Departamento
Provincial del Trabajo de Entre Ríos. Intervencionismo laboral y reformismo
obrero, 1930-1943
Rodolfo Leyes(*) y Eduardo Sartelli(**)
Resumen
En este trabajo reconstruimos el accionar del
Departamento Provincial del Trabajo (DPT) de Entre Ríos entre 1930 y 1943. Para
ello, relevamos y sistematizamos una serie de fuentes no trabajados antes por
la historiografía. A saber: el Boletín del Departamento provincial de Trabajo
de aparición 1940-1943, así como un total de 28 periódicos obreros y prensa
diaria de distintas localidades de la provincia. A través de este trabajo,
relevamos todas las intervenciones del DPT en conflictos obreros, lo que nos permitió
realizar un análisis cuantitativo de su accionar y analizar su alcance
geográfico, sectorial y sus resultados. A nivel cualitativo, analizamos el
contexto en el que se produce esta intervención y la relación existente entre
su mayor desarrollo en la segunda mitad de la década del treinta con el alza de
la conflictividad obrera y con la represión a la corriente más combativa, los
sectores anarquistas nucleados en la Federación Obrera Comarcal Entrerriana.
Tras una fuerte represión a este sector en el año 1937, la intervención estatal
en los conflictos obreros no volverá a ser cuestionada. Pero, este consenso se
basa, en la acción coercitiva desplegada en forma concentrada en 1937, y en
dosis menores, casi preventivas a partir de esa fecha. Finalmente, exploramos
cómo la Unión Cívica Radical, partido gobernante en la provincia desde 1915
hasta 1943, organiza una base electoral y proyecta figuras al terreno de la
lucha política, a partir de su accionar como funcionarios del DPT.
Palabras Clave: Departamento Provincial del Trabajo;
intervención estatal; obreros rurales; conflicto gremial; Entre Ríos.
Provincial Department of Labor of Entre Ríos. Labor
interventionism and worker reformism, 1930-1943
Abstract
In this work we reconstruct the actions of the
Provincial Department of Labor (DPT) of the Argentine province of Entre Ríos
between 1930 and 1943. For this, we systematized a series of sources that
hadn’t been explored before, namely: the Bulletin of the provincial Department
of Labor which appeared between 1940-1943, as well as a total of 28 daily
newspapers of different localities of the province. Through this work, we
relieved all the interventions of the PTD in labor conflicts, which allowed us
to carry out a quantitative analysis of its actions and analyze its geographic
and sectorial scope and results. At a qualitative level, we analyze the context
in which this intervention occurs and the relationship between its increment in
the second half of the thirties with the rise of labor unrest and the
repression of the most combative current, the anarchists in the Federación Obrera Comarcal
Entrerriana (Workers regional federation of Entre Ríos). After a strong repression to
this sector in 1937, the state intervention in the workers' conflicts will not
be questioned again. But, this consensus is based on the coercive action
deployed in a concentrated form in 1937, and afterwards in smaller doses,
almost preventive. Finally, we explore how the Unión Civica Radical, the ruling
party in the province from 1915 to 1943, organizes an electoral base and
projects figures to the terrain of political struggle, based on its actions as
DPT officials.
Keywords: Provincial Department of Labor; state
intervention; rural workers; union conflict; Entre Ríos.
Departamento Provincial del Trabajo de Entre Ríos.
Intervencionismo laboral y reformismo obrero, 1930-1943
Introducción
La década del treinta amplió el
proceso de intervención estatal en el mundo del trabajo. Si bien las pautas de
injerencia se pueden rastrear hasta los proyectos de los conservadores y de los
radicales a principios del siglo XX (Panettieri, 1984), aún la represión al movimiento obrero tenía un papel central en las
relaciones capital-trabajo. A partir de mediados de los años treinta la
intervención estatal cambió. La represión perdió peso frente a la negociación
mediada estatalmente, aunque aquella nunca desapareció del todo. Incluso, hubo
un momento de una fuerte represión concentrada sobre un sector particular del
movimiento obrero, el anarquismo. (Cfr.: Sartelli, 1993. Iñigo Carrera, 2004) La constitución de la hegemonía de clase necesita de ambos elementos
–coerción y consenso- (Gramsci, 2003). En
el caso entrerriano, la fuerte represión del movimiento anarquista en 1937,
habilita y consolida la actuación interventora del estado. A partir de
entonces, las dosis de violencia estatal desplegadas serán menores y se
dirigirán principalmente a los sectores que intentan trascender la actuación
sindical y desarrollar una lucha de la clase obrera en el terreno político.[1]
La ampliación de instancias de negociación apuntala la creación de consenso
para dirimir los intereses secundarios de clase, y son percibidos por los
explotados como mejorías concretas. En otros términos, sirve de válvula de escape a la
presión social. También son estas instancias
las que ayudan al desarrollo de las tendencias reformistas que confían en la
democracia burguesa como el mejor régimen posible de gobierno (Sartelli,
1996). Se
constituye la “ciudadanía”. El sujeto político y social que la clase dominante
prefiere con derecho y obligaciones. Pero, todo este proceso está basado en el
ejercicio previo de una intensa violencia estatal, lo que muestra que la
construcción consenso es inescindible de los procesos coercitivos.
La participación mediadora en
los conflictos está asociada al crecimiento industrial que vivió el país desde
los años veinte. El
crecimiento de la complejidad social impulsó al Estado a asumir nuevas
funciones que evitaran la interrupción del proceso productivo. Por otro lado, la creciente concentración de los obreros en las industrias aumentó su
poder de negociación y hacía que sus demandas se oyeran más fuerte. La
unificación obrera en torno a la Confederación General del Trabajo (CGT)
significó un aumento de poder de los trabajadores. Asimismo, el desembarco de
los comunistas en los sindicatos durante el primer
quinquenio de la década del treinta fue otro de los hechos que la clase
dominante tomó como señal de los tiempos de cambio. En
este sentido, la relación de la mediación
preventiva del Estado, por un lado, y la aptitud favorable a la negociación por
parte de los sindicatos, por el otro, confluyeron en un cambio general de las
relaciones entre obreros
y patrones.
Diversos autores explicaron la
intervención del Estado en las relaciones laborales. Muchos de ellos lo
hicieron en el marco de los debates sobre el surgimiento del peronismo. Los
heterodoxos-continuistas fueron quienes más aportes hicieron al conocimiento
del proceso de mediación del Estado previa al peronismo dado que era una de las
piedras de toque para mostrar la continuidad entre el periodo previo y post
1943 (Kenworthy, 1980:
191-218).
Murmis y Portantiero (2006) sostienen que fueron los sectores que apoyaron al
peronismo los mismos que tenían relaciones con el Estado durante los años treinta. Las investigaciones de los años
ochenta de Ricardo Gaudio y Jorge Pilone
mejoraron los análisis sobre la mediación estatal (1983 y
1984.). Los autores exploran uno de
los aspectos menos estudiados de la relación estatal con el movimiento obrero y
ofrecieron pruebas que el año 1935 marcó un ascenso de la intervención del
Estado asociado al aumento de la conflictividad obrera. A diferencia de Murmis
y Portantiero, caracterizan la conflictividad del periodo previo al peronismo
como un tiempo de derrotas, dando pruebas que muchas de las huelgas transigidas
fueron arreglos entre las partes, es decir, victorias sin necesidad de luchas.
Asimismo, reconocen el reformismo obrero como uno de los factores originarios
de la mediación exitosa y la construcción del consenso. También afirman que la
mediación Estado fue una respuesta a la movilización obrera y facilitó la
incorporación de los conflictos obreros.
Por otra parte, Hugo Del Campo
analiza la intervención del Estado a partir de la política del Departamento
Nacional del Trabajo (DNT) en la Capital Federal y del Gobierno de Fresco en la
provincia de Buenos Aires. Plantea que fue la acción espontánea del DNT, a
partir de las políticas planteadas por su nuevo presidente, el español José
Figuerola, otorgó una creciente legitimidad reconocida por las partes. Sin
embargo, Del Campo no desconoce la convivencia de métodos represivos. Del
Campo, resalta la figura de Figuerola como el artífice del cambio de las
políticas del DNT en detrimento de otros motivos de orden estructural (Del
Campo, 2005). Joel Horowitz estudió cinco
sindicatos y su relación con el Estado. Destacó que los gremios apelan al
Estado debido a su debilidad para enfrentar a las empresas, pero el Estado
evaluaba a que gremios responder en forma positiva en función del lugar
estratégico que cada sindicato tuviera en el aparato productivo (Horowitz,
2004). Por su parte, Korzeniewicz (1993) señala el lugar destacado que
la mediación estatal tuvo ante los conflictos, incluso en forma previa a 1935,
aunque señala la mayor recurrencia de esta intervención a partir de la segunda
mitad de los años ’30.
Con
otra orientación, las investigaciones neo-institucionalistas hicieron la principal
contribución al conocimiento de las
reparticiones provinciales encargadas de la negociación durante los conflictos
obreros. Uno de los primeros trabajos en esta dirección fue el de Germán
Soprano, quién ofreció una reconstrucción histórica del DNT, al que
caracterizaba como un intento “liberal reformista” de las fuerzas conservadoras
para responder al conflicto (Soprano, 2000. Bohoslavsky y Soprano, 2010). Por su parte, Mercedes Prol
(2012) estudia el caso de Santa Fe a
partir de 1935, año en que se aprueba en la provincia la Ley de Régimen Legal
del Trabajo, que permitió
a las autoridades del Departamento Provincia del Trabajo (DPT) intervenir en
los conflictos con un marco regulatorio y desarrollar una estructura de alcance
provincial, a través de una serie de oficinas en el interior.
La obra compilada por Mirta
Lobato y Juan Suriano (2014) es la que mayores casos de estudios sobre
Departamentos del Trabajo en el interior del país ha ofrecido, con estudios
sobre Mendoza, Tucumán, Córdoba y Santa Fe (Garzón Rogé; Ullivarri;
Ortiz Bergia; Piazzesi, 2014), ha aportado una gran
variedad de situaciones históricas. En todos los casos se observa que, desde
mediados de la década de 1930, las autoridades provinciales comenzaron a
desarrollar una política más decidida de mediación en los conflictos obreros.
Con ciertos matices, la mayoría de estos trabajos presenta a un movimiento
obrero más bien pasivo frente a las agencias estatales.
Sobre la intervención estatal
en la provincia de Entre Ríos solo existen dos obras que abordan el fenómeno en
forma parcial. En su Historia de Entre
Ríos el historiador institucionalista Filiberto Reula (1971), menciona la
creación de DPT y las leyes que regularon su accionar. Para el autor, la
intervención del DPT fue creciente y tuvo un rol destacado en la prevención de
huelgas. Reula omite en su relato toda mención a los casos de
represión contra el movimiento obrero, y destaca la política laboral de los
gobiernos radicales como una expresión de su voluntad de reforma y progreso social.
Por su parte, Adrián Ascolani (2009) estudia el sindicalismo agrario pampeano y las
transformaciones políticas e ideológicas del movimiento obrero rural. Su
trabajo pretende cubrir el conjunto de la región pampeana. Sin embargo, tiene
una base empírica mayor para el caso de Santa Fe, mientras el relevamiento de
documentos para el caso entrerriano resulta muy deficitario. Solo analiza
algunos aspectos generales de las acciones del DPT. Ascolani reconoce estas
falencias y las adjudica una supuesta dificultad de conseguir material oficial
de la época, porque, según él, éste no se encuentra en el Archivo Histórico de
la Provincia de Entre Ríos. Esto no es del todo cierto, puesto que en dicho
archivo se encuentran varios números del Boletín del DPT, junto con otras
fuentes que él no consultó, mientras que los restantes se encuentran en un
repositorio accesible como la Biblioteca Nacional. Si bien Ascolani reconoce
estas debilidades de su trabajo, igualmente formula hipótesis que no logra
sustentar sobre la base empírica que él dispone. Afirma que la acción del DPT
se concentra en el área urbana, mientras que las fuentes –que él no consultó,
muestran exactamente lo contrario, como puede verificarse en el cuadro 2 de
este artículo. Por otro lado, si bien señala algunos cambios legales no los
relaciona con la situación del proletariado que él mismo describe en su
trabajo. Por ejemplo, Ascolani cierra su relato en 1937, fecha en la que se
presentó un proyecto de ley que regularía el conflicto, y omite que este
proyecto fue presentado exactamente en el mismo momento en que se producía una
severa represión a los
sectores anarquistas enrolados en la Federación Obrera Comarcal Entrerriana de
Diamante, con clausura de locales sindicales, encarcelamiento y expulsión del
territorio provincial de los dirigentes obreros y una feroz reacción patronal.
Nosotros
sostenemos como hipótesis que el Estado provincial, a través del DPT,
desarrolló una política de mediación durante toda la década de 1930 –incluso
antes-, pero que no fue hasta la agudización de las luchas obreras, entre
1933-1938, que esta intervención adquirió mayores dimensiones. La mayor
participación del DPTen los conflictos vino acompañada de nuevas estrategias
institucionales y contó, de modo creciente, con el apoyo de sectores obreros.
La intervención significó, en la mayoría de los casos, una victoria para los
trabajadores. Por ello, la participación del Estado en los conflictos dio
fuerza a los sindicatos que eran mayoritariamente rurales. Finalmente, los llamados
al DPT por parte de los trabajadores fue otra de las formas que asumió su
creciente coincidencia, es decir, su política reformista, con el orden
establecido. Por su parte, permitió al oficialismo acercarse a los sectores más
moderados y generar un vínculo que favorecía la conformación de una base
electoral propia.
Para nuestro
trabajo, usamos una variedad de fuentes
que incluye material periodístico obrero y comercial de varias ciudades de la
provincia de Entre Ríos, como así de la ciudad de Buenos Aires. También
incluimos debates parlamentarios de la provincia, boletines del DPT y mensajes
anuales frente a las cámaras legislativas de gobernadores a lo largo del
periodo.
1-
Recorrido histórico del DPT y el quiebre de los treinta
El DPT entrerriano fue creado
en 1915 por el primer gobernador radical Miguel Laurencena (Altinier,
1973). La oficina estaba integrada ad honorem por el Ministro de Gobierno,
el presidente del Departamento de Salubridad y el jefe de la sección
Agricultura. A poco tiempo de su fundación, el gobernador afirmaba: “…ya está
planteada, modesta y económicamente, pero con seguro éxito venidero” (Provincia
de Entre Ríos, 1915, p. 25). En esta nueva
conformación, los jefes de policía locales serían los encargados de
ejecutar las leyes, también podrían ser convocados en caso de conflictos
obreros donde las partes solicitaran mediación estatal (Reula, 1971).
Durante los primeros años el
DPT fue una repartición testimonial. Recién a partir de la aplicación de la Ley
Nacional de Accidentes de Trabajo Nº 9688-1915, a través del decreto del 10 de
mayo de 1917, comenzó a dar pruebas de su utilidad. Pocos
años más tarde, más de mil trescientos obreros de la provincia fueron
obtuvieron indemnizaciones y superaron los once mil aquellos que recibieron
seguros de trabajo. A pesar de este incremento en la órbita de
acción del DPT, los administradores del Estado aseveraban: “Todo hace presumir,
que en un futuro no muy lejano, será posible llegar en nuestra provincia al
ideal en esta materia: el seguro obrero obligatorio”, al que consideraban el
corolario lógico del principio de responsabilidad patronal (Provincia
de Entre Ríos, 1923).
En 1921, luego de los
enfrentamientos más fuertes vívidos en la provincia contra la clase obrera (Mc Gee Deutsch, 2003), el gobernador Marcó insistía en el rol que debía ocupar el Estado:
“...garantir todos los derechos, proteger todos los intereses legítimos,
moderar las pasiones, atenuar las intransigencias, imponer el respeto
recíproco, reprimir los excesos y ser siempre un factor de armonía social.”
Afirmó que para ello la intervención del gobierno se daba a través de los Jefes
de Policía locales o del Departamento Provincial del Trabajo (Provincia
de Entre Ríos, 1921).
En 1923 se presentó un proyecto
de carta orgánica del DPT (Provincia de Entre Ríos, 1923: 33-34. Entre Ríos: 1923) que no prosperó. El
gobernador se quejaba en 1925: “La falta de sanción legislativa al proyecto de
ley orgánica del Departamento del Trabajo ha esterilizado uno de los aspectos
más importante de la acción de esta oficina…”. Por entonces la labor del
Departamento se había limitado a tareas secundarias como la liquidación de los
sueldos a los sobrevivientes de la Batalla de Caseros, la aplicación de
indemnizaciones por accidentes de trabajo, el control del desempeño de las empresas de seguro,
asesoramiento sobre leyes de trabajo, ayudando, asimismo, al control de las
liquidaciones de casos particulares y por último, intervino en conflictos
huelguísticos por salarios (Provincia de Entre Ríos, 1925). En octubre de 1925 se firmó un decreto que significó un salto adelante
en la función social del DPT: se habilitó la Inspección de motores a vapor de
las máquinas trilladoras. En efecto, aquellas vetustas trilladoras impulsadas
por vapor eran fuente de frecuentes accidentes con saldos de obreros muertos o
seriamente lesionados[2].
La información brindada por el gobernador Mihura daba cuenta de que el efecto
de los controles aún era bajo por la falta de personal, pero que igual ponía un
límite a las recurrentes explosiones de las calderas de las trilladoras con su
saldo negativo para los trabajadores (Provincia de Entre Ríos, 1926).[3]
Hacia 1929, Mihura afirmó que se habían eliminado todas las explosiones de
calderas en el territorio provincial (Provincia de Entre Ríos, 1929).
Sin embargo, la falta de una
ley orgánica que regulase las tareas del DPT y le confiera la potestad de
inspeccionar los establecimientos fabriles sin orden de allanamiento era, según
el gobernador, uno de los obstáculos más importantes para desarrollar su
actividad (Provincia de Entre Ríos, 1927). Ante
estos déficits los patrones podían violar
las leyes obreras con facilidad. Por ejemplo, en 1928, un periódico asociado a
la curia de Paraná, publicaba una queja por el incumplimiento de la ley de
descanso dominguero (La Acción,
Paraná, 25/07/1928).
En
1928, el gobernador Laurencena (hijo), afirmó en la inauguración de las
sesiones de las Cámaras Legislativas: “El prestigio adquirido por esta oficina
entre clases trabajadores de la provincia, como resultado de una empeñosa y
constante dedicación a la protección de los intereses obreros, le ha llevado a
ser mediadora obligada en toda controversia o reclamación en que medien
intereses patronales y obreros.” Informaba también que la oficina había
intervenido en un solo conflicto de carácter colectivo: el de los patrones y
obreros peluqueros de Paraná, con un resultado equitativo para las partes.
Durante el periodo 1927-1928 la oficina intervino en 202 casos de reclamaciones
individuales –pagos atrasados, despidos indebidos, etc.-, la mayoría resuelta
por la participación de la dependencia (El
Diario, Paraná, 22/07/1928).
En 1931, el DPT pasó a depender
del Ministerio de Gobierno y su política debía ser la intervención de hecho en
los conflictos obreros. Al año siguiente, se presentaron proyectos de carta
orgánica para regular su actividad, aunque ninguno prosperó (Entre
Ríos, 21 de septiembre de 1931. Entre Ríos, 28 de julio de 1932). Sin embargo, la preocupación del gobierno radical
por la regulación iba en aumento. El mismo gobernador afirmó:
En lo que respecta a la acción del Departamento, que
me es grato destacar que, en las once huelgas que se han registrada durante el
año en la provincia, su mediación ha sido eficaz, logrando, en todos los casos,
el avenimiento de las partes y la solución inmediata y satisfactoria de los conflictos
planteados. (Provincia de Entre Ríos, 1933, p. 22)
En diciembre de 1934, el
gobierno comenzó a evaluar un nuevo modelo de carta orgánica (El Diario, Paraná, 07/12/1934). En efecto, la conflictividad obrera se reactivó ese año, en especial
entre los trabajadores rurales. Las noticias de las giras de propaganda
anticipaban lo que sería el año con mayor cantidad de conflictos en el periodo
1930-1943 (Ver Cuadro I).
En enero de 1935, finalmente se
aprobó la Carta Orgánica del DPT y con ella la regulación quedó en manos del
Ministerio de Gobierno (El Debate,
Gualeguay, 15/01/1935).[4] Inmediatamente se realizó la mudanza de las
oficinas del DPT a otro edificio fuera de la casa de gobierno: “…así los
obreros tendrán oportunidad de ilustrarse en los temas de su predilección y
conveniencia, y debatir con libertad sus intereses gremiales, sin recurrir,
como acontece con frecuencia, a lugares inapropiados o ajenos a la finalidad
que persiguen” (Provincia de Entre Ríos, 1936). Sin embargo, y más allá de la aprobación de la
carta orgánica, el ejecutivo provincial continuaba sus reclamos por más
personal y presupuesto.
En febrero de 1937, al
calor de luchas encabezadas por los anarquistas de Diamante (Leyes, En Prensa),
el gobierno de la provincia solicitó a Alejandro
Unsain[5] la
elaboración de un proyecto de ley para crear tribunales de arbitraje que
resuelvan los conflictos obreros. Finalmente,
el 10 de marzo, el gobernador de la provincia remitió a la legislatura
provincial un proyecto de ley para tratar la problemática (El Diario, Paraná, 11/03/1937). En el fundamento del proyecto,
Tibiletti planteaba la necesidad de solucionar los enfrentamientos a través de
la mediación estatal. Procuraba asegurar la libertad de trabajo, el
entendimiento de las partes y resultados con “equidad y justicia” (Provincia
de Entre Ríos, 1937). Respecto a los
sindicatos, afirmó:
En nuestro medio, los sindicatos o asociaciones
gremiales son organizaciones poderosas y si bien muchos colaboran con el
propósito laudable de obtener mejoras en las condiciones del trabajo y su justa
remuneración, otras, en cambio, manejadas por elementos extraños, profesionales
de la huelga perturban el orden público y explotan a los mismos que pretenden
defender. Por otra parte, el ejercicio del poder policial de la Provincia, la
faculta a evitar que, por medio de los sindicatos, se perturbe el orden y se
impongan condiciones apelando a la coacción física o moral y quebrando el orden
jurídico de la sociedad. (Provincia de Entre Ríos, 1937)
Dicho de otro modo, los
sindicatos serían tolerados dentro de los márgenes del derecho burgués; en caso
contrario, la policía estaba facultada de reprimir. En este contexto, la ley
buscó enmarcar la acción en el momento previo de la represión. Es decir,
desarticular el conflicto a través del consenso. A mediados de ese año se
reclamaba su tratamiento por las Cámaras Legislativas (Provincia
de Entre Ríos, 1937).
Una nueva fase del DPT
comenzó a partir de 1939 cuando Raúl Uranga asumió la presidencia. Entre los
cambios de su gestión se encuentran el incremento en la participación
mediadora, una creciente tendencia a la firma de convenios colectivos y la
publicación mensual del Boletín del
Departamento del Trabajo, la cual se realizó ininterrumpidamente desde
enero de 1940 a diciembre de 1943. Uranga afirmaba en su discurso inaugural:
El Excmo. Señor gobernador, en la forma más
espontánea, me ha ofrecido este cargo conociendo perfectamente mis ideas en
esta materia y, a pesar de éstas bastante conocidas, me parece coherente con
este expresar en apretada forma, cuál será mi acción al frente de la oficina
(…) Todo hombre que trabaja, en Entre Ríos, disfruta del derecho de exigir que
el Estado y sus empleado[r] hagan cumplir las leyes que lo amparan en su
carácter de trabajador. El empleador que persigue o priva de su salario al
obrero o empleado que pide el simple cumplimiento de la ley, en un país como el
nuestros, incurre en un acto unilateral antijurídico e inmoral (…) Presentaré a
la consideración del Superior un plan escalonado para el alzamiento general de
los sueldos y salarios que en Entre Ríos están, en general, muy por debajo del
nivel moral y económico mínimo exigido.” (BDT, Nº 1, enero de 1940)
Más allá de los deseos, las
quejas de Uranga volvían a un lugar común: la falta de inspectores, falta de
presupuesto y una ley que termine de ordenar lo que él llamó “Régimen
Provincial del Trabajo”, que permitiera, además, delimitar la acción y las
partidas presupuestarias (BDT, Nº 1,
enero de 1940). A pesar de lo pendiente y la
falta de apoyo político de algunos sectores, el DPT contaba con el consenso de
las partes:
El método del Departamento es
sencillo; se funda en considerar el problema objetivamente y buscar todas las
soluciones aceptables enfrentando en tranquila y garantizada discusión a las
dos partes. El peor enemigo de este órgano del Estado sería encontrarse ante la
imposibilidad de reunir a las partes por resistencia de una de estas o de las
dos y también por tratarse de un conflicto en el que patrones y obreros no estuvieran organizados o no desearan organizarse con
ese motivo circunstancial. (BDT,
abril de 1940, p. 1)
2- El
movimiento obrero entrerriano durante la convulsionada década del treinta
Luego de más de un quinquenio
de reflujo parcial, los últimos años de la década del veinte y los primeros de
la década del treinta, encontraban a la clase obrera entrerriana en un proceso
de reorganización. El impulso exógeno provenía de centros obreros situados en
Santa Fe, Rosario y Buenos Aires que, recuperando la estrategia organizativa de
las giras de organización, relanzaban los sindicatos uniendo a los obreros y
recuperando viejos militantes del ciclo de conflicto 1917-1921. (Kabat-Leyes,
2018, pp. 3-6)
Este impulso alcanzó su punto
más alto en el año 1932, cuando el movimiento sindical entrerriano, ya en
condiciones independientes de las ayudas externas, toma en sus manos la tarea
de darse un viejo y postergado logro organizativo, la constitución de la Unión
Obrera de la Provincia de Entre Ríos (UOPER). Para este objetivo fue
fundamental la unidad de los dos polos sindicales más dinámicos, Concepción del
Uruguay y Diamante. Ambas localidades compartían una clase obrera estructurada
fuertemente en torno al puerto. Por lo tanto, los estibadores tendrán un papel
central en aquellas. Pero tendrán una diferencia que los enfrentará a
posteriori: mientras en Concepción del Uruguay predominaban los denominados
sindicalistas, en Diamante, los gremios eran organizados por anarquistas.
(Arnaiz, 1991. Arnaiz, 1993)
Los resultados de esta etapa
fueron un aumento cuantitativo de las luchas, siendo el año 1935 el punto más
alto de los conflictos obreros encabezados por los estibadores de puertos y
estaciones de trenes del interior provincial. La demanda predominante era el
aumento de salario, pero también el reconocimiento de los sindicatos, bolsas de
trabajos y delegados gremiales por galpón o taller. El impulso se desacelera
por disputas ideológicas, y en marzo de 1935, los anarquistas de Diamante
fueron expulsados acusados de querer romper la UOPER fundando una central
paralela, la Federación Obrera Comarcal Entrerriana (FOCE) (Kabat y Leyes,
2018). En los siguientes años las dos corrientes políticos-sindicales
convivirán y en el verano de 1937, los anarquistas lanzados a una lucha contra
la casa Bunge y Born, caerán bajo el peso de la represión patronal y estatal.
Los ácratas se encontraban en un aislamiento parcial, habida cuenta de los
apoyos brindados por la UOPER y la negativa a permitir que la C.G.T. interviniera.
El resultado es la desaparición de los anarquistas de la escena gremial
provincial. (Leyes, En prensa/B)
Con la desaparición del polo
sindical de Diamante, los sindicalistas de Concepción del Uruguay disfrutaron
de la representación mayoritaria del movimiento obrero entrerriano, que ni la
aparición de los comunistas pudo detener. En efecto, si bien la presencia de
los comunistas se puede rastrear en la provincia desde mediados de la década
anterior, su presencia en el movimiento obrero comenzó con fuerza desde
1935-1937 cuando, en Paraná, comenzaron a desarrollar el Sindicato Único de la
Construcción. Este fue la experiencia gremial comunista más exitosa y dónde
mejor lograron desarrollar la estrategia de sindicato por rama. (Leyes, En
Prensa/A)
Los últimos años de la década
del treinta y los primeros de los cuarenta, están signadas por un descenso de
la conflictividad obrera. Los motivos de este cambio son motivo de estudio,
pero podemos señalar que la desocupación de amplias masas de trabajadores había
formado tempranamente una sobrepoblación obrera que no encontraba empleo y
decidía emigrar (Leyes, 2016. Leyes, 2018) por otra parte, la política estatal
logró controlar la conflictividad como veremos a continuación. Finalmente,
durante el periodo comprendido entre 1939-1943, los obreros de la construcción
reemplazan en movilización y conflictividad a las fracciones obreras rurales, y
sobre ellos veremos pender la represión estatal. (Kabat y Leyes, 2018, p.13.
Leyes, En Prensa/A)
3-
Ecos del consenso mediador. Reformismo obrero y fortalecimiento sindical
La
defensa de la legislación que favorecía a los obreros fue uno de los rasgos más
fuertes del cambio ideológico al interior del movimiento de trabajadores. En
1931, los sindicalistas entrerrianos favorecieron una discusión sobre la
reforma constitucional provincial y sus implicancias en la vida obrera (Los Principios, Concepción del Uruguay, 11/07/1931
y 14/07/1931). Pero,
recién a mediados de la década del ’30, algunos sindicatos tuvieron un
posicionamiento más abierto y favorable a las leyes laborales y la intervención
estatal en los problemas gremiales.
En
1935, los trabajadores de comercio elevaron una solicitud al gobierno
provincial para que constituya un Ministerio de Trabajo. Allí afirmaban:
Frente a los múltiples derechos que
se van codificando en la legislación del trabajo en nuestra provincia, se hace
sentir como una necesidad la creación de un organismo de aplicación de los
mismos, que tenga las facultades necesarias, ejecutivas para que las leyes de
carácter social sean en la práctica una realidad. (Nuestro Derecho, Concepción del Uruguay, 30/09/1935)
En
tono crítico añadían: “Nuestra oficina del Trabajo, según se desprende de los
decretos, actitudes, etc. no puede llenar realmente las funciones que debería
para que los beneficiarios de las leyes que apuntamos se sientan protegidos por
las mismas.” (Nuestro Derecho,
Concepción del Uruguay, 30/09/1935)
En
octubre del mismo año, cuando el diputado demócrata nacional Max Consoli
presentó un proyecto para crear Consejos de Trabajo, los empleados de comercio
de Gualeguaychú se opusieron por tres cuestiones. La primera, problematizaba la
representatividad en los consejos, compuestos por dos representantes
patronales, dos concejales, un representante del Departamento Provincial del
Trabajo, un maestro y dos representantes obreros. Decían que los patrones
contarían con seis representantes y los obreros sólo dos. La segunda apuntaba a
la intención de los Consejos de regular la huelga, afirmando que era un arma
obrera que ayudaba a la contención de los embates patronales y un derecho
reconocido por todos los tribunales existentes. Por último, se oponían a la
inclusión en los estatutos sindicales de la obligatoriedad de someter todos los
conflictos a los tribunales, puesto que significaba la renuncia al derecho a
huelga y a dirimir los conflictos por medio de la lucha. Los trabajadores
opuestos al proyecto concluían en que su forma respondía sólo a los intereses
patronales (C.E.C.A., Órgano del
Centro de Empleados de Comercio y Anexos de Gualeguaychú, Gualeguaychú, octubre
de 1935). Finalmente, el proyecto de Consoli fue descartado. En 1937 el
gobernador Tibiletti presentará uno análogo que sufrirá la misma suerte. Más
allá de los resultados, estas instancias dan cuenta de la tensión entre
intereses opuestos dentro de la burguesía provincial a la hora de avanzar sobre
leyes que fortalecieran el posicionamiento de los trabajadores y la autonomía
sindical.
En
1936, los sindicalistas solicitaron al DPT que se imprimieran folletos con las
leyes laborales en vigencia y fueran repartidos entre los trabajadores, “en
cantidad suficiente para fomentar el conocimiento público mediante su
distribución entre los interesados en su aplicación” (El Diario, Paraná, 25/03/1936. La
Juventud, Concepción del Uruguay, 26/03/1936). Se observa aquí la intensión
de que los obreros aprendieran sobre sus derechos, lo cual nos habla de un
posicionamiento favorable al consenso con el orden legal.
A
la conmemoración del 1° de mayo en 1939 en Colón, concurrieron Modesto Orozco,
telefónico de Capital Federal y futuro fundador del Partido Laborista, y Juan
Balsechi de la Unión Obrera de la Provincia de Entre Ríos (UOPER). Los
disertantes hablaron de las condiciones laborales, de la situación de pobreza y
desocupación. Balsechi dedicó parte de su discurso al reclamo de los obreros de
la fábrica de Liebig (Colón) por el cumplimiento de la Ley N° 11.544 que
regulaba las ocho horas laborales, de la cual los frigoríficos habían sido
eximidos por el Estado nacional con el argumento de la “naturaleza” de la
producción estacional (Unión Sindical,
Órgano de la Unión Sindical Argentina, Buenos Aires, 15/05/1939). En
consonancia con este reclamo, el senador radical Isidoro Neyra, cercano a los sindicalistas, presentó meses después una minuta para derogar dicha excepción a la ley.
La presentación fue aprobada y encontró rápidamente el apoyo de los
sindicalistas que saludaron la medida y declararon:
[Se]
apoya calurosamente en todas sus partes de vista la minuta sancionada porque
vienen a contemplar y satisfacer un viejo anhelo de esta entidad y de los
trabajadores de la Fábrica Liebig y Bovril.-Más adelante decían: Que a apoyar
la U.O.P. la minuta del señor Senador Neyra y aprobada por el Senado, vería con
honda y justiciera satisfacción esta entidad que el Poder Ejecutivo de la
Provincia, que contemplará con un alto espíritu de comprensión de los problemas
obreros en general y en particular el caso especial de los obreros de la
Fábrica Liebig y Bovril; dejará sin efecto la excepción contenida en el art. 3
del decreto reglamentario de la Ley 11544, por el cual se exime a estas
empresas del cumplimiento de la misma.” (Unión
Sindical, 10/09/1939)
El
Boletín del Departamento de Trabajo del
Estado provincial en 1940 concluía acerca de la actuación sindical: “En su
totalidad los conflictos obreros provocados en el territorio de la Provincia en
lo que va del presente año y del 39 han sido solucionados con la intervención
directa del Departamento Provincial del Trabajo, cuya dirección evitó en casi
todos los casos el paro de las actividades” (BDT, Nº 9, septiembre de 1940, p. 21). La única excepción había
sido el conflicto de los obreros de la construcción de Paraná, comandado por
los comunistas. El texto del Boletín del DPT valoraba positivamente las
instancias de negociación, mientras que consideraba a las huelgas como una
práctica del pasado, violenta y extrema, ya superada:
Este dato es ilustrativo, pues demuestra
que en general, las huelgas, como recurso extremo, han perdido casi totalmente
la violencia que las caracterizaba en el pasado. Esa impresión se afianza al
poner también de manifiesto que muchos desacuerdos han podido zanjarse sin
ocasionar daños irreparables, gracias al entendimiento directo entre las partes
o a las decisiones adoptadas por la Dirección del Departamento Provincial del
Trabajo. (BDT, Nº 9, septiembre de
1940, p. 21)
A
pesar del crecimiento de la intervención estatal y el auspicio de los
sindicalistas, las huelgas no pudieron ser erradicadas ni controladas por
completo. Sin embargo, estas
disquisiciones sobre el papel del Estado en la lucha de clases fue,
doctrinalmente, uno de los motivos de fractura en 1935 entre los anarquistas de
Diamante y los sindicalistas de Concepción del Uruguay, según Ángel Borda (1987, p.
41). Aunque vale recordar que Borda y sus
compañeros anarquistas también hicieron uso del Estado en beneficio de sus
organizaciones[6].
En este sentido, en la dirección de las leyes y medidas del Departamento se
transparentaban las disputas entre los intereses obreros y los patronales.
Las
relaciones entre los sindicalistas puros y las autoridades eran tan cercanas,
que el Inspector del DPT llegó a conferenciar en el local sindical de
Concepción del Uruguay:
Es de esperar que todos los hombres
sindicalmente organizados y no organizados concurran a escuchar la palabra de
representante del Departamento del Trabajo, pues así estarán en condiciones de
defender sus derechos con mayor conocimiento, lo que les permitirá no obrar con
ligereza y desacierto. (La Juventud,
Concepción del Uruguay, 10/12/1942)
Charlas
de este tipo se habían desarrollado también en el local del Centro de Empleados
Municipales en Paraná y en los locales de los empleados de comercio de
Concordia y Gualeguay.[7]
4- Los resultados. Intervención y
lucha de clases
Para
el Estado provincial fue de suma importancia lograr un consenso, discursivo y
práctico, entre los diferentes sectores sociales a fin de lograr mayor apoyo a
una política de mediación e intervención. En este proceso, el Estado provincial
se había vuelto un interlocutor legítimo para los actores en conflicto. Las
luchas de mediados de la década de 1930 transformaron su aparato institucional.
Este se afianzó a partir de la represión a los anarquistas en 1937, redundó en
la eliminación de la escena política provincial del principal grupo que
rechazaba esa intervención estatal. Es visible que después de 1937 no
encontramos casos en que la mediación estatal ofrecida por el DPT fuera
rechazada por los obreros. Pero la implicancia de la represión a los ácratas es
mayor si consideramos que, a la par del encarcelamiento de los principales
miembros de la FOCE, la clausura del
sindicato de estibadores de Diamante –organización rectora de la experiencia
anarquista regional-, las golpizas a obreros por parte de la policía y su
reemplazo por rompehuelgas, el Estado comenzó a discutir la creación de
Tribunales de arbitraje (Leyes, En prensa/B). Es decir, se dirigía a un estado mediador como era reclamado por
diversas fuerzas sociales. Incluso
el comunismo, nueva fuerza que operara en la provincia y que ocupara el espacio
de la izquierda liberado por la eliminación del anarquismo, no cuestionó la
intervención estatal, sino que la estimuló (Leyes, En Prensa/A).
También
en lo referido a la represión destacar que, si bien los militantes libertarios
y los comunistas fueron reprimidos y presa de un permanente control policial,
en ningún caso otras fuerzas sociales organizadas, en particular los
sindicalistas, se refirieron a las represiones. En los casos que sí lo
hicieron, era acompañado de una crítica a las fuerzas reprimidas como fue
durante el caso de los anarquistas (El
Despertar, Concepción del Uruguay, Febrero de 1938). Lo que deriva en una
justificación de hecho a la represión estatal. Demás está aclarar que mientras
los radicales se referían a las represiones como hechos “necesarios” para
extirpar los riesgos de que los sindicatos se politicen (BDT, Nº1, pp.6-7.), los conservadores, nucleados en el Partido
Demócrata Nacional, lo celebraban y reclamaban mayor represión (El Censor, Gualeguaychú, 02/03/1937).
Como
señalábamos en la introducción, el proceso no puede comprenderse sin la
articulación de consenso y coerción. Muchas veces, cierta discrepancia temporal
dificulta que esta articulación de ambas facetas: a una fuerte represión como
la del año 1937, sigue un período de mayor consenso, pero que fue habilitado
por la coacción ejercida en modo previo.
Los
siguientes datos fueron reconstruidos a partir del relevamiento de veintitrés periódicos y del Boletín del Departamento del Trabajo. Con ellos construimos una
matriz de datos donde incorporamos las huelgas ocurridas en la provincia de
Entre Ríos, la intervención del Estado, las fracciones en lucha y el resultado
de esos conflictos entre enero de 1930 y mayo de 1943 inclusive.[8]
Para
comprender las prácticas estatales presentamos un cuadro que muestra la
intervención mediadora del Estado y la coincidencia del aumento de la lucha de
clases y el aumento de la injerencia más substancial en los conflictos
laborales. A lo largo del periodo 1930-1934 hemos relevado 54 huelgas en toda
la provincia con sólo tres intervenciones estatales mediadoras (Bandera Proletaria, Órgano
de la Unión Sindical Argentina, Buenos Aires, 14/12/1929. El Entre Ríos, Colón, 12/12/1929). Pero, a partir del año 1935 hubo un cambio. Aquel
año fue el punto más alto de la conflictividad gremial y también el primer pico
de las intervenciones mediadoras del DPT. Otro dato significativo es el
resultado de la mediación estatal: de treinta y ocho intervenciones, en solo
tres casos los obreros no obtuvieron un triunfo. Es decir, si el Estado
intervenía como mediador, el éxito era casi asegurado.
|
Cuadro
I. Cantidad y porcentaje de mediaciones estatales por años, Entre Ríos,
1930-1943 |
|||
|
Año |
Nº
de huelgas |
Mediaciones |
|
|
1930 |
11 |
1 |
|
|
1931 |
3 |
----- |
|
|
1932 |
6 |
1 |
|
|
1933 |
7 |
1 |
|
|
1934 |
27 |
----- |
|
|
1935 |
37 |
7 |
|
|
1936 |
14 |
2 |
|
|
1937 |
15 |
7 |
|
|
1938 |
13 |
5 |
|
|
1939 |
7 |
3 |
|
|
1940 |
5 |
1 |
|
|
1941 |
7 |
2 |
|
|
1942 |
5 |
3 |
|
|
1943 |
4 |
2 |
|
|
Total |
161 |
35 |
|
|
Gráfico de
elaboración propia. Fuentes: Acción Libertaria, Órgano de la FACA, Buenos Aires. Avance,
Órgano de la Federación Obrera Comarcal Entrerriana, Diamante. Bandera
Proletaria, Órgano de la Unión Sindical Argentina, Buenos Aires. Bandera
Roja, prensa del Partido Comunista, Buenos Aires. Boletín de la
CGT, Órgano de la CGT, Buenos Aires. CGT (Catamarca), Órgano
de la Confederación General del Trabajo “Sindicalista” luego de la ruptura de
noviembre de 1935, Buenos Aires. CGT, Órgano de la Confederación
General del Trabajo, Buenos Aires. Crónica,
UCR, Diamante. Debate, UCR, Gualeguay. Diario Del
Pueblo, UCR, Colón. El Censor, Conservador, Gualeguaychú. El
Despertar, Órgano de la Unión Obrera Departamental, Concepción del
Uruguay. El Diario, UCR, Paraná. El Entre Ríos,
Conservador, Colón. El Litoral, Conservador, Concordia. El
Pueblo, UCR, Villaguay. La Acción, Órgano de la
Iglesia Católica, Paraná. La Juventud, UCR, Concepción del
Uruguay. La Lucha, Órgano del Partido Socialista Obrero, Paraná La
voz de Entre Ríos, Nacionalista, Paraná. Los principios, UCR,
Concepción del Uruguay. U.S.A., Órgano de la Unión Sindical Argentina,
Buenos Aires. Unión Sindical, periódico quincenal de la Unión Sindical
Argentina. |
|||
A
la luz de este gráfico cabe preguntarse si el movimiento obrero habría leído
que la intervención era favorable, y con esa lectura, ahondado las luchas. Sin
embargo, el hecho que las luchas se diluyan hacia los años cuarenta, no
muestran esta inclinación, sino, que el impulso, que como veremos a
continuación tenía a los obreros rurales como principal grupo, se fue
debilitando por otros motivos, como fue la desocupación y los cambios en las
prácticas contractuales a partir de la consolidación de las bolsas de trabajo
rural (Leyes, 2016. Kabat y Leyes, 2018).
El
siguiente gráfico muestra en porcentajes las intervenciones estatales
mediadoras de acuerdo a las fracciones obreras que realizaron huelgas.
|
Gráfico
de elaboración propia. Fuentes:
Acción Libertaria, Órgano de la FACA, Buenos
Aires. Avance, Órgano de la Federación Obrera Comarcal
Entrerriana, Diamante. Bandera Proletaria, Órgano de la Unión
Sindical Argentina, Buenos Aires. Bandera Roja, prensa del Partido
Comunista, Buenos Aires. Boletín de la CGT, Órgano de la CGT,
Buenos Aires. CGT (Catamarca), Órgano de la Confederación General del
Trabajo “Sindicalista” luego de la ruptura de noviembre de 1935, Buenos
Aires. CGT, Órgano de la Confederación General del Trabajo,
Buenos Aires.Crónica, UCR, Diamante. Debate, UCR, Gualeguay. Diario
Del Pueblo, UCR, Colón. El Censor, Conservador,
Gualeguaychú. El Despertar, Órgano de la Unión Obrera Departamental,
Concepción del Uruguay. El Diario, UCR, Paraná. El Entre Ríos,
Conservador, Colón. El Litoral, Conservador, Concordia. El
Pueblo, UCR, Villaguay. La Acción, Órgano de la
Iglesia Católica, Paraná. La Juventud, UCR, Concepción del
Uruguay. La Lucha, Órgano del Partido Socialista Obrero, Paraná La
voz de Entre Ríos, Nacionalista, Paraná. Los principios, UCR,
Concepción del Uruguay. U.S.A., Órgano de la Unión Sindical Argentina,
Buenos Aires. Unión Sindical, periódico quincenal de la Unión Sindical
Argentina. |
Las fracciones obreras que más se beneficiaron de la
mediación estatal fueron los estibadores (9 huelgas), los obreros de la
construcción (8 huelgas) y los panaderos (6 huelgas). Resulta lógico que así
sea, dado que estas fueron las fracciones con mayor cantidad de conflictos en
el periodo de estudio. Sin embargo, los estibadores, tienen solo un 26% de las
mediaciones estatales en huelgas, cuando ellos son responsables del 42% de
huelgas totales. En el extremo opuesto, los trabajadores molineros con solo el
3% de las huelgas, tienen el 8% de las mediaciones estatales en huelgas. Es
probable que la menor proporción de huelgas de estibadores donde interviene el
estado responda a que la mayoría de sus conflictos se desarrollan antes de 1935,
cuando todavía el DPT no había afianzado su capacidad mediadora. A la inversa,
los sectores que se activan en la segunda mitad del treinta tienden a tener una
mayor proporción de huelgas en las que arbitra el Estado. Es decir, al menos en el caso entrerriano,
no hay una intervención selectiva por algún criterio estratégico en lo
productivo como señaló Horowitz (Cfr.: Horowitz,
2004), sino que se buscó mediar en la mayoría de los conflictos en
abstracción del sector productivo. La única excepción parcial serían los
molineros, pero la desproporción entre su número de conflictos y el nivel de
intervención mediadora del estado no es tan elevada tampoco. Por otra parte, se
pudo reconocer que el Estado intervino en todo el territorio. Su acción
mediadora alcanzó a pueblos rurales alejados como El Pingo o Jubileo y a casi
todas las cabeceras departamentales donde hubo conflicto.
Vale aclarar que aquí solo contabilizamos las
huelgas donde hay mediación del Estado, lo que no agota su campo de injerencia.
El Estado también intervenía antes de que la huelga se produjera. Según Filiberto Reula, observador
contemporáneo, durante el periodo de la gobernación radical de Tibiletti
(1935-1939), el DPT resuelve 66 conflictos, de los cuales, en solo ocho se
habría recurrido una medida de fuerza (Reula,
1971). En la medida que Reula no cita
fuentes, es difícil estimar la veracidad de sus afirmaciones. Pero hemos
constatado la existencia de casos donde se amenazó con huelga y la presencia
mediadora del comisario previno de la acción directa de los obreros (El
Pueblo, Villaguay, 21/01/1942 y 23/12/1942).
5- La intervención estatal en los
conflictos como vínculo político
La intervención en los
conflictos persiguió otro fin además de la contención de la conflictividad
obrera. La mediación, como se mostró en el cuadro de conflictos, permitió a los
obreros fortalecer el sindicato como medio de lucha. La construcción de un
consenso en torno a la participación del Estado en los conflictos apuntalaba
una alianza tácita entre sindicalistas y radicales.
El actor principal de esta
relación fue el comisario de policía. Luego de su llegada al poder en 1914, los radicales
hicieron un "saneamiento" del cuerpo policial que, bajo el pretexto
de despejar de partidismos políticos, abría las puertas a partidarios de su
propia línea. De este modo se incorporó a “vecinos de notorio prestigio moral con ampliar facultades para organizar
su personal” designados por el gobernador. Los comisarios fueron
revalidados como los representantes departamentales del DPT en la Ley Orgánica
del DPT en 1935 en el artículo 3º (Reula, 1971, p. 25). Por medio de esa purga se
situaron a partidarios propios, y con la creación del DPT estos nuevos
comisarios ampliaron sus funciones y el alcance de las relaciones con la problemática
obrera. Creemos que este rol de los comisarios explica el hecho de que el
comisario de Gualeguaychú, durante la masacre producida por los miembros de la
Liga Patriótica Argentina en mayo de 1921, saliera en defensa de los obreros
que portaban la bandera roja, protegiéndolos dentro de la comisaria para que
los liguistas no los atacaran. Meses después miembros de la Concentración Popular
solicitaron que se le niegue la senaduría que había ganado en las elecciones
argumentando que siendo jefe de policía había aprovechado su lugar para
favorecer su victoria. (Carraza,
1987, pp. 29; 50. Concentración Popular,
1922, p. 6.). Algo similar sucedió con el
comisario de Concepción del Uruguay que defendió la política de mediación
laboral del gobierno provincial frente a los ataques de nacionalistas,
respondiendo al doctor María Rosa: “Debe tenerse en cuenta que en Entre Ríos
hay obreros que no ganan más de diez pesos por mes y si estos presentan pedido
de mejora de sueldo, las personas como el Dr. Rosa los consideran de inmediato elementos comunistas” (La Nación, Buenos Aires, 26/01/1937).[9]
Los dos casos donde mejor se
reconoce el rol del DPT como vehículo de creación de vínculos con el movimiento
obrero y la consiguiente creación de una base electoral son las figuras
políticas Isidoro Neyra y Raúl Uranga. Neyra tuvo una prolífica militancia
dentro de la Unión Cívica Radical. Fue Neyra quien concretó una reunión entre
el gobernador y los dirigentes obreros de Concepción del Uruguay, en la que
ellos solicitaron, y obtuvieron, el indulto para unos obreros presos por luchas
gremiales de la década del veinte en 1933 (El Debate, 17/11/1933). En
1938, en su rol de comisario de Concepción del Uruguay reunió en una misma mesa
a los trabajadores de la construcción ocupados en el Colegio Nacional y a la
empresa constructora para firmar un pliego que era favorable a los obreros (La Juventud, Concepción del Uruguay, 10/11/1938). Años después, Isidoro Neyra, ya como senador, fue
el responsable del envío de telegramas para reclamar por la libertad de Juan
Balsechi, principal referente de la Unión Obrera Departamental de Concepción
del Uruguay, apresado en el puerto de aquella ciudad bajo jurisdicción nacional
(La Juventud, Concepción del Uruguay, 16/03/1943). En la ciudad con mayor conflictividad obrera de
la provincia, la relación entre estos funcionarios radicales y el movimiento
obrero no se podía esconder.
Por otro lado, la importancia
política de esta mediación estatal se observa con claridad en la figura de Raúl
Uranga quien tras ser director del DPT, llegó a gobernar la provincia. Uranga, proveniente
de las filas del Socialismo Independiente, a mediados de los treinta se
incorpora a la UCR entrerriana. Allí dirigió el DPT hasta 1941 cuando un
conflicto con los conservadores por su participación en un acto antifascista
con los comunistas lo llevó a abandonar ese cargo (El Censor, Gualeguaychú, 04/09/1941. La Hora, Buenos Aires, 20/08/1941) y asumir más tarde la dirección
del vespertino El Diario de Paraná,
medio gráfico que servía como vocero de la UCR, y por el cual pagó varias veces
con la cárcel (El Pueblo, Villaguay,
28/05/1945). En 1946 fue elegido diputado nacional por Entre Ríos y en 1958
elegido gobernador, siempre por el radicalismo. Evidentemente su rol como
director del DPT y su vínculo con los obreros le sirvió como trampolín para su
carrera política.
Conclusiones
En el artículo defendimos una idea sencilla pero que
suele estar fuera de las lecturas historiográficas clásicas: la formación de
nuevas agencias estatales responde a la consolidación de la hegemonía de clase.
Es decir, la formación de nuevas reparticiones revela una mayor integración de
la clase obrera al Estado y un fortalecimiento de la hegemonía burguesa.
Es por ello que, a partir del análisis del caso
entrerriano mostramos que el DPT pasó casi dos décadas en un estado
embrionario, décadas en las cuales gobierno tras gobierno de signo radical
reclamaron una mejor organización interna, financiación y ampliación de sus
injerencias, pero no fue hasta que la lucha de clases a mediados de la década
del treinta los obligó a tomar cartas que aumentó su intervención.
La lucha de clases, en este caso bajo la forma de
conflicto gremial, coincidía con una recuperación de la organización obrera
bajo el signo de los sindicalistas puros. La tendencia sindicalista consolidó
su lugar sobre un renunciamiento al horizonte de lucha revolucionaria. En
consonancia, el reclamo por la participación estatal en los conflictos empalmó
con un discurso integrista de parte de la burguesía en el Estado. Así fue que
reformismo obrero encontró en los radicales que administraban el Estado
provincial aliados para fortalecer el sindicato como herramienta para la lucha.
La represión de los anarquistas y el crecimiento gremial de los comunistas en
su periodo de Frentes Populares facilitaron el desarrollo de la política
mediadora por parte del Estado provincial. Desde 1935 hasta el cierre de
nuestro recorte histórico, la estrategia del reformismo obrero y la mediación
estatal no encontraron traba alguna, salvo casos aislados de resistencia
patronal. Creemos que el crecimiento de los conflictos en aquel año fue lo que
precipitó la aprobación de la carta orgánica del DPT. Fue gracias a este ordenamiento
del funcionamiento que se pudo mediar en los conflictos. Por otra parte,
reconocemos que el DPT no privilegió las fracciones de clase en las
mediaciones, sino que participó de todos tipos de conflictos, sea cual fuera la
fracción obrera en lucha. También pudimos comprobar que las mediaciones se
dieron en un territorio amplio que incluyó pequeños pueblos rurales como así
también las ciudades cabeceras departamentales.
Por último, observamos el rol fundamental que
ocuparon los comisarios en su pasaje de funcionario público a político. Es
decir, los comisarios en tanto representantes territoriales del DPT elegido por
el gobernador sirvieron de puente entre los obreros y el Estado. En efecto,
dado que la representación territorial del DPT corría por cuenta del comisario
y este a su vez era elegido por el gobernador, hay elementos para pensar que
este sería un puente para unir a la clase obrera con el Estado, por un lado, y
por otro, un vehículo de ascenso político para los sujetos concretos que tuvieron
la responsabilidad práctica de representar al Estado en los conflictos
laborales.
Finalmente, el desarrollo de instituciones estatales
y de la mediación en los conflictos del trabajo en particular respondió a una
necesidad histórica de la clase dominante para mantener la hegemonía de clase.
Por ello mismo es que se valió de la represión cuando fue necesario, al mismo
tiempo encontró en el creciente reformismo obrero un atajo a la integración de
las demandas secundarias de la clase obrera. Hecho que benefició al partido
radical en el poder que pudo mejorar sus vínculos con el movimiento obrero.
Mientras, desde la óptica de los sindicalistas, la relación con el Estado
favorecía sus demandas, como demostramos en las instancias de negociación
favorables a los trabajadores. Esta visión nos ha permitido superar las
lecturas institucionalistas que atribuyen al Estado una búsqueda constante de
mejoras sociales, en abstracción del contexto en el que estas se producen en el
marco de la lucha de clases.
Fuentes y referencias
bibliográficas
Prensa
Bandera Proletaria, Órgano de la Unión
Sindical Argentina, Buenos Aires.
Diario La Hora, Órgano del Partido
Comunista, Buenos Aires.
Diario El Diario, Paraná.
Diario La Acción, Paraná.
Diario La Nación, Buenos
Aires.
Periódico C.E.C.A., Órgano
del Centro de Empleados de Comercio y Anexos de Gualeguaychú, Gualeguaychú.
Periódico El Censor, Gualeguaychú.
Periódico El Debate,
Gualeguay.
Periódico El Entre Ríos, Colón.
Periódico El Pueblo, Villaguay.
Periódico La Juventud, Concepción
del Uruguay.
Periódico Los Principios,
Concepción del Uruguay.
Periódico Nuestro Derecho, Órgano del Centro de
Empleados de Comercio de Concepción del Uruguay.
Semanario Unión Sindical, Buenos Aires.
Fuentes estatales
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Cámara de Diputados, 64º periodo legislativo, 9na. Sesión ordinaria. Varios días.
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Vice-gobernador Luis Etchevehere en la apertura del LVI Periodo Legislativo, Paraná.
Provincia de Entre Ríos (1921). Mensaje del señor Gobernador de la Provincia
de Entre-Ríos, Celestino Marcó, Paraná.
Provincia de Entre Ríos (1923). Mensaje del señor Gobernador de la Provincia
de Entre-Ríos, Ramón Mihura, Paraná.
Provincia de Entre Ríos (1925). Boletín del Departamento de Trabajo,
Varios números.
Provincia de Entre Ríos (1926). Mensaje del señor Gobernador de la Provincia
de Entre-Ríos, Ramón Mihura, Paraná.
Provincia de Entre Ríos (1927). Mensaje del señor Gobernador de la Provincia
de Entre Ríos, Eduardo Laurencena, Paraná.
Provincia de Entre Ríos (1929). Mensaje del señor Gobernador de la Provincia
de Entre Ríos, Eduardo Laurencena, Paraná.
Provincia de Entre Ríos (1933). Mensaje del Gobernador de la provincia de
Entre Ríos Dr. Luis Etchevehere al iniciarse el 74º periodo ordinario de
sesiones de la Honorable Legislatura. Paraná, Imprenta de la Provincia.
Provincia de Entre Ríos (1936). Mensaje del Gobernador de la provincia de
Entre Ríos Dr. Eduardo Tibiletti al iniciarse el 77º periodo ordinario de
sesiones de la Honorable Legislatura. Paraná, Imprenta de la Provincia.
Provincia de Entre Ríos (1937). Memoria presentada a las Honorables Cámaras
legislativas por el Ministro de Gobierno y obras públicas, José María Garayalde,
Año 1937, Paraná, Imprenta de la
provincia.
Provincia de Entre Ríos (1937). Mensaje del Gobernador de
la provincia de Entre Ríos Dr. Eduardo Tibiletti al iniciarse el 78º periodo
ordinario de sesiones de la Honorable Legislatura. Paraná, Imprenta de la Provincia.
Provincia de Entre Ríos. Mensaje del señor Gobernador de la Provincia de Entre-Ríos, Ramón
Mihura, Paraná.
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Recepción: 02/12/2018
Evaluado: 21/04/2019
Versión Final: 06/05/2019