Amalio Olmos Castro y la cuestión social en Santiago del Estero. El Departamento Provincial del Trabajo entre límites estructurales y conflictos ideológicos

 

 

Ana Teresa Martínez(*) y José Vicente Vezzosi(**)

 

 

Resumen

 

El artículo analiza el modo como en la primera mitad del siglo XX se buscaba regular las relaciones entre capital y trabajo en una provincia periférica de Argentina, marcada por el sistema de explotación del obraje maderero y el trabajo estacional. Estudiamos la trayectoria del director del Departamento Provincial del Trabajo (DPT), Amalio Olmos Castro, bajo una serie de hipótesis: que las dificultades en el avance de la legislación social y su implementación en Santiago del Estero estuvieron vinculadas, como en otras provincias, a que la legislación no dotaba de poder punitivo al organismo ni contemplaba tribunales específicos; al debate sobre la jurisdicción nacional o provincial de las leyes laborales; a conflictos entre los gremios y el director del DPT; a las dificultades de sindicalización más allá del área urbana y en ámbitos ligados a tradiciones de servidumbre como el empleo doméstico; a cuestiones estructurales, relacionadas con el procesos de conformación del Estado provincial y su lugar periférico en la modernización capitalista del país.

 

Palabras clave: cuestión social; Departamento Provincial del Trabajo; Amalio Olmos Castro; Santiago del Estero.

 

 

 

Amalio Olmos Castro and the social issue in Santiago del Estero. The Provincial Department of Labor between structural limits and ideological conflicts

 

Abstract

 

The article analyzes the way in which, in the first half of the 20th century, the relationship between capital and labor was regulated in a peripheral province of Argentina, marked by the “obraje”’s system and seasonal work. The trajectory of the director of the Provincial Department of Labor (PTD), Amalio Olmos Castro, is studied under a series of hypotheses: that the difficulties in the advancement of social legislation and its implementation in Santiago del Estero were linked, as in other provinces, to the fact that the legislation did not provide punitive power to the body or contemplated specific courts; to the debate on the national or provincial jurisdiction of labor laws; to conflicts between the guilds and the director of the DPT; to the difficulties of unionization beyond the urban area and in areas linked to traditions of servitude such as domestic employment; to structural questions, related to the processes of conformation of the provincial State and its peripheral place in the capitalist modernization of the country.

 

Key words: social issue; Provincial Departament of Labor; Amalio Olmos Castro; Santiago del Estero.

 

 

Amalio Olmos Castro y la cuestión social en Santiago del Estero. El Departamento Provincial del Trabajo entre límites estructurales y conflictos ideológicos

 

Como ya se ha mostrado en estudios anteriores, la “cuestión social” no puede ser analizada mirando sólo la evolución de la legislación (Suriano, 2004; Soprano, 2000; Lobato y Suriano, 2014)). Es necesario dar cuenta de fundamentos ideológicos, procesos de implementación, juegos de los agentes en contextos de fuertes tensiones, que atravesaban los espacios locales desde conflictos que eran a la vez nacionales e internacionales, produciendo discursos que se replicaban y resignificaban en las diversas escalas, generando y expresando afinidades y fobias sociales, que hacían de la llamada “cuestión social” un complejo juego de intereses y tensiones económicas, sociales, políticas y étnicas, indisociables si queremos arrojar alguna luz sobre los procesos. En este marco, los estudios sobre los Departamentos Provinciales del Trabajo (DPT) pueden ser abordados desde diversas perspectivas. Entre otras, pueden inscribirse en análisis sobre los procesos de constitución de los estados provinciales, sus burocracias, sus opciones políticas y de las luchas por sus autonomías relativas, tanto respecto del estado nacional como de los poderes económicos y las fuerzas ideológicas que sostienen su proyecto. Al mismo tiempo pueden ser mirados como claves de interpretación de los intereses y los agentes que constituyen el espacio local, cuyas lógicas nunca son enteramente disociables de procesos regionales y nacionales. El juego de escalas y de contextos pertinentes se enmarca en este caso en los términos de un análisis de geopolítica interior, de centros y periferias en telaraña múltiple, donde la desigualdad de acumulación capitalista (en todas sus dimensiones) tiene concreción espacial, y donde los espacios periféricos son a la vez locus de autonomía relativa en los que los juegos giran en torno a problemas y capitales particulares.

En este trabajo focalizamos la mirada en Santiago del Estero, retomamos aproximaciones anteriores (Tenti, 1994; Martínez, 2008) y nos centramos en la actuación de Amalio Olmos Castro, el complejo y multifacético director del DPT entre 1935 y 1945, para referirnos ahora no sólo a sus intentos por hacer cumplir leyes laborales en los obrajes madereros santiagueños (Martínez, 2007), sino a sus complejas relaciones con los gremios urbanos, mayormente de identidad socialista y a sus preocupaciones por los problemas globales de la provincia, en los que debía inscribirse a su juicio la problemática laboral. Esta nueva aproximación nos devolverá matices importantes respecto a las luchas ideológicas que atravesaban ya a Santiago en momentos previos a la irrupción del peronismo, así como sobre la centralidad que los discursos locales atribuían a ciertas cuestiones estructurales consideradas como trabas para su desarrollo económico y social (Martínez, 2016).

Articulan este análisis algunas hipótesis: que las dificultades en el avance de la legislación social y su implementación en Santiago del Estero estuvieron vinculadas, como en otras provincias, a que la legislación no dotaba de poder punitivo al organismo ni contemplaba tribunales específicos; al debate sobre la jurisdicción nacional o provincial de las leyes laborales; a conflictos entre los gremios y el director del DPT; a las dificultades de sindicalización más allá del área urbana y en ámbitos ligados a tradiciones de servidumbre como el empleo doméstico; a cuestiones estructurales, relacionadas con el procesos de conformación del Estado provincial y su lugar periférico en la modernización capitalista del país. En este último sentido, el trabajo a destajo de las poblaciones rurales -en parte disciplinadas por el régimen de trabajo colonial, y en parte incorporadas compulsivamente a la producción capitalista al correrse la frontera del Chaco- parece imprescindible para que la provincia provea su parte al proceso nacional de modernización. Más allá de los debates que ocupaban a las élites intelectuales, cualquier otro rol en el desarrollo general imponía cambios estructurales en la economía local y en las mentalidades, que no parecían posibles en el esquema aceptado.

 

La vinculación capital/trabajo en el mediano y largo plazo en Santiago del Estero

 

1937 fue el tercer año consecutivo de una gravísima sequía que marcó la historia provincial tanto en su aparato productivo como en la magnitud de sus éxodos poblacionales (Tasso, 2011; Anderman, 2012; Vargas, 2018). Para algunos influyentes intelectuales, como Orestes Di LLulo y Bernardo Canal Feijóo, la sequía se relacionaba con la depredación del medio ambiente por los obrajes (Martínez, 2018). En ese contexto, el flamante director del DPT Amalio Olmos Castro, exponía en el Rotary Club local acerca de “El incumplimiento de las leyes obreras como factor de desorden social”. Señalaba la existencia de una paradoja en las relaciones entre capital y trabajo: “Si bien adoptamos las más modernas maquinarias y los medios necesarios para la estandarización de los productos, siguiendo así el ritmo que requiere la industria actual; respecto a los derechos obreros continuamos viviendo en el atraso de veinticinco a treinta años. Hay algo en nosotros de la época de fines del siglo XIX”.

Olmos Castro fijaba las diferencias temporales entre un presente que -a pesar de las promesas modernizantes- guardaba características -al menos para algunos sectores sociales- de un tiempo pasado, y lo hacía en la sede de una asociación que congregaba importantes actores del liberalismo reformista y filantrópico santiagueño de la época. Entre ellos, su fundador y presidente (durante los primeros quince años de existencia rotaria en Santiago), José F. L. Castiglione, maestro (también fundador y presidente de la asociación Los Amigos de la Educación), abogado (letrado de varios obrajes madereros de la provincia), co-propietario con su hermano del diario El Liberal,^[1] presidente del Consejo General de Educación y Ministro de Gobierno de la Provincia por el radicalismo antipersonalista durante el gobierno de José I. Cáceres, a principios de los años 40.

El incipiente proceso de modernización tecnológica y urbana que acompañó el desarrollo de los sucesivos proyectos agroindustriales y agroforestales a través de los cuales se buscaba insertar a la provincia en el capitalismo internacional (Tasso, 2007), se había erigido -además de la devastación ecológica- sobre la explotación intensiva de la mano de obra local, vía incorporación forzada de la población indígena al correrse las frontera del río Salado (Concha Merlo, 2019), profundización de las migraciones estacionales y dependencia financiera del Estado Nacional, coadyuvando así a la sedimentación de prácticas y discursos que naturalizaban, en el nuevo contexto, antiguas formas de relación entre capital y trabajo. Prácticas y discursos que -como han mostrado ya otros trabajos- tendían a consagrar la idea de que el atraso provincial era consecuencia del carácter tradicional que se atribuía a la población nativa, a los sectores populares, especialmente rurales.^[2] Es contra esa operación hegemónica que Olmos Castro parece interpelar a sus oyentes.

El perfeccionamiento del sistema de conchabo que garantizaba las relaciones laborales en torno al sistema patronal bajo coacción punitiva, se había materializado en la Ley de Servicio a Jornal de 1887. La normativa sancionada durante el gobierno de Absalón Rojas establecía –como en otras provincias- que las relaciones laborales continuarían sometidas a jurisdicción policial, obligando a tomar conchabo a toda persona que careciera de rentas propias, oficio, industria u ocupación (Alen Lascano, 1992, p. 497). La ley preveía la creación de una oficina de contralor bajo la órbita del departamento de policía, encargada de expedir las papeletas de conchabo, los registros, el salario y los servicios prestados. El instrumento consagraba al patrón como un “magistrado doméstico”, con poder de policía para velar el orden entre peones y sirvientes que estaban obligados a prestar “fidelidad, obediencia y respeto a sus patrones” y ejecutar con diligencia las labores y órdenes que les impusieran. La huelga no sólo estaba prohibida, sino que era considerada un delito, pudiendo el patrón exigir resarcimiento por mal desempeño o ausencia, estando obligados los peones a colaborar en la represión de sus compañeros.
Si en el plano regional y nacional la preocupación del Estado por la cuestión social estuvo asociada a la emergencia de sectores reformistas dentro de la elite liberal, a acciones de resistencia (como la huelga de los trabajadores azucareros en 1904), o al accionar de grupos anarquistas y comunistas vinculados a las corrientes migratorias europeas, en Santiago su génesis se relaciona con la creación casi simultánea (en 1897 y 1898 respectivamente) del Círculo de Obreros Católicos y del Círculo Socialista de Obreros, espacios desde los cuales se comenzó -de manera muy incipiente- a trabajar sobre las condiciones laborales de los sectores populares.^[3] Pero una cuestión estructural condicionaba el desarrollo del movimiento obrero santiagueño. Si por iniciativa de sectores medios urbanos socialistas o católicos se fue profundizando la agremiación y las disputas en torno al vínculo entre trabajo y capital, de la mano de la sanción de leyes a nivel nacional que reconfiguraban las viejas relaciones consagradas en la ley de servicio a jornal, por otro lado, la inmensa mayoría de la Población Económicamente Activa, que residía en zonas rurales^[4] continuaba sometida a relaciones laborales reguladas por el patronazgo. Los “agregados”, “medieros” y otros pobladores carentes de títulos de propiedad, así como la población nativa recientemente integrada, trabajaban a destajo en obrajes madereros, cosechas estacionales y otras actividades intensivas -en el mejor de los casos para complementar una economía de subsistencia-, recibiendo pagos en bonos para ser usados en el almacén del propietario de la explotación, sometidos a castigos físicos y viviendo en condiciones muy precarias. Las mujeres, cuando no obligadas a desplazarse junto con el hachero o el bracero conforme se trasladaban los focos de explotación, eran empleadas en el trabajo doméstico como “muchachas” o “chinitas”.

De allí que la creación de la Oficina Provincial del Trabajo el 12 de julio de 1917, durante el gobierno conservador de José Cabanillas, parece estar más vinculada -al igual que en otras partes del país- con la aplicación provincial de la Ley de accidentes de trabajo -sancionada a nivel nacional en 1915- y con la creación del Departamento Nacional del Trabajo (DNT) que a demandas endógenas. En efecto, pasarían más de diez años para que el estado provincial volviera a producir normativa laboral. En 1928, durante el gobierno del yrigoyenista Santiago Maradona, se sancionaron algunos instrumentos legales que intentaron -nuevamente con resultados circunscriptos al ámbito urbano- fomentar en la provincia la aplicación de la normativa existente a nivel nacional: reglamentación del pago en moneda nacional, creación de la Caja de Garantías y de la Caja de Accidentes de Trabajo. Sin embargo, el proyecto de Ley para la creación del DPT^[5] presentado el 2 de junio de ese año no fue aprobado en la Legislatura.

En los años ´30, junto con la constitución de la CGT a nivel nacional, fue tomando relevancia la Federación Obrera Santiagueña (FOS), central de trabajadores provinciales, surgida en 1918, pero que -por conflictos internos- había quedado inactiva durante toda la década del ´20.^[6] En el gobierno radical de Juan B. Castro, el “Gaucho”, de fuerte raigambre entre los sectores rurales, se comisionó en 1932 a Amalio Olmos Castro la redacción de un Código Provincial del Trabajo que tampoco sería sancionado. La disputa entre un radicalismo liberal y otro de corte personalista, pero coincidentes en sus posiciones conservadoras frente al vínculo capital-trabajo, caracterizaba la gestión política y parecía entrampar los intentos reformistas, a la vez que alimentaba la radicalización de posiciones al interior del incipiente movimiento obrero. Promediando la década del ´30, Pío Montenegro, miembro de una encumbrada familia santiagueña ligada a la explotación de los obrajes madereros desde fines del siglo XIX, asumió la gobernación. En un intento por superar las sucesivas crisis de gobernabilidad provocadas por la interna radical, Montenegro buscó apoyo en un sector político vinculado al catolicismo local, de largo arraigo en la política santiagueña, pero por entonces marginal en el específico campo político (Vezzosi, 2018).

Hacia 1938, cuando el gobernador convocó a la reforma de la Constitución Provincial, frente al rechazo y abstención del resto de los sectores radicales, la lista oficialista de convencionales fue encabezada por el obispo Audino Rodríguez y Olmos. Junto a él se reunían representantes de sectores de fuerte presencia política en la resistencia al liberalismo de fines del siglo XIX y principios del XX, que se habían recluido a la recomposición del espacio católico durante la década de 1920 y que -promediando la de 1930- aglutinaban un laicado orgánico que ocupaba importantes espacios de sociabilidad, como la Acción Católica. La reforma de la constitución provincial de 1939 funcionó como ventana de oportunidades en la que actores vinculados al catolicismo local disputaron frente al ideario liberal los principios de legitimación en el espacio social santiagueño (Martínez y Vezzosi, 2013). Si bien no se implementaron las reformas esperadas por el grupo católico, ya que no se consagró la enseñanza libre en la Constitución de la provincia, la coyuntura permitió la propagación de la posición católica sobre la “cuestión social” y -sobre todo a partir del golpe de estado de 1943- recuperar lugares en el Estado provincial, constituyendo uno de los apoyos para la primera formación del peronismo local. Promediando los años ´40 surgió la Juventud Obrera Católica, se organizaron las Asambleas Diocesanas de la Juventud de la Acción Católica (espacio en el que inició su carrera pública Carlos Arturo Juárez, luego cinco veces gobernador) y se dictaron numerosas conferencias bajo títulos como “Cuestiones obreristas”, “Necesidad de sacrificio para el orden moral y necesidad del sacrificio como solución de los problemas sociales: los ricos y los pobres” o “La doctrina social católica como restauradora de la paz universal” (Achaval, 1993, p.195).

De manera que la institucionalización del DPT en 1937 se da en un contexto de crisis económica por la sequía y crisis política por las facciosas disputas al interior del radicalismo, que dieron lugar a la recomposición de la dirigencia católica en el espacio político y social. Pero además, y como el propio gobernador Montenegro mencionó en su discurso frente a la legislatura el 1 de mayo de 1937, la institucionalización del área de trabajo como Departamento en el marco de la Dirección Provincial de Registro Civil, Estadística y Trabajo, respondió también a la necesidad de hacer mas eficientes las complejas tareas de la Dirección, debilitada por la falta de recursos económicos y humanos. Ponderaba el gobernador la importante misión que cumplía en defensa de la clase trabajadora de la ciudad y la campaña, que los obreros rurales ya se encontraban habituados a su intervención y que el plan de divulgación de leyes obreras por medio de compendios y publicaciones en diarios locales había tenido como objetivo que el DPT fuera conocido y sus servicios utilizados.

Sin embargo, llamativamente, el gobernador no menciona al DPT cuando habla del grave conflicto laboral de los trabajadores municipales que había tenido lugar unos meses atrás y, que según afirmaba “monopolizó la atención pública por las características graves que asumía en ciertos momentos, debido a la intromisión de elementos sindicalistas que se adherían al movimiento incitando a la destrucción y alteración del orden”.^[7] En el discurso de Montenegro, este acontecimiento es mencionado en el capítulo policial, donde pondera la rápida y eficaz actuación que habría logrado “sofocar el movimiento que se gestaba con proporciones insospechadas mediante la acción subrepticia de extraños que procuraban encauzar la demanda obrera en otra corriente de ideologías y de carácter subversivo”. La alusión a la policía como el organismo estatal revestido de eficacia no para mediar sino para reprimir los conflictos obreros nos devuelve al planteo de Olmos Castro a los rotarios y su alusión al “atraso” en la resolución de la cuestión social: si era posible -y hasta deseable en el contexto- alegar razones ideológicas para desautorizar un movimiento gremial, era menos aceptable recurrir a la represión como único instrumento. Pero además, como en el resto del país, pero con la particularidad de las regiones fronterizas, en las que el trabajo asalariado convivía con relaciones serviles e incorporación forzada al mercado, no parecía bastar con las campañas de difusión de derechos, era necesario aceptar nuevas condiciones en las relaciones laborales, algo que -como veremos a continuación- no resultará sencillo, no sólo por las resistencias empresariales sino también por las limitaciones de la estructura burocrática y de la estructura productiva de la provincia. Pero antes, en el próximo apartado, introduciremos algunos elementos biográficos y de la trayectoria de Olmos Castro.

 
Facetas múltiples y complejas de un funcionario y una labor

 

Antes de ser Director del DPT Amalio Olmos Castro había ocupado diversos cargos como funcionario público provincial^[8] y continuó allí hasta llegar a cubrir la Secretaría de Trabajo y Previsión (STyP), siendo en 1945 desplazado hacia el Departamento de Estadísticas y Registro Civil. Después de esa fecha perdemos el rastro de su actuación pública, pero es evidente que su permanencia prolongada en la repartición y la importancia cualitativa del lapso en que la ocupó, sugiere que un análisis de sus posiciones, su actuación y su figura pública puede ser revelador de los procesos en que se inscriben.

Como muchos de sus contemporáneos en el área,^[9] las preocupaciones sociales de Olmos Castro pueden encuadrarse en el complejo “catolicismo social”, predominantemente (aunque no de modo uniforme) antiliberal.^[10] Su inclusión en la función pública durante los gobiernos radicales no lo vincula necesariamente a este partido, puesto que, como ya sabemos por estudios anteriores (Soprano, 2000; Suriano y Lobato 2014, p. 26), los funcionarios de estas reparticiones -al menos en el organismo nacional- tendieron a permanecer o regresar a lo largo de distintos gobiernos, especialmente a causa de la especificidad de sus saberes técnicos.

Por otra parte, su actuación trascendió el DPT: fue nombrado presidente de la Junta Honoraria de Investigaciones Sociológicas cuando se constituyó en la provincia a inicios de 1943 en vinculación con la Universidad Nacional de Tucumán^[11] y (el mismo año) miembro correspondiente de la Comisión de Seguridad Social de la Universidad Nacional de La Plata, fundada por Alfredo Palacios durante su rectorado. Aunque confluye con ellos por momentos en lugares de publicación y en algunos emprendimientos e instituciones, Olmos Castro (como el nacionalista Orestes Di Lullo) no aparece integrado en los proyectos colectivos del grueso de la intelectualidad local de la época, predominantemente liberal y nucleada por entonces en el Colegio Libre de Estudios Superiores (CLES) y la Asociación Cultural La Brasa.^[12]

Cuando sus textos se apartan de cuestiones técnicas, la raíz social-católica de sus preocupaciones se deja traslucir en sus discursos, folletos y libros, tanto por su contenido como por el intertexto en que se sostienen.

En 1945, aparentemente al retirarse de la función pública, recogió una parte importante de sus artículos y una selección de documentos (nombramientos, proyectos de ley, notas oficiales), para publicarlos en una edición de autor dedicada a sus hijos bajo el título Una vida al servicio del público. Los textos van de 1929 a 1945 y sus artículos habían sido publicados en lugares diversos: el diario El Liberal; las revistas La Gazeta Aldogonera^[13], Veritas^[14] y Maderil^[15] de Buenos Aires; una alta proporción en los Anuarios Estadísticos de la repartición a su cargo y en los Boletines del Departamento del Trabajo de Tucumán y de Buenos Aires. Sólo compila un artículo de Picada y dos de Brecha, dos de las al menos diez revistas culturales de Santiago del Estero de militancia antifascistas por aquellos años (Guzman, 2014, p.174). Del conjunto surge un perfil técnico, de funcionario preocupado por producir información e incidir en temas múltiples, relacionados con los problemas económicos y sociales de la provincia. Una lectura detenida nos devuelve el apasionamiento de más de una lucha, así como la preocupación por la salud pública, por la educación, por el desarrollo de cultivos e industrias (del algodón al gusano de seda), el mejoramiento de los caminos, los problemas del riego, la distribución de la tierra, la legislación obrera y su cumplimiento. Escribe también artículos ocasionales sobre historia de la provincia, destacando personajes olvidados y efemérides patrióticas de importancia local, que narra en la línea de la historiografía liberal pero con marcada insistencia en personajes de carácter religioso cuyo conocimiento, a sus ojos, debería contribuir a la moralidad pública. Si desplazamos la mirada a los Anuarios, destaca la producción de información estadística provincial –que retomó luego de un período de discontinuidad (Tasso, inédito)-, así como la publicidad de informes, denuncias, procesos administrativos diversos que involucraban a patrones, obreros y abogados. Los Anuarios, además de sus aportes al conocimiento de la provincia, aparecen en este sentido, utilizados como arma simbólica en términos de denuncia oficial ante la ausencia de instrumentos jurídicos más eficaces para hacer cumplir las leyes. De hecho, la publicación de un anuario donde denunciaba a un poderoso obraje estuvo en el centro de una de sus últimas batallas (Olmos Castro, 1945, p. 239).

La lista que presenta en abril de 1943 al Ministro de Gobierno provincial, solicitando se paguen publicaciones atrasadas de su repartición, permite hacerse una idea del amplio esfuerzo de propaganda y concientización que realizaba desde su oficina: con tiradas de 1.000 a 2.000 ejemplares (números más que significativos para la época y el lugar) aparecen 17 títulos, tales como Reglamento para inspectores de trabajo, Investigación sobre existencia de ciegos en la provincia, Modificación en la Reglamentación del trabajo, Informe sobre inspección en la fábrica de cemento Portland, Razones para la prohibición del trabajo nocturno en panaderías, Ley de salario mínimo como derecho y necesidad del bien común, etc. Entre ellos destaca una obra de mayor porte (155 páginas), que había sido publicada en 1942 bajo el título El Trabajo. Consiste en un texto de divulgación con una fundamentación teórica y una exposición más detallada del derecho laboral, la necesidad de regularlo, sus problemas en la provincia y el rol y funciones del DPT. El tema y el formato lo vuelven especialmente interesante para explorar las ideas del autor.

Desde las primeras páginas de El Trabajo, en un marco de referencias heteróclitas y cierto desorden argumental, construye un texto cuya secuencia de autoridades culmina en Tolstoi y en el apóstol Santiago. Reconoce a Marx haber entendido que con la industrialización el trabajo se había convertido en mercancía y que de la distribución de sus frutos dependía la armonía o la lucha de clases, para lamentar en seguida que en Argentina aún no se hubiera comprendido este problema, encarnizándose así la lucha entre capital y trabajo. Concluye que antes del cristianismo el esclavismo habría sido la norma y que “la concepción noble del trabajo (...) debe al cristianismo mucho más que a las teorías de Marx, Tolstoi y de todos los reformadores que se sucedieron” (Olmos Castro, 1941, p. 45) porque están todas contenidas “en las palabras del Salvador”. Si el gran invento de la edad media fue el obrero y las agremiaciones -prohibidas en la Revolución Francesa, deja constancia-, éstas vuelven a ser una necesidad a causa del “maquinismo”. Lo que buscaban los obreros en ellas, a través de las reivindicaciones económicas, sería fundamentalmente en su perspectiva un reconocimiento moral: “ser considerado como un colaborador inteligente y libre y no como una simple prolongación de la maquinaria” (Olmos Castro, 1941, p. 49). La secuencia argumental se anuda allí en una explícita referencia a Problemes sociaux du travail industriel de Max Turmann, profesor de la Universidad de Friburgo de gran influencia en el catolicismo social español. El resto del libro argumenta a favor del salario mínimo (necesariamente acompañado por el control de precios) y el descanso dominical (acompañado de ley seca). Se detiene a denunciar la explotación inhumana en los obrajes madereros y en general de los obreros rurales, plantea la necesidad de romper con el latifundio y de expropiar tierras improductivas para crear “una clase, la del agricultor propietario, que reemplazaría a la multitud de obreros sin instrucción, sin concepto de sus derechos y deberes cívicos; presas fáciles de los caudillos y dispuestos a vender el sufragio” (Olmos Castro, 1941, p. 64). La reciente creación del Consejo Provincial del Trabajo (CPT), concluye, permitiría resolver los conflictos “dentro del marco de la legalidad y patrocinado por el Estado, colocado en un plano equidistante” (Olmos Castro, 1941, p. 73), imprescindible para conseguir la armonía social, ante las “doctrinas exóticas” que vienen minando los espíritus.

A partir de esta fundamentación, en el mismo libro se expresan necesidades de la repartición que preside: la demanda de ampliación de personal y recursos del DPT, que contaría por entonces con un inspector y tres delegados, sin movilidad ni viáticos. Esto sería particularmente insuficiente cuando se trata de inspeccionar obrajes, esparcidos en zonas alejadas de la capital en la extensa y mal comunicada provincia. Reclama también un cuerpo de abogados para defender a los obreros y para dotar al sistema de fuerza ejecutiva, buscando por esa vía la capacidad de sancionar a los infractores. El texto describe luego minuciosamente el sistema del obraje, desde el acaparamiento de la tierra (citando propietarios y número de hectáreas) a los precios de las proveedurías, pasando por el rol de los contratistas y los comisarios.

El libro termina, para completar sus posiciones sobre los factores en juego, con un encendido reclamo de agremiación a los obreros, ya que ése sería su principal medio de defensa, pero aclara:

 

No sería esto la lucha de clases sino la unión de clases. Todos trabajaríamos para un fin común en medio de la armonía y saldría así de nuestras tierras y de toda la zona del norte esa reserva argentina de que hablan los literatos y sociólogos del litoral, porque en ella se encuentran todas las virtudes de la argentinidad, ocultas o dispersas por una vida económica antinatural, en donde algunos disfrutan de todo mientras que la mayoría va perdiendo su fuerza en trabajos agobiadores (Olmos Castro, 1941, pp. 154-5).

 

En suma, el conjunto de su producción expone argumentos más o menos clásicos del catolicismo social sobre el rol del capital, el trabajo y el estado, al mismo tiempo que lo revela como un conocedor agudo de los problemas locales -que no acepta estetizar ni esconder- y como un funcionario con una idea definida de la repartición que preside, que a sus ojos debería además independizar sus funciones de las de Estadística y Registro Civil, para concentrarse en su especificidad, tal es la importancia de la tarea pendiente.

Al mismo tiempo, Olmos Castro mira su responsabilidad pública en el contexto de los procesos del desenvolvimiento económico y social de la provincia, sobre el cual también tiene y expresa posiciones. Sobre esta base es que insistirá sobre temas clave como la grave cuestión del agua y la necesidad de las vías de comunicación que articulen el interior provincial. La problemática laboral será en su opinión insoluble si no se superan otras cuestiones más amplias y complejas de infraestructura, que -como veremos- no dejará de exponer ante las autoridades y la opinión general.

 

Conflictos, mediaciones, ineficacias

 

En un trabajo anterior nos hemos detenido en las inspecciones que realizó Olmos Castro en los obrajes madereros de la provincia en la segunda mitad de 1943, inspecciones que no eran las primeras, pero contaban desde junio con respaldo del Interventor de la provincia. En el duro enfrentamiento con los propietarios de la Asociación de Productores de la Industria Forestal (APIF) y el diario que le hacía informalmente de vocero, El Liberal, Olmos Castro obtuvo una momentánea victoria hacia fin del año (Martínez, 2007). Movernos ahora unos meses hacia atrás en el mismo 1943 nos permite ver otros conflictos que también lo tuvieron como protagonista y otras facetas de su labor al frente al DPT, clarificar mejor sus posiciones ideológicas y aproximarnos a la complejidad de sus relaciones con la dirigencia obrera urbana.

El gremialismo santiagueño había encontrado un vocero en el diario La Hora,^[16] que regularmente daba a conocer sus actividades, pero también tomaba posición a su favor en caso de huelgas y demandas. En 1937, cuando Olmos Castro había sido atacado en las cercanías del mercado municipal, el director del mismo diario se había solidarizado con él y había alabado en su editorial del día siguiente la labor que llevaba a cabo el funcionario (Tasso, inédito), del mismo modo que Alfredo Palacios lo había hecho el mismo año en sus informes al Senado de la Nación (Palacios, 1938). Sin embargo, en los primeros meses de 1943 la actitud del diario se presentó mucho más crítica respecto del director del DPT.

La escalada de conflictos por salarios se había acentuado con la elevada inflación de ese año y los gremios santiagueños eran protagonistas de una serie de huelgas que el diario fue reseñando. El conflicto que reanudaban los obreros de la construcción el 27 de enero se remontaba a once meses atrás, cuando el CPT había logrado cerrar un acuerdo que los patrones hasta el momento no habían cumplido. La editorial del diario tomó la voz de gremios que denunciaban al DPT como ineficaz y pasivo, reiterando acusaciones que decían apoyadas en “abundancia de concretos”. El Centro de empleados de Comercio venía reclamando una reunión del CPT porque sostenían que sus reiteradas denuncias habían sido “archivadas maliciosamente” en el DPT. Las quejas habrían sido llevadas también al Ministro de Gobierno, que habría insinuado la supresión de la repartición, posibilidad que de todos modos el diario rechazaba, planteando que se trataba de cambiar los funcionarios, no las leyes.

Al día siguiente, el diario volvía sobre la huelga de los obreros de la construcción y los reclamos de los empleados de comercio, y aludía nuevamente a la indiferencia de la oficina “que costea el estado para que vele por el cumplimiento de las leyes obreras” (La Hora, Santiago del Estero, 29/01/1943, p. 3). El mismo día se habían declarado en huelga los obreros del taller mecánico y estación de servicio de una conocida firma, por la expulsión de los delegados ante el pedido de aumento de salarios. También constaba en este caso el recurso al DPT, que a su vez se ocupaba de los obreros de la construcción, quienes reclamaban una reunión de la FOS.^[17] En los días siguientes el conflicto metalúrgico se iría agravando, con la agresión a un obrero y la huelga por tiempo indeterminado de todo el gremio, logrando luego el apoyo de los demás sindicatos y amenazando con un paro general.

La huelga de la construcción se solucionó finalmente el 4 de febrero en una reunión entre patrones y obreros, pero que no se realizó en el DPT, sino en Casa de Gobierno, presidida no por el Director del DPT, sino por el Ministro de Gobierno. Los metalúrgicos, en cambio, siguieron en huelga, reclamando el concurso de la FOS para decretar el paro general. El 6 la editorial de La Hora volvió a acusar a Olmos Castro de “indiferencia musulmana”, “ineptitud e ineficacia”, pese a “sus aires de laboriosidad”.

Este escenario de tensión se agravó poco después con intervenciones represivas que no partieron de la iniciativa del DPT -y ni siquiera aparentemente de autoridades de la provincia-, pero cuyas consecuencias serían secundadas por su actuación. El 8 de febrero de 1943 el gobernador radical de Santiago del Estero, José Ignacio Cáceres, regresaba de Buenos Aires anunciando el éxito de sus gestiones: había recibido un importante auxilio financiero para la provincia, así como promesas sobre la construcción de diques para ampliar la zona de riego. Pocos días después, en un pequeño recuadro, el diario La Hora informaba que “a pedido del Ministerio del Interior (de la Nación)”, se había clausurado la sede del Partido Comunista local, y habían puesto en prisión a “ciudadanos de esa ideología”, quedando “a disposición del Ministerio del Interior” (La Hora, Santiago del Estero, 12/02/1943, p. 3). Entre los ciudadanos en cuestión había delegados de los trabajadores, y desde el mismo día La Hora publicó declaraciones de solidaridad de diversos gremios, que además manifestaban que las detenciones habían ocurrido en los domicilios de los imputados, y que los supuestos panfletos de propaganda probatorios eran “textos de obras de carácter social” (La Hora, Santiago del Estero, 12/02/1943, p. 3) El Centro Socialista de Obreros de Santiago -tras un informe de su secretario, el abogado, escritor y director del CLES, Horacio Rava- solicitó la libertad de los prisioneros, al tiempo que nacionalizaba la queja al acudir a las autoridades centrales del Partido Socialista. La editorial del diario del 15 de febrero también salió a la defensa de los comunistas que –planteaba- “decidieron adherir al esfuerzo de los partidos democráticos” y que si actuaban en movimientos gremiales, lo hacían en tanto trabajadores, independientemente de sus ideas políticas. Además, esto ocurría mientras –alegaban- el gobierno nacional nada hacía por reprimir a otros movimientos también “anti-argentinos”, como los fascistas (La Hora, Santiago del Estero, 12/02/1943, p. 3).

No se consignan actuaciones del Director del DPT respecto de los representantes obreros del CPT que él presidía. Más bien, otro titular del 10 de febrero retomó las críticas a Olmos Castro, acusándolo de una “extraña abulia”, una incomprensible “sordera o taponamiento de oídos, ante las reiteradas y documentadas transgresiones que se le vienen denunciando” (La Hora, Santiago del Estero, 10/02/1943. p. 3) Al mismo tiempo, se puede advertir que, como era tendencia en el radicalismo, diferentes funcionarios del poder ejecutivo intervienen en los conflictos laborales, como el de mosaiquistas, en el que mediaba esta vez el Ministro de Hacienda.

Más allá de la inacción, el argumento que desplegaba el diario para acusar al DPT era el de la provisoriedad de los acuerdos y la necesidad de “soluciones concretas y permanentes”. Parecía apuntar así a un problema de fondo que el mismo Olmos Castro venía planteando al menos desde 1937: la falta de poder punitivo del DPT y de su Consejo, que cuando lograba acuerdos eran de cumplimiento no obligatorio. En la medida que no había instrumentos de sanción, en caso de inobservancia de una de las partes no quedaba más remedio que el retorno a la huelga y las negociaciones, o finalmente el largo e ineficaz recurso a los tribunales de la justicia civil, que sólo consideraban estos temas como casos de derecho comercial. A esto se sumaba el conflicto de jurisdicciones que afectaba también a los DPT de otras provincias: es decir, el debate sobre la constitucionalidad de las legislaciones laborales provinciales, materia en la que -sostenía la Corte Suprema de Justicia en un fallo de 1929- las provincias no tenían jurisdicción (Garzón Rogé, 2014, p. 135). De hecho, el conflicto que había resuelto el ministro de gobierno se reabrió pocas semanas después por incumplimiento de los empleadores.

Sin embargo, Olmos Castro no había dejado de poner expectativas en el CPT. Poco tiempo antes de constituirse en 1941, había expresado en conferencia a la FOS que, si la Argentina había avanzado en la producción de algunas leyes importantes para proteger a los obreros de los abusos, se reconocía que éstas eran en buena medida “letra muerta” a la hora de su aplicación y esto podría revertirse con el CPT. Cuidadosamente reglamentadas sus atribuciones y funciones, el CPT pondría al constituirse en manos de obreros y empleadores una nueva herramienta, que posibilitaría un diálogo de igual a igual, tutelado por el Estado, entre ambos factores de la producción. Sin embargo, el entusiasmo del discurso se mezclaba en esa ocasión con la preocupación por la escasa proporción de obreros que convocaban las agremiaciones^[18] y la inexistencia de sindicatos para áreas tan importantes como las de las empleadas domésticas y los obreros rurales. El 1 de mayo de 1941, cuando efectivamente el organismo se puso en pie, un nuevo discurso del funcionario hablaba de dejar explícitamente atrás las ingenuidades del liberalismo y el mercado como regulador de un supuesto trabajador libre, abriendo una nueva etapa, que “conviene por igual a patrones y obreros”, marcando el momento en que capital y trabajo ya no serían enemigos, sino que podrían ponerse al servicio de la patria “en perfecta armonía de intereses y pensamientos”. El éxito dependería a partir de ahí sólo de algo que confiaba en conseguir: “la buena voluntad de obreros y empleadores” (Olmos Castro, 1941b).

Es decir que, más allá de las expectativas del funcionario a la hora de crearse el organismo, finalmente el CPT no disponía de más armas que las de una mediación de buena voluntad para resolver conflictos de intereses entre actores ubicados en profunda desigualdad de fuerzas, en el marco de un apenas incipiente sentido común sobre los derechos sociales y económicos. Así las cosas, el Estado árbitro resultaba poco más que una abstracción. De hecho, cuando el CPT entró en crisis, aunque los actores gremiales buscaron otras mediaciones en el Poder Ejecutivo,^[19] finalmente sólo desembocaron en las mismas soluciones momentáneas y posteriores dilaciones.

De hecho el 23 de febrero de 1943 los obreros presos fueron liberados, pero el episodio no terminó allí. El 3 de marzo, dos de ellos fueron expulsados de sus cargos como representantes obreros en el CPT, por decreto del gobernador de la provincia^[20] alegando militancia comunista, citando el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaraba ilegal a dicho partido y planteando el “absurdo” que suponía la integración del ente por ciudadanos que “propalan la supresión de las instituciones” y la instalación de un “régimen dictatorial” (La Hora, Santiago del Estero, 03/03/1943, p. 3). En vano los gremios y el mismo diario La Hora argumentaron acerca de la necesidad de diferenciar entre las ideas políticas y la militancia gremial (La Hora, Santiago del Estero, 14/04/1943, p. 3 y Olmos Castro, 1943, p. 486). El CPT continuó desactivado, a pesar de la multiplicidad de conflictos laborales de esos meses. Solamente llegado julio, poco después del golpe de estado, Amalio Olmos Castro solicitó la reconstitución del Consejo recordando que todos los mandatos estaban vencidos. Pero cuando la Federación Obrera Santiagueña (FOS) volvió a elegir a los mismos representantes que habían sido expulsados, con el marco esta vez de la ilegalización del PC también por parte del gobierno de facto, Olmos Castro se dispuso a inducir la formación de otra federación obrera que reuniera a los gremios que no formaban parte de la FOS. En octubre, ante la parálisis del proceso, convocó a esos gremios en el DPT para avanzar en el proceso. En el discurso que pronunció en esa ocasión, rechazaba duramente a los representantes elegidos por la FOS, planteando que esa Federación, a su entender “se ha apartado de los principios democráticos que nos legaron los forjadores de nuestra nacionalidad” y por eso “no tiene derecho a formar parte del Consejo Provincial del Trabajo”. La solución entonces consistía en elegir delegados que “piensen en argentino”, constituyendo “una nueva entidad que sería la verdadera representante de la clase trabajadora argentina y santiagueña”. Confiaba en la eficacia del Consejo, especialmente “ahora que el actual poder Ejecutivo Nacional y sus comisionados federales están empeñados en dar al obrero el lugar que le corresponde” y precisamente por eso insistía en que “aceptar sugestiones extrañas o doctrinas contrarias a nuestras instituciones, sería un verdadero crimen de lesa patria” (Olmos Castro, 1943, p. 489).

Parece evidente que luego del 4 de junio la afinidad con el PE le permitía a Olmos Castro sentirse mejor posicionado, mientras viraba también la línea del diario, que esta vez lo acompañó en un tema que ya había ocupado numerosas de sus editoriales: el de los obrajes madereros de la provincia, cuyo sistema consideraba “feudal” y las relaciones laborales “esclavistas”. Su blanco principal fueron los obrajes de Weisburg y Compagno, que ya habían sido visitados y denunciados ya públicamente por el director del DPT. Las editoriales de las semanas siguientes hasta podrían haber sido escritas por el funcionario, tanta es la coincidencia entre el contenido de las denuncias periodísticas y las que el DPT venía haciendo y publicando en los Anuarios y Boletines de la entidad. Quien se volvía ahora contra el director del DPT era el diario El Liberal, en el otro extremo del campo periodístico, argumentando que no podía estar en ese cargo alguien que no fuera abogado. Olmos Castro logró ver por algunos meses un apoyo sostenido de los interventores provinciales y los jueces locales, que le permitieron creer que sería posible sancionar al menos los atropellos más flagrantes a las leyes del trabajo en los obrajes. Sin embargo, como ya hemos mostrado en otra parte, tras un largo conflicto, cuando los juicios por las multas que el director del DPT imponía a los empresarios llegaron a la Corte Suprema de Justicia en 1944, serían resueltos a favor de los obrajeros, y Olmos Castro volvería a quedar reducido a lo que entendía ser un “testigo mudo” de incumplimientos ante los que estaba desarmado.

 

Cartas a Perón: el trabajo y la estructura económica provincial

 

Las ideas de Olmos Castro sobre el trabajo y la armonía social, eran compartidas desde distintos espacios en la provincia y constituyeron una parte de los apoyos que posibilitaron el triunfo del peronismo en 1946, desplegando sus posiciones a partir de 1943. Francisco Dubrovich, cura párroco de la ciudad de Quimilí,^[21] en los inicios del gobierno peronista en la Provincia decía:

 

En mi condición de católico militante, de sacerdote y más aún de párroco, con misión docente en consecuencia, plenamente identificado con la doctrina social de la Iglesia, condeno la lucha de clases que lleva a la destrucción o absorción de las unas por las otras, que revela los verdaderos significados del imperialismo con sus elementos de discordia y constante intranquilidad. Sostenemos, en cambio que la sociedad debe estructurarse sobre la unidad y la integridad del trato humano, en la cohesión y el equilibrio de las fuerzas, en la mutua comprensión y la armoniosa relación, como subsidiarias entre sí, de las fuerzas que representan el Capital y el Trabajo presididas por los principios del evangelio” (El Liberal, Santiago del Estero, 01/03/1946).

 

Es verdad que por entonces ya había sido sancionado el Estatuto del Peón Rural, el DPT se había transformado en delegación provincial de la STyP, y -previa recomposición del espacio gremial provincial- había representantes de los trabajadores que se habían sumado a la gestión del estado. Lo interesante es que representando a esa localidad, Dubrovich^[22] había participado en las reuniones de Intendentes Municipales de la República, realizadas entre el 12 y 23 de marzo de 1945 en la Capital Federal, organizadas por el Consejo de pos guerra que dependía de la STyP.^[23] En ellas había participado también Olmos Castro como delegado de la Municipalidad de la ciudad de Santiago del Estero.

En aquella ocasión, Olmos Castro brindó un discurso en el que señalaba un aspecto más en el análisis de las relaciones entre capital y trabajo en el espacio santiagueño. Si la inserción de Santiago al modelo agroexportador había implicado la consagración de relaciones laborales basadas en el sistema del conchabo, que fueron puestas en cuestión desde el catolicismo social descrito y el liberalismo filantrópico y reformista que -sin cuestionar las bases ideológicas de la explotación- buscaba mejorar la situación de los sectores populares como condición para el desarrollo, el agotamiento del modelo productivo agroforestal promediando el siglo XX ponía de nuevo en el centro los problemas de las condiciones de esas relaciones laborales. Ya no se trataba -solamente- de que el Estado se ocupara de regular la relación entre capital y trabajo para saldar el “atraso” en el que se encontraban los trabajadores, sino de la intervención del Estado nacional a través de políticas públicas que le devolvieran a la Provincia algo de lo que ésta le había dado a la Nación. En aquel momento, Olmos Castro puso en escena el discurso del despojo al que, desde zonas centrales del país, y a pesar de su siempre desinteresado aporte, Santiago habría sido sometida. No remitió al tradicional despojo de la centralidad que ostentara en la colonia temprana (sede de la diócesis y del seminario) cuando el centro político se desplazó a Córdoba, ni tampoco al de los bosques para la construcción de los ferrocarriles, que ya eran planteos conocidos entre los intelectuales locales. La deuda que para Olmos Castro estaba pendiente era la de un proyecto de desarrollo: Santiago no era una provincia pobre, era una región olvidada. Habría sido “ nuestra lejana y olvidada provincia la que, cuando todavía no se habían poblado los campos de Buenos Aires; cuando todavía en las inmediaciones de la naciente ciudad de Buenos Aires se escuchaba con terror el alarido de los indios y se temían los malones”, la que proveía “el trigo necesario para el sustento de sus habitantes”. Esta Provincia “(...) que dio sus hijos para la causa de la Independencia y de la organización institucional, (...) siente hoy la necesidad de reclamar para ella un poco de justicia y hasta de pedir que le devuelvan algo de lo mucho que ella ha dado al concierto nacional para su engrandecimiento” (Olmos Castro, 1945, p. 342).

En aquel discurso el reclamo de Olmos Castro se focalizó en el agua y en el uso que hacían de ésta río arriba del Dulce y el Salado las provincias norteñas, insinuando así la idea de que mejorar la situación de los trabajadores no pasaba sólo por la regulación laboral, era necesario además una gestión pública redistributiva que generara las condiciones para modificar la estructura económica productiva. De allí que frente a las “actuales autoridades nacionales” que estaban “orientando al país hacia una distribución equitativa” de los bienes “que la naturaleza nos concedió”, el “pueblo santiagueño espera confiado en que al considerarse (...) el reparto del agua (...), sea distribuido con equidad y justicia” (Olmos Castro, 1945, p. 343).^[24]

Estos temas ya habían sido planteados por Olmos Castro al propio Perón en dos cartas escritas entre junio y agosto de 1944. La primera, del 26 de junio, titulada “Agua y Caminos”, es una pormenorizada explicación -con previsión presupuestaria y detalles técnicos- de las obras viales e hidráulicas necesarias para facilitar “la explotación” de todas las riquezas que Santiago del Estero posee, a fin de producir su “despertar económico” y su “incorporación definitiva en las provincias llamadas ricas” una vez que “termine la guerra y desaparezca la euforia de los obrajes”. Según Olmos Castro estas obras tendrían un gran significado para la clase trabajadora santiagueña, que con “férrea voluntad” y “a través de siglos vienen luchando tesoneramente y sin amilanarse contra la naturaleza que tan adversa se muestra”. Como señalamos anteriormente, Olmos Castro insistió sobre este asunto en el encuentro de Municipios de 1945, el tema estuvo en el centro de las discusiones en el PINOA en 1946 y en 1949 se erigiría en el eje de la campaña para gobernador de Carlos Arturo Juárez.

La segunda carta, del 29 de agosto de 1944 está dirigida al ya por entonces Vicepresidente de la Nación, y tiene por objeto central proponer la sanción de un decreto ley que consagre el salario mínimo en todo el territorio provincial. Según demuestra a través de la exposición de las investigaciones realizadas desde la “Dirección de Estadísticas en su carácter de colaboradora de la Junta Honoraria de Investigaciones Sociológicas de la que tengo el honor de ser presidente”, ninguno de los casos de trabajadores estudiados “llega a ganar el minimun necesario para alimentar a una familia”, lo que refleja una “constante disparidad entre el poder adquisitivo de las clases obreras y los precios de los artículos alimenticios” más indispensables. Sin embargo, Olmos Castro reconoce que el problema de la clase obrera es más complejo y se vincula con el deficiente régimen alimenticio, la mísera vestimenta, la falta de viviendas dignas, la insuficiente asistencia social, la mortalidad infantil, la escasísima instrucción, el alcoholismo y la agremiación circunscripta al mundo urbano. Como resultado, el obrero santiagueño es un “paria dentro de su propia tierra” que carece de “una idea cabal de su valor, y no es de esperar que el patrón trate de creársela, antes por el contrario, procura mantenerlo en este estado en primer lugar, porque continuará de esta manera pagándole sueldos reducidos y, con miras al futuro (...) espera volver a ser el caudillo político y utilizar toda esa masa electoral para volcarla hacia el candidato que más prebendas le ofrezca” (Olmos Castro, 1945, p. 273).

Pero un elemento central de esta segunda carta titulada “Problemas Económicos y Sociales de la Clase Obrera de Santiago del Estero y sus posibles soluciones” es una vez más la demanda de Olmos Castro de que frente a la disparidad entre las regiones centrales del país y Santiago del Estero, se tornan necesarias soluciones específicas. Escribe el entonces director del DPT “Puede ser y, casi tengo la seguridad de que S.E. conoce estos problemas, pero puede ocurrir que por razones de distancia y por no haber actuado en esta región, escapen a su conocimiento muchos detalles que (…) en conjunto dan a nuestro ambiente un concepto social extremadamente pobre.” Para Olmos Castro, “esto se explica porque hasta la fecha se ha legislado para la Capital Federal, las provincias de Buenos Aires y Rosario (sic) y, en algo para Córdoba”, y si bien reconoce el carácter nacional de las leyes, afirma que “al llegar el momento de su aplicación se ha encontrado que muchas de ellas son inaplicables en esta zona o los encargados de hacerlo tienen demasiados intereses creados para cumplir con ellas” (Olmos Castro, 1945, p. 276). Don Amalio interpela a Perón sosteniendo que “lo que Santiago del Estero necesita para la masa de su población es justicia social: una mejor repartición de sus inmensas riquezas naturales e industriales; un mejoramiento general de la clase trabajadora”, y le dice que no recurre a él “en demanda de limosna para nuestra provincia sino para que mediante un conocimiento completo de sus problemas económicos-sociales se cree el cuerpo de leyes necesario para el mejoramiento de la clase obrera” (Olmos Castro, 1945, 277). Entre las particularidades santiagueñas, Olmos Castro destaca una vez más las condiciones de vida del medio rural, las largas distancias entre los centros urbanos y las zonas que debían someterse a control y la dilución de la responsabilidad empresaria que ocasionaba el sistema de contratistas. Su interpelación parece aludir a la necesaria resignificación de la justicia social en un espacio alejado de los procesos industrializadores metropolitanos, tradicionalmente expulsora de mano de obra, a los condicionamientos propios del contexto local que demandaría leyes y políticas diferentes a las implementadas en los espacios centrales del país.

Estas dos misivas parecen condensar las demandas de un actor protagónico de los intentos de intervención del estado santiagueño en la cuestión social luego de casi una década de intenso trabajo y estudio. No bastaba con la voluntad y el control del Estado sobre el trabajo: una mirada más compleja y completa mostraba que el mejoramiento de la situación de los trabajadores dependía de obras, leyes y políticas que debían ser implementadas por el estado nacional, eludiendo los intereses de los poderes locales, en el contexto de un plan de desarrollo económico más amplio.

Olmos Castro -luego de la finalmente desastrosa resolución del conflicto con los obrajeros en 1944- fue desplazado desde la STyP para ser reemplazado por un abogado radical, en el momento que comenzaba a construirse el armado político del peronismo. Fue designado en el Departamento de Registro Civil y Estadísticas recién creado como entidad autónoma, para alejarse definitivamente de la función pública santiagueña en algún momento de 1945. Algunas de las obras hidráulicas y viales demandadas se concretaron en los sucesivos gobiernos peronistas. La ansiada agremiación de los obreros de la industria forestal en 1947, la institucionalización de los Tribunales de Justicia Laboral a partir de la reforma de la Constitución Provincial en 1949, que otorgarían celeridad y eficacia a la aplicación de las leyes laborales, e incluso la llegada a la primera magistratura provincial de un dirigente gremial (Francisco Javier González en 1952) evidencian importantes mejoras materiales y simbólicas para los trabajadores santiagueños. Sin embargo, no se habría modificado radicalmente ni la sensación de atraso frente a la cuestión social ni las condiciones de vida generales de la población rural, obligada siempre a complementar sus magros ingresos con las migraciones estacionales o atraídos hacia las zonas centrales para instalarse definitivamente.

 

***

 

El recorrido realizado nos ha permitido ver cómo el Director del Departamento del Trabajo de Santiago del Estero, creado como tal en 1937, año de especial dramatismo para la vida provincial, busca posicionarse para hacer cumplir leyes que tienen todavía poco consenso en el imaginario de los grupos dominantes locales. El gobernador Pío Montenegro, perteneciente a una reconocida familia obrajera así lo dejaba entrever en su discurso de asunción aquel mismo año. Amalio Olmos Castro, investigador del ámbito social, técnico estadístico, funcionario preocupado especialmente por mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos, expresa sus posiciones católico-sociales dialogando con cierta dificultad con una élite intelectual local de impronta liberal, mientras se debate por hacer su tarea con muy pocos recursos y menguado apoyo oficial. No obstante, la consolidación de un espacio católico militante con aspiraciones de incidencia política en la provincia puso en el debate local las posiciones católicas sobre la cuestión social. En 1941, creado por fin el Consejo Provincial del Trabajo durante el gobierno de José Ignacio Cáceres, Olmos Castro tiene la expectativa de hacer efectivas las leyes y resolver conflictos por vía de negociación entre iguales mediada por el Estado. Pero a la borrosidad sembrada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia acerca de la jurisdicción nacional o provincial del tema, se sumaba el escaso reconocimiento en la práctica de las competencias del DPT para hacer evidente que, prolongados los conflicto, negándose el empresario a pagar multas o a reconocer accidentes de trabajo, el DPT no tenía instrumentos legales para sancionar incumplimientos. Habiendo alcanzado el mundo obrero cierto desarrollo gremial concentrado en el área urbana, centraba en la FOS, de liderazgo socialista y comunista, su representación obrera en el CPT. Los primeros meses de 1943 exhiben una alta conflictividad que, lejos de resolverse por la vía del CPT, recurre a mediaciones en el Poder Ejecutivo, hasta que la situación se vuelve insostenible cuando los representantes obreros son detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional acusados de militancia comunista. El Consejo quedará inactivo hasta que luego del golpe de estado del 4 de junio Olmos Castro solicite la recomposición con nuevos representantes, que rechazará por insistir la FOS en sus compañeros recientemente liberados. La estrategia será entonces la de reunir a los gremios ausentes de la FOS en otra central que los represente.

Lo interesante es que finalmente, mirado desde la Ley de Servicio a Jornal de fines del XIX, se disputaron sentidos sobre la posición subsidiaria del movimiento obrero entre el filantropismo reformista liberal y la preocupación católica por lo social, evidenciándose a lo largo de los conflictivos meses que preceden y siguen al golpe de junio de 1943 que, más allá de los resultados, la mediación estatal y los derechos sociales parecen haber logrado un mayor reconocimiento, sin por eso encontrar las herramientas efectivas para que se exija su cumplimiento. La constitución de la STyP resuelve el conflicto de jurisdicciones y abre nuevas perspectivas. Olmos Castro, concentrado en la segunda parte de 1943 en inspeccionar y sancionar los abusos en los obrajes no verá aún los resultados de sus esfuerzos. Habrá que esperar el Estatuto del Peón Rural y su negociada y lenta adecuación al obraje, que pierde parte de su centralidad una vez terminada la segunda guerra. Pero Ocho años de trabajo público arrojan para Olmos Castro un panorama más complejo en varios sentidos. El problema de los trabajadores santiagueños es -también- el de la ausencia de un proyecto de desarrollo económico y social que cambie la estructura productiva, articulando los intereses de la provincia a los del proyecto nacional de un modo no subsidiario, sino con perspectivas de autonomía. Podemos leer en esa operación la percepción de que la inserción periférica en el esquema de desarrollo nacional parece supeditar el modo en que se resuelve la relación capital-trabajo en el largo y mediano plazo.

 

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Recepción: 07/03/2019

Evaluado: 19/04/2019

Versión Final: 29/05/2019