Municipalidades en “todo el territorio”. Desafíos en la conformación del Estado de Buenos Aires

Municipalidades en “todo el territorio”. Desafíos en la conformación del Estado de Buenos Aires

Mariana Canedo(*)

Resumen

Durante la década de 1850, los gobiernos locales, provinciales y nacional fueron dirimiendo sus potestades en el marco de la construcción de una nueva centralidad política. Las constituciones y leyes específicas para organizar el régimen municipal en cada provincia se sancionaron con relativa rapidez, pero la implementación de los nuevos gobiernos locales tendió a ser morosa. En un contexto de enfrentamientos políticos y bélicos con la Confederación Argentina, exiliados federales y parcialidades indígenas, el gobierno del Estado de Buenos Aires impulsó un proyecto de implementación extendida de municipalidades de campaña, y la municipalidad de la ciudad. En este trabajo nuestro objetivo es profundizar el conocimiento de las características del proyecto, a partir de considerar los criterios concebidos para su implementación e identificar posibles condicionantes en esos primeros años. Argumentamos que la intencionalidad del gobierno hacia el proyecto de municipalidades fue afianzar la soberanía del Estado de Buenos Aires interviniendo en la organización político-administrativa del ámbito rural ante los desafíos de gobernar la campaña en una coyuntura compleja.

Palabras clave: Municipalidades; Estado de Buenos Aires; Territorio; Pueblos; Elecciones.

Municipalities in “all the territory”. Challenges in the conformation of the Estado de Buenos Aires

Abstract

During the decade of 1850, the local, provincial and national governments were dissolving their prerogatives within the framework of the construction of a new political centrality. The constitutions and specific laws to organize the municipal regime in each province were sanctioned with relative rapidity, but the implementation of the new local governments tended to be weak. In a context of political and warlike confrontations with the Confederación Argentina, federal exiled and indigenous, the government of the Estado de Buenos Aires impelled a project of extended implementation of rural municipalities, and the municipality of the city. Our purpose is to deepen the knowledge of the characteristics of the project, considering the criteria conceived its implementation and to identify possible conditioners in those first years. We argued that the intentionality of the government towards the project of municipalities was to strengthen the sovereignty of the Estado de Buenos Aires taking part in the political-administrative organization of the rural country and the challenges to govern it in a complex conjuncture.

Keywords: Municipalities; Estado de Buenos Aires; Territory; Towns; Elections.

Municipalidades en “todo el territorio”. Desafíos en la conformación del Estado de Buenos Aires(**)

Durante la década de 1850, las potestades de los gobiernos locales, provinciales y nacional fueron dirimidas en el marco de la construcción de una nueva centralidad política. En 1853, la Constitución de la Confederación Argentina delegó a las provincias la organización de cada régimen municipal que, en los años inmediatos, fue promulgado en las constituciones y leyes de esas jurisdicciones (Ternavasio, 1991). Sin embargo, la implementación de las municipalidades fue más dilatada: comenzó, mayoritariamente, por las ciudades capitales de las provincias y fue gradual en los ámbitos rurales a partir de 1860.[1]

Los estudios realizados sobre la supresión de los cabildos en ciudades y villas de las provincias rioplatenses entre 1820 y 1838 permiten comprender la complejidad de los entramados jurisdiccionales que produjeron esas decisiones y reflexionar sobre los dilatados surgimientos de nuevos gobiernos municipales décadas después (Tedeschi, 1993; Ternavasio, 2000; Chiaramonte, 2003; Marchionni, 2008; Agüero, 2012; Molina, 2014; Barriera, 2016, Galimberti, 2018, entre otros). Igualmente, para justipreciar los desafíos que implicó la promoción de las municipalidades resulta pertinente considerar que junto con los cabildos de 13 ciudades y 6 villas, existieron otras formas de gobierno comunal en los “pueblos de españoles”, “pueblos de indios”, o las villas y ciudades que no habían logrado instrumentar el autogobierno, entre otros cuerpos territoriales.[2]

En el Estado de Buenos Aires –no integrante de la Confederación Argentina-, el régimen municipal fue proclamado en su Constitución en 1854. Seis meses después se sancionó una Ley de Municipalidades con una sección para la ciudad de Buenos Aires y otra para las denominadas Municipalidades de Campaña. Cada apartado tuvo sus propios antecedentes y expresó diseños institucionales diferentes para la populosa capital y para los pueblos rurales (Aramburo, 2015; Canedo, 2018b). Unas 45 municipalidades de campaña comenzaron a funcionar en los primeros meses de 1856 y la municipalidad de la ciudad capital lo hizo a principios de abril. La cantidad de casos y la simultaneidad propiciada en la implementación de las municipalidades en el Estado de Buenos Aires constituyen características de un proyecto ambicioso e inédito en la región que, además, se desenvolvió en un contexto de enfrentamientos políticos y armados con la Confederación, exiliados y parcialidades indígenas.[3] Asimismo, los gobiernos municipales fueron implementados en comunidades con diferentes trayectorias político-institucionales.

Pese a la envergadura del proyecto, el consenso mayoritario que tuvo, y la cantidad de personas que lo llevaron adelante, el conocimiento sobre la implementación y el funcionamiento de las municipalidades es limitado y fragmentado.[4] El objetivo del artículo es justipreciar las características del proyecto del Estado de Buenos Aires para las municipalidades, a partir de considerar los criterios concebidos para la implementación de las mismas en el ámbito rural e identificar posibles condicionantes en esos primeros años.

Consideramos que la implementación de los gobiernos municipales en las provincias tuvo especificidades relacionadas con las configuraciones históricas regionales, las dinámicas políticas y económicas de las décadas de 1850 y 1860 y las normativas elaboradas por los gobiernos provinciales sobre cada régimen municipal. Argumentamos que el caso de las municipalidades de campaña constituyó un proyecto que buscó intervenir en la organización político-administrativa del ámbito rural como uno de los caminos para afianzar la soberanía del Estado de Buenos Aires. Esta intencionalidad plasmó las características del proyecto que se fue perfilando en base a los desafíos de gobernar la campaña en una coyuntura compleja, marcada por los debates y enfrentamientos armados con la Confederación Argentina sobre la forma de organización del estado nacional y el lugar que Buenos Aires ocuparía en esa construcción.[5]

En el trabajo recorremos cuestiones vinculadas con la territorialidad en el Estado de Buenos Aires, la dinámica poblacional en torno a la década de 1850, la importancia otorgada a los pueblos y a la forma de la elección de los municipales. Lo hacemos aunando fuentes diversas y avances logrados en trabajos anteriores articulados ahora en pos de la intencionalidad, modalidades y posibilidades del Estado de Buenos Aires para emprender un proyecto de tal magnitud, en un contexto tan complejo.

Buscamos contribuir a mejorar el conocimiento sobre la conformación de las primeras municipalidades de campaña en su conjunto y, al mismo tiempo, profundizar facetas del Estado de Buenos Aires en esos primeros años. De manera más general, intentamos recuperar la complejidad política de los gobiernos municipales y cuestionar la perspectiva de análisis que otorga cierta naturalidad al devenir y organización de los mismos.

1. Construyendo el territorio en el Estado de Buenos Aires

Una característica singular en la implementación de las municipalidades de campaña en el Estado de Buenos Aires fue, como hemos señalado, la amplitud territorial de la propuesta al establecerse en su Constitución el “régimen municipal en todo el territorio” (artículo 170). Sin embargo, la extensión del territorio en cuestión era asunto de cuestionamientos, debates e intereses en pugna durante esos años.

En principio cabe considerar que la delimitación del territorio del Estado no constituyó un tema menor en la Constitución. Los legisladores debatieron y aprobaron en el texto constitucional que el territorio del estado soberano se extendería ampliamente hacia el oeste, hasta “las faldas de las Cordilleras”, y al sur, hacia la entrada de éstas en el mar (artículo 2).[6] Como ha planteado Mariano Aramburo, estas discusiones sobre los límites del territorio pueden leerse en clave de la proyección política que los representantes en la Legislatura les otorgaron. Habían desplazado la cualidad de provincia por la de Estado, afirmado su soberanía y, por lo tanto, la separación de Buenos Aires de la Confederación Argentina. La proyección política del territorio incluía el reconocimiento de un pasado y un presente que los legisladores reivindicaban y formaba parte de los debates sobre la conformación del estado nacional y el lugar que Buenos Aires podría ocupar en él (Aramburo, 2019).

Sin embargo, a mediados del siglo XIX, el fomento hacia las municipalidades se mantuvo en una jurisdicción territorial del gobierno de Buenos Aires más acotada que la expresada en la Constitución, aunque igualmente amplia y con límites imprecisos.[7] El “Poder Ejecutivo” fue quien quedó, según la Ley de Municipalidades, a cargo “interinamente” de “la designación de los límites de cada Partido ó Municipio” y quien determinaría dónde se establecerían las municipalidades de campaña (artículo 58).[8]

La construcción del territorio a nivel operativo se reveló más descentrada del gobierno y la administración del Estado de Buenos Aires que lo especificado en la normativa. Desde 1852, los gobiernos que se sucedieron coincidieron en promover el “restablecimiento” del Departamento Topográfico, una institución formada en la década de 1820 y nuevamente valorada por los contemporáneos como “la más necesaria” y que buscaba instituirse como modelo para “la República” (Garavaglia y Gautreau, 2011; Canedo, 2013; D'Agostino, 2014). Hubo tres proyectos propuestos por las autoridades del Departamento que expresaron las prioridades de su agenda por esos años: elaboración de una nueva Carta Topográfica de la provincia, realización del plano de la ciudad de Buenos Aires y el “arreglo” de los pueblos de la campaña. Las propuestas pretendían materializar instrumentos útiles para las tareas del gobierno a nivel local de la ciudad capital y los pueblos, a la vez que buscaban una mejor apropiación simbólica del territorio en su conjunto por parte del estado (Pro Ruiz, 2011; Canedo, 2013).

La nueva Carta Topográfica sobre Buenos Aires se concretó recién en 1865. En ella se incorporó los límites de los partidos, divisiones internas en el territorio de la jurisdicción de Buenos Aires desde principios del siglo XVIII que habían pasado a estar a cargo de los jueces de paz en 1821 (Garavaglia, 1999; Gelman, 2000; Yangilevich, 2017, entre otros). En 1854, eran 50 los partidos establecidos, pero desde el Departamento Topográfico se expresaba la carencia de información precisa sobre los límites de las jurisdicciones locales. Con el aval del Valentín Alsina, ministro de gobierno por entonces, el Departamento Topográfico acudió al “conocimiento práctico” de los jueces de paz, quienes a su vez, convocaron a comisiones de vecinos para delimitarlos. El Departamento Topográfico y el gobierno habían impulsado la delimitación precisa de los partidos, pero los resultados fueron deudores en gran medida de las predisposiciones, los tiempos y las formas de elaboración de la información de los poderes locales. La provisionalidad en el establecimiento de los “Partidos o Municipios” expresada en la Ley de Municipalidades pareciera una manifestación de esta situación.

Unos meses después, al avalar como senador la Ley de Municipalidades, Alsina reconoció haber presentado un proyecto de “Municipalidades de partido o departamento”. Había propuesto al gobernador una nueva división territorial administrativa y el nombramiento en cada departamento de un “jefe político” o “civil” que fuese “agente inmediato y dependiente del Poder Ejecutivo, encargado y responsable de la tranquilidad de todo el departamento y único conducto entre los municipios y los poderes Ejecutivos y Judicial.”[9] No contamos con mayores detalles de la propuesta, pero Alsina pareciera referirse al sistema en el que el gobierno del pueblo o ciudad integra al ámbito rural en su propia jurisdicción y que fue el sistema que se consolidó en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, según expresaba el propio Alsina en 1854, el gobierno lo había juzgado no “adaptable en el día, por motivos de actualidad y de sosiego público”.[10]

Este tipo de ajuste de los límites o demarcaciones en la organización territorial previo a cambios en los gobiernos locales, se ha planteado en variados lugares y coyunturas (Morelli, 2007) El proceso estudiado para Buenos Aires expresaría un intento paulatino por tender a consolidar la centralidad de los partidos, acoplando a ellos las jurisdicciones electorales municipales en 1855 y las eclesiásticas como se enunciaría en la Carta Topográfica de la década siguiente. La conformación de los mismos resultó más lenta de lo proyectado y se desenvolvió en el marco de la persistencia de la pluralidad de derechos en terrenos de los pueblos y debates sobre la tierra pública (Canedo, 2015; Barcos, 2019).

2. Municipalidades sin parámetros de población

Durante el siglo XVIII, un progresivo aumento en la cantidad de comunidades territoriales locales tuvo lugar en las fronteras hispanoamericanas, e incluyó al litoral rioplatense en tanto parte de la frontera sur que articulaba al complejo portuario rioplatense con la Capitanía General de Chile (Hünefeldt, 2000). Dentro de la monarquía hispánica, el reconocimiento de un sitio, pueblo de españoles, pueblo de indios, villa o ciudad fue un proceso de consolidación o ampliación de potestades que se encontraba inmerso en entramados de poder en diferentes escalas. El reconocimiento por parte de la Corona, efectuado caso por caso, presuponía una solicitud que actualizaba el vínculo súbdito-soberano. La cantidad de población no fue un requisito en las consideraciones expresadas. No todas las comunidades alcanzaron las mismas prerrogativas: las potestades vinculadas con el autogobierno, es decir la posibilidad de elección de sus propias autoridades, estaban asociadas a villas, ciudades y pueblos de indios y fueron las más restringidas en el siglo XVIII (Rojas, 2002; Hespanha, 2005; Gayol, 2007).

En la jurisdicción del cabildo de Buenos Aires, los “pueblos de españoles” constituyeron un ramillete de unos treinta asentamientos que en los primeros años del siglo XIX no habían alcanzado la condición de villa, aunque algunos lo habían solicitado infructuosamente.[11] Asimismo, aunque en 1819 el pueblo de San Nicolás de los Arroyos fue reconocido como ciudad por la contribución de su población en enfrentamientos armados en la década de 1810, no llegó a modificar su forma de gobierno. La excepción en Buenos Aires, lo constituyó la temprana villa de Luján (1755) cuyo cabildo funcionó con enfrentamientos jurisdiccionales con el de Buenos Aires hasta que ambos fueron suprimidos en 1821 (Taranto, 2017).

A partir del siglo XIX, la población comenzó a ser un parámetro considerado con frecuencia por los gobiernos para la organización de las comunidades locales en Hispanoamérica.[12] Sin embargo, en Buenos Aires se continuó sin criterios mínimos o máximos de habitantes al implementarse las municipalidades de campaña en los pueblos y ciudades mientras estuvo vigente la Ley de Municipalidades de 1854.[13] Nos detendremos en algunas características propias de la población de Buenos Aires vinculadas con esta decisión.

a. La población en la campaña en la década de 1850

En la jurisdicción de Buenos Aires, la década de 1850 se destacó por ser la de mayor presencia relativa de población en el ámbito rural (65%), en relación con la de la populosa ciudad capital. Recordemos que desde su proceso de conformación hacia fines del siglo XVI, la ciudad-puerto de Buenos Aires se destacó por consolidar un grupo poblacional mayor que el resto de su jurisdicción o campaña. Los pobladores de la campaña superaron por primera vez a los de la ciudad hacia la década de 1820, como consecuencia del mayor ritmo de crecimiento producido fundamentalmente por los asentamientos de migrantes de zonas cercanas incrementado a fines del siglo XVIII (Garavaglia, 2009). La ciudad siguió siendo el gran polo de atracción poblacional y económico, pero el ritmo de su crecimiento superó al de la campaña recién durante la década de 1860, en parte por la influencia del aumento de la migrantes trasatlánticos (Mateo, 2012). Resulta así que, según las estimaciones de 1854/1855, el 65% de la población en la jurisdicción del gobierno de Buenos Aires se encontraba en zonas rurales (180.257 personas registradas), mientras en la ciudad fueron 92.709 habitantes. Tras la década de 1850, la población de la campaña continuó superando proporcionalmente a la de la ciudad durante el siglo XIX, aunque en forma paulatinamente menor.[14]

Asimismo, durante la década de 1850 la densidad poblacional en la campaña aumentó. Los avances territoriales de parcialidades indígenas en zonas de frontera que motivados por sus propias agencias, las dinámicas de confederación o fragmentación de los liderazgos indígenas, y el establecimiento de alianzas con diferentes grupos de la Confederación Argentina o del Estado de Buenos Aires, limitaron la superficie controlada por el gobierno de Buenos Aires durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas (de Jong, 2007 y 2009). En consecuencia, hacia 1854 la densidad poblacional de la campaña bajo jurisdicción del gobierno del Estado de Buenos Aires aumento a 1,97 hab/km2, casi duplicando a las anteriores estimaciones.[15]

El predominio de la población rural era una característica compartida entre las provincias a mediados del siglo XIX, y lo había sido en los siglos anteriores en la mayoría de las jurisdicciones. Sin embargo, el ritmo de crecimiento y la cantidad de pobladores en estos territorios de frontera otorgaban un rasgo particular a la jurisdicción de Buenos Aires, que junto con la dinámica propia de la militarización, potenciaban el desafío de gobernar la población de la campaña para las autoridades del Estado de Buenos Aires (Canciani, 2017; Garavaglia, 2015).

b. Heterogeneidad en los partidos de la campaña

La población de Buenos Aires presentaba una distribución heterogénea en la campaña. Si la consideramos por partido, en base a los recuentos poblacionales que junto con la información de los límites presentaron los jueces de paz en 1854, tenemos el siguiente panorama:

Cuadro 1. Distribución de la población de la campaña por partido. Buenos Aires, 1854

POBLACION	PARTIDOS	DENOMINACION
+ 9000	1	Villa Luján
8000-8999	2	Villa de Mercedes. San Nicolás de los Arroyos (ciudad)
7000-7999	2	San Isidro. Quilmes
6000-6999	2	Lobos. Chivilcoy
5000-5999	4	Azul. San José de Flores. Dolores. Pilar
4000-4999	7	Barracas al Sud. Cañuelas. Chascomús. Magdalena. Navarro. Pergamino. San Vicente
3000-3999	6	Monte. Veinticinco de Mayo. Ranchos. San Fernando. Morón. San Pedro
2000-2999	11	Arrecifes. Baradero. Ensenada. Exaltación de la Cruz. Fortín de Areco. Lobería. Matanza. Pila. Salto. San Antonio de Areco. Tandil
1000-1999	10	Ajó. Bragado. Las Flores. Patagones. Rojas. San Andrés de Giles. Tordillo. Tuyú. Vecino. Zárate
-1000	5	Bahía Blanca. Federación. Las Conchas. Saladillo. Tapalqué
Total	50

Fuente: Elaboración personal en base a recuentos poblaciones, REPBA, 1854, tablas varias

Para sintetizar el panorama de conjunto puede agruparse a los 50 partidos de 1854 en tres tercios aproximados: 18 partidos con más de 4000 pobladores (36% del total), 17 partidos entre 2000 y 3999 personas (34%) y 15 casos (30%) que tenían menos de 2000 personas (dentro de estos últimos 15 partidos solo 5 registraron menos de 1000 habitantes). La cantidad de pobladores por partido no fue un criterio incorporado en Buenos Aires para establecer una municipalidad según la Ley de 1854, pero de haberlo sido la restricción hubiese alcanzado a pocos partidos.

En cada agrupamiento por población, hay partidos con diferentes ubicaciones, dimensiones, procesos de conformación, orientaciones productivas y vinculaciones mercantiles. Se pueden describir algunas tendencias, aunque presentan excepciones. Por ejemplo, no resulta sorprendente que los partidos con menor población se encontraran en zonas de fronteras o que fueran de reciente conformación. Sin embargo, la baja población del partido ribereño de las Conchas o de San Andrés de Giles en la zona oeste de la campaña, ambos conformados en el siglo XVIII, matizan la afirmación. A su vez, presentan bastante población relativa Chivilcoy, pese a su recientemente conformación, o el partido de Azul que se encontraba en zona de frontera. Igualmente, esta distribución se modificó rápidamente en algunos partidos relativamente populosos cercanos a la ciudad de Buenos Aires: Quilmes y, luego, San Isidro fueron divididos para generar nuevas jurisdicciones a pedido de grupos de vecinos.

Una última observación, todavía abierta, se vincula con los tres partidos con mayor población en 1854 que presentaban algún tipo de distinción, aunque vinculadas a coyunturas diferentes: el atributo “villa” propio de antiguo régimen en Villa de Luján (1755), y en Villa Mercedes (1854), cuyo significado no nos resulta claro, aunque podría vincularse a la renovación buscada por el gobierno del Estado de Buenos Aires hacia este pueblo con manifiesta adhesión federal, que lo llevó a modificar su denominación, y San Nicolás de los Arroyos, había sido nombrado ciudad en 1819, un reconocimiento “patriótico” posrevolucionario (Marquiegui, 1990; Canedo, 2000; Barcos, 2013).

La no consideración de parámetros poblacionales para la implementación de las municipalidades de campaña llevó a que no se establecieran jerarquías políticas internas entre los pueblos (aún el que incorporaba villa a su nombre o era considerado ciudad). A la vez, propició una organización municipal con la misma cantidad de integrantes (cuatro municipales titulares y dos suplentes) presididos por el juez de paz. Al respecto, señalamos dos cuestiones que ameritan ser profundizadas. Por un lado, que para 1858, la legislatura habilitó la duplicación de municipales y suplentes para San Nicolás de los Arroyos, generando una organización interna inédita para la campaña. Por otro, que la cantidad de población siguió siendo considerada al momento de nombrar alcaldes y tenientes alcaldes que contribuían con las funciones de los jueces de paz (Barral y Fradkin, 2005). Los gobiernos municipales tendieron a mantener que el nombramiento anual que se realizaba de estos vecinos, que era potestad de la municipalidad, correspondiera a la propuesta de cada juez (Canedo, 2019a).

3. Pueblos para municipalidades

Desde mediados del siglo XVIII, los pueblos en la jurisdicción de Buenos Aires fueron incrementando su número en forma paulatina, sin responder a políticas de fundación como sucedió en jurisdicciones cercanas en algunas coyunturas.[16] Algunos fueron impulsados por vecinos destacados del lugar, otros se conformaron de manera espontánea por ocupantes en tierra realenga, varios estuvieron asociados a la dinámica comercial fluvial o terrestre, y algunos pocos tuvieron la promoción de un virrey. Como hemos señalado, otro fue el camino transitado por los dos pueblos de indios que tras varias disputas por las características de la población, el terreno y la jurisdicción de sus autoridades pasaron a ser considerados pueblos de españoles a principios del siglo XIX (De Paula y Gutiérrez, 1999; Barral y Fradkin, 2005; Canedo, 2016).

Al debatir como senador la Ley de Municipalidades, Valentín Alsina expresaba limitaciones generales del proyecto: “población corta, dispersada en desiertos y régimen municipal, eso es una especie de contrasentido. Este régimen requiere necesariamente y presupone la existencia de masas de familias más o menos fijas, más o menos agrupadas en pequeñas superficies”.[17] La oratoria del político finalizaría fomentando la aprobación del proyecto y valorando la importancia de contar con municipalidades, pero la presencia de un pueblo o una población relativamente concentrada, fue una condición ineludible para la implementación de las municipalidades de campaña.[18]

En febrero de 1855, siendo Alsina ministro de gobierno, se convocó a las primeras elecciones de municipales y por decreto se consideraron tres posibles situaciones: donde hubiera un “pueblo”, las municipalidades se instalarían; en los partidos donde no lo hubiese, seguirían funcionando -o se formarían- las “comisiones municipales”; una tercera alternativa consistía en que los municipales electos se prestaran a “una residencia común”, experiencia que no se emprendió.[19]

Las comisiones municipales fueron formas transitorias de gobierno local promovidas por el gobierno a principios de 1854. Cada juez de paz fue el encargado de conformar “una Comisión encargada de atender a todas las necesidades del Partido” eligiendo “cinco o más habitantes del Partido, incluyendo dos extranjeros”, que debían ser avalados por el gobierno. La propuesta de las comisiones antecedió unos meses a la sanción de la Constitución del Estado de Buenos Aires y la Ley de Municipalidades, y se consideró una manera de ir preparando “los elementos indispensables, para la pronta y fácil ejecución de la ley”.[20]

Las comisiones fueron instrumentadas en distintos partidos y duraron más de lo originariamente previsto: por lo menos dos años en los casos en que dieron paso a las municipalidades en 1856 y bastante más en los partidos en que no había pueblo, se encontraban en zona de frontera o donde surgieron dificultades políticas para el gobierno. Un ejemplo de buen funcionamiento institucional alcanzado por estas comisiones es el de San Nicolás de los Arroyos, ciudad populosa, como hemos señalado, ubicada en el extremo norte del Estado. Las actas de la misma permiten apreciar el cumplimiento del objetivo propuesta y cierta continuidad con la implementación de la municipalidad en dinámica e integrantes. En el otro extremo, el juez de paz de Vecino, partido poco poblado y ubicado en la frontera, argumentaba en 1855 que “los individuos que pudieran desempeñar” los cargos de “la benéfica institución de la municipalidad” eran contados en el partido y permanecían “en él corto tiempo que los tienen sus negocios”. Esta situación había empeorado con la “invasión de indios”, pero creía “que dejando pasar un poco de tiempo, el vecindario volvería al Partido en pos de la confianza que ciertamente inspira nuestro respetable Ejército de Operaciones en la frontera, sería entonces oportuno preceder a reconstruir la Comisión Municipal”. Alsina calificará de “poderosos” los motivos señalados y solicitaba al juez de paz que instruyera “al Gobierno cuando considera haber llegado tal oportunidad.”[21]

Las amplias atribuciones asignadas a las comisiones municipales y la organización interna de sus integrantes llevaron en algunos casos, como señalamos, a que se asemejaran a las de las municipalidades de campaña. Sin embargo, la centralidad que tuvo en ellas el juez de paz, y por su intermedio el gobierno, las diferenció de la legitimidad y representación buscada para los municipales elegidos por los vecinos.[22]

Para mediados del siglo XIX, la conformación de los pueblos en Buenos Aires dependía de múltiples variables. En La Matanza, un partido relativamente cercano a la ciudad de Buenos Aires y de poblamiento temprano, la ausencia de pueblo resultó una dificultad en el sentido expresado por Alsina (Contente, 2015). Si bien se estimaban 2444 personas en el partido en 1854, al realizarse las primeras elecciones municipales la falta de agrupamiento poblacional se puso en evidencia.

En las primeras elecciones de 1855, Joaquín Mardariaz, uno de los vecinos elegido como municipal, se excusó por no poder desempeñar “funciones tan vitales para la Patria y la moral del Distrito” que los “vecinos del Partido tuvieron a bien honrarlo con su voto”. Con anterioridad, “deseoso de ser útil”, había aceptado el nombramiento propuesto por el juez de paz saliente para ser miembro de la Comisión Municipal provisoria hasta las elecciones. Sin embargo, argumentaba que “nuevos arreglos económicos” en la chacra que tenía con sus hermanos lo obligaban a residir en la capital. Igualmente, manifestaba que estaría dispuesto a prestar los servicios que se le exigieran,

cuando se tratare de llevar a efecto la idea progresista de formar un centro de población en el partido referido. Entretanto, no descubro el objeto de la institución municipal ni considero útil una corporación cuyos deberes no están deslindados y cuya permanencia no puede más que ser inerte, desde como ya he dicho falta un centro de población[23]

La limitación parece haber sido compartida, ya que en mayo de 1857 el juez de paz de La Matanza manifestaba al gobierno no tener información para presentar el presupuesto local, por haberse “instalado recién la Municipalidad en este Partido”.[24]

4. Municipales electos por los vecinos

La implementación del régimen municipal constituyó una cuestión central en la organización interna del Estado de Buenos Aires que, ante las elecciones municipales movilizó a diferentes sectores sociales y políticos. Cada municipalidad de campaña incluía al juez de paz como presidente, nombrado anualmente por el gobierno a partir de una terna, y a cuatro municipales y dos suplentes elegidos en forma directa por los vecinos de cada partido que duraban dos años en sus funciones.[25] Las nuevas formas de gobierno local lograron legitimidad a través de las elecciones de los municipales, como venía sucediendo en la mayoría de los cargos desde las décadas posrevolucionarias (Ternavasio, 2002 y 2004; Garavaglia, 2005; Sábato, 2014; Galimberti, 2018; Canedo, 2019b; González Lopardo, 2019). A partir de su establecimiento, las municipalidades con su carácter corporativo pasaron a ser quienes presentaban al gobierno las ternas para la designación del siguiente juez de paz, siguiendo la normativa vigente.[26] La terna se elaboraba por la pluralidad de votos de los cuatro municipales y el juez de paz el último domingo de octubre, como las Actas de sesiones de las municipalidades muestran (Canedo, 2019a).

En 1855, las primeras elecciones de municipales fueron convocadas en simultáneo para toda la campaña, pero aprobadas por etapas.[27] Primero, lo fueron 38 de las elecciones realizadas en marzo, que aumentaron a 43 con las aprobadas de mayo, tras una nueva realización para los casos pendientes. Como hemos analizado en otra ocasión, los resultados incluyeron tensiones y conflictos socio-políticos puestos de manifiestos en algunos pueblos a partir de una variedad de prácticas políticas (Canedo, 2019b). También, evidenciaron estrategias de los jueces de paz y otras autoridades del gobierno del Estado de Buenos Aires para orientar el “resultado de esta elección que debe ser completamente de hombres nuestros” expresión que el juez de paz del partido de Cañuelas manifestaba haber tenido “el honor de oír de boca del Gobierno”.[28] En estos últimos casos, la detección de hombres y listas que habían tenido una participación política en el gobierno anterior de Juan Manuel de Rosas o se los consideraba adherentes a grupos federales llevó a suprimir actos electorales y a anular otros. No se realizaron nuevas elecciones entre mayo y diciembre de 1855, en un contexto de conflictos o amenazas de avances de algunas parcialidades indígenas, a la vez que de grupos federales exiliados, en el marco de discusiones y enfrentamientos con la Confederación Argentina (Scobie, 1964). A mediados de diciembre se realizaron las votaciones que habían quedado pendientes: aquellos partidos con elecciones “seriamente reclamadas y protestadas” (es decir, con claras adhesiones y manifestaciones federales, como San Antonio de Areco y Villa de Mercedes). También, se programaron las de partidos ubicados en zonas de frontera, como Bahía Blanca y Carmen de Patagones, y las elecciones parciales para cubrir las renuncias de algunos vecinos electos.[29]

Ante el pedido de ratificación de todas las elecciones para municipales realizadas durante el año 1855, Alsina hizo hincapié a los jueces de paz sobre la aceptación de excusaciones solo con “motivos legales y justificados”. Es más, en una notificación al juez del partido de Ensenada, el ministro de gobierno observaba:

Que por regla general, si el Gobierno admitiese excusaciones fundadas en la incapacidad de los electos; en falta de salud, en proyectos de ausencia, en perjuicios que traigan a los electos el ejercicio del cargo, en no residir estos en pueblos, y en otras causas análogas que el Gobierno observa con extrañeza se están alegando en varios Partidos, resultaría que es totalmente imposible que haya municipalidades en la Campaña…[30]

Los argumentos esgrimidos por los municipales electos eran similares a los expresados por algunos vecinos al ser nombrados jueces de paz por esos años y en décadas anteriores, y con anterioridad por los Alcaldes de la Santa Hermandad. Sin embargo, Alsina subrayaba que de darse esa situación “no haría honor a las virtudes cívicas de sus vecinos, que sería tanto más sorprendente, cuanto que se ha asegurado siempre que la Campaña deseaba vivamente tenerla”. Señalaba que la Ley de Municipalidades había permitido el acceso a ese “deseo” y puesto “en manos de los vecinos de cada Partido, el cuidado y manejo de sus intereses”. Estas elecciones de municipales constituían las primeras experiencias generales de elección de autoridades locales por parte de los vecinos de la campaña.

Alsina finalizaba enfatizando que resultaba “más notable esa indiferencia o retraimiento de los electos a prestar un servicio que no es a favor del Gobierno ni de nadie, sino única y exclusivamente a favor del Partido y por consiguiente a favor de los intereses particulares de los mismos electos”. La intervención del gobierno en las disputas electorales puede matizar esa afirmación, pero el argumento buscaba que cada juez de paz apelara al “patriotismo” para que no quedaran “burladas las justas esperanzas del Partido al elegirlos”.[31]

En este sentido, una práctica recurrente fue que los vecinos votados, aceptaran o se excusaran, agradecían a los restantes, y expresaban en términos de “patria” o “país”, un compromiso territorializado o de comunidad local que se sostenía a través del tiempo. Así, Pedro Funes desde Fortín de Areco aceptaba el cargo en diciembre de 1855 en base a que “siempre me han acompañado los sentimientos de ser útil al País donde vivo, y tengo mi familia, y son los mismos que hoy poseo”.[32] En la primera experiencia de elecciones municipales en su conjunto fueron unos 270 vecinos de la campaña los que terminar aceptando el cargo de municipal (no rentado) para el que habían sido elegidos.

La elección de los municipales que componían el cuerpo colegiado de las municipalidades de campaña por parte de los vecinos fue una condición para el funcionamiento de los gobiernos municipales. El gobierno, tanto como los grupos disidentes, concentraron en estas prácticas políticas esfuerzos para lograr que la composición resultante fuese afín a sus intereses. Si bien en un debate legislativo a mediados de 1855 se consideró la posibilidad de que fuese el gobierno (en el sentido de poder ejecutivo) quien nombrara a los integrantes de las primeras municipalidades, en vez de efectuar elecciones directas, la postura fue rechazada en la sesión.[33]

Las municipalidades buscaron ser implementadas en todo el territorio de manera simultánea, aunque quedaban pendientes algunas elecciones que no lograron realizarse y se sumaron aquellas convocatorias parciales que completaban los elencos municipales ante excusaciones aceptadas.[34] No fue una única fecha -la estipulada del 27 de enero- pero aún entre nuevos enfrentamientos ante los avances de los federales exiliados, en los primeros meses de 1856 se implementaron gran parte de las municipalidades de campaña y en abril, la de la ciudad capital.

Los resultados de las elecciones y los movimientos políticos en torno a ellos también expresaron una territorialidad para la implementación de las municipalidades. Esta estaba vinculada con el control –todavía en disputa con las parcialidades indígenas y grupos de federales- de quienes gobernaban el gobierno del Estado de Buenos Aires en el marco de debates y enfrentamientos por la construcción del estado nacional. Los partidos ubicados en zonas de frontera y aquellos en los que la adhesión al gobierno parecía no haber sido predominante (en algunas oportunidades, los casos se superponían), tuvieron oportunos retrasos o importantes postergaciones para el cambio de forma de gobierno. Mientras tanto en las zonas de frontera los jueces de paz instrumentaron las comisiones municipales, eligiendo ellos los vecinos que lo acompañarían; en algunas zonas conflictivas, se buscó el momento más oportuno para realizar las elecciones pendientes y conformar las municipalidades de campaña.[35]

Conclusiones

Al considerar la implementación de las municipalidades de campaña como proyecto del Estado de Buenos Aires, hemos podido señalar características del mismo, a la vez que conocer políticas del nuevo estado proclamado soberano eclipsadas ante la coyuntura de múltiples enfrentamientos y debates. En este sentido, la perspectiva facilitó la apreciación de modalidades y limitaciones para concretar el proyecto, aun en un contexto de enfrentamientos con parcialidades indígenas y con la Confederación Argentina y exiliados federales en torno a la organización del estado nacional y el lugar de Buenos Aires en él.

La extensión del proyecto fue una de sus características distintivas de la implementación de las municipalidades pese a la coyuntura de debates y tensiones sobre el territorio en el Estado de Buenos Aires, vinculada a su proyección política, la situación de las fronteras, el ordenamiento territorial y la tierra pública. El aprovechamiento de la organización existente fue importante para esta ambiciosa territorialidad: se contaba con partidos conformados, pueblos que ya existían, y jueces de paz designados por las autoridades del gobierno para impulsar las elecciones y la implementación del nuevo gobierno en cada lugar. Aunque, al mismo tiempo, se hicieron evidente ciertas restricciones: los límites jurisdiccionales de los partidos estaban en proceso de demarcación por parte de las autoridades locales, no había pueblos en todos los partidos y los que había tenían trayectorias socio-institucionales diversas con muy escasas experiencias de elección directa de sus autoridades locales. Los jueces de paz pasaron a ser elegidos a partir de una terna propuesta por los integrantes de cada municipalidad. Esta última situación fue relativizada al otorgarle un carácter optativo para el gobierno a partir de 1858.

La ausencia de parámetros poblacionales para la instalación de las municipalidades también se puede relacionar con la extensión del proyecto. Durante la década de 1850, la población en la campaña se incrementó de tal manera que llegó a constituir el 65% del Estado de Buenos Aires, que, en un territorio limitado por los avances de las parcialidades indígenas, aumentó la densidad poblacional. Estas situaciones complejizaban el desafío perenne de gobernar la campaña.

Si bien la población fue una variable frecuente de ordenamiento territorial durante el siglo XIX, no hubo mínimos establecidos en Buenos Aires. Pese a la heterogeneidad poblacional en los partidos, pareciera que tampoco hubiese tenido demasiado sentido establecer parámetros: el 70% de los 50 partidos de 1854 tenía más de 2000 personas, y 90% más de 1000. Tampoco se señaló un límite para los electores, aun en las elecciones parciales ante la renuncia de algún municipal, cuando más bajaba la cantidad de concurrentes. Por otro lado, en estos primeros años no se planteó una organización o cantidad de municipales diferente según la población de cada partido, situación que se generó en 1858 para el caso de San Nicolás de los Arroyos.

A diferencia del siglo XVIII, en que se diferenciaba entre pueblo de indios, pueblo de españoles, villas o ciudades en relación a las prerrogativas de cada organización, la categoría pueblo utilizada en la normativa de mediados del siglo XIX, pareciera presentarse más abarcadora e incluir a la populosa ciudad de San Nicolás de los Arroyos, las denominadas villas de Luján y de Mercedes, tanto como los pequeños o recientes asentamientos poblacionales. Podría pensarse que esta tendencia se sustentó en la homogeneidad de funciones y derechos estipulados para las municipalidades en los pueblos.

La relativa simultaneidad de la implementación de las municipalidades fue otra característica del proyecto. Si bien hubo una fecha establecida por el gobierno para la instalación de las municipalidades de campaña -27 de enero de 1856- que tuvo unos meses de variaciones según los casos, fueron las elecciones las que otorgaron esa característica. A la vez, las elecciones también condicionaron el establecimiento de los nuevos gobiernos locales. El proceso electoral otorgó un rasgo distintivo a los gobiernos municipales en esta etapa de conformación republicana, ya que con la excepción temprana de una villa y las experiencias acotadas de los dos pueblos de indios, prácticamente se pasó de pueblos que tuvieron restringida la potestad de elegir a sus propios gobernantes locales a la elección de los cuatro municipales y dos suplentes que se renovaban anualmente por mitades. Aún con ciertos ajustes ante coyunturas de enfrentamientos, esta práctica sostuvo cierta simultaneidad en el proceso de implementación y renovación de los municipales.

Asimismo, esta forma de elección de los integrantes de las municipalidades generó también una territorialidad específica vinculada con la forma de gobierno local. En esta se diferenciaba entre partidos con municipalidades de campaña con sus integrantes votados por los vecinos y con la prerrogativa de presentar la terna al gobierno para la elección del juez de paz, y las comisiones municipales en los partidos de frontera o con situaciones conflictivas cuyos integrantes eran elegidos por los jueces de paz que nombraba el gobierno. A este panorama de gobiernos locales, se le agrega la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires con una dinámica institucional propia. Este último rasgo de la implementación de las municipalidades, sí implicó modificaciones que las precedieron y en las que el gobierno y distintos grupos de vecinos parecieran haber focalizado sus intereses.

Una vez que las municipalidades comenzaron a funcionar fueron estableciendo relaciones institucionales fluidas, no carentes de conflictos, con el gobierno. También, se formularon distintas modificaciones relacionadas con los gobiernos locales que tuvieron variado éxito, poniendo de manifiesto el papel activo de los elencos municipales, las comunidades locales y algunas redes políticas de mayor alcance, cuyos impactos se encuentran pendientes de mayores análisis. De alguna manera, Valentín Alsina, cuya incidencia en el proceso de implementación de las municipalidades fue indudable, había sintetizado lo que parecía el objetivo del gobierno en estos primeros años de estado soberano: “Por ahora, lo importante es tener Municipalidades”.[36]

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Recepción: 20/02/2020

Evaluado: 21/04/2020

Versión Final: 08/05/2020

(*) Investigadora Independiente (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Profesora Titular Historia Americana (colonial) y Directora del Grupo de Investigación en Historia Rural Rioplatense (Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata). Argentina. E-mail: mcanedo@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8368-7909

(**) Agradezco los comentarios de las y/o los evaluadores/as anónimos.

[1] La excepción más notable correspondió a la pujante villa de Rosario (provincia de Santa Fe), convertida en puerto de la Confederación en la década de 1850, cuya municipalidad comenzó a funcionar antes que la de la capital de la provincia (Barriera, 2010; De los Ríos, 2017). Entre las primeras experiencias o intentos de implementación de municipalidades rurales puede consultarse el caso de Corrientes (Buckbinder, 2010), Mendosa (Sanjurjo, 2004), Santa Fe (De los Rios, 2013), además de trabajos del presente dossier.

[2] Hay distintos ejemplos de la variedad de gobiernos locales que coexistieron en los siglos XVIII y XIX (Boixadós y Staricco, 2017; Canedo, 2016; Tell, 2019, entre otros). Para otras zonas de Hispanoamérica destacamos las “rochelas”, los “sitios de libres de todos colores”, o los pueblos de afrodescendientes (Sánchez Mejía, 2015; Morelli, 2015, entre otros).

[3] No es el objetivo del trabajo detenernos sobre la incidencia de los enfrentamientos y la militarización en estos años de un fenómeno con características estructurantes en el Río de la Plata. Algunas contribuciones sobre este complejo tema (Rabinovich, 2012; Garavaglia, 2015; Canciani, 2017, Barcos, 2017, entre otros).

[4] Las municipalidades en el Estado de Buenos Aires han sido abordadas desde la normativa y las discusiones en las Cámaras Legislativas (Heras, 1949; Aramburo, 2015; Canedo, 2018b); a partir de la incidencia de sus presupuestos (Garavaglia, 2015; Canedo, 2018a), cuestiones vinculadas con la implementación de las municipalidades de campaña como las elecciones de 1855 o las relaciones entre jueces de paz y municipales electos en los primeros años (Canedo, 2019a y b) y una primera caracterización de los elencos municipales (Paredes, 1995) También, hay aportes complementarios de estudios de caso (Garavaglia, 2009; Birocco, 2009; Salaberry, 2009; González Lopardo, 2019, entre otros).

[5] Sobre la gobernabilidad, la justicia, el bandolerismo, la política en el ámbito rural de Buenos Aires existe una prolífera producción desde la historia política y la llamada “nueva historia del derecho” (Bechis, 1998; Garavaglia, 1999; Gelman, 2000; Salvatore, 2018; Fradkin, 2014; Míguez, 2010; Yanguilevich, 2107, entre otros).

[6] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados del Estado de Buenos Aires (en adelante Diputados), Actas de la sesiones 23 de abril de 1854, Buenos Aires, Imprenta Americana, 1855.

[7] Los cambios políticos y económicos en la primera mitad del siglo XIX en la jurisdicción de Buenos Aires descentraron el peso que el territorio tenía en torno al Río de la Plata y al norte de la jurisdicción, ambos vinculados con la dinámica minera e incorporaron expansiones y retrocesos hacia el oeste y el sur agrario de la campaña, en disputa y acuerdos con las parcialidades indígenas.

[8] En la actualidad, las constituciones provinciales no suelen ser precisas en relación a los límites y ubicaciones territoriales, pero a diferencia de lo señalado para 1854 suelen delegar a los poderes legislativos la definición de estos temas.

[9] Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del Estado de Buenos Aires (en adelante, Senadores), Actas de la sesiones 7 de octubre de 1854, Buenos Aires, Imprenta Americana, 1855, p. 434.

[10] Senadores, p. 434 Hemos señalado en otra oportunidad que el alcance jurisdiccional de varias municipalidades pareciera estar vinculado en la práctica fundamentalmente con el pueblo durante los primeros años de funcionamientos, mientras que en la figura del juez de paz se desplegaba el alcance mayor del partido (Canedo, 2019a).

[11] Formados en el siglo XVII, los pueblos de indios de Santa Cruz de los Quilmes y Santiago de Baradero fueron convertidos en pueblos de españoles a principios del siglo XIX, tras cuestionamientos hacia sus prerrogativas de gobierno, justicia y territorio (Santilli, 2012; Canedo y González, 2019). En ellos tampoco se había podido sostener la elección de sus propios gobernantes “indios” como representantes de la comunidad pese a litigar por dicha prerrogativa, como sucedió en pueblos de indios de otras jurisdicciones.

[12] Igualmente, las Ordenanzas de Intendentes (1782) hacen referencias a “villas populosas de españoles” y “Poblaciones grandes de Españoles” para especificar la organización de las mismas. Posiblemente, sean las consideraciones estipuladas en la “Constitución Política de la Monarquía Española” (1812) las que más han sido valoradas por la historiografía al señalar que habría ayuntamiento en los pueblos que por sí o con su comarca llegaran a mil habitantes y en “los pueblos que no le tengan, y en que convenga que haya” (Salinas, 1996; Annino, 1995).

[13] La ley de Municipalidades de 1854 (núm. 35) estuvo vigente por varias décadas. Tuvo modificaciones puntuales ya durante el Estado de Buenos Aires. En 1865 se aprobó una ley específica para la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires (no. 467), pero la sección correspondiente a la campaña continuó en uso. En el proyecto de ley de municipalidades de 1876, se elaboró una propuesta para el régimen municipal de la provincia de Buenos Aires (la ciudad y “las demás municipalidades”) que terminó siendo vetado. Fue con la ley de las municipalidades en 1886, cuando se dejó de considerarse la de 1854 para la campaña, treinta años después del comienzo de su implementación (Recalde, 2009).

[14] En los recuentos poblacionales se estima que los habitantes en la campaña habrían conformado el 45% de la población de la jurisdicción de Buenos Aires (campaña y ciudad) en 1815, 48.5% en 1838, 66% en 1854/1855, y disminuido en la incidencia en 1869 con 62%, 60% en 1881, 58% en 1895 y 56.7% en 1914 (Mateo, 2012, p. 82).

[15] Esa densidad también superó a las estimaciones posteriores. Como resultado del aumento de población pero también de una mayor expansión territorial hacia el sur y el oeste, se ha calculado 1.64 habitante por km2 en 1881 (Mateo, 2012, p. 81).

[16] Entre algunos ejemplos posibles, se encuentran los impulsos de gobernadores en Chile en la década de 1740 y hacia 1780, o la política de fundación entablada por el Marqués de Sobremonte como intendente gobernador de Córdoba en zona de frontera (Urbina Burgos y Lorenzo, 1978; Rustán, 2015, entre otros). Para fines del siglo XVIII se estiman unos treinta pueblos en Buenos Aires, y más de cuarenta en las primeras décadas del siglo XIX. No se limitaba la existencia de más de un pueblo por partido, pero la tendencia fue que cuando un nuevo pueblo se consolidaba, pedía la separación y conformar una nueva jurisdicción territorial. Un ejemplo lo constituyen Belgrano y San Martín en el partido de San Isidro hacia fines de la década de 1850. Actas Municipales de San Isidro, tomo 1, sesiones varias.

[18] Contamos con pocas estimaciones de la población en los pueblos. El Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires (en adelante, REPBA) presentó entre sus cuadros una estimación de la población en los “pueblos” (93.134 personas, 18% del total registrado), limitada por faltar información de varios casos. Allí se aclaraba que bajo la denominación de población “urbana” se incluía “casi siempre la de los suburbios de los pueblos, que a veces comprenden pequeñas granjas inmediatas.” (REPBA, p. 89). También se ponía de manifiesto la presencia de población “militar o de frontera” y discrimina la “población fluvial” (REPBA, Tabla 10, pp. 76-79).

[19] Decreto del 22 de noviembre de 1855, Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires, (en adelante, ROGBA) pp. 137-146.

[20] Archivo Histórico de San Nicolás de los Arroyos, Actas de Acuerdos de la Comisión Municipal, 1852-1854 y Acuerdos del Cuerpo Municipal (en adelante, Actas San Nicolás), tomo 1, folios 1-3.

[21] Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Archivo del ministro de gobierno del Estado de Buenos Aires (en adelante MGEBA), Sala X, 28-10-5, 13069.

[22] El funcionamiento de las comisiones fue dispar en la práctica, dependiendo del fomento del juez de paz y la situación del partido (Canedo, 2018b). Las funciones de las comisiones, en Actas San Nicolás, tomo 1.

[25] En Buenos Aires no hubo un presidente o integrante “nato” en las municipalidades de campaña, como sucedió en otros lugares con el cura, comandante o médico del lugar. Cuando el cura o, en menor medida, un vecino con grado militar integró el cuerpo municipal, lo hizo a partir de ser votado en tanto vecino del lugar. (Actas San Isidro, tomo I, 1856) En otro sentido, el ministro de gobierno se constituyó a partir de la ley de 1854 en presidente nato de la municipalidad de la ciudad capital.

[26] En septiembre de 1858, se modificó en la Ley de Municipalidades la sujeción del gobierno a las ternas. Según señalaba el senador Portela Portela –ex ministro de gobierno y propulsor de las comisiones municipales a principios de 1854- las ternas a veces no generaban “toda la confianza que el Gobierno deber tener en un Juez de Paz” (ROBA, 1858, p. 84).

[27] Los decretos de las convocatorias realizadas por el gobierno no son precisos sobre la cantidad de casos que querían abarcar (se hace referencia a “la frontera”). Calculamos, en principio, la existencia de 50 partidos en 1854 aunque, como se expresó, el número fue en aumento. ROGBA, 22/11/1855, pp. 139-146.

[34] Estas elecciones “parciales” se producían en cualquier momento del año producto de las renuncias que iban surgiendo en cada municipalidad. Una vez que se avisaba al gobierno de la renuncia, la nueva convocatoria se realizaba a la semana o los quince días, con mucha menor concurrencia de votantes que a las elecciones anuales de renovación por mitades de los elencos municipales estipuladas en forma regular para el primer domingo de noviembre.

[35] En este sentido el caso del partido de Tandil resulta interesante para profundizar. Allí, el juez de paz designó a los integrantes de la comisión municipal en 1855, pese a haberse realizado la elección de municipales y sin convocar a los votados. En nota al gobierno, fundamentó la decisión en la “desolación” en que había quedado el pueblo por el reciente malón indígena y la premura necesaria en esa coyuntura (Bjerg, 2004).