La CONADEP en Bahía Blanca. Un acercamiento al funcionamiento de la comisión y a las posibilidades y límites en los niveles de participación de las/os sobrevivientes de los centros clandestinos de detención

 

 

Cristian Rama(*)

 

 

Resumen

 

Distintos estudios han destacado la importancia de los testimonios de los/as sobrevivientes de los CCD para la conformación del Informe de la CONADEP, el “Nunca Más”. El presente artículo se propone indagar en la participación de estas víctimas en un territorio relativamente alejado de la Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, donde funcionó una delegación de la comisión. Se trabajará sobre el rol de los organismos de derechos humanos y el de la delegación local en las investigaciones, exponiendo las dificultades y las posibilidades que se plantearon en sus relaciones con las víctimas. Este trabajo intentará ser un aporte en la reconstrucción histórica de un contexto complejo, como fue el del primer año de gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina (1983-1984).

 

Palabras clave: CONADEP; sobrevivientes; Bahía Blanca; democracia.

 

 

The CONADEP in Bahía Blanca. An approach to the functioning of the commission and the possibilities and limits in the levels of participation of the clandestine detention centers survivors

 

Abstract

 

Different studies have highlighted the importance of the testimonies of the CCD survivors for the conformation of the Report of the CONADEP, the “Nunca Más”. This article proposes to investigate the participation of these victims in a territory relatively far from the city of Buenos Aires, Bahía Blanca, where a delegation of the commission operated. Work will be done on the roles of human rights organizations and of the local delegation in investigations, exposing the difficulties and possibilities that arose in their relations with the victims. This work will try to be a contribution in the historical reconstruction of a complex context, such as the first year of Raúl Alfonsín's government in Argentina (1983-1984).

 

Keywords: CONADEP; survivors; Bahía Blanca; democracy.

 

 

 

La CONADEP en Bahía Blanca. Un acercamiento al funcionamiento de la comisión y a las posibilidades y límites en los niveles de participación de las/os sobrevivientes de los centros clandestinos de detención

 

Introducción

 

Uno de los hechos más relevantes que se produjeron en Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) fue la política de conformación de comisiones de verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos del reciente proceso dictatorial. A pesar de las diferencias con varios de los organismos de derechos humanos en cuanto a las modalidades en que debían llevarse a cabo las investigaciones,[1] la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (en adelante CONADEP) centralizó durante el año ‘84 muchos de los esfuerzos investigativos.

En Bahía Blanca la labor de la CONADEP estuvo facilitada primero por organismos de derechos humanos locales de reciente creación y luego, en mayo del año ‘84, por la conformación de una delegación de la misma. Las conclusiones del proceso investigativo fueron producidas en un informe final, emulando lo que sucedería a nivel nacional con el “Nunca Más”. Este escrito, que resultaría muy importante para las futuras causas judiciales y en la producción de un discurso sobre la represión en la Zona V, también reflejó la existencia de ciertas dificultades en el acceso a la participación[2] de sectores que vivieron de cerca el accionar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sobre todo de las propias víctimas, algo que hicieron explícito los miembros de la delegación en reiteradas oportunidades. Este documento presentó indicios que permiten pensar en la continuidad de ciertos límites con respecto a la exposición pública de una gran parte de las experiencias de la población que fue represaliada.

En los últimos años la historiografía viene desarrollando importantes aportes sobre el periodo que abarca los años finales de la última dictadura y los primeros tiempos del gobierno de Raúl Alfonsín. Un elemento común en estos trabajos es que destacan los importantes cambios que se produjeron con el devenir del tránsito político institucional, pero a la vez ponen en cuestión el carácter de cabal ruptura, mostrando lo indefinido e incierto del contexto, y lo no lineal y no conclusivo de los trayectos superpuestos que conformaron el proceso de cambio histórico (Feld y Franco, 2015; Franco, 2018; Alonso, 2018). El presente artículo pretende insertarse en esta línea de investigaciones y colaborar a la comprensión de este complejo contexto, indagando el periodo de funcionamiento de la CONADEP desde una perspectiva regional. La elección de esta escala de análisis permitirá el acceso a dinámicas propias, a la visibilidad de actores, actitudes, tramas y temporalidades, que en contacto con el proceso a escala nacional posibilitará la producción de nuevos sentidos sobre la época (Jensen, 2010).

El objetivo principal del artículo es reponer las posibilidades y límites en el trabajo de los organismos que colaboraron con la CONADEP en la región en torno a la participación de uno de los sectores de represaliados/as que fueron y son fundamentales para el conocimiento de la trama represiva, los/as sobrevivientes de CCD. Para ello, se analizará en un primer momento la conformación de los organismos locales de derechos humanos y su rol en la recopilación de información en el periodo inicial de funcionamiento de la CONADEP. Desde este punto, se realizará un acercamiento a la vinculación de los/as sobrevivientes de los CCD de Bahía Blanca con aquellas organizaciones durante esta etapa y se expondrán las principales discusiones en torno al proceso investigativo. En el segundo apartado se examinará el nuevo escenario para la reconstrucción del plan represivo a nivel regional que trajo consigo la conformación de la delegación de la CONADEP Bahía Blanca y zonas aledañas y la importancia de la participación de los/as sobrevivientes durante su actuación. En el análisis comparativo de ambos periodos se observarán las nuevas posibilidades, pero también la continuidad de ciertos obstáculos en las investigaciones. Para finalizar, se examinarán algunas de las interpretaciones que han aparecido en fuentes escritas y orales sobre las dificultades en la conformación de un vínculo entre aquellos/as que no se sintieron interpelados/as y la comisión, este ejercicio permitirá acceder a una serie de factores que produjeron la distancia de una parte de las víctimas.

Para llevar adelante esta tarea fueron relevados distintos tipos de documentos. Se ha tenido acceso, a través de la Secretaría de Derechos Humanos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Bahía Blanca y del Archivo Nacional de la Memoria, a legajos de CONADEP y a información producida en el marco de las causas judiciales tramitadas en los años inmediatamente posteriores. Por otro lado, facilitadas por el archivo de la Comisión Provincial por la Memoria, también se examinaron fuentes de los servicios de inteligencia de distintas Fuerzas que refieren al periodo. Por último, se han producido testimonios a través de entrevistas de propia autoría con algunos/as de los/as sobrevivientes e integrantes de los organismos de derechos humanos locales.

 

Los primeros pasos: las investigaciones de los organismos de derechos humanos en Bahía Blanca

 

En los meses previos a la conformación de una delegación de la CONADEP en la ciudad funcionaron como espacios de toma de testimonios, denuncias y acumulación de otros datos relacionados a la represión, una incipiente Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca (en adelante APDHBB)[3] y una Comisión por los Derechos Humanos de la Unión Cívica Radical (en adelante CDHUCR), creada para la ocasión. Es decir, entre el dictado del Decreto Presidencial 187/83 del 15 de diciembre del ‘83, con el que se creó la CONADEP, y el 21 de mayo del ‘84, cuando tendría fecha de origen la delegación local de la misma, aquellos organismos fueron los que se encargaron de vincular la información obtenida con la central de la comisión que funcionaba en Buenos Aires.

Para esta investigación se ha podido dar con un informe de inteligencia de la Prefectura Naval Zona Atlántico Norte (en adelante PZAN) que habla de la reciente génesis de la APDHBB el 23 de junio del ‘83.[4] El documento apunta los antecedentes de sus miembros, nombrando en los datos de uno de sus fundadores la pertenencia a este organismo creado en el día mencionado. La siguiente referencia que se obtuvo proviene de una publicación del diario La Nueva Provincia, en ella se menciona a la APDHBB como organizadora de una marcha en contra de la Ley de Amnistía el 19 de agosto del ‘83, en la que participaron alrededor de seiscientas personas.[5] De esta manera, entre junio y agosto se habrían desarrollado sus primeras acciones.

En este periodo participaron familiares de detenidos/as desaparecidos/as que habían tenido alguna actividad en la denuncia activa por las desapariciones de sus hijos/as, como por ejemplo las familias Ricci, Nocent, Andreu, Korsunsky y Franz de Diego; también reunió a miembros de instituciones religiosas, como Aníbal Sicardi (Iglesia Metodista), Leonardo García (Centro Ecuménico de Educación Popular), a ex presos políticos como Arturo Corte (militante del Partido Comunista Revolucionario) y a Ernesto Malisia (quien provenía de la agrupación Movimiento Renovación y Cambio). Según recuerda Arturo, se organizaron en los últimos meses del ‘83. Las primeras reuniones las tuvieron en un garaje que les prestaron en la calle Juan Molina, al poco tiempo alquilarían un local en O’Higgins al 18. Quienes tuvieron un rol central en la convocatoria y conformación de ese primer espacio fueron Ernesto Malisia, Leonardo García y Aníbal Sicardi.[6]

Varios de los familiares que formarían la APDHBB durante la dictadura habían creado relaciones con organismos de derechos humanos de Buenos Aires y La Plata por los casos de sus hijos/as desaparecidos/as, allí residían las víctimas al momento de los secuestros. De hecho, en el informe de inteligencia mencionado anteriormente se resalta la pertenencia de algunos de estos padres y madres a una Comisión de Familiares de Desaparecidos durante el año ‘79. Los/as familiares de víctimas desaparecidas en la ciudad, en un nivel más general, si bien no conformaron organizaciones, sí estuvieron muy movilizados/as y se presentaron en forma reiterada en los comandos militares, delegaciones policiales, en las iglesias y en los juzgados. Un reflejo de ello, como se verá más adelante en el análisis del “Informe de la CONADEP delegación Bahía Blanca y zonas aledañas”, es que hubo más de ciento setenta Hábeas Corpus presentados. Este accionar molecular, sin embargo, no se tradujo en una organización que funcionara como referencia en la vinculación de esos esfuerzos.

La CDHUCR, en cambio, fue creada durante los primeros meses del Gobierno de Raúl Alfonsín, y trabajaría en conjunto con estos sectores que estaban ya movilizados. Comenzó a funcionar el 13 de febrero del ’84,[7] siendo conformada por Oreste Retta, Juan Pedro Tunessi, Raúl Quintana, Enrique González Rouco y Hernán Azancot, los dos primeros participarían luego de la delegación de la CONADEP local. La decisión de darle origen a una comisión de derechos humanos se produjo tras reuniones entre dirigentes, militantes y afiliados de la UCR, que pensaron necesario colaborar con la búsqueda de información llevada adelante por la CONADEP.[8]

Además de estos espacios, ya existían filiales de la APDH en Viedma y en Neuquén. Ambas serían clave para el conocimiento de la trama represiva de la Zona V y de los circuitos con la ciudad de Bahía Blanca. En Viedma estaba funcionando desde el año ‘79, y finalizando la dictadura ya participaban algunos/as sobrevivientes que terminarían por convertirse en referentes de la APDH en la ciudad. Desde allí se produjo gran parte del material de denuncia. La de Neuquén comenzó a funcionar en mayo del ‘76, siendo una de las más antiguas. En su fundación participaron personas que tendrían una trayectoria muy importante en la historia del movimiento de derechos humanos, como Noemí Labrune, que en el año ‘79 también comenzaría a colaborar en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Obispo Jaime De Nevares, quien formaría parte de la CONADEP.

Previo a la conformación de la CONADEP se habían producido muy pocos testimonios de sobrevivientes de CCD que relataran públicamente su experiencia represiva en Bahía Blanca. Algunos de ellos fueron realizados en el exilio, como por ejemplo un escrito de Alicia Partnoy enviado en abril del ‘81 a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional (AI) y a organismos en Buenos Aires. Con el armado de la CONADEP la producción testimonial de los/as sobrevivientes crecería exponencialmente.[9]

Según el relevamiento realizado para este artículo, en todo el periodo de funcionamiento de la CONADEP, de diciembre del ‘83 a septiembre del ‘84, dieron testimonios treinta y seis sobrevivientes que estuvieron desaparecidos en CCD de Bahía Blanca ante este organismo,[10] a partir de ellos se conformaron treinta y cinco legajos. La mayor parte de las denuncias se realizaron en los primeros meses del ‘84, antes de la conformación de la delegación local –creada el 21 de mayo de ese año.

Durante la primera de las etapas mencionadas, la previa al funcionamiento de la delegación local, se puede contabilizar que brindaron testimonios veinticinco sobrevivientes, más de dos tercios del total –queda la duda sobre otros cinco casos, ya que no tienen fecha documentada, con lo que podrían haberse dado en esta primera etapa o en la siguiente. Los relatos se produjeron en forma escrita y/o presencial, ante la CONADEP en Buenos Aires o a través de los organismos de derechos humanos locales –que enviarían la documentación hacia la Capital. Con el transcurrir de los meses a varios/as de los/as denunciantes se les pidió ratificar y/o ampliar lo dicho, solicitándoles datos puntuales o cierta documentación.

 

Cuadro 1: Cantidad de sobrevivientes de CCD de Bahía Blanca que declararon en todo el periodo de CONADEP (diciembre ‘83 septiembre ‘84)

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los legajos de CONADEP de sobrevivientes de centros clandestinos de Bahía Blanca.

 

Otro punto importante a destacar es que de las primeras veinticinco declaraciones en ese primer periodo, trece se realizaron afuera de Bahía Blanca y doce en la ciudad. Algunos/as de los/as sobrevivientes continuaban residiendo en las localidades donde habían sido secuestrados/as: Viedma y Carmen de Patagones (7), Río Gallegos (1) y Tres Arroyos (1).[11] Otros/as, en cambio, habían migrado luego de ser liberados, viviendo así experiencias de exilio –externos e internos.[12] Desde esas ciudades se presentaron o enviaron declaraciones a la CONADEP, como por ejemplo los testimonios producidos desde Córdoba (1), Lomas de Zamora (1) y Buenos Aires (2). Cabe agregar que el grueso de las veinticinco declaraciones testimoniales se realizaron en los primeros tres meses, sobre todo entre diciembre, enero y febrero, aproximadamente dieciséis en total, lo que habla del grado de interpelación que significó para algunos/as la apertura de las investigaciones.

 

Cuadro 2: Cantidad de sobrevivientes de CCD de Bahía Blanca que declararon en los primeros tres meses de funcionamiento de la CONADEP

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los legajos de CONADEP de sobrevivientes de centros clandestinos de Bahía Blanca.

 

A pesar del crecimiento exponencial de testimonios producidos en esos primeros meses, la cantidad de casos de desaparición denunciados en Bahía Blanca comenzó a ser vista tempranamente como un problema, tanto por los organismos de derechos humanos como por la sociedad civil interesada. Parte de esta sensación pudo estar relacionada al hecho que de los doce testimonios que se produjeron en la ciudad, al menos cuatro de ellos[13] fueron realizados por escrito y enviados directamente a Buenos Aires, es decir no pasaron por la CDHUCR ni por los miembros de la APDHBB como primera instancia.

En este sentido, se ha podido dar con un informe de inteligencia de la Prefectura Zona Atlántico Norte (en adelante PZAN) del 22 de marzo del ‘84, que narra cómo en una reunión organizada en el Concejo Deliberante por los organismos de derechos humanos se trató, entre otros temas, la problemática mencionada. En la asamblea participaron unas ciento veinte personas. Entre los/as asistentes el informante destaca a legisladores provinciales que conformaban la Comisión de Derechos y Garantías del Senado (miembros de la UCR), quienes hicieron un raconto de las actividades desarrolladas en las distintas provincia; concejales y militantes radicales, miembros del Partido Comunista (PC), del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), y madres y familiares de desaparecidos. Luego de señalar a los participantes, el documento presenta como una de las principales temáticas tratadas la preocupación ante la escasa cantidad de información obtenida en la ciudad. De hecho, remarca que en la reunión se referían a que la mayoría de los casos al momento habían sido producidos en otras partes del país: “Si bien la Comisión ha recibido testimonios y denuncias formales sobre varios ‘detenidos-desaparecidos’, se manifestaron bastante disconformes, debido a que la mayoría no son casos ocurridos en Bahía Blanca, sino en otras localidades de la Provincia de Buenos Aires”.[14]

No queda claro desde este documento a qué tipo de información estaban accediendo los organismos locales. Por ejemplo, el informe no revela si los casos denunciados de detenidos/as desaparecidos/as fuera de Bahía Blanca de los que había conocimiento eran los de los/as sobrevivientes que se vienen mostrando en el presente artículo. La misma incertidumbre puede plantearse sobre cuál era el grado de circulación de información entre los organismos de derechos humanos de las distintas localidades entre sí y con la CONADEP. Con todo, el informe refleja que había disconformidad por la cantidad de casos denunciados hasta ese momento en la ciudad y, en forma subyacente, manifiesta que había otro grado de expectativas.[15]

Ante esta percepción de baja cantidad de denuncias a nivel local, los funcionarios y militantes de los organismos generaron algunas posibles explicaciones. En este sentido, el informante de la PZAN apuntó:

 

La escasa presentación de hechos ocurridos en Bahía Blanca está relacionada, según los legisladores, a que todavía existe el terror y las amenazas en esta ciudad, y principalmente a la poca importancia que le presta a estos hechos la prensa local, escrita y televisiva, para la cual hubo duras críticas.

 

La crónica del infiltrado expone entonces cómo se estaba pensando el contexto, sobre qué tipo de crímenes estaba centrada la investigación –desaparición forzada– y qué expectativas se tenía –se esperaba un mayor acercamiento por parte de la población y sobre todo de las propias víctimas. En este sentido, las primeras explicaciones sobre la baja participación que habrían propuesto los actores que participaron de esa asamblea estaban pensadas en torno a la continuidad de un clima de terror y de amenazas, y a la poca exposición desde la prensa al tema. Como se verá más adelante, muchas de estas ideas acerca del rol de los medios locales^[16] y la falta de colaboración de la población y de ciertas instituciones estarán luego reflejadas en el “Informe Final de la CONADEP delegación Bahía Blanca y zonas aledañas” de septiembre de ese año.

Otro aspecto que es destacable en el informe de inteligencia es que describe la existencia de tensiones entre los asistentes de la reunión por los pocos resultados obtenidos al momento. “Es de destacar que entre la mayoría de los concurrentes se notó un gran descontento por la demora en las investigaciones y la falta de respuestas concretas con las que cuenta la mencionada comisión”. Es decir, que finalizando marzo, a poco más de tres meses de la apertura formal del trabajo de la CONADEP, aquellos/as que estaban trabajando en Bahía Blanca para colaborar con el acopio de información y cierta parte de la sociedad civil interesada en que se avanzara con las investigaciones, se mostraban insatisfechos, existiendo un descontento general.

Según la reconstrucción del sociólogo Emilio Crenzel, la sugerencia de la creación de las delegaciones en distintas ciudades del país provino del Ministro Eduardo Rabossi,[17] quien para febrero había propuesto la producción de flashes informativos en radio y televisión, como también la visita de la CONADEP a distintas ciudades del país y la creación de delegaciones locales. El objetivo de ambas estrategias, la de hacer uso de los medios y la de trabajar en distintas localidades, era el de acotar los tiempos y obtener, a su vez, una mayor cantidad de pruebas en territorios pertenecientes a las distintas zonas de defensa en las que se ejecutó la represión (Crenzel, 2014, p. 68). Así se organizaron comisiones en Córdoba, Mar del Plata, Santa Fe[18] y Bahía Blanca. De esta manera, la propuesta producida “desde arriba” habría sido por una necesidad política de acelerar los tiempos de la investigación y de profundizar la obtención de información. Esta observación, entonces, podría complejizarse al abordar lo que estaba ocurriendo en el territorio. Por lo que se viene observando, las dificultades y el descontento en aquellos/as que estaban movilizados, permiten plantear también la existencia de necesidades “desde abajo”. Es decir, si bien en febrero ya había una idea de producir delegaciones por parte de sectores del Gobierno, la observación a escala local posibilita pensar también en que las dificultades que estaban teniendo los organismos para interpelar a distintos sectores de la población, incluidas las propias víctimas directas, pudieron tener su importancia a la hora de la conformación de la filial bahiense.

 

La delegación local

 

La delegación de la CONADEP comenzó a funcionar el 21 de mayo del ‘84. Estuvo conformada por personas que habían tenido alguna visibilidad en relación a la lucha contra las violaciones a los derechos humanos hasta ese momento y representantes de partidos e instituciones de la sociedad civil: Albano Nocent, Lázaro Aleksoski (familiares de desaparecidos/as y miembros de la APDH); Ernesto Alfredo Malisia (APDH y Movimiento Renovación y Cambio); Juan Pedro Tunessi, José Luis Malet, Orestes Eduardo Retta (UCR); Roberto Garaygordobil (peronismo); Felipe Omar Brianti, y Serafín Groppa (abogados, uno de ellos ligado al PC y el otro al Colegio de Abogados); y Osvaldo Meloni (Episcopado). La mayor parte ya estaba trabajando en la recolección de testimonios y de otros elementos probatorios desde los organismos de derechos humanos que se vienen mencionando.

El funcionamiento de la delegación tuvo en un principio fecha de cierre el 30 de junio, pero se pautó la posibilidad de una prórroga según la cantidad de trabajo que encontrasen, por eso, al poco tiempo, decidieron extender las actuaciones hasta septiembre. La posibilidad de la extensión fue informada el mismo día de la inauguración formal de las actividades en una conferencia de prensa que brindó el miembro de la CONADEP Hilario Fernández Long, quien era oriundo de Bahía Blanca.[19] Desde el diario La Nueva Provincia realizaron una crónica de la conferencia. El ex Rector de la UBA, además de hablar de algunos de los resultados obtenidos a nivel nacional –se estimaba al momento cuatro mil quinientas denuncias–, hizo mención a la autonomía que se le dio a la delegación local. Según el relato, la delegación eligió democráticamente a sus miembros desde instituciones locales, con la participación de concejales, dirigentes políticos y organismos de derechos humanos; dictando, además, su propio reglamente interno.[20]

Una de las fuentes clave para analizar el trabajo de la delegación –como se ha venido anticipando– es el “Informe Final de la actuación de la CONADEP delegación Bahía Blanca y zonas aledañas”, que fue presentado el 04 de septiembre del ‘84. Allí se explicitan las estrategias utilizadas para interpelar a la población e incrementar la cantidad de información. En este sentido, se menciona como una de las primeras medidas, la elaboración de un plan de comunicación para que la ciudadanía se enterase de la labor que se proponía realizar. De este modo, tomaron una de las prácticas de la CONADEP, la producción de comunicados e informes que se distribuyeron a la prensa gráfica y audiovisual para su publicación. Por otro lado, se citó a declarar a personas que no necesariamente habían estado desaparecidas pero que con sus testimonios podían ayudar a reconstruir la represión en la Zona: militantes sindicales, universitarios, presos/as políticos/as y otros/as posibles testigos. En estos casos, algo a lo que se referirá en varias oportunidades durante el escrito, la participación en razón de dicha convocatoria no resultó del todo satisfactoria:

 

Otra de las tareas llevadas a cabo, consistió en la citación de todas aquellas personas, que aún sin haber estado en calidad de desaparecidas, habían sido víctimas de la represión, especialmente representantes gremiales, docentes y alumnos universitarios. A través de testimonios recogidos y de publicaciones periodísticas recopiladas se obtuvieron datos de estas personas que estuvieron largos períodos detenidos a disposición del P.E.N. o de las autoridades militares. Igual proceder se realizó con personas de las que supimos eran portadores de importante información y no optaban por presentarse espontáneamente. De estas entrevistas (no muchas personas concurrieron) fue surgiendo nueva información, que fue elaborada, engrosando los legajos ya abiertos, y que fue de suma importancia para dilucidar los hechos acaecidos en nuestra jurisdicción.[21]

 

Este escrito expone, entonces, que las dificultades para la obtención de información de víctimas directas de la represión o testigos continuaron aún durante la llegada de la delegación de la CONADEP. Quienes escribieron el informe notaron, por un lado, la falta de espontaneidad para la presentación voluntaria ya no sólo de detenidos/as desaparecidos/as que sobrevivieron a los CCD, sino también de otras víctimas y testigos; y además, que una vez interpelados/as para realizar entrevistas, “no muchas personas concurrieron”. En la primera parte del texto también resaltaron la falta de espontaneidad de la colaboración, mencionando que: “En términos generales la colaboración por parte de la ciudadanía y en particular de aquellos que resultaron ser víctimas de la represión, sus familiares o amigos no resultó todo lo espontánea que era de esperar”.

Durante el tiempo de actuación de la delegación local se recibieron aún menos testimonios de sobrevivientes de CCD que los obtenidos en el periodo en el que estos fueron acopiados por los organismos locales. No obstante, además de los nuevos casos, a algunos/as de los que ya habían testimoniado se le volvió a tomar declaración, incorporándose información más detallada sobre determinados aspectos de las historias, por ejemplo rasgos identitarios de detenidos/as y de represores, características del CCD y otros datos relevantes en relación a los secuestros y a los periodos de detención.

Como parte de las investigaciones la delegación también envió oficios a las autoridades militares, el fin de las mismas era obtener las nóminas del personal que actuó durante los primeros años de dictadura. Lo mismo se hizo con otras instituciones, como por ejemplo con los hospitales y el Instituto de Minoridad. A su vez, se obtuvo documentación judicial, de la que se constató más de ciento setenta Hábeas Corpus –la mayoría habían tenido resultados negativos–, y causas que tuvieron poco desarrollo investigativo, cuando no nulo. Estas primeras acciones evidencian nuevamente cuáles eran las preocupaciones de los miembros de la delegación y cómo buscaron dar respuesta a aquellas dificultades que habían encontrado los organismos de derechos humanos: la presentación de víctimas, la colaboración de otros posibles denunciantes, y el acceso a la información en instituciones que estuvieron relacionadas a la represión. Si bien la cantidad de testimonios de sobrevivientes de CCD no aumentó significativamente, la conformación de la delegación local posibilitó –no sin dificultades– el acceso a espacios institucionales clave. En este sentido, uno de los hechos relevantes fue la inspección ocular en el predio donde funcionó el CCD la “Escuelita”.

Las inspecciones oculares en los espacios denunciados como CCD también eran parte de las modalidades de construcción de prueba de la CONADEP. El 11 de julio del ‘84 se accedió a los territorios del V Cuerpo, no sin algunos intentos de trabar la inspección por parte de militares que habían participado de la represión y que estaban en altos mandos en ese momento (Montero, 2017, pp. 81-82). La comitiva estuvo compuesta por miembros de la CONADEP, de la delegación local y sobrevivientes del CCD la “Escuelita”. Como en otros reconocimientos, fueron clave los testimonios de estas víctimas. Participaron seis de ellos/as: Nélida Deluchi, Horacio López, Sergio Voitzuk, Gustavo López, Emilio Rubén Villalba y Claudio Collazos. Todos/as habían realizado declaraciones testimoniales, algunos/as en más de una oportunidad. Voitzuk y Collazos viajaron especialmente para la ocasión, el primero desde Córdoba y el segundo desde Banfield, provincia de Buenos Aires, el resto residía en Bahía Blanca.

En los terrenos inspeccionados sólo quedaban ruinas, ya que los edificios que sirvieron como CCD habían sido demolidos. Aún así, a partir de esos restos aparecieron recuerdos de los días de cautiverio que posibilitaron la reconstrucción de algunos de esos sitios:[22] el aljibe o “pozo”, el suelo, las baldosas y el piso de madera, la forma en “ele” del edificio, la posible ubicación de las habitaciones y de la sala de torturas, los restos de un inodoro, la cercanía a la ruta y a las vías –de las que se escuchaba el paso del tren una vez al día–, el eucaliptus, la arboleda, y el camino de tierra hacia la ruta. Muchos de los testimonios fueron acompañados con un croquis, en el que las víctimas inscribieron sus recuerdos junto a lo visto en el recorrido. Para finalizar el procedimiento, cinco de ellos/as participaron de una conferencia de prensa[23] en la que algunos/as tomaron nuevamente la palabra y hablaron de cuándo y dónde fueron secuestrados/as y liberados/as, qué ocupación tenían y la afiliación política al momento de ser detenidos/as.

El 04 de septiembre fue presentado el Informe Final en una conferencia que contó con la participación del Intendente Juan Carlos Cabirón (UCR), senadores, diputados, concejales, el ex candidato a la intendencia del principal partido de la oposición –Ezequiel Crisol, referente del PJ– y miembros de la delegación local de la CONADEP. El evento fue cubierto por La Nueva Provincia, que además de hacer una crónica de ese día, reprodujo extractos del trabajo realizado.[24]

Como menciona la historiadora Lorena Montero, el Informe Final fue una de las primeras interpretaciones sobre la represión en la Zona V y puso los basamentos sobre los que se construirían los discursos que la explicarían: la centralidad del Ejército y del CCD la “Escuelita” en su instrumentación, y la exposición de un tipo de víctimas (desaparecidos/as y asesinados/as). Esta manera de concebir a la represión dejaba en un segundo plano a otras Fuerzas, complicidades civiles, otros métodos represivos y a otros/as represaliados/as (Montero, 2017, p. 83). En el armado de este relato la participación de los/as sobrevivientes fue central, ya que a través de sus testimonios se pudo reconstruir la metodología de una parte del accionar militar, la cantidad de víctimas vistas en cautiverio, las características de algunos de los represores y la ubicación de uno de los CCD.

Con respecto a la cantidad de víctimas, en el informe de la delegación se menciona que tomando rigurosamente como base a los testimonios obrantes en su poder, el detalle de casos registrados fue veinticuatro (24) muertos/as, cincuenta y ocho (58) desaparecidos/as, y sesenta y seis (66) liberados/as; no obstante, inmediatamente se aclara que efectivamente denunciados como ocurridos en la ciudad fueron diecinueve (19), veinte (20), y cuarenta y siete (47), respectivamente, el resto se produjo en otras localidades, aunque sus denuncias las recibió la delegación. Finalmente, el escrito señala que de cada caso se hizo un legajo que contiene las pruebas y que fueron remitidos a Buenos Aires, manteniendo las copias y registrando la numeración.

 

Cuadro 3: Cantidad de Asesinados/as, desaparecidos/as y liberados/as en el Informe de la delegación local de CONADEP

 

 

Fuente: Informe Final de la CONADEP delegación Bahía Blanca y zonas aledañas.

 

Del trabajo de relevamiento realizado para este artículo, se ha notado que la mayoría de las víctimas desaparecidas y asesinadas en Bahía Blanca que son casos en las causas judiciales de la actualidad, ya aparecían en estos listados.[25] Esto es posible que haya sido así dada la recolección de denuncias testimoniales –como señala el Informe– y a la información obtenida en los juzgados, como ocurrió con el acceso a los Hábeas Corpus, a las investigaciones federales y también por la información recopilada de las noticias publicadas en el diario La Nueva Provincia. En cambio, en relación a los casos de sobrevivientes, mencionados/as en el informe como “liberados”, hay algunas cuestiones a plantear. Si bien se da cuenta de sesenta y seis, muchos/as de ellos/as no tuvieron legajo. Como se viene mencionando, la cantidad de este tipo de documentos fue notoriamente inferior, treinta y cinco, y si se la compara con la suma de los que comenzarán a dar su testimonio en los años siguientes, es baja. Por ejemplo, durante las causas judiciales iniciadas a mediados de los ‘80, pueden contabilizarse más de sesenta testimonios,[26] y en las que se iniciaron luego de la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, el número rondaría el cuádruple.[27]

Estos datos, entonces, refuerzan la observación que hicieron tanto aquellos/as que participaron en las labores de las organizaciones de derechos humanos como en la delegación de la CONADEP: existieron ciertas dificultades para la vinculación entre los organismos con una gran cantidad de estas víctimas en la ciudad. El número de sesenta y seis liberados/as, al que se refiere el Informe Final, está más en relación al de la cantidad que participará en las causas siguientes, sobre todo en la 11/86.[28] Esto último, deja subyacente dos cuestiones. Por un lado, la importancia de los testimonios para poder dar con otros casos, ya que como dice en sus páginas, se llegó a contabilizar esa cantidad de víctimas “liberadas” gracias a los relatos de los/as que declararon. En muchos de los testimonios de sobrevivientes aparecen nombradas personas que formaron parte de la lista publicada en los anexos “E” y “F” –“detenidos-liberados en Bahía Blanca” y “detenidos-liberados fuera de Bahía Blanca”, respectivamente–, pero que no se acercaron a la Comisión. Por otro lado, aunque ligado a lo anterior, puede concluirse que se necesitarán otras formas de interpelación para las personas que no testimoniaron, una de ellas será el de la convocatoria a través de la Justicia.

Para finalizar este apartado, resta decir que las dificultades para acceder a más testimonios pudieron ser un factor importante en la exposición de otras características de la represión en la zona, como por ejemplo las modalidades de la represión en el territorio controlado por la Armada. Este punto es observado por Lorena Montero –como se mencionó–, quien destaca la fuerte presencia del Ejército en el relato de la represión durante las primeras décadas de la post dictadura. En el Informe Final se habla de la posibilidad de la existencia de CCD en territorios de la Armada, uno en Puerto Belgrano y otro en el Partido de Villarino, aunque se menciona que todavía estaban recopilando información para poder hacer las verificaciones correspondientes.

La mayoría de los/as que dieron testimonio en la CONADEP estuvieron en CCD del Ejército. Sólo uno de los legajos pertenece a una sobreviviente que estuvo detenida/desaparecida en un CCD de la marina. A esa declaración, se suma otra denuncia, pero en ese caso lo hizo como testigo del secuestro y desaparición de su compañero. Llama la atención, si se compara con el primero de los juicios por crímenes de la Armada luego de la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, la baja participación de víctimas de esa arma ante la CONADEP. De esas dos primeras sobrevivientes que sí declararon el número llegaría a cuarenta y nueve casos en la causa caratulada “Fracassi…”, que tuvo sentencia en 2015.[29]

 

Algunas interpretaciones sobre la no participación

 

Como se viene reflejando, una de las primeras lecturas que se hizo sobre las dificultades para el vínculo entre sobrevivientes –junto a otras víctimas y testigos– con los organismos que recopilaban información fue propuesta por las propias organizaciones de derechos humanos que llevaban adelante las investigaciones, quienes mencionaban que aún existía un clima de terror en la ciudad y que la prensa no colaboraba con la difusión. Esta misma interpretación fue reproducida unos seis meses después en el “Informe de la CONADEP delegación local y zonas aledañas”.

Un concepto que ha aparecido en algunos trabajos académicos, que se relaciona con lo anterior, es el de la desconfianza. En su trabajo sobre la CONADEP, Emilio Crenzel (2014) menciona que algunas víctimas no participaron debido a esta sensación. Esto mismo también ha sido reflejado en entrevistas con varios/as de los/as sobrevivientes de CCD de Bahía Blanca que decidieron no participar, la desconfianza fue señalada en relación al momento político del cambio de gobierno de la última Junta por el de Raúl Alfonsín.[30] Por ejemplo, Patricia recuerda que vivió esos años con mucha tensión, pensando en la posibilidad de huir a Uruguay en caso de caer el gobierno radical: “Vivimos bastante tiempo preparándonos, nunca creyendo que la democracia iba a durar”. La historia del país de los cincuenta años previos indicaba que los gobiernos civiles no perduraban, eran interrumpidos por golpes de Estado. Como señalan Feld y Franco (2015, pp. 265-266), en el contexto de la transición no estaba clara la estabilidad del nuevo gobierno, como tampoco la pérdida de poder de los militares. En este sentido, la sensación de desconfianza sobre los alcances del cambio tuvo su cadencia en la auto-preservación de muchas de las víctimas a través de la decisión de no exponerse.

Esa desconfianza en la estabilidad del nuevo gobierno también derivó en interpretaciones sobre la posible infiltración de las estructuras que llevaban adelante las investigaciones. En las entrevistas surgió que uno de los motivos por el que no se acercaron a declarar fue que la CONADEP podría haber tenido “servicios” y que no estaba claro qué iba a pasar con esa información. El miedo a la existencia de espacios infiltrados tiene asidero si se piensa en el enorme aparato de inteligencia en el proceso represivo en la región (Montero, 2016), situación que era conocida por muchas de las víctimas (Zapata, 2014; Rama, 2018). De hecho, es interesante en uno de esos casos que la víctima prefirió realizar su denuncia ante el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca en vez de hacerlo en la CONADEP. Según recuerda Héctor, no fue que confiara más en la Justicia, sino que pensaba que aquel organismo estaba infiltrado.[31] Es decir, tenía intenciones de denunciar y de aportar pruebas, pero no sentía seguridad de hacerlo ante la comisión.

Otro de los motivos que aparece en algunos de los testimonios es el de la falta de identificación con las agrupaciones que llevaban adelante las investigaciones. Esto fue notorio en diálogos con sobrevivientes de CCD que para el contexto del funcionamiento de la CONADEP tenían actividades en el peronismo local o en el sindicalismo. Las identidades políticas y el capital cultural en torno a la construcción de las mismas pudieron ser factores importantes en los análisis que estas personas realizaron del momento político.

El siguiente ejemplo expone lo anterior. Julio había comenzado a militar finalizando la década del ‘60 en sectores juveniles ligados a la Iglesia Católica, incorporándose a principios de los ‘70 al Peronismo de Base (PB). Fue secuestrado en octubre del ‘76, permaneciendo desaparecido por más de veinte días en la “Escuelita”, siendo legalizado en el Batallón de Comunicaciones 181. Allí lo enjuició un Consejo de Guerra, que dictó una sentencia que resultaría en cinco años de prisión. Así fue que pasó por las unidades penitenciarias de Villa Floresta y Rawson, hasta que el 21 de diciembre del ‘81 quedó en libertad. A mediados del ‘82 comenzó a retomar una participación activa en el peronismo, militando en las elecciones del ‘83, en las que el PJ local sería derrotado por el radicalismo. Sobre su relación con la CONADEP, mencionó en la entrevista que realizamos que no se acercó, aunque no ahondó en detalles. No obstante, se puede inferir uno de los motivos de esa distancia cuando explica su relación con el movimiento de derechos humanos a nivel local en aquellos primeros tiempos de existencia. Si bien señala que cuando fue convocado por la Justicia declaró, aclara que no se sintió identificado en ese contexto con aquellos/as que llevaban adelante el activismo: “No participé mucho, por ahí hoy voy, hablo, pero en el primer momento se dio una cosa acá en Bahía…no me sentía representado, el peronismo no iba. Te encontrabas ahí con el PC…yo qué tengo que ver”.[32] Este señalamiento es interesante porque expresa cómo en la decisión de no participar estaba implícita una politicidad que excedía la situación particular del tiempo en el que se desarrollaba la investigación, sino que, al contrario, implicaba construcciones identitarias de más larga data. Las trayectorias y la cultura política fueron también factores relevantes en la forma de posicionarse ante el dinámico contexto. En este caso, la no identificación con aquellos grupos que estaban movilizados en torno a las investigaciones de la CONADEP produjo la falta de un vínculo que habilitara la participación. Podría pensarse, en este sentido, que durante este proceso no se habían producido aún instancias de referencia en el movimiento de derechos humanos que posibilitaran la inscripción de ciertos sectores. Sería la convocatoria de la Justicia en el año ‘87 la que generaría por primera vez las condiciones para la exposición pública de la historia de Julio.[33]

Un dato relevante que tiene contacto con lo recién mencionado y que está relacionado a la participación de sobrevivientes de CCD de la Armada, es que muchos/as de los/as que decidieron no acercarse a los organismos pertenecían a sectores de la clase trabajadora. De hecho, esto se refleja al observar que de los treinta y cinco legajos de los/as que sí tuvieron algún grado de vínculo con la CONADEP, más de dos tercios del total de los casos presentan características sociales que los inscribirían en una clase media, por ejemplo la formación en universidades o en institutos de educación terciaria.

La clase trabajadora fue uno de los principales sectores sobre los que actuó la represión en Bahía Blanca. En los días previos al golpe de Estado del 24 de marzo del ‘76 y en los meses siguientes, los sindicatos resultaron intervenidos y muchos de los referentes sindicales estuvieron bajo distintas formas de detención, algunos de ellos fueron conducidos a los CCD del Ejército y de la Armada (Zapata, 2018). En la causa “Fracassi…” (“Armada”), más de dos tercios de los/as cuarenta y nueve sobrevivientes que figuran como caso eran en la etapa que vivieron la represión trabajadores/as de distintas empresas o instituciones intervenidas por esa arma –municipales, telefónicas, no docentes, portuarios, ferroviarios, empleados de la central termoeléctrica, trabajadores de la cooperativa de energía eléctrica (COPEL), de la Junta Nacional de Granos, de la Base Naval de Punta Alta–, y muchos/as de ellos/as eran delegados o dirigentes de sindicatos –Sindicato Unidos Portuarios Argentino (SUPA), Luz y Fuerza, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Sur (ATUNS), Unión Ferroviaria (UF). Como se mencionó, excepto dos sobrevivientes, el resto no tuvo participación en la denuncia con los organismos de derechos humanos y con la CONADEP. Este punto al menos debe llamar la atención acerca de los alcances y/o de la apropiación de las consignas del movimiento de derechos humanos en esos años en distintos sectores de la sociedad.

Finalmente, también puede ser una clave para la interpretación de la no participación el hecho de que, a diferencia de lo ocurrido en Bahía Blanca y Viedma, en Punta Alta no hubo apoyos políticos para la creación de una comisión local. La dinámica de las relaciones de poder en la política territorial podría haber sido una variable importante en el retraso de la participación de sobrevivientes de los CCD de la Armada, sobre todo los de esa ciudad. El 14 de marzo del ‘84 representantes del Concejo Deliberante de Coronel Rosales de los tres partidos más votados, la UCR, el PJ y el Partido Intransigente, en una reunión con miembros de los organismos de derechos humanos de Bahía Blanca, realizaron una sesión en la que los concejales se manifestaron en contra de la instalación de una comisión investigadora en la ciudad. Estos últimos hicieron hincapié en que debían llevarse a cabo investigaciones por los “excesos cometidos de un lado y del otro”,[34] pero que estas tenían que estar comandadas por la Justicia, mencionando además, que por los crímenes de unos pocos no se podía “ensuciar” a toda el arma. El gesto de los legisladores fue celebrado por los editorialistas de La Nueva Provincia como “un ejemplo de sensatez”.[35]

Esta posición del poder político de Punta Alta muestra el difícil equilibrio en un territorio en el que la base de Puerto Belgrano era –y es– central. Algunos sobrevivientes de la ciudad, que en los años siguientes serían funcionarios de la Municipalidad de Coronel Rosales, han reforzado esta observación al referirse a la centralidad de la institución y a la compleja correlación de fuerzas en el contexto de la transición y durante los años ‘80.[36] De todas maneras, también plantearon sus diferencias con los sectores que participaron de ese primer Concejo Deliberante del año ‘84, quienes para ellos eran de otra generación y tenían otras prácticas de construcción política.[37]

Para cerrar, las diferentes interpretaciones expuestas en las distintas fuentes deberían ser pensadas en forma articulada. Muchos de estos motivos debieron convivir, algo que es notorio en las entrevistas, donde las referencias aparecen cruzadas. A ellas podrían agregarse otras explicaciones para la no participación que no se han manifestado en las fuentes y que pudieron tener que ver con los límites de lo decible en ese contexto de transición, como por ejemplo la posibilidad de ser criminalizados/as y estigmatizados/as por haber pertenecido a alguna organización revolucionaria. También, a modo especulativo, es posible pensar que la tardía creación de organismos de derechos humanos en la ciudad pudo ser un factor más en el retraso de la construcción de vínculos con las víctimas. La escasa visibilidad de un trabajo político previo podría haber colaborado con la sensación de desconfianza y/o con la falta de apropiación de las consignas de esas organizaciones.

 

Conclusiones

 

A través de un breve recorrido por los orígenes de la APDHBB y de la CDHUCR, se pudo constatar cómo a los pocos meses de la apertura de la CONADEP de Buenos Aires y del inicio del trabajo de los organismos locales, los/as involucrados/as en Bahía Blanca manifestaban el malestar ante la baja cantidad de casos denunciados de “detenidos/as desaparecidos/as” en la ciudad. Si bien la decisión de armar delegaciones en distintas regiones del país provino “desde arriba”, la mirada puesta en el territorio, al ingresar en el análisis a otros actores y problemáticas, complejiza las observaciones de lo ocurrido.

La recopilación de información y las conclusiones realizadas durante las actuaciones de los organismos y de la delegación local de la CONADEP fueron clave para el conocimiento de una parte de la trama represiva de la Zona V. En la construcción de esa narrativa sobre la represión, como ocurrió en otras partes del país, las denuncias y aportes de los/as sobrevivientes resultaron fundamentales. A través de ellos/as se pudo reconstruir ciertos elementos de la metodología represiva del accionar militar, la cantidad de víctimas vistas en cautiverio, las características de algunos de los represores y la ubicación de uno de los principales CCD, la “Escuelita”.

De todas maneras, a pesar de estos avances, el Informe Final dejó en claro que más allá de la propia creación de la delegación y de las estrategias accionadas en torno a ella, existieron una serie de dificultades que tuvieron continuidad durante todo el periodo, algo que se reflejó por ejemplo en la construcción de vínculos con víctimas que decidieron no exponerse. Una de las primeras interpretaciones sobre estas dificultades, que se pudo ver también en la asamblea de fines de marzo (mencionada en el informe de inteligencia), estuvo en torno a la existencia de la continuidad de un clima de terror.

Si se toma la totalidad de la etapa de actuaciones, desde mediados de diciembre del ‘83 a septiembre del ‘84, se crearon treinta y cinco legajos de sobrevivientes, aunque en realidad fueron treinta y seis los/as que realizaron sus denuncias ante este organismo. Más de la mitad de las declaraciones testimoniales se produjeron afuera de Bahía Blanca y entre las que se dieron en la ciudad, doce se realizaron antes de la creación de la delegación local, quedando sólo cinco nuevos/as para los meses de su funcionamiento –si bien algunos/as de los/as sobrevivientes fueron convocados/as a declarar nuevamente. En comparación con la cantidad de víctimas que participarían luego en las instancias judiciales, tanto desde mediados de los ‘80 como en la última etapa –post nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida–, el número es bajo. Entre el ‘85 y el ‘89, testimonió el doble –sumando las distintas causas–, mientras que para la última etapa, lo hizo aproximadamente el cuádruple. En este sentido, es llamativa la escasa presencia de sobrevivientes de los CCD de la Armada ante la CONADEP, de las dos primeras declarantes ante los organismos locales se pasaría a unos cuarenta y nueve casos en el juicio que tuvo su primera sentencia en 2015.

Las experiencias de los/as sobrevivientes de CCD que prefirieron no declarar en ese contexto fueron heterogéneas. Sin embargo, en las fuentes pudieron observarse nodos comunes que reforzaron algunas de las explicaciones dadas en el ámbito académico, como el terror y la desconfianza, y permitieron acceder a otras variables sobre el complejo contexto de transición. Se destacó cómo la construcción identitaria y una cultura política de más larga data pudieron ser factores fundamentales en la toma de distancia de una parte de las víctimas con respecto a aquellos/as que llevaban adelante las investigaciones o que estaban movilizados/as. En el caso analizado se pudo observar la falta de instancias de representación a través de las cuales el/la sobreviviente pudiera haber sentido algún grado de inscripción. En este sentido, también se hizo mención a los límites en cuanto a los alcances y/o la aprehensión de la agenda de los organismos de derechos humanos en algunos sectores de la sociedad, llamando la atención el bajo grado de participación de miembros de la clase trabajadora, sobre todo de aquellos/as que fueron represaliados/as por la marina. Por último, se mencionó como un posible factor relevante la negación del Concejo Deliberante de Coronel Rosales para facilitar la posibilidad de una comisión investigadora en Punta Alta, esa falta de apoyos políticos expone la compleja correlación de fuerzas en esa localidad entre civiles y la Armada durante el periodo en cuestión.

 

 

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Recibido: 08/01/2019

Evaluado: 06/03/2019

Versión Final: 07/03/2019