MANIFESTACIONES DEL BANDOLERISMO RURAL Y DE LA ACCION ESTATAL EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

Manifestaciones del bandolerismo rural y de la acción estatal en la Provincia de Santa Fe. Un caso particular: la trayectoria delictiva de los hermanos Alarcón (1865-1871)

José Miguel Larker(*)

Introducción

Las dimensiones que han adoptado las manifestaciones de resistencia y de rebeldía de los grupos subalternos en sociedades que se encuentran en proceso de transición hacia formas de organización plenamente capitalista, abarcan una amplia gama de posibilidades que van desde las insurrecciones de masas que generan las revueltas, los motines o las revoluciones, hasta aquellas que se desarrollan en forma individual o en pequeños grupos y se expresan, por ejemplo, trabajando más lento, evadiendo impuestos o desertando del ejército. En otras ocasiones la conflictividad se ha generado a partir de la acción violenta y criminal que se lleva a cabo cuando uno o varios hombres roban y atentan contra la vida de otros. De esas numerosas formas de comportamiento social, nos hemos interesado por las últimas mencionadas, aquellas que genéricamente han sido identificadas como bandolerismo. A ellas le dedicaremos este estudio. Referirnos a prácticas que implican la expropiación violenta de algún bien sin ningún derecho reconocido y que frecuentemente van acompañadas de delitos contra las personas, como hemos señalado, es poner la atención en lo que comúnmente se ha definido como bandolerismo, o bandolerismo rural ajustándonos a lo que aquí estamos presentando. Vinculado a ello, en las últimas dos décadas fundamentalmente y de la mano de las contribuciones que Eric Hobsbawm[1] realizara sobre el tema, se han ido desarrollando en Argentina algunos estudios que intentan dar cuenta sobre el fenómeno. Son conocidos los trabajos de Hugo Chumbita[2], Francisco Juarez[3], Raúl Fradkin[4] y algunos de los miembros del GEHISO[5] que, desde distintas perspectivas y enfoques, han dado cuenta de formas de comportamiento social a las que llaman bandolerismo rural. En algunos casos se trata del estudio de bandidos santificados o de ladrones del tipo Robin de los bosques; en otros de gavillas de saltadores de caminos que son temidas como montoneras. A estas se les agregan otras tipologías, que van desde los bandidos cuya actividad requiere de la “organización de proyectos”, a los simples criminales comunes.

Frente a las distintas formas de abordar las temáticas, resulta dificultoso encontrar puntos de contacto entre las mismas, aunque todas hayan estado directamente asociadas al desarrollo del enfoque de Eric Hobsbawm y a los intentos de su verificación, corrección o refutación. Cabe recordar que Hobsbawm ha denominado bandolerismo a una de las formas en que se expresa la resistencia campesina y por lo tanto, quienes lo practicaron fueron considerados criminales por el Estado, pero aceptados, respetados e integrados a la sociedad de la que provenían. Los estudios de Hobsbawm han considerado al bandolerismo social como la expresión más primitiva de aquellos movimientos sociales a los que calificó de “arcaicos” o “pre-políticos”, porque sus propósitos eran “la defensa o restauración del orden tradicional de las cosas”[6], terminar con los abusos, eliminar y vengar las injusticias y poner en práctica un criterio más justo de la relación entre los hombres.

Por otro lado, Hugo Chumbita ha planteado que bandolerismo, es una denominación genérica, elástica, una forma de llamarle a un género de actividades y a un género de vida que históricamente es cambiante. Buscando una definición al término, nos informa que tradicionalmente se lo ha aplicado al salteador de caminos, al personaje que actúa sobre la gente que vive en ámbitos rurales, en los que es difícil que llegue la policía. Observa que el bandolerismo no es un delito particular y que su definición es compleja[7]. Cuando Raúl Fradkin se refiere al tema, lo hace observando en el mismo una forma de acción colectiva influida, de alguna manera, por el contexto político de la época y en la que sus resultados pudieron tener implicancias políticas que trascendieron a las que se generaron como acción y reacción frente a esos actos[8]. En lo que respecta a la interpretación que realizan los miembros del GEHISO, nos encontramos con que cuando se refieren al bandolerismo lo hacen aludiendo a “una construcción social característica del mundo rural, enmarcada en la ilegalidad desde el punto de vista del Estado, porque sus actores no responden a las pautas formales del orden jurídico impuesto y que a su vez, involucra a individuos y grupos que han quedado marginados económica y socialmente”[9]. Debemos señalar que para el caso de la llanura pampeana, y del espacio santafesino en particular, Ezequiel Gallo[10] nos informa de la existencia de un tipo de bandolerismo que no se asemejaría a los modelos propuestos por Hobsbawm y se encuadrarían mejor dentro de lo que este mismo historiador identifica como criminales comunes o “gente de los bajos fondos”.

Pese a las diferencias conceptuales hemos considerado oportunas y necesarias las contribuciones que las distintas propuestas mencionadas nos brindan para el abordaje de algunas de las formas de acción delictiva practicadas en territorio santafesino. De lo expresado en ellas, se desprende que la historia del bandolerismo es necesario entenderla en su relación con el poder político, es decir con el poder del Estado, ya que a través de los gobiernos que lo conducen, es él el que ejerce el control y el disciplinamiento sobre las sociedades que habitan los territorios donde tiene jurisdicción. Esto nos ha permitido considerar que depende del mayor o menor poder que se logre ejercer sobre la sociedad, la posibilidad de menor o mayor desarrollo del bandolerismo.

Con el interés puesto en las cuestiones que venimos planteando, nuestra investigación se ha fijado un doble propósito: por un lado, el estudio de algunas de las formas de acción delictiva que se practicaron en el ámbito rural santafesino durante la segunda mitad del siglo XlX. Para ello, reconstruiremos la carrera delictiva que, entre los años 1865 y 1871, desarrollaron dos hombres del Distrito San Lorenzo, los cuales, por su forma de relacionarse con la sociedad y el Estado adquirieron identidad de bandido. Frente a ello, y este es nuestro segundo propósito, nos planteamos analizar el comportamiento del Estado Provincial en relación a los actos que llevaron a cabo aquellos individuos, observando el funcionamiento de las instituciones que tenían a su cargo la prevención, detección y penalización de las acciones y los sujetos en cuestión.

En función de los propósitos señalados y atendiendo a las herramientas conceptuales que nos brindan los trabajos de los historiadores considerados, el trabajo pondrá a prueba la siguiente hipótesis: antes de la constitución plena del Estado Provincial, su poder estuvo limitado en la capacidad de ejercer coacción sobre los individuos que consideraba bajo su autoridad, debido a su propia inestabilidad, falla o ausencia y como producto de las características propias de los instrumentos institucionales y materiales que se necesitaban para alcanzar los fines que el mismo perseguía. La debilidad del poder contenía el potencial para el bandolerismo.

Para trabajar sobre las afirmaciones precedentes hemos recurrido a fuentes documentales provenientes del Archivo de Gobierno y los Archivos de Expedientes Criminales recogidos del Archivo General de la Provincia de Santa Fe. A partir del análisis de los discursos que se desarrollan en los documentos y apelando a la crítica, la contrastación e interrelación de los mismos, construiremos un relato con pretensiones explicativas que nos permitan comprender, negar, matizar o revalidar la hipótesis planteada.

La exposición se ha ordenado comenzando por considerar algunos de los factores que explican la existencia de conductas sociales que encuadran dentro de los comportamientos que asume el bandolerismo rural. Una vez planteado el cuadro general pasamos a reconstruir, en la medida que ello nos ha sido posible, la carrera delictiva de los hermanos Alarcón, atendiendo para ello a sus inicios, con el asesinato de un estanciero inglés y al comportamiento de las instituciones del Estado frente al caso. Se atenderá también a las presiones y percepciones que los representantes del gobierno británico en Argentina expresaron frente al funcionamiento de la justicia en Santa Fe y los fallos que se emitieron. En la continuidad de la exposición, intentamos trascender la descripción y proponer algunas reflexiones en torno a los hechos en que se vieron involucrados los bandidos en su paso por San Lorenzo, San Carlos y Santa Fe. Con ese objeto hemos creído conveniente observar las respuestas que los organismos encargados de la prevención, la represión y el castigo de las prácticas delictivas, dieron a este tipo de accionar. Con ello nuestro trabajo se propone poner a prueba la hipótesis que motiva su desarrollo, tratando de analizar la particular forma que asumió la relación entre el tipo de conductas sociales que nos interesan y las respuestas concretas que el Estado pudo dar, con el objeto de controlar e impedir esos comportamientos.

Factores que explican la presencia de los bandidos

El transcurrir de la segunda mitad del Siglo XIX significó para la sociedad santafesina la participación en el proceso que a nivel nacional llevaría a la construcción del Estado Nacional, en el marco de la constitución de un nuevo orden económico y social que permitió la inserción plena de la provincia en el sistema capitalista como productora de bienes agropecuarios. El período se caracterizó, en el orden político, por momentos de inestabilidad, pero también por la consolidación en el poder del grupo conducido por Simón de Iriondo. En lo social, se observaron un conjunto de cambios muy importantes, como por ejemplo, el aumento progresivo de la llegada de inmigrantes, la instalación de colonias agrarias y la constante incorporación de miembros de la sociedad civil en las milicias para la custodia de las fronteras, entre otros aspectos. Santa Fe iba escapando de la desolación, el aislamiento y el estancamiento propios del período anterior y observaba acrecentar los intercambios comerciales y aumentar el peso demográfico sobre su territorio.

En forma consecuente con lo expresado, quienes ejercieron el gobierno del Estado Provincial fueron movidos a establecer el ordenamiento institucional y normativo que brindara las bases que hicieran posible la constitución de una sociedad y una economía moderna. Entre las funciones primordiales se encontraban las de garantizar la vida y las propiedades de las personas. Ello no fue tarea fácil en “una sociedad que no se halla siquiera territorialmente integrada al dominio estatal, que carece de recursos humanos y económicos para sostener una estructura burocrática mínima que garantice las leyes y de la que no han desaparecido la violencia y los enfrentamientos como vías para imponer la hegemonía”[11].

Desde el precario orden estatal en que se encontraba la provincia al inicio del proceso, se fue estableciendo una legislación que proponía:

Imponer la ley y el orden en el campo (Continuaron en vigencia las leyes sobre vagos y mal entretenidos y se redactaron el Reglamento de Policía Urbano y Rural de 1864, el Código Rural de 1867, por ejemplo)

Proporcionar una fuerza de trabajo para los hacendados (para ello se implementó, entre otras, la obligatoriedad de portar la boleta de conchabo)

Obtener conscriptos para el ejército (con ese objetivo se recurrió al reclutamiento forzado y arbitrario de las personas)

En definitiva, de lo que se trataba era de ir imponiendo un disciplinamiento social con el cual lograr brazos para el trabajo y seguridad para los bienes y las personas[12]. La tarea no fue en absoluto sencilla y solo se la logró luego de décadas de esfuerzo por parte de quienes ejercían el poder. Las dificultades para lograr aquellos objetivos, que no fueron pocas, desnudaban las limitaciones y las debilidades que el poder estatal debió ir superando para imponer el orden que pretendía y ponía de manifiesto algunas de las características propias del área rural del período. Referido a esto último, John Lynch sostiene que “no hay duda de que existía una anomia legal crónica en el campo y un elemento delincuente identificable. Los robos en las estancias, asesinatos, juegos en las pulpería, venta ilegal de cueros y otros productos, viajes sin el permiso correspondiente, todo esto no era invento de las autoridades sino que formaban parte de la vida cotidiana en la pampa”[13]. Esta situación era alimentada a la vez, por la misma lógica que imprimía el disciplinamiento que se intentaba imponer: quienes no deseaban vender su fuerza de trabajo ni ser reclutados para el ejército se convertían en bandidos, es decir, individuos que se resistían a obedecer, ejercitando ellos mismos su poder, a través de la violencia, el robo o el asesinato. Por lo general, se trataba de jóvenes que todavía no se habían decidido por el matrimonio y las responsabilidades familiares que les obligan a permanecer en un lugar y trabajar. Una fuente importante de este tipo de hombres estaba constituida por aquellos que “por una u otra razón, no quedan integrados en la sociedad rural y se ven forzados, por tanto, a formas de vida marginales y fuera de la ley[14].

Los desertores del ejército eran materia disponible para el bandolerismo. La incorporación al ejército en forma coercitiva y violenta era el mecanismo habitual para reclutar a los hombres. Una vez incorporados “estos pobres parias están condenados por los abusos del poder a vivir constantemente armados del sable, creando y destruyendo situaciones que siempre concluyen por serles adversas. En las luchas civiles, la peor parte ha sido para ellos; y durante la paz armada en que los caudillos han mantenido la República, el campamento y los fortines los han alejado de la vida laboriosa y de los sagrados vínculos del hogar”[15].

Por otro lado, las condiciones inhumanas que debían soportar quienes tenían que prestar servicio en la línea de frontera potenciaba los impulsos hacia la deserción. Nicasio Oroño, preocupado por las condiciones en que se vivía en la frontera, le informaba a Marcos Paz que “no se trata ya de la falta de pago y de vestido de la fuerza que la guarnece: es algo peor que todo esto, porque se relaciona con el alimento del soldado y de la familia.

Por una disposición del gobierno nacional [se estableció:] 1º que no debe darse ración de carne a los oficiales, 2º que la distribución de las raciones debe hacerse calculando una res por cada 50 hombres.

Esta medida tiene dos serios inconvenientes [...] la primera deja como se ve sin alimento al oficial obligándolo por este medio a quitarle o reducirle la ración del soldado, porque no teniendo con que atender a su subsistencia tiene forzosamente antes que morirse de hambre, que robar a sus propios compañeros o a los vecinos [...]”[16].

Era común también que durante el período que estamos considerando se incorporasen a las milicias los individuos condenados por la justicia ante los delitos por ellos cometidos. El procedimiento llamaba la atención de los extranjeros, a tal punto que la viajera y escritora alsaciana Lina Beck-Bernard, que vivió en Santa Fe durante 1858 y 1862, observaba: “Supongamos un individuo, autor de un delito que en Francia debiera juzgar el tribunal correccional. Aquí se le hace vigilante o servidor de la policía. Y ya le tenéis, muy jarifo, vestido de camisola roja con gorro del mismo color, galopando a diestra y siniestra, portador de mensajes y órdenes u ocupado en prender a los ladrones. ¿Qué el delito es más grave, por ejemplo robo con premeditación? Entonces hacen del delincuente un soldado por dos o tres años y lo envían de servicio a la frontera norte, en el límite de los indios bravos”[17].

Las circunstancias mencionadas generaban las condiciones para que las deserciones fueran un problema cotidiano en las milicias santafesinas. Estos desertores, estando al margen de la ley, solían dedicarse al bandidaje.

Otros candidatos potenciales para el bandolerismo lo constituían aquellos hombres que se negaban a asumir el papel social manso y pasivo del campesino sometido, aquellos que en términos de Hobsbawm se comportaban como “testarudos y recalcitrantes, los rebeldes individuales”[18]. En la literatura de la época[19] se identificaba a los individuos de este tipo llamándolos gaucho. En términos generales podemos decir que se utilizaba esa denominación para hacer referencia al hombre del área rural que vivía en permanente movimiento, que montado en su caballo se trasladaba de un lugar a otro, que se detenía en las pulperías para participar de algún juego y adquirir los productos que necesitaba para sus vicios (yerba y tabaco); que era pendenciero, que se negaba a respetar las normas y la disciplina que se establecían desde el Estado; que escapaba del servicio militar cuando era sometido a la leva y se hacía desertor; que huía a la frontera y se reunía con el indio cuando, por imperio de la necesidad o las circunstancias robaba, daba una puñalada, se convertía en un delincuente. Ello podía suceder, actuando en bandas o solos. Bajo estas circunstancias, huían quedando fuera del alcance de la ley y la autoridad y, violentos y armados, imponían su voluntad mediante la extorsión, el robo y otros procedimientos a sus víctimas. De esta manera dice Hobsbawm, al desafiar a los que tienen o reivindican el poder, la ley y el control de los recursos, el bandolerismo desafiaba simultáneamente al orden económico, social y político[20].

El asesinato de un estanciero inglés: los Alarcón entran en escena

En 1865, un criador de ovejas inglés fue asesinado por tres individuos de nacionalidad argentina, en las proximidades de Rosario. Los inmigrantes británicos que vivían en la zona ofrecieron una recompensa para quienes capturaran a los criminales. Con ello se inicio la persecución que concluyó con la detención de dos hombres en el ámbito de la provincia de Córdoba y su posterior traslado bajo custodia oficial, primero a Rosario y luego a la ciudad de Santa Fe para ser juzgados. El proceso judicial que debía considerar el caso y dictar condena se fue dilatando en el tiempo y por esa razón, desde la Legación Británica, el señor Encargado de Negocios de S. M Británica Francis Clare Ford se dirigió en varias oportunidades al Gobierno Nacional solicitando mayor celeridad en el juicio. En una nota fechada el 15 de julio e 1866, el Encargado de Negocios señalaba que “puedo informar a V.E. que un individuo llamado José Alarcón, quien ha confesado haber apuñalado al Sr. Marshall y Manuel Cerizo quien ha confesado tambien haber sido testigo ocular del hecho, están actualmente presos en la carcel de Santa Fe y bajo la acusasión del asesinato”[21].

En la misma nota los representantes ingleses, mostrando preocupación por la demora en el trámite, sostenían que era innecesario reunir más pruebas, teniendo en cuenta que José Alarcón “ha hecho confesión del crimen, y que Manuel Cerizo ha declarado ser testigo ocular de él y además tomado en consideración el hecho de las prendas del asesinado, que fue encontrado en posesion de las referidas personas [...]”[22]. Es importante aquí llamar la atención sobre la prueba a la que se hace referencia. Al igual que en los dos casos posteriores en los que se vieron involucrados los Alarcón (el asesinato de Liberato Pacheco y Nemecia Farias y el asesinato de la familia Lefebre), la acción homicida siempre va acompañada del robo y particularmente, del robo de prendas de vestir. El dato nos parece interesante en tanto pone de manifiesto uno de los móviles que impulsan la actividad. La apropiación de esos objetos les permitía a los ladrones la obtención de otros bienes, a través de su comercialización.

Volviendo a lo que era motivo de preocupación para los ingleses, es decir, la demora en la resolución del juicio, aquellos encontraron que entre las causas que retardaban la cuestión estaban las siguientes: “1º que el juez criminal no ha considerado las pruebas suficientemente consumadas [...]. 2º que el juez criminal de Santa Fe fue llamado al ejercicio de otras funciones y que ningún otro juez criminal se había nombrado en su lugar, razón por la cual la causa no podía juzgarse”[23].Del testimonio se desprende que cuestiones de procedimiento, criterios para llegar al esclarecimiento de los hechos y la inexistencia de un juez que se haga cargo de la causa, son algunos de los motivos que permiten entender la lentitud de la justicia. Este mismo problema se observará en el juicio seguido por el asesinato de los Lefebre algunos años después.

El trámite se demoró más de un año y medio. En noviembre de 1866 la Legación Británica seguía insistiendo sobre la necesidad de dictar sentencia. Por esta misma razón, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se dirigieron al gobernador Nicasio Oroño solicitándole que “[...] se sirva activar la resolución de esa causa en que está no solamente interesada la pública y el buen nombre de la administración de justicia de esa provincia sino que puede ser motivo de complicaciones para el gobierno Nacional”[24].

Sin lugar a dudas, las presiones de los representantes del gobierno Británico en la Argentina se hacían sentir frente a las deficiencias y las demoras de la justicia Santafesina para resolver el caso. Como resultado del proceso judicial, uno de los acusados fue sentenciado a diez años de trabajo forzado por considerárselo culpable de homicidio y robo; el otro, fue condenado a tres años de servicios en el ejército, porque se entendió que era cómplice. Las autoridades británicas expresaron que las sentencias eran inadecuadas, pero los informes que se les brindaron indicaron que “según el código penal de Santa Fe, no existía una sentencia intermedia entre diez años de trabajo forzado y la pena de muerte, y que el gobernador de la provincia carecía de poder para alterar la sentencia”[25]. Analizando los resultados del proceso judicial, John Lynch a sostenido que la justicia argentina era indulgente hacia el delito y no lograba retener a los criminales puesto que tres años más tarde, el hombre sentenciado a diez años de trabajo forzado se vio involucrado en el asesinato de una familia en la colonia San Carlos[26]. La pena impuesta a José Alarcón no fue cumplida.

De paso por San Lorenzo. Robo y ¿venganza?

El seis octubre de 1869 se produce el alevoso asesinato de Liberato Pacheco y su esposa Nemecia Farias. Una Nota del Juez de Paz del distrito San Lorenzo al Jefe Político del Departamento Rosario decía al respecto que “no se ha podido descubrir por mas investigaciones que se han practicado á los verdaderos perpetradores de este hecho; hay si vehemente presunciones de que deben haberlo causado los bandidos Alarcón a quienes se les vio atrabezar el rio carcaraña en la mañana siguiente del acesinato, con dirección a Santa Fe” [27].

A través de los testimonios que brindaron los citados a declarar por el Juez de Paz del Distrito San Lorenzo Don Reimundo Barrozo, en el proceso judicial que se inició para esclarecer el asesinato, nos enteramos que durante el transcurso del verano de 1868 cuando se realizaba la cosecha del trigo[28], fue la última vez que Juan Castro, uno de los declarantes, vio a los hermanos Alarcón. Si esto es así, es posible que José ya no haya estado en prisión para esa época. Más allá de la precisión temporal, Juan Guevara, sobrino de los Alarcón, que estuvo preso e incomunicado por considérasele participe del crimen, en su declaración sostiene que hacía mucho tiempo que no veía a José y Mariano Alarcón “[...] desde que uno de ellos se fugó de la pricion ó fue sacado de ella por su hermano, quebrando el sepo.”[29]

Estos dichos de Guevara se ven corroborados en la declaración que tiempo después debiera prestar Mariano Alarcón, con motivo de haber sido apresado por considerársele miembro de la banda que asesinó a la familia Lefebre en San Carlos. En esa misma testimonial Mariano daba cuenta de la suerte corrida luego de haber ayudado a José a huir de la cárcel. Los Alarcón fueron llevados a la frontera. El motivo: “[...] estaban allí en castigo de haber peleado el declarante en San Lorenzo y haberlo sacado a su hermano a vivir fuera del cepo”[30].

Condenados a prestar servicio militar en la frontera, los Alarcón quedaron bajo las órdenes del Comandante General de la Frontera Norte de la provincia, el Teniente Coronel Don Juan V. Jobson. La vida en la frontera no debe haberles resultado nada grata, eran muchas las privaciones y las necesidades a las que estaban sometidos. Por otro lado, recordemos que un número importante de los que hacían las veces de soldados eran individuos que se les enviaba a prestar servicio como forma de cumplir la pena por las infracciones o delitos cometidos[31]. En este contexto, las deserciones se convertían en algo habitual. La falta de pago, la no realización de los relevos en el momento correspondiente, el hambre por no contar con las raciones de carne necesarias, así como el hecho de que quienes iban a cumplir condena terminaran manejando armas y caballos, creaban las condiciones para la fuga[32].

En el transcurso de 1869, tal vez durante el mes de julio, Mariano y José desertaron de las filas del Ejército, en la frontera Norte. Durante la fuga, pasan por San Lorenzo, coincidiendo su presencia en el lugar con el asesinato de Liberato Pacheco y Nemesia Farias. Todas las sospechas recaen sobre los hermanos. Uno de los testimonios que los involucra es el de Martina Sequeira, madre de la esposa de Pacheco, tía de José y Mariano y hermana de Isidora sequeira, la madre de los Alarcón. En el interrogatorio Martina manifestó: “que un hijo de Liberato fue corriendo y llevando en sus brazos a la chica menor que ha quedado gravemente herida sobre el hombro y le dijo que dos hombres estaban asesinando a su padre y a su madre [...] ella se fue á casa de su finada hija [...] interrogó al chico sobre lo que acababa de pasar y este le dijo: que a su papá le habían pegado una puñalada los asesinos al dentrar á la casa y asi herido se había disparado, quedando matando a su mamá, que despues de haberlo muerto se pusieron a reunir las prendas y ropa de mas valor que habia en la casa y se marcharon. Que los asesinos eran dos hombres altos morenos que iban la cara atada y las armas que tenían eran dos cuchillos que usan los carniceros.

Preguntada si sabe ó a oido decir quienes son los asesinos de Pacheco y de su esposa, responde que no sabe [...]; pero infiere que deben ser los Alarcón sus sobrinos; que la noche anterior á la del asesinato se presentaron dos hombres en la casa de Pacheco, a pedirle permiso para alojarse [...] y Pacheco no queriéndole dar alojamiento cerró la puerta. Cree que estos deben ser los Alarcón. Preguntado que otra cosa sabe sobre el particular. Responde que su hermana Isidora siempre le abisaba en confiansa todas sus correrías de estos por que esta vez no le habia dicho una sola palabra referente a ellos siendo que se sabe que han estado esas noches anteriores al asesinato porque la mañana siguiente los han visto pasar el carcaraña por el rincon de Grondona”[33].

En la cita aparecen los principales elementos tenidos en cuenta por el Juez de Paz para presumir que los autores del crimen eran los Alarcón. En función de esas declaraciones, el Jefe Político del Departamento Rosario dio comisión especial al Comisario General del Norte Don Silverio Córdovas para que con toda celeridad apresara a los Alarcón. De las investigaciones practicadas por este, Pascual Rosas pudo informar que “ha obtenido este el conocimiento que los acusados se han dirigido hasia el punto del Sauce Jurisdicción de la capital de Santa Fe y aunque los ha perseguido con tenacidad no ha podido darles alcanse dentro de los limites de este departamento teniendo que circunscribirse a dar cuenta de lo ocurrido á las autoridades del Departamento La Capital y recomendar la captura de los individuos [...]”[34].

José Alarcón, Mariano Alarcón y

Bartolo Santa Cruz: “asesinos profesionales”

Para cuando el sumario, que contenía las declaraciones tomadas por el Juez de Paz de San Lorenzo y las actuaciones practicadas, fue firmado por el Juez de Primera Instancia en lo Criminal, hacia ya una semana que Mariano y José Alarcón, junto a Bartolo Santa cruz habían pasado por el almacén de ramos generales de Enrique Lefebre, asesinado a cuatro miembros de la familia y robado los objetos que tuvieron a su alcance. Como lo señalara el informe enviado por el Comisario Silverio Córdovas, los bandidos se habían dirigido al Sauce y desde allí partieron para ir a casa de los Lefebre.

El Sauce era un poblado de aproximadamente setecientas personas entre indios, descendientes de los aborígenes que habían sido trasladados desde el Rey durante el gobierno de Estanislao López, y criollos. Para la década de 1860 El Sauce ya había perdido el carácter estricto de reducción. El lugar hacía las veces de cantón de soldados al mando del Coronel Nicolás Denis. Según expresión de Gastón Gori, el poblado no era en conjunto, una sociedad aborigen entregada al pillaje y enemiga de los cristianos. Era si un reducto desde donde salían o donde encontraban amparo malhechores similares a otra gente que actuaba en los departamentos de la provincia y que formaban una especie de “bajo fondo de las Pampas”[35]- Las consideraciones de Gori coinciden con lo apuntado por el señor Bek Bernard en una carta que enviará al diario La República, fechada en San Carlos el 6 de noviembre de 1869 poco tiempo después del asesinato de los Lefebre. En la misma se justificaba la reacción de los colonos sancarlinos, que luego del horroroso crimen se dirigieron al Sauce y mataron al Coronel Nicolás Denis y a dos mujeres por considerar que estaban encubriendo a los asesinos. En un pasaje de la epístola decía: “ [...] que les constaba por la experiencia que el Coronel Denis solía prestar en El Sauce apoyo y asilo a todos los criminales, ladrones y desertores que se refugiaban allá; que se burlaba hasta del Superior gobierno cuando este le exigía que le entregase algún reo escondido bajo su amparo. Varias muertes aisladas fueron cometidas en las colonias en los últimos dos o tres años por gauchos de esta clase; pero ninguna ha sido castigada debidamente. La mayor parte se escapó [...].”[36]

El Sauce era, según lo señalado, un reducto donde encontraban cobijo todo tipo de delincuentes[37]. Prueba de ello es que allí vivía Bartolo Santa Cruz, un hombre natural de Santa Fe, mencionado como cabecilla de la banda que asesinó a los Lefebre. Este personaje había llegado a ser ayudante del Coronel Denis, pero fue destituido tiempo antes de la acción criminal. Entre los antecedentes de Santa Cruz figuraba una acusación por el crimen de la familia Guerin de Esperanza, no siendo condenado por falta de pruebas.

La consulta a las actas parroquiales de San Jerónimo del Sauce nos han permitido saber que este “gaucho bandido de negra historia”[38], estaba casado desde julio de 1866, con Rosalía Maturano o Necto, natural de San Lorenzo, hija de Tomás Maturano y María Juliana Roldán; que Bartolo y Rosalía tuvieron dos hijos: Ramón que nació el 14 de julio de 1867 y Bonifacia bautizada el 13 de mayo de 1869[39]. Resta decir que Santa Cruz tenía una pulpería en el Sauce y mantenía negocios con el señor Enrique Lefebre[40].

Los datos apuntados son de interés en varios sentidos. En primer lugar porque Bartolo Santa Cruz no respondía a las características un bandido. Su condición de casado, padre de dos hijos y propietario de una pulpería no concuerdan con las del hombre soltero y sin ataduras a un lugar, aspectos estos que favorecen el accionar de los salteadores y homicidas, como es el caso de los hermanos Alarcón. Por otro lado, el vínculo que ponía en contacto a Santa Cruz y Lefebre eran las actividades comerciales que ambos desarrollaban. Según nos informa Gschwind, Santa Cruz debía a Lefebre unos 300 pesos bolivianos y el Sancarlino le había solicitado en varias oportunidades que se los devolviese. El otro dato que nos interesa señalar es el hecho de que Mariano Alarcón, durante su estadía en El Sauce, estuvo viviendo en casa de Tomás Maturano, el suegro de Santa Cruz. Si tenemos en cuenta que Rosalía, la esposa de Bartolo era natural de San Lorenzo, podemos especular que existía algún vínculo o conocimiento previo a la llegada de los Alarcón al Sauce, que los ponía en relación con aquellos. De todas maneras esto queda solo en el terreno de la especulación.

En el párrafo anterior hemos hecho mención a la deuda que Santa Cruz tenía con Lefebre. Esta sería, según se nos informa, la causa o móvil que llevó a la banda a cometer el asesinato del comerciante de San Carlos y a tres miembros más de su familia[41]. Nosotros consideramos que, sumado a este factor se debe agregar la intención de robo, tal cual lo habían hecho los Alarcón en otras oportunidades. Recordemos que en el asesinato del inmigrante inglés el móvil fue el robo y que en el caso de Pacheco-Farías, si bien puede inferirse que se buscaba vengar el rechazo a no darles alojamiento, lo cierto es que luego de ultimarlos procedieron a robar las prendas y ropas de más valor que había en su casa.

Para lograr su cometido la banda estuvo actuando durante todo el día en San Carlos, haciendo averiguaciones y esperando el momento oportuno para actuar. Al respecto Luis Perla dijo en su declaración que un hombre había estado en su casa preguntándole sobre Lefebre y particularmente “si sabía que había algun hombre en el puesto de Lefebre”[42]. Otro vecino de San Carlos, Don Eusebio Bustos encontró en su casa a José Alarcón cuando serían cerca de las 9 o 10 de la mañana. Este le pidió permiso para desensillar y pasar la siesta, lo que hizo tendiendo su recado bajo una carreta que estaba al lado de la casa. También manifestó Bustos que a la hora de comer el declarante le convidó, y que Alarcón le contestó que ya había comido mucho en lo de Lefebre[43]. Rey declaró que al bajar el sol, cuando iba con su madre Julia Carmen de Rey para la casa de un vecino, encontró en el camino a tres hombres “americanos” que iban en dirección a la casa de Lefebre, y que cuando volvían a su casa al pasar por frente al almacén “vio que del lado de afuera de la casa, estaba uno de los mismos que habia encontrado, como en observación [...] y al verlo al declarante y a su madre hizo como si se componía el chiripá”. En otras declaraciones se le adjudicó a Mariano Alarcón el papel de “bombero”, es decir, que permaneció fuera de la casa junto a los caballos para dar información de lo que sucedía, si las circunstancias así lo requirieran, a los otros dos miembros de la banda que fueron los que se cree asesinaron a los Lefebre[44].

El relato de Francisco Rey no se detuvo allí. El juez que tomaba su declaración le preguntó sobre las señas particulares que tenía el hombre que había visto y el modo en que estaba vestido, a lo que el declarante contestó que “era un hombre joven, de regular estatura, un poco grueso, que estaba vestido con chiripá de paño negro, con saco al parecer de ¿? Negra, y sombrero negro y con botas. Que cuando pasó por en frente de lo de Lefebre, lo vio a este recostado sobre el mostrador del lado de adentro, y a los dos hombres (americanos) sentados del lado de la ventana y estaban conversando riendose”.

Lo que siguió al acto criminal nos lo cuenta Vicente Rey, que fue el primero en llegar a la casa luego de que se produjera. El testigo manifestó que al oscurecer, “cuando encerraba sus caballos oyó un rumor de perros y unos gritos en francés que decía; Mon Dieu; Mon Dieu. Y los lloros de algunas criaturas que en ese momento no presto mucha atención”. Luego de cenar decidió ir hasta la casa de los Lefebre puesto que de allí procedían las voces. “Como cincuenta varas antes de llegar encontró un hombre tendido en el suelo, a quien no pudo reconocer, pero que le parecía que estaba herido”. Continúo camino a la casa, golpeo la puerta y la abrió el hijo de Lefebre que debía tener entre 4 y 5 años, llamado Luis. Este le dijo: “aquí ha venido Bartolo Santa Cruz, con otros, y han muerto a Enrique (hijo de Lefebre) y a María (la sirvienta) y han dado una puñalada a mamá pero no ha muerto, está durmiendo”[45]. Rey le preguntó a Luis por su padre y la respuesta fue que no sabía nada del padre, que había salido fuera.

Estas declaraciones concuerdan en un todo con las realizadas por José Place, hermano de Luisa Place, la mujer de Lefebre. José fue uno de los que llegó al lugar del crimen poco tiempo después de que sucediera. El cuadro debe haber sido horroroso. El domingo siguiente a los hechos el Juez de Paz se trasladó hasta la casa de los Lefebre porque sabía que a más de los asesinatos, había habido robos también. En el informe elevado al gobernador, Lubary señala que “a la vista de cuatro asesinatos, entre ellos un chico y una chica, todos los efectos de la tienda y pulpería destrozados y tirados por el suelo, lo mismo que papeles, libros y ultimamente todo lo que contenia la casa [...]”[46]. El médico que inspeccionó los cadáveres, informó que todas las heridas fueron a causa de certeras puñaladas, lo que le permitió sugerir que las muertes debieron ser en forma inmediata y que aquellas tuvieron que haber sido inferidas por “asesinos profesionales”[47].

Al día siguiente del asesinato los colonos de San Carlos se organizaron y se dirigieron al Sauce en busca de los criminales. Como no los hallaron, y creyendo que el Coronel Denis los protegía, le dieron muerte a él, y a dos mujeres. De Bartolo Santa Cruz y José Alarcón no se tuvieron más noticias. Se consideró que debieron haber huido hacia Córdoba o Santiago del Estero. Desde el gobierno provincial se enviaron notas a dichas provincias, a los efectos de pedir captura y remisión. La suerte de Mariano Alarcón fue distinta. Ya volveremos sobre el tema. Consideramos pertinente ahora realizar algunas consideraciones sobre las repercusiones que el asesinato de la familia Lefebre y la reacción de los colonos sancarlinos tuvieron en la órbita del Gobierno Nacional.

En una carta confidencial enviada por el Presidente Sarmiento al Gobernador Cabal, exponía su preocupación frente a los hechos y planteaba que “una anomalía debe hacerse desaparecer, y es la proximidad de indios á las colonias. Cuanto se diga de su inculpabilidad en el hecho incriminado, no justificará jamás las incongruencias de la proximidad y casi contacto de las tribus salvajes y de las colonias europeas. El hecho solo, aunque inocente en sí, condenará de antemano cuanto ocurra ó se invente”[48].

Aquí Sarmiento se estaba refiriendo a los pobladores del Sauce. Al respecto se hace necesario hacer algunas consideraciones vinculadas a nuestro trabajo. En primer lugar no se trataba de tribus salvajes puesto que el poblado, formado por los descendientes de los abipones y criollos, llevaba allí una existencia cercana a los cincuenta años, habían sufrido un fuerte proceso de aculturación[49] y se hallaban en camino a incorporarse plenamente a la economía de la pampa gringa como peones de baja calificación. Además, muchos de estos hombres habían colaborado en la construcción de las colonias de San Jerónimo Norte y Esperanza en sus momentos fundacionales[50]. Sin embargo, es necesario reconocer que entre los habitantes del Sauce también hubo algunos homicidas y ladrones que actuaron en la región[51]. Al respecto cabe señalar que una de las causas fundamentales de la existencia en el Sauce de criminales y desertores, pasaba por la actitud complaciente que frente a ellos tenía el Comandante Denis, máximo responsable ante el gobierno provincial de lo que en ese lugar sucediera. Este militar estaba estrechamente vinculado al grupo político que controlaba el poder en la provincia. Recordemos que Denis participó del levantamiento armado que significó el comienzo del fin del gobierno de Nicasio Oroño[52].

La suerte de Mariano Alarcón fue distinta. Un oficial de Denis, lo aprehendió en la casa de Tomás Maturano y luego se lo llevó al Mayor Denis, hijo del asesinado coronel. Este lo entregó al Gobernador Mariano Cabal cuando se encontraban en San Carlos y desde allí fue trasladado hasta la cárcel pública del Departamento La Capital. Allí permaneció preso durante casi dos años. Durante ese tiempo fue varias veces interrogado por el Juez Isaias Gil. En el desarrollo del proceso Judicial se realizó una rueda de presos para que uno de los testigos identificara a quien creía haber visto el día del crimen. El testigo era Francisco Rey, quien observando a Mariano Alarcón dijo que este le parecía que “era uno de los tres individuos que en la tarde que precedió a la muerte de Lefebre encontró cuando iva a lo del vecino Mariano Didier y el mismo que de regreso, al pasar por lo de Lefebre estaba del lado de afuera de la casa de este como en observación”[53]. Las sospechas de robo se confirmaron también al encontrársele algunas prendas iguales a las que tenía Lefebre para la venta.

El 25 de noviembre de 1870, a más de un año de haberse iniciado la causa, el Agente Fiscal Manuel Leiva, luego de haber estudiado todo el proceso seguido, llegó a la conclusión que solo existían “indicios más o menos veementes que no forman prueba bastante para declararlos reos, de los crimenes que se les acusa de acuerdo al común sentido de los más sabios criminalistas”[54]. En función de las consideraciones que realizó, aconsejó la captura de Bartolo Santa Cruz y José Alarcón para que presten declaración y con respecto a Mariano Alarcón propuso, como medida precautoria, que sea destinado al servicio de armas, poniéndolo a disposición del gobierno. El Defensor General de Pobres y Menores consideró que no existían pruebas para incriminar a Mariano Alarcón y solicitó su libertad.

Cabe recordar que dos meses antes de que el Agente Fiscal y el Defensor General de Pobres y Menores emitieran opinión, Mariano Alarcón se vio involucrado en un nuevo hecho de sangre, esta vez en la cárcel pública. El 17 de setiembre, el Alcaide de la cárcel informaba al Juez que en la tarde del día anterior se había producido una pelea en el calabozo entre los presos Mariano Alarcón y Cecilio Gomez “resultando de ella herido en el vacio derecho con cuchillo el ultimo y aquel también de un botellaso que el preso garcilazo se vio precisado a darle para evitar que siguiera hiriendo a Gomez y quitarle el cuchillo del que estaba armado”[55].

En la denuncia el Alcaide, también señalaba que Alarcón tenía un carácter perverso y camorrero ocasionando frecuentes escándalos en la cárcel. El ataque de Alarcón se había iniciado porque a este le molestaba que Gómez estuviera jugando con un perrito. Por lo demás, las actuaciones procesales continuaron. El 9 de agosto de 1871 se recibió una nota en el juzgado, firmada por Agustín Soto, en la que decía “el alcaide tiene el honor de informar a V.S que el preso Mariano Alarcón fugó de la carcel en la noche del 5 del corriente”[56]. A partir de ese momento Mariano Alarcón, al igual que los otros miembros de la banda, desaparece sin que queden rastros de lo que fue su vida posterior. Se enviaron edictos judiciales a los parajes públicos y de costumbre a los efectos de citar a los prófugos. Poco tiempo después se dio por terminado el proceso.

Ante la fuga de Mariano Alarcón una pregunta, al menos, se hace necesario responder: ¿cuáles eran las condiciones de seguridad de las cárceles y las posibilidades de contención de los presos que estas instituciones poseían? Al respecto es clarificadora la nota que enviara el Ministro de Gobierno Simón de Iriondo a la Cámara de Justicia en diciembre de 1869, cuando Mariano Alarcón ya se encontraba detenido en la cárcel pública. En la referida nota Iriondo explica al Juez del Crimen las razones del traslado de los presos condenados a trabajos forzados a la frontera. Entre los argumentos que esgrime se puede leer:

“las cantidades destinadas por la ley del presupuesto tanto para mantencion de presos, como para el sosten del Piquete que los sirve de custodia es limitadísimo é insuficiente para mantener aquellos y para elevar á este á un mínimo bastante para la completa seguridad de los presos. Agregando esta circunstancia la de no ser la carcel segura, y la de estar los presos en continua é inevitable comunicación con la gente de fuera de la que reciben auxilios para la fuga, se adquiere la convicción de ser indispensable tomar medidas que aseguren los criminales y esta convicción es dolorosamente corroborada por la esperiencia. Desde muchos años atrás no hay un solo criminal condenado á trabajos públicos y á carcel que haya cumplido su condena y un gran numero de ellos se fugan antes de cumplir sus procesos”[57].

Conclusión

Decíamos al principio de este trabajo que las debilidades y las limitaciones del poder estatal contenían el potencial para el desarrollo del bandolerismo rural. Revisando una vez más los hechos en los que participaron los Alarcón, nos encontramos con que en dos oportunidades lograron huir de la cárcel: en el transcurso del verano de 1868, José fugó de la prisión ayudado por su hermano; en la noche del cinco de agosto de 1871 Mariano logró escapar también. Ello demostró que las instituciones carcelarias de la provincia no podían controlar y asegurar el cumplimiento de las condenas que les fueran aplicadas a los criminales.

Los factores que limitaron la capacidad operativa en las cárceles quedaron puestas de manifiesto en las expresiones ya citadas de Iriondo. Entre las causas señaladas se ha hecho mención a un presupuesto insuficiente para mantener a los presos y para hacer del edificio carcelario un lugar seguro en el que no sea posible la fuga. Por otro lado, los problemas para contener y hacer efectivos los castigos que la justicia aplicaba sobre los delincuentes quedaron puesto de manifiesto también en las continuas deserciones de individuos condenados a prestar servicios en la línea de frontera. Vinculado a ello, hemos podido ver que existían autoridades militares que permitían que se albergaran criminales, ladrones y desertores en los poblados que estaban bajo sus órdenes. Sobre esto, hemos hecho referencia a lo que acontecía en El Sauce, bajo el control del Coronel Nicolás Denis. Es muy probable que los compromisos de los hombres que gobernaban la Provincia con el jefe de los Lanceros del Sauce posibilitaran que este actuase con la libertad suficiente para recibir, tolerar o proteger a quien quisiera.

Por lo demás, las características geográficas y demográficas favorecieron los desplazamientos por extensas regiones sin que los delincuentes fueran detectados por persona alguna. Las divisiones administrativas y jurisdiccionales también limitaron las posibilidades de persecución de delincuentes. Como se ha señalado, el Comisario General del Norte detuvo la persecución de los Alarcón en los límites de su Departamento teniendo que circunscribirse a dar cuenta de lo que estaba sucediendo a las autoridades del Departamento La Capital para que procedan a la captura de los bandidos. A los inconvenientes mencionados, debemos sumarles los referidos a los medios de movilidad. Para dar alcance a los delincuentes, la policía contaba con los mismos medios que aquellos (estamos hablando del caballo), por lo que, con un poco de tiempo de ventaja, las posibilidades de éxito en su persecución no estaban aseguradas.

Comenzamos este trabajo haciendo referencia a las distintas formas en que pueden manifestarse la resistencia y la rebeldía de los grupos subalternos actuando en conjunto o individualmente y que por distintas razones se enfrentan al orden social, económico y legal que se les iba imponiendo. Se hizo referencia también a las distintas formas que asumió el bandolerismo rural según las interpretaciones que los estudiosos le han dado al mismo. En el caso que aquí se ha presentado no se han observado conductas y propósitos que puedan encuadrar en el tipo de acciones en las que Hobsbawm y Fradkin han visto manifestaciones en defensa de un “orden tradicional” o cuyos resultados trascendieran las prácticas delictivas y expresaran posicionamientos políticos. En todo caso consideramos que los hechos en los que se vieron involucrados los hermanos Alarcón responden a conductas que se enmarcan en la ilegalidad porque no responden al orden jurídico impuesto desde el Estado y sus propósitos no van más allá de la obtención de bienes para comercializar o intercambiar con otros, la venganza, la resolución de un conflicto por deudas u otro tipo de motivaciones que solo responden a necesidades e intereses particulares. Esto es lo que los convirtió en bandidos, sujetos marginados y rechazados socialmente, “asesinos profesionales” a quienes el Estado no logró controlar.

RESUMEN

Manifestaciones del bandolerismo rural y de la acción estatal en la Provincia de Santa Fe. Un caso particular: la trayectoria delictiva de los hermanos Alarcón (1865-1871)

A partir de la reconstrucción del comportamiento delictivo de dos sujetos del sur santafesino durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX, nos proponemos analizar las formas de acción que se llevaron a cabo desde el Estado Provincial a los efectos de prevenir, regular y castigar las conductas sociales consideradas ilegales. Para ello, se atiende especialmente a los mecanismos de control social y disciplinamiento que se aplicaron por parte del Estado, así como la conducta desplegada por quienes no se adaptaron a las reglas dispuestas por aquel. El tratamiento de las cuestiones planteadas permitió poner a prueba la afirmación que sostiene que “la debilidad y los límites del poder estatal potenciaron el desarrollo del bandolerismo”. El trabajo se realizó en base al análisis de documentos extraídos del Archivo de Gobierno y Expedientes Criminales del Archivo General de la Provincia de Santa Fe.

Palabras claves: Bandolerismo - Campaña - Control Social - Estado Provincial

ABSTRACT

Manifestations of rural banditry and the states action in the Province of Santa Fe. A particular case: Alarcón Brothers’ criminal career. (1865-1871)

From the reconstruction of the criminal behaviour of two fellows from the Santa Fe South during the second half of the Nineteenth Century, we suggest the analysis of the course of actions carried through by the state in order to prevent, rule and punish the social misbehaviour considered illegal. For that we mainly attend, on the one hand, to the mechanisms of social control and discipline procedures that had been implemented by the State, and the conduct carried out by those who did not adapt to the rules set by the State, on the other.

The treatment of the these raised questions enabled us to put to test the assertion which maintains: the weakness and restraints of State’s power favoured the development of banditry. The investigation was on the basis of the analysis of Criminal Files and documents from the General Archives of Santa Fe Province.

Keys words: Banditry - Country - Social Control - Provincial State

Notas