 62 Organizaciones interceda a fin de lograr la libertad de los detenidos. La CGT 25 de Mayo dispuso estado de huelga a nivel provincial y paro general de 48 hs. para los días 13 y 14, a fin de unificar la medida con el cese de actividades dispuesto por la Federación SUPE a nivel nacional. La resistencia a la medida intimidatoria dispuesta por el PEN se expresó de diversas maneras: además de la solidaridad con la lucha de los petroleros, los mosaístas realizaron un paro de 2 horas; la UOCRA se declaró en estado de huelga y movilización; el Movimiento por la Defensa del Petróleo anunció que mantendría las distintas actividades ya previstas. Tal como lo habían resuelto en asamblea, numerosos obreros petroleros se convocaron en la sede de su sindicato portando sus identificaciones. En cuanto al paro, éste continuó sin variantes a pesar del estado de sitio. Durante la madrugada del día 12 explotó un petardo en el centro de la ciudad, que no provocó daños. Otros artefactos explotaron durante las madrugadas de los días 13 y 14. Ya el día 7 se habían producido alteraciones en el funcionamiento de las bombas extractoras de la Destilería Luján de Cuyo, que fueron interpretados como un posible acto de sabotaje.

En otro orden de cosas, durante el día 12 se generaron rumores de un posible complot contra Frondizi por parte de sectores dentro de las Fuerzas Armadas, situación que implicó al vicepresidente Gómez -por haber sido quien realizó la denuncia-, a quien se le formularon una serie de acusaciones y finalmente se le exigió la renuncia. Ese mismo día además, se anunció la prórroga por 30 días de la firma de los contratos petroleros con las compañías norteamericanas, comunicándoles a estas últimas que no se aceptarían modificaciones a la propuesta inicial. En este marco hubo una reunión en la Casa de Gobierno entre el Ministro del Interior Vítolo y diversos dirigentes de la Federación SUPE, que motivó el levantamiento del paro nacional para los días 13 y 14, el cual se postergaba por 96 hs. por haber “encontrado buena disposición en el gobierno para llegar a una solución del conflicto”[58]. Sin embargo expresaron que esto no incluía el conflicto en Mendoza dadas sus características locales, aunque el propio Secretario General de SUPE Mendoza, A. Longo -integrante de dicha comisión-, avalando la decisión tomada por la Federación expresó que frente a los últimos sucesos: “los obreros no queremos ser punta de lanza de ningún movimiento, que tampoco deseamos”[59].

Mientras tanto en Mendoza, ante la reiteración de la convocatoria al paro realizado por la CGT 25 de Mayo[60], el interventor del Departamento Provincial del Trabajo C. Pittau, por medio de una solicitada comunicó a los trabajadores que la misma “no solamente no es una medida en defensa de legítimos intereses gremiales, sino que constituye un alzamiento público”, lo que la convierte en un “delito” al que se le aplicarán las penas correspondientes. Su intención era “prevenir” a los trabajadores de las consecuencias económicas de adherirse al paro, ya que ello constituía “abandono de trabajo y la consecuente ruptura del contrato, sin derecho a indemnización alguna, con lo que vendrían a ser instrumentos y víctimas de los agitadores gremiales”[61]. En general, el acatamiento al paro fue bajo, sin influir demasiado en el desarrollo normal de las actividades de la provincia[62].

Por su parte, la CGT Mitre convocó a un nuevo plenario de delegados a fin de discutir la convocatoria de las 62 Organizaciones a un paro para los días 20 y 21; el costo de la vida; la Ley de Asociaciones Profesionales; los conflictos que se mantenían en Vendedores de Calle, Vialidad y dos municipalidades, además del estado de alerta declarado en un plenario anterior. Sin embargo, el paro de las 62 fue dejado en suspenso ya que esta organización no deseaba alterar el “orden institucional”[63]. Según el acuerdo el gobierno se comprometía a aplicar medidas contra la carestía de la vida, a respetar la Ley de Asociaciones Profesionales y la libertad de los detenidos. La CGT Mitre apoyó el levantamiento de la medida. En el comunicado al respecto no hay mención al conflicto petrolero[64].

A pesar de diferencias internas[65] el día 14 se anunció un principio de acuerdo entre la Federación SUPE y el gobierno nacional; sin embargo el mismo no fue aceptado en Mendoza, por lo que la huelga continuó. Mientras que la Junta Central de la Federación levantó los paros a fin de negociar con el gobierno la concreción de los puntos del petitorio presentado[66], en Mendoza se convocaba a una nueva asamblea el día 17 a fin de resolver al respecto. A la misma asistieron varios dirigentes nacionales. Luego de 6 horas de duración, 34 oradores de casi 2.500 trabajadores presentes, se resolvió el levantamiento de la medida de fuerza. Durante la asamblea “numerosa, entusiasta y por momentos violenta” -según el cronista de Los Andes-, se escucharon por parte de los trabajadores insultos contra algunas seccionales y dirigentes de SUPE, contra el gobierno y los diarios en general. Se reiteró el rechazo a los contratos y la convicción de continuar la huelga aunque fuese sin los demás gremios. Tampoco se aceptaron la mayoría de los argumentos esgrimidos por los dirigentes nacionales presentes y hasta se les exigió explicaciones por ciertos hechos calificados como de “traición” de dirigentes “vendidos”, que atentaron contra la dignidad y unidad del gremio. Si bien estos últimos reconocieron fallas y la existencia de corrientes internas enfrentadas que debilitaron el accionar de los obreros petroleros e imposibilitaron el llamado a una huelga general, continuamente llamaron a la serenidad y reflexión y promovieron el levantamiento del paro. Se refirieron a la debilidad del gobierno y a las posibilidades de un golpe de estado, además de su negativa a negociar con sindicatos en huelga. También mencionaron las medidas disciplinarias que podían recaer sobre la filial Mendoza desde la Federación de continuar con el paro.

A pesar del ánimo inicial de continuar con las medidas de fuerza, la posición y argumentos esgrimidos en torno a las dificultades que traería al desarrollo y triunfo del conflicto la falta de unidad, ya sea entre los gremios petroleros como en el movimiento obrero en su conjunto, motivaron el levantamiento del paro como “una medida táctica, para proceder al agrupamiento de fuerzas y en compañía de otros gremios y de sectores del pueblo en general, volver a la lucha contra los documentos lesivos a la soberanía nacional”[67]. Se aprobó la moción elaborada por el Comité de Huelga[68], por lo que se volvería al trabajo a partir del día 20. La Federación por su parte, convocó a la reunión de un Congreso para el día 9 de diciembre a fin de conformar la comisión que discutiría los contratos con el directorio de YPF.

Por su parte, la asamblea del personal de Gas del Estado a la cual asistieron unos 200 trabajadores, resolvió retomar sus tareas el día 19 manteniendo el estado de alerta, aceptando como síntesis de un largo debate donde se analizó el conflicto la moción del Comité de Huelga. También aquí estuvieron presentes dirigentes de la Federación Nacional. Al entrar una delegación de trabajadores de SUPE fueron recibidos con fuertes aplausos[69]. En un comunicado posterior explicaron que se levantaba el paro mantenido en solidaridad con los obreros petroleros, llamándolos a “mantener la unidad y el alto espíritu combativo que han expresado a través de jornadas gloriosas”[70].

Notas sobre el análisis de los procesos de burocratización

Como señalamos en la introducción de este trabajo, la huelga petrolera del ‘58 ha sido generalmente enfocada como un conflicto en el cual quedaría de manifiesto el proceso de burocratización operado a lo largo de la década del ’60. En esta podría evidenciarse, según los autores que analizaremos a continuación, la “traición” por parte de las dirigencias surgidas al calor de las luchas de los primeros años de la resistencia hacia las bases, convirtiéndose cada vez más en polos con intereses opuestos. En lo que respecta al conflicto aquí analizado, retomaremos brevemente los análisis de A. Schneider, E. González y D. James al respecto.

En relación al periodo desarrollista, Schneider afirma que “en la práctica cotidiana, se estaba disolviendo la unidad de acción que se había conformado frente a la Revolución Libertadora; era cada vez más notoria la diferencia de intereses existentes entre la burocracia y los obreros. En dicha senda, como producto de los cambios operados, las 62 Organizaciones empezaban a esbozar los elementos que identificarían al gremialismo durante ese periodo: la presión junto con la negociación. Nacía el ‘vandorismo’ como táctica sindical”[71]. En este marco, el conflicto petrolero de 1958 aparece como “un claro indicador de las nuevas prácticas laborales”[72].

En su estudio, Schneider sostiene que las cúpulas gremiales no lograron en los años ’60 un control monolítico de las bases, sino que su liderazgo fue constantemente cuestionado. Pero cómo explicar desde la afirmación que realiza este historiador -de fortaleza de las bases-, el levantamiento de un conflicto con los altos niveles de acatamiento registrados -como el que aquí analizamos- unidireccionalmente por el interés de la “burocracia”[73]. En todo caso, este tipo de visiones dicotómicas no nos ayuda a explicar dichos procesos de burocratización.

La lectura que enfrenta “bases combativas” a “dirigencias burocráticas” es aún más clara en E. González, quien afirma que “el paro fue levantado porque esa dirección había dejado de reflejar el estado real de la clase, a los combativos delegados de los plenarios y a los obreros que antes de preocuparse por las elecciones sindicales, entendían que no podían vivir más como estaban viviendo y necesitaban un aumento de emergencia”[74].

El tema del surgimiento de la burocracia suele ligárselo a la desmovilización y apatía de las bases. Para el caso argentino, esta interpretación puede leerse en D. James, quien analiza el proceso de burocratización del activismo y la desmovilización como producto de la derrota del movimiento obrero, que tuvo como resultado la cooptación de los dirigentes de base[75]. Sin embargo aquí el tratamiento de la relación entre ‘dirigentes y bases’ no se realiza considerándolos como polos opuestos, sino atendiendo a una conciencia contradictoria presente en la clase obrera, al consentimiento por parte de los trabajadores hacia sus dirigencias por sobre la mera imposición de éstos. En esta línea, el tema de la huelga de 1958 en James ofrece mayor complejidad y detalle que en los autores anteriores; aunque también este autor advierte que ésta constituye un “acontecimiento sintomático”, donde se encuentran la mayoría de las variables que determinarán la relación entre los trabajadores y Frondizi[76].

Sin pretender resolver aquí el tema sino más bien para comenzar a esbozarlo, creemos necesario complejizar cierta mirada presente en la bibliografía referida al período que excede a los autores mencionados, que en general realiza un corte donde aparecen bases versus dirigencias, mirada en donde aquellas son portadoras de una actitud combativa, mientras que las segundas tienden siempre a frenar los procesos de lucha. Esta lectura en general tiende a explicar las derrotas obreras en la actitud de “traición” de las segundas -pero sin lograr explicar porqué es que las mismas construyen hegemonía-.

Más que definir o caracterizar a la burocracia, es importante entender los procesos y mecanismos sociales por los cuáles la misma se constituye como tal, atendiendo fundamentalmente a las causas, los factores que explican que un conjunto de trabajadores acepten y sostengan una política y organización burocrática[77], es decir, su génesis y desarrollo. En este sentido, las reflexiones de Claude Lefort nos aportan interesantes elementos para pensar y analizar esta dinámica[78]. El autor formula una doble pregunta: por qué una vanguardia que inicialmente se aglutina en torno a la defensa de los intereses de la clase y por su emancipación, termina dándose a sí misma fines propios y particulares. Y estrechamente vinculado a ello, por qué razones el conjunto de la clase obrera acepta y sostiene la política de los primeros[79].

Las respuestas hay que buscarlas, nos plantea Lefort, en primer lugar en los procesos histórico-sociales en que los mismos se desarrollan y en los niveles de conciencia de los trabajadores, a los que la burocracia suele ofrecer respuestas[80]. “Está ligado a un momento de la experiencia obrera, y su papel contrarrevolucionario se revelará porque contradice esa experiencia”[81]. Esta es, a nuestro entender, la cuestión de fondo a analizar cuando se busca explicar los procesos de burocratización sindical. No alcanza con meros análisis de corte psicologista, o con denunciar la “traición” hacia el conjunto, ya que no estamos frente a procesos de carácter azaroso o accidental, sino que cumplen una función social.

Lefort vincula esta problemática al análisis que se tiene dentro del campo del marxismo de la adhesión de las masas al reformismo (como ilusión), criticándolo. Afirma en cambio, que la ideología reformista expresa ciertas relaciones sociales reales, y su propia ambigüedad expresa la dualidad (unidad y diversidad) del carácter social de la clase obrera[82].

Atendiendo a dichas consideraciones, creemos que la huelga petrolera de 1958, más que la expresión de un proceso de burocratización gremial como han señalado diversos autores, donde las conducciones gremiales se alejarían paulatinamente de sus bases, expresa principalmente la lucha hacia el interior de la clase obrera, por imprimirle direccionalidad política al movimiento. Esto, recordemos, en un momento de fragmentación del movimiento obrero organizado sindicalmente, donde el peronismo aún mantiene sus expectativas y tregua con Frondizi; y en un contexto en que se abrieron distintas perspectivas de participación dentro de márgenes legales para el movimiento obrero, lo que a su vez favorece disputas entre fracciones y alineamientos políticos, por erigirse en un interlocutor válido. Recordemos que nos encontramos en un momento de intensa actividad gremial, fundamentalmente vinculada con la recuperación de las instancias organizativas y de los convenios y normas legales cercenadas por la autodenominada Revolución Libertadora. No hay “traición” de las dirigencias, ya que el interés de los trabajadores en esta etapa es incorporarse al sistema, lo cual se encontraba en sintonía con la política integracionista planteada por Frondizi.

Si observamos al interior del colectivo de trabajadores, podemos afirmar que cada una de las instancias organizativas que aparecen a lo largo del conflicto (asambleas, Comisión Directiva SUPE, Federación y centrales locales), estaban atravesadas por una complejidad de posturas en disputa; que no sólo se expresaban de manera vertical, sino en vección horizontal, mostrando cómo la lucha de clases se expresa al interior de la clase obrera misma. Cuando analizamos la relación existente entre el gremio con los distintos nucleamientos sindicales en general y agrupamientos del movimiento peronista, podemos advertir que aquí tampoco había homogeneidad. Por ejemplo, cuando el peronismo a través del CCSP llamó a solidarizarse con los obreros del SUPE, en Mendoza la CGT Mitre, alineada con las 62 Organizaciones, nunca se posicionó a favor del conflicto -ni verbal ni materialmente-.

Puede observarse a lo largo del conflicto, que los trabajadores expresan una conciencia de carácter antiimperialista, donde el capital industrial nacional continúa siendo un aliado. Estamos -en línea con el programa de La Falda del ’57[83]- frente a reclamos de tipo antiimperialistas, que en parte explican porqué quien logró construir hegemonía en esta etapa dentro del movimiento obrero fue un proyecto de conciliación de clases como el que expresaría el vandorismo[84].

(*) Profesora y Licenciada en Historia (UNCuyo). Becaria CONICET. Instituto de Ciencias Humanas y Ambientales (INCIHUSA-CONICET). E-mail: gscodeller@lab.cricyt.edu.ar.

[1] Ver por ejemplo GONZÁLEZ, Ernesto (coord.); El trotskismo obrero e internacionalista en la Argentina. Palabra Obrera y la Resistencia (1955-1959); Antídoto; Bs. As.; 1996, T. 2; pp. 241-244; SCHNEIDER, Alejandro; Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo. 1955-1973; Imago Mundi; Bs. As.; 2006; pp.119-120.

[2] Ver ASBORNO, Martín; La moderna aristocracia financiera. Argentina 1930-1992; El bloque editorial; Bs. As.; 1993; pp. 56-74.

[3] Se pasó de producir 5,3 millones de m³ por año en 1957, a 17 millones en 1962, con lo cual la importación de combustible por parte de YPF descendió del 65% al 16%. Datos extraidos de NOSIGLIA, J.; El desarrollismo; CEAL; Bs. As.; 1983; p. 95.

[4] YPF comprendía en Mendoza las siguientes reparticiones: Administración del Yacimiento de Mendoza, Destilería y Planta de Almacenaje Luján de Cuyo, Divisional Mendoza y Oficinas de Venta y Planta de Almacenaje San Juan.

[5] GAGO, Alberto; Rupturas y conflictos en la historia económica de Mendoza. Acumulación, instituciones, relaciones sociales y poder; CEIR; Mendoza; 1999; p. 46.

[6] En 1960, la producción petrolera en Mendoza alcanzó los 2,4 millones de m³, es decir, el 83% más de lo producido en el año 1958 (1,3 mill. m³). DEIE. Anuario 1963-64; DEIE; Mza.; 1964; pp. 67-71. Para la década del ’70, la producción triplicaba las cifras de la década anterior. GAGO, A.; Op. Cit.; pp. 44-53.

[7] Ver AGUILERA, Amanda; Historia del S.U.P.eH. (1946-2000); S/Ed.; Mza.; 2000; pp. 23-27.

[8] DEIE; Op. Cit.; p. 68.

[9] En: NOSIGLIA, J.; Op. Cit.; p. 95.

[10] Por otro lado, aunque aquí no nos detenemos a analizarlo, la comparación de las cifras de los años 1957-59 y 1961 advierten sobre el inicio de los procesos de racionalización y cambios en los procesos de trabajo.

[11] MARIANETTI, Benito; Las luchas sociales en Mendoza; Ed. Cuyo; Mza.; 1970.; p. 135.

El proyecto presentado por la Unión Cívica Radical Intransigente (mayoría), solicitaba al Poder Ejecutivo Nacional la revisión de los contratos firmados con el Banco Loeb Rhoades y la Pan American Oil Company, mientras que la Unión Cívica Radical del Pueblo (minoría) exigía el rechazo de los mismos. Ambos sectores estaban a favor del monopolio estatal en la exploración, explotación, extracción, transporte, industrialización y comercio por parte de YPF; aunque para la UCRP debían respetarse los derechos provinciales. El Partido Demócrata, en cambio rechazaba la ley de nacionalización porque atentaba contra el principio federativo y los derechos de la provincia. En relación a los contratos manifestaba que los mismos eran nulos por haberse realizado las negociaciones con las firmas extranjeras de manera directa, sin licitaciones mediante. Igual postura asumió el periódico local Los Andes en sus distintas editoriales, al criticar la pérdida de la autonomía provincial, pero este no cuestionaba la firma de contratos con capitales extranjeros. La postura del SUPE era en cambio la “adhesión decidida en pro de la nacionalización del petróleo y de oposición a los convenios que harán de aquella nacionalización una medida declamatoria”, y exigían que el petróleo “sea manejado en todos los aspectos de su desarrollo única y exclusivamente por YPF”. Diario Los Andes, 01.11.58, p. 4 y 02.11.58, p. 8 respectivamente.

[12] DEIE; Incidencia económica de las huelgas en Mendoza, 1958; DEIE - Estudios especiales; Mza.; 1958; Año 1, Nº 1; p. 5.

[13] Idem.

[14] Idem., pp. 5-11.

[15] Exigían: aumento de $800 a cuenta del nuevo convenio; reconocimiento de beneficios a reincorporados; reincorporación de cesantes y suspendidos no comprendidos en delitos comunes; reforma estatutaria y escalafón; rechazo del nuevo sistema de calificaciones; reimplantación de la orden 801 de provisión de ropa; reforma de las normas de relación entre YPF y SUPE; reforma de los beneficios asistenciales, confirmación del personal ocasional y changarines; pago por zona inhóspita.

[16] Diario Los Andes, 21.02.58, p. 3.

[17] Según los distintos informes de YPF, entre movilizados y voluntarios, trabajaron durante el conflicto unos 150 obreros inicialmente, cifra que ascendió a 900 hacia el final de la huelga. Anteriormente, la disminución en la producción había alcanzado un 30%. Según el SUPE, el aprovisionamiento de los distintos derivados del petróleo fue normal por las reservas acumuladas.

[18] Diario Los Andes, 18.02.58, p. 3.

[19] Diario Los Andes, 19.02.58, p. 3.

[20] Diario Los Andes, 21.02.58, p. 3.

[21] Diario Los Andes, 23.02.58, p. 8.

[22] Sobre la base de este nucleamiento posteriormente se conforma el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS).

[23] ÁLVAREZ, Yamile; De la proscripción al poder. Historia, evolución y luchas del peronismo en Mendoza (1955-1973); EDIUNC; Mza.; 2007.

[24] Diario Los Andes, 31.10.58, p. 7.

[25] Diario Los Andes, 21.02.58, pp. 5-11.

[26] Según el informe de la comisión, de tratarse de contratos de locación se hubiese establecido el pago por pozo terminado o por metro cuadrado, pero en cambio “se han entregado por 15 o 20 años zonas perfectamente exploradas y estudiadas por YPF con cuantiosos gastos”. Diario Los Andes, 04.10.58, p. 4.

[27] Idem.

[28] Además del paro, la asamblea votó: el repudio a los legisladores y funcionarios que apoyaban los contratos; realizar un homenaje a Mosconi; designar a 10 delegados para que visiten e informen a otros gremios de la provincia; solicitar a la Federación de SUPE la convocatoria a un congreso de forma inmediata para tratar la problemática del petróleo; realizar una campaña de difusión por medios orales y escritos; participar de cualquier acto en defensa del petróleo; exigir al PEN la constitución del directorio de YPF con participación de técnicos y obreros de la empresa y la inmediata anulación de los contratos.

[29] Diario Los Andes, 18.10.58, p. 4.

[30] En relación a los motivos de la posible intervención, en un comunicado expresan que “la medida no tiene otro objeto que frenar las luchas de los trabajadores por mejores salarios, contra la carestía de la vida, por la modificación y sanción de leyes sociales, contra el proyecto de ley de reglamentación de la huelga; y, fundamentalmente, para evitar la lucha de los trabajadores contra los contratos petroleros y con la CADE”. Diario Los Andes, 18.10.58, p. 5.

[31] Diario Los Andes, 28.10.58, p. 4.

[32] Diario Los Andes, 29.10.58, p. 2.

[33] Idem, p. 4.

[34] Diario Los Andes, 31.10.58, p. 6.

[35] No adhirió el personal directivo, técnico y de supervisión.

[36] Diario Los Andes, 02.11.58, p. 8.

[37] Ver Diario Los Andes, 30.10.58, p. 2 y 01.11.58, p. 4 respectivamente.

[38] A la acusación de que las medidas adoptadas atentaban “contra la seguridad y la paz social”, se preguntaban “si los contratos firmados por el doctor Arturo Sábato, que entregan el manejo de áreas preciosas de nuestra riqueza petrolera a compañías extranjeras no significan también un elemento de alteración de la seguridad y la paz social”; a la acusación de “infiltración de elementos extraños al gremio”, contestaron que “los trabajadores de YPF sólo aceptan las indicaciones de sus conciencias de argentinos y mosconianos”. Diario Los Andes, 01.11.58, p. 4. Ver comunicado de los legisladores de la UCRI en Diario Los Andes, 31.10.58, p. 6.

[39] Diario Los Andes, 09.11.58, p. 8.

[40] Diario Los Andes, 02.11.58, p. 10.

[41] Idem, p. 8.

[42] Diario Los Andes, 03.11.58, p. 4.

[43] Diario Los Andes, 04.11.58, p. 4. En cambio, la Federación de SUPE, en relación a las posiciones asumidas por la Junta de Petroleros 13 de Diciembre, expresó que “exhorta a los compañeros a no dejarse engañar por los cantos de sirenas de estos salvadores de última hora”, defendiendo que la huelga había surgido de una asamblea de afiliados. Idem.

[44] Dicha versión puede leerse en el texto del CENTRO DE ESTUDIOS GENERAL MOSCONI; Los tratantes de petróleo. Los hechos (1955-1962); Achaval Solo; Bs. As.; 1973, T. I; pp. 266-272.

[45] Diario Los Andes, 08.11.58, p. 4.

[46] Diario Los Andes, 08.11.58, p. 4.

[47] Podemos encontrar otra referencia a este hecho, en las crónicas de los resistentes publicadas por la Revista Antropología Tercer Mundo. “Como consecuencia de la firma de los pactos petroleros, se inicia una huelga en Mendoza, dirigida por el PC y sectores UCRP. Los dirigentes peronistas (aún en la CGT Auténtica) se oponen e incluso se movilizan para su levantamiento. Cooke desde Montevideo ordena el apoyo de todo el peronismo a la huelga y viaja a Buenos Aires clandestinamente. La huelga es la ruptura Perón-Frondizi y Cooke, firmante del pacto va preso junto a otros cientos a un fontón de la Marina anclado frente a Río Santiago”. EN: GUTIERREZ, Gustavo; Explotación y respuestas populares; El Cid Editor; Bs. As.; 1974; p. 57.

[48] Según los estatutos, el criterio a adoptar era de representación proporcional, y no un delegado por cada seccional.

[49] Diario Los Andes, 06.11.58, p. 6.

[50] Idem.

[51] Diario Los Andes, 09.11.58, p. 8. Días antes el gobierno provincial había realizado al SUPE una convocatoria a una reunión en la Casa de Gobierno, que fue rechazada por los obreros.

[52] Diario Los Andes, 09.11.58, p. 8.

[53] Diario Los Andes, 10.11.58, pp. 1y 2.

[54] El Ministerio se había comprometido con la Federación a que: se escucharían los planteos gremiales en torno a la cuestión de los convenios; no se aplicaría sanciones; se pagarían los días de huelga, si la medida se levantaba dentro de las 24 hs. en Mendoza y se suspendía el paro de 48 hs. a nivel nacional. Lo anterior –aclararon- estaba superditado a la aprobación por parte de una asamblea de la seccional Mendoza. La propuesta era extensiva al personal de Gas del Estado.

[55] Diario Los Andes, 11.11.58, p. 4.

[56] La extensión de la medida a todo el territorio se fundamentaba en las distintas medidas de fuerza que petroleros en otras zonas estaban realizando. En Capital, por ejemplo, ya se habían desarrollado paros parciales en solidaridad.

[57] Este plenario reclamó un aumento de emergencia de $1.500 por mes hasta la discusión de los nuevos convenios colectivos. Si no tenían una respuesta favorable hasta el día 19, convocarían a un paro nacional para los días 20 y 21 de noviembre. La medida de fuerza respondía al rechazo tanto a la política económica llevada adelante por el gobierno, como a los contratos petroleros y al mal cumplimiento de la ley de asociaciones profesionales. Diario Los Andes, 12.11.58, p. 1.

[58] Diario Los Andes, 13.11.58, p. 1. Dado que el paro se levantó faltando pocas horas para su inicio, se registró un importante ausentismo en las seccionales de Mar del Plata, Bahía Blanca, y Capital.

[59] Diario Los Andes, 14.11.58, p. 1.

[60] No se realizó en cambio el acto público que tenía programado la CGT de 25 de Mayo para el día 12.

[61] Diario Los Andes, 13.11.58, p. 2.

[62] Las organizaciones gremiales que adhirieron al paro fueron: Agentes de Propaganda Médica; Gastronómicos, UOCRA, Mosaístas, Industria del Papel, Fideeros, Obreros Rurales y Estibadores de San Martín, Vidrio. La Bancaria anunció paros en la última hora de atención al público. Los gremios de Comercio, Madera y Artes Gráficas expresaron no adherir por no haberlo podido consultar con sus afiliados. En cambio, no adhirieron los sindicatos de Luz y Fuerza, Unión Ferroviaria, Cementistas, y la CGT de calle Mitre.

[63] Recordemos que nos encontramos en un contexto de elecciones y de normalización de los distintos gremios. Este hecho fue el que numerosas veces motivó comentarios de que los conflictos gremiales eran impulsados para quedarse en sus puestos dirigentes que no podrían hacerlo a través de la vía electoral. Ver por ejemplo la solicitada del Departamento Provincial del Trabajo, Diario Los Andes, 13.11.58, p. 2. El interés en la normalización gremial influyó también en las posturas dialoguistas de numerosos sindicatos.

[64] Ver Diario Los Andes, 18.11.58, p. 6.

[65] Algunos dirigentes de la Federación buscaban evitar medidas de fuerza que pudiera vincularlos con los rumores de golpe de estado. Otros, en cambio, opinaban que la contrapropuesta del gobierno no podía aceptarse, y debía llamarse a la huelga.

[66] SUPE solicitaba la designación del Consejo Directivo de YPF; la reunión de aquel con la Junta Central de SUPE a fin de considerar las modificaciones a los contratos petroleros; y la incorporación de representantes de SUPE en la dirección de YPF.

[67] Diario Los Andes, 18.11.58, p. 6.

[68] Además de distintos puntos en función de obtener la anulación de los contratos y el pago de los salarios, uno de los puntos incluía una crítica al accionar de la Federación de SUPE: “6º) Que la Junta Directiva Central considere y analice la falta de tacto con que ha procedido y la facilidad con que se ha hecho eco de una maniobra de orden político que la ha desviado de la consideración del asunto fundamental: los convenios petroleros”. Diario Los Andes, 18.11.58, p. 6.

[69] Según el cronista, se escuchó el siguiente diálogo: “–¿De dónde son esos trabajadores? –De SUPE de Mendoza. –Muy bien. Porque si fueran de otros sindicatos de SUPE no habría que dejarlos entrar”. Diario Los Andes, 19.11.58, p. 5.

Entre las diferencias remarcadas con el gremio petrolero, figuró la unidad de los trabajadores de Gas del Estado. Al respecto, un petrolero presente en la asamblea manifestó que “Tenemos perspectivas de un congreso del que saldrá la unidad de SUPE y echaremos a la calle a los dirigentes que manejan intereses políticos”. Diario Los Andes, 19.11.58, p. 5. Hubieron, en cambio, referencias a la alta unidad lograda entre SUPE y Gas del Estado en Mendoza.

[70] Diario Los Andes, 20.11.58, p. 6.

[71] SCHNEIDER, A.; Op. Cit.; p. 118.

[72] SCHNEIDER, A.; Op. Cit.; p. 119.

[73] Dice el autor: “Cuarenta y ocho horas después de la suspensión de la huelga general, los trabajadores enrolados en el SUPE finalizaron su medida de fuerza. Era innegable que el comportamiento de la burocracia mostró la cristalización de un proyecto que no coincidía con los criterios sustentados por la mayoría de los obreros petroleros”. SCHNEIDER, A.; Op. Cit.; p. 120.

[74] GONZÁLEZ, E.; Op. Cit.; pp. 243-244.

[75] "...esa aquiescencia fue un fenómeno relativo, resultante de la experiencia social concreta de los trabajadores en las derrotas de 1959 y 1960 y la consiguiente desmoralización, a lo que se sumaron los efectos de la ofensiva económica…”. El efecto de ello fue la falta de confianza en la eficacia de la acción colectiva: “...los obreros procuraron una acomodación individual... creer en el poder de negociación formalizado de sus dirigentes sindicales”. JAMES, Daniel; Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina. 1946-1976; Sudamericana; Bs. As.; 1999; p. 339 y 340.

[76] JAMES, D.; Op. Cit.; p. 150.

[77] C. Lefort distingue entre política burocrática y organización burocrática. La primera designa una conducta de mando que hace de la clase obrera un elemento pasivo y utilizado, al que no se toma en cuenta en la elaboración o discusión de lineamientos políticos, que quedan reducidos a una pequeña minoría de dirigentes. La segunda, refiere a un cuerpo estrictamente disciplinado y jerarquizado cuya base no tiene ningún control sobre la dirección. LEFORT, Claude; ¿Qué es la burocracia?; Ruedo Ibérico; Francia; 1970; pp. 57-58.

[78] Nos referimos aquí particularmente a su artículo de polémica con J. P. Sastre, denominado “El marxismo y Sartre”. El mismo data de 1953 y fue publicado en Le Temps Modernes Nº 89.

[79] Idem., pp. 58 y 60.

[80] Idem., pp. 60-61.

[81] Idem, p. 57.

[82] Idem., p. 55.

[83] Ver BASCHETTI, Roberto; Documentos de la Resistencia Peronista. 1955-1970; Puntosur; Bs. As.; 1988; pp. 67-69.

[84] Al respecto afirma R. Cullen: “El Vandorismo, expresado en las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas y los principales gremios industriales, lleva adelante la estrategia de alianza con fracciones de la burguesía industrial negociando con los diferentes bloques de poder. Para el conjunto de la clase obrera esa estrategia es percibida como la recomposición del frente de clases de 1945. Este intento se va a encontrar en la década del ‘60 con nuevas relaciones de poder que lo harán definitivamente inviable en 1967”. CULLEN, Rafael; Los debates sobre el peronismo y la lucha armada en el peronismo de los 60 y 70; IX Jornadas Interescuelas; Córdoba; 2003.

[85] James advierte que los procesos de racionalización en marcha no afectaron el poder negociador de los gremios, ya que “la ofensiva de la productividad apuntaba fundamentalmente al poder en el lugar de trabajo mismo, no a los sindicatos en sí”. JAMES, D.; Op. Cit.; p. 197.

Año	Técnicos	Administrativos	Obreros	Total
1957	164	435	2602	3201
1958	161	452	3262	3857
1959	161	436	3153	3750