La
conformación del peronismo en un espacio local:
Río
Cuarto 1943-1946
Rebeca
Camaño(*)
(CIH-UNRC
/ CEA-UNC / CONICET; rcs_arg@hotmail.com)
La Intervención Federal instaurada como consecuencia del golpe de Estado de
junio de 1943 declaró la caducidad de las funciones de los Intendentes y
Concejos Deliberantes, marcando así el cierre de una larga tradición de respeto
y fortalecimiento de las autonomías municipales de la provincia de Córdoba y la
inauguración de otra etapa en la que se tendería a una progresiva
centralización política y administrativa. Este proceso convergería con la
emergencia del peronismo como fuerza política, ante la cual los demás partidos
políticos emprendieron un importarte reacomodamiento. La hipótesis que guía
nuestro trabajo es que en la conformación inicial del peronismo riocuartense
adquirió un peso importante el traspaso de cuadros dirigentes de segunda línea,
pertenecientes al ala garzonista del radicalismo. Esta transferencia se
hallaría estrechamente vinculada a las posibilidades de acceso al
poder brindadas por el naciente movimiento, merced a una marcada imbricación
entre su estructura y la del Estado.
Teniendo
esta hipótesis como eje articulador, en primer lugar se inicia la
reconstrucción del arco partidario riocuartense a partir de un recorrido por
las transformaciones experimentadas a lo largo de la década del treinta por las
principales agrupaciones actuantes en el ámbito local, con el objetivo de
comprender el posterior reacomodamiento de sus componentes internos frente a la
emergencia del peronismo como alternativa no solo política sino también de
acceso a los cargos gubernamentales y administrativos. En vinculación con esto,
en segundo lugar, se hace referencia a las implicancias de la pérdida de la
autonomía municipal, poniendo el acento en la relación entablada entre el
gobierno municipal y el provincial, con especial atención en las figuras del
Jefe Político y el Comisionado Municipal y al rol desempañado por los mismos en
la configuración inicial del peronismo local. En correspondencia con lo
anterior también se abordan los vínculos entablados entre el gobierno y el
naciente movimiento peronista, atendiendo fundamentalmente al recambio
producido en el elenco de funcionarios tendiente a la construcción de una
alternativa política de carácter continuista en miras a la próxima normalización
institucional. Con respecto a la misma, en tercer lugar estudiamos las
divisiones y tensiones internas producidas frente a la emergencia del peronismo
como movimiento político y al llamado a elecciones para febrero de 1946. Por
último, se caracteriza a los factores constitutivos del naciente peronismo
riocuartense, describiendo, por una parte, los rasgos tanto del radicalismo
renovador como del laborismo y, por la otra, las particulares relaciones
entabladas entre ambos.
Los
partidos políticos frente a la nueva coyuntura política
Para
comprender la conformación originaria del peronismo riocuartense resulta
necesario remontarnos a la década del treinta y a las características del arco
político local y regional de aquellos años. Teniendo en cuenta esto, comenzamos
realizando un recorrido por las transformaciones experimentadas entre 1930 y
1943 por los dos partidos con mayor influencia no solo en el ámbito
departamental sino también provincial: la Unión Cívica Radical y el Partido
Demócrata.
Con
respecto al primero podemos decir que en los meses previos y al momento de
producirse el golpe de Estado que derrocaría a Hipólito Yrigoyen en septiembre
de 1930, el radicalismo riocuartense se hallaba inmerso en disputas intestinas,
que la prensa partidaria atribuía a los apetitos y las egolatrías caudillescas, debilidades que, en una especie de círculo vicioso, se
veían potenciadas en los períodos electorales. Dos eran los sectores que en
esos primeros años treinta se disputaban el predominio dentro del radicalismo
departamental: garzonistas y rodriguiztas.
Los
primeros respondían a Agustín Garzón Agulla, para quien la democracia no era
sino “el gobierno de los mejores para el bien de todos”
y que, pese a reconocerse liberal, no ocultaba su fe católica; por el
contrario, hacía de ella el norte de sus decisiones políticas.
Por su parte, Rodríguez proponía una reforma de
Su
predominio dentro del radicalismo departamental serviría para explicar la tenue
participación de sus representantes en los numerosos conatos revolucionarios
que atravesarían el primer lustro de los treinta. Ciertamente, aunque en varias
oportunidades fueron demorados dirigentes riocuartenses, en todos los casos la
falta de pruebas en su contra les permitió recobrar su libertad pocos días
después, sin verse ninguno de ellos obligado a exiliarse. El influjo de estos
sectores tradicionales también permite comprender la tibieza con que el
radicalismo riocuartense abrazó la táctica abstencionista; situación
particularmente evidenciada en los comicios municipales realizadas el 27 de
diciembre de 1931. Aun cuando el Comité Provincial había desautorizado la
concurrencia de la UCR a las elecciones comunales en pos del absoluto
mantenimiento de la abstención, era de público
conocimiento que el candidato del Comité de Comercio (Carlos Vismara) contaba
no solo con el apoyo electoral del radicalismo, sino que además varios
dirigentes del partido integraron su lista y, posteriormente, otros formarían
parte de su cartera cuando asumiera en febrero de 1932.
Esta
situación, sin embargo, se alteraría poco después, cuando ingresara un nuevo
contrincante a la arena política provincial. En efecto, el frágil equilibrio
entre garzonistas y rodriguiztas se mantuvo hasta las elecciones internas de
septiembre de 1932, pues en ellas los representantes del sabattinismo vinieron
a alterar su predominio. En dicha ocasión fue aplicado por primera vez el voto
directo, innovación introducida por la UCR cordobesa en julio de 1931 para la
elección de todos los cargos electivos y partidarios. Si
con el triunfo obtenido a nivel provincial y en el circuito de la capital el
sabattinismo asumía la conducción de la UCR cordobesa,
la situación en Río Cuarto no fue tan clara: el Comité Departamental quedó en
manos del sabattinista Teobaldo Zavala Ortiz, mientras que la presidencia del
Comité de Circuito fue ganada por el rodriguizta Pedro Pury.
Este
último tenía, no obstante, una composición predominantemente sabattinista, lo
que condujo a una acentuación de los enfrentamientos internos en los próximos
meses que culminó con la renuncia de su presidente en noviembre de ese mismo
año y la asunción, en su reemplazo, de Isidro Somaré. El sabattinismo había
comenzado, así, a dominar la situación departamental y a emprender un proceso
de renovación interna en el que
Sin
embargo, este predominio no dejaba de ser endeble, pues si a nivel provincial
la coincidencia en torno a las nuevas disposiciones que regían las elecciones
internas facilitó que las distintas fracciones aunaran esfuerzos para encarar
conjuntamente la campaña electoral contra los demócratas, en Río Cuarto los
conflictos internos no lograron solucionarse y significaron el quebranto a la
disciplina partidaria, variando desde la abstención hasta la abierta oposición. Lejos de superarse, esta situación se iría acrecentando
en los siguientes años, en los que si bien con el triunfo de Jautz en las
elecciones municipales ante el candidato demócrata se consolidaba la fracción
sabattinista, al interior del partido aun no lograba consolidarse
definitivamente.
Tal
como había ocurrido en 1932, en septiembre de 1936 el Comité Departamental
quedaría en manos del sabattinista Teobaldo Zavala Ortiz, mientras que el de
Circuito recaería en el garzonista Felipe Gómez del Junco, dando lugar a los
más variados enfrentamientos en los meses siguientes, llegando a su culminación
en junio de 1937. Durante este período, en el que el Comité de Circuito sesionó
con ausencia de la minoría sabattinista, la tirantez con el Comité
Departamental, lejos de disminuir, fue acrecentándose continuamente, ante la
indiferencia del Comité de Provincia, a quien vanamente apelaban como árbitro. Si los garzonistas
locales insistían en denunciar supuestas irregularidades en la realización de
las elecciones, los sabattinistas respondían que era tiempo “de que cese la
política de escándalo y que se vayan los adversarios que han conseguido
infiltrarse en las filas de la Unión Cívica Radical”.
Ansias que, como veremos, serían satisfechas en 1939.
Un
momento especialmente conflictivo se daría en el mes de marzo, cuando el bloque
garzonista del Comité de Circuito presentara su renuncia en forma colectiva
ante el Comité de Provincia. Sin embargo, como la misma
nunca fue tratada, no llegaría a hacerse efectiva y en junio el Comité
reaparecería con un publicado en el que instaba a practicar la abstención en
las elecciones internas en las que debían seleccionarse los candidatos a
electores de presidente de la República. Más clara será, sin embargo, la
tendencia rupturista en las próximas elecciones internas para candidato a
intendente realizadas en octubre de 1939. En esa oportunidad la derrota sufrida
por el garzonista Felipe Gómez del Junco frente al sabattinista Ben Alfa
Petrazzini llevó a una escisión, con importantes consecuencias posteriores,
dentro del radicalismo riocuartense. En medio de denuncias por fraude, un grupo
de correligionarios encabezados por el vencido precandidato decide abandonar
las filas de su partido y fundar
En
ellas, aunque fuera derrotada nuevamente por el sabattinismo local, dicha
agrupación alcanzó un segundo puesto, desplazando así al Partido Demócrata como
primera minoría dentro del Concejo Deliberante y excluyendo a la Liga de
Defensa Comunal del mismo. Estas elecciones evidenciaron así un traspaso de la
base electoral desde el Partido Demócrata y
Contrariamente
a estos vaticinios, en los años siguientes las actividades del Concejo
Deliberante se desarrollaron sin mayores sobresaltos, aunque fueron
introducidas algunas prácticas que la prensa local reconoció como novedosas.
Por una parte, al elegir a la Mesa Directiva, se dejó sin representación al
primer sector minoritario, pues la Presidencia y la vice primera recayeron,
como cabía esperar, en dos concejales radicales, pero como vice segundo fue
elegido el único representante demócrata, en lugar de alguno de la Unión
Vecinal; práctica que se repitió año tras año en la inauguración de las
sesiones, hasta la interrupción institucional de 1943. Puede suponerse que se
trató de una estrategia que buscaba anticiparse a lo que, haciendo uso del
lenguaje corriente de la guerra en curso, el periodismo llamó “quinta columna”
dentro del radicalismo, haciendo referencia a la posibilidad de que miembros
del oficialismo se aliaran con las minorías para ejercer la oposición al
interior del legislativo municipal. Puntualmente, se personificaba esta amenaza
en la figura de Teófilo Bermúdez, quien se apuró a desmentir estos dichos en la
primera sesión de 1940: “Sé perfectamente que, alguien, perteneciente a cierto
grupo partidario, ha pretendido negar mi radicalismo y dudar de mi conducta
partidaria. Quiero aprovechar esta circunstancia para fijar mi posición, a fin
de destruir del ambiente ese prejuicio imperdonable. Hace veinte años que vengo
luchando con todo entusiasmo y espíritu de sacrificio por los ideales de la
Unión Cívica Radical, sin que jamás haya planteado a mi partido cuestión
alguna. Declaro pues que seguiré defendiendo sus principios y postulados, sin
reconocer más disciplina que la que me imponen sus principios y doctrina y la
que me impone su plataforma o programa de gobierno.”
A
pesar de su argumentación, las sospechas no resultan infundadas si se tiene en
cuenta que Bermúdez también pertenecía a los sectores desplazados del
radicalismo, pues recordemos que en 1935 había sido derrotado en elecciones
internas por el precandidato sabattinista Emilio Jautz. Esta afinidad con los
sectores minoritarios quedaría demostrada no solo por su accionar dentro del
cuerpo legislativo hasta 1943, sino también en los años
subsiguientes, cuando Bermúdez se les uniera en la conformación inicial del
emergente movimiento peronista. Recordemos que aunque,
a diferencia de sus ex correligionarios garzonistas devenidos en fundadores de
la Unión Vecinal, había permanecido dentro de las filas de la U.C.R., su
experiencia como concejal se caracterizó por un sospechoso acercamiento hacia
los sectores minoritarios dentro del Deliberante.
Uno
y otros compartían el haber sido desplazados de la dirigencia partidaria por la
tendencia sabattinista y, pese a que entre 1940 y 1943, sus estrategias para
enfrentarla fueron diferentes, no solo coincidieron en su accionar conjunto
dentro del Concejo sino que además sus destinos volverían a unirse tras la Revolución
de Junio. Si a esto sumamos que en las elecciones internas de 1940 para
cubrir los Comités Departamental y de Circuito, los precandidatos pertenecían a
distintas líneas dentro del mismo sabattinismo, queda claro que se había
producido un definitivo desplazamiento de los sectores tradicionales dentro del
radicalismo los cuales encontrarían dentro del naciente peronismo la
posibilidad de acceso al poder que ya no les brindaba su partido de origen.
Viéndolo
en clave comparativa con lo que estaba ocurriendo dentro del radicalismo,
durante el primer lustro de los años treinta también el Partido Demócrata Nacional
de Córdoba (PDNC) se vio atravesado por tensiones internas que pueden
remontarse al Congreso de la Juventud Demócrata, celebrado en septiembre de
1928. Se enfrentaron allí dos tendencias que no solo se disputaban la
supremacía de Emilio Olmos o Mariano Ceballos sino que también aludían a la
posibilidad o no de efectuar una reforma estructural que permitiera desterrar
del partido las prácticas caudillescas características de la “política
criolla”.
El
triunfo de la primera opción no significó a la postre, sin embargo, un proceso
de democratización interna, sino que, por el contrario, la querella entre “el
espíritu renovador del Congreso de la Juventud y el caudillismo prepotente”
seguía aún vigente en 1933 y adquiriría especiales ribetes en el marco de la
campaña para las elecciones internas a realizarse en marzo de ese año. Tal como ocurriría dos años más tarde en el radicalismo,
tampoco aquí estaban en juego meras disputas interpersonales sino que también
remitía a un clivaje ideológico, que la prensa demócrata describía como dos
tendencias opuestas: “una lucha por imponerse abriendo el cauce donde
todavía no germinaron las inspiraciones del Congreso de la Juventud y otra que
lucha para sobrevivir con su pesada carga de anacronismo y sus viejas mañas
caudillescas”.
No
obstante los paralelismos que pueden establecerse con los aires renovadores que
se propagaban al interior de las filas radicales, dentro del PDNC los sucesivos
intentos encabezados por Aguirre Cámara para democratizar la vida partidaria
chocarían contra un muro infranqueable, que ya había sido derrumbado por el
radicalismo: el mecanismo electoral. A diferencia de sus contrincantes, los
demócratas recién en 1937 establecieron el voto directo, y aún entonces la
selección de sus candidatos seguía basándose en listas únicas acordadas por los
notables, soslayando así la confrontación plural y la expresión directa de sus
afiliados.
Como
hemos visto, 1935 se vio inaugurado con el levantamiento de la táctica
abstencionista del radicalismo, circunstancia ante la cual el Partido Demócrata
Nacional de Córdoba respondió rápida y enérgicamente, dando al duelo electoral
un alto nivel de antagonismo. Las ya descriptas
características de la dinámica interna del Partido Demócrata tornaban
fundamental el peso de las “familias” dentro del mismo. Pese a su perfil
renovador, lo que definió la candidatura de Aguirre Cámara a la gobernación fue
el apoyo no solo del presidente Justo sino también de Patrón Costas (presidente
del Comité Nacional del PDN), tanto como la conquista del aval de los
dirigentes departamentales. En su afán por conseguirlos, Aguirre Cámara inició
sus actividades proselitistas viajando por el interior provincial con el
propósito de unir a los principales referentes demócratas en una junta
electoral común que propiciara su candidatura. En este
proceso no fue menor el rol desempeñado por Río Cuarto, de donde surgiría como
candidato a vicegobernador el médico Alfredo Alonso, quien en su discurso de
aceptación de la candidatura afirmó: “(…) Habéis designado en mí, señores
convencionales, para integrar la fórmula en carácter de candidato a
vice-gobernador un nombre radicado en una ciudad de la campaña provincial. Es
este un hecho que acontece por primera vez en nuestro partido, a lo que menos
desde que adoptó su actual e inmediata anterior denominación y organización (…)
Hombre de la campaña, aspiro a que la gravitación política se comparta, se
distribuye y reconozca con igualdad y con justicia en la totalidad de la
población provincial, sin diferencias ni desplazamientos (…)”
Segura
de su triunfo, la prensa demócrata local celebraba así la elección de Alonso:
“Río Cuarto, fuerte y dinámica ciudad sureña, experimenta desde ya la
regocijante y bienvenida satisfacción de tener a un hijo de su seno en el
futuro gobierno de Córdoba, gobierno que será blasón orgulloso en el escudo de
la Provincia y diagonal brillante en la administración de la República.”
Pese
a esta amplia confianza en sí mismo del PDNC y a una campaña caracterizada,
entre otros rasgos, por una estrecha relación partido-gobierno-Estado, el uso
clientelar de los recursos institucionales y el alto grado de sofisticación
tecnológica, el sabattinismo resultó vencedor. Las causas de esta derrota han
sido atribuidas a la incapacidad del PDNC para democratizar su vida interna y a
su complicidad con el golpe militar de 1930, que ensombrecía su credibilidad
republicana. Lo cierto es que tras esta exigua aunque
traumática derrota revivió el espíritu reformista de 1928, el que nuevamente
coalicionaría con las resistencias internas al cambio.
Tanto
Aguirre Cámara como Heriberto Martínez emitieron comunicados en los que
llamaban a dirigentes y afiliados a unirse en una vigorosa comunión de ideales
y en un afán de lucha que permitieron reconquistar las posiciones perdidas en
la primera batalla cívica a celebrarse. El crucial
momento no se hallaba muy distante: en marzo de 1936 debían realizarse
elecciones para la renovación parcial de la cámara de diputados de la nación.
Dos eran las alternativas para seleccionar la lista de candidatos que el PDNC
sostendría en los comicios: o el Comité Central llenaba las vacantes producidas
de acuerdo a las necesidades políticas del momento o lo hacía la Convención de
la Provincia, donde una fuerte corriente de opinión abogaba por nombres del
sector renovador, tales como los ex candidatos Aguirre Cámara y Alonso. Pese a
los reclamos de la prensa demócrata, que instaba al Comité Central a tener en
cuenta esta situación “pues sería de lamentar que rigiese, al respecto, un
criterio de círculo cerrado, ya que lo que debe primar son los intereses
elevados y permanentes de la provincia y del partido”,
el Comité Central decidió no convocar a la Convención y designar para dichas
candidaturas a Juan Carlos Agulla, Emilio Sánchez y Alfredo Mires. Primaba así el criterio de círculo por sobre el de
partido.
Otra
clara muestra de la ausencia de democratización al interior del partido era el
constante llamado, tanto de los dirigentes como de la prensa demócrata, a que
el electorado mantuviera férreamente la disciplina partidaria, entendiendo por
tal la completa aceptación de los candidatos elegidos por el Comité Central.
“Acción y disciplina” eran los deberes supremos de la hora: debía votarse
íntegramente por la lista proclamada, pues borrar un candidato implicaba
“atentar contra la vida partidaria”. Por el
contrario, “concurrir espontáneamente a los comicios, sufragando por la lista
de candidatos proclamados, con férrea disciplina partidaria, [era] aportar el
grano de arena a la obra del partido”.
Esta
búsqueda de uniformidad se dio también en los próximos intentos de
reorganización interna, en los que la prensa partidaria local esperaba
encontrar “el espíritu abierto a la más perfecta unidad partidaria (…) con el
preconcebido propósito de apoyar decisivamente a quienes salgan triunfantes en
los comicios internos”. Claro que en éstos, siempre se
lograba imponer una lista única, con lo cual se limitaba la competencia interna
y se acentuaban los predominios personales, al tiempo que, dada la ausencia de
voto directo, se restringía la expresión de las bases electorales.
En
un intento de resolver esta última cuestión en agosto de 1936 se llevó a cabo
una Asamblea Consultiva, a la que asistieron diversos funcionarios, dirigentes
y legisladores (en ejercicio y retirados) para fijar lineamientos de cara a la
reorganización interna a emprenderse en los meses próximos. Dicha asamblea
resolvió que el proceso sería presidido y dirigido por una Junta Electoral, en
cuya conformación debía buscarse una fiel expresión de unidad y, por lo tanto,
sostenerse una lista única. Pese a las controversias que generaba al interior
del partido, también se pronunció por la implantación del voto directo y por la
publicidad del padrón de afiliados.
No
obstante, su implantación no significó, como en el caso del radicalismo, un
avance hacia la democratización de las prácticas internas, sino que siguieron
primando el personalismo y las relaciones clientelares. Así quedaría demostrado
en las primeras elecciones internas para la selección de autoridades
partidarias en las que se aplicó el voto directo, realizadas en marzo de 1939,
que llevarían a la presidencia del partido a José Heriberto Martínez. En el
ámbito riocuartense, los integrantes de la lista única
que se presentó al electorado demócrata fueron seleccionados en el seno de los
círculos dirigentes, por lo que a aquél se le relegaba a la tarea de legitimar
lo ya decidido, condenando cualquier posible disidencia.
Este
afán de unidad, por sobre los debates internos, nuevamente se vería reflejado
por la prensa demócrata local en la víspera de la reunión del Comité Central
del Partido, celebrada para elegir las precandidaturas a la gobernación. Lo
mismo ocurriría en octubre de ese año, cuando se estrenó este método para la
definición de candidatos a todos los cargos electivos en unos comicios internos
que, al haber una lista única, no tendrían el carácter de lucha. En el ámbito
local, el elegido para representar al partido con miras a la Intendencia sería
Pedro Luis Carranza, cuya larga trayectoria como concejal contrastaba con la
inexperiencia de la mayoría de quienes lo acompañaban en aquella lista de
“pre-candidatos”. Cabe destacar que, según la propia prensa demócrata, a la
hora de seleccionarlos se privilegió a aquellos que, por sus lazos familiares y
sus actividades económicas, se hallaban vinculados con distintos gremios y
colectividades, por sobre los que ya tenían experiencia como dirigentes
políticos.
En
los comicios internos realizados en noviembre de 1941 para elegir los
candidatos demócratas a diputados nacionales se presentaron dos listas:
“Cabildo Abierto”, que a nivel provincial propiciaba la candidatura de José
Heriberto Martínez y en el ámbito local era representada por Alfredo Alonso y
“Popular Democrático” que, encabezada en el departamento por Clodomiro
Carranza, era liderada por José Aguirre Cámara. No obstante, la misma prensa
demócrata reconocía que en distintos circuitos los afiliados al partido se
reunían previamente a efectos de decidir a qué sector apoyar. Y, tal como
ocurría con anterioridad al establecimiento del voto directo, en esta decisión
primaban los trabajos proselitistas de los candidatos que recorrían personalmente
los distritos entrevistándose con otros dirigentes. Éstos continuaban, así,
teniendo especial gravitación para tornar favorable a una u otra fracción la
composición de lugar, por la influencia personal que ejercían en sus
respectivos distritos.
Superadas
estas internas, que estuvieron a punto de provocar un cisma dentro del partido
(eludido mediante la intervención de las autoridades del Partido Demócrata
Nacional) se reavivaron las demandas por una reorganización interna; cada vez
más enérgicas a medida que se aproximaban las elecciones de 1943. No debe
olvidarse que en 1940 el Partido Demócrata cordobés había sufrido una nueva
derrota frente a Del Castillo, perdiendo por segunda vez consecutiva la
gobernación frente al sabattinismo; situación que, como hemos visto, se vio
replicada en el ámbito local.
Lejos
de disminuir, los enfrentamientos entre las dos fracciones fueron
acrecentándose con el correr de los meses, llegando a su punto máximo al
momento de realizarse las internas para renovar las autoridades partidarias en
abril de 1943. En dicha ocasión, el núcleo aguirrista optó por abstenerse,
viéndose asegurado el triunfo del núcleo “Cabildo Abierto”, con la consecuente
reelección de José Heriberto Martínez como presidente del PDNC. De esta manera,
eran soslayadas una vez más las ventajas del voto directo y postergado el
proceso de democratización interna. Un nuevo paso en este sentido sería dado en
mayo, cuando la Convención Provincial aprobara una reforma de su Carta Orgánica
que eliminaba la representación de las minorías dentro de los organismos
directivos de la agrupación. Uno de los principales defensores de esta
disposición, José Heriberto Martínez, sostuvo la necesidad de hacerlo
argumentando que los grupos minoritarios solo concretaban su actuación
fomentando escisiones que socavaban al partido, desgastando sus energías en la
lucha interna en lugar de hacerlo “contra el enemigo político común”.
Lo
cierto es que hacia mediados de 1943 el PDNC no podía distar más de los anhelos
de grandeza, unidad y vigor que manifestara Aguirre Cámara al asumir su
presidencia en 1937. Por el contrario, la Revolución
de Junio, lo encontraría sumido en una crisis, tanto política como de
organización, que se agravaría con la emergencia del peronismo en el escenario
político nacional. No obstante la distancia que lo
separaba de esta situación, la U.C.R. cordobesa también presentaba grietas
internas: la consolidación en el poder provincial y partidario del sabattinismo
había implicado el desplazamiento de los sectores más tradicionales del
radicalismo provincial, volviéndolos proclives a embarcarse en nuevas
alternativas políticas que les permitieran el acceso a aquellos espacios
entonces vedados.
Tal
era la fotografía política riocuartense al momento de producirse la Revolución
de Junio. Al igual que en el resto del país, a partir de entonces y de la
posterior disolución de los partidos políticos, se produjo una ruptura en la
vida partidaria riocuartense. Ésta parece haber entrado en suspenso: ninguno de
los partidos locales se pronunció con respecto al desplazamiento de Castillo de
la presidencia de la Nación, ni al reemplazo de las autoridades locales, como tampoco lo harían frente a la disolución de los
mismos impuesta por el gobierno nacional.
Del
cargo a la candidatura: el rol de los Comisionados
Municipales
y los Jefes Políticos en los orígenes del peronismo
riocuartense
En
el marco de una creciente tendencia hacia la concentración geográfica y
funcional de la autoridad, entre 1943 y 1946 se dio inicio en la provincia de
Córdoba a la construcción de una matriz político-institucional centralizada,
fundada en la subordinación de las instituciones provinciales a las nacionales,
la cual alcanzaría su cenit durante el gobierno peronista.
Pese a que el proceso se vio restringido tanto por la falta de estabilidad de
las autoridades de la Intervención Federal en la provincia como por un escasa
“producción de instituciones”, claramente se dieron los
primeros pasos en el avance del Estado provincial sobre el municipal, tendiente
a la centralización política y administrativa.
Fueron
dos las medidas centralizadoras que mayores implicancias tuvieron: la creación
de la Oficina de Municipalidades y el creciente rol otorgado a los Jefes
Políticos. En cuanto a la primera, implantada en agosto de 1943 como medida
paliativa de la caducidad de las ramas deliberativas y ejecutivas de las
municipalidades de la provincia decretadas por la Intervención Federal, puede decirse que constituyó el primer mojón de un nuevo
andamiaje institucional que llevaría adelante posteriormente el peronismo,
tendiente a una progresiva centralización de las esferas política y
administrativa. Percibiéndolo de este modo, la prensa
local consideró que entorpecería la marcha local, ya obstaculizada por la falta
de Concejos Deliberantes y Tribunales de Cuentas, razón por la cual calificó su
creación como una “centralización excesiva”.
Ciertamente, toda gestión relacionada con asuntos de orden municipal debía ser
iniciada y tramitada en dicha dependencia, la que luego tomaba las resoluciones
pertinentes con intervención de la Subsecretaría de Gobierno.
En
el mismo sentido, el Comisionado Municipal Secundino Bedoya elevó una nota al
Ministro Ferrer, en la que se oponía a la modificación introducida por la
Oficina de Municipalidades en el presupuesto municipal para el año 1944: “(…)
No me parece justo que la Oficina de Municipalidades, sin ningún conocimiento
de las necesidades locales, proyecte a la distancia modificaciones a un
presupuesto minuciosamente estudiado por personas que palpamos las necesidades
y nos guiamos únicamente en el bien de la ciudad”.
En
esta cita pueden vislumbrarse las tensiones producidas entre el gobierno local
y el provincial por la centralización del poder y la consecuente disminución de
la capacidad decisional del primero. Paradójicamente, ésta fue defendida por un
funcionario cuya sola presencia representaba una irregularidad institucional y
una vulneración de la autonomía municipal. En efecto, los Comisionados
Municipales eran nombrados por el gobierno provincial en reemplazo de los
destituidos intendentes, cuyas atribuciones quedaban limitadas a lo meramente
administrativo, sin poder tomar ninguna medida que hubiese requerido la sanción
de una ordenanza. Puede percibirse en esta disposición un criterio
administrativo del gobierno municipal, en desmedro de su faz política, al
tiempo que se restringía la autonomía de este nivel estatal. Dicha disposición
sería criticada en reiteradas ocasiones por la prensa local, en tanto implicaba
un retroceso para el régimen municipal que, por basarse en la autonomía
política y económica, representaba “(…) una de las conquistas más destacables
que en el orden de la administración pública nuestra provincia podía ostentar”.
La
otra figura clave en la relación entre ambas instancias estatales y, por lo
tanto, foco de las críticas contra el creciente centralismo, era el Jefe
Político, funcionario que actuaba como articulador entre cada departamento y el
Ejecutivo provincial, del cual dependía en forma directa.
Las funciones atribuidas al mismo fueron sintetizadas en el discurso
pronunciado por el Mayor Vergara Russo al asumir ese cargo en septiembre de
1944: “(…) Esta tarea implica la existencia de dos bien diferenciadas misiones
que cumplir, que sintetizan toda la importancia del cargo.
Una: la de asegurar el orden,
la tranquilidad y los bienes de los habitantes del Departamento (…)
La otra, que la menciono en
segundo término, para recalcarla más especialmente, es una misión de carácter
político. Esta, señores, adquiere en las actuales circunstancias porque
atraviesa el país, una importancia extraordinaria por cuya razón el Jefe
Político, le dedicará especial atención.
Me refiero a la tarea que
me corresponde, como representante del S.E. el señor Interventor de la
Provincia, en el sentido de agrupar opiniones, suavizar asperezas y, por sobre
todo, orientar los espíritus hacia los postulados que forjaron la Revolución
del 4 de junio. (…)”
Esta
idea de las divisiones partidarias como un aspecto a superar dentro de la
sociedad, ya había estado presente en el discurso del primero de los Jefes
Políticos nombrados por la Intervención Federal, el Ingeniero Lucio Torres
Ordóñez, quien habló en pasado de los partidos políticos: “(…) También en este
nuevo orden han desaparecido los partidos políticos, quedando solamente el azul
y blanco de nuestra bandera que a todos nos cobija y a todos nos une (…)”. Puede decirse, en consecuencia, que existía detrás de las
funciones desempeñadas por los Jefes Políticos una percepción antiliberal de la
política, acorde con las ideas nacionalistas entonces vigentes.
Además
de lo plasmado en sus discursos, esta concepción de lo político también se vio
reflejada en las prácticas de dichos funcionarios, quienes frecuentemente
vieron desautorizado su accionar por parte del gobierno provincial por haber
excedido las atribuciones de su cargo. Dos ejemplos ilustran esta afirmación:
en 1944 se intentó prohibir la ostentación de toda insignia representativa de
ideologías políticas, agremiaciones con fines o propósitos políticos y
corporaciones gremiales, frente a lo cual el Ministerio de Gobierno respondió
negativamente, aduciendo que implicaría una excesiva limitación de la libertad; en 1945, por su parte, la Intervención Federal dejó sin
efecto una disposición de la Jefatura Política departamental en la que se
prohibían reuniones en la vía pública, alegando que: “Los jefes políticos
departamentales, como cualquiera otra autoridad ejecutiva, no podrán
reglamentar, cercenar, suprimir o limitar el ejercicio de los derechos
individuales que la Constitución Nacional reconocer y consagra; constriñéndose
su acción – y, en su caso, impedir – toda la clase de alteración al orden como
consecuencia de tal ejercicio.
Déjese sin efecto la
resolución de la Jefatura Política de Río Cuarto, de fecha 18 de diciembre de
1944, por haberse pronunciado excediendo las atribuciones del jefe político
(…)”
Esta
postura “prescindente” ante la política partidaria, que aparentemente se
mantuvo mientras ambos cargos (el de Comisionado Municipal y el de Jefe
Político) fueron ocupados por militares, se vería modificada a partir de 1945
cuando, en correspondencia con lo que venía ocurriendo a nivel nacional, se
produjera un recambio de autoridades. Como consecuencia de esta estrategia la
mayor parte de los cargos administrativos y gubernamentales recayó sobre
civiles vinculados al radicalismo antisabattinista.
A
nivel provincial, esto se vio evidenciado con el nombramiento del abogado Hugo
Oderigo como Interventor Federal en Córdoba, a quien la prensa local le
atribuyó la asignación de la tarea de “radicalizar la administración
provincial, con radicales de los que hace tiempo venían formando ‘rancho
aparte’”. En este sentido, el diario cordobés Los
Principios afirmaba que los nombramientos realizados por el gobierno
provincial tenían un sentido político de fácil identificación, lo cual se
advertía con mayor claridad en el interior, donde los cargos públicos eran
adjudicados en un determinado sentido, entregando “por ese camino ‘las
situaciones’ a políticos de una fracción, cuyos compromisos se anuncian a voz de
cuello”. Así, en agosto de 1945, se hizo cargo de
El
cambio de perfil político de la Intervención se hizo por demás evidente en el
ámbito local con el nombramiento de su sucesor al frente del municipio, el
médico Felipe Gómez del Junco, quien hasta 1940 había militado en las filas del
radicalismo garzonista y, tras perder en las elecciones internas, organizó la
Unión Vecinal, agrupación que, como vimos en el apartado anterior, se consagró
como minoría en las elecciones municipales de ese año. Las múltiples gestiones
emprendidas para lograr la incorporación a su gobierno de representantes
locales del Partido Demócrata resultaron infructuosas,
por lo que entre sus colaboradores sólo se hallaron sectores provenientes, como
él, de las filas del radicalismo, aunque no de sus cuadros dirigentes. Se
trataba de “profesionales compenetrados del programa [que] además eran
solidarios con la Revolución Nacional del 4 de junio de
La
importancia de estos nombramientos fue plasmada por el diario local El
Pueblo, que en una de sus columnas del 5 de septiembre de 1945 afirmaba que,
como consecuencia de la nueva orientación política del gobierno de la
intervención, Municipalidad y Jefatura Política eran “una sola y misma cosa”. Aseveraciones de este tipo, que permiten vislumbrar una
vinculación entre el gobierno y el naciente movimiento peronista, se repitieron
en los meses siguientes. Ejemplo de ello es el siguiente fragmento, publicado
en diciembre de 1945, en ocasión del recambio de autoridades derivado de la
renuncia de funcionarios con el objetivo de presentarse como candidatos en las
próximas elecciones: “(…) En la Jefatura y en la Intendencia, quedan los mismos
elementos adictos a la causa ‘continuista’ y, en cuanto al dirigente máximo, lo
mismo da que esté dentro que fuera de la administración a los efectos de la
acción proselitista. Se ha producido un cambio de piezas en el tablero del
ajedrez, pero la situación es la misma. (…)”
Las
“piezas de ajedrez” a que se refiere la nota tienen referentes claros: Gómez
del Junco, que era el dirigente máximo del radicalismo renovador en la ciudad,
abandonó su puesto como Comisionado Municipal para presentarse como candidato a
Senador Nacional, e incluso se habló de que integraría con Auchter la fórmula
como candidato a vicegobernador; Arturo Culasso lo reemplazaría, dejando la
Jefatura Política en manos de Darío Guiraldi; así como renunciaría al cargo de
Comisario General Isidoro Varea a los fines de presentarse como candidato a
Senador Provincial, nombrando en su lugar a otro representante del sector
“gomezjunquista”. El carácter estratégico de estas jugadas y el resultado
exitoso de las mismas sería explicitado con posteridad por Gómez del Junco: “la
Junta Renovadora colocó a sus mejores hombres en la cabeza de cada uno de los
departamentos provinciales (…) Este mecanismo político daría más tarde sus
frutos”.
La
dinámica interpartidaria en el proceso de normalización
institucional
El
deliberado recambio de funcionarios descripto en el apartado anterior
coincidiría con el reanudamiento de las actividades partidarias. Lejos de ser
casual, ambos procesos respondían a la cercanía del retorno a la normalidad
institucional, anunciada por el gobierno nacional hacia fines del año 1944 y comienzos
del siguiente. Así, a mediados de abril, el diario El Pueblo afirmaba
que era notorio que las actividades políticas iban adquiriendo un ritmo cada
vez más marcado, lo cual era atribuido a diversos factores que permitían
vislumbrar una cercana normalización de la vida democrática, entre los que se
destacaba la próxima sanción del Estatuto de los Partidos Políticos, tras el
cual se suponía sería levantada la disolución de los mismos y se convocaría a
elecciones.
Quienes
tomaron la delantera en este sentido fueron los radicales, los cuales, frente a
la prohibición de efectuar un acto partidario de la juventud radical en el que
participarían Tamborini, Frondizi, Zavala Ortiz, Yadarola e Illia, emitieron a
fines de abril un comunicado donde, entre otras cuestiones, declaraban: “(…) La
Unión Cívica Radical existe sin permiso de ningún gobierno (…) ningún acto de
gobierno puede ‘disolver’ un credo político, afirmado en la conciencia
ciudadana. Podrá evitar el culto público de esa fe cívica, pero no llegará a
suprimir la convicción íntima a seguir luchando a pesar de todas las
prohibiciones (…) La Unión Cívica Radical fundada para salvar al país de
gobiernos discrecionales y deshonestos se mantiene aún para reconquistar, para
el pueblo, los derechos que las autoridades le niegan y asegurar al hombre, el
libre e integral desarrollo de su personalidad”
Esta
era una clara respuesta a los argumentos elaborados por la Intervención Federal
para justificar dicha prohibición, en los que se destacaba que estando
disueltos los partidos políticos por acto del gobierno nacional nadie podía
invocar su representación ni considerarse integrante de los mismos, por ser
agrupaciones legalmente inexistentes.
A
la cabeza de los firmantes del comunicado radical se encontraba Miguel Ángel
Zavala Ortiz, quien secundaría a Mauricio Yadarola en la fórmula del Núcleo
Principista y Democrático en las elecciones internas del radicalismo,
partidario de la integración de una Unión Democrática para enfrentar la
candidatura de Perón. En este sentido, hacia fines de
agosto quedó constituida en Río Cuarto la Agrupación Pro-Conciliación Nacional
que, según declaraba, reunía a ciudadanos pertenecientes a todos los sectores
democráticos de la opinión pública que: “(…) decididos patrióticamente a que la
Argentina vuelva a los cauces de la historia, mediante el restablecimiento
pleno del régimen constitucional, conscientes del de la hora que reclama para
el país conquistas efectivas (…) logradas en el libre juego de las
instituciones y el imperio de la Ley y de la Justicia, se constituyen en
Agrupación Pro Conciliación Nacional, pues consideran que la unidad de los
argentinos es la única vía de alcanzar pronto los objetivos que la fundamentan
(…)”
Esta
agrupación, que contaba en su Junta Directiva con exponentes locales con
trascendencia provincial de los partidos demócrata, socialista y comunista, hizo un llamado a los riocuartenses para que estrecharan
vínculos alrededor de sus respectivos partidos y de ella misma y estuvieran
atentos a los reclamos que pronto los llamarían a las “(…) filas de la
ciudadanía militante, activa y organizada”. La
contracara de esta tendencia unionista dentro del radicalismo estuvo dada por
la Junta Provisoria Intransigente Renovadora Departamental. Este organismo
congregaba a los partidarios de la línea sabattinista, es decir, aquellos que,
por identificar nacionalidad con identidad política radical, cuestionaban como
parte de la comunidad argentina al resto de los partidos políticos,
convirtiendo en axioma operativo la inflexibilidad política de alianzas.
En
los comicios internos realizados el 16 de diciembre de 1945 y a diferencia de
lo ocurrido en el resto de la provincia (a excepción del departamento San
Javier), donde ganó la Intransigencia, en la ciudad y el departamento de Río Cuarto
triunfó ampliamente el principismo, obteniendo en el primer caso una ventaja de
257 votos y, en el segundo, de más de 1200 sobre sus opositores. Como consecuencia de este éxito, atribuible a la fuerte
presencia departamental de la familia Zavala Ortiz, los candidatos a senadores
fueron Juan Aristizabal y Manuel Quirós, mientras que para diputado, el señor
Lucas Espinosa Arribillaga.
En
contraste con las divisiones producidas al interior del radicalismo, el Partido
Demócrata local adhirió en bloque a la conformación de la citada Agrupación
Pro-Conciliación Nacional. Este accionar no constituía un episodio aislado sino
respondía a la tradicional tendencia de los demócratas locales de actuar en
forma coordinada, a los fines de evitar las tensiones y divisiones en su seno.
Como hemos visto, esta estrategia se evidenció reiteradamente en ocasión de los
comicios internos previos a las elecciones comunales, en los que se lograba
constituir una única lista, pues se entendía que “si en la masa partidaria
existe un vivo anhelo de unidad; de parte de los probables candidatos, existe
el propósito también, de contar con el auspicio general y, principalmente, de
no ser motivo de disidencias”.
Quizá
haya sido esta tendencia a suprimir los fraccionalismos internos y el hecho que
los radicales garzonistas habían sido históricamente sus competidores en el
mismo “territorio de caza” (para utilizar la gráfica expresión del sociólogo
italiano Ángelo Panebianco) los que operaron en detrimento del traspaso de
dirigentes demócratas locales a las filas del peronismo. Como es sabido, con
frecuencia, la oposición entre fuerzas políticas distintas es más dura cuando
compiten en un mismo espacio social, dado que los conflictos entre ambas pueden
afectar la propia identidad colectiva. De este modo,
los demócratas, a diferencia de los radicales de segunda línea, no cedieron
ante las tentaciones ofrecidas por el sector gomezjunquista detentador del
poder municipal y departamental y rechazaron en reiteradas oportunidades los
ofrecimientos de cargos administrativos.
También
el Partido Socialista local – quien no sólo cosechaba una cantidad considerable
de votos, sino que también ejercía una importante influencia sobre los gremios
locales nucleados en torno a la Federación Obrera Departamental – abrazó la
causa unionista, abocándose a su promoción a través de actos, movilizaciones y
conferencias. Un rol especial le cupo en esto a
Predominio
del radicalismo garzonista en la conformación
inicial
del peronismo local
En
lo que respecta al naciente peronismo, pueden identificarse para el caso
riocuartense dos factores constitutivos. Por un lado, tras la representación
local de
La
misión atribuida a dicha gestión era doble: “primero, pedir la estabilización
del Gobierno de Córdoba a cuyo efecto debía confirmarse al Sr. ODERIGO como
Interventor Federal y segundo unificar y planificar la movilización
partidaria”. A juzgar por la permanencia de Oderigo en
su cargo y las características anteriormente enunciadas de su gobierno,
tendiente a la construcción del “continuismo” como alternativa política en las
próximas elecciones sobre la base de cuadros radicales antisabattinistas, puede
decirse que la gestión tuvo éxito.
Por
el otro lado se encontraban los laboristas, a quienes las fuentes disponibles
no permiten identificar claramente pero sí vislumbrar que, a diferencia de lo
ocurrido en la capital provincial de la mano del teniente Héctor Russo, en Río Cuarto no fue construida desde la Secretaría de
Trabajo y Previsión una base obrera que sirviera de apoyatura propia al
peronismo. Si bien dicha dependencia contaba con una Inspección en la ciudad, a
juzgar por el accionar de los gremios riocuartenses en esta etapa embrionaria
del peronismo, no parece haber tendido a la creación de una nueva central
obrera a partir de sindicatos paralelos.
Por
el contrario, puede verse un predominio del socialismo e incluso la influencia
del comunismo en los gremios locales, tal como quedó evidenciado en octubre de
1945, cuando el Comité de Unidad Sindical que congregaba a la totalidad de los
sindicatos de la ciudad decidió “repudiar enérgicamente
todo paro o intento de huelga que elementos peronistas pretenden realizar”. Se trataba de un comunicado elaborado por la dirigencia
sindical que bien podría reflejar la propia perspectiva frente a la realidad
del momento pero no así, o en menor medida, la de las bases trabajadoras
locales. Esta aseveración se vería confirmada, en primer lugar, por la
descripción que José Luis De Imaz hizo de los sindicatos riocuartenses de
comienzos de la década del cuarenta como entidades nominales más que auténticos
grupos gremiales. En segundo lugar, lo corroborarían
los resultados de las elecciones a realizarse en febrero de 1946, en las que el
peronismo obtendría un triunfo rotundo en los barrios obreros.
No
obstante esto, parece claro que, inversamente al laborismo cordobés surgido
sobre la base de la Federación Obrera de Córdoba, el riocuartense tuvo en sus
orígenes un exiguo componente obrero y un predominio de sectores medios y
profesionales. Esto puede atribuirse a los rasgos socio-económicos que
presentaba Río Cuarto en aquellos años: se trataba de una ciudad cercana a los
cincuenta mil habitantes, con un marcado predominio de los sectores
profesionales, comerciantes, productores e industriales por sobre los
dependientes y, dentro de éstos, con una preponderancia de los empleados en el
sector terciario con respecto a los trabajadores de la industria, actividad
que, por otra parte, aún no había superado la etapa manufacturera.
Además,
por lo que permiten ver las fuentes consultadas, quienes se autodefinían como
“laboristas” debieron luchar permanentemente contra la “infiltración” de los
radicales entre sus filas, estrategia que parece haberse debido al predominio
que los primeros estaban obteniendo dentro de las filas del peronismo local. Un ejemplo de ello se dio a principios de enero de 1946
en la elección para los candidatos a senadores y diputados provinciales a
presentar en las elecciones del mes siguiente: como en
Las diferencias entre ambas
corrientes internas del peronismo no se manifestaron solamente en torno al
acceso a los cargos disponibles, sino en la diversa percepción que tenían de la
política partidaria. En este sentido, fueron frecuentes las críticas a los
radicales saltarines por ser “viejos camanduleros de la peor política criolla”: “(…) los laboristas locales, creían, de buena fe, que la
organización y la acción del partido estaría libre las artimañas de la vieja
política criolla, pero se encontraron con que los radicales que saltaron del
charco siguiendo las huellas de don Jazmín Hortensio, lo único que saben es de
‘votos son triunfos’, vengan como vengan y de donde vengan (…)”
Cabe aclarar que, si bien
los radicales lograron colocar a dos de sus miembros como candidatos a
senadores provinciales, Lobos Castellanos e Isidoro
Varea, también accedió a una banca como diputado el ferroviario Ángel Roberto
Almada. Se dio así para el caso riocuartense lo que
ocurrió en el interior de la provincia de Córdoba en general, donde se combinó
la influencia de tradicionales caudillos departamentales pertenecientes a
ilustres familias con la aparición de dirigentes provenientes de la clase
obrera. Esta sería una tendencia que en los años
posteriores se acentuaría, dando lugar a una mayor presencia del elemento
obrero y sindical dentro de las filas del peronismo riocuartense.
Tras las elecciones que
consagraron la fórmula Auchter-Asís, la disputa por el predominio dentro del
peronismo fue en aumento. Al igual que en la capital provincial, en Río Cuarto
fue el Partido Laborista quien había obtenido la mayoría de los votos, por lo que esperaba ver recompensados sus logros. Así,
durante unas semanas se especuló con que el predominio adquirido por los
laboristas en las elecciones se traduciría en un recambio de las autoridades
locales y departamentales; puntualmente, en el nombramiento de un Comisionado
Municipal y un Jefe Político afines a esa tendencia. Igual esperanza anidó con
respecto a los nombres propuestos para
Conclusiones
El éxito de la tarea
emprendida desde la Intervención Federal a partir de mediados de 1945 tendiente
a la consolidación en los espacios locales y departamentales de figuras del
radicalismo, así como su continuidad tras el retorno a la normalidad
institucional, permite hablar de una fuerte imbricación entre el naciente movimiento
peronista y el Estado, relación en la que les cupo un rol fundamental a los
Comisionados Municipales y Jefes políticos, quienes resultaron, a la postre,
importantes beneficiarios. Asimismo, esta fuerte vinculación de los ex
garzonistas con el Estado permitiría explicar el predominio del sector radical
renovador por sobre el ala laborista del peronismo, dando lugar a una relación
asimétrica entre ambos. Mientras el primero se presentaba relativamente
homogéneo, el laborismo se caracterizó en su etapa formativa por las tensiones
y disidencias internas. Su relativa debilidad puede atribuirse también a las
características de su conformación inicial en el ámbito de una ciudad cuyos
rasgos socio-económicos la hacían poco proclive a su arraigo e implicaron la
ausencia de elementos obreros fuertemente consolidados. Finalmente, debe
sumarse como factor explicativo la falta de experiencia partidaria de sus
miembros auténticamente trabajadores frente a las largas trayectorias tanto de
quienes militaron en el radicalismo renovador como de aquellos adherentes a la
“vieja política criolla” infiltrados entre sus propias filas. Aun son muchas
las incógnitas con respecto a la conformación del peronismo local, en especial
en lo que se refiere a su ala laborista y a las características del electorado
de este movimiento. Hemos pretendido aquí aproximarnos a estos aspectos, más
que para fundar certezas, abrir nuevos interrogantes de cara a próximas
investigaciones.
RESUMEN
La conformación del peronismo en un
espacio local: Río Cuarto 1943-1946
Con la caducidad de las funciones de los Intendentes y
Concejos Deliberantes declarada por el gobierno de la Intervención Federal
consecuente del golpe de Estado de 1943 se clausuraba una larga tradición de
respeto y fortalecimiento de la autonomía municipal en la provincia de Córdoba.
Se iniciaba así un proceso de centralización política y administrativa que
convergería con la emergencia del peronismo como movimiento político, dando
lugar a una marcada imbricación entre su estructura y la del Estado. Dentro de
este proceso desempeñaría un rol clave el traspaso de dirigentes de segunda
línea del radicalismo en estrecha vinculación con las posibilidades de acceso
al poder. En el presente trabajo analizamos las implicancias de la pérdida de
autonomía, atendiendo a las relaciones entabladas entre el Estado provincial y
el municipal y, en estrecha con esto, se estudian los vínculos entablados entre
el gobierno y el naciente movimiento peronista. Finalmente, se reflexiona sobre
la ligazón entre estos procesos y la conformación inicial del peronismo
riocuartense, donde fue claro el predominio del radicalismo garzonista (sector
tradicional dentro del partido) por sobre el componente laborista.
Palabras clave: Peronismo –
Predominio radical – Pérdida de autonomía – Centralización
político-administrativa
ABSTRACT
The
conformation of Peronism in local space: Río Cuarto 1943-1946
With the expiration of the
functions of Mayors and Municipal Legislatures declared by the government of
the Federal Intervention consequent 1943 coup was ending a long tradition of
respect and strengthen municipal autonomy in the province of Córdoba. Thus
began a process of political and administrative centralization that converge
with the emergence of Peronism as a political movement, leading to a marked
overlap between its structure and that of the State. Within this process play a
key role in the transfer of second-line leaders of radicalism in close liaison
with the possibilities of access to power. In this paper we analyze the
implications of the loss of autonomy, based on the relationship established
between the provincial and municipal states, in close with this, we study the
links between government and instituted the nascent Peronist movement. Finally,
we examine the link between these processes and the initial conformation of
Peronism riocuartense, where it was clear the predominance of radicalism
garzonista (traditional sector within the party) over Labour component.
Key words: Peronism – Prevalence radical Loss of autonomy
- Political and administrative centralization.
Recibido:
01/03/2013
Evaluado:
01/06/2013
Version final:
15/08/2013
Notas
(*) Profesora y
Licenciada en Historia (UNRC), Maestranda
en Partidos Políticos (Centro de Estudios Avanzados - UNC). Becaria CONICET.
MOYANO
ALIAGA, Alejandro – GARZÓN DE NELLES, María Ignacia. Agustín Garzón Agulla.
Crónica de una vida ejemplar. Ediciones del Copista. Córdoba, 2000, p. 560.
Ver:
ESCUDERO, Eduardo y CAMAÑO, Rebeca. “Cosecha de ideales en una
encrucijada política: el Dr. Carlos J. Rodríguez y su programática para la
“Nueva Argentina Radical”. En: [Re]construcciones. Anuario del Centro de
Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, año I,
Nº 1. UNIRÍO, Río Cuarto, 2012.
TCACH,
César. “Retrato político de la Córdoba de los treinta”. En: TCACH, César (coord.). Córdoba
Bicentenaria. Claves de su historia contemporánea. CEA. Córdoba, 2010. p.
192.
CAMAÑO, Rebeca.
“Centralización política y predominio del radicalismo garzonista en orígenes
del peronismo riocuartense (1946-1946)”. En: MACOR, Darío y TCACH, César
(comps.). La invención en el interior del país II. Universidad Nacional
del Litoral, Santa Fe, 2012. [EN PRENSA]
TCACH,
César. Sabattinismo y peronismo. Los partidos políticos en Córdoba
(1943.1955). Sudamericana, Bs. As., 2006, p. 99.
TCACH,
César. “UCR Y PDNC: Democracia interna, voto directo y campañas electorales en
la Córdoba de los ‘30”. En: Voces y Argumentos. Publicación de la
Maestría en Partidos Políticos y del Archivo de la Palabra del CEA-UNC.
Documento de Trabajo Nº 7. Córdoba, 2005, p. 8. TCACH, César. “UCR Y PDNC…” op.
cit., p. 8.
Fueron
elegidos Para el Comité de Circuito Aquiles Mugnaini y Pedro Carranza, como
presidente y vice respectivamente; para el Comité Departamental, Raúl
Pueyrredón y Agustín Videla; y Gumersindo Alonso, Luis Mugnaini, Fabio Remedi,
Luis Ferreyra, Pedro Carranza, Alfredo Baldassarre y Antonio Valsecchi como
convencionales provinciales titulares.
La única
excepción fue un comunicado de la UCR en el que se avalaba el desempeño del
hasta entonces intendente municipal, Ing. Ben Alfa Petrazzini, pero en el que
no se fijaba una posición con respecto a su desplazamiento del cargo. Cfr.: El
Pueblo, 18 de julio de 1943.
Cfr.:
PHILP, Marta. En nombre de Córdoba. Sabattinistas y peronistas: estrategias
políticas en la construcción del Estado. Córdoba, Ferreyra Editor,
1998.; TCACH, César- PHILP, Marta. “Estado y partido peronista en Córdoba: una
interpretación”. En: TCACH, César (coord.). Córdoba Bicentenaria. Claves de su
historia contemporánea. CEA. Córdoba, 2010. p. 249.
ORTIZ,
Esteban. La reforma peronista de la Constitución de Córdoba de 1949. Centro
de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la UNC. Córdoba, 1997. p. 78.
Archivo de
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tomo 38. Jefaturas Políticas. Río Cuarto.
Folios 318-322.
El recambio
de militares por civiles ya había comenzado en 1944 y obedecía la promesa hecha
por el entonces Vicepresidente Perón de que los militares volverían a sus
tareas específicas. El Pueblo, 11 de noviembre de 1944.
El Pueblo, 2 de
septiembre de 1945; 5 de septiembre de 1945; 6 de septiembre de 1945; sábado 8
de septiembre de 1945 y 12 de septiembre de 1945.
Este núcleo
había surgido como una escisión dentro de las filas sabattinistas como
consecuencia de la controversia entre neutralistas y aliadófilos. Ver: TCACH,
César. Sabattinismo y peronismo… op. cit., pp.
61-64.
MARTINA,
Karina. “El Partido Socialista riocuartense ante el hecho peronista: una
lectura desde el periódico Juventud (1945-1947)”. En: ESCUDERO, Eduardo
– CAMAÑO, Rebeca (comps.). Río Cuarto en tiempos del primer peronismo.
Aproximaciones desde la Historia. Ferreyra Editor. Córdoba, 2011.
Formaban
parte del mismo los siguientes gremios: La Fraternidad, Empleados de Comercio,
Unión Gastronómica, Sindicato de Albañiles, Sindicato de Estibadores, Unión
Ferroviaria, Sastres y Anexos, Molineros, Luz y Fuerza, Masiteros y Confiteros,
Panaderos, Unión Gráfica, Mosaístas, Ladrilleros y Carpinteros. El Pueblo,
15 de agosto de 1945.
DE IMAZ,
José Luis. “Estructura social de una ciudad pampeana”. En: Cuaderno de
Sociología. Instituto de Filosofía y Pensamiento Argentino de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de la
Plata, 1965. p. 112.
Pese a provenir
del radicalismo, Lobos Castellanos figuró entre los candidatos del laborismo,
lo cual representa un ejemplo de la estrategia de “infiltración” mencionada.