De lucha política a guerra social abierta. El Alto Valle de Río Negro 2001 y 1969

Claudia Guerrero y Beatriz S. Balvé(*)

Presentación

Dentro de un criterio de periodización, tres hechos históricos que hayan constituido una torsión en las relaciones de fuerzas políticas, constituyen una escala. Producto de investigaciones que se llevaron a cabo, a lo largo de décadas, y de concentrarnos en la historia contemporánea de Argentina-publicadas en artículos, ponencias, Cuadernos de CICSO y libros-hemos concluido que este período parte de 1955 a 1975, período revolucionario para todas las clases sociales, le continúa la reacción en manos de las Fuerzas Armadas 1976 a 1983 y, concluye con el momento de la contrarrevolución-restauración, de 1984 a nuestros días.

Dentro de nuestro cuerpo teórico-metodológico-conceptual, ¿cuál es el indicador de cada uno de estos momentos dentro de un movimiento general de la lucha de clases? La situación en que se encuentra el pueblo. En el primer momento, con sus luchas había logrado constituir una fuerza social-alianza de clases-armada moral y materialmente, conducida por la clase obrera, alterando la correlación de fuerzas en el estado. El segundo es la lucha contra la subversión-alteración del orden- aniquilando a esa fuerza social física y políticamente para, finalmente, recompuesto el orden en la sociedad, restaurar el sistema electoral-parlamentario, ya en crisis orgánica.

Lo que diferencia el primer momento del tercero, es que ahora no se puede constituir una fuerza social habida cuenta que el pueblo se encuentra disgregado-separadas las partes del todo- y los intelectuales orgánicos se pasaron al campo del liberalismo.

Esto es lo que diferencia el enfrentamiento social con fuerzas del ejército en Cipolletti en setiembre de 1969, -primer momento de la periodización- de las acciones directas en el Valle de Río Negro durante 2001 (tercer momento).

Continuando con este campo de problemas que hacen a la temática de la organización social, y para hacer más observable el tercer momento, llevamos a cabo una investigación sobre las elecciones de 1983, con los datos nacionales y de los distritos del Gran Buenos Aires. El soporte empírico fueron las solicitadas publicadas y su alineamiento electoral y el aporte teórico fue de Gramsci -Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado Moderno-. Logramos descomponer el discurso político según grados de relaciones de fuerzas en su doble manifestación: estructura económica y de auto-conciencia a conciencia. Los datos demográficos y de ocupación brindados por los censos resultaban homogéneos, por lo tanto, no explicaban los alineamientos.

Pero, al igual que a nivel nacional, en la estructura social el peso de aquellos que se encontraban en el nivel más bajo de conciencia política, sólo reconociendo al grupo profesional era dominante. Y el sector que reconoce al sector social más amplio-unidad, cohesión social-se había reducido respecto a períodos anteriores.

Este cambio en la organización social del pueblo argentino, es efecto de la acción de las fuerzas armadas en el período previo.

Pero necesitábamos saber por qué en distritos históricos del peronismo ahora triunfaba la UCR y, recordando que en el micro centro de Buenos Aires en horario bancario, en las pizarras se agolpaban jubilados, vendedores ambulantes y rentistas, buscando el banco que pagaba más interés por los plazos fijos a siete días, al igual los empleadores retrasaban el pago de sueldos y salarios poniendo esa suma en plazo fijo y se ahorraba cerca del 20% en las remuneraciones. Entonces descubrimos a la patria financiera. Solicitamos al Banco Central el crecimiento de bancos y sucursales desde 1970, para los partidos del Gran Buenos Aires y descubrimos que en los distritos donde triunfó la UCR era en los que prácticamente se habían triplicado y se mantenía casi estancado donde habían ganado los peronistas.

Esto da como resultado: cambio en la composición social en donde se reducen los trabajadores y crece una clase media y pequeña burguesía rentística, lo que conduce a un cambio en la percepción del conflicto social.

La patria financiera de Martínez de Hoz caló más profundo de lo que se suponía, en la sociedad. La cultura del trabajo se hundió, no sólo porque se destruyó la industria sino que ésta se destruyó, porque la sociedad ahora es rentística.

Esta es la significación y lo que otorga sentido a las luchas del pueblo hasta 1983 y, a partir de allí hacia nuestros días, ahora en medio de la descomposición de los cuadros políticos, los partidos políticos y el sistema electoral-parlamentario. Esto expresó el 2001.

En el trabajo que aquí presentamos, subyace este problema.

Beba C. Balvé. Directora de CICSO

Buenos Aires, abril de 2006

Introducción

En el marco de una investigación en curso y en donde el soporte empírico son las acciones directas sucedidas a lo largo del país entre el 13 y 20 de diciembre de 2001, abordamos este estudio de caso referido a los hechos acaecidos en la región del Alto Valle de la Provincia de Río Negro.[1]

El objetivo es hacer observable: 1) la tendencia al enfrentamiento de esta estructura social 2) los cambios en las condiciones sociales generales que se ordenan bajo tres dimensiones: Las formas de lucha, las formas ideológicas y las condiciones sociales generales que incluye las productivas. En función de ese objetivo se recupera en el análisis un hecho sucedido en 1969 en la ciudad de Cipolletti, bajo otras condiciones y circunstancias y en donde el detonante fue el trazado de un camino. Su descripción y análisis se encuentra en el trabajo de CICSO, citado en nota número 2.

Estructura productiva del Alto Valle (breve esbozo)

La estructura económico-social de El Alto Valle, que incluye Cipolletti[2], expresa un modo productivo asentado en la monoproducción frutícola y su industria conexa. Se trata de una producción agro-industrial que se desarrolla en dos ámbitos: el rural, asiento de la producción primaria y el urbano que cumple las funciones de acopio, enfriamiento, transformación y comercialización de los productos con fuerte presencia en el mercado exportador. Se trata de un sistema productivo capitalista en todas sus fases y desde sus mismos orígenes.

Si bien la base del sistema es la producción agraria, el control y la dirección se ejercen desde dos polos que interactúan: la comercialización y el vivero. Entre ellos se encuentran los capitales más concentrados, los que además tienen una tendencia muy marcada a integrar verticalmente las distintas etapas del proceso productivo. Desde mediados de la década del 50 y hasta los 70, el proceso de concentración del capital y el crecimiento de las fases urbanas del sistema productivo otorgan al mismo dinamismo y elasticidad y, en donde el destino prioritario de la producción es el mercado mundial vía comercio exterior. Es una rama del capital financiero desde sus inicios.

La modificación de la estructura social se manifiesta no solo en los cambios cuantitativos y cualitativos de la clase obrera inserta en el proceso sino además, en la paulatina desaparición de sectores capitalistas vinculados a las fases industriales, en tanto se incrementa la franja del capital comercial.

En cuanto al proceso productivo propiamente dicho, éste recae sobre el proletariado rural y urbano. El rural se escinde entre trabajadores permanentes y transitorios en su mayoría migrantes del interior del país y chilenos y en una proporción muy elevada del trabajo asalariado rural. La clase obrera del área urbana, tiene un grado relativo de constitución que deviene de su reciente inserción en el área. La ampliación de la capacidad de absorción del trabajo asalariado, resultado de la expansión del sistema, determina competencias entre los trabajadores por el asentamiento en condiciones de permanencia. Por otro lado, el proceso de innovación tecnológica constante que caracteriza a todo el sistema productivo, termina desplazando, mediante la aplicación de maquinaria y procesos de automatización un importante contingente de trabajadores.

El enfrentamiento social de 2001

En diciembre de 2001 toma forma un movimiento de masas en oposición a política de gobierno y en donde la lucha de calles, como forma principal, articula medios e instrumentos: paros, manifestaciones, cortes de ruta, apropiación de alimentos, actos, destrucción de bancos, tractorazos, lucha directa por parte de asalariados industriales, estatales, desocupados, docentes, pequeños comercios, sindicatos, obreros, productores agrarios, camioneros etc. y la policía. El 12 de diciembre se inicia la jornada de lucha convocada por la Asamblea Piquetera, con cortes de ruta en todo el país y el 13 la huelga general nacional por 24 horas decretada por las tres centrales obreras: la CGT Azopardo, la CGT llamada disidente y la CTA contra la política de gobierno y la incautación de los salarios por parte de los bancos.

En el Alto Valle el paro de las CGTs es acatado por la mayoría de las categorías de asalariados más, los productores agremiados en la Federación de Productores y Chacareros de Río Negro y Neuquén - articulados porque es una región económica- que se encontraban en medio de un plan de lucha. El comercio cierra sus puertas, algunos por adhesión al paro y otros por temor al igual que lo hacen las entidades bancarias y los organismos del estado, entre otros.

Construcción de un sistema problemático

A lo largo de 2001 se combina una crisis política, con crisis económica que conduce a una crisis de hegemonía. Las elecciones legislativas de octubre de ese año constituyen un punto de torsión ya que aceleran los tiempos de una ruptura. El alto nivel de abstención electoral (alrededor del 40% del padrón electoral), el triunfo del Partido Justicialista sobre la coalición en el gobierno (Frepaso-UCR) y a la vez, la pérdida de votos para las dos fuerzas políticas mayoritarias, radicalismo y peronismo, constituyen los elementos de la crisis de hegemonía burguesa, en relación a la clase obrera y los sectores populares, que altera la correlación de fuerzas políticas en el gobierno.

Bajo este telón de fondo se desenvuelve el ciclo de las luchas del campo del pueblo cuyo punto de inicio es el 12 y 13 de diciembre con un plan de lucha de la clase obrera en activo y pasivo, y que culmina con la movilización de masas a escala nacional del 19/20 que fuerza la renuncia del gobierno nacional. Veamos. El 5 de diciembre las tres centrales obreras convocan a la huelga general para el día 13. La huelga se hizo efectiva y paralizó el país. Días después se anuncia otra huelga general para el 20, que tuvo un acatamiento parcial. Finalmente el l9 de diciembre renuncia el ministro de Economía Cavallo y el 20 lo hace el presidente De la Rúa y su gabinete. Previamente decretó el estado de sitio cuyo repudio generalizado llevó a un levantamiento popular que intentó ser sofocado por medio de una represión con decenas de muertos y heridos.

A nadie podía sorprender que ante tan profunda crisis, las centrales obreras lanzaran la huelga general y que la Asamblea Piquetera decretara el corte de ruta a escala nacional. Actos aislados de protesta, paros, manifestaciones, cortes de ruta en todo el país se venían desenvolviendo desde comienzos de diciembre de 2001 a partir de las políticas de coacción extraeconómica del gobierno quien, por medio de decretos bancarizó y luego bloqueó e incautó vía los bancos, el ahorro de vastos sectores de burguesía y pequeña burguesía y el salario de los trabajadores. La falta de circulante en el mercado cortó la cadena de pagos y una bancarización compulsiva afectó a franjas de la población que viven al día realizando changas y pequeños servicios.

El movimiento obrero, ocupado y desocupado aceleró los tiempos de la crisis. Las tres centrales obreras lanzaron la huelga general nacional y el movimiento de desocupados el corte de ruta en todo el país.

A la vez un movimiento nacional y popular de protesta inició una acción general y simultánea la que, a lo largo de ocho días y en todo el país tomó la forma de un movimiento de masas en lucha.

El estado de ánimo de las masas y el cambio en las condiciones objetivas de la lucha indicaban que no era momento para la huelga de demostración o huelgas y manifestaciones pacíficas, que ya se venían ejercitando en todo el país, porque hubiera sido como empezar desde el principio.

Tanto la organización de los obreros ocupados como desocupados percibieron que el movimiento se encontraba en un cambio de fase, y esto obligaba a un cambio de táctica.

Vale recordar que hacia mediados del año 2000 bajo el gobierno de De la Rúa el parlamento, los cuadros políticos y el ejecutivo por medio de sobornos y escándalos públicos habían votado una ley laboral, de corte regresivo y proscriptivo para los derechos de los trabajadores. En este marco la táctica del movimiento obrero de negociar y golpear y la huelga general como recurso técnico daba pruebas de haberse agotado. La huelga general con movilización que decreta la CGT en contra de la Reforma Laboral aprobada por el parlamento bajo el gobierno de De la Rúa y en donde dirigentes obreros son salvajemente reprimidos con balas de acero ilustra con elocuencia lo que decimos.

Entonces. ¿Cuál es la significación político-económica de la huelga general nacional del 13 de diciembre?

En principio no habría que buscarla en la huelga en sí sino en el cambio de las condiciones objetivas de la lucha que crea una situación de masas. En este medio la huelga general fue el detonante para que se generalizara en extensión y profundidad la acción directa de masas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Las masas en lucha crean una situación de masas, la huelga general del movimiento obrero y las CGTs la legítima.

Las técnica en si no es nada si no está en relación a la táctica y aquí la táctica de las masas fue articular en una acción general y nacional los distintos instrumentos y medios de lucha, huelga general de obreros, piquetes, cortes de rutas, marchas, apropiación de alimentos, ocupación de espacios públicos, etc.

La cuestión pasa por conocer cuáles eran las condiciones para que el proletariado en forma conciente o no, percibiera que era necesario y que se podía luchar en forma sostenida por espacio de ocho días como lo hizo. Cabe aclarar que si bien el movimiento en lucha, en algunas provincias en condiciones y circunstancias diferentes se prolongó después del 20 de diciembre, a los efectos de este trabajo nos circunscribimos sólo a este ciclo.

Y aquí vale una digresión. Desde 1955 y hasta 1975 la lucha de clases del proletariado se desenvolvió en un momento de lucha política: régimen y pueblo, dentro de un proceso más general de guerra civil, de allí que haya sido posible conjugar la huelga general nacional con la insurrección de masas. En ese período la huelga tomó forma de huelga política de masas como forma independiente y principal del movimiento obrero. En el 2001 la lucha también es política pero el período cambió y con ello sus formas. Ahora es guerra social abierta y en este medio esa conjugación se dificulta, de allí que la huelga política quede distanciada de la lucha directa de masas.

Otra cuestión. En las sociedades capitalistas las economías nacionales son espacios económicos coherentes con base en espacios políticos estructurados por los estados. Los espacios económicos nacionales se pueden identificar a partir de cuatro dimensiones:1) la moneda, ( la producción de un país necesita de una medida y ésa es una de las funciones de la moneda); 2) el mercado, (se considera que la economía nacional se desplaza en un espacio territorial donde toma forma la dimensión espacial del mercado); 3) las barreras que obstaculizan la movilidad de los factores de producción, capital y trabajo ( normas, cuotas, etc. a los movimientos de las mercancías y servicios, control de los movimientos de capital, limitación a la libre circulación de los trabajadores); 4) reglamentación y política particularmente la política económica con su arsenal de mecanismos de intervención: monetarios, fiscales, laborales, sociales, etc. expresados mediante formas institucionales y compromisos sociales.

Siendo que el conjunto de estas dimensiones configura el espacio del Estado-Nación, la percepción que se desprende de los hechos sociales de diciembre de 2001 es que el Estado se dislocó en todos sus términos produciéndose una ruptura institucional que abarca todos los ámbitos del poder político (gobierno).

Y aquí cabe una reflexión. No necesariamente existe una correlación directa entre el cambio en las condiciones subjetivas de la lucha del campo del pueblo y el cambio en las condiciones objetivas sociales en que se desenvuelve su existencia, a pesar que lo segundo es determinante. En el 2001 la relación fue directa contra la burocracia estatal, los bancos y organismos públicos, producto de las políticas económicas y sociales que instrumentalizaron los sucesivos gobiernos en contra de la clase obrera y los sectores populares desde 1983.

El inestable equilibrio de fuerzas entre la hegemonía del bloque en el poder en relación al consentimiento espontáneo de las masas se expresa en un movimiento creciente de indisciplina social que en la coyuntura tomó la forma de movimiento de masas contra el estado de cosas vigente. La profundización de la crisis de representación de los cuadros políticos en función de gobierno y los partidos políticos vaciados de contenido social y el ataque a los mismos por parte de amplios sectores en el 2001, son alguna de sus expresiones.

Análisis de situación. Crisis política e institucional

A la política económica del gobierno nacional, con sus mecanismos de intervención en la actividad económica de Río Negro y en general en todas las provincias, se le suma la política del gobierno provincial que privilegia el interés privado de las empresas que actúan en áreas claves de la economía ó el manejo discrecional de los dineros públicos en desmedro de los intereses generales de la población.

El proyecto del presupuesto nacional de 2002 que elabora el Ministro Cavallo, establece un recargo en el consumo del gas de la población que financiará el subsidio a la Patagonia actualmente vigente. El Fondo para Subsidios de Consumo Residenciales de gas tendrá una vigencia de diez años y según el recargo previsto, la tarifa tendrá un aumento general de 4%. Además cada provincia establecerá su política de subsidio. En contrapartida, ni las provincias beneficiadas ni los municipios podrán gravar con tributos a las prestadoras de servicios. Así mediante este mecanismo se favorecerá a Camuzzi (distribuidora de gas de origen italiana)y que actualmente mantiene un debate impositivo con la provincia de Río Negro por la utilización del espacio público.

El presupuesto contempla que las provincias que pretendan acceder al beneficio del Fondo no podrán gravar con impuestos, ni tasas municipales, ni ingresos brutos los consumos, la utilización de espacios públicos, ni los ingresos que perciban por subsidios, los prestadores de servicios de distribución de gas natural y licuado.

Paralelamente la presidencia del CNEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, con el argumento de ahorrar $500.000 de gastos, estudia cerrar los laboratorios y oficinas afectando con esta medida al Centro Atómico Bariloche-CAB. A su vez el Ministerio de Economía de la Nación analiza una reducción del 30% del presupuesto y la desvinculación de 500 empleados en todo el país.

En octubre de 2001el Municipio de San Antonio Oeste recibe cincuenta mil pesos que le corresponden como parte alícuota del Fondo Federal Pesquero y le presta treinta y tres mil a la empresa Marítima San José.

El dinero del Fondo estaba destinado a la reparación del muelle cuyo deterioro ponía en peligro a los pescadores y al personal de estiba. Con autorización del Ministro de Economía de la provincia, el Intendente del Municipio entrega ese dinero a la empresa marítima para que abone los salarios que adeudaba a sus empleados. A cambio la firma ofreció las acreencias que mantenía con ANSES, como aval del préstamo en concepto de reembolsos por asignaciones familiares.

Mientras tanto, la Municipalidad depositó en una cuenta propia otros diecisiete mil del Fondo Pesquero a la espera de recuperar lo prestado a Marítima San José, quedando por lo tanto paralizada la obra.

Paralelamente, el gobernador de Neuquén Jorge Sobisch y de Río Negro Pablo Verani y los respectivos intendentes de Neuquén y Cipolletti acuerdan la construcción de un tercer puente sobre el Río Neuquén, al norte de Rincón de Emilio, frente a la chacra de Moño Azul.

En audiencia pública a la que asistieron vecinos, funcionarios, profesionales, arquitectos, ingenieros, y los propietarios de las tierras de Moño Azul se cuestionó la elección del lugar habida cuenta que estaría dedicado a absorber el tránsito pesado y de ese modo descomprimir los puentes actuales y el casco urbano. Ingenieros de vialidad opinaron que el proyecto era un mamarracho, proponiendo como lugar de la obra el Cañadón de las Cabras. Los propietarios de las tierras de Moño Azul se opusieron a que el camino inutilizara su chacra y acusaron a las autoridades neuquinas de ceder posiciones frente a la presión de los de Río Negro.

Mientras tanto, el proyecto de adjudicación de tierras a productores, en Río Colorado por parte del gobierno de la provincia y su fracaso generó una crisis que vinculó al gobierno, al intendente de Río Colorado y a un diputado provincial ex ministro de gobierno y ex abogado de la empresa Nazar Anchorena a la que le expropiaron las tierras.

Alrededor de 2000 hectáreas denominadas de Salto Andersen, expropiadas y adjudicadas por la provincia a productores de la zona hace una década, para la explotación ganadera, se hallaban paralizadas porque el gobierno no se había hecho cargo del proyecto hidroeléctrico para proveer de agua a la región y de la entrega de los créditos blandos prometidos.

Los colonos quedaron endeudados con la provincia o devolvieron sus parcelas; algunos fueron desadjudicados por no cumplir y otros, los menos, se orientaron hacia la horticultura aunque con resultados magros.

Se produce una crisis en el gobierno. Se aduce que la responsabilidad es de la legislatura porque dejó vencer la obligación de continuar con la expropiación. Debido a la demora, la empresa demandó al gobierno por vencimiento de los plazos de la expropiación teniendo éste que devolver las tierras viéndose así obligado el Estado a pagar los gastos del juicio, contrajuicio y la expropiación. El Fiscal del Estado a diciembre de 2001 no había logrado obtener información acerca del costo de la expropiación.

En resumidas cuentas Nazar Anchorena hizo un negocio“redondo”, ya que las tierras volvieron a sus manos y cobró indemnización. El diputado, antes abogado de la empresa alegó en su defensa que en su momento no cobró “cuatro millones de dólares “por su gestión sino que la misma le fue “pagada en bonos”.

La crisis del comercio

El gobernador de la provincia, Pablo Verani-en diciembre-se declara insolvente para pagar los salarios. Por medio de un decreto ley, estipula de aceptación obligatoria los bonos Lecops (única moneda en curso y aprobada en los acuerdos del gobierno nacional con los organismos internacionales-FMI) como mecanismo salarial, medio de pago y de cancelación de deudas. Su aceptación es resistida por distintos sectores de la población ordenándose para su cumplimiento efectivo multas hasta de 90.000 pesos, clausuras de comercios, la suspensión de matrículas, licencias o habilitaciones a los comercios locales y vehículos. Además se labran infracciones a los bancos que no aceptan los Lecops, entre ellos: Patagonia, Hipotecario, Nación, Río y Bansud (algunas de estas entidades fueron el blanco del ataque en las movilizaciones populares).

En la ciudad de General Roca, la Cámara de Agricultura Comercio e Industria convoca el l9 de diciembre a cerrar sus puertas en señal de protesta por la baja en las ventas del 25% al 70% y exige al gobierno que obligue a los bancos a aceptar Lecops porque sino se verían obligados a cerrar las cuentas. El paro fue realizado en forma conjunta con entidades adheridas al CAME. Dijeron: “Más vale que los políticos nos empiecen a escuchar, hemos demostrado la fuerza de la resistencia”.

En Viedma (ciudad capital de la provincia) el 13 de diciembre, día del paro nacional, los asalariados toman el edificio de la legislatura por el atraso salarial y en rechazo al pago en bonos Lecops.

El gobierno de Río Negro recibe diez millones de Lecops y logra que la empresa Repsol-YPF se los canjee en pesos.

La intendencia de Cipolletti que siempre se había jactado de tener sus cuentas al día suspende el pago de sus deudas a los proveedores. La recaudación de impuestos municipales baja del 70 al 60%. Eleva un proyecto de Ordenanza al Consejo Deliberante para que se faculte al Ejecutivo a recibir los Lecops. Los bonos inmovilizados a partir de las nuevas medidas, la baja de un 10% en la recaudación y el corte de la cadena de pagos provincia-municipios complica la situación. El envío de los fondos de coparticipación-gobierno nacional a gobierno provincial y de este al municipio- eran inciertos y tampoco se sabía que porcentaje vendría en Lecops y en pesos.

Los problemas sociales se agravan. Como consecuencia de la falta de medicamentos no funcionan los consultorios externos del Hospital Público.

En San Carlos de Bariloche el personal que incluye al cuerpo médico del Hospital Zonal Ramón Carrillo hacía 53 días que se encontraba de paro. Reclaman los salarios adeudados y el pago de salarios en pesos. Se convino aceptar el pago en Lecops sólo cuando constitucionalmente se garantice su aceptación como moneda.

El gobierno anunció la suspensión de 625 empleos sociales a fin de diciembre. Los asalariados ocuparon el edificio municipal y comenzaron una huelga de hambre. Los trabajadores increparon al intendente y a la titular del Consejo Deliberante por la falta de capacidad para defender los intereses de la ciudad y le pidieron que hiciese algo por Bariloche.

Al mismo tiempo tomaba estado público una ola de asaltos a quioscos, despensas barriales, conductores de taxis, remises y policías. Grupos de jóvenes asaltaban a personas, violencia en las calles y acumulación de basura. Entre otros se registra el hecho de tres jovencitas que fueron a mendigar a la salida de un colegio obligando a una alumna a sacarse la ropa, para luego golpearla y balear a un compañero que intentó defenderla.

La proximidad de la temporada turística preocupa a los comerciantes que exigen al intendente y a los legisladores poner orden en la ciudad. Por su parte el Secretario de Turismo no concurre a la dependencia desde hace tiempo. Frente al incumplimiento de lo prometido, dirigentes vecinalistas le pidieron la renuncia al intendente Atilio Feudal, dirigente de la coalición de la Alianza.

El Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Allen, denuncia la pérdida del 25% de sus afiliados a raíz del cierre de los comercios. La crisis lleva a la reducción del personal, podas salariales y pérdida de beneficios para los trabajadores. El decreto del gobierno del 2 de noviembre sobre el Sistema Integrado de Protección a la Familia anula conquistas logradas, lacerando el sistema de las jubilaciones, pensiones y de Asignaciones Familiares a una expresión mínima.

Se dejó de cobrar la ayuda escolar. La Obra Social OSECAC, está fundida y denuncia el cobro ilegal del “plus” por parte de los prestadores médicos. El gremio atraviesa una crítica situación debido a las grandes deudas acumuladas por parte de empresas privadas y el gobierno.

En la ciudad de Roca, Jubilados autoconvocados independientes se reunían todos los miércoles en la Oficina del Pami, protestando porque no eran atendidos en los casos de internaciones por la falta de camas y recursos. No se le entregan los productos alimentarios mensuales y las farmacias de todo el país han dejado de atenderlos.

En Río Colorado se reúnen unas 400 personas en la sede de la Cámara de Comercio. Exigen la reducción del gasto político-provincial y nacional. Ante la información de la llegada inminente de inspectores para clausurar los comercios, los asambleístas resolvieron “que si vienen los sabuesos, los vamos a sacar cagando”. Clima de desazón de comerciantes grandes y pequeños como así también de los empleados que ven peligrar sus fuentes de trabajo.

En la ciudad de Villa Regina, los comerciantes agrupados en la Cámara de Comercio, Industria y Producción protestan por no poder utilizar los Lecops para el pago de los compromisos bancarios. Su titular manifestaba que no se podía pagar más, que se encontraba cortada la cadena de pagos y podría decirse que ésta es una crisis terminal. Al mismo tiempo pedía que se bajase el gasto político de los funcionarios.

En Catriel más de 300 manifestantes entre los que se contaban comerciantes, trabajadores en general y empleados del Estado, amas de casa, convocados por la Cámara de Comercio protagonizan una marcha que luego se concentró en la Legislatura local.

Al grito de “chorros”, “inútiles”, “caraduras” se trenzaron con el Presidente del Bloque de la coalición de la Alianza al que después de forcejeos le entregaron un petitorio. De los puntos contenidos el representante político rechazó el que estipulaba la reforma de la carta Orgánica y la reducción de un 50% en el gasto público. En el acto los comerciantes dejaron su testimonio “No damos más, no vendemos nada, nos acosan los impuestos, nos obligan a aceptar bonos que no sirven para cancelar las deudas bancarias (...) Son unos caraduras, nunca hicieron nada por Catriel y después dicen que somos el pueblo. Ellos están de espaldas al pueblo y de frente a sus bolsillos”. “Que se vayan, si no son capaces de darnos soluciones. Que se vayan y que dejen de vivir a costa de nuestro sueldo” (un trabajador estatal).

El pedido de renuncia a los intendentes se repite en las ciudades de Bariloche, Allen, San Antonio Oeste y Cipolletti.

La crisis agraria

La Federación de Productores y Chacareros de Río Negro y Neuquén, convocan a una asamblea en diciembre de 2001 a la que concurren alrededor de 1500 productores que decretaron un plan de lucha a nivel regional, en reclamo al gobierno nacional y provincial por el pago del Fondo Solidario y el Contrato Frutícola. A las medidas adoptadas adhirió la Intersindical Frutícola de Río Negro y Neuquén integrada por el Sindicato de la Fruta, por STIHMPRA (del hielo) y la CEC de Allen.

La Asamblea resuelve adherir a la huelga general nacional dispuesta por las tres centrales obreras para el 13 de diciembre con movilizaciones en cada localidad y una masiva marcha a Viedma y Neuquén con la intención de quedarse hasta obtener resultados a los reclamos.

El plan de lucha se fundamentaba en las siguientes demandas. 1) Cumplimiento de las leyes y decretos; 2) Reducción del gasto político, y que con ese ahorro se pagase al FMI; 3) Regulación del Estado; 4) Contrato frutícola avalado por la Legislatura con un precio mínimo garantizado por fruta entregada, transparencia del mercado de costos y clasificación. Ningún galpón liquidó esta temporada más de 8 centavos por la fruta que entregamos; 5) Dólar diferenciado para la producción, en razón de que la convertibilidad anula la capacidad de competir.

De no cumplirse con estos objetivos la Asamblea amenaza a CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados) con medidas de fuerza a llevarse a cabo antes de la cosecha del 2002, que incluían cortes de ruta impidiendo el paso de la fruta una vez que saliese el sello de la pera. El conflicto con CAFI es por no poderse concretar la compra y venta de frutas.

La Federación además venía trabajando para lograr la refinanciación del Banco Nación y la no privatización de los consorcios de riego, el resarcimiento para los productores afectados por la inundación y el destino de los fondos que maneja FUNBAPA. Aseguran los dirigentes que su objetivo era sacar a los productores de la indigencia. “No aguantamos más ser el felpudo del Valle pisoteados por el poder económico y político”. La administración del agua y de las obras de regadío constituye una de las instituciones más importante para la sociedad agrícola valletana y desde muy temprano estuvo fundamentalmente en manos de la Nación (...) El control de la distribución del riego y su administración se hallan centralizados en la Intendencia de Riego “ Río Negro Superior” con asiento en General Roca”.[3]

Las acciones directas de los productores serán desarrolladas en el capítulo referido a la lucha callejera del 13 al 20 de diciembre.

Finalmente el 20 de diciembre el conflicto comienza a destrabarse como consecuencia de la decisión del gobierno de Río Negro y el subsecretario de la jefatura de gabinete de pagar los 4.600.000 pesos adeudados a los productores por el Fondo Solidario Frutícola. El dirigente de la Federación hizo el anuncio frente a 300 manifestantes en la puerta de la casa de gobierno. Además del dinero, se consiguieron los planes trabajar adeudados comprometidos con la Cámara del Valle del Medio, Río Colorado, Conesa y Valle Inferior, el reconocimiento de la emergencia y/o desastre agropecuario y un adelanto de dinero destinado a la compra de gasoil.

El gobierno provincial además elevó el proyecto de contrato Frutícola entre el sector productor y el empacador buscando los acuerdos que permitiesen lograr 1) Un precio mínimo garantido por kilo de fruta entregada 2) Condiciones de pago y moneda de pago, seguridad de cobro 3) Transparencia del mercado de costos y clasificaciones y un registro obligatorio de contratos. Mecanismos legales para los chacareros.

La lucha de los obreros rurales

La empresa Expofrut concentra la mayoría de los trabajadores de la fruta de Río Negro y Neuquén. En el 2001 la ex empresa Gasparri quebró dejando desocupados a 60 trabajadores. Mediante acuerdo judicial Expofrut debe hacerse cargo de los puestos de trabajo. Como no cumplía con lo acordado, en diciembre los trabajadores llevan a cabo un acto con quema de cubiertas en la puerta de la empresa y denuncian a la dirección del sindicato de no hacerse cargo del problema.

Hacia el 2005, Expofrut cuenta con una plantilla de 13.000 trabajadores distribuida entre empaque y cosecha. Los mayores conflictos obedecen a la deuda por salarios e incumplimientos de contrato. Al comienzo de la relación laboral paga la patronal, después ésta deja de pagar y pasa a pagar el ANSES. El trabajador no cobra su salario por el trabajo que realiza sino que lo único que recibe es el salario familiar con atraso, debido a que el organismo demora en retirar la documentación de la empresa.

Se trabaja nueve horas y las extras no se cobran. En el empaque se trabaja doce o trece horas por semana. El trabajador va todos los días y trabaja por turnos. Uno entra a las once y sale a las tres de la tarde, el otro entra a las tres y sale a las siete y el que salió a las tres entra de nuevo a las siete y sale a las once de la noche. El que salió a las siete vuelve a las once y sigue hasta las cinco o seis de la mañana hasta que se acaba la uva y queda limpio el empaque.

Es decir es una empresa que con la complicidad del gobierno provincial y nacional, permite el trabajo esclavista y sin pago de la mano de obra. El Anses la subsidia.

Una asamblea de trabajadores decide organizarse y elige como dirigentes a cosecheros de todas las provincias, tucumanos, rionegrinos, sanjuaninos, etc. Se acuerda para el 7 de febrero ir al corte de la ruta 22 en la zona de Chimpay por cobro de salarios y sin apoyo gremial del UATRE. (Unión de trabajadores rurales y estibadores).

El corte de ruta comenzó con 1800 trabajadores a los que se fueron sumando otros hasta llegar a 2.500. Una doble fila de camiones alcanzaba los 30 kilómetros.

Transcurridas varias horas del corte comienzan las negociaciones con el Ministerio de Trabajo, el ANSES, y los abogados sin obtenerse ningún resultado. En ese contexto se entabló una discusión entre un delegado y uno de los empleadores. “Ustedes vienen de afuera y allá están acostumbrados a trabajar por cinco pesos...”. El delegado obrero le aclaró que en Tucumán nadie trabaja por cinco pesos. Entonces” ¿por qué tienen tantos niños desnutridos?...” Nosotros tenemos gente desnutrida, lamentablemente niños desnutridos, porque hay hijos de puta como usted en todo el país. A raíz del entredicho fueron convocados los Boras, grupo de elite policial de Río Negro que intentó reprimir pero fueron disuadidos por el propio gobierno.

Finalmente los trabajadores con el plan de lucha lograron: el aumento de salarios, reconocimiento de la antigüedad y también permanencia en el trabajo, más, un régimen de trabajo de ocho horas completas.

El conflicto de los trabajadores de la fruta con los dueños de las empacadoras por aumento de los salarios y condiciones de trabajo, no es nuevo. El 4 de abril de 1990 los trabajadores iniciaron una huelga por el incumplimiento por parte de los empresarios del acuerdo salarial del 3 de marzo la que culminó diecisiete días después, con el triunfo de los obreros. Si bien este hecho no forma parte del período que estamos tratando, su inclusión es para hacer observable la distancia que existe entre el período de los ´90 y el actual, en donde los trabajadores en lucha recibían el apoyo de los cuadros políticos, sindicales y otros sectores sociales y ahora en cambio luchan solos.

A modo de síntesis. Como puede verse el conflicto de los productores agrarios, los chacareros y los trabajadores de la fruta contra el monopolio de las empresas empacadoras no es nuevo. Pero, ahora estamos en condiciones de hacer observable que en 1990 la unidad del conjunto se establecía ante un objetivo común que es la lucha contra el monopolio y que la clase obrera luchaba junto al sindicato y la CGT. En ese frente de lucha la clase obrera enlazaba relaciones de solidaridad con los cuadros políticos, los partidos de izquierda, trabajadores de otros sindicatos y del pueblo en general.

En cambio qué vemos en el 2001?. Que la clase obrera en lucha se encontró sola, sin el apoyo del sindicato ni de la CGT. En este contexto se relocaliza la huelga general nacional del l3 de diciembre en el sentido que más allá del factor detonante que tuvo en los hechos sociales, su propósito estuvo limitado a la presencia en el escenario de la crisis política sin ninguna consecuencia ulterior en tanto central obrera, lo que lleva a evaluar su papel en los conflictos obreros desde el 2002 a la fecha.

Lucha política y social. Acerca de un sindicato

En diciembre de 2001 la forma en que se manifiestan los sectores perjudicados por la crisis es por medio de la acción directa que incluye la Asamblea como órgano para la toma de decisiones.

En estas condiciones la única declaración pública del movimiento obrero, como aproximación a las necesidades del conjunto, proviene de los trabajadores estatales organizados en UPCN. En un documento firmado por su secretario general J.C. Scalessi, le plantean al gobierno provincial las necesarias medidas que se deben tomar en la coyuntura.

Creación de un Consejo Económico Social con representación del Estado, los distintos poderes y los estados municipales. El objetivo: reactivación productiva, generación de empleo, fomento de la cultura de emprender, empresas sociales de distintos grupos excluidos del sistema económico social. Fortalecimiento de las funciones del Estado provincial y los estados municipales y la refundación de un Estado Nacional que quedó reducido a pagar la deuda. Se convoca a todas las fuerzas del trabajo, la producción, desocupados, organizaciones intermedias de la sociedad, la Iglesia, con el objetivo de analizar cursos de acción que nos permitan vivir en forma civilizada. Considera que es responsabilidad de la autoridad provincial la realización de esta convocatoria por el carácter fundante “que tienen las provincias respecto al estado nacional al que hay que refundar y reconstruir”.

En declaraciones públicas Scalessi fundamentó que desde el sector que representa “venimos aportando 70 millones por afiliado desde l996, a partir de recortes salariales y en precarias condiciones mantenemos los servicios del Estado y los municipios”. Recordó a José Alfredo Martínez de Hoz cuando anunció que venía “a terminar con cuarenta años de historia económica y social en Argentina (...) se robaron todo y en las últimas escenas de esta tragedia nacional nos dejaron sin moneda nacional y encima no podemos acceder a los pocos pesos depositados en las cajas de ahorro en los bancos”.

Lo manifestado por este dirigente nos lleva a la siguiente reflexión. Su argumentación respecto a la crisis y la forma de resolverla denota el divorcio que existe, entre un sector del movimiento obrero con los problemas reales que padece la clase obrera. En el siguiente sentido 1) propone la formación de un Consejo Económico Social y la reactivación productiva al mismo gobierno partícipe del descalabro político, económico y social 2) En ese Consejo no hay representación del movimiento obrero y por extensión de la clase obrera y de los productores, por tanto quedan sin voz ni voto los que sufren las consecuencias generadas por el dominio del capital financiero que llevó al país a la anarquía y al caos social.

Desde nuestra perspectiva ésta es la mejor expresión del estado del poder entre las clases sociales actuales, habida cuenta que pone de manifiesto el dominio del centralismo de carácter burocrático en detrimento del centralismo de carácter democrático.

Evidentemente este sindicato está en la gestión, no en la lucha.

Por último. El Obispado y la Pastoral Social de la Diócesis del Alto Valle, por medio de un documento repudiaron los actos de violencia que eran fácilmente previsibles, dada la falta de sensibilidad social reiteradamente advertida por la dirigencia política y gremial y puesta de relieve en los últimos documentos de la Iglesia.

Hacia el 20 de diciembre la Multisectoral de General Roca en forma conjunta con el gobierno resuelve la entrega de alimentos a los más necesitados. Un representante de la Multisectorial se reunió con los sindicatos, la Pastoral Social y los jefes policiales e instó a la solidaridad de los comerciantes que adeudan salarios.

La lucha obrera y popular. Movilizaciones y acciones directas

Primer momento

El 13 de diciembre se lleva a cabo el paro General Nacional decretado por las tres centrales obreras. Describimos una breve reseña de las acciones directas en ese marco.

· General Roca. Manifestación de Estatales, estudiantes, jubilados, desocupados, comerciantes, productores rurales y taxistas. (1000 en total). Fue destrozado el frente del Banco Patagonia y otras entidades bancarias. Los productores agrarios también protestaron frente al municipio y los bancos exigiendo los compromisos asumidos por la Nación para la reactivación de la economía regional.

· Cinco Saltos. Cierre total del comercio y protesta de los comerciantes frente a los bancos impidiendo la actividad.

· Ingeniero Huergo. Paro y corte de ruta de chacareros, docentes, la Federación de Productores, Sindicato UNTER (docentes) e integrantes de la Multisectorial en contra de la política económica del gobierno. Los chacareros protestan por el precio de la fruta que entregan a las empacadoras.

· Cipolletti. Paro general y movilización de chacareros y docentes. Por medio de tractores es interferido el tránsito frente a la municipalidad.

Movilización de los obreros de la ex empresa Gasparri en quiebra. Queman cubiertas en la puerta del establecimiento.

· Allen. Paro de camioneros y concentración en la ruta 22 por la crisis frutícola.

Apoya la Cámara de Productores, la Cámara de Transportistas del Comahue y la Federación de Productores.

Lucha directa de masas en relación al Estado.

El 19 y 20 de diciembre[4]

Segundo momento

El 20 de diciembre a las l8 horas la CGT Azopardo (Daer) ratifica el paro de 36 horas que se mantendrá hasta que se constituya la Asamblea Legislativa. Justificó el paro en la necesidad de un plan económico social que asegure la reactivación, el crecimiento, la estabilidad, producción y empleo. La CGT San José (Moyano) mantiene el paro hasta que renuncie el Presidente De la Rúa (a la tarde del 20 lo levantó al igual que lo hizo la CTA).

· 19 de diciembre. Cipolletti. Saqueos en los comercios Superbomba, Alarcon, en el Paseo la Unión, quiosco Martín, peluquería Raúl, Tienda Angi y Bonsai y el Sueño. Los manifestantes rompieron vidrieras. En el momento que se produce el repliegue policial aumentan los destrozos y saqueos. Intento por copar el destacamento policial 163. Hay manifestantes y policías heridos. También detenidos.

La Coordinadora de Desocupados al frente de 100 desocupados fue a la Municipalidad en reclamo de trabajo y comida. La policía intentó reprimir pero fueron disuadidos por grupos de Derechos Humanos.

· Villa Regina. Enfrentamiento entre la Coordinadora de Desocupados y la policía cuando 500 manifestantes pretenden entrar por la fuerza a la sucursal del Supermercado La Anónima después de intentarlo pacíficamente. La lucha se extendió al Barrio San Martín. Manifestantes y policías heridos.

Cierre del comercio. La Cámara de Comercio e Industria y la Producción convoca a resistir las medidas económicas. Adhiere la Cámara de Comercio de General Roca.

· 20 de diciembre. General Roca. Enfrentamiento entre manifestantes y la policía. La Multisectorial realiza una marcha al Municipio en reclamo de trabajo y otras medidas. De la columna se desprendió un grupo que destrozó los vidrios del Supermercado La Anónima y lo saquearon, de KB Computación, una gestoría y los Bancos Boston, Sudameris, Galicia y Nación.

El Boston corrió riesgo de incendio. Finalmente volvieron sobre sus pasos y se dirigieron al Municipio. En el enfrentamiento se produjo un cruce de balas de goma y piedras entre manifestantes y policías. Desorganización policial, los agentes se defienden con palos de amasar, palos de escoba y gomeras.

Los detenidos son 41 jóvenes entre 14 y 18 años de edad y desocupados llegados a Roca en un colectivo alquilado por la Corriente Clasista y Combativa. Horas después los manifestantes reclaman en la Comisaría Tercera la liberación de los detenidos. En Roca también los maestros ocupan el edificio del CPE en reclamo del pago de salarios. Un grupo de pobladores se dirigió a la Municipalidad en busca de alimentos que no recibieron. Avanzaron sobre el Supermercado Tía, rompieron los vidrios y lo saquearon hasta que intervino la policía. Luego destrozaron los vidrios de los bancos Boston, Francés, Nación y Galicia.

· Allen. El intento de saqueo en el supermercado Anónima y la rotura de vidrios originó un enfrentamiento entre manifestantes (200) y policías. Cuatro manifestantes detenidos.

· Cipolletti. Muere una mujer producto de los enfrentamiento del día 19.

Manifestación por la libertad de los detenidos organizada por el gremio de ceramistas, ATE y un grupo de Derechos Humanos.

Consigna-táctica-técnica

Sobre los acontecimientos reseñados. El ciclo de lucha callejera de diciembre de 2001 se desdobla en dos momentos observado desde la composición social del movimiento: el método y las formas de la lucha. El 13 constituye un ciclo en sí mismo y el segundo abarca los días 19 y 20.

En el primer ciclo, la técnica es el paro y la movilización en el marco de la huelga general convocada por las tres centrales obreras. La consigna que traza la meta del movimiento es la protesta contra la política de gobierno, el monopolio agroexportador y los bancos. La acción callejera conjunta y decidida establece la unión de intereses entre sectores institucionalizados: burguesía agraria, chacareros, comercio, transporte y distintas categorías de asalariados del estado.

El 19 y 20 el sujeto de la acción son los desocupados y los pobres. La técnica es la apropiación y el asalto a comercios en busca de alimentos, propósito que lleva a un enfrentamiento directo entre las masas y la fuerza material del estado. El indicador del enfrentamiento son las bajas materiales y humanas: ataque a edificios, sobre todo a bancos, muertos, heridos y detenidos.

Pueden observarse dos fracciones del pueblo: los institucionalizados (sociedad) y los excluidos.

El 13 luchan los más institucionalizados, de allí la capacidad para establecer alianzas. El 20 es la fracción de la clase obrera, pobre de vida e influencia, es la que siempre en la lucha y las movilizaciones populares radicaliza la lucha y su enfrentamiento es contra el estado. Los primeros contra el gobierno, estos contra el estado, más los bancos.

Las condiciones sociales objetivas no son iguales para unos y otros como tampoco lo son las formas de lucha. El día 13 la huelga general es el detonante que activa a grupos sociales de la estructura económica social en algún grado de la relación de fuerzas políticas. En el caso de los pobres de vida e influencia es el hambre lo que actúa como el desencadenante para el enfrentamiento. En un caso las relaciones políticas median las acciones de los grupos sociales constituyendo al movimiento. En el otro, su acción ofensiva expresa lo social mismo habida cuenta que el régimen se les representa como una amenaza a su reproducción como clase social.

Observando los dos ciclos. El 13 tiene un carácter institucional político con sus formas de lucha y las instituciones que la integran. Los desocupados formaron parte de ese movimiento. En el ciclo del 19-20 desaparecen los institucionalizados quedando solos, por ello emerge lo social mismo por medio de la acción de los desposeídos que atacan todo aquello que visualizan como su enemigo, bancos y comercio. Allí se encuentran sin apoyo político ni solidaridad social. Expresan la guerra social.

Finalmente lucha política contra la política de gobierno para unos y guerra social para otros.

La incógnita que queda por resolver es saber si la continuidad de los intendentes, concejales, gobernadores y diputados de Río Negro deviene del hecho que el movimiento del 13 es institucional y por ello no corre peligro la institucionalidad política. Por otro lado, la lucha que llevan adelante los trabajadores desocupados y su familia en el ciclo 19 y 20 sin apoyo, principalmente de los sindicatos y las centrales obreras, refiere a la ruptura de los lazos de solidaridad de sectores del movimiento obrero con fracciones de su misma clase.

Es decir, después del 19 y 20 los cuadros políticos continuaron en función de gobierno en todas sus instancias y en todas las gobernaciones. De esto se desprende que la renuncia del presidente de la Nación y sus ministros fue el procedimiento que garantizó la continuidad política institucional en las provincias.

Elementos para el análisis

El conflicto en Cipolletti durante 1969 sucede en un momento nacional de expansión capitalista, las instituciones funcionaban y los contratos y la legislación se cumplían. Además no existía el trabajo en negro, había baja desocupación y pobres, pero no hambre.

La discusión entre General Roca y Cipolletti -Río Negro- a la que se suma la provincia de Neuquén, alrededor de la traza del camino que une a las localidades con el Chocón, centro hidroeléctrico que abastece de energía eléctrica al país, es estratégica no sólo para el capital industrial monopólico de la región sino para el gobierno nacional (Pte. J.C. Ongania 1966) que visualizaba a la Patagonia y en especial alguna de sus regiones, lo suficientemente aptas como para implementar su proyecto basado en los polos de desarrollo industrial. Por tanto el problema del camino se inscribe en un proyecto de alcance nacional que trasciende a las provincias involucradas.

En 2001 nos encontramos en un momento de profunda crisis económica, política y social en donde el trabajo en negro y su contratista expande la miseria entre los trabajadores, no se respeta ninguna legislación laboral, la población en un 40% sumida en la miseria y el hambre dominando la escena.

Sindicatos siempre existieron en esta región pero en 1969 los obreros no estaban afectados pero sí la burguesía y pequeña burguesía. El problema del camino a la clase obrera le era ajeno.

En 2001 las víctimas de la descomposición política, económica institucional y social son los trabajadores en activo y en paro forzoso. Lo notable es que se encuentran solos habida cuenta que los sindicatos y la CGT local no apoyan la lucha ni defienden sus intereses. Esta es la distancia entre la llamada Argentina corporativa y la Argentina de la democracia restringida.

La distancia entre 1969 y 2001 es que en aquel momento las luchas lograron desalojar a las autoridades de la gobernación y la intendencia. Lo paradójico de 2001 es que todas las instancias del poder político y sus funcionarios no fueron afectados.

El problema estriba que en 1969 la conducción estaba en manos de la pequeña burguesía, porque el problema era institucional y el 19 y 20 solo en manos de los obreros desocupados, porque el problema es social. Por otra parte se habían retirado ya el día l4 las distintas fracciones de pequeña burguesía.

De allí que el análisis de la región del Alto Valle en el 2001 alerta sobre las distintas formas de lucha que no pueden ser generalizadas a nivel nacional habida cuenta que expresan distintas estructuras económico-sociales, políticas, culturales y los sectores sociales afectados.

Pero algo sí los identifica. El hecho de que son las víctimas de la destrucción nacional, del Estado-nación y en donde los partidos políticos, sus cuadros y su representación son responsables de la política económica implementada, dando paso a la guerra social.

RESUMEN

De lucha política a guerra social abierta. El Alto Valle de Río Negro 2001-1969

En el marco de una investigación en curso, donde el soporte empírico son las acciones directas sucedidas a lo largo del país entre el 13 y 20 de diciembre de 2001, abordamos este estudio de caso referido a los hechos acaecidos en la región del Alto Valle de la Provincia de Río Negro. El objetivo es hacer observable 1) la tendencia al enfrentamiento de esta estructura social 2) los cambios en las condiciones sociales generales.

Palabras clave: guerra social - acción directa - crisis económico-social

ABSTRACT

From political struggle to open social war. The Alto Valle de Río Negro 2001-1969

Within the frame of a current research, where empirical support are the direct actions that happened along the Argentina between December 13 th and 20 th 2001, we will board this case study referred to the facts happened in region of the Alto Valle of the Rio Negro province. The purpose is to observe: 1) the tendency of this social structure to confront 2) the changes on the general social conditions.

Key words: social war - direct action - economical-social crisis

Notas