La estructura represiva
de la Armada Argentina desde una perspectiva regional. Apuntes y
consideraciones sobre la Fuerza de Tareas 6 durante la última dictadura militar
en Argentina
Ivonne Barragán(*) y Micaela Iturralde(**)
Resumen
Durante
la última dictadura militar en la
Argentina (1976-1983) las tres fuerzas militares desplegaron un vasto entramado
represivo a lo largo de todo el territorio. La Armada Argentina (ARA)
desarrolló un sistema de once Fuerzas de Tareas (FT) y múltiples sedes clandestinas.
El conocimiento disponible ha permitido iluminar su funcionamiento dentro de
los límites geográficos de la Ciudad de Buenos Aires y principalmente en torno
a los desempeños de la FT N° 3 con sede en la Escuela de Mecánica (ESMA). En este artículo proponemos reconstruir las dinámicas y lógicas represivas a
escala subnacional, centrándonos en la actividad represiva de la FT N° 6 en la costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires.
Buscaremos avanzar en la reconstrucción de instancias de articulación entre las fuerzas militares presentes a nivel regional;
indagar y profundizar el conocimiento sobre las formas de gestión de los
detenidos- desaparecidos; y problematizar, los modelos explicativos
predominantes sobre el fenómeno represivo en su fase concentracionaria. El diseño metodológico propuesto se centra en el
abordaje sistemático de fuentes provenientes de los procesos judiciales que
persiguen los crímenes cometidos por dicha FT en sus diferentes instancias de
instrucción, elevación a juicio oral y sentencias.
Palabras clave: s
Armada Argentina; – plan represivo; –
Fuerza
de Tareas Nº 6; –
dictadura
militar; –
Base
Naval Mar del Plata.
The
repressive structure of the Argentine Navy from a regional perspective. Notes
and considerations on Task Force 6 during the last military dictatorship in
Argentina
Abstract
During the last military dictatorship in Argentina (1976-1983)
the military forces deployed a vast repressive network along the territory.
The Argentine Navy (ARA) developed a system of eleven Task Forces (FT) and
multiple clandestine headquarters. The available knowledge has allowed to
illuminate its operation in the geographical limits of the City of Buenos Aires and mainly the performances
of the FT N°3 based in the School of Mechanics (ESMA). In this article we
propose to reconstruct the repressive dynamics at the subnational level,
focusing on the repressive activity of the FT N° 6 on the Atlantic coast of the Province of Buenos Aires. We will
seek to advance in the reconstruction of instances of articulation between the
military forces present at the regional level; investigate and deepen knowledge
about the management methods of disappear; and to problematize, the predominant explanatory
models about the repressive phenomenon. The methodological design focuses on
the systematic approach of sources from the judicial processes that prosecute
the crimes committed by the FT Nº6 in its different instances of instruction, elevation to oral
proceedings and sentences.
Key
words
: Argentine Navy; - repressive plan; - Task Force Nº 6; - military dictatorship; - Naval Base Mar del Plata.
La
estructura represiva de la Armada Argentina desde una perspectiva regional.
Apuntes y consideraciones sobre la Fuerza de Tareas 6 durante la última
dictadura militar en Argentina
Introducción
Durante la última dictadura militar en la Argentina
(1976-1983), las tres fuerzas militares desplegaron un entramado represivo de
forma coordinada y conjunta a lo largo de todo el territorio nacional. En este
contexto, la Armada Argentina (ARA) desarrolló un complejo sistema de fuerzas
operativas y sedes clandestinas para la detención ilegal, tortura y
desaparición de ciudadanos considerados como enemigos políticos. El
conocimiento disponible sobre dicha estructura se ha centrado principalmente en
iluminar los funcionamientos del arma dentro de los límites
geográficos de la Ciudad de Buenos Aires y sobre los desempeños operativos de
la FT N° 3 con sede en la Escuela de Mecánica (ESMA).[1]
En este
artículo proponemos reconstruir las dinámicas y lógicas de la FT Nº 6 de la ARA en base a un análisis sistemático de los procesos judiciales que
persiguen los crímenes cometidos en su marco territorial de acción. A manera de
hipótesis, sostendremos que sus objetivos represivos fueron definidos a partir
de una lógica preeminentemente local y su gestión puso en tensión el
cumplimiento de la subordinación temporal al comando de la subzona.
Nuestro interés es avanzar en el conocimiento de los
procesos represivos desarrollados en la ciudad de Mar del Plata[2] y en la
región circundante a partir de un abordaje denso de la causa judicial conocida
como "Base Naval Mar del Plata", en sus diferentes instancias de
instrucción, elevación a juicio oral y sentencias.[3]
Se pretenderá reponer históricamente las instancias de
articulación de las fuerzas militares operativas en el nivel regional; indagar
en la estructura y las dinámicas de coordinación intra-fuerzas para la ARA y
profundizar el conocimiento sobre las formas de gestión de los detenidos-
desaparecidos desarrollada por la FT Nº 6. A partir de la reconstrucción de
este caso, se buscará recuperar las particularidades que esta escala de
análisis -subnacional- a fin de considerar sus potencialidades como herramienta
útil a la problematización de modelos explicativos predominantes sobre el
proceso histórico en general, así como respecto de la construcción de
representaciones sobre el dispositivo concentracionario.
El proceso represivo desde una
perspectiva de análisis regional y situada: algunas precisiones conceptuales,
metodológicas y sobre las fuentes
La dictadura militar
instaurada el 24 de marzo de 1976 implementó un régimen represivo que, por su
naturaleza, dimensión y modalidades, resultó inédito (Águila, 2014).[4]
Sin embargo, el accionar desplegado por las Fuerzas Armadas (FFAA) y de
Seguridad (FFSS) tuvo una estrecha articulación con el período previo,
expresada en un conjunto de continuidades. Así, la validez explicativa de los
cortes temporales estrictos de la última dictadura
militar (24 de marzo de 1976-10 de diciembre de 1983) enfrenta numerosos
cuestionamientos en el campo de la historia reciente. Potentes líneas
interpretativas ponderan la necesidad de inscribir la acción represiva del
autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en una serie de políticas de
largo plazo que, en el seno del Estado, incorporaron e institucionalizaron
gradualmente cada vez más y más potentes herramientas para la vigilancia, el
control y la represión de la disidencia social (D’Antonio y Eidelman, 2010). Entre ellas se destacan las de
tipo jurídicas, que compusieron el marco legal de excepción configurado por el
estado de sitio, la militarización del orden interno (Franco, 2012) y la
persecución de la oposición política bajo la figura del "subversivo"
consignada por la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) (Pontoriero, 2016).
Aquellas referidas a las tecnologías y prácticas represivas, tales como la
adecuación, especialización y reorganización del sistema de reclusión legal
para la prisión política (D’Antonio, 2016), la incorporación de miembros de los
grupos paraestatales a los grupos de tareas coordinados por las FFAA (Zapata,
2012; Merele, 2016) y la utilización de instrumentos ya probados, como los
centros clandestinos de detención (CCD) y la desaparición de personas
(Calveiro, 2008; Crenzel, 2008). Finalmente,
las dimensiones político-ideológicas, simbólicas y discursivas que supusieron
la construcción de un entramado de elementos que dieron forma al ideario y
contribuyó a la generación de consenso en torno a la lucha antisubversiva
(Iturralde, 2017).
En este punto, es posible
señalar que la innovación más contundente del período que se abrió con la toma
del poder por las FFAA fue la instauración y sistematización de un plan
represivo de alcance nacional y despliegue territorial basado en la descentralización
de la acción operativa y la existencia simultánea de dos circuitos: uno legal y
público y otro paralegal y clandestino. Las FFAA diseñaron y ejecutaron, en forma conjunta, un
programa sistemático y masivo de eliminación de la oposición política que
funcionó como unificador de las diferentes facciones militares (Canelo, 2016). La metodología represiva, centrada principalmente en
la desaparición de personas, recurrió a prácticas tales como la creación de zonas liberadas, los
secuestros y detenciones ilegales, el
traslado de los prisioneros a CCD, la tortura indefinida en el tiempo, la
apropiación de menores, el saqueo de los bienes de los detenidos, el asesinato
y la desaparición de los cuerpos.
La construcción de explicaciones sociohistóricas sobre
este proceso hizo uso sin mayores revisiones de la noción de terrorismo de
Estado, formulada entre las postrimerías del régimen militar y los primeros
años del retorno democrático para designar y describir las modalidades
distintivas de los crímenes estatales, de forma tal que en la actualidad
compone un mainstrean que proyecta
representaciones sobre el dispositivo central del proceso represivo -la
desaparición forzada de personas- y sobre el sistema de reclusión clandestina -
los CCD-. En años recientes un conjunto de investigaciones orientadas por
perspectivas atentas a las variaciones locales y regionales nos advierten sobre
sus alcances y límites explicativos (Garaño, 2019).
Numerosas
problematizaciones aparecen vinculadas a estas nuevas pesquisas, entre ellas, la homogeneización de las temporalidades que
supone dicha noción, haciendo extensivas las características de una determinada
coyuntura a todo el período; la traslación acrítica de las dinámicas de los
grandes centros urbanos, en particular el capitalino, a la diversidad del
interior; y la proyección de los desempeños represivos de una fuerza, en
general el Ejército o para el caso de la ARA la FT3, al conjunto de las FFAA y
FFSS. Pese a las mencionadas innovaciones, persisten vacancias en torno a los
comportamientos de la Fuerza Aérea y existen incipientes aproximaciones sobre
las fuerzas de seguridad auxiliares como Prefectura, Gendarmería y las Policías
Provinciales (Águila, 2018; Scatizza,
2017).
A partir de estas consideraciones, y aun teniendo en
cuenta la alta proliferación de indagaciones en los últimos años sobre estas
cuestiones, es posible sostener que el campo en su conjunto se caracteriza por
la disponibilidad de una serie de conocimientos preliminares y fragmentarios no
suficientemente articulados. El peso trascendental otorgado a las indagaciones
centradas en el dispositivo concentracionario aún distrae las miradas del
Estado como objeto de estudio y la recomposición de otras formas del ejercicio
represivo tales como la prisión legal, los llamados enfrentamiento fraguados,
la censura o las cesantías en las estructuras estatales, entre muchas otras.
En función de lo antedicho, en este escrito
pretendemos contribuir a la elaboración de conceptualizaciones atentas a las
dinámicas históricas específicas de la acción represiva. Para tal fin,
diseñamos una metodología de observación y análisis, que sin dejar de lado los
procesos diacrónicos -que condujeron a la puesta en práctica del plan
sistemático de represión- enfatiza aspectos sincrónicos -observables sólo a
partir de la construcción de recortes cartográficos específicos. Advertimos
entonces sobre la necesidad de aproximarnos de forma crítica a interpretaciones
extendidas sobre el proceso represivo. En este sentido, la ESMA alcanzó enorme
contundencia en tanto modelo de espacio concentracionario.[5] Los tempranos trabajos de
Pilar Calveiro contribuyeron fuertemente a la configuración de extendidas
representaciones sobre la cuestión (1998).[6] Sin embargo, el conocimiento
y la reconstrucción histórica del conjunto de prácticas, dispositivos y sedes
que compusieron la estructura represiva de la ARA presenta avances y
conocimientos desiguales (Barragán y Zapata, 2015).
¿A qué recursos apelamos los investigadores a la hora
de componer reconstrucciones de carácter situado y regional sobre las
estructuras represivas? En los últimos años, se han multiplicado los accesos a
distintos acervos documentales y archivos antes restringidos que por su parte facilitan
los entrecruzamientos de fuentes (Iturralde y Barragán, 2019). A este proceso
se suma la posibilidad de contar con resultados judiciales producto de la etapa
de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad abierta a partir de 2005 tanto
como de un conjunto de reflexiones sobre los diferentes usos, vinculaciones y
entrecruzamientos con las ciencias sociales (Águila, 2010; Andriotti Romanin,
2015; Barragán, 2017).
En este artículo analizamos un conjunto de sentencias
y expedientes correspondientes a los actos jurídicos que dieron resolución a
los crímenes cometidos por los integrantes de la FTNº6 de la ARA. Este conjunto
de instancias judiciales, conocidas como Causa "Base Naval", tuvieron
su génesis en el mes de septiembre de 2004 –causa original Nº 4446- Expediente
Nº33004447/2004–, a partir de constancias del “Juicio por la Verdad”.[7] En el
año 2010 se dictó la primera sentencia, en la causa N° 2286 y su acumulada N° 2283,
por los crímenes cometidos contra once víctimas y alcanzando como
imputados a dos oficiales de la ARA con
destino en la FT Nº6 y a un General de Brigada -Jefe de operaciones- de la
Agrupación de Artillería de Defensa Aérea (ADDA) 601 del Ejército Argentino
(EA). Una ampliación
de la causa –denominada Base Naval II Nº 2333 y sus acumuladas Nº 2334 y 2335–
obtuvo resultados en el año 2013. En esta instancia la acusación se extendió a
trece perpetradores por los casos de sesenta y nueve víctimas. En su tramo III,
el proceso penal permitió el juzgamiento y la condena de doce
integrantes de la ARA y de un ex general de Brigada del Ejército por los
crímenes cometidos contra ciento veintitrés víctimas. Por último, la elevación a Juicio Oral en el mes de mayo de 2017
de la instancia Base Naval IV obrante ante el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del
Plata extiende el tratamiento a ciento cuarenta y tres casos. Al
respecto, nótese que en las distintas instancias de la causa es posible
reconocer la construcción de un universo creciente de víctimas y de
perpetradores.
El
diseño metodológico propuesto repara en una serie de consideraciones en torno
al universo fontanal elaborado para este artículo. La primera cuestión a
destacar es la necesaria construcción de una distancia respecto de la lógica
judicial supeditada a la configuración de la
"prueba". De acuerdo a esta, todo corpus probatorio deber ser
sometido a "las reglas de la sana crítica que debe guiar, por
mandato legal –art. 398 del C.P.P.N.-, el razonamiento de los
Magistrados".[8] El tratamiento de crímenes pasados, perpetrados de forma
sistemática y siguiendo lógicas de ocultamiento, clandestinidad e ilegalidad,
implicó para el conjunto de los actores judiciales enfrentar condiciones
adversas para la viabilidad de los procesos de valoración de prueba y para la
presentación de un sin número de casos.
Ciertamente,
los investigadores académicos tanto como los judiciales nos enfrentamos a
la ausencia, el borramiento documental y el no registro que funcionaron como
norma constitutiva de la clandestinización del accionar del Estado. Antes estas
adversidades, ambos refinamos el proceso de búsqueda sobre huellas menores y/o
alternativas persistentes en las estructuras burocráticas de las diferentes
agencias estatales.[9] Teniendo en cuenta estas precisiones conceptuales,
metodológicas y documentales, pretendemos colaborar en la reconstrucción de la
acción represiva de la ARA, a partir del establecimiento de un mapa complejo
que permita la visibilización de un conjunto de infraestructuras y sedes de
carácter local, iluminando sus múltiples inscripciones y
disrupciones con aquello que se denomina escala nacional.
La Fuerza de Tareas 6 en el
esquema represivo regional
La configuración del esquema que permitió el despliegue de la acción
represiva a lo largo de todo el país supuso la división del territorio en cinco
partes subordinadas al comando de cada uno de los Cuerpos del Ejército así como
la demarcación de "zonas", "subzonas" y "áreas"
al interior de cada uno de ellos.[10] La
estructura regional, contempló la temporal subordinación de las distintas
fuerzas –Armada, Fuerza Aérea, fuerzas de seguridad interior (Prefectura,
Gendarmería, Policía Federal y Policías Provinciales– al comando del EA de la
correspondiente "subzona".[11]
En la ciudad de Mar del Plata, las FFAA tuvieron una importante presencia en
la organización del ejido urbano y fuertes vinculaciones con la sociedad civil
a lo largo del tiempo. Fue una de las tres ciudades del país que contó con el
asiento de Bases correspondientes a las tres fuerzas militares.
La FT Nº 6 comprendió a un conjunto de grupos
operativos con sede principal en la Base Naval Mar del Plata. La Fuerza de
Submarinos -de la cual recibe el nombre-, la Agrupación Buzos Tácticos y la
Agrupación Comandos Anfibios fueron los elementos principales de dicha fuerza e
incluyó el conjunto de recursos materiales y humanos desplegados en la Escuela
de Submarinos, la Escuela antisubmarinos, la Escuela de Buceo, la Escuela de
Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), a los que se sumaron las
dependencias de Prefectura Naval Mar del Plata (PN) y de la localidad cercana
de Quequén, la Subprefectura General Lavalle y destacamentos con asiento en Mar
del Plata y zonas de dependencia.[12] (Ver
mapa en Anexo)
La FT Nº 6 estableció un circuito
represivo sustentado en la mencionada infraestructura de la Base Naval Mar del
Plata (BN) y un conjunto complementario de sedes que presentaron disímiles usos
y temporalidades de funcionamiento. En la BN, el edificio de la Agrupación
Buzos Tácticos (APBT) fue el asiento principal de la actividad clandestina. En
el mismo predio, otros espacios fueron utilizados con este fin, el Polígono de
tiro, los calabozos, ciertos espacios de la enfermería, las aulas de la Escuela
de Buceo y las carpas ubicadas en la playa.[13] El circuito se completó con
sedes en la ESIM y en la PN, ubicada en las cercanías del Puerto de Mar del
Plata. En la ESIM, situada en un predio costero compartido con el Faro local,
varios espacios clandestinos se destinaron al alojamiento y tortura de los
detenidos, como fueron la "sala de comunicaciones" y un espacio
subterráneo cercano al mar.
Objetivos
y destinatarios de la acción represiva
El amplio alcance del accionar militar no debería
ocultar que la represión fue selectiva y dirigida hacia un perfil definido del
“enemigo”: en primera instancia, aquellos miembros de las organizaciones
político militares o quienes eran sospechosos de participación o simpatía con
las mismas y, en segundo lugar, militantes de organizaciones políticas no
armadas, sindicalistas y activistas en general (Águila,
2014).
El Plan del Ejército[14], de febrero de 1976
delimitaba en sus anexos II y III, consistentes en la información de
inteligencia acerca de los “enemigos” y los procedimientos de detención de
personas, la significación del llamado “oponente”. Esta definición comprendía
su composición, una clasificación y las prioridades otorgadas al accionar en su
contra. Bajo este rótulo fueron consideradas todas aquellas organizaciones –y
sus integrantes– que se opusieran a la toma del poder por parte de las FFAA u
obstaculizaran el normal desenvolvimiento del gobierno militar. La directiva
los subdividía en “oponente activo” y “oponente potencial”, con diferentes
grados de prioridad en el accionar represivo desplegado. Por su parte, el
PLACINTARA establecía los objetivos que tendrían las fuerzas “detectando y aniquilando las organizaciones
subversivas a fin de contribuir a preservar el orden y la seguridad de los
bienes, de las personas y del Estado”.[15]
Este corpus doctrinario orientó la configuración de un conjunto de objetivos
y destinatarios de la acción represiva en clave local, identificados a partir
de las tareas de inteligencia desarrolladas en el marco de la llamada
"Comunidad Informativa". Tal como refiere la menciona Directiva del
Consejo de Seguridad N°1/75, el Ejército argentino conduciría con
responsabilidad primaria el esfuerzo de inteligencia a fin de lograr una acción
coordinada e integrada.
Sin embargo, la documentación analizada nos permite
sostener que el funcionamiento operativo de la FT Nº6 se desarrolló en torno a
recursos propios, no cabalmente integrados a la mencionada coordinación de la
inteligencia. La fuerza de mar disponía de un conjunto de agencias destinadas a
la producción de información.[16] El
extendido despliegue territorial de una fuerza como la Prefectura le permitió
contar con un acervo de inteligencia de enorme importancia. El Plan de
Capacidades contempló la puesta en marcha de un "Plan de Colección de Información", en cuyo
Anexo "A" -Inteligencia- definió serie de Elementos Esenciales de
Información (EEI) o factores de seguimiento. Según este anexo, las
"agencias de colección" debían elevar al CON informes de periodicidad
cuatrimestral denominados "Informes Periódicos de Inteligencia"
(IPI). Los IPI debían contener los siguientes factores: 1. Político; 2.
Socioeconómico; 3. Psicosocial; 4. Gremial; 5. Educacional; 6. Religioso; 7.
Insurreccional; 8. Minorías extranjeras.[17]
A fin de avanzar en el análisis del funcionamiento de
la FTNº 6, se considerará la persecución y represión a miembros del Partido
Comunista Marxista Leninista (PCML) en la región como ejemplo de funcionamiento
en la cuadrilla de la llamada colaboración y subordinación temporal.[18] Los
llamados "Operativo Mar del Plata" y "Operativo Escoba"
estuvieron destinados a "desbaratar" su estructura y a
"barrer" con sus miembros. El primero, realizado en septiembre de
1977, estuvo a cargo de personal del Grupo de Artillería Antiaérea (GADA) N°
601 del EA y significó la supresión de la regional Mar del Plata del PCML. El
segundo, formó parte de una operación a nivel nacional iniciada en diciembre de
1977 que incluyó más de 300 secuestros coordinados y realizados en simultáneo
en Mendoza, Córdoba, Chaco, Misiones, Rosario, Entre Ríos, La Plata, Capital
Federal y Florencio Varela. En el plano regional, el llamado "Operativo
Escoba" fue llevado a cabo en forma conjunta por el EA y la ARA durante el
mes de febrero de 1978 y redundó en el secuestro de once personas en las
localidades de Necochea, General Pirán y Mar de Ajó que fueron alojadas en la
BN. Para su realización las fuerzas conjuntas se valieron de una minuciosa
labor de inteligencia en el marco de la comunidad informativa: la Dirección de
Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) y la Sección de
Informaciones de la PN de Mar del Plata aportaron insumos de forma previa y
posterior a las tareas represivas.
Lo antedicho permite conocer algunos aspectos
relevantes de la cooperación interfuerzas. A las ya referidas tareas conjuntas
de inteligencia y a la actuación sobre un mismo objetivo, es necesario sumar la
gestión coordinada de los detenidos y su inscripción en un circuito que combinó
el "alojamiento" en la BN Mar del Plata, y el traslado al CCD
denominado "La Cacha", entre los meses de marzo y abril de 1978.[19] Las
acciones conjuntas fueron frecuentes en casos de operativos en la considerada
escala subnacional, ya sea porque superaron el alcance regional –
"Operativo Escoba"– o porque sus objetivos fueron grandes organizaciones
cuya represión fue iniciativa del EA.
Sin embargo, el funcionamiento de la FT Nº6 difiere
del exclusivo encuadramiento en este desempeño conjunto bajo comando del EA y
permite identificar la coexistencia de lógicas de acción no lineales y en
tensión, que se expresaron a través de movimientos que abarcaron una gama de
opciones que fueron desde la colaboración hasta la competencia. La primera de
ellas, resulta observable en los operativos “Mar del Plata” y “Escoba” que
supusieron el apego a la normativa para la acción antisubversiva antes
mencionada, que disponía la subordinación temporal de la FT Nº 6 al comando de
la Subzona N°15. En contraparte, el corpus documental analizado revela la
autonomía relativa que la FT Nº6 reservó para sí en relación al tratamiento de
los "objetivos y enemigos políticos".[20]
Las tensiones por las formas y los contenidos de la
"subordinación temporal" poblaron tanto las acciones conjuntas como
aquellas en las cuales se impuso la actividad autónoma y se expresaron con
mayor claridad en la gestión de la "inteligencia" en razón de la productividad
en el esfuerzo de colección de información por parte de la Prefectura y su
circulación restringida en el marco de la cuadrilla (Barragán e Iturralde,
2019).[21]
La
gestión de detenidos-desaparecidos en el circuito de la FT Nº 6
Como ya fue advertido, el objetivo central de este
escrito es problematizar y reconstruir históricamente los procesos de
organización, coordinación y tratamiento de las personas que en el marco del
plan represivo que fueron secuestradas y recluidas de forma clandestina por una
Fuerza de Tareas de la ARA en un recorte territorial específico. En este
sentido, la gestión de detenidos-desaparecidos por parte de la FT N° 6
evidencia la existencia de importantes niveles de circulación y permanencia en
el interior de su circuito de sedes clandestinas. La circulación predominante
fue intra-circuito, es decir, la mayor parte de las víctimas fueron llevadas
desde el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos en la BN a la ESIM y
viceversa y en ocasiones hacia la PN. Esta práctica implicó que muchos de los
secuestrados fueran trasladados en repetidas oportunidades entre estas sedes,
mediando días y hasta meses de "alojamiento" en cada una de ellas. La
repetición de un régimen de tortura, tormentos, vejámenes y violaciones
acompañó a los desaparecidos en las diferentes instancias de reclusión.
Si bien la circulación intra-circuito fue la
predominante, la acción autónoma se refuerza dada la dinámica de derivaciones
de detenidos dentro de la estructura de la ARA. Como advertimos previamente, el
PLACINTARA supuso un diseño que ponía al conjunto de las fuerzas de tareas bajo
control operativo del CON, con sede en la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB), en
la localidad de Bahía Blanca.[22] Sin
embargo, de un universo analizado compuesto por ciento cincuenta casos sólo
cinco detenidos fueron derivados a la BNPB o a algunos de los CCD dependientes
de esta, como el Buque General San Martín o el Chalet de la Junta Nacional de
Granos.[23]
De forma disruptiva a la normativa descripta, es
posible identificar un sistema de circulaciones, que no privilegió la
estructura de autoridad de la ARA, con sede en la BNPB, sino que priorizó
lógicas disímiles. Esto se observa en el tratamiento otorgado a un grupo de
detenidas-desaparecidas. Durante el año 1977, Susana Beatriz Pegoraro[24],
Cecilia Viñas[25],
Liliana del Carmen Pereyra[26],
Silvia Laura Castilla[27],
Elizabet Patricia Marcuzzo[28] y
Laura Adhelma Godoy[29],
fueron derivadas a la órbita de la FT Nº3 con sede en la ESMA donde funcionaba
una maternidad clandestina. Esto permite sostener la
participación de la FT Nº6 en el probado derrotero al que fueron sometidas las
mujeres secuestradas que se encontraban embarazadas y sus hijos nacidos en
cautiverio (Barragán, 2018).
Una gestión diferenciada implicó la resolución de los
casos de detenidos-desaparecidos cuyo destino fue sobrevivir. La normativa
producida por la ARA proveyó de un marco para su tratamiento.[30] Es posible identificar dos modalidades principales de
gestión de la sobrevida. Por un lado, la de aquellos detenidos que, habiendo
transcurrido un período de reclusión ilegal y clandestina comparativamente no
tan extenso -que va desde unas horas hasta un par de meses-, fueron liberados
en distintos lugares de la ciudad.[31] Por otro lado, la de
quienes fueron derivados a un circuito de legalización.
En ocasiones, como un paso previo a dicha
legalización, algunos de los detenidos clandestinizados fueron trasladados a
comisarias locales, como la 2º y la 4º de Mar del Plata o la Comisaria de la
localidad vecina de Miramar -mediando un tiempo de detención ilegal en las
mismas-, y posteriormente puestos a disposición de la justicia o del Poder
Ejecutivo Nacional para ser trasladados a los penales de Sierra Chica, Devoto o
el Penal Nº 9 de La Plata.[32] Una
importante cantidad de detenidos fue directamente derivada desde el circuito de
confinamiento ilegal y clandestino hacia los mencionados Penales. Aquí se observa
nuevamente una instancia de articulación con el Comando de la Subzona 15, para
el traslado al aeroparque local y desde allí en avión a cárceles legales.[33] Un
número mayoritario de casos no detalla especificidades sobre las circunstancias
en que llegaron al sistema de reclusión legal federal.
Esta particular mixtura, nos permite tensionar
aquellas representaciones que explican la lógica concentracionaria y la
clandestinización de las reclusiones ilegales como solamente realizables en su
faceta secreta y no visible. Esto se verifica en los casos de las salidas
temporales de detenidos en la BN -vigiladas y conducidas por miembros de la FT
Nº 6-, al Hospital Interzonal General de Agudos cuando, producto de las
torturas, los detenidos requirieron de asistencia médica de complejidad[34]; al
velatorio del padre de un detenido[35]; y la ya mencionada
circulación desde la detención ilegal al sistema de reclusión legal. La alta
tasa de sobrevida y el importante tránsito desde la detención clandestina a la
"superficie" sea esta o no la prisión legal, matizan aquellas
caracterizaciones que oponen tajantemente legalidad/ilegalidad e invitan a
comprender la clandestinidad como una tecnología estrictamente destinada a la
sistematización del exterminio.
Hasta aquí hemos abordado algunas de las formas de
gestión de detenciones clandestinas caracterizadas por la sobrevivencia de las
víctimas. Vale preguntarse entonces, ¿cómo una reconstrucción histórica situada
como la propuesta puede reponer lo que la clandestinización y la ilegalidad
esconden? Y más aún, ¿es posible conocer la gestión de las muertes y la
desaparición de los cuerpos de las víctimas en un marco territorial
circunscripto?
Los enfrentamientos fraguados fueron una de las
modalidades por medio de las cuales se expresó la faceta pública e ilegal de la
represión. Estos consistieron en fusilamientos de
personas inermes cuyos cadáveres fueron exhibidos simulando enfrentamientos, ya
fuera en la vía pública o en lugares más alejados de los centros urbanos. Las
apariciones de cuerpos torturados fueron convertidas en noticias a partir de la
publicación de comunicados militares por parte de los medios de prensa.[36]
Estos montajes fueron uno de los recursos utilizados para asesinar a los
secuestrados y deshacerse de sus cuerpos, al eludir la condena social y,
al mismo tiempo fortalecer, mediante la propaganda de las acciones represivas,
cierto consenso social en torno a la “lucha antisubversiva”. Un
relevamiento del periódico local, La
Capital, permite observar la alta tasa de maniobras de este tipo, elaboradas a partir de un conjunto de puestas en
escena sustentadas en una exhibición teatralizada de la violencia represiva
tendientes al disciplinamiento social (Iturralde, en prensa).
En torno a las
tensiones entre lo visible y lo oculto, resultan sugestivas las visitas y
reclamos de familiares al predio de la BN. Esta sede tenía una enorme
visibilidad en el ejido urbano y, si bien en la mayoría de los secuestros los
grupos de la FT Nº6 actuaron vestidos de civil, a partir de algunos indicios
tanto algunos de los secuestrados como sus familias pudieron corroborar que ese
era el lugar de detención. Finalmente, aquellos que emprendieron procesos de
búsqueda de información sobre sus familiares, en repetidas ocasiones, al
acercarse a la BN fueron atendidos por personal militar que, además de
confirmar el paradero de los detenidos, expidió documentación probatoria del
mismo.[37]
Reflexiones finales. Las
porosidades en el sistema de clandestinidad e ilegalidad
En este artículo realizamos un esfuerzo por
problematizar conceptualizaciones y modelos explicativos que, en la actualidad,
muestran una importante contundencia en la proyección de representaciones sobre
el pasado reciente, más precisamente sobre las modalidades represivas y la
puesta en funcionamiento de un conjunto de centros clandestinos de detención
como dispositivo central de la última dictadura militar. El universo de estudios sobre la represión estatal durante
la segunda mitad del siglo XX en el que se inscribe esta pesquisa busca reponer
históricamente tanto las modalidades, características y alcances específicos de
ese fenómeno como sus sustentos simbólicos y representacionales. La violencia
estatal implementada por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional
alumbró un sistema represivo cuyo principal rasgo fue la alternancia entre el
ocultamiento y la visibilidad, entre lo secreto y lo evidente, es decir, entre
las desapariciones y las presencias de los cuerpos de las víctimas como rastros
del despliegue de la violencia.
Nuestra propuesta versó sobre el tratamiento
exhaustivo de un universo de fuentes de origen judicial a fin de reponer de
forma situada los desempeños represivos de la FT Nº 6 de la ARA. Más
precisamente buscamos reconstruir la diversidad de usos y prácticas vinculadas
a espacios de reclusión clandestina en una escala reducida. En este sentido, la configuración de un
circuito represivo que todavía no ha sido suficientemente explorado valida
la perspectiva de análisis privilegiada: la lente puesta en un universo acotado
-en tanto opción metodológica- demuestra enorme potencialidad para la
reconstrucción de modalidades, lógicas y dinámicas específicas. El caso
analizado permite ponderar los claro-oscuros del sistema represivo que muestran
la porosidad de los muros levantados para la clandestinidad, en tanto que, lo
visible y lo expuesto, configuraron una parte sustantiva del dispositivo. Así, un análisis como el aquí presentado obliga a revisar
el valor explicativo de algunos de los binomios –legal/ilegal,
público/clandestino, visible/oculto– sobre los que frecuentemente se han
erigido nuestras caracterizaciones sobre el plan sistemático de represión
ensayado entre 1976 y 1983.
La cuantiosa remisión a la legalidad de detenidos
previamente clandestinizados en la forma de puesta a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional, los enfrentamientos fraguados y el reconocimiento de las
detenciones a familiares de las víctimas ponen en evidencia cómo la faz
clandestina, eventualmente, emergió a la superficie de lo cotidiano-local. Al situar la observación en el funcionamiento
local/regional, logramos reponer algunos de los elementos del accionar
represivo bajo el comando de la Subzona N°15, en particular, las tensiones
derivadas de división de roles y funciones entre las diferentes fuerzas y las
consecuentes relaciones de subordinación/coordinación tanto como de los
márgenes de autonomía que se establecieron entre ellas.
En este sentido, resultado del análisis de las
sentencias revisadas, sostendremos algunas consideraciones con fuertes
elementos relacionales entre sí. En primer lugar, identificamos un esfuerzo
judicial centrado en la comprobación de una relación de coordinación de las
fuerzas operativas desplegadas en la Subzona militar Nº15, cuyo comando tuvo
asiento en la AADA 601 del EA en la Ciudad de Mar del Plata. Al respecto,
sostenemos la necesidad de problematizar estos resultados y señalar una
preponderante autonomía de la FT Nº6 en la definición de objetivos, la
realización de operativos y la circulación de detenidos intra-circuito
represivo como modalidad preponderante. Si bien la FT Nº 6 realizó acciones
conjuntas con otras fuerzas emplazadas en la cuadrícula territorial, priorizó
criterios y objetivos propios por sobre aquellos emanados de los niveles
superiores de dicha coordinación.
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Recibido: 14/04/2019
Evaluado: 22/08/2019
Versión Final: 14/09/2019