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La intendencia de Daniel Infante en Rosario (1912-1913): las paradojas de un socialista español

Santiago Javier Sánchez(*)

Introducción

El 20 de noviembre de 1912 el gobernador de Santa Fe, Dr. Manuel J. Menchaca, designaba como intendente de Rosario al Dr. Julián Daniel Infante. No duraría mucho en el cargo, al que se vería obligado a renunciar el 8 de abril de 1913, tras una tormentosa gestión. Por varios motivos, ese año de 1912 significó un quiebre profundo. En el mes de febrero fue sancionada por el Congreso Nacional la llamada ley “Sáenz Peña”, que establecía por primera vez en nuestro país el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio. Esta ley venía a completar otra sancionada pocos meses antes y que establecía la confección de nuevos padrones electorales sobre la base de los padrones militares. La ley “Sáenz Peña” no fue empleada más que parcialmente, en ocasión de las elecciones provinciales de Santa Fe celebradas el 31 de marzo de 1912. No hubo voto secreto, sí obligatorio, y se usó el padrón militar de 1911[1].

Contra todos los pronósticos, la Unión Cívica Radical obtuvo la tan ansiada gobernación, de la mano del binomio Menchaca-Caballero. Apenas una semana más tarde, ya en abril, se llevaron a cabo en varias provincias los comicios para elegir diputados nacionales. A pesar de algunas irregularidades protagonizadas por grupos conservadores y de ser derrotada en varios distritos, la Unión Cívica Radical comenzó a perfilarse como la nueva fuerza política dominante en todo el país.

En Santa Fe, ya con los radicales en el gobierno, se produjo el 25 de junio la rebelión de los arrendatarios, el Grito de Alcorta, extendida luego a otras regiones pampeanas. Como un anticipo de lo que sería más tarde la presidencia de Hipólito Yrigoyen (1916-1922), el gobierno santafesino adoptó una actitud mediadora que lo llevaría a una solución, aunque fuera parcial, del conflicto. La búsqueda de consenso y de votos entre las masas de trabajadores, hijos de inmigrantes nacidos en el país y por lo tanto ciudadanos argentinos, llevó a los radicales a implementar estrategias de cooptación. Este intento, impensable entre los inmigrantes (que por entonces formaban legión, especialmente en las grandes ciudades del Litoral) se hacía más factible entre los “criollos”. Mientras los extranjeros carecían del derecho al voto y se hallaban poderosamente influidos por la ideología y las estructuras sindicales anarquistas, los argentinos conformaban ya un grupo no desdeñable en número y empuje.

Tal como enunciáramos más arriba, el gobierno nacional en manos de los radicales asumiría en 1916 un inédito rol arbitral en los conflictos laborales, que posibilitaría ciertas mejoras para los trabajadores pero que se hallaba circunscrito dentro de límites infranqueables. La gobernación de Menchaca en Santa Fe entre 1912 y 1916 puede considerarse como un anticipo de lo que sería más tarde la política de Yrigoyen en materia gremial[2]. En lo que respecta a la intendencia de Infante, ésta ofreció dos ejemplos claros de este novedoso accionar: la huelga de los tranviarios (guardas y motormen) en diciembre de 1912 y la de los barrenderos y carreros municipales en abril de 1913. En el primer caso el arbitraje resultó exitoso, mientras que en el segundo su fracaso (que era el de Infante y el de sus aliados los radicales) llevó a un enfrentamiento final e intransigente con el Concejo, y a la renuncia del intendente.

Más allá de los exabruptos personales de Infante, producto de su personalidad exuberante y controvertida, consideramos que es posible insertar su figura en el contexto de los procesos históricos de su época como asimismo de las ideas políticas imperantes. De profesión abogado y con una vasta preparación intelectual que se había iniciado en España, Infante ejerció la militancia política, el periodismo y la docencia. Sus intereses comerciales y filantrópicos lo llevaron a efectivizar sus proyectos de viviendas obreras (los polémicos barrios Mendoza y Godoy) y a procurar concretar desde la intendencia algunas de sus ideas medulares, tales como la autonomía municipal, la elegibilidad popular del cargo de intendente, el mejoramiento del presupuesto rosarino sobre la base de impuestos progresivos sobre el capital y la organización de las actividades de beneficencia, buscando favorecer a los que menos tenían, mediante mejoras salariales y un reparto más equitativo de la riqueza.

Estos intentos chocaron no solamente con los intereses materiales del grupo social al que él mismo pertenecía, sino que resultaron potenciados por el enfrentamiento endémico entre las ciudades de Rosario y Santa Fe. Hasta 1927 la Constitución provincial establecería que el intendente municipal en las ciudades santafesinas debía ser electo por el gobernador, mientras que el Concejo Deliberante surgía como resultado de elecciones en las que prevalecía aún el voto calificado. En efecto, en los comicios comunales votaban únicamente los contribuyentes, aquellos propietarios, por minúsculos que fuesen, que pagaran tasas municipales. El voto no era obligatorio y también podían sufragar los vecinos extranjeros. Esta circunstancia no alteraba en demasía el número total de potenciales electores, pero sí otorgaba al espacio urbano una especificidad supuestamente refractaria a los intereses más resistidos de la “política criolla”.

En los años inmediatamente previos a la intendencia de Infante, Rosario había crecido vertiginosamente, tanto en número de habitantes como en riqueza. Su joven elite, originalmente comercial pero rápidamente expandida a los negocios portuarios, ferroviarios, agropecuarios e industriales, buscó el acceso a un poder político hasta entonces vedado. La fundación de la Liga del Sur en 1908 obedeció a estas razones.

De esta manera, la figura del intendente de Rosario entre 1912 y 1927 originaría continuos roces con el Concejo y llevaría a una turbulenta sucesión de funcionarios, todos ellos vinculados al radicalismo y designados por el gobernador. Sólo en 1927 sería alcanzado el objetivo largamente anhelado por la Liga del Sur hasta 1916, y por su continuador el Partido Demócrata Progresista desde esa fecha; esto es, la elegibilidad del intendente y de los concejales mediante el sufragio masculino universal, secreto y obligatorio, extensible también a los residentes extranjeros que quisieran participar.

En Rosario, como en otros lugares de la provincia, la proporción de extranjeros rondaba la mitad de la población. Esta cantidad crece si se considera que de los argentinos, la mayor parte eran hijos y nietos de inmigrantes. El desarrollo de las actividades comerciales e industriales catapultó no sólo a una elite por completo nueva, sin las raíces coloniales de otras elites urbanas argentinas[3], sino que tuvo su correlato en la emergencia organizacional de las clases populares. El 1º de mayo de 1890 se celebró por primera vez en el mundo el Día Internacional de los Trabajadores, y en Rosario tuvo lugar una importante manifestación en la Plaza López, lo que nos sugiere que ya por entonces se estaba estructurando un movimiento obrero en la ciudad. En 1895 fue creado el Centro Socialista. Los trabajadores, en estos años finiseculares, principiaron a profesar ideas contestatarias, a publicar periódicos, a organizar conferencias y meetings, y a fundar sociedades de resistencia que con el tiempo convergirían en la FOLR (Federación Obrera Local Rosarina), de tendencia anarquista, la que coexistiría con los Círculos Católicos de obreros, de ideología conservadora y pro-patronal.

Es en este período particularmente fértil en tensiones que se desarrolló la intendencia de Infante, en un momento de transición del sistema oligárquico instaurado en nuestro país en 1880 a la república de mayoría radical, cuyo trágico fin acaecería años más tarde, en 1930.

Un socialista muy especial

El 17 de noviembre de 1912 se celebraron en Rosario las elecciones para concejales. Siguiendo las disposiciones de las ordenanzas de 1909 y de ese mismo 1912, los electores o “ciudadanos contribuyentes” habilitados para el voto debían inscribirse en una Junta dirigida por los contribuyentes más importantes de la ciudad. Los resultados de estos comicios fueron vaticinados por La Capital el día anterior[4]: de los 7000 inscriptos, 4500 pertenecían a la Liga del Sur y 1500 a la Coalición, cuya mayoría votaría también por los candidatos de la Liga. Los restantes que completaban el número estaban divididos entre independientes y radicales. Como único rival de la Liga se presentó la Unión Comercial, sin chance alguna de obtener el triunfo.

Tras la victoria electoral de la Liga del Sur, que confirmaba una tendencia que en Rosario venía imponiéndose desde 1908, el intendente Julio Bello fue reemplazado por Julián Daniel Infante, siendo designado éste por el Poder Ejecutivo Provincial. La única condición pedida por el propio Infante fue que su mandato como intendente no se extendiese más de seis meses, en el transcurso de los cuales el gobierno de la provincia se comprometería a impulsar una reforma constitucional que permitiese la elegibilidad por vía del sufragio universal de los intendentes de Santa Fe[5].

El discurso de asunción de Infante provocó no sólo la ira del Concejo Deliberante y del diario La Capital, que defendían los intereses de la Liga del Sur, sino de los propios radicales y de los socialistas locales, al asegurar, con vehemencia, que el gobierno radical lo había elegido por carecer de “hombres aptos” para el cargo, y que él no era ni radical ni liguista, sino “socialista”, es decir, amigo de los trabajadores. Un militante socialista envió entonces una carta aclaratoria a La Capital:

"Rosario, noviembre 22 de 1912.

Sr. Director de La Capital.

Muy señor mío:

El artículo titulado ‘El cuarto de hora’ que publica La Capital de hoy, nos ha hecho pensar que es necesaria una aclaración respecto de las ideas que pueden formarse en el público por la declaración de ‘socialista’ hecha por el Intendente Dr. Daniel Infante al recibirse en su cargo (...) Figueroa Alcorta, Quintana, Ugarte, Agote y muchos otros se declararon ‘socialistas’ y fueron, especialmente el primero, los más tenaces perseguidores del movimiento obrero normal organizado, o los más ardientes sostenedores de las leyes liberticidas que rigen en nuestro país para su vergüenza.

Aparte de otras consideraciones que sería largo enumerar en ésta, hacemos presente al señor Director, que nuestro propósito es el dejar constancia que el señor Daniel Infante no pertenece ni ha pertenecido al Partido Socialista y por tanto no es un miembro militante del mismo, y sus actos no pueden afectar en nada el programa y los ideales de esta agrupación política.

Queremos creer que el doctor Infante viene animado de los mejores propósitos y ¡ojalá así sea!; pero de ahí a confundir su acción personal y exclusiva con la del Partido Socialista, hay mucha distancia, que es necesario aclarar; porque ello puede dar tema a ciertos periodistas para confundir la acción de un individuo con la del partido en el cual militamos (...)"[6]

Deslindadas así las responsabilidades, es bueno tener presente esta carta para entender lo que vendrá. A pesar de que liguistas y radicales cargarían en más de una ocasión contra Infante, acusándolo de “socialista” y aún teniendo en cuenta la incidencia que tuvieron los militantes del PS durante las huelgas de tranviarios y municipales, la supuesta conexión con el intendente no parece haber existido nunca. Las repercusiones del discurso de Infante alcanzaron también al gobierno y a la Unión Cívica Radical. Durante varios días, La Capital publicaría extractos de diarios capitalinos en los que se fustigaba severamente al intendente.

El 26 de noviembre ocurrió el primer incidente serio. En plena inauguración de unas obras de salubridad (cloacas) el ingeniero Eduardo Castro, Director del Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad, emitió un discurso que desagradó a Infante. Éste lo interrumpió desalojándolo de la tribuna y pocas horas después lo destituyó. La Capital defendió ardientemente la postura de Castro. Del análisis de las fuentes no queda claro para nada el motivo de esta destitución, puesto que en ningún lugar se transcribe el polémico discurso ni se da cuenta siquiera de la naturaleza de su contenido. Lo que sí podemos afirmar es que Castro había sido nombrado en el cargo a instancias del vicegobernador Caballero y del ministro Herrera, los popes radicales del sur santafesino, lo que originó un problema espinoso.

Un grupo de radicales rosarinos, capitaneados por el diputado José Chiozza, convinieron en la necesidad de ir a hablar con Infante y pedirle la renuncia. Reunidos en la casa de Chiozza, llegaron a proponerse medidas violentas, como la de colocar a un grupo de militantes en la puerta del Palacio Municipal para impedirle la entrada al intendente y “sacarlo de un brazo”. Finalmente, se resolvió que Herrera le hablaría pero como éste no llegó en el momento esperado un “conspicuo radical” hizo lo propio. Infante se negó rotundamente a renunciar: sólo abandonaría el cargo en caso de que la Legislatura le negara el acuerdo requerido por la Constitución. A raíz de la “exoneración injustificada” de Castro presentaron su renuncia varios funcionarios más. Simultáneamente, comenzó a gestarse otro conflicto, esta vez de índole gremial, que traería mucha cola: el de los trabajadores tranviarios.

La huelga de los tranvías

Ese mismo 26 de noviembre los guardas y motormen de la empresa belga de tranvías eléctricos se reunieron en asamblea. La intención era bregar por el reintegro de veinticinco “miembros y fundadores de la Sociedad de Guardas y Motoristas”[7]. Dos días más tarde, una comisión integrada por representantes de los tranviarios, se reunió con Infante. Éste les manifestó su apoyo, pero recomendándoles que agotaran en primer término todas las instancias de la negociación pacífica. En la misma reunión, los empleados le entregaron el pliego de condiciones.

Ante la intransigencia de ambas partes, el 1º de diciembre estalló la huelga. Ocurrió entonces algo singular: un grupo de unos ochenta manifestantes, liderados por el diputado radical José Chiozza, se movilizaron hasta la Municipalidad. Los policías, que tenían orden expresa de prohibir la manifestación que en el mismo lugar habían programado los tranviarios, los dejaron pasar. Pudieron así vociferar a su antojo, insultando a Infante y de paso a todos los españoles, lo que motivaría en breve las airadas quejas de la colectividad. El propio Chiozza pateó la “pizarra” ubicada en la puerta del Palacio Municipal.

En este primer día apenas si se produjeron algunos incidentes aislados, tales como la rotura de los vidrios de algunas ventanas de coches que, aunque en número reducido, salieron a cumplir con los recorridos habituales. La policía se instaló en las plataformas de los vehículos y los trabajadores adoptaron como punto de reunión el Centro Socialista, sito en Sarmiento y Mendoza. Mientras tanto, el tráfico se resintió sobremanera, siendo muy alto el acatamiento a la huelga. Durante toda la jornada, se sucedieron intensas reuniones entre representantes de la empresa y de los huelguistas con el intendente, sin que se consiguiera llegar a un acuerdo[8]. Sin embargo, tanto Infante como el mismo diario La Capital repetían, una y otra vez, que las diferencias entre ambas partes eran mínimas y la solución inminente.

Al llegar la noche de aquel domingo 1º de diciembre de 1912 ningún tranvía circulaba por las calles de Rosario. Al día siguiente, lunes 2, el servicio no fue regularizado y salieron, según La Capital, sólo cuarenta coches. De setecientos empleados, trabajaron únicamente cien. Fue entonces que se produjo un “accidente lamentable”. Uno de los motormen que no se plegó a la medida, el español Emilio Gómez, de treinta y cinco años, mató de un disparo de revólver a un compatriota suyo, también empleado de la empresa y huelguista, Antonio González, de veintidós. Llama la atención el hecho de que González también estuviese armado. Este detalle, sumado al patrullaje permanente por parte de la policía, nos habla a las claras del clima de violencia latente que reinaba en las calles. Resulta también significativa la advertencia del propio diario:

"En cuanto a los huelguistas se refiere directamente, es posible que con la docilidad y el buen tino consigan cuanto sea justo y legal; pero es indudable que con la violencia no conseguirían más que apresurar los resultados de la huelga en un sentido enteramente desfavorable para su causa"[9].

La amenaza, si bien velada, se percibe de inmediato. En el momento en que los huelguistas abandonaran los cauces del diálogo y de la serenidad la represión caería sobre ellos, abortando cualquier esperanza de obtener lo que buscaban. Así las cosas, fracasó una nueva reunión entre las partes. La empresa pretendía ahora readmitir a los despedidos y a los huelguistas, permitiendo que éstos conformaran su sindicato pero haciendo constar que las razones de la huelga nunca habían existido, ya que en ningún momento se habían obstaculizado las pretensiones de los trabajadores. Éstos, indignados, rechazaron tales afirmaciones.

Finalmente, el 3 de diciembre se formalizó el acuerdo. El éxito de la huelga fue completo: todas y cada una de las reivindicaciones de los trabajadores fueron atendidas. Al llegar la noticia del convenio al Centro Socialista la alegría se apoderó de los trabajadores. Sin embargo, es importante aclarar que aunque el Partido Socialista ofreció su apoyo, los tranviarios no se hallaban identificados con ningún grupo político. Las reivindicaciones eran puramente materiales. Tampoco los anarquistas o la UCR parecieran haber participado del movimiento.

Ese mismo día fue el sepelio de Antonio González. Es muy interesante constatar el grado de teatralidad y de magnificencia que lo rodeó. Todos los actores que participaron de la huelga estuvieron allí: los trabajadores, el intendente, y representantes de la empresa y del PS. Las coronas fueron numerosas y de la mejor calidad, la caravana fúnebre resultó multitudinaria y los discursos en el cementerio de la Piedad brillaron por su emotiva elocuencia. Infante no sólo habló, sino que cargó el ataúd junto a los obreros. Su estampa patriarcal resalta en una fotografía publicada por La Capital el 4 de diciembre. Generoso en extremo, no sólo costeó su propia corona sino que ofreció dinero de su bolsillo en caso de que la colecta organizada por los trabajadores para pagar el entierro no fuese suficiente.

Casi simultáneamente, y quizá estimulado por el éxito de sus gestiones como mediador, Infante propuso una curiosa investigación, que traería consecuencias. A través de un decreto encomendó al director de la Asistencia Pública el “estudio detenido” de los salarios percibidos por los trabajadores municipales en relación a sus necesidades materiales, de modo tal de otorgar a esta retribución una “base científica”. Dicho en otras palabras, lo que el intendente estaba propiciando era una serie de mejoras salariales, acordes con la función y jerarquía de cada trabajador, partiendo del peón más humilde hasta llegar al personal más calificado[10]. Pero este ímpetu reformista de Infante no tardaría en chocar con serios obstáculos.

Declaración formal de hostilidades

El 17 de diciembre hubo una nueva sesión en el Concejo. Infante asistió, como era su obligación y costumbre. Hasta entonces, la hostilidad de los concejales hacia su persona había sido más bien velada y había permanecido circunscripta dentro de ciertos límites. Pero los ánimos venían espesándose. Algunas diferencias con el procurador municipal Domingo P. González habían llevado a su destitución, luego de diecisiete años de servicio. González no aceptó la decisión del intendente y elevó notas al Poder Ejecutivo provincial en las que se alegaba que, a pesar de haber obtenido la carta de ciudadanía exigida por la Constitución de Santa Fe para poder ejercer la intendencia, Infante no se hallaba habilitado por no haberse cumplido seis años. Este hecho, según González, tornaba absolutamente ilegal la designación del intendente y por ende todas sus resoluciones se hallaban viciadas de nulidad.

Con estos antecedentes, la presencia de Infante en la sesión desencadenó un incidente violento y gracioso a la vez. Su ingreso al recinto por la misma puerta empleada por el público de la barra, motivó la airada protesta del presidente del Concejo, el doctor Correa, quien apeló al reglamento. El intendente, iracundo, desanduvo sus pasos, volvió a entrar por el mismo sitio, y a los cinco minutos de iniciada la sesión, se peleó a los gritos con los ediles y abandonó el lugar. El presidente del Concejo llamó a la policía y la sesión continuó. Durante su transcurso Infante envió tres fogosas notas que fueron leídas por Correa. En una de ellas protestaba porque el presidente dejaba entrar únicamente al “escogido de público” que él deseaba y que le convenía. Los concejales se defendieron de ésta y otras acusaciones apelando a la “autonomía” de los poderes municipales. Como era de esperar, el diario La Capital, órgano periodístico de la Liga del Sur, defendió la postura de Correa y compañía. Infante apeló a sus influencias en el seno del gobierno provincial, pero esta vez los radicales le negaron su apoyo. Mientras finalizaba el año 1912, el intendente iba quedando cada vez más solo y su base de sustentación se debilitaba cada vez más.

La propuesta impositiva de Infante y la redistribución del ingreso

La siguiente batalla perdida por Infante fue la discusión acerca del presupuesto del año 1913. Ésta se llevó a cabo entre el 30 de diciembre de 1912 y los primeros días de enero de 1913. Infante presentó al Concejo un proyecto muy audaz y revolucionario para la época. En el mismo, se creaban dos impuestos generales progresivos sobre la renta y el capital, aliviándose la carga sobre las clases populares y el consumo. Asimismo, se preveía la descentralización de la Asistencia Pública, construyendo hospitales en diferentes puntos de la ciudad. En lo atinente a las remuneraciones de los trabajadores municipales, se consignaba un aumento importante de todas ellas. El intendente consideraba que la menor de las retribuciones tenía que corresponder al trabajo material pero al mismo tiempo afirmaba que el último de los peones debía percibir una suma suficiente como para asegurarse “la vida plena a que tiene perfectísimo derecho”[11].

Pero este proyecto no pasaría del papel. El Concejo Deliberante rechazó de plano cualquier impuesto sobre el capital y la renta, por considerarlo económicamente inviable y por añadidura contrario a derecho, ya que entraba dentro del campo de la legislación provincial:

"Campea en el proyecto el propósito inmoderado y hasta insensato de castigar al propietario y al capitalista en provecho de las clases menos acomodadas. Para conseguirlo se establece una gabela a la propiedad en progresión cuya razón aumenta paralelamente al valor de aquella y pensando que si una casa de $20.000 debe pagar el 4%, a una de 1.000.000 corresponde el 10%.

Si el doctor Infante se hubiera propuesto alejar del Rosario los más fuertes capitales no podría haber inventado un procedimiento mejor (...) como los propietarios urbanos no habrían de resignarse a tanto despojo es evidente que tratarían de resarcirse estrujando al mismo proletariado en cuyo obsequio parece inspirarse la estupenda innovación.

Esta situación no la ha previsto el autor de tanta insensatez; y así sin barrios comunales para obreros y empleados; sin seguros de vida y de accidentes, sin crear ninguna de aquellas instituciones que aún se discuten en las naciones más florecientes de la tierra, creadas para preservar la felicidad del pobre contra los avances del capital, entrega maniatada en manos de éste la suerte presente y futura de los trabajadores."[12]

Los concejales no hicieron más que dar vuelta el argumento de Infante. Los que verdaderamente celaban por los derechos de los trabajadores eran ellos, mientras que el intendente, proponiendo medidas absurdas y a la vez injustas, no hacía más que hundirlos. Esta tensión entre Infante y los ediles creció hasta tal punto que en la sesión del 10 de enero fue conformada una comisión para investigar supuestas irregularidades en la construcción de los barrios obreros “Godoy” y “Mendoza”. Antes de ser intendente, Infante había conformado una sociedad inmobiliaria con el propósito, finalmente concretado, de erigir viviendas populares en los suburbios rosarinos.

Mientras se iniciaba esta investigación, el 15 de enero de 1913 se desarrolló una sesión más que tormentosa. Apenas iniciada la misma Infante se trenzó en un acalorado debate con uno de sus más implacables enemigos, el concejal Calderón, a propósito de una palabra que según el intendente no constaba en el acta de la última sesión. Sorprende una vez más la puerilidad de la disputa, muy alejada en todo caso de cualquier conflicto estrictamente político.

Mucho más importante para el análisis es la huelga desatada por los carreros y barrenderos de la Municipalidad, a quienes meses atrás, durante la intendencia del coronel Goulú, se les había otorgado un aumento encubierto. Haciendo figurar en las planillas mayor número de peones que el real, éstos cobraban los $2,5 diarios que habían solicitado y que significaba un aumento de $0,3. Con el transcurso de los meses los trabajadores se vieron resentidos por el aumento generalizado del costo de vida, lo que tornó insuficiente esta cifra. Al llegar enero y no aprobarse los fondos necesarios dentro del nuevo presupuesto, los jornales volvieron a la situación previa al aumento, es decir, a $2,2. Infante se declaró partidario de los trabajadores y el Concejo en pleno encontró entonces una nueva excusa para justificar sus ataques.

En el transcurso de la sesión un grupo de personas que La Capital denominó “radicales e infantistas” se ubicó en la barra, aplaudiendo las intervenciones del intendente en el debate y abucheando a los ediles. No queda claro quiénes eran estos individuos. En ningún lugar se dice si se trataba de los mismos peones, posibilidad para nada descabellada. Asimismo, la diferenciación entre “radicales e infantistas” nos sugiere que alguna fracción de la UCR se movilizó para apoyar a Infante. Decimos “alguna fracción” puesto que ciertos sectores de la UCR se habían manifestado hostiles hacia el intendente.

La barra acabó por ser desalojada por la policía y la sesión prosiguió, con los ánimos algo calmados. Calderón sostuvo que la huelga de los peones municipales ocasionaba un perjuicio muy importante a la ciudad, por lo que debía resolverse inmediatamente. El aumento a $3 diarios de jornal debía ser “estudiado” por el Concejo y no aprobado de inmediato ante la presión de los trabajadores. Por otra parte, Calderón juzgó excesiva esta paga, siendo que ni los peones del ferrocarril ni los albañiles ganaban tanto dinero. Infante protestó contra estos dichos y ratificó su pleno apoyo a los huelguistas. Entonces Calderón acusó a Infante de incitar a la huelga a los trabajadores cuando ordenó un informe al director de la Asistencia Pública acerca de cuánto debían ganar éstos. El director habría respondido que, para vivir adecuadamente, los peones deberían percibir $3,5 diarios. Hasta el momento que se resolviera la situación, Infante había prometido pagarles 30 centavos más de su bolsillo a los peones. Esto también fue denunciado por Calderón. Finalmente, se produjo el rechazo unánime del Concejo al aumento pero se aprobó otra moción en la que se destinaba una partida extra para la segunda quincena de enero y la formación de una comisión de concejales para resolver definitivamente el conflicto. Con este parche, que volvió a colocarse en febrero, el conflicto fue postergado y el verano transcurrió con relativa tranquilidad.

Mientras tanto, la comisión designada para estudiar la construcción de los barrios “Mendoza” y “Godoy” constató algunas irregularidades. No se habían pagado los impuestos correspondientes a la Municipalidad y además la luz y el agua las proporcionaba una empresa privada, en la cual el propio intendente se hallaba involucrado. Infante asistió a la sesión del 7 de marzo, en la que se trató el asunto e improvisó un discurso en su defensa. Al culminar el mismo, bajó una ovación desde la barra, que se hallaba colmada de “infantistas”. Mientras el acusado abandonaba el recinto y era llevado en andas por la multitud, reunida luego bajo el balcón de su casa para escuchar una nueva y encendida diatriba, los concejales comenzaron a urdir el pedido de destitución del intendente, que según la ley estaban en condiciones de elevar al gobernador. El 14 de marzo, día de la siguiente sesión, las discusiones siguieron e Infante volvió a irse antes. En una resolución unánime, el Concejo resolvió no volver a sesionar hasta que el gobernador no se expidiese al respecto.

Así las cosas, la ciudad se quedó sin uno de sus poderes e Infante, por varios días, debió gobernar solo. A todo esto, los fondos destinados a pagar los 30 centavos de aumento a los peones municipales habían sido aprobados provisoriamente por el Concejo hasta el 31 de marzo. Una semana antes de que se cumpliera el plazo los trabajadores comenzaron a amenazar con recurrir nuevamente a la huelga. Infante reiteró su apoyo y La Capital, una y otra vez, lo tildó de “huelguista” y de “socialista”. Mientras tanto, el gobernador Menchaca se reunía con Infante y le recomendaba prorrogar el aumento por cinco días más. El 5 de abril el mismo Menchaca, en el discurso de apertura de las sesiones legislativas, ratificaba a Infante en su puesto y desoía las protestas del Concejo Deliberante. Pero los días de Infante estaban contados.

Tal como se esperaba, el 6 de abril se desató la huelga. Tres días bastaron para dejar las calles de la ciudad sucias y malolientes. El 10 de abril, cuando todo había terminado, el aristocrático periódico “Monos y Monadas” describió esas jornadas apelando a un humor sarcástico, cuyos dardos iban dirigidos al intendente. Esta revista publicó además una profusión de fotografías de las calles de Rosario en esos días, con los carros de recolección de basura alineados e intactos en largas hileras y los grupos de huelguistas conferenciando. Es notable el aspecto andrajoso de estos últimos y resultan crueles algunos de los comentarios al pie de las imágenes: “dos huelguistas que tienen fe en el Intendente”, “batitú en su elemento inquiriendo datos”, “las bomboneras a la sombra”, “exposición de tachos y de tiestos”, “encantos de la higiene”, etc.

El 8 de abril este estado de cosas vio bruscamente su fin. J. Daniel Infante elevó su renuncia al gobernador de la provincia. Al día siguiente, los barrenderos y basureros municipales volvían a su trabajo.

Conclusión

Desaparecido el enemigo común, el Concejo ardió en feroces disputas internas. Los barrenderos obtuvieron un aumento provisorio (otro parche) y en el horizonte comenzó a delinearse otra tormenta: la segunda huelga tranviaria. Ésta se desarrollaría durante los meses de mayo y junio de 1913, siendo su desenlace mucho más violento y contrario a los intereses de los trabajadores. Pero éste es tema de otro estudio.

Los cuatro meses y medio de la intendencia de Infante estuvieron atravesados por las tensiones y las contradicciones. No basta con referirse al marco histórico más amplio ni con caracterizar a J. Daniel Infante como una suerte de prohombre local. Las apreciaciones más esquemáticas pecan de idealistas y de simplificadoras, puesto que la realidad es mucho más compleja de lo que podría ofrecernos en una primera mirada.

Parece más plausible la idea de que Infante fue una personalidad sumamente problemática. No podemos decir de él que fuese un personaje intachable, y siempre en colisión con el ingrato ambiente que lo rodeaba. Por otra parte, no siempre actuaba conforme a su ideario socialista. Cuando la situación se tornó insostenible, el intendente no dudó en amenazar a los huelguistas con su reemplazo, y en cuanto la infracción respecto a los barrios “Mendoza” y “Godoy” quedó al descubierto, realizó una enérgica defensa de la propiedad privada frente a los poderes e intereses públicos que casi rozaba el anarcoliberalismo. No hay que dejarse influir demasiado por las acusaciones de los concejales y de La Capital: Infante no era ni “socialista” ni “huelguista”, aunque estuviese bastante más a la izquierda que sus antiguos correligionarios de la Liga y presentase iniciativas muy concretas de carácter eminentemente reformista.

Como última observación, es necesario decir algo más acerca de los personajes y de las situaciones que desfilaron por estas páginas.

Hay una esfera que, desafortunadamente, se nos escapa, y ésta es la de las relaciones personales, las más cotidianas y las más íntimas, que estas personas y estos grupos entablaban y que nosotros apenas si podemos intuir. Sin embargo, esta circunstancia no debe llevarnos a negar sus existencia y a estudiar el pasado como si éste se tratase de un limbo en donde los conceptos se entrechocan. Antes que ideas, tenemos frente a nuestros ojos de historiadores a seres de carne y hueso. Esta dimensión íntima es la que debiera prevalecer en nuestro análisis, más allá de los marcos generales, que también importan. Nunca lograremos aprehender, a ciencia cierta, todas las facetas de la personalidad de Infante y mucho menos nos será dado restaurar la trama completa de las relaciones entre los protagonistas. Aquel Rosario de 1912-1913, con sus 216.000 habitantes, sus calles empedradas, sus tranvías eléctricos, sus carros de basura arrastrados por caballos y conducidos por figuras casi espectrales, sólo regresa a nosotros en las fotografías blanco y negro y en los textos borroneados y amarillos de los diarios de la época. Con estos pobres restos, con esta tosca e impalpable materia prima, se escribe y se sueña la historia.

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RESUMEN

La intendencia de J. Daniel Infante en Rosario (1912-1913): las paradojas de un socialista español

Julián Daniel Infante (1863-1930), inmigrante español nacionalizado argentino, fue designado intendente de Rosario el 20 de noviembre de 1912 por el gobernador de Santa Fe Manuel Menchaca, y gobernó la ciudad hasta el 8 de abril de 1913, durante cuatro meses y medio de difícil gestión. Su figura, al decir del diario rosarino La Capital, parecía ser la “síntesis de todas las contradicciones”. Socialista y republicano, ex miembro de la Liga del Sur y amigo de los radicales, español y argentino, defensor de los trabajadores y burgués, Infante procuró en vano llevar a la práctica un programa decididamente progresista. Terció en los conflictos laborales, apoyando a los huelguistas, bregó por la autonomía política de Rosario y propuso un nuevo código tributario municipal, para que los más pudientes pagasen más impuestos y así se aliviase la miseria de las clases bajas. Aunque fracasó y se vio obligado a renunciar, su efímera gestión merece un análisis minucioso, puesto que nos proporciona valiosas claves para entender la época y sus personajes.

Palabras clave: Infante - socialismo - radicalismo - autonomía local

ABSTRACT

Daniel Infante, mayor of Rosario (1912-1913). A paradoxical Spanish socialist

Julián Daniel Infante (1863-1930) was a Spanish immigrant who became naturalized as an Argentine citizen. The governor of Santa Fe province, Manuel Menchaca, designated him mayor of Rosario town on November 20^th 1912. He governed till April 8^th 1913, for four hard months and a half. The local newspaper ‘La Capital’ defined him as ‘a synthesis of all contradictions’. He was a socialist and a republican, a former member of the ‘Liga del Sur’ and had a friendship with Radical Party supporters. He was Spanish and Argentinian, and he was a high-class citizen but supported the cause of working class rights. As a mayor, he helped workers who went on strike action. Besides that, he supported the local autonomy of Rosario and proposed high taxes for high-class people and low taxes for the working-classes, just in order to improve their standard of living. Even though he failed and resigned as a mayor, it is fruitful to study Infante’s policy, because it has valuable keys to understand the period and its people.

Key words: Infante - socialism - radicalism - local autonomy

Notas