El trabajo va a abordar al sindicalismo y al conflicto de los trabajadores de la ex-Somisa, desde una perspectiva político-ins

El fracaso de la concepción sindical vandorista de la UOM San Nicolás en el conflicto por la privatización de SOMISA

Mauricio Correa*

Introducción

Este trabajo intenta dar cuenta de la actuación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional San Nicolás ante la privatización de SOMISA llevada a cabo por el gobierno justicialista de Carlos Menem, exitoso en su política de reformulación de la economía argentina en clave “neoliberal”. La dirigencia de este gremio -que adhiere al partido político del gobierno-, es un claro ejemplo de cómo el sindicalismo argentino en los años ’90 no pudo, no quiso y o no supo frenar el impulso privatista del menemismo.

El objetivo propuesto consiste en señalar cómo la estrategia sindical “vandorista”, característica de un gremio poderoso como la UOM y de otros gremios nacionales, fracasó en su intento de detener o al menos “condicionar” la privatización de la acería estatal SOMISA. Este ‘fracaso’ debe comprenderse en el marco de un contexto político, social y económico desfavorable para los sindicatos argentinos, así como también a la luz de la particular relación entre el gremio local y el gremio nacional de la UOM.

Por otra parte es necesario aclarar que el trabajo aborda al sindicalismo[1] y al conflicto de los trabajadores de la ex-SOMISA, desde una perspectiva político-institucional. No se va a centrar en la “clase trabajadora” como concepto ni en una perspectiva social o cultural de la misma. Este es un análisis que intenta capturar la actuación de los trabajadores a través de su representación sindical, por lo que se va a centrar en el rol de la dirigencia de los tres gremios que participaron del conflicto, pero sobre todo de la UOM, debido a su importancia y conducción de la lucha.

Ahora bien, para poder comprender la actitud de los distintos gremios en Argentina – y en particular el de la UOM -, voy a construir mi argumentación tomando como marco explicativo las cuatro concepciones sindicales argentinas elaboradas por Arturo Fernández[2], las cuales implican otras tantas formas de relacionamiento con el Estado y el partido. En el mismo sentido clasifican las distintas concepciones sindicales Vicente Palermo y Marcos Novaro[3], pero particularizadas como reacciones sindicales al gobierno de Menem. Por último, para enriquecer la comprensión de los vínculos entre los distintos sindicatos y este gobierno, M. Victoria Murillo[4] me aporta una comprensión del problema desde una perspectiva sociológica.

La batalla del acero

La característica sobresaliente de SOMISA era la de ser la más importante siderurgia nacional, dotada con dos “Altos Hornos” con capacidad para producir alrededor de 2,5 millones de toneladas de acero por año; contaba además, con un plantel que superaba los doce mil operarios, además de otros dos mil empleados por empresas contratistas. SOMISA, cuya sigla significaba Sociedad Mixta Siderurgia Argentina, era prácticamente en su totalidad perteneciente al Estado nacional. Ahora bien, el mismo nombre manifiesta una contradicción con la propiedad de la empresa, debido a que la palabra “Mixta” muestra solamente las intenciones iniciales de dicho emprendimiento, pero no la realidad hacia el año 1989, ya que el capital privado era prácticamente inexistente para ese entonces.

La batalla por el control de SOMISA ya había tenido un “round” previo: hacia el año 1986, el gobierno de Raul Alfonsín había intentado su privatización, fracasando como consecuencia de la fuerte oposición del Partido Justicialista y del sindicalismo en su conjunto. Menem, en cambio, introdujo la privatización de SOMISA en el conjunto más vasto de la radical reforma del Estado que llevó adelante; la ley de “Reforma del Estado” fue el marco jurídico que posibilitó al nuevo gobierno encarar las privatizaciones de las empresas estatales. En el artículo 2° del capítulo 1 de dicha ley, estaba contenido que la dirección de la empresa pasara a manos de un interventor, en reemplazo del antiguo Directorio: pasarán por Somisa, hasta su privatización efectuada el 26 de noviembre de 1992, cuatro interventores de los más variados signos políticos y profesiones. El desplazamiento del Directorio por un interventor nombrado por el presidente, fue el instrumento legal que el gobierno de Menem empleó para controlar directamente la política de la empresa, obteniendo de esta manera el disciplinamiento necesario para su proyecto de privatización y reconversión productiva.

El conflicto por la privatización:

la relación entre el gobierno nacional y los gremios

Es importante en una primera instancia, antes de focalizarme en el momento más trascendente de la disputa – que es donde se ponen en juego con mayor fuerza los distintos roles asumidos por cada uno de los actores protagonistas del conflicto -, llevar a cabo un pequeño recorrido por los distintos momentos de la relación entre la dirigencia sindical y cada una de las intervenciones de la empresa. Dicha dirigencia pertenecía a las comisiones directivas de los siguientes gremios de San Nicolás: la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA) y la Asociación del Personal Superior de la Siderurgia Argentina (APSSA).

La primera intervención (agosto de 1989 - abril de 1990)

En la gestión de Hugo Franco, todavía el conflicto de los gremios con la empresa no se iba a trasladar al terreno de la privatización. Son reclamos salariales y cuestiones organizativas de la empresa las que suscitan el foco de atención de los sindicatos de SOMISA, y no hay todavía rastros de la posición asumida por los gremios de UOM y ASIMRA (Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina) de aceptación de la privatización, que marcará la relación con la segunda intervención. En una solicitada se hace mención a esta conflictividad no centrada en la privatización: uno de los puntos dice lo siguiente “En la gestión del señor Hugo Franco, los trabajadores junto al pueblo de San Nicolás se movilizaron en marzo de 1990 para denunciar los efectos perniciosos que sobre SOMISA provocaba el decreto ómnibus 435/90 y algunas determinaciones internas que tomó el directorio en su momento, las cuales tendían a vaciar profesionalmente la empresa”.[5]

Es decir, todavía no está explicitada ni la propuesta del gobierno ni la postura de los gremios ante la posible privatización.

La intervención de Juan Carlos Cattáneo (abril de 1990 - mayo de 1991)

Es este período el que inaugura todas las variables de suspensiones y despidos hacia el personal de SOMISA, y el que comienza a mostrar el rol que asumirán finalmente los sindicatos ante la inevitabilidad de la privatización.

El 13 de marzo de 1991 se inicia el largo y conflictivo proceso de reducción de personal en la empresa, a través de la “desafectación” de 222 trabajadores de la categoría de “fuera de convenio”, pertenecientes al gremio de APSSA, que nuclea al personal jerárquico. Se abre además el primer registro de Retiros Voluntarios (Plan “A”) y se aplica la reducción de 200.000 horas extra y la reducción de los “trabajadores contratados” (que no tiene vinculación directa con SOMISA)[6].

Todavía no se vislumbraban los despidos masivos que en la segunda mitad del año iban a tener lugar, y en una entrevista al diario El Norte de San Nicolás, el interventor Cattáneo declara lo siguiente: “Actualmente no está previsto que haya más telegramas de este tipo. Confiamos en que mejore la situación económica; confiamos en nuestra aptitud para lograr un mejor aprovechamiento de la mano de obra; confiamos en un incremento de la productividad de nuestros trabajadores; por lo que podríamos asegurar que no se volverán a repetir telegramas de este tipo”.[7]

Estos primeros retiros voluntarios, son aceptados por personas que se encuentran cerca de jubilarse o por aquellos que debido a su edad se encuentran mejor posicionados para conseguir otro empleo. Pero el número pretendido por la empresa dista mucho del que se da en la práctica, lo que generará que en la Intervención de Triaca se aplique una política más agresiva para lograr la aceptación de los retiros.

Los sindicatos, mientras tanto van definiendo un perfil a adoptar ante la privatización y ante la amenaza de más despidos.

La posición ante la futura privatización no deja lugar a dudas, al menos para los gremios de ASIMRA y de la UOM. A principios de diciembre de 1990, se realiza en la empresa un plebiscito para elegir la estrategia sindical ante la inminente privatización, sin la participación de los afiliados a APSSA; las opciones eran dos: OPOSICIÓN CON MOVILIZACIÓN o NEGOCIACIÓN CON PARTICIPACIÓN. Participaron de la votación el 65 % de los 8.822 trabajadores afiliados en la planta, resultando ganadora la opción de la negociación por el 75 % de los votos[8], que promovía el secretario general de la UOM de San Nicolás Naldo Brunelli. La opción por la oposición a la privatización fue impulsada por los delegados y activistas del MAS y el PC.[9]

El diario Clarín, en su subtítulo, califica así la noticia: “En SOMISA sucedió un hecho inédito: los obreros, por voto secreto, apoyaron el posible pase de la empresa a manos privadas. Hasta ahora el acuerdo sobre privatizaciones partió de dirigentes – Lezcano, Ibáñez, etc. – pero ahora se incorpora un hecho político inédito: la consulta a las bases. Y estas parecen preferir las posibilidades de expansión en manos privadas a la inseguridad en manos del Estado”. [10]

Es clara la postura de estos dos gremios con respecto a la actitud frente a la privatización, legitimando dicha postura con una inédita votación de sus afiliados. A partir de ahora, se sientan las bases para que los reclamos de los trabajadores queden circunscriptos a los temas de la indemnización, pero se debilitarán sus reclamos sobre cualquier medida que se centre contra los despidos masivos, ya que era sabido de antemano que el pase a manos privadas, requería de una racionalización de aproximadamente 7.000 puestos de trabajo, como ya pedía la Fundación FIEL en el año 1986.

La primera marcha masiva que realizan los trabajadores de SOMISA, el 26 de marzo de 1991, fue promovida por APSSA y el Consejo Regional para la Defensa de SOMISA y el Patrimonio Nacional. Esta marcha, que se denominó “marcha del silencio” (tomando este título de las marchas que se estaban haciendo en Catamarca por el caso María Soledad), convocó a todos los trabajadores y a todas las fuerzas vivas de San Nicolás, teniendo un carácter de multitudinaria. Los gremios de la UOM y ASIMRA, presionados por los acontecimientos, terminaron adhiriendo a la misma; pero en un principio no habían adherido, presionando a sus afiliados a no concurrir.

Triaca como interventor: se profundiza el conflicto

con los sindicatos (mayo de 1991 - diciembre de 1991)

Esta intervención, a diferencia de las dos anteriores, llega con el objetivo explícito de la racionalización y la reducción del personal, encarando la última etapa necesaria para luego poder privatizar la empresa. La necesidad de la empresa había sido manifestada en lograr la cantidad de 4.500 retiros voluntarios, pero debido a la lentitud con la que se efectivizaban los mismos, lleva a la empresa a declarar que de no producirse los 4.500 retiros voluntarios antes del 21 de julio, éstos se volverán compulsivos.

La situación ya había entrado en un terreno donde los gremios disponían de escaso margen para la negociación. El rol de la UOM en este proceso, se circunscribe a tratar que se despidan en lo posible la menor cantidad de trabajadores. En su trabajo sobre la “Reconversión Productiva” en SOMISA, Julia Soul sostiene: “La dirigencia sindical, aceptando y avalando la necesidad de racionalizar la empresa, negocia las condiciones de la reducción de personal: que ésta no se realizara a través de despidos, sino a través de Retiros Voluntarios y que se mantuvieran en funcionamiento todos los sectores que hasta entonces estaban operando”.[11]

Dentro de este marco de confusión, de versiones contradictorias sobre la cantidad de trabajadores a desafectar, se llega a un acuerdo entre los gremios y la dirección de la empresa. Este acuerdo se lo conoce como el “Acta-Acuerdo del 26 de julio”, firmado entre las partes y homologado por el Ministerio de Trabajo. La empresa se compromete a mantener una plantilla de 8.500 trabajadores y el funcionamiento de los dos Alto Horno y la producción de 120.000 toneladas mensuales de productos terminados. Para este momento seguían los retiros voluntarios, y se abren los planes “B” y ”C” para lograr el total requerido por la empresa.

La gestión de María Julia Alsogaray:

SOMISA se privatiza (diciembre de 1991 – noviembre de 1992)

El 26 de noviembre de 1992, el ministro de Defensa Erman González, transfirió SOMISA a sus nuevos dueños, el consorcio integrado por Propulsora Siderúrgica, Usiminas y Companhía Vale do Río Doce (las dos de Brasil) y CAP (de Chile). La forma de pago fue la siguiente: 100 millones de dólares en efectivo, 12, 1 millones de dólares en BOCON y dos pagarés por 20 millones de dólares cada uno. La cifra total es de 152,1 millones de dólares.

El accionista mayoritario, Techint (51%), controlaba hasta ese momento las empresas Propulsora Siderúrgica y Siderca, en lo que hace a la producción de productos planos y de caños sin costura. A partir de este momento, SOMISA pasará a llamarse Aceros Paraná, para posteriormente fusionarse con Propulsora en SIDERAR.

El gobierno de Menem acepta una de las condiciones más importantes de Techint para hacerse cargo, y por decisión del Ministerio de Economía, le otorga el beneficio de no importar chapas a precios más bajos que los ofertados por la ex SOMISA, un monopolio de hecho.

Los trabajadores sobrevivientes de la racionalización, obtuvieron el beneficio al traspasarse la empresa de tener el 15 % de las acciones de todo el Holding por intermedio del Régimen de Propiedad Participada, a través de la creación de la Sociedad Inversora Siderúrgica. A esta Sociedad le corresponde una plaza de Director obrero y una de Síndico dentro del Directorio.

Una de las conquistas más importantes arrancadas a los trabajadores tiene que ver con el adicional jubilatorio por Fondo Compensador Móvil, que compensaba los haberes jubilatorios hasta alcanzar el 82 % móvil, y para lo cual habían aportado dieciocho años.

Al momento de la entrega de la empresa, SOMISA había reducido su plantel en aproximadamente siete mil trabajadores, y el Estado nacional erogado 190 millones de pesos en concepto de indemnizaciones, sin establecer planes de reconversión, de capacitación o de orientación en la inversión de capitales para microemprendimientos.

El conflicto de octubre de 1991:

fin de la negociación y derrota obrera

En los acontecimientos sucedidos durante todo el mes de octubre, se hacen visibles con mayor claridad los problemas planteados en este trabajo, de ahí la necesidad de desarrollar en amplitud los hechos que marcaron este período.

La negociación de los gremios con la intervención se rompe cuando, hacia fines del mes de setiembre, Triaca decide en forma unilateral desconocer el Acta-Acuerdo firmado por ambas partes el 26 de julio del mismo año, anunciando la paralización de un Alto Horno y la necesidad de disponer de otras 3.100 puestos de trabajo[12].

A partir de este momento, los tres sindicatos de la empresa, con la UOM a la cabeza, comienzan a implementar una serie de acciones de lucha que incluyen cortes de ruta y movilizaciones de delegados a Buenos Aires, culminando con una gran marcha a la Plaza de Mayo el 15 de octubre. Todas estas acciones son coordinadas por el Consejo Regional para la Defensa de SOMISA y el Patrimonio Nacional, compuesto por los intendentes de San Nicolás y Ramallo, los tres gremios, y representantes de los distintos actores sociales de San Nicolás.

Entre el viernes 27 y el sábado 28 de setiembre, los gremios son informados de la necesidad de reducir el personal de la empresa hasta llegar a la cantidad de 5.500 trabajadores y del cierre de uno de los dos Alto Horno. Naldo Brunelli, Pedro Lagar y Néstor Ara, titulares de los gremios de UOM, ASIMRA y APSSA, respectivamente, son informados de esta nueva disposición.

Con estas nuevas medidas, la situación cambia bruscamente, ya que el cierre de un Alto Horno significaba de movida la reducción de 3.000 puestos de trabajo. Como el plan de Retiros Voluntarios estaba cerrado desde el 15 de setiembre, esto implicaba la necesidad de aplicar ahora el régimen de despidos. El domingo 29 de setiembre, Naldo Brunelli declara: “Hasta ahora la vocación fue de diálogo: Hoy la empresa nos lleva a la confrontación... Ellos alegan que el mundo está cambiando. Pero hay algunos lugares donde lo cambian pensando con la cabeza y otros los cambian con los pies, a las patadas. Acá me da la impresión que han optado por el segundo camino. Lo lamento por todos y por lo que viene”.[13]

Comienza el plan de lucha, con la disposición del Consejo Regional para la Defensa de SOMISA (en adelante lo denominaré Consejo) de una movilización para el martes 2 de octubre de ciento veinte delegados de UOM a Buenos Aires. Brunelli reconoce su responsabilidad por haber mantenido el conflicto fuera de la confrontación, y a partir de ahora asume una postura más combativa, al menos en el plano discursivo. De esta manera, la UOM anunciaba el fin de la negociación con la Intervención y el comienzo de la confrontación. Por primera vez desde el anuncio de la privatización y de la necesidad de despidos por parte del gobierno nacional, los gremios en San Nicolás entran en un conflicto abierto con la dirección de la empresa y con el gobierno de Menem. La región se ve amenazada, debido a los costos sociales que supone tamaña cantidad de despidos, y la mayoría de los trabajadores indemnizados invirtieron su dinero en algún tipo de comercio, con lo que de seguir con la sangría de despidos ya se vislumbra como una seria amenaza para todos los nicoleños. La experiencia del conflicto de ACINDAR[14] servía como ejemplo.

La empresa, para mantener el conflicto en los carriles ya conocidos, abre nuevamente a partir del 2 de octubre el registro de Retiros Voluntarios, en este caso el Plan “D”. Anuncia que tendrá vigencia hasta el 15 de octubre, y realiza una mejora considerable con respecto a los planes anteriores. Pero en esta ocasión, es muy poca la acogida de los trabajadores al nuevo plan de retiros, debido a que esta vez los tres gremios deciden oponerse al mismo, a diferencia de la anuencia con que habían contado los planes anteriores por parte de los gremios, y sobre todo de la UOM.

La desocupación todavía no se hacía sentir en San Nicolás, debido a que los trabajadores retirados habían cobrado una importante suma de dinero en concepto de indemnización (por encima de los 20 mil pesos). El intendente de San Nicolás, Eduardo Di Rocco, declara a El Norte el día 9 de octubre que en los últimos veinticinco días la municipalidad ha recibido más de 900 pedidos de habilitación de comercios, sobre todo kioscos y verdulerías, y que la recaudación de las tasas municipales había disminuido en un 45% en menos de sesenta días.[15]

El Consejo fija para el día 15 de octubre la realización de una marcha masiva a Plaza de Mayo. Este día coincide con la fecha anunciada por el interventor para el apagado del Alto Horno. El clima en la fábrica y en San Nicolás se pone cada vez más caliente, pero igualmente sigue predominando una postura moderada con respecto a las medidas a tomar, liderada por Brunelli y la UOM: “La UOM local, con todo, parece estar en manos de los moderados. Por la mañana una asamblea del personal de la planta decidió, por 6 mil votos contra 10, seguir el camino del diálogo y no confrontar, ‘por ahora’. Los perdidosos, que responderían al MAS, querían tomar la fábrica y recalentar aún más las cosas”.[16]

En este sentido, más allá de las declaraciones de guerra de Brunelli, éste ya había mostrado los límites del plan de lucha, y que la UOM en verdad no estaba dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para impedir el despido de 3.100 trabajadores más, sino que la idea era presionar para obtener mejores condiciones. Con respecto a la toma de la fábrica decía: “Nunca, aquí no va a haber toma pero que se banquen el kilo de bombos en la calle... ahh y con Triaca no hablo nunca más ni firmo más actas”.[17]

No debemos olvidarnos que el contexto político era ampliamente favorable al gobierno de Menem, quien había triunfado en los comicios del 8 de setiembre del ’91 ampliamente en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, Duhalde ganó con comodidad, y fue justamente en Ramallo donde logró el mayor porcentaje de toda la provincia, con un 62% de los votos. El vicepresidente había sido el gestor del acuerdo al que arribaron Menem y Lorenzo Miguel en vísperas de las elecciones, para impedir un paro nacional que había sido anunciado por la UOM en defensa de los obreros de SOMISA.[18]

Los periódicos recogen en las distintas asambleas, una cantidad importante de quejas de los trabajadores con respecto a la ausencia de Lorenzo Miguel y del ex - intendente de San Nicolás y líder del PJ local José María Díaz Bancalari en la fábrica. Mientras más avanza el conflicto, mayores serán las quejas sobre la ausencia del líder metalúrgico nacional en la planta. Más adelante veremos las implicancias que tendrán las imbricaciones entre la UOM y algunos de los interventores, así como también la oscilación de Lorenzo Miguel en su trato con el gobierno de Menem.

La marcha del 15 de octubre y el comienzo de una derrota

Eran las 15 horas y diez minutos. Brunelli salió del Congreso y arengó a la gente desde el techo de una camioneta. “El gobierno no cede, así que no nos queda otra salida que tomar la planta. Prácticamente nos obligan a ello”[19]

Los hechos posteriores iban a demostrar que esta propuesta llegaría tarde al conflicto. Cuando los trabajadores regresan a la fábrica alrededor de las cero horas, se encuentran con que la misma había sido ocupada por gendarmería; su viaje a Buenos Aires había dejado desguarnecida la planta, por lo que los gendarmes ingresaron sin la menor resistencia trabajadora. Aquí comienza la definitiva derrota de los obreros de SOMISA, cuya agonía se prolongará por 11 días más, hasta que el sábado 26 de octubre, luego de 11 noches de vigilia en carpas y con asambleas constantes, acepten la propuesta de la empresa.

La marcha masiva convocada para el día 15 a Buenos Aires tuvo una gran repercusión nacional. Alrededor de 5 mil trabajadores de la siderurgia de San Nicolás se movilizaron hacia Capital Federal, donde otros contingentes compuestos por partidos políticos de izquierda y por algunas organizaciones sindicales (sobre todo las que respondían al sector de la CGT de Ubaldini), se sumaron y brindaron su apoyo a esta causa.

De regreso a San Nicolás y al llegar a la planta, la empresa impidió el ingreso de los trabajadores que habían sido suspendidos a partir del 14 de octubre vía telegramas. De aquí en adelante comienza una puja entre la empresa y los gremios por la cantidad de trabajadores con que finalmente va a quedar la fábrica. El interventor presiona para que ingresen a trabajar quienes no se encuentran suspendidos, es decir alrededor de 5 mil trabajadores. Los gremios, por su parte, se plantan en la posición de que deben entrar a trabajar los 8 mil operarios.

El conflicto tendrá todavía un último día de enfrentamiento. La madrugada del viernes 18 verá ingresar a la planta a Brunelli y 39 delegados más con el objeto de impedir que se paralice el Alto Horno N° 1. Quien mejor describe los acontecimientos es La Nación:

“La cuestión se enderezó hacia lo irreparable a las 19 de ayer, cuando en una nueva asamblea de más de 5.000 obreros se votó por el ingreso en la planta ‘de cualquier forma’. Fue claro en ese momento que las cosas se le fueron de las manos a Brunelli, quien hasta allí había contenido a los más combativos... Brunelli delegaba el mando en su secretario de organización, Miguel Ángel Guardia. Y les hacía jurar a las 6.000 almas que quedaban en el playón exterior que ‘ninguno va a saltar los alambrados. Carlos Menem no vale una gota de sangre de ninguno de ustedes’ ”.[20]

El informe de este diario, refleja el momento de mayor ebullición en todo el conflicto de SOMISA, cuando el clima de los trabajadores era el más caldeado, por encontrarse a punto de perder sus puestos de trabajo y con la gendarmería que les impedía su ingreso. En este preciso momento, Brunelli apela al liderazgo ejercido por tantos años en la empresa y actúa como contenedor de las bases que pedían ingresar. Su ascendencia le permite mantener el conflicto en un cauce coherente con la “negociación con participación” alentada por el gremio y votada por los trabajadores en diciembre de1990.

Luego, al otro día, aparece de nuevo en la asamblea narrando lo acontecido: ingresaron hasta la puerta misma del Alto Horno, donde fueron detenidos y golpeados por los gendarmes. Luego algunos de los que ingresaron quedaron detenidos por algunas horas hasta la mañana siguiente. Más allá de la veracidad o no de la represión por parte de la gendarmería (difícil de comprobar), este acontecimiento marca el último intento de los trabajadores a través de sus representantes sindicales de imponerse en el conflicto. A partir de ahora, la lucha de los sindicatos queda constreñida exclusivamente al plano de lo legal, a través del intento de la UOM de frenar los despidos y el apagado del Alto Horno por la vía de presentaciones judiciales que obliguen a la empresa a retrotraer la situación al Acta – Acuerdo del 26 de julio, donde se establece la operatividad de los dos Hornos y 8.500 puestos de trabajo.

Es importante destacar que la empresa y el gobierno nacional, presionaron para la aceptación del incumplimiento del Acta, con constantes amenazas de que, de no cerrar un Horno y lograr el funcionamiento de la empresa con 5.500 trabajadores, era inevitable su cierre, debido a la no rentabilidad en las condiciones en que se encontraba[21].

Se llega así, a una situación de desgaste de los obreros, con más de 10 días afuera de la empresa, y con el peligro potencial de que se siguieran perdiendo más puestos o que cerrara directamente. Por ello, a partir del 19 de octubre la asamblea autoriza a los dirigentes a reiniciar las negociaciones, a la espera de un fallo judicial favorable, con el Alto Horno ya fuera de producción, y con la cada vez más raquítica esperanza de impedir las 3.100 cesantías.

Luego de la marcha a Buenos Aires del día 15, un fallo de la jueza del trabajo Alicia Carmen Ruiz, había dispuesto la medida de no innovar, por la cual se ordenaba a la empresa a retrotraer la situación al 26 de julio. Esta media fue apelada por el gobierno nacional, produciéndose a partir de este momento un cruce de presentaciones judiciales entre la empresa y los gremios, acusándose mutuamente de no acatar a la justicia.

El 24 de octubre, en fallo dividido, la Cámara de Apelaciones ratificó la decisión de la jueza Ruiz en el sentido de que la empresa no puede producir despidos, pero la facultó para realizar suspensiones y para proceder al apagado del Alto Horno N° 1. Más allá de la ambigüedad del fallo (autoriza las suspensiones pero no los despidos), al cerrarse un alto horno, baja automáticamente el nivel de producción, con lo que las suspensiones, por la fuerza de la realidad, a la larga terminaría transformándose en despidos.

Ante esta realidad, y ante la amenaza constante del gobierno y del interventor del riesgo de cerrar la fábrica, los trabajadores se rinden, y el 26 de octubre, por votación casi unánime, aceptan volver a sus puestos de trabajo. La promesa de la empresa es una mejora en las indemnizaciones (se abren de nuevo los Retiros Voluntarios hasta el 14 de noviembre), y una inaplicable e irreal rotación de hasta 2000 suspendidos que quedará “sujeta a la aprobación de la gerencia”.

El final de este conflicto encuentra a los trabajadores absolutamente derrotados, ya que no pudieron imponer ninguno de los puntos inicialmente defendidos. El consuelo que les queda es una mejora en la indemnización, que muy pronto verán escurrir entre sus manos, debido a la inexperiencia y falta de capacitación para que puedan ocupar otro trabajo.

La UOM en la CGT:

alineamientos al interior de la central de trabajadores

Para comprender el desempeño de la UOM nacional al momento del conflicto, es importante historizar sobre los distintos reacomodamientos al interior del sindicalismo argentino desde la recuperación de la democracia. [22] Este, que venía de una fragmentación importante durante el gobierno militar del 76-83, cristalizada en dos CGT (Brasil y Azopardo), logra el 25 de enero de 1984 su reunificación, con la introducción de cuatro secretarios generales, dos por cada organización. Estos secretarios eran: Saúl Ubaldini (cerveceros) y Osvaldo Borda (caucho), por la CGT Brasil; Antonio Baldassini (telepostales) y Jorge Triaca (plásticos), por la CGT Azopardo. Quedan marginadas en este acuerdo las 62 Organizaciones, y en particular Lorenzo Miguel, sobre el cual recaía la acusación de la derrota electoral por haber impreso a la campaña un sesgo sindical, lo que facilitó la denuncia radical del Pacto Sindical-Militar.

En el proceso de elecciones sindicales llevado a cabo en los años 1984 y 1985, mostró, además de un amplio triunfo de las líneas peronistas y de una competencia sindical importante, la emergencia del llamado Movimiento de Renovación Sindical Peronista, sostenido en los “25”. A partir de este momento, queda garantizada la hegemonía sindical peronista, dividida en tres corrientes definidas: renovadores, ortodoxos nucleados en las 62, y el antiguo sindicalismo peronista dialoguista.

Las elecciones internas del justicialismo para presidente, encuentran en 1988 al sindicalismo alineado de la siguiente manera: la fórmula Cafiero-De la Sota es apoyada por los renovadores; la fórmula Menem-Duhalde, por la ortodoxia y renovadores disidentes. La ortodoxia estaba nucleada en el Movimiento Sindical Menem Presidente (MSMP), liderada por el gastronómico Luis Barrionuevo; el ubaldinismo y Lorenzo Miguel se mantuvieron neutrales.

Con la asunción de Menem en 1989, el sindicalismo peronista entra en crisis como consecuencia del giro hacia el liberalismo apenas asumido el gobierno. Menem intenta por todos los medios restarle poder a Ubaldini, quien se mostró desde un principio dispuesto a enfrentar las reformas anunciadas. En el mes de octubre, se lleva a cabo el Congreso Extraordinario de la CGT, en un contexto de enfrentamiento entre el sindicalismo que pretende ejercer cierto control sobre el gobierno, liderado por Ubaldini y Miguel, y el sindicalismo que prioriza el apoyo irrestricto a Menem. Al momento de la votación, se produce la ruptura del Congreso: nace así la CGT Azopardo, con Ubaldini como secretario general, y la CGT San Martín, con Guerino Andreoni como secretario general.

La opositora CGT Azopardo, estaba conformada por tres corrientes internas: los “miguelistas” (UOM, viajantes y SUPE), los “ubaldinistas” (UTA, OSN, y otros) y una línea más opositora (ATE, CTERA y periodistas). Esta central sindical, pronto verá perder una cantidad importante de gremios: en noviembre de 1990, luego de anunciar un paro, la UOM lo levanta el mismo día en que comienzan las negociaciones y se retira de la CGT Azopardo; a fines del ’91, el grupo más opositor liderado por ATE y CTERA se retira de la CGT y anuncia el nacimiento de una nueva central sindical, la futura CTA.

El año 1992, será testigo de la reunificación de la CGT, luego de más de dos años de ruptura. La necesidad de presentar un frente único ante la ofensiva cada vez más virulenta del gobierno - en ese momento entraba en debate la reforma a las Obras Sociales -, obliga a dejar las diferencias de lado, y se consensua una conducción colegiada con cinco secretarios generales, encabezados por Oscar Lezcano, de Luz y Fuerza.

En este contexto sindical nacional se enmarcó el conflicto por la privatización de SOMISA en San Nicolás. Los cambiantes alineamientos al interior de la CGT y el rol ejercido por la UOM durante este período, de paulatino acercamiento al gobierno nacional, pero con la amenaza constante de paros y movilizaciones, van a condicionar a la UOM San Nicolás en la forma de llevar adelante la lucha en la empresa.

El “vandorismo” o “negociación dura” como estrategia sindical: los

límites de este accionar ante un gobierno y un contexto desfavorable

Para explicar la menor resistencia que la CGT desplegó con Menem, a diferencia de la activa y eficaz oposición que le realizara al gobierno de Alfonsín, Arturo Fernández señala cinco factores[23]:

a- La existencia de una identidad política común al presidente y la mayoría de los sindicalistas que se proclaman justicialistas.

b- El impacto de la hiperinflación de 1989, el cual destruyó las esperanzas en la aplicabilidad de modelos económicos alternativos al de los ajustes controlados por el Fondo Monetario Internacional.

c- El grado de aceptación que ha conservado el presidente Menem, ratificado en las elecciones de 1991.

d- La falta de proyectos políticos alternativos que ofrezcan un grado de credibilidad significativo.

e- En fin, ‘el síndrome de 1975’, derivado de la hipótesis que la agitación sindical destruyó el gobierno constitucional de Isabel Perón, es decir, que la dictadura de 1976 podría haber sido evitada con una cuota de mayor responsabilidad de parte de la dirigencia sindical.

En este contexto, el “miguelismo” habría intentado fortalecer y ampliar su vinculación estructural con el PJ, fracasando una y otra vez en el intento por revitalizar las 62 Organizaciones como rama política del mismo. Mientras tanto, el sector “participacionista” incrementó sus rasgos de vinculación corporativa con el Estado, perdiendo credibilidad política dentro y fuera del justicialismo (cuyo ejemplo paradigmático es el de Triaca)

Durante el período que ocupa el proceso de privatización de SOMISA, el gremio conducido por Lorenzo Miguel va a oscilar constantemente respecto a su relación con el gobierno de Menem.

En un primer momento, se lanza a una actitud dura, en alianza con la CGT de Ubaldini, creyendo que de esta manera podría, junto al líder cervecero, condicionar las reformas impulsadas por el gobierno, y obligar a Menem a no apartarse de los lineamientos históricos del peronismo. Una vez que la realidad le demuestre lo infructuoso de esta posición, el líder de la UOM abandonará la alianza con Ubaldini y su posición opositora al gobierno, situándose en la escena política como un oficialista crítico de la gestión nacional. Esta postura lo conduce hacia un acercamiento político a Menem, pero sin abandonar su oposición sindical hasta el año ´92 en lo que respecta a las reformas que intenta introducir el riojano en materia salarial.

El líder metalúrgico, como era su costumbre, negociaba todo el tiempo y cada uno de los temas puntuales laborales con el gobierno, mientras por otro lado amenazaba con un paro de la UOM para presionar en dicha negociación. Así había ocurrido a principios de julio del ’91, cuando los empleados de SOMISA preparan un paro por el anuncio de Triaca del plan para lograr 4.500 Retiros Voluntarios. Luego de una reunión de Lorenzo Miguel con Menem, en la que el gobierno flexibiliza su actitud frente al conflicto, se evita de esta manera el paro nacional convocado por la UOM.[24]. La actitud de la UOM con respecto al caso SOMISA, refleja muy bien el estilo “vandorista” de concepción gremial, en el cual alternarán la negociación con la lucha contra el gobierno.

Esta concepción sindical de “negociación dura”, a diferencia del campo de la “colaboración”, que comprometía su autonomía y capacidad para presionar con medidas de fuerza, defendía su autonomía y se negaba a compartir los costos de las políticas públicas, continuaba el estilo “vandorista” de toma de distancia del poder oficial como para estar siempre en condiciones de “golpear y negociar”. El sector liderado por Lorenzo Miguel, definió su posición en dos planos: por una parte, adoptó la ya tradicional postura de arrogarse el derecho de evaluar el carácter “peronista” de la gestión de gobierno. Por la otra, y complementariamente, no se pronunció de un modo general ni a favor ni en contra del radical cambio de dirección que suponía la política de Menem, reservándose la facultad de tomar partido caso por caso a medida que las reformas se ejecutaran.

Esta estrategia hizo que los gremios liderados por Miguel, se sumaran en los primeros años a la central opositora al gobierno, la CGT Azopardo liderada por Ubaldini, y entrara en reiterados conflictos con el gobierno. Pero estos conflictos, tenían límites implícitos que los gremialistas se abstuvieron de trasponer, aún cuando en líneas generales no encontraran disposición oficial a favor de sus demandas, como pasó con el caso Somisa. Entre otras cosas, su salida a fines del año ’90 de la CGT Azopardo, se debió a que el sector más duro de esta central, no entendía igual que Miguel los límites de la protesta, y se encontraban muy cerca de pasarse al bando de la oposición al Gobierno, como de hecho lo hacen el sector liderado por ATE y CTERA a fines del año ‘91.

Como contrapartida a estas dos actitudes sindicales, el campo del “participacionismo” o de la “colaboración” respaldó desde un principio las iniciativas de la reforma. La disposición de este sector gremial a allanarse a un rol subordinado frente a los actores privilegiados de una nueva constelación de poder, nacía de una lectura de las transformaciones que en la estructura social, económica y política, se habían producido en la Argentina desde 1976. Encarnaban esta orientación dirigentes como Armando Cavalieri (Empleados de Comercio) y Jorge Triaca (Plásticos), quienes habían sido parte de la Comisión de los 15, sector dialoguista con el Proceso, y también ex Renovadores, como Roberto García (taxistas) y José Rodríguez (mecánicos), entre otros.

Jorge Triaca, el exponente más claro de esta postura, y quien la llevara hasta extremos al acceder al Ministerio de Trabajo para proponer la nueva Ley de Empleo, y a la Intervención de SOMISA para dejar sin trabajo a más de siete mil personas, es contundente en sus declaraciones:

“Toda la dirigencia sindical argentina siempre se caracterizó por negociar con quien fuera. Porque si salíamos del ministerio pegábamos unos gritos bárbaros pero en cuanto nos abrían una puerta por el costado, por el frente o por el otro lado, entrábamos y negociábamos porque estas eran las características de este sindicalismo, de todo el sindicalismo.”[25]

El caso SOMISA como ejemplo

de agotamiento de una concepción sindical

Reflexiones de los dirigentes gremiales:

la “única alternativa posible” y algunas diferencias entre los gremios

Una constante de las respuestas, 14 años después, de los dirigentes de los tres gremios involucrados en el proceso de la privatización (UOM, ASIMRA y APSSA), tiene que ver con la inevitabilidad del proceso privatizador y de los despidos, y del accionar de los sindicatos a través de la mejor y única alternativa que les quedaba: “negociar”, es decir, participar del proceso privatizador, para tratar de obtener algunos beneficios o por lo menos para “desde adentro”, reducir lo máximo posible las consecuencias negativas para los trabajadores.

El entonces secretario adjunto de ASIMRA, Julio Quiroga, refiriéndose al apoyo de su gremio en el plebiscito de diciembre de 1990 a la opción “negociación con participación” expresa lo siguiente:

“Normalmente, UOM y nosotros acá, hemos sido gremios negociadores siempre, muy difícilmente hemos ido al choque. Nosotros entendemos que ir al choque para el trabajador es siempre perjudicial, eso es lo que la historia nos dice”.

“...Mantuvimos una oposición (a la privatización) mientras se pudo, llegó un momento en que te das cuenta que todo es inútil...”[26]

Esas palabras expresan la resignación temprana de sus respectivos gremios a enfrentar la privatización desde una posición opositora. La percepción de inevitabilidad de este proyecto del gobierno, los llevó a no presentar batalla desde un principio, sino más bien a negociar con la empresa para que los trabajadores no se vayan a través de despidos y lo hagan con los retiros voluntarios, y entonces tratar de obtener la mayor indemnización posible.

Es decir, la acción de los gremios se trasladó en un primer momento de la defensa de los puestos de trabajo a una salida negociada con respecto a la cantidad de despidos y a las condiciones en que se efectuarían, como así también a participar a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).

“Mirándonos como ese montón de voluntades, yo diría que a la larga y si vos comparas qué es lo que pasó en otras partes del país con otras empresas, Hipasam, Altos Hornos Zapla y tantas otras, a nosotros no nos fue tan mal. Primero porque hoy SOMISA – que devino en SIDERAR – es una de las empresas más importantes del país, con una performance industrial notable, con una familia laboral trabajando. Pero mirado en el tiempo no nos fue tan mal porque, sin grandes tragedias durante el conflicto, los niveles de protección vía jubilación, servicios sociales, dentro de la mediocridad de lo que nos pasa se utilizaron”.[27]

“La privatización trajo algunas cosas interesantes, como el programa de propiedad participada”.[28]

La marcha del 15 de octubre y los once días posteriores hasta que los trabajadores deciden ingresar a trabajar, fueron los días más conflictivos de todo el proceso, donde los gremios endurecieron sus discursos contra el interventor Triaca y con el gobierno de Menem. El clima ya se había recalentado a partir del anuncio de Triaca, a fines de setiembre, de nuevos despidos y la paralización de un Horno. De aquí en adelante, los gremios abandonan la negociación y entran a confrontar sobre todo con la intervención, tratando de no agredir al gobierno nacional.

Respecto a estos días, los dirigentes recuerdan:

“... a mí lo que me hizo sospechar fue que después de esa reunión que estuvieron con Manzano, ahí arreglaron la ida de casi 300 gendarmes a la fábrica.”

“... Menos mal que no dio la orden de entrar. Brunelli dijo que Menem no vale una gota de sangre y se despidió, y yo cada tanto recordando las últimas palabras y cantando el himno, poníamos la marcha metalúrgica. Yo ayudé a todo ese circo (entre risas), no se si fui el payaso, pero por lo menos el ayudante de pista fui yo”.[29]

“... Nosotros hicimos una movilización a Buenos Aires, que fue una movilización muy cuestionada, porque cuando volvimos la empresa estaba con los gendarmes adentro, algunas sospechan que hasta algunos conocían, nosotros por supuesto no conocíamos el tema...”

“Bueno esa es la sospecha, como que alguien nos sacó, para permitir el ingreso fácil... Hay una realidad: nosotros fuimos a Buenos Aires y cuando llegamos la gendarmería estaba adentro”.[30]

Más allá de si se arregló o facilitó la entrada de los gendarmes a la planta, o fueron los mismos acontecimientos concatenados los que terminaron dando ese resultado, lo cierto es que a partir de este momento se hizo muy difícil para los trabajadores lograr evitar los otros 3.100 despidos y el apagado del Alto Horno anunciados. A partir de ese momento se torna inevitable la derrota de los trabajadores en el conflicto, que culminará con la aceptación de una nueva propuesta de Retiros Voluntarios por parte de los mismos.

Rememoremos un poco. Llegados a esa instancia conflictiva de octubre, donde por primera vez se abandona la negociación como política sindical, debido a que los nuevos despidos anunciados no eran esperados por los trabajadores, el gremio, ante la presión de las bases, decide confrontar con la intervención y con el gobierno. Ahora bien: ¿qué posibilidades de éxito tenían los trabajadores, desplegando un necesario discurso anti-gobierno y anti-privatizaciones, cuando en diciembre de 1990 habían aceptado la privatización? Si bien es cierto que en el plebiscito no se votaba por despidos, pero al aceptar la reestructuración que necesariamente conllevaba la venta, los sindicatos y los trabajadores le dieron al gobierno una legitimidad a futuro.

Todos sabían que la venta de la empresa acarrearía miles de despidos. El informe de FIEL del año 1986 era conocido por todos, y en el se hablaba de la necesidad de 7.000 trabajadores menos. Entonces, si los sindicatos conocían este peligro (sobre todo la UOM), es necesario comprender las causas que los llevaron a otorgar esa suerte de “cheque en blanco” con la votación por parte de los propios trabajadores de la aceptación de la privatización, y esas causas no son únicas ni influyen de la misma manera a cada uno de los sindicatos.

Aquí hay que aclarar que por su peso específico, ASIMRA y APSSA no podían torcer el rumbo del accionar trazado por la UOM, más allá de si en algún momento intentaron hacerlo o no. Y por esto mismo, más allá de la confluencia de los tres gremios de la planta, UOM, ASIMRA y APSSA, en el proceso de la privatización, y sobre todo en el mes de octubre (todos los entrevistados resaltan la unidad de los gremios en este período), pueden observarse algunas diferencias sobre todo al principio del conflicto, entre la votación de diciembre de 1990 y la marcha del silencio de marzo de 1991, y sobre todo entre la UOM y APSSA.

Respecto al plebiscito de 1990, el presidente de APSSA comenta:

“Pero es que, nosotros teníamos claro que no había alternativa, que había que resistirse, porque por lo tanto la verdad, ¿qué participación y negociación podemos tener en un velorio colectivo? La verdad es que nos resistíamos al velorio colectivo, ésta es la naturaleza de por qué no fuimos a votación de nada, porque sabíamos el nivel de costo social que tuvo, que llevó lo que llevó, entonces ¿qué posibilidad de votar teníamos nosotros la negociación con participación?”

“... no teníamos ningún interés de participar en ningún tipo de votación, era oposición. Baste recordar que nosotros en aquel tiempo, y ya con los desafectados en la calle, montamos algunas carpas ahí en la entrada de la fábrica que en realidad éramos solitos, y bueno, los trabajadores desde los colectivos nos veían”.[31]

M. A. Guardia, en declaraciones que hacía al diario El Norte, expresaba lo siguiente:

“Por supuesto que la UOM desearía que también hicieran una votación los afiliados de APSSA, porque así podríamos saber cuál es la posición de todos los trabajadores”

“Lamentablemente, la gente de APSSA no ha compartido nuestra filosofía, y es lógico que así sea; porque cuando en 1986 todos salimos a la calle, ellos lo hicieron en menor escala. Pero a través de todos estos años ellos se han ido convenciendo de la conveniencia de defender SOMISA, y es digno de elogio la forma en que lo están haciendo”.[32]

Es importante tener en cuenta un factor de estructura gremial que contribuyó a la existencia de diferencias entre estos dos gremios. APSSA, a diferencia de la UOM, es un gremio de fábrica, de planta, no obedece a una conducción en Buenos Aires como la UOM. Además, nuclea al personal superior jerárquico, lo que le otorga otro perfil social, más de clase media, a diferencia de la UOM. Pero además, el personal afiliado perteneciente a este gremio, fue el más afectado en el comienzo de los Retiros, ya que sobre un total de 1.100 trabajadores, entre marzo y setiembre de 1991, perdieron más de 500 puestos de trabajo.[33]

Por otro lado, el gremio de los supervisores, ASIMRA, mantuvo con la UOM una unidad de acción durante todo el conflicto, por lo cual participó del plebiscito de diciembre de 1990. En la entrevista realizada, el entonces secretario adjunto Julio Quiroga, aduce el interés de muchos de sus afiliados en aceptar los retiros debido a ser un gremio con gran cantidad de gente mayor. Así lo explica:

“... En el caso particular nuestro, la franja que nosotros representamos es generalmente de gente grande, porque los que son supervisores generalmente son los que han tenido muchos años de trabajo. Cuando aparecen los planes de retiros estos, a la gente nuestra a muchos los teníamos que parar. A nosotros se nos iban turnos completos, no los pudimos parar, se querían ir. ¿Por qué?, porque agarraban unos pesos y aparte se jubilaban. Nosotros teníamos hasta amigos personales que los teníamos que andar parando, porque se iban. Una era por la tentación del retiro, otra por la incertidumbre, ya que había versiones de todo tipo”[34]

Un factor muy importante que actuó para que la gente aceptara los Retiros Voluntarios, tuvo que ver con la presión ejercida por la empresa sobre los trabajadores en los distintos sectores de producción. El hecho cada vez más pronunciado de faltante de repuestos para las máquinas, junto con la ausencia de tareas para muchos de los operarios, fue generando de manera sostenida un caos en la producción, situación que contribuyó a acentuar la angustia por la inminente pérdida de la fuente de trabajo.[35] Esta sensación creciente afectó a la mayoría de los trabajadores, lo cual contribuyó al abandono rápido de la resistencia conjunta a los despidos.

Todos estos factores confluyen en la explicación sobre la postura de los sindicatos, y acrecientan o disminuyen la posibilidad de un accionar sindical de tipo “vandorista”. En el caso de SOMISA, en mi opinión, no llegan a poner en cuestión en ningún momento esa concepción sindical.[36]

Confluyen además, para entender el accionar de estos sindicatos (sobre todo el de la UOM), otra serie de factores entrelazados, que a continuación paso a analizar.

Las características de la relación entre la UOM y el PJ,

y entre la UOM nacional y su seccional San Nicolás

El gremio conducido por Lorenzo Miguel representó históricamente el “paradigma” de la acción político-gremial, desde las épocas de Augusto Vandor. Este gremio, erigido en el símbolo de la inserción sindical en el movimiento peronista, continuó con esta línea de acción bajo el liderazgo de Lorenzo Miguel, a la que Arturo Fernández denomina “vandorista”. Pero los recursos abundantes con los que contó históricamente este gremio, a partir de 1976 fueron disminuyendo considerablemente; de los 300.000 afiliados con que contaba en la década del 70, pasó a menos de 200.000 hacia fines de los ’80 y principios de los’90.

Es decir, un sindicato que debía su capacidad política a sus recursos industriales, por una cuestión lógica, vio disminuir su peso e influencia al interior del PJ con la pérdida de un tercio de sus afiliados, además de la influencia de la reformulación del PJ en su relación con los sindicatos, anteriormente mencionada. El desposicionamiento obedece a que, al cambiar el modelo de acumulación, el trabajador industrial tiene menos peso en la economía nacional y sus organizaciones menor influencia en las políticas nacionales. Paralelamente hay una ofensiva ideológica contra el movimiento obrero -y sus organizaciones- que acompasa a la económica.

La asunción de Menem y su giro a las políticas de mercado, desconcertaron a los sindicatos, entre ellos a la UOM. Ante esta nueva realidad, este gremio, junto con otros dentro de la CGT opositora, intentaron ponerle límites a las reformas de mercado ejecutadas como una avalancha. Es dentro de este contexto político, que se desenvuelve el conflicto por Somisa, por lo que la actitud inicial de Lorenzo Miguel y Brunelli respondió a la lógica por ellos aprendida, y que hasta ese momento les había rendido buenos frutos. De ahí que creyeran que podían condicionar a Menem en la privatización de SOMISA, al menos en el sentido de imponer muchas de las condiciones para que se privatizara la empresa, por eso el plebiscito de diciembre de 1990, para demostrarle a Menem que aceptaban el cambio, pero creyendo que tenían un espacio de maniobra amplio en el mismo.

Luego, con el correr de los meses y de los acontecimientos, la realidad les demostrará a ambos que sus cálculos estuvieron errados, y ya era tarde. Menem contaba con un poder muy grande (había sido validado en las elecciones del 8 de setiembre de 1991), legitimidad que utilizó a fondo para realizar las reformas liberales, ante un sindicalismo que dividido, debilitado y desprestigiado, poco podía hacer para detenerlas.

Cuando Menem coloca a Triaca al frente de la intervención, le demuestra todo su poder a Lorenzo Miguel. Tanto Franco como Cattáneo, habían sido consensuados con la UOM, pero ahora colocaba a un sindicalista históricamente enfrentado a Miguel, a quien lo faculta para ir hasta las últimas consecuencias con la privatización. A partir de ahora, Brunelli deberá arreglárselas solo. La gestión de Triaca será escenario de los acontecimientos anteriormente narrados en este trabajo, donde se ve cómo la lucha llega tarde y cómo los gremios de San Nicolás intentan quitarle la legitimidad que antes le habían otorgado al proceso privatizador.

Hay que introducir como factor explicativo, además, la influencia ejercida sobre el conflicto de SOMISA por la histórica relación incómoda entre Lorenzo Miguel y Brunelli, quienes mantenían un “matrimonio por conveniencia” desde hacía muchísimos años.

La reconstrucción de esta relación no es fácil, porque es escaso el material disponible para reconstruirla, pero se pueden realizar algunas lecturas provisorias en base a las fuentes disponibles y al repaso de algunos acontecimientos.[37]

Una interna de vieja data entre Miguel y seccionales díscolas del interior, en la que Brunelli se alineó a favor del segundo grupo, dejó a la seccional San Nicolás el mote de “opositora” en los años 70. M. A. Guardia comenta al respecto:

“... En una elección en contra de la lista “azul” que propiciaba Lorenzo Miguel se presentó la lista “blanca” con varios directivos del interior: Diéguez de La Plata, Di Tomaso, Piccinini, y Brunelli iba en la lista blanca. Inclusive San Nicolás nunca se pudo quitar el “sayo” de opositora. Después Brunelli se relacionó con Lorenzo Miguel, éste entendió que lo necesitaba...”.[38]

Durante la dictadura militar, en la que Miguel cae preso, y luego a partir de 1978, cuando lo mantienen en “reclusión domiciliaria”, Luis Guerrero comienza a disputarle el gremio. Al estar preso Miguel, inclina la balanza a su favor e integra a la UOM a la Comisión Nacional de Trabajo (CNT), agrupación sindical complaciente con el régimen militar. Mientras Miguel apoyaba a la CGT opositora de Ubaldini, Guerrero lo hacía con la dialoguista CNT.

Esta oposición entre estos sectores de la UOM, encontrará a Brunelli en aquel momento del lado de Guerrero, acontecimiento que se agrega al enfrentamiento antes mencionado en elecciones sindicales. Después Miguel, que en algunas ocasiones no eliminaba sindicalmente a sus rivales sino que los asociaba, iba a entablar una relación de respeto mutuo con Brunelli.

La seccional San Nicolás, por otra parte, por la cantidad de afiliados y por encontrarse la mayoría de los mismos en un solo establecimiento, era al interior de la UOM una de las seccionales más fuertes. Y además, desde el año 1985, agregaba a sus recursos por afiliación otros provenientes de una Fundación manejada por la seccional local, a diferencia de los recursos de afiliación que eran centralizados por Buenos Aires, y más todavía por tratarse de una Unión y no de una Federación, cuyos estatutos le permiten mayor independencia. Respecto a la mayor autonomía sobre Buenos Aires, Guardia explica:

“... con ese aporte se hacían obras, más que nada nació para solventar una Comisión de Higiene y Seguridad que había antes para proteger a los obreros de falta de prevención para los accidentes. Pero después se dedicó pura y exclusivamente para hacer obras”.[39]

Y ante la pregunta de si les había generado malestar con Buenos Aires, contesta:

“Claro, porque el secretariado decía ‘ustedes recaudan tanto, eso tiene que venir acá’. Había peleas, sí, porque querían que fuera toda la plata para allá, pero fue independiente siempre”.[40]

Esta institución, llamada Fundación Acero, fue creada por el gremio local. Este nombraba al presidente, secretario, tesorero, es decir, la UOM San Nicolás aumentaba su grado de autonomía con respecto al secretariado nacional, ya que además del 2, 5 % que el gremio recaudaba por afiliación, la Fundación aportaba otro 1% para el manejo del sindicato. Pero este 1% quedaba en su totalidad en San Nicolás, a diferencia del 2,5 % de aporte de afiliación que se giraba en su totalidad a Buenos Aires y luego éste disponía qué suma de dinero retornaría a San Nicolás.

Esta independencia de recursos de la seccional San Nicolás ha sido, evidentemente, motivo de tensiones con el secretariado nacional, que sumadas al “sayo” de opositora que nunca se habían podido quitar, tuvo sus consecuencias al momento del conflicto, sobre todo cuando se planteó “la resistencia civil” en el mes de octubre. Lorenzo Miguel amagó muchas veces con un paro nacional que nunca se terminó concretando, y su presencia en la planta de San Nicolás brilló por su ausencia, ante el reiterado reclamo de los trabajadores en las asambleas para que se hiciera presente.

San Nicolás significó siempre para Buenos Aires una seccional incómoda, ya que nunca el secretariado nacional pudo ejercer un control férreo sobre dicha seccional, igual que sobre Villa Constitución, en manos del opositor Piccinini. La falta de un apoyo importante al conflicto de SOMISA, además de obedecer a causas políticas como ya he desarrollado anteriormente, debe ser comprendida en el marco de enfrentamientos gremiales entre el secretariado nacional y seccionales del interior de la UOM. También es importante no descuidar en este caso las ambiciones individuales, ya que en un conflicto no se juegan solamente los intereses del gremio como entidad corporativa representante de los trabajadores, sino también las carreras personales de los distintos dirigentes.

A modo de síntesis:

El fracaso del “vandorismo” como estrategia sindical en SOMISA

La privatización de la acería estatal SOMISA, significó para más de siete mil trabajadores la pérdida de su fuente de trabajo, lo cual equivale aproximadamente a un total de 30 mil personas afectadas por el traspaso de la empresa a manos privadas.

Además, esta empresa constituyó históricamente un símbolo para la industria nacional - la industria “madre” de las otras industrias -, y los trabajadores se habían sentido parte en esta contribución al desarrollo nacional. Lo que le sucederá luego, su reconversión productiva y privatización, será similar al destino de una gran parte de las empresas gestionadas por el Estado, como consecuencia del proyecto económico de reducción del rol estatal en la economía a favor de la libre competencia entre capitales.

Todas las variables que intervienen en el caso de SOMISA, no hacen más que expresar a los distintos actores sociales y su desenvolvimiento durante el cambio de política llevado adelante por el gobierno de Menem. En el caso del sindicalismo, hay un patrón común que domina su accionar: el progresivo descenso de sus organizaciones como factor de poder en el escenario político y económico. Atrás quedaron los días en que el movimiento obrero argentino era un actor social preponderante en la escena económica y política, con suficiente peso como para entablar negociaciones y obtener importantes beneficios en su relación con el sector empresario. También quedó muy lejos el tiempo en que corporizaba la “columna vertebral” del partido y los gobiernos peronistas.

Dentro de este marco de actuación, la Unión Obrera Metalúrgica conducida por el legendario Lorenzo Miguel, era el símbolo del poder sindical y del predominio de este último al interior del Partido Justicialista. Pero luego de la derrota electoral del peronismo en 1983, comienza un proceso de paulatino descenso de la influencia de los sindicatos peronistas al interior del partido, que se acentuará con la llegada de Menem al gobierno y su viraje hacia las reformas económicas de mercado.

Arribo a la conclusión, todavía provisoria por cierto – que por supuesto deberá ser ampliada y puesta a prueba en ulteriores investigaciones -, de que el sindicato de la UOM, con su historia de liderazgo sindical y fuerte influencia en el PJ, se vio sorprendido por el giro radical de Menem, al cual en un principio le quiso anteponer su accionar clásico, sin comprender que el nuevo contexto había cambiado, y que su poderío ya no era temido - menos aún por Menem, quien lo conocía bien y sabía del momento de decadencia por el que atravesaba – por el gobierno. En este escenario, se desarrolla la puja por SOMISA, y el gremio metalúrgico participa desde un principio de las negociaciones, tanto en la colocación de los dos primeros interventores – Franco y Cattáneo -, como en el diseño de la reestructuración y los costos a afrontar.

Pero pronto la necesidad del gobierno de “ir a fondo con las privatizaciones”, debido a sus compromisos con el gran capital, y a su necesidad de demostrar lo serio y creíble de su giro político, hará que decida unilateralmente continuar con el proyecto privatista, rompiendo el pacto implícito de “negociación acordada” con Lorenzo Miguel. Y esto se debió a que las relaciones de fuerza entre el gobierno y el sindicato, se encontraban en el momento de mayor fortaleza para el primero, y de mayor debilidad para el segundo. Por lo tanto, llevados por el descontento ya incontenible de los trabajadores de la fábrica - quienes habían tolerado los primeros retiros voluntarios, pero que ahora veían amenazada definitivamente su supervivencia laboral -, la UOM se puso por primera vez al frente de la lucha, pero ésta llegaba tarde y estaba condenada al fracaso.

A partir del apagado del Alto Horno N° 1, lo único que le quedó a los tres gremios fabriles (UOM. ASIMRA y APSSA), consistió en negociar las mejores condiciones posibles para los ya definitivos 3.100 nuevos despidos, esta vez sí verdaderamente “despidos” y no “Retiros Voluntarios”.

Esta estrategia puesta en práctica en SOMISA, pone de manifiesto claramente el rol de “contenedor” del sindicato en ciertos conflictos. En mi definición de la concepción de sindicato, formulada en el primer apartado, hago mención a la función sindical de “controlar y encauzar” un conflicto, y en este caso estudiado, pueden verse las actuaciones de los gremios en este sentido. Por supuesto que la actitud de los tres sindicatos de la fábrica, estuvo fuertemente condicionada por la labor de la UOM nacional, debido a la organización legal fuertemente centralizada del sindicalismo argentino.

Esta acción sindical, tendiente a controlar y encauzar el conflicto por vías pacíficas y de negociación, es importante destacarla dentro de un marco político, en el cual la común pertenencia ideológica y política al peronismo de los dirigentes y sus bases, condicionó fuertemente las acciones de los gremios, reduciendo los espacios de oposición y circunscribiéndolos cada vez más a una lucha por su supervivencia.

Durante los primeros años del gobierno de Menem, la UOM buscó por todos los medios hacer equilibrio entre sus peticiones y su pertenencia partidaria; la táctica de confrontación y negociación nunca se excedió en ninguno de los dos casos: su pertenencia inicial a la CGT opositora, demostraba que no iba a ceder en sus reclamos, pero a diferencia de Ubaldini o de gremios como ATE y CTERA, nunca concibió una ruptura con el partido. A la vez, sus negociaciones constantes con el gobierno, no llegaron al extremo de apoyar todas sus medidas, como sí lo hicieran los sindicatos nucleados en la CGT oficial.

Pero este rol de “contención” del conflicto por parte de los sindicatos, fue puesto en práctica en este caso, según mi opinión, sin contemplar que la empresa haría una ofensiva tan grande y que aplicaría esa avalancha de despidos. Pero su historia sindical y la de sus dirigentes, les impedía adoptar otra postura, más allá de la aprendida. En los planes de la UOM, figurarían seguramente los 4.500 despidos del proyecto inicial, y su legitimación temprana de la privatización habría sido concebida de acuerdo a su estrategia “vandorista”, ya que mientras declaraba su oficialismo (el plebiscito era una de las prendas de paz), amenazaba todo el tiempo al gobierno con paros y movilizaciones.

La historia demostró, finalmente, que esta concepción sindical de la UOM había perdido su capacidad de obtener ventajas, en una nueva etapa argentina en la que la lógica de la negociación se estaba modificando profundamente. Y Menem pudo maniobrar con comodidad en el caso SOMISA, comprendiendo el grado de fuerza con el que contaba para la batalla.

RESUMEN

El fracaso de la concepción sindical vandorista de la UOM San Nicolás en el conflicto por la privatización de SOMISA

Este trabajo intenta dar cuenta de la actuación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional San Nicolás ante la privatización de SOMISA llevada a cabo por el gobierno justicialista de Carlos Menem, exitoso en su política de reformulación de la economía argentina en clave “neoliberal”. La dirigencia de este gremio -que pertenece al partido político del gobierno-, es un claro ejemplo de cómo el sindicalismo argentino en los años ’90 no pudo, no quiso y o no supo frenar el impulso privatista del menemismo.

Palabras Clave: vandorismo – UOM – privatización – dirigencia sindical – SOMISA

ABSTRACT

The failure of the San Nicolas UOM's “vandorist” union conception in SOMISA's privatization conflict

This work aims at recounting for the performance of the UOM in San Nicolás regarding the privatization of the steel mill SOMISA, carried out by the Justicialist government of Carlos Manem, successful into his politics of the argentinian econmomy reformulation, turning it into a neoliberal one.

The ruling class of this trade union movement – which belongs to the government political party – is a clear example of how this argentinian movement of the 1990s was not able to, did not want or could not restrain the menemist impulse to privatize.

The proposed objective is to point out how the vandorist syndical strategy, typical of such a powerful syndicate as the UOM and other national trade union movements, failed in his attempt to stop or at least “condition” the privatization of SOMISA.this failure should not only be understood within a political, social and economic context which was unfavourable for the argentinian syndicates, but also in the light of the particular relationship between the local government and the national trade union movement UOM.

Key words: vandorism – UOM – privatization – syndical ruling class - SOMISA

Notas