LAS TOMAS

Las “tomas” durante la gobernación de Martínez Baca en Mendoza (1973): una lucha por la reapropiación del lugar de trabajo

Gabriela Scodeller(*)

I. Planteo del problema

En la presente investigación buscamos aproximarnos a conocer el proceso de ocupaciones o “tomas” de espacios públicos y privados que tiene lugar en la provincia de Mendoza durante el período de gobierno de Cámpora a nivel nacional, en el cual se desempeñó como gobernador A. Martínez Baca. Siguiendo la periodización y caracterización del proceso realizado por F. Nievas,[1] nos interesó estudiar la especificidad con que las mismas se desarrollaron a nivel provincial. En este estudio analizamos solamente las ocupaciones realizadas por los asalariados, las cuales representaron un tercio del total.[2]

Durante este breve período, las tomas presentaron una gran heterogeneidad respecto a motivaciones, actores, lugares, etc. Si bien la mayoría de las acciones analizadas se expresaron “contra el continuismo”, no todas ellas pueden explicarse solamente a partir de dicha consigna, puesto que detrás de la misma aparecían otras motivaciones. Poder conocer que grados de espontaneidad y organización tuvieron estos hechos, que interés principal expresaron, quienes se movilizaron, etc.; nos permite mirar el proceso más general de enfrentamiento que atravesó la sociedad argentina en ese período, y observar en qué estadio de constitución y formación se encontraba cada una de las principales fuerzas sociales en conflicto.[3]

En cuanto al fenómeno específico nos preguntamos, las ocupaciones: ¿implicaron un cuestionamiento al orden jerárquico? ¿Expresaron mayores grados de autonomía de clase? ¿O eran formas de lucha radicalizadas pero que podríamos alinear con la lucha antidictatorial del período anterior?

II. Porqué mirar las “tomas”

Para F. Nievas “… (el) territorio no es el terreno, sino las relaciones sociales que allí se asientan y lo articulan…”[4] En esta línea, el territorio articula dos órdenes distintos: el geoterritorio, o porción de suelo, y las relaciones sociales establecidas en, y ordenadoras del primero, y al cual se incorporan como componente. Esto implica que la territorialidad no es natural sino social –en el sentido de una legalidad que articula la vinculación interindividual con los elementos que hacen posible la existencia de los individuos-. Esta definición no pretende negar el elemento natural, sino que lo incorpora articulándolo en otro nivel.

Según J.C. Marín, lo que se disputa en un enfrentamiento es una determinada territorialidad social; por lo tanto lo que allí está en juego es la alteración o reestablecimiento de determinadas relaciones sociales. El análisis de la cantidad de sujetos que se movilizan juntos, del lugar que ocupan los cuerpos en las confrontaciones, constituye un indicio acerca del cuestionamiento a una obediencia largamente construida y de la intención de conquistar un territorio social que el régimen considera propio.

Así, un espacio en disputa, por su apropiación o reapropiación, nos remite al sentido de propiedad del mismo. Tomando los planteos de K. Von Clausewitz, para quien aquél que inicia la guerra es quien se siente atacado por la apropiación que busca el atacante, y contra la cual se defiende; I. Izaguirre plantea que “en todo proceso de lucha, el ‘propietario’ de un espacio social se sentirá atacado cuando el oponente avanza sobre él y no respeta los límites de lo que considera su territorio. Entonces se aprestará a defenderlo.”[5]

A fin de poder observar y analizar situaciones de autonomía dentro de los conflictos obreros -es decir, si encontramos formas de lucha que aparecen subordinadas a las dirigencias sindicales burocráticas, o que se encuentran dentro de los márgenes legales y reformistas establecidos por el sistema; o por el contrario, aparecen formas de lucha donde las fracciones obreras se oponen ya sea a sus propias conducciones o a sus antagonistas de clase-, I. Izaguirre propone mirar “el lugar en que se posicionan los cuerpos obreros en esas confrontaciones”.[6]

En este sentido, advierte F. Nievas: “Una toma es siempre un hecho que vulnera la legalidad, en tanto violenta el derecho a la propiedad privada. Pero cuando es un fenómeno de la magnitud que estudiamos, nos encontramos frente a un problema más complejo, ya que en tanto generalizada, goza indiscutiblemente de legitimidad. Se trató, sin dudas, de un verdadero ejercicio democrático, en su estricto sentido etimológico, con lo que ello implica: subversión de las jerarquías, de la legalidad, de las competencias estatales”.[7]

Históricamente, tanto en la Argentina como a nivel mundial, las ocupaciones del lugar de trabajo han sido una práctica común a los trabajadores. La experiencia más cercana temporalmente a la que aquí estudiamos, la constituye las tomas masivas de fábrica realizadas en el marco del Plan de Lucha de la Confederación General del Trabajo (CGT) en 1964 -10.000 establecimientos en el lapso de dos meses-.[8] Siguieron durante la Revolución Argentina las tomas de fábricas, universidades, espacios públicos, sedes gremiales, etc.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en 1973, en los procesos antes mencionados encontramos acciones directas de lucha planificada, dirigida y coordinada, con objetivos precisos y puntuales, mientras que en los sucesos aquí analizados, la importancia de “organizar” la toma para que resulte efectiva, pierde peso. Esto tendría que ver con que las tomas que tuvieron lugar durante la primavera camporista, no expresaron un cuestionamiento al orden político, sino un apoyo explícito al nuevo gobierno; motivo por el cual este tampoco las vio como un movimiento hostil.[9] Además, está práctica que anteriormente estaba limitada a la militancia, era ahora reapropiada por una diversidad de actores sociales.

Tomamos aquí la hipótesis de Nievas, según la cual la disputa de fondo en torno a las ocupaciones se centraba “más en el orden social que en el orden político, al que distintas fuerzas intentaban significar desde sí, apropiándoselo más que enfrentándose con el mismo”.[10] Es importante aclarar, que si bien estas acciones generaron un cuestionamiento objetivo a la legalidad, no se realizaron contra el gobierno. Según uno de los participantes, las ocupaciones “era eh… una forma de expresar, de participar en la toma del poder. Yo creo que en el fondo un poco es eso. Los compañeros (…) sintieron que una cuota, aunque fuera pequeñísima del poder, de repente, por fin alguna vez, estaba en manos de ellos, me entendés. (…)”[11]

III. La “primavera” nacional y provincial

El 11 de marzo de 1973 triunfó el FREJULI, frente electoral integrado por la mayoría de la clase obrera y los sectores progresistas y radicalizados de la burguesía y la pequeña burguesía.[12] “En el orden estratégico es una victoria burguesa, ya que hacía a su defensa estratégica la realización de las elecciones. El mero hecho de votar significaba, en esas condiciones, un desarme político de las masas. Sin embargo, en el orden táctico, la victoria corresponde a los sectores populares, que se alzan con el triunfo de las urnas.”[13]

La “primavera” fue la continuación del clima de euforia y movilización anterior. Para muchos de los sectores combativos este triunfo significó el paso a la revolución, ya que a la toma del gobierno seguía la tarea de tomar el poder. En este sentido, el “devotazo”(25.05.73), lucha por la liberación de los combatientes del período 66-73 que se encontraban encarcelados, significó la recuperación de los luchadores presos para la construcción del poder popular que se iniciaba.[14] Si el objetivo del Gran Acuerdo Nacional había sido la institucionalización del conflicto, mediante el retorno a la democracia burguesa, el esperado disciplinamiento social resultó en un ascenso de las movilizaciones de masas. El clima que caracterizó a esta etapa tuvo su manifestación en las ocupaciones de lugares públicos y privados, que se sucedieron repentinamente a nivel nacional, acciones que expresaron no sólo un freno al “continuismo” de las políticas de la dictadura saliente, sino el ejercicio del poder directo construido durante años a través de la lucha.

En Mendoza, muchas de las prácticas surgidas en el seno de las organizaciones populares fueron transformadas en políticas de estado, principalmente durante los primeros meses luego de la asunción, cuando espacios de gobierno fueron ocupados por dirigentes de la Tendencia Revolucionaria. Esto fue resultado de la creciente movilización y organización de distintas fracciones sociales a nivel provincial, proceso que se radicalizó a partir del Mendozazo (4.4.72). Este hecho expresó una ruptura con el orden social vigente, por parte de distintos actores que tomaron las calles para cuestionar las formas en que se encontraba organizada la sociedad, el monopolio del poder y de la violencia que ejercía el estado dictatorial. Los enfrentamientos callejeros, que se extendieron por varios días, y hacia los barrios obreros, dieron paso a nuevas formas de poder y articulación social.

Durante estos años, los estudiantes secundarios y universitarios, desde la lucha contra el limitacionismo, avanzaron hacia la radicalización de sus discursos y prácticas; los conflictos de los trabajadores estatales como el Sindicato de Obreros y Empleados Públicos (SOEP), la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Magisterio entre otros, y el creciente grado de unidad alcanzados por los gremios estatales, obligaron a la renuncia del gobernador-interventor F. Gibbs; los Contratistas de Viñas y Frutales luchaban por ser reconocidos como trabajadores dependientes, enfrentándose no sólo a la patronal, sino a un gobierno que era fiel representante de los intereses de la burguesía vitivinícola-; sumado a ello, la lucha de los obreros del cemento; del gremio telefónico por la nacionalización de los medios de producción; junto a la creciente politización de artistas, abogados y los curas tercermundistas. Todos ellos, consideraron un derecho construido en la lucha, ocupar un lugar en el “gobierno popular”. Sin embargo, la derecha no tardó en poner trabas a este proceso.

Iniciado el gobierno provincial de Martínez Baca (FREJULI), la lucha que hegemonizó la escena pública fue el enfrentamiento entre las dos fracciones peronistas, expresadas en la misma fórmula gubernamental: Martínez Baca por la Tendencia Revolucionaria y el vicegobernador Carlos Mendoza, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y referente de la derecha peronista. El mismo día de la asunción estuvo marcado por un choque entre ambas tendencias,[15] que tuvo lugar en la Plaza Independencia, entre integrantes de la Coordinadora Peronista[16] y obreros de la UOM.

A lo largo de este período, la lucha entre proyectos políticos antagónicos tuvo como resultado cambios de ministros y expulsiones de miembros del partido, bajo la acusación de “infiltración marxista”.[17] Es necesario detenernos en el momento que se inició esta confrontación en torno al cuestionamiento ideológico de ciertos miembros del equipo de gobierno, puesto que sucede durante el período que estamos estudiando, e implicó directamente al movimiento obrero organizado sindicalmente, a raíz de una serie de declaraciones realizadas por el secretario general de la CGT Regional, Carlos Fiorentini.

Ya antes de su asunción, la CGT había entregado al gobernador una lista donde figuraban los nombres de aquellas personas que no deberían asumir cargos de gobierno, por su inclinación ideológica. Nuevamente, el día 8 de junio, Fiorentini entregó al gobernador un comunicado del plenario de delegados de la CGT, donde éstos se manifiestan en relación al mismo tema. Comenzaron a explicitarse los alineamientos: tanto Martínez Baca como Fiorentini recibieron muestras de adhesión. Una gran cantidad de las tomas que aquí estudiamos, se manifestaron en relación a este conflicto a favor del gobernador. Fue el caso de la Estación Terminal de Ómnibus, de la Dirección de Tránsito y Transporte, de la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios, y del Banco de Previsión Social. En el caso de éste último, la asamblea expresó “la solidaridad de las bases del banco para con el gobernador, en el conflicto con la CGT local”. [18]

En este contexto, el día 15, en el marco de una masiva asamblea popular realizada en la calle –junto a fracciones de la clase obrera y de la juventud peronista-,[19] asumió el nuevo Director Provincial del Trabajo, Gervasio Lépez, reconocido dirigente sindical peronista.[20] Paralelamente, a nivel nacional la CGT, la CGT y el gobierno firmaban el “Pacto Social”, por el cual se establecía un acuerdo de precios, tarifas y salarios; con el objeto de lograr una tregua entre los distintos sectores en conflicto. Este fue rechazado por los sectores combativos del sindicalismo.[21]

Finalmente, en junio del ’74, un golpe de mano realizado por una alianza interburguesa (Partido Demócrata, Unión Cívica Radical (UCR) y el ala derecha del justicialismo), aprobó el juicio político suspendiendo al gobernador de dicho cargo. Esto fue parte de una política a nivel nacional impulsada por Perón, de eliminar por medio de su derrocamiento, a aquellos gobernadores ligados a la Tendencia Revolucionaria.[22] Recordemos además que el partido local había sido intervenido, en función de la política de depuración o limpieza ideológica iniciada contra el ala izquierda dentro del movimiento. A partir de que el vicegobernador Carlos Mendoza asumió el ejercicio del poder ejecutivo provincial, aumentaron las medidas represivas y la censura en todos los espacios sociales, desde la universidad hasta en los barrios –retomando la derecha la iniciativa en la lucha de clases-. A partir de agosto del ’74, la provincia fue intervenida.

IV. Las tomas

Una de las últimas acciones que llevó adelante la dictadura a fin de intentar mantenerse en la administración del nuevo gobierno, fue nombrar a funcionarios que garantizaran la “continuidad” política de la dictadura, lo cual se llevó a cabo tanto mediante recursos legales (a fin de que no fueran cuestionados legalmente), como recurriendo a la legitimación política (nombrando a miembros del partido peronista que estaban alineados con el gobierno saliente). Esto fue visto por quienes apoyaron al gobierno triunfante en marzo del ‘73, como un freno a las políticas a desarrollar. Por ello, antes aún de la asunción comenzaron a ser denunciadas estas maniobras, dando lugar posteriormente a las tomas, como una forma de garantizar que no habría lugar en el “gobierno del pueblo” para funcionarios ajenos a él.[23]

Durante el gobierno de Cámpora las luchas de los asalariados asumieron un carácter particular: la mayor proporción de conflictos tuvieron lugar en ámbitos obreros, ya sea en el lugar de trabajo o en el sindicato, bajo la forma de ocupación de los mismos. Esta fue la mayor avanzada obrera sobre un territorio “ajeno”, al tomar posesión del lugar de trabajo, espacio “que les es social y jurídicamente ajeno pero que sienten práctica y moralmente propio”.[24] Dentro de las instituciones oficiales, este tipo de acciones se dieron principalmente en las universidades (protagonizadas por trabajadores no docentes y estudiantes); y en las escuelas secundarias, donde los estudiantes reclamaron la destitución de profesores y autoridades, y cambios en los planes de estudio. También en los hospitales, las ocupaciones tuvieron como finalidad impedir la continuidad de las autoridades ligadas a la dictadura.

Sin embargo, como advierte Nievas, no todas las tomas pueden explicarse desde el “anticontinuismo”, puesto que detrás de esta consigna aparecían otras razones, vinculadas al enfrentamiento que atravesaba a la sociedad de manera transversal, y que al interior del peronismo había definido alineamientos claros y antagónicos: “no sólo importaba a quien se desplazaba, sino –y sobre todo- a quien se dejaba al frente”.[25] Es decir que detrás del problema del continuismo aparecían otros ejes de confrontación, que evidencian el enfrentamiento entre dos fuerzas políticas –que aunque aún difusas- eran antagónicas, las cuales se encontraban en distintos momentos de su propio desarrollo.

Nievas establece cuatro subperíodos. El primero abarca desde la fecha de asunción de Cámpora (25.05), hasta el 3 de junio. El segundo comenzó el 4 de ese mes, día en que inicia la escalada de ocupaciones, hasta el 14 de junio, cuando Abal Medina -secretario general del PJ- exhortó al levantamiento de las tomas. Durante este subperíodo el autor contabiliza más de 500 tomas a nivel nacional, de las cuales más de 350 se produjeron entre los días 11 y 15. Los efectos del llamamiento de Abal Medina fueron inmediatos: la cantidad de ocupaciones descendió abruptamente, aunque se reiniciaron con mayor intensidad en fábricas y sedes sindicales. Además, al desactivar a los sectores menos politizados, que levantaban la lucha anticontinuista, el enfrentamiento quedó más directamente ligado a la confrontación entre los sectores organizados. El tercer subperiodo comprende entre los días 15 y 20 de junio (masacre de Ezeiza). Finalmente, el cuarto subperíodo se inicia el 21 de junio, y llega hasta la caída del gobierno de Cámpora (13.07). Mendoza registró una gran actividad de ocupaciones, siendo —junto con Tucumán— la cuarta jurisdicción en número absoluto de tomas.[26] Como veremos, la mayor cantidad de éstas, se ubican entre el segundo y tercer período.

Como se dijo, detrás de la bandera del anticontinuismo, aparecían una diversidad de sujetos sociales, con intereses muchas veces encontrados. Desarrollaremos a continuación la distinción que propone Nievas, a fin de entender cómo se inscribió el proceso provincial en la dinámica nacional. En primer lugar, el autor agrupa bajo la denominación de “tomas por la patria socialista”,[27] aquellas acciones realizadas por la nueva izquierda, en las cuales encuentra un claro contenido anticapitalista, aunque con distintos grados de conciencia respecto de ello. Aquí ubica las tomas realizadas por las organizaciones político-militares de izquierda, por las organizaciones político-militares o de superficie de la izquierda peronista, y las “tomas de las bases”, es decir aquellas que sin ser producidas por organizaciones de izquierda, se alinean -o pueden ser alineadas- con ellas. Por otro lado, se encuentran las “tomas por la patria peronista”,[28] a las que el autor califica de reaccionarias, ya sea por su contenido, como porque las mismas se produjeron tardíamente, como reacción frente al protagonismo del sector anterior. Fueron en general realizadas por grupos más pequeños que los primeros. Aquí encontramos las tomas protagonizadas por la derecha peronista, y las “tomas preventivas”, es decir, aquellas que se protagonizaron para impedir que el lugar fuese ocupado por otros (de la izquierda). Ambas, a diferencia de las anteriores, buscaban mantener el status quo.

A nivel nacional, las tomas alineadas con la “patria socialista” representaron el 54% de las ocupaciones, mientras que las tomas alineadas con la “patria peronista” representaron el 46%. Sin embargo, para el autor, si bien las primeras tuvieron una mayor actividad en general, las segundas concentraron su accionar en sectores considerados claves (medios de difusión, centros de salud, organismos y empresas públicas). Esto se relacionaba con la composición que presentaba cada una: “La primera, más ‘horizontal’ que la segunda (que estaba formada, en muchos casos, por verdaderas bandas armadas…), estaba más determinada por la irrupción democrática de criterios y decisiones. Sus acciones estaban menos constreñidas por una dirección política centralizada… En consecuencia, estaban más extendidas social y geográficamente, y más ligadas a las necesidades inmediatas de los diversos grupos sociales, pero menos contundentes político-militarmente, en una etapa político-militar de la lucha de clases. La acción de la segunda, en cambio, parece más determinada por un norte político-inmediato: el regreso de Perón”.[29] Otro elemento contabilizado por Nievas es la cantidad de efectivos con que contó cada fuerza. Las tomas de la primera dan cuenta de su masividad, mientras que las ocupaciones de la segunda, no fueron realizadas por grupos que superasen las 40 personas, quienes generalmente se encontraban armados con armas de fuego.

A continuación, realizaremos el análisis de las ocupaciones que tuvieron lugar en la provincia de Mendoza, donde la dinámica presentó una serie de particularidades. Si bien como veremos la mayoría de las tomas fueron realizadas por las bases, levantando la consigna “anticontinuista”, éstas se dieron de manera mayoritaria con posterioridad al llamamiento que hizo Abal Medina.

IV. a) Las tomas por la “patria socialista”

a.1- De las organizaciones político-militares de izquierda

No se produjeron en Mendoza durante el período estudiado copamientos[30] por parte de las organizaciones político-militares de izquierda.

a.2- De la izquierda peronista

Esta fue la primera toma que tiene lugar en la provincia. El día 6 de junio, la sede de la emisora LV-8 Radio Libertador fue tomada simbólicamente por pocos minutos (de 7:00 a 7:05) por su personal, quienes solicitaban se regularice la situación administrativa de la misma. Sin embargo, hacia las 10:30 hs. el “Comando Abal Medina” de la JP[31] tomó el local en apoyo a los trabajadores de la misma. Pedían se designe “a un nuevo director que haga de ‘Libertador’ una auténtica radio del pueblo”.[32] Más tarde, a través de un comunicado explicaron que “se había dispuesto tomar Radio Libertador por estar el director de la radio, vicecomodoro (RE) Oscar Alberto Morales, respondiendo a intereses participacionistas y cipayos”.[33] La toma seguiría hasta que el gobierno designase un interventor que “responda a los intereses del pueblo”;[34] hasta entonces, quedaba a cargo de la emisora un integrante del Comando. Eran más de 70 los jóvenes que mantuvieron la toma, impidiendo el ingreso al lugar, y quienes en las puertas de la emisora realizaron pintadas. Durante la medida la transmisión radial no fue interrumpida, y cada 15 minutos se repetían los comunicados explicando a la población los motivos de la toma.

Esta acción fue repudiada por otra organización integrante de la JP, la “Juventud Peronista 17 de Noviembre”,[35] quienes argumentaron que dicha actitud atentaba contra la verticalidad del movimiento y del gobierno. Denunciaron además al Comando Abal Medina por pretender imponer a las autoridades recientemente electas a uno de sus militantes como interventor, cuando para ellos, el interventor debería ser un empleado de la emisora elegido por el personal de la misma. Expresaron: “La Juventud Peronista 17 de Noviembre considera que todos los medios masivos de comunicación deben ser controlados y dirigidos por el pueblo, siendo en este caso los empleados de LV8 parte de ese pueblo, por ello apoya como interventor a un empleado elegido entre el personal de la emisora”.[36] La JP 17 de Noviembre sí apoyó la toma realizada por el personal, mientras que también se manifestaron en este sentido el Sindicatos de Prensa Argentino de Locutores y la Asociación de Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines. Finalmente, el día 8 asumió el nuevo interventor, entre los aplausos de los presentes, quienes desalojaron el lugar.

a.3- De las bases:

a.3.1- Las tomas de edificios públicos

El día 11 se produjo una toma simbólica por parte de los empleados del Banco de Previsión Social. Estos hicieron llegar al gobernador un comunicado y un petitorio emanado de una asamblea, por el cual solicitaban un cambio de autoridades del organismo. Los empleados desconocieron a los dos directores designados “por el desgobierno de la camarilla militar”,[37] y nombraron autoridades interinas hasta tanto el gobierno “designe a los compañeros integrantes del directorio”.[38] Al día siguiente realizaron además un paro por 15 minutos.

Mediante un comunicado, explicaron al “pueblo de Mendoza” que el objetivo de estas medidas era “a) demostrar la real vocación de las bases en la dirección de la institución; b) que se nombren compañeros capaces de instrumentar medidas tendientes a lograr la liberación y reconstrucción nacional”.[39] El contenido propositivo del comunicado, exigía al gobierno generar mecanismos de participación directa para los empleados en lo que hacía a sus lugares de trabajo. Así propusieron designar una comisión representativa del personal (compuesta por 7 miembros), que: solicitase se arbitren medidas para que los empleados tengan mayor representación en la dirección de la entidad, mediante directores elegidos por votación directa de las bases; exigiese se prevea la participación real y efectiva del personal en la elaboración de la nueva carta orgánica; se designase un interventor provisorio; y que de manera conjunta con las bases y el gobierno, se pongan en funciones a las nuevas autoridades del Banco. Lo anterior fue aceptado por el gobernador, y el día 13 asumió el nuevo presidente de la entidad, en el marco masivo de una asamblea general extraordinaria de los empleados, durante la cual aquél expresó el deseo conjunto de que el banco comience a responder a los intereses de la clase trabajadora.

El 13 de junio, se produjo la toma de la sede local de la Dirección Nacional de Vialidad, 4º distrito, por parte del personal, en apoyo a las medidas tomadas a nivel nacional por la Federación de Sindicatos de Vialidad. Se manifestaron contra “la maniobra continuista orquestada por los personeros de los monopolios imperialistas que han manejado y pretenden seguir manejando los hilos de la política vial del país”.[40] Expresaron realizar la medida de fuerza en apoyo al “gobierno popular”, la cual se mantendría hasta lograr las soluciones requeridas. En un comunicado local, el personal expresaba que la medida se debía al estado de caos en materia vial producto de las políticas de los monopolios imperialistas, por lo que exigían: la renuncia de todos aquellos funcionarios cómplices de dicha política, y que los mismos sean investigados y sancionados; la eliminación de las “consultorías” que producen al Estado grandes pérdidas cuando dichas tareas podían ser realizadas por el mismo personal estable. A nivel nacional se logró la renuncia del administrador general y de los directores de las distintas regionales; sin embargo, en Mendoza el sindicato finalmente levanta la toma el día 15, por considerar que la autoridad local podía seguir en su cargo.

El jueves 14 una asamblea del personal de la Empresa Provincial de Transportes, prestataria del servicio de trolebús, decidió la toma de la misma. La medida respondía a que se encontraba en duda la estabilidad de la empresa, y el cobro de los próximos salarios. Se cuestionaba la pasividad de las autoridades respecto a futuras inversiones, y a cómo resolver problemas laborales. Nuevamente, la toma se mantendría hasta tanto el gobierno designase nuevas autoridades “en pro de una real liberación nacional y social con una mayor participación del personal en la dirección de la misma”.[41]

La toma –realizada con la intervención de SOEP- decretó la disolución del directorio y la anulación de todos los niveles jerárquicos (gerente, contador y asesoría letrada). Se designó una junta ejecutiva provisoria, compuesta por tres empleados, quienes asumirían las funciones hasta que el gobierno designase a las nuevas autoridades. SOEP informó que “la medida dispuesta por los obreros y empleados de la repartición obedece a la imperiosa necesidad de que el poder de decisión y la conducción de la misma sea ejercida por los verdaderos representantes del pueblo”.[42] Proponían asumiese como interventor, un delegado gremial, quien trabajaba en la empresa desde hace 15 años.

Al respecto de esta experiencia, el secretario gremial de SOEP recuerda: “Se tomó, se tomó la repartición, se echó a la mierda al que estaba, y se toma la conducción de la repartición, se nombra entre los compañeros, se hace una asamblea que ahí fuimos nosotros, se designa eh… un compañero por la parte de talleres, un compañero por la parte de los choferes, un compañero por parte de la parte administrativa… ellos se constituyen en autoridad, designados por asamblea, y entran a manejar el trole, la empresa. O sea como ejecutivos, como si fueran ejecutivos políticos. Y esa fue la repartición que más tiempo estuvo tomada. La repartición que estuvo más tiempo en manos de los trabajadores, no me acuerdo si fue un mes, dos meses, fue bastante tiempo. Y vos vieras como andaba, los vagos la hicieron andar… había que lucirse… y la hicieron andar, una maravilla. Fue una gestión obrera. Una repartición pública con gestión obrera. (…)”[43]

Según los gremialistas “la empresa se autogestiona perfectamente desde hace tras días, en que fue tomada por el personal”.[44] Durante la toma, el servicio de trolebús continuó funcionando. En la carrocería de los mismos se colocaron carteles en los cuales se leía: “Trolebús tomado por el personal por una efectiva y real liberación nacional y social”.[45]

El mismo día se produjeron ocupaciones simbólicas en la Estación terminal de Ómnibus y en la Dirección de Transito y Transportes, en apoyo al nuevo director nombrado por el “gobierno popular”; quien asumió en un acto con la presencia de todo el personal de ambas reparticiones.

Recibieron -y agradecieron- el apoyo de SOEP a la medida de fuerza.

Son numerosas las notas periodísticas donde el SOEP manifestó su apoyo a las ocupaciones realizadas por sus afiliados: “Las tomas… responden nítidamente a la línea fijada por nuestra organización. Lo cual significa la movilización de bases, en apoyo a la gestión revolucionaria del compañero gobernador... los gremios, como sectores principales para la construcción de la patria de los trabajadores, deben garantizar la acción de los compañeros elegidos por el pueblo, con el apoyo masivo de la clase obrera, para que nuestros dirigentes puedan mantener la línea honesta y combatiente que pueda efectivizar el camino hacia la liberación nacional y social”.[46] Recibieron la solidaridad de la Mesa Única de la JP “por la lucha que mantienen en distintas dependencias de la Administración, con el objeto de desterrar, y para siempre, todo vestigio de burocracia”.[47]

Durante el día 15 fue tomada la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios durante 3 horas, luego de una asamblea del personal, con el objeto de exigir al gobernador una serie de instrumentos legales que garantizasen el funcionamiento de la repartición: se designó una junta provisoria en reemplazo de las autoridades anteriores; se solicitó –proponiendo nombres para ello- se designe un interventor con facultades de directorio, que adecue la repartición a la ley de Autarquía sancionada, y sobre la cual solicitaron se modifique el artículo referido a la composición del directorio, a fin de que el mismo estuviese integrado por representantes del personal. Agradecieron el apoyo brindado por SOEP.

El proceso que se inicia a partir de la toma de este organismo, da cuenta del contenido propositito que acompañaba a estas acciones: “… allí a propuesta del sindicato, se genera un proceso de debate interno, con todos los trabajadores del organismo. (…) Entonces, ahí hubo un intento por que los que más conocimiento tenían, que eran los profesionales del organismo, pudiese compartir ese conocimiento a través del debate, con los trabajadores digamos de planta. (…) Se hicieron siete grupos, donde cada grupo debía producir un proyecto de reestructuración del organismo. Luego, eh, estos siete trabajos se fusionaron, se hizo una síntesis no es cierto, que quedó expresada en una propuesta. Esa propuesta tomó estado legislativo[48] (…) Este órgano estaba planteado como un organismo descentralizado (…) Entonces, nosotros considerábamos que era muy importante incorporarle acá, por ley, una fuerte presencia de los especialistas en materia social. …”.[49]

Ese mismo día fue tomada la Dirección de Construcciones. Una asamblea designó a cuatro empleados para que asumieran las funciones de la repartición hasta que el gobierno designase a “gente peronista y que responda a los intereses del pueblo”.[50] Al día siguiente, asumió como interventor de dicha repartición P. Márquez, quien se refirió a la importancia de la participación de los trabajadores en la planificación de las tareas futuras.

También el 15, una asamblea del personal del Servicio de Educación del Adulto –en la cual se encontraban presentes docentes de alfabetización de nivel nacional- decidió realizar una toma simbólica de la Casa del Magisterio, a fin de exigir cambios en la política salarial y en el funcionamiento general de la repartición. Propusieron una terna para hacerse cargo de la misma. Además, peligraba la continuidad de la modalidad, por falta de presupuesto para la misma.

El 16 de junio, el personal del Policlínico Ferroviario Mendoza resolvió por asamblea realizar una ocupación simbólica de su edificio a causa de una serie de reclamos salariales, y la exigencia de que se otorgase participación al personal en los espacios de conducción a fin de “intervenir en la política sanitaria y laboral”[51] del instituto. Otro punto en cuestión era la autonomía de los centros regionales, respecto a lo cual aclararon que dichas medidas no eran contra el gobierno provincial, sino “contra el centralismo burocrático que ejerce el instituto a nivel nacional”.[52]

El 18 se realizaron tomas en la Dirección de Rentas, y en el Instituto del Becario. Ambas, luego de que las respectivas asambleas decidieron desconocer a las autoridades -designando interinas- y elevar un petitorio al Ejecutivo pidiendo nuevas designaciones; se declararon a sí mismas “instrumento de cambio del sistema, participando del proceso en el que se comprometiera el gobierno del compañero gobernador”.[53] Dieron además, intervención directa a SOEP por estar el personal de las reparticiones agremiado en el mismo. Ese día, una asamblea en la Dirección de Geodesia y Catastro solicitó al gobierno se designen nuevas autoridades, que lleven adelante un cambio de estructuras, para lo cual proponían quienes debían ocupar dichos cargos.

a.3.2- Las tomas de organismos privados

El día 14 de junio, los empleados de la central local de la Compañía Argentina de Teléfonos (CAT) tomaron simbólicamente la sede de la empresa, en reclamo por la nacionalización de la misma, y en apoyo al plan de liberación nacional. Los carteles colocados frente al edificio expresaban: “Empresa tomada por el personal para la nacionalización”.[54] Finalizada la toma, realizaron una movilización por el centro de la ciudad, que llegó hasta la Legislatura. Allí entregaron un informe sobre el cumplimiento de la ley de concesión que autorizaba la explotación del servicio a la CAT al presidente de la Cámara de Diputados. El informe fue elaborado por el cuerpo de delegados del Sindicato de los Obreros y Empleados Telefónicos de Mendoza (SOETeM), y posteriormente ratificado por una asamblea de afiliados, que otorgó mandato a la comisión directiva para presentarlo ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. Dicho informe solicitaba como primer paso hacia la nacionalización, avanzar en la intervención del distrito local de la CAT, a través de la absorción por parte de ENTEL.

Daniel Collado, Secretario General de SOETeM expresó: “Esto se hizo en el gobierno de Martínez Baca, pero por un plan nacional, que estaba incorporar… muchos teníamos nuestras reservas de incorporar en qué términos (…) poníamos en tela de juicio la estructura de las empresas del estado como estaban en ese entonces. Esa era la discusión, no era que dijéramos queremos la empresa ‘estatal, monopólica y eficiente’, pero vamos a ver en qué términos! (...)”.[55]

Posteriormente los obreros y empleados se dirigieron hacia la Casa de Gobierno donde fueron recibidos por el gobernador, a quien además del informe, entregaron una denuncia referida a los contratos de la CAT. Este se refirió a la acción de los trabajadores telefónicos como “gobernar con asambleas populares. Ustedes vienen a exponer directamente ante los hombres que nos toca manejar la cosa pública los problemas que tiene el pueblo para que sean conocidos”.[56]

a.3.3- Las tomas de sedes sindicales

El día 27 se produjo la toma del local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Alrededor de 100 trabajadores ocuparon la sede y designaron a una comisión provisoria. Manifestaron tener el apoyo de la mayoría del gremio, y estar en “su derecho” de mantenerse en la sede, puesto que para ellos el gremio se encontraba prácticamente acéfalo. Acusaron al secretario general E. Morales, de haberse mantenido durante 14 años en el cargo, sin haber llamado a elecciones, ni presentado balances de los ingresos por cuota obligatoria.

El día anterior, un grupo de alrededor de 200 obreros, frente a las críticas que se hacían a la conducción del sindicato, designaron una comisión provisoria, la cual fue respaldada por más de 1000 afiliados que al día siguiente concurrieron a la asamblea que se realizó en la sede gremial, y a partir de la cual el edificio quedó ocupado. Dicha asamblea resolvió: manifestar su apoyo al “programa popular” del gobernador, y “movilizarse para que ese programa sea cumplido, especialmente en materia de política exterior, control de precios, aumentos salariales”;[57] designar una comisión provisoria; hacer uso del local sindical; solicitar audiencia al gobernador; solicitar un veedor del Ministerio de Trabajo para la realización de elecciones y la normalización del gremio. La mayoría de los ocupantes no eran afiliados al gremio, puesto que –según denunciaban- se les negaba sistemáticamente la afiliación, a pesar de que se les descontaba la cuota sindical obligatoria.

En este sentido, Morales negó que el conflicto se debiera a diferencias hacia el interior del gremio, puesto que “los ocupantes no pertenecen al mismo y por el contrario, son de declarada filiación comunista”.[58] En conferencia de prensa, solicitó a los obreros peronistas “cumplan con la consigna del general Perón, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, no dejándose confundir ni aceptar invitaciones para concretar medidas de fuerza que propicia el comunismo”.[59]

R. Vélez –militante del Partido Comunista-, representante de la comisión provisoria, expresó los motivos que llevaron a la ocupación gremial: “hace 14 años que no se realiza una asamblea general… no se dan a conocer balances ni el destino de las cotizaciones obreras, como tampoco los fondos para obras sociales, cuyos beneficios no reciben en su mayoría;… el convenio colectivo de trabajo… no se cumple por no actuar las comisiones internas en el control y no haberse designado delegados;… las elecciones de 1971 estaban viciadas de nulidad por fundamentales trasgresiones a los estatutos…Todo ello permite deducir que en la práctica no existe una comisión directiva legalmente constituida, por lo que se estaría en presencia de un caso de usurpación. Ello, podía ser permitido por la dictadura, pero hoy tenemos un gobierno constitucional y las cosas deben regularizarse”.[60]

Durante esa noche, la policía sitió la sede sindical en un perímetro de cuatro cuadras, con uniformados y carros celulares, dado que los afiliados se negaban a desalojar el edificio. Los obreros denunciaron dicho procedimiento policial como “ilegal”, ya que no había orden de un juez para el desalojo. Debido a este hecho, anunciaron paros para la mañana del 28 y una asamblea que decidiría los pasos a seguir. Los obreros fueron apoyados por los estudiantes de la Universidad Tecnológica, quienes se arrimaron a la sede gremial con comida para los ocupantes. Finalmente la policía desalojó el local durante la madrugada, al intervenir un fiscal –que al día siguiente habría sido cuestionado por los obreros ocupantes, por haber actuado estando de licencia-. También el gobierno puso como condición previa al diálogo con los trabajadores, el desalojo de la sede gremial.

Al día siguiente, 300 obreros de la construcción se movilizaron hasta la Casa de Gobierno a fin de respaldar el encuentro de la comisión provisoria con el gobernador Martínez Baca. La comisión informó que el pedido de audiencia solicitado por los trabajadores había sido concedido, y esa tarde se realizó una asamblea frente al local sindical, en la calle puesto que por la intervención de la justicia, el edificio gremial no podía ser utilizado. Durante la misma se resolvió marchar nuevamente hasta la Casa de Gobierno, para exigir la restitución de la sede gremial, y el llamado a elecciones de una nueva comisión directiva en el plazo de 90 días. Aclararon que si hasta el lunes 2 no les era devuelto el local sindical, el martes habría un paro de 24 hs. de los trabajadores de la construcción. Efectivamente, este se realizó, acompañado de manifestaciones por las calles céntricas, y una concentración frente al Palacio de Justicia. Posteriormente, una asamblea resolvió: estado de asamblea permanente; convocar a una asamblea que constituya la comisión electoral; renunciar a la cuota sindical hasta tanto se logre la normalización del gremio; y que la comisión provisoria funcione en el gremio de Mosaístas.

IV. b) Las tomas por la “patria peronista”

b.1- De la derecha peronista

El día 14, el personal de Vialidad Provincial realizó una asamblea donde se decidió la toma simbólica del edificio. Se designó una “comisión de toma” para gestionar ante el gobierno sus reclamos: la renuncia del secretario general por ser autoridad del régimen anterior y la designación de Umana como interventor en su lugar; y la confirmación del personal contratado. Sin embargo, circuló otro comunicado por el cual se adhería a los puntos reclamados por la comisión de toma, pero se solicitaba se mantenga al interventor en su puesto, evidenciando diferentes posturas entre los trabajadores.

Finalmente, asumió como nueva autoridad Oliva, quien fue respaldado por la Agrupación Azul Peronista. Estos repudiaron a la “comisión de toma”, acusándola de estar digitada por el sindicato de DPV, y haber sido “títeres” de la última dictadura. Expresaron que el personal de Talleres, en acuerdo con la Agrupación Azul, no aceptó la toma del edificio, la cual fue realizada por un grupo de “conservadores minoritarios”.[61]

En el Departamento General de Irrigación tuvo lugar uno de los principales conflictos, donde la derecha demostró su fuerza contra el gobierno provincial. Inicialmente (día 16), el gremio solicitó al gobernador se designara rápidamente un interventor en la repartición, a fin de dar respuesta a una serie de conflictos por los que atravesaban los trabajadores. Para dicho cargo fue designado J. Sánchez Martín, quien fue rechazado por los trabajadores del departamento (día 18), impidiendo el acto de asunción, y debiendo asumir en su lugar el propio ministro de Obras y Servicios Públicos, P. Huerta.

Formalmente, los trabajadores cuestionaban que el interventor no había sido aceptado por la Legislatura provincial para ocupar el cargo. El día 17 el gremio publicó una solicitada donde denunciaba como inconstitucional la intervención del Departamento. Expresaban haber sido defraudados por el gobernador, cuya actitud responde “a intereses mezquinos y sectoriales que actúan a espaldas del pueblo y de sus representantes”. Continuaba diciendo que la violación constitucional “se origina en el asesoramiento trotkista-comunista que en estos momentos está prevaleciendo en las medidas de gobierno”.[62]

Al conocerse la designación de Martín, el personal se autoconvocó en una asamblea, la cual discutió en torno a (1) si ocupar el edificio y no dejar ingresar al interventor designado; o (2) aceptar lo resuelto por el gobierno y no tomar el edificio, pero iniciando un juicio político al gobernador por abuso de poder. Ganó la segunda moción por unanimidad. La discusión fue acalorada: mientras algunos defendían el derecho del “gobierno popular” a actuar como lo creyera necesario, otros insistían en que se estaba violando la constitución. Durante la asamblea se produjeron incidentes y agresiones, en particular al secretario general del gremio –militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST)-, a quien se cuestionó estar vinculado a la ideología del gobierno por haber sido candidato del Frente de Izquierda Popular (FIP) en las últimas elecciones. Finalmente, la cámara de diputados rechazó el pedido de juicio político al gobernador, votando por la negativa los justicialistas, y por la afirmativa, radicales y demócratas.

b.2- Tomas preventivas

El día 12 se produjo un intento de toma de la radio LV-4 de San Rafael, por parte de un comando operacional del personal. Sin embargo, tras una reunión donde participó el conjunto del personal, la medida fue deslegitimada. El intento de toma había sido motivado por la noticia de que a nivel nacional varias emisoras habían sido tomadas “para evitar la toma de las emisoras por parte de otros grupo y siguiendo la verticalidad jerárquica de las autoridades designadas por el gobierno popular en los medios de radiodifusión”.[63]

V. Reflexiones finales

Siguiendo la periodización y caracterización del proceso realizado por F. Nievas a nivel nacional, nos interesaba estudiar la especificidad con que las tomas se desarrollaron a nivel provincial -tomando solamente las realizadas por los asalariados, las cuales representaron un tercio del total de ocupaciones-. Si bien la mayoría de las acciones analizadas se expresaron “contra el continuismo”, detrás de dicha consigna aparecieron diversas motivaciones, expresando las ocupaciones una lucha por la reapropiación del sistema social y político, por parte de los distintos alineamientos político-sociales que cortaban transversalmente a la sociedad del período.

A diferencia del proceso nacional, la mayoría de las ocupaciones analizadas (55,5%) se produjeron con posterioridad al llamado oficial a levantarlas. Sólo el 16,6% fueron protagonizadas por grupos vinculados a fuerzas de derecha, mientras que el 83,3% de estas acciones fueron realizadas por una fuerza social en formación, que conjugó su apoyo al gobierno electo, con claros cuestionamientos a las formas de organización del Estado. Esto fue acompañado por la exigencia de participación de los trabajadores, como manera de garantizar el cumplimiento de los intereses de la clase trabajadora. El 77,7% de las ocupaciones fueron protagonizadas por las ‘bases’ en sus lugares de trabajo, sin mediación de organizaciones políticas ni político-militares.

El aparato del Estado fue el principal espacio de confrontación, ya que el 88,8% de las tomas se produjeron en torno a la reapropiación de este ámbito, hecho que debe enmarcarse en el enfrentamiento entre tendencias antagónicas que tenía lugar en la sociedad en su conjunto, y que hacia el interior del peronismo en el momento estudiado se expresó en la disputa entre la CGT local y los ministros “marxistas” del gobierno provincial.

Todas las tomas “por la patria socialista” fueron decisiones emanadas de asambleas en los lugares de trabajo, lo cual denota una diferencia numérica y metodológica con las acciones realizadas por la derecha, donde en general actuaron pequeños grupos, sin lograr mayores grados de adhesión. Las tomas protagonizadas por ésta última dejan entrever que encontraron resistencia entre los trabajadores, expresando la lucha al interior de la clase. La mayoría de los hechos estudiados se correspondieron con la modalidad de ocupaciones (55,5%), seguido por las tomas de carácter simbólico (44,4%). No se produjeron copamientos.

El 100% de las tomas tuvieron lugar en ámbitos obreros, de los cuales solamente una (5,5%) ocurrió en una sede gremial, mientras que el resto sucedieron en el lugar de trabajo. Nos encontramos frente a formas de lucha que no estaban subordinadas a dirigencias sindicales, ni pautadas por el sistema. Esto da cuenta de un proceso de cuestionamiento objetivo al orden vigente -que tuvo distintos niveles de conciencia-. Los lugares de trabajo se convirtieron en territorios conquistados a la patronal (que en su mayoría fue el mismo gobierno que se decía defender). Estas formas de conflicto no disciplinado fueron protagonizadas en su mayoría por las bases, donde la organización y planificación de las acciones perdió importancia, predominando en las mismas un carácter espontáneo. A diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, después del llamamiento a levantar estas medidas de fuerza, en Mendoza quienes las continuaron fueron las bases, y no las organizaciones político-militares.

Finalmente, entendemos que las ocupaciones expresaron un cuestionamiento al orden jerárquico, producto del proceso en que se fue cuestionando, construyendo y repensando el poder a lo largo del período iniciado en 1955, como producto de la acción directa que las masas desarrollaron desde entonces. Se expresan mayores grados de autonomía, al entender la necesidad de la participación directa y mayoritaria de los trabajadores en el ejercicio del poder, como la forma de garantizar la construcción de un determinado proyecto político; así lo expresaron la mayoría de los comunicados producidos en el marco de las tomas. Las mismas asambleas fueron definidas como “instrumentos de cambio del sistema”. Sin embargo, debemos advertir que si bien estas acciones constituyeron objetivamente un cuestionamiento a la propiedad y a una determinada forma de organización social, el hecho de que las mismas se pronunciaran a favor del nuevo gobierno, nos indica que no se pretendía superar el sistema político social, sino reapropiárselo. Aparecen así articuladas en un mismo proceso de lucha, las distintas estrategias que estaban en juego en ese momento histórico.

RESUMEN

Las “tomas” durante la gobernación de Martínez Baca en Mendoza (1973): una lucha por la reapropiación del lugar de trabajo

En la presente trabajo analizamos la dinámica que asume en la provincia de Mendoza el proceso de ocupaciones de espacios públicos y privados, durante el gobierno de Cámpora, tomando solamente aquellas realizadas por los asalariados -que representan un tercio del total de tomas-. Si bien la mayoría de las acciones analizadas se expresan “contra el continuismo”, detrás de dicha consigna aparecen diversas motivaciones, expresando las ocupaciones una lucha por la reapropiación del sistema social y político, por parte de los distintos alineamientos político-sociales que cortaban transversalmente a la sociedad del período. Estas ocupaciones: ¿implicaban un cuestionamiento al orden jerárquico? ¿Expresaban mayores grados de autonomía de clase? ¿O eran formas de lucha radicalizadas pero que podríamos alinear con la lucha antidictatorial del período anterior?

Palabras clave: conflicto social - movimiento obrero – poder

ABSTRACT

The “occupations” during the Martinez Baca government in Mendoza (1973): a struggle for the appropriation of the working place

In this work, we analyzed the dynamic of the process of public and private spaces occupation, during the Cámpora government. Only occupations by workers were analyzed, which represented one third of the total episodes. The vast majority of the claims were “against continuity”. However, behind that claim different motivations appear, expressing these occupations a struggle for the appropriation of the political and social system, by the different forces that transversally severed the argentine society. Did these occupations mean a questioning to the hierarchical order? Did they express class autonomy? Or where they radicalized struggles similar to the antigovernment reaction against the previous dictatorship?

Key words: social conflict – workers - power

Notas