Las organizaciones obreras
rosarinas y el Estado: conflictos y prácticas sindicales (1912-1930)
María Alejandra Monserrat(*)
Resumen
El año 1912 dio comienzo a una nueva etapa para la
historia del movimiento obrero de la ciudad de Rosario, caracterizada por el
reinicio de la conflictividad social que se extendió por lo menos hasta 1930,
en el marco de un proceso de ampliación del régimen político, con la aplicación
parcial de la ley Sáenz Peña, que posibilitó la llegada de la Unión Cívica
Radical al gobierno de la provincia de Santa Fe. Desde este escenario de
transformación política y social que atravesó la región y particularmente
Rosario, nos proponemos analizar las particularidades que fueron adquiriendo
las luchas de los trabajadores rosarinos, sus prácticas sindicales y las formas
de relación con el Estado y los otros actores sociales, en un contexto de
progresiva politización de la cuestión obrera.
Palabras claves: trabajadores; Rosario; Estado; política;
conflictividad obrera.
Rosario's workers organizations and the State:
conflicts and union practices. (1912-1930)
Abstract
The
year 1912 marked the beginning of a new stage in the history of
Rosario's laborer movement. This new stage was characterized by the
resurgence of social conflict, which continued at least until 1930, as well as
by the beginning of a broadening of the political system resulting from the
partial implementation of Saenz Peña Act, which, in turn, enabled the Unión
Cívica Radical to get to the government of Santa Fe Province. Within this
context of political and social transformation which spread throughout the
region and Rosario, in particular, we intend to analyse the particularities of
the struggles held by Rosario’s workers, their union practices and the nature
of their relation with the State and other social actors in a context of that
increasing politicisation of the working issue.
Key
words: Workers; Rosario; State; Politics; worker conflict.
Las organizaciones obreras rosarinas y el Estado:
conflictos y prácticas sindicales (1912-1930)
Introducción
Para el año 1912, un nuevo período se abrió en la
historia de los trabajadores de la ciudad de Rosario. Luego de una etapa de
descenso de los conflictos obrero-patronales y una desarticulación relativa de
los vínculos gremiales, a partir de 1908, asistimos a una recuperación de las
movilizaciones sindicales y a una reorganización de los gremios. Este proceso
se produjo en un contexto de profundos cambios políticos tanto en el ámbito
municipal como en el provincial. Así a principios de 1912, bajo la influencia
de la sanción de la ley Sáenz Peña y la expectativa de su inmediata aplicación
en las elecciones a nivel nacional, las elecciones de gobernador de la
provincia de Santa Fe, posibilitaron la llegada del radicalismo al gobierno
provincial, - cargo que retuvo hasta el golpe de 1930. En el caso de la ciudad
de Rosario, estas modificaciones del sistema electoral, y la emergencia de
nuevas reglas de juego, profundizó las tensiones derivadas de un poder
ejecutivo municipal que era designado por el gobernador, según lo dispuesto en
la Reforma de la Constitución de Santa Fe de 1890, y por lo tanto, quedaba
fuera del circuito reformista. Y un Consejo Deliberante, que si bien sus
miembros eran elegidos por un voto censitario y no obligatorio, no dejaba de
expresar la competencia entre los partidos políticos de la época, por ocupar
espacios de poder.
De esta manera, en este
trabajo nos proponemos abordar las particularidades que adquirieron las
relaciones entre el Estado, la política y los trabajadores rosarinos a partir
del nuevo escenario que se abre con la ampliación del régimen político. Nos
interrogamos sobre las características que adquirió el proceso de politización
de la cuestión obrera, desde el momento en que se inicia la primera experiencia
de democratización del sistema político, hasta su interrupción con el
derrocamiento de Yrigoyen en 1930. En cuanto a la producción académica sobre
nuestro tema de interés, por un lado, nos encontramos con trabajos, como el de
Matthew Karush que abordan el período 1912- 1930 en su conjunto, con el
objetivo de analizar las políticas del radicalismo santafesino frente al
movimiento obrero. Desde una perspectiva más política que social, Karush indaga
sobre las relaciones de la dirigencia radical del sur de Santa Fe y
particularmente Rosario, con los trabajadores, destacando el esfuerzo de un
sector del radicalismo por incorporar a los obreros a la política (Karush, 2002). En una línea de análisis
similar, Roberto
Korzeniewicz investiga sobre las respuestas del radicalismo provincial frente a
los conflictos obreros a finales de la década del veinte, analizando los
intentos de este partido por establecer lazos con las organizaciones
sindicales. Este autor identifica a esta experiencia como clave para demostrar
el temprano desarrollo del populismo en la Argentina (Korzeniewicz, 1993). Por
otro lado, se encuentran los trabajos que reflexionan sobre las vinculaciones
de los trabajadores con la política en el espacio santafesino, a partir del
estudio de coyunturas caracterizadas por la alta conflictividad. Estas
investigaciones son aportes de importancia, ya que no consideran a los
trabajadores un actor pasivo en los procesos de construcción política. De esta
manera, reflexionan sobre el impacto de la conflictividad obrera en las
acciones del Estado y en los posicionamientos de las distintas fuerzas
políticas (Videla y Menotti, 2013; Ratto, 2017; Menotti, 2009).
Situación de los
trabajadores rosarinos hacia 1912
En los primeros años del
siglo XX, los trabajadores rosarinos atravesaron una etapa de fuerte
desorganización y como consecuencia se produjo una disminución de la cantidad
de protestas. Esta situación que se inició a partir del año 1908, provocó que
las huelgas del Centenario no tuvieran grandes repercusiones en el ámbito
local. En efecto, las acciones represivas aplicadas por el Estado Argentino en
1910, encontraron a los trabajadores rosarinos en un proceso de
desmovilización, que con altos y bajos, se venía registrando, por lo menos,
desde el final de la huelga general de 1907. Con sorpresa el periódico
anarquista La Protesta, comentaba que
la Federación local ya no existía y gran parte de las “sociedades de
resistencia” de la ciudad habían desaparecido. Y se quejaban de lo difícil que
había sido para los militantes libertarios organizar en Rosario la protesta
contra la ley de Residencia.[1] Esta desmovilización de los trabajadores se dio en un
contexto de dificultades económicas para el país, caracterizadas por un aumento
del costo de vida que tuvo su impacto más severo sobre el poder adquisitivo de
los sectores populares. Este panorama económico se agravó aún más, entre 1910 y
1911, cuando se produjo una brusca baja de los precios del trigo y el maíz en
el mercado internacional (Panettieri, 1988). La crisis afectó a los productores agrarios locales y
se prolongó hacia el año 1913, perjudicando al sector comercial y financiero de
la ciudad (Videla y Fernández, 2001). Como señala Alex Ratto (2017), a pesar de las
complicaciones económicas, en Rosario asistiremos a un nuevo impulso
organizativo de los gremios y al reinicio de los conflictos. Luego de
finalizada la huelga ferroviaria de enero de 1912, liderado por el sector de
maquinistas y foguistas de Capital Federal, se anunció la constitución de un comité
Pro-Federación Local, que tenía por objetivo la reorganización sindical de los
trabajadores. La primera aparición pública de la Federación Obrera Local
Rosarina (FOLR) se concretó a fines de febrero a través de un mitin.[2]
En este nuevo período, el
estatuto de la central obrera rosarina establecía que su objetivo principal era
la “lucha por reivindicaciones
cotidianas”, lograr la “coordinación de los esfuerzos obreros y el
acrecentamiento del bienestar de los trabajadores por la realización de mejoras
inmediatas”. Al mismo tiempo la central se proponía luchar por la emancipación
integral de sus representados abriendo el camino para el surgimiento de una
nueva organización social, basada en asociaciones libres de productores. Y finalmente llamaba a los
trabajadores a formar sindicatos, a unirse dejando de lado las diferencias
ideológicas.[3] El
contenido del estatuto evidenciaba un cambio de posicionamiento de la central,
en tanto se abandonaba la referencia explícita a los principios del
anarco-comunismo que habían acompañado su accionar en los primeros años del
siglo XX y se acercaban a las posturas de la dirigencia Sindicalista
Revolucionaria de la FORA IX. También, reivindicaban las actividades
propagandísticas como una tarea clave para la formación de conciencias obreras revolucionarias,
antimilitaristas y antipatrióticas. Por último, se dejaba constancia de su
total solidaridad con la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) en las
luchas contra el enemigo común.
En pleno proceso de
reorganización sindical, hacia fines de noviembre de 1912 los guardas y
motormen de la empresa belga de tranvías decidieron comenzar un reclamo por la
reincorporación de un grupo de trabajadores que habían sido despedidos. El
primer paso que dieron los dirigentes sindicales fue entrevistarse con quien en
ese momento ocupaba el cargo de intendente, J. Daniel Infante. Este último, era de origen español, y había llegado a Rosario
aproximadamente en 1889, en carácter de exiliado político por sus ideas
republicanas. Fue director del semanario El
Republicano aparecido en Rosario y participó en la revolución radical de
1893, ayudando a los heridos juntamente con los masones de la ciudad. Fue uno
de los fundadores de la Liga del Sur, de la cual luego se alejó por no estar de
acuerdo con su orientación. Juan Álvarez, comentaba al respecto, que Infante
era un pujante empresario, y que en 1910 fundó una sociedad anónima La
Inmobiliaria con capitales privados con el objetivo de abrir en Rosario una
gran avenida entre la plaza de mayo y el parque Independencia. En 1912 mantenía
estrechas relaciones con el gobierno radical de la provincia de Santa Fe, ya
que integró a pedido del gobernador Menchaca una comisión investigadora, junto
con Toribio Sánchez y Ricardo Caballero, sobre la situación en que se
encontraban los arrendatarios y labradores de la provincia. (Alvarez, 1981, pp. 587-590; Abad de Santillán, 1967). Desde el comienzo de su gestión, Infante, mantuvo
una relación conflictiva con los integrantes del Consejo municipal, ya que allí
predominaban los representantes de la Liga del Sur, conformando un fuerte
bloque de oposición al radicalismo provincial. En cambio, se manifestaba
públicamente como un hombre cercano a los trabajadores y defensor de sus
derechos.
Volviendo al conflicto de la
empresa de tranvías, el sindicato inmediatamente presentó sus demandas a la
patronal, y a partir de aquí comenzaron las negociaciones. La postura
intransigente de los representantes del sector empresarial, llevó a que el 1°
de diciembre se produjera un paro total del servicio de tranvías. A los dos
días y con la intervención del intendente los trabajadores pudieron llegar a un
acuerdo, en donde se concedían todas las demandas. Los socialistas elogiaron la
actitud de Infante durante el conflicto, y vieron en su acción una forma de
poner a la política al servicio de los sectores populares.[4]
A fines de marzo de 1913, estalló
una nueva huelga. Esta vez, el personal de maestranza, basureros y barrenderos
y peones municipales decidieron iniciar un paro con el objetivo de conseguir un
aumento de salarios. También en este conflicto el intendente, J. Daniel
Infante, tuvo una activa participación. El apoyo explícito que el poder
ejecutivo municipal le dio a los huelguistas, provocó un enfrentamiento con el Consejo
Deliberante, que no aprobaba los reclamos de los trabajadores y aprovechó la
situación para comenzar una campaña de desprestigio del intendente. A través de
las páginas de La Capital, periódico
alineado con los liguistas, se publicaban fuertes críticas hacia el tratamiento
que el ejecutivo le daba a la cuestión obrera:
El doctor Infante arma la huelga como socialista y
como radical, dos cualidades inconciliables, pero que no es extraño se las
atribuya un hombre que es resumen de todas las contradicciones. Su socialismo
es muy práctico. Si una ordenanza le grava los barrios con impuestos se declara
individualista furioso. El Dr. Infante, socialista con lo ajeno e
individualista con lo propio...[5]
La fuerte repercusión política de
este conflicto dejaba en evidencia las complejidades que iban adquiriendo las
relaciones del Estado con los sectores obreros, en un contexto de incentivación
de la competencia electoral entre los partidos, alentada por las nuevas reglas
de juego que imponía la reforma del sistema electoral. La trama política que
envolvió a esta huelga puso en alerta a los dirigentes de la Central Obrera
Local. A través de un manifiesto la FOLR explicaba a los trabajadores las
razones por las cuales habían decidido no tomar parte de este conflicto:
La huelga de empleados municipales tiene ansiosos a
ciertos políticos de esta ciudad, que anhelan aprovecharla para hacer efectivo
sus ruines planes de encumbramientos... El comité de la Federación local hace
saber que esa declaración de huelga general es completamente falsa. Aunque la
Federación única institución que representa a los trabajadores organizados de
esta ciudad, se adhiere moralmente al movimiento en lo que tiene de lucha
económica, no ha declarado la huelga general ni la declarará hasta que se
reúnan los gremios y tomen una determinación propia, en la que no influyan
intereses políticos de ninguna clase...”.[6]
A su vez, denunciaban las actividades
de un “comité” denominado Popular Independiente que pretendía representar las
demandas de los trabajadores y desde allí los convocaba al paro, escondiendo su
verdadera filiación radical.[7] El sistema de instalación de
comités en los barrios más populosos de las ciudades argentinas les permitía a
los radicales generar vínculos más estrechos con la población. Aquí la figura
del caudillo de barrio pasó a ocupar un lugar fundamental en la tarea de
penetración del partido en los sectores trabajadores y en el conjunto de la
población, ya que este generaba lazos perdurables con los posibles votantes.
También, el caudillo representaba para el partido un elemento de suma
importancia, en tanto actuaba como condensador de todas las problemáticas que
preocupaban a los sectores populares (Rock, 1977; Horowitz, 2015).
La participación de algunos
comités de Rosario en las luchas obreras de este período claramente expresaba
el intento del radicalismo de profundizar las estrategias orientadas a ganarse
el apoyo de los sectores populares. De todas maneras, este vínculo de los
radicales con algunos sectores del movimiento obrero rosarino no era una
novedad. Como hemos señalado en una investigación anterior, por lo menos desde
1905 y en ocasión del último levantamiento cívico militar de la UCR se
verifican ciertos acercamientos entre sectores de trabajadores “criollos” y la
UCR local (Falcón y Monserrat, 1993). El conflicto de los trabajadores municipales finalizó con la renuncia del
Intendente Infante, presionado por un Consejo Deliberante que exigía su
inmediata destitución y lo hacía responsable del conflicto.[8]
Así, para la ciudad de Rosario,
1913, fue un año de gran agitación obrera. En efecto, a fines del mes de abril,
los tranviarios iniciaron una medida de fuerza. Este gremio reclamaba la
reincorporación de 92 trabajadores despedidos por la empresa belga como
consecuencia de la suspensión del servicio de 23 coches. En este caso, el
intendente, Carlos Paganini, intervino inmediatamente para buscar solucionar el
conflicto. Se convocó a la empresa y al sindicato a una mesa de negociación con
el arbitraje del ejecutivo municipal.[9] Pero al mismo tiempo, la intendencia expidió un
edicto por el cual se prohibía la realización de manifestaciones públicas que
con 48 horas de anterioridad no hubiesen solicitado el permiso correspondiente.
Los huelguistas interpretaron esta medida como una forma de limitar la protesta
obrera y en respuesta rechazaron los canales de diálogo que desde el gobierno
municipal se había ofrecido. En el transcurso de la jornada, la huelga fue
tomando un cariz cada vez más violento. Grupos de manifestantes apedrearon a
los concejales Colombres y Calderón e intentaron asaltar la casa del
intendente. La Capital se hacía eco
de las denuncias que señalaban a militantes radicales como los ejecutores de
los hechos de violencia:
En las últimas 48 horas el Rosario ha presenciado
acontecimientos inauditos: grupos de radicales exaltados y de legisladores
incitando a los trabajadores al atropello y a la violación de la propiedad
privada, en nombre de pasiones partidistas inconfesables. Han sido asaltadas
casas de negocios, apedreados los vidrios, volcados e incendiados coches de
tranvías, detenidos automóviles y heridos sus ocupantes...[10]
Una vez más un conflicto obrero
se transformaba en el escenario donde se dirimían los enfrentamientos políticos
entre distintos sectores del radicalismo local y las peleas entre la Liga del
Sur y la UCR.
Esta vez la FOLR pasó a la acción
en forma inmediata, decretando una huelga general para el 26 de abril. El
llamado al paro tuvo un alto acatamiento y la fuerte solidaridad de los gremios
rosarinos fortaleció la posición de los tranviarios. Los huelguistas elaboraron
un nuevo pliego de condiciones en donde se comprometían a defender a los
trabajadores de otros gremios que se solidarizaron, en caso de que algún
empresario decidiera aplicar represalias. Y además allí dejaban explícito que
rechazan el arbitraje ofrecido por el ejecutivo municipal.[11]
Los militantes del Centro
Socialista rosarino también intervinieron en el conflicto, ofreciendo su
mediación para solucionarlo. Y recomendaban a los huelguistas evitar que las cuestiones
partidarias afectaran el curso del reclamo, manteniendo la protesta en el
ámbito gremial y sin alterar el orden público.[12] A través de un manifiesto, el socialismo denunciaba
que los manejos financieros internos de la empresa de tranvías eran los que
terminaban perjudicando a los trabajadores. Ya que los despidos de trabajadores
realizados por esta empresa belga tenían su origen en que esta privilegiaba las
inversiones especulativas antes que las productivas. Apuntaban a que la
población tomara conciencia sobre las prácticas financieras irresponsables que
caracterizaban el funcionamiento de las empresas extranjeras, en donde las
consecuencias las padecían siempre los trabajadores.
Además de intentar encauzar la
protesta de los tranviarios en el marco de la legalidad y el orden, los
socialistas locales invitaron a los diputados Juan B. Justo y Mario Bravo para
dialogar con los trabajadores en huelga y ofrecer su concurso para alcanzar una
solución del conflicto. Durante sus estadías, mantuvieron conversaciones con
los tranviarios y con los directores de la compañía. Resulta interesante
señalar, que según Juan Álvarez la mayoría de los trabajadores del tranvía eran
“criollos orilleros” (Alvarez, 1981). Su calidad de argentinos, implicaba tanto para el socialismo como para el
radicalismo la posibilidad de cooptar votos para futuras elecciones.
A pesar de las acciones que
realizaban los socialistas y las autoridades municipales, se incrementaron los
actos de violencia callejera llevados a cabo por los huelguistas. Este
conflicto tranviario adquirió otras dimensiones con la participación de los
habitantes de barrios alejados del centro de la ciudad. A través de una carta
enviada al intendente, los vecinos de Saladillo expresaron su disconformidad
con los servicios de transporte de pasajeros que daba la compañía. Además los
vecinos expresaban en sus comentarios cierta simpatía con la huelga,
constituyéndose esto en un elemento más de presión sobre el gobierno y la
empresa.[13] A esta altura de los
acontecimientos el gobernador de la provincia, Manuel Menchaca, resolvió
intervenir directamente en el conflicto, instando a las partes a sentarse en
una mesa de negociación con el arbitraje del Estado.[14] Para esto, el gobierno nombró una comisión compuesta por los
señores Lanza Castelli, Toribio Sánchez, Luis Colombo, Luis Monserrat, Néstor
Noriega y Rogelio Araya que oficiarían de mediadores. Los tranviarios aceptaron
la propuesta de las autoridades provinciales y nombraron como sus
representantes al diputado socialista Juan B. Justo, a Gañote del Centro
Socialista rosarino y a Constanzo Panissa, perteneciente al comité federal de
la FOLR. Como sabemos, el arbitraje no constituía una novedad en materia de
política laboral en nuestro país, pero sí que el gobierno con su intervención
apoyara las demandas de los trabajadores. Claramente este accionar del
ejecutivo santafesino provocaba un profundo malestar en los partidos políticos
opositores, ya que no avalaban las prácticas del radicalismo durante los
conflictos obreros. En este sentido, el diputado Mattos, de la Liga del Sur,
desde su banca denunciaba los “manejos” que los radicales realizaban de la
cuestión obrera:
…por eso es que vemos que no marcha el engranaje
administrativo... y dentro de él sólo impera el abuso y el desorden bajo la
égida protectora de los espíritus radicales... de un gobierno inerte, de un
gobierno sin acción benéfica que sólo se preocupa de hacer política para perpetuarse, o para perpetuar a su partido en
el mando...[15]
Y en su discurso apuntaba
directamente a la persona del vice-gobernador, Ricardo Caballero, como el brazo
ejecutor de estas políticas “espurias”. A quien acusaban de utilizar sus
vínculos con algunos sectores obreros, producto de su antigua filiación anarquista,
con el sólo objetivo de ganar votos y no para solucionar los reales problemas
de los trabajadores. También los socialistas expresaban su disgusto frente a
las estrategias utilizadas por los militantes del radicalismo local para
solucionar los conflictos obreros. En este caso, Juan B. Justo recordaba en un
discurso de 1918, las dificultades que encontró en Rosario, durante la huelga
tranviaria de 1913, para participar de la mesa de negociaciones en
representación de los trabajadores. Al respecto Justo, como una curiosidad, comentaba
que en una conversación con el Intendente radical de la ciudad, este le
manifestó: “... Ustedes los
socialistas no van a hacer nada aquí, porque (en Rosario) los anarquistas están
con nosotros. Yo tengo a la Federación Obrera en mi casa...”[16]
La FOLR, también expresó su
desacuerdo con la injerencia de políticos en el conflicto, pero
fundamentalmente se refería a la presencia de los socialistas. Por lo tanto, la
Federación local consideró que la finalidad de la protesta había sido
desvirtuada, y en consecuencia daba por terminada la huelga general, manifestando
que:
...considerando que al rebajarse ante dos políticos y
desconocer el comité de huelga general y la representación de la Federación
Obrera Regional Argentina, es un insulto y a más una ignorancia el que se
mezclen los asuntos sociales obreros con asuntos políticos de lo cual los
trabajadores debemos alejarnos por dignidad...[17]
A pesar del retiro del apoyo de
la FOLR y de los demás gremios, la huelga de tranviarios continúo hasta
mediados del mes de mayo, en que se produjo la renuncia del secretario general
del gremio. A esta altura de los acontecimientos, la huelga ya se había
debilitado fuertemente. Pero el final del conflicto sobrevino con la llegada a
Rosario de fuerzas nacionales, a solicitud del gobierno provincial, con el
objetivo de reprimir disturbios y mantener el orden público.[18] Coincidimos con Ratto, en que el final del conflicto
estuvo dado por la “respuesta coercitiva” del Estado (Ratto, 2017). Pero esta medida, como hemos
visto, estuvo precedida por una serie de negociaciones entre los representantes
de los obreros y de los patrones a instancias de las autoridades provinciales.
Consideramos que esto último, nos habla de los límites y tensiones inherentes a
un paulatino proceso de democratización que provocaba una rearticulación de las
relaciones sociales.
Nuevamente en la ciudad un
conflicto obrero se transformaba en el escenario de la competencia electoral de
las fuerzas políticas locales. Evidentemente, esto generaba tensiones al
interior de organizaciones obreras caracterizadas por una fuerte identidad anti-politicista
y anti-estatista. Luego de terminada la huelga de tranviarios, la FOLR junto
con el anarquismo lanzaron una campaña de propaganda y concientización sobre
problemas relacionados con la organización de las sociedades gremiales de la
ciudad y dirigida a advertir sobre las consecuencias negativas de la
participación de los políticos en los sindicatos y en sus luchas:
Durante la huelga general los diferentes partidos
políticos pretendieron exhibirse como fraternales consejeros del movimiento
obrero. Pronto hubieron de resignarse ante la realidad. El espíritu de
conservación les unió y rivalizaban en pedir medidas represivas para contener a
los huelguistas a quienes de buen grado habrían hecho concurrir al trabajo por
la fuerza. La burguesía de todos los colores políticos se apresuró a
defenderse... Ante el interés, ante la probabilidad de que disminuyan las
ganancias, desaparecen las pequeñas diferencias que, no otra cosa son para los
capitalistas, los programas democráticos...[19]
En este contexto la FOLR reafirmaba su postura
anti-politicista y los fines que debían perseguir las luchas de los
trabajadores.
Los efectos de la guerra
Hacia 1914 y como consecuencia
del estallido de la 1° guerra mundial, nuestra economía agroexportadora se vio
profundamente afectada. Se produjo una fuerte reducción del comercio
internacional que impactó en la baja de nuestras exportaciones. Esta crisis
económica se tradujo en el deterioro del salario real de los trabajadores y un
aumento constante del precio de los productos de primera necesidad. Los
incrementos en los precios de las carnes y los cereales que se registraron
entre 1914 y 1918, produjeron una caída del salario real. A su vez la
desocupación constituyó uno de los efectos no deseados que más castigó al
movimiento obrero en este período (Palacio, 2000).
Según los datos brindados por el
Censo Nacional de 1914 la población obrera censada era de 2.330.761, dividida
en 411.067 obreros para la Capital Federal y 1.919.694 para el resto del país.
Sobre estas cifras, los desocupados representaban la siguiente proporción:
|
|
Nº de obreros |
Desocupados |
|
Total del país |
2.330.761 |
17,7 % (414.000) |
|
Capital Federal |
411.067 |
23,8 % (98.000) |
|
Resto del país |
1.919.694 |
16,4% (316.000) |
Fuente: Bunge, 1916.
En Rosario, los trabajadores
también se vieron afectados por el malestar económico que vivía el país. El año
1914 comenzó con algunos conflictos obreros, como la huelga del gremio de
carreros a causa del despido de tres trabajadores. Este paro no tuvo mayores
consecuencias, ya que al problema de la desocupación se agregó la
profundización de las medidas represivas y de control por parte de las
autoridades policiales. En efecto, en febrero de ese año se aprobó un nuevo
edicto en el que se reglamentaba, no sólo las manifestaciones o reuniones
callejeras, sino también las que se realizaban en locales cerrados. Además esta
ordenanza se complementaba con una disposición que prohibía la utilización de
las calles céntricas de la ciudad y la plaza 25 de mayo – ubicada frente a la
intendencia – para organizar actos públicos. La importancia que adquirió el
tema de la desocupación llevó a que a principios de 1914 en Rosario los
desocupados se comenzaran a organizar con el objetivo de visibilizar su
problemática. La prensa local comentaba la situación por la que estaban
atravesando los trabajadores de la ciudad: “Aquí, en el Rosario hemos presenciado
manifestaciones indiscutibles de obreros, que ansiaban se utilizaran sus
servicios en cualquier faena y con cualquier jornal y jornada de tiempo, sin
que nadie se diera por enterado....[20]
También los periódicos daban
cuenta de numerosos desplazamientos de trabajadores desde la ciudad al campo en
busca de oportunidades laborales. Y se alertaba sobre las complicadas
situaciones que se estaban generando en las zonas rurales. Se citaba como
ejemplo lo sucedido en una localidad santafesina, Santa Juana, en donde al
llegar 150 desocupados en un tren que provenía de Rosario, habían amenazado a
las autoridades del pueblo con saquear los comercios, sino se les proveía de
alimentos y alojamiento.[21]
La calma impuesta por la crisis
económica se vio interrumpida, en octubre de 1915, por la declaración de huelga
de los estibadores del puerto de Rosario. La causa que provocó este paro fue la
modificación del horario de trabajo a instancias de la Sociedad Protectora del
Trabajo Libre, y la supresión de la media hora para el almuerzo.[22] Esta Sociedad era una organización de carácter
patronal, creada por los empresarios de los ferrocarriles, los agentes
marítimos y los exportadores para articular su accionar frente a los problemas
obreros. Desde allí reclutaban trabajadores que se encontraban por fuera de las
estructuras sindicales y de esta manera contar con una reserva de mano de obra
para reemplazar a los huelguistas. Quienes pertenecían a esta Sociedad gozaban
de ciertos beneficios, ya que se los privilegiaba para ocupar los puestos de
trabajo que se ofertaban.[23] Así la Sociedad constituía un
elemento fundamental para los empresarios, en tanto contaban con un mecanismo
de regulación del mercado de trabajo y a su vez actuaba como un obstáculo a las
pretensiones sindicales de manejar la oferta laboral.
De esta manera, apenas iniciado
el conflicto de los estibadores, la Sociedad Protectora puso en marcha sus
mecanismos para reemplazar a los huelguistas. Por su parte, las autoridades, a
través de la subprefectura detuvieron a Joaquín Regidor y Teodoro Plaza,
quienes eran el presidente y secretario del comité de huelga respectivamente.
También, se clausuraron los lugares donde se reunían los huelguistas, como el
despecho de bebidas “El Libertario”.[24] Por la importancia que adquirió el conflicto, la
municipalidad intervino convocando a una reunión a las partes. Asistieron a la
misma, representantes de los exportadores, el presidente de la Bolsa de
Comercio y una delegación de los obreros en huelga.
Las condiciones que pusieron los
huelguistas para su vuelta al trabajo eran las siguientes: la admisión de todo
el personal, el restablecimiento de la media hora para el almuerzo, la libertad
de los estibadores detenidos, el desconocimiento de la Sociedad Protectora del
Trabajo Libre y la exclusión de todos los que han reemplazado a los trabajadores
en huelga. De entrada, las empresas se negaron rotundamente a desconocer a la
Sociedad, y esta actitud provocó el retiro de los estibadores de la reunión,
sin que se llegase a ningún acuerdo.
Nuevamente como en 1913, el
Estado provincial decidió intervenir en el conflicto, enviando a su ministro de
hacienda Italo Bonacossa. Su objetivo era colocarse como árbitro y alcanzar una
solución satisfactoria. Este intento de mediación por parte del Estado encontró
grandes resistencias, ya que en las entrevistas mantenidas entre el ministro y
algunos miembros de la Sociedad Protectora, estos le comunicaron que
consideraban a la huelga un fracaso, en tanto poseían suficientes trabajadores
para reemplazar a los huelguistas y en este contexto no estaban dispuestos a
realizar ninguna concesión.
La FORL decidió lanzar una huelga
general en solidaridad con los estibadores, pero llamativamente no fue acatada
por la mayoría de los trabajadores de la ciudad. Los efectos de la crisis
económica golpeaban duramente al movimiento obrero, provocando una
cuasi-desmovilización y limitando el poder de convocatoria de la federación
obrera local. Con este panorama, los estibadores tuvieron que levantar la
medida de fuerza y la Sociedad Protectora sólo se comprometió ante el poder
ejecutivo provincial a reintegrar a los huelguistas en forma gradual y teniendo
en cuenta las necesidades del mercado de trabajo.
Para el año 1915, la FOLR se
encontraba sumamente debilitada en su poder de organización, al punto que a la
convocatoria a conmemorar el 1º de mayo de ese año, sólo asistieron los
ferroviarios, los obreros panaderos y los herreros de obra. Una de las
preocupaciones centrales de la FOLR, fue el tema de la unidad del movimiento
obrero. Desde 1914 se habían comenzado otra vez las actividades para lograr
unificar al movimiento obrero del país. Aquí la FORL participó enviando dos
delegados sindicales: Pedro Casas y Augusto Pellegrini. Cuando se debatió sobre
la finalidad de la Federación Obrera Regional Argentina, ambos representantes
de los gremios rosarinos abogaron por la unidad del movimiento obrero, en un
marco de libertad de pensamiento y dentro de la orientación revolucionaria de
la lucha de clases, de la acción directa y con prescindencia de todo grupo o
partido político. Por su parte Pellegrini, expresó que la entidad a la cual él
representaba era contraria al embanderamiento ideológico, en tanto consideraban
que la organización sindical debía entenderse como el producto de la
explotación y los obreros sólo se agrupaban en defensa de sus intereses
materiales (Marotta, 1960).
Pero esta unidad no duraría por
mucho tiempo, ya que un sector del anarquismo porteño representado por Rodolfo
González Pacheco, Antillí y García Thomas, desde las páginas del periódico La Protesta, iniciaron una campaña en
contra de la fusión de las dos centrales obreras. Al mes siguiente de haberse
realizado este Congreso de Unificación, este sector del anarquismo junto con
algunas otras sociedades gremiales, decidieron desconocer las resoluciones del
IX Congreso de la FORA, y mantener la declaración del anarco-comunismo,
fundando una central de trabajadores con el nombre de FORA del V Congreso (Marotta, 1960).
Frente a esta nueva ruptura en la
central obrera, la FOLR comenzó a organizar conferencias de esclarecimiento
sobre las divisiones existentes en el movimiento obrero organizado del país. A
fines de abril, la federación local realizó una conferencia, en la cual hizo
pública su adhesión a la FORA liderada por la tendencia Sindicalista
Revolucionaria. Paralelamente, en ese año, por primera vez, tenemos noticias de
la apertura de un Centro Sindicalista Rosarino, el cual parece haber sido el
primer nucleamiento que este movimiento tuvo en la ciudad. Para el 1º de mayo
de 1916, estos Sindicalistas rosarinos organizaron una manifestación callejera
en forma paralela a la de los socialistas y a la del anarquismo local.[25]
Reactivación de los conflictos
Junto con la recuperación de la economía argentina
a partir de 1917, se inició un nuevo ciclo de conflictos obreros, que en la
ciudad de Rosario alcanzaron su punto más álgido hacia la segunda mitad de la
década del veinte. Esta etapa, en parte estuvo signada por el fantasma de la
Revolución Rusa, y la posibilidad de que sus ideas penetraran en los sectores
populares del país, radicalizando las protestas sociales. Periódicos como La Nación, hacían referencia en sus
editoriales sobre los peligros de la expansión de las ideas maximalista en
Argentina. Estas afirmaciones provenían fundamentalmente del malestar social
que demostraban las organizaciones obreras y la violencia que llegaban a tener
algunas luchas obreras.
Pero uno de los hechos que causó mayor
conmoción en el país, tuvo lugar en la ciudad de Rosario. A principios de
diciembre de 1918 una parte importante de la policía inició una huelga. En el
pliego de condiciones que presentaron, además de incluir el pedido de aumento
de salarios, reclamaban:
Considerando
que los agentes de policía pertenecen a la clase desposeída cuyos intereses le
son comunes, en adelante se abstendrán de intervenir en los conflictos entre el
capital y el trabajo y en todo movimiento que tienda a la libertad y al
bienestar del pueblo, el Cuerpo de Bomberos no ejercerá funciones de policía,
eliminación de las funciones de guardia de cárceles abolición completa de toda
institución militar...[26]
La huelga fue apoyada por las organizaciones
obreras de la ciudad y particularmente el movimiento anarquista local se
solidarizó con los huelguistas. Si bien este conflicto sólo se sostuvo durante
pocos días, ya que el gobierno les ofreció una recomposición de sus salarios,
la cuestión de la intervención policial en las huelgas fue un tema que quedó
planteado y emergió nuevamente durante la gestión del radical, Ricardo
Caballero, como jefe de policía de la ciudad en 1928 (Monserrat, 2005).
Durante
la última parte de la década del veinte, nuevamente la central obrera rosarina
inició un proceso de reorganización. En esta oportunidad cambia su nombre por
el de Unión Obrera Local Rosarina (UOLR), y a partir de 1926 comenzó a
desplegar una serie de actividades que buscaban articular las acciones
sindicales de la ciudad. En este contexto, en febrero de 1928 estalló una
huelga de los trabajadores portuarios, en demanda de aumento de salarios y
reconocimiento del sindicato por parte de la patronal. Inmediatamente la
Central local se solidarizó con el conflicto de los estibadores e implementó
las medidas necesarias para que el conflicto de generalice garantizando el
apoyo de los demás gremios. Las crónicas de la época señalaban que “más de
siete mil obreros hicieron abandono del trabajo en solidaridad con los
estibadores”.[27]
La ciudad se paralizó por completo durante tres días, y se produjeron numerosos
hechos de violencia, protagonizados por los huelguistas y los trabajadores
“libres” contratados por las empresas navieras para mover las cargas de los
buques. Como resultado de estos choques mueren en la zona del puerto una joven, Luisa Lallana y un niño de 14 años Carmelo
Leonardi.[28]
Tanto las organizaciones obreras
como patronales comentaron sorprendidas que a pesar de los niveles de violencia
que se habían registrado en la ciudad, la policía rosarina había tenido una
actitud pasiva. Por su parte, el periódico La
Nación señalaba que: "...Los
vecinos de Rosario piensan con plena razón que su jefe de policía puede
profesar las doctrinas sociales que más le gusten, pero como funcionario no
tiene otro camino que aplicar las leyes...".[29] Los comentarios periodísticos
se estaban refiriendo a la forma en que el radical y ex vicegobernador de
Menchaca, Ricardo Caballero, ejercía su conducción de la jefatura de policía de
la ciudad.
Por otro lado, desde algunos
sectores del movimiento obrero, como el Sindicalismo alertaban a los
trabajadores:
...nos ha llamado la atención... la actitud benévola
de la autoridad de Rosario en presencia de los actos de violencia de los
trabajadores. Nosotros los sindicalistas revolucionarios, hemos aprendido en
las luchas pasadas, que el Estado es una institución de clase, que representa
la fuerza y la violencia que somete (que no es la violencia obrera que liberta
y emancipa)... Los compañeros en presencia de esos hechos, deben ser muy
precavidos y prudentes y no confiar sino en sus fuerzas y en su rebelde
capacidad...[30]
Evidentemente, el tratamiento que
el jefe de policía, le daba a los problemas obreros impactaba en la población y
algunos sectores del movimiento obrero, se alertaban ante las acciones
desarrolladas por este sector del radicalismo. Desde la jefatura, Caballero,
intervino directamente en los conflictos en un rol de árbitro, pero asumiendo
la defensa de las reivindicaciones de los huelguistas y ejerciendo presiones
sobre los sectores patronales. El mismo Caballero, tiempo después, reconoció
haber tenido una conducta parcial, y afirmaba que en las entrevistas que
mantuvo con los armadores les aconsejaba ceder ante las demandas de sus obreros
(Caballero, 1928). Aparecía con fuerza en las propuestas de Caballero intentar
generar vínculos con algunos de los sectores del movimiento obrero local, y
ampliar las bases de sustentación del radicalismo santafesino. Claramente esta
estrategia de un sector del radicalismo provincial no era nueva, pero
consideramos que hacia finales de la década del veinte se profundiza.
Finalmente los estibadores consiguen imponer sus demandas y dan por terminado
el conflicto.
Luego de estos sucesos, la
conflictividad social en Rosario fue en aumento a lo largo de todo el año 1928,
En el mes de julio estalló una huelga de los trabajadores tranviarios. Ante la
dura posición que mantenía el directorio de la empresa de tranvías, ya que no
accedían al diálogo ni a la mediación ofrecida por las autoridades municipales,
se les comunicó que existía la posibilidad de perder la concesión del servicio
sino se avenían a un arreglo que contemplara las demandas de sus trabajadores.[31] Nuevamente,
la presión ejercida por las autoridades municipales obligó a esta empresa a
flexibilizar su posición.
El sindicato tranviario de
Rosario en ocasión de las elecciones de concejales de la ciudad publicó un
manifiesto de apoyo al radicalismo yrigoyenista y particularmente a Caballero:
... los obreros tranviarios reconocemos y esa es, en pago de la promesa del
Partido Radical auténtico, que nos dio hombres de la talla del Doctor Ricardo
Caballero, cuya actuación; al frente de la jefatura de policía, es el más
grande ejemplo de democracia y respeto, y que marcará rumbos nuevos para los
derechos de los débiles, de los que sufrimos eternamente y que sólo un alma
hecha en la lucha como la de ese varón, pudo, después de sufrir todo el peso de
la crítica capitalista, implantar sus nuevas teorías de equidad, justicia y de
humanidad...[32]
Con la huelga de los empleados
telefónicos, otra vez el jefe de policía actuó en favor de los trabajadores.
Desde un primer momento, la empresa solicitó a Caballero que se hiciera cargo
de vigilar las instalaciones para impedir los actos de destrucción y sabotaje
que cometían los huelguistas.[33] Una
vez más se sucedieron situaciones de tensión entre el sector empresarial y el
jefe de policía de la ciudad, ya que este último se negaba a reprimir a los
trabajadores. En esta ocasión, Caballero respondía que la intervención del
Estado en los conflictos era un instrumento indispensable, para el
mantenimiento de la armonía entre los distintos sectores. Y que según su
concepción, el Estado debía contemplar las demandas de todos los componentes de
la sociedad, pero: "...sirviendo especialmente para amparar a los débiles,
contra los egoísmos de los fuertes, ya que estos están suficientemente
garantizados por sus situaciones económicas...".[34]
La política laboral desplegada
por el caballerismo, exacerbó los ánimos de la burguesía rosarina, que no
estaban dispuestos a tolerar las situaciones que se habían creado. En
reiteradas oportunidades, desde la Bolsa de Comercio de la ciudad se había
solicitado, en primera instancia al gobierno provincial y luego al gobierno
nacional la intervención de la ciudad para poner fin a los disturbios obreros
que venían sucediendo en forma continua. Estos pedidos no fueron atendidos,
hasta que la agitación social se extendió a las zonas rurales cercanas a
Rosario impidiendo el levantamiento de la cosecha de ese año.
Ahora a la demanda de
intervención de la Bolsa de Comercio se sumó la solicitud de la Sociedad Rural:
"No reclamamos el ejercicio de la violencia, para contrarrestar las
demandas de los trabajadores (pero) no podemos aceptar el criterio personal de
los funcionarios cuando estos se apartan de los principios esenciales del derecho
público...".[35]
Ante la sorpresa de las
autoridades municipales, el presidente Yrigoyen, y a escasos meses de haber
asumido su segundo mandato presidencial, a través de un decreto resolvió la
intervención de la ciudad de Rosario. La medida tomada por el gobierno
nacional, agudizó las tensiones internas del radicalismo santafesino provocando
la renuncia del jefe de policía. La negativa del yrigoyenismo a respaldar la
política laboral del caballerismo, en parte estaba relacionada con poner un límite
a las aspiraciones políticas de Caballero. Desde los sectores que apoyaban al
caballerismo se apostaba a la escisión del radicalismo y la creación del
Partido Radical Obrero, en torno a la figura de Caballero.[36] Con el fin de este
conflicto se cierra en Rosario una etapa de alta conflictividad obrera, en
donde las nuevas reglas de juego de un escenario político ampliado
transformaban al conjunto de los trabajadores en un actor social de peso para
las distintas fuerzas políticas que disputaban mercados electorales.
Comentarios finales
La ampliación del régimen político que se dio
en nuestro país a partir de la sanción de la ley Sáenz Peña, generó la
emergencia de un nuevo contexto, en donde las relaciones de los trabajadores
con la política y el Estado se fueron redefiniendo. Así, la provincia de Santa
Fe y particularmente la ciudad de Rosario fueron escenarios de estos cambios y
de alguna manera anticiparon algunas de las prácticas políticas que luego
aparecieron a nivel nacional, con el inicio de la primera presidencia de
Yrigoyen. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, el radicalismo local
desde el comienzo de su gestión intentó fortalecer los vínculos con el
movimiento obrero, buscando ensanchar sus bases sociales. En este proceso
asistimos a una progresiva politización de la cuestión obrera, en tanto los
trabajadores constituían un mercado electoral en disputa entre las distintas
fuerzas políticas de la época. En este sentido, queremos señalar algunos
aspectos de este proceso. Por un lado, la utilización del arbitraje estatal
favoreciendo las demandas de los trabajadores para solucionar los conflictos, constituyó
una de las estrategias más importantes del radicalismo para establecer lazos de
comunicación con los sectores trabajadores. Este accionar de las autoridades
locales provocaba fuertes tensiones no sólo con el resto de las fuerzas
políticas, sino que también con los dirigentes gremiales. Evidentemente, una
parte de la política laboral del radicalismo era su forma de intervenir en los
conflictos y cierta tolerancia que tenían las autoridades municipales y
provinciales hacia las huelgas.
Por otro lado, y en cuanto a las
organizaciones obreras de la ciudad, nos encontramos con la consolidación de un
movimiento anarco-sindicalista en la conducción de los gremios más importantes,
en donde convivían con los militantes del Sindicalismo Revolucionario a
diferencia de lo que sucedía en la Federación Obrera Regional Argentina, en
donde se consolida la conducción Sindicalista, y los sectores anarquistas se
mantienen separados con sus propias organizaciones. De esta manera, los
vínculos entre el radicalismo de la ciudad y los gremios estaban mediados por
los intentos, desde el campo obrero, de reafirmar sus posturas anti-politicista
intentando limitar sus reclamos a cuestiones económicas y sociales frente a los
desafíos políticos que imponía el proceso democrático que interpelaba a los
trabajadores como actores sociales de peso en la construcción de un orden
social y político.
Bibliografía
Abad de Santillán, D. (1967). Gran Enciclopedia de la provincia de Santa
Fe, Tomo I. Buenos Aires: Ediar.
Alarcón, N. (2019). La Bolsa de Comercio de
Rosario frente a la huelga de estibadores de 1929. Trabajos y Comunicaciones (49), e075. https://doi.org/10.24215/23468971e075
Alvarez, J. (1981). Historia de Rosario (1689-1939). Santa Fe: Universidad Nacional del
Litoral.
Belini, C. y Korol, J. C. (2012). Historia económica
de la Argentina en siglo XX. Buenos Aires:
Siglo Veintiuno editores.
Bilsky, E. J. (1984) La Semana Trágica, Buenos Aires, CEAL.
Bunge, A. (1916). La desocupación en la Argentina, Buenos Aires: Asociación
Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores.
Caballero,
R. (1928). Los conflictos sociales en la
ciudad de Rosario y su zona agrícola. Memorial elevado al gobierno provincial,
Rosario.
Di Tella, G. y Zymelmann, M. (1973). Las etapas del desarrollo económico
argentino, Buenos Aires: Paidos.
Falcón, R. y Monserrat, A. (1993). Estado
provincial, partidos políticos y sectores populares (El caso de Rosario: las
elecciones de 1912 y los conflictos sociales). Cuadernos del CIESAL, 21-36.
Horowitz, J. (2015). El radicalismo y el movimiento popular (1916-1930). Buenos
Aires: Edhasa.
Karush, M. (2002). Workers
or Citizens: Democracy and Identity in Rosario Argentina, (1912-1930).
Albuquerque: University of New Mexico Press.
Korzeniewicz, R. (1993). The Labor Politics of
Radicalism: The Santa Fe crisis of 1928. Hispanic
American Historical Review, 73:1,
pp.1-32.
Marotta, S. (1960). El movimiento sindical argentino: su génesis y desarrollo, Buenos
Aires: Lacio, T. II.
Menotti,
P. (2009).
Maximalismo y
organización. El papel de los comunistas en el movimiento obrero del sur
santafesino frente a los conflictos sociales de 1917/21 y 1928. Ponencia presentada en las XII Jornadas Interescuelas/Departamentos
de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro
Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue. Argentina.
Monserrat, M. A. (2005). La cuestión social y
el radicalismo en el pensamiento de Ricardo Caballero, 1925-1928. En O. Videla
y Zanella, E. (Comps.), Cuestión social,
radicalismo y revisionismo en Ricardo Caballero (pp. 91-107). Buenos Aires:
Imago Mundi.
Palacio, J. M. (2000). La antesala de
lo peor: La economía argentina entre 1914 y 1930. En: R. Falcón, Nueva
Historia Argentina. (pp.100-150). Barcelona: Sudamericana. Tomo VI.
Panettieri,
J. (1988). El paro forzoso en la
Argentina agroexportadora, Buenos Aires: CEAL.
Ratto,
A. (2017). El Partido Socialista frente a las huelgas rosarina de 1912-1913. Revista de Historia local y regional, 4(2). Recuperado de http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/coordenadas/article/view/11702/pdf
Rock, D. (1977). El radicalismo argentino (1890-1930). Buenos Aires: Amorrortu.
Sanchez, S. J. (2005) La intendencia de Daniel
Infante en Rosario (1912-1913): las paradojas de un socialista español, Historia Regional, XVIII(23), 91-10. Sección Historia, ISP N° 3. Recuperado de http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/220
Videla, O. y Fernández, S. (2001) La evolución
económica rosarina durante el desarrollo agroexportador. En R. Falcón, Historia de Rosario, T. I, Rosario: Homo
Sapiens.
Videla, O. y Menotti, P. (2013). Las huelgas
de los estibadores portuarios en el sur santafesino en 1928. Sociohistórica, 32. Recuperado de: http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SH2013n32a04
Fuentes
La
Capital (1912-1930)
La
Prensa
(1912-1930)
La
Nación
(1912- 1930)
La
Rebelión
(1913)
El
Nativo
(1928)
La
Protesta
(1912-1930)
La
Vanguardia (1912-1930)
Bandera
Proletaria (1926-1929)
Boletín
del Departamento Nacional del Trabajo (1911-1929)
Memorias Bolsa
de Comercio de Rosario
Recepción: 31/07/19
Evaluado: 18/09/2019
Versión Final: 20/11/2019
(*) Licenciada en Historia y Profesora de Enseñanza Superior en Historia (Universidad Nacional de Rosario, UNR). Doctoranda en Ciencia Política (UNR). Profesora de Historia Política Argentina (Facultad de Ciencia Política y RR.II. UNR). Miembro Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos (Facultad de Ciencia Política y RR.II. UNR). Investigadora del Consejo de Investigaciones (UNR). Argentina. E-mail: monserrat.alejandra1@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7422-7329
[1] La Protesta, Buenos Aires, 18 de febrero de 1910.
[2] En esta nueva etapa las organizaciones obreras que la componían la FOLR eran: Constructores de carruajes, Federación Ferroviaria, Ebanistas, Unión Gráfica Rosarina, Empajadores de Damajuanas, Repartidores de pan, Obreros del Calzado, Obreros Panaderos, Conductores de Carros, Dependientes de Comercio, Sastres, Yerbateros, Oficios Varios La Capital, Rosario, 24 de abril de 1913.
[3] La Rebelión, Rosario, 08 de junio de 1913.
[4] La Vanguardia, Buenos Aires, 04 de diciembre de 1912.
[5] La Capital, Rosario, 31 de mayo de 1913.
[6] La Capital, Rosario, 14 de abril de 1913.
[7] La Capital, Rosario, 16 de abril de 1913.
[8] La Capital, Rosario, 06 de abril de 1913.
[9] La Capital, Rosario, 22 de abril de 1913.
[10] La Capital, Rosario, 27 de abril de 1913.
[11] Los gremios que se plegaron fueron: en primer lugar la Federación Ferroviaria, Estibadores, Conductores de Carruajes (patrones y peones), con la solidaridad de estos sindicatos los tranviarios se aseguraron la completa paralización del transporte en la ciudad tanto de pasajeros como de carga. También se sumaron otros gremios locales con capacidad de movilización como los Dependientes de Comercio, Unión Gráfica Rosarina, Obreros Municipales. Y por último gremios más pequeños como los Sastres, Constructores de carruajes, Mosaistas, Ebanistas, Empajadores de damajuanas, albañiles, zapateros, La Capital, Rosario, 27 de abril de 1913. La Protesta, Buenos Aires, 02 de mayo de 1913.
[12] La Capital, Rosario, 25 de abril de 1913.
[13] La Capital, Rosario, 29 de abril de 1913.
[14] La Capital, Rosario, 29 de abril de 1913.
[15] Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Diario de Sesiones. 09 de mayo de 1913, p.77.
[16] La Vanguardia, Buenos Aires, 01 de abril de 1918.
[17] La Capital, Rosario, 02 de mayo de 1913.
[18] La Capital, Rosario, 10 de mayo de 1913.
[19] La Rebelión, Rosario, 08 de junio de 1913.
[20] La Capital, Rosario, 10 de febrero de 1914.
[21] La Capital, Rosario, 2 de diciembre de 1914.
[22] La Capital, Rosario, 17 de octubre de 1915.
[23] Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, nº 19, diciembre 31 de 1911.
[24] La Capital, Rosario, 24 de octubre de 1915.
[25] La Capital, Rosario, 26 de abril de 1915 y 02 de mayo de 1916.
[26] La Capital, Rosario, 11 de diciembre de 1918. La Nación, Buenos Aires, 12 de diciembre de 1918.
[27] Bandera Proletaria, Buenos Aires 19 de mayo de 1928.
[28] La Nación, Buenos Aires, 10 de mayo de 1928, La Capital, Rosario, 10 de mayo de 1928, Bandera Proletaria, Buenos Aires, 19 de mayo de 1928.
[29] La Nación, Buenos Aires, 21 de junio de 1928.
[30] Bandera Proletaria, Buenos Aires, 26 de mayo de 1928.
[31] La Prensa, Buenos Aires, 13 de julio de 1928; La Nación, Buenos Aires,31 de julio de 1928; La Capital, Rosario, 31 de julio de 1928.
[32] El Nativo, Rosario, 10 de noviembre de 1928.
[33] La Prensa, Buenos Aires, 18 de julio de 1928; La Capital, Rosario, 20, 21 y 22 de julio de 1928.
[34] El Nativo, Rosario, 13 de octubre de 1928.
[35] Bolsa de Comercio de Rosario, Memorias (1929), Rosario: Ponce y Cía., 1929.
[36] El Nativo, Rosario, 29 de diciembre de 1928.