Gestión vecinal contra la pretensión industrial. Comisiones de Higiene y
Fomento en una localidad azucarera de Tucumán, Santa Ana durante las primeras
décadas del siglo XX
Ignacio Sánchez(*)
Resumen
El artículo estudia las comisiones vecinales con funciones municipales en
una localidad de Tucumán desarrollada al influjo de la producción azucarera. A
inicios del siglo XX los asuntos municipales en la mayoría de los pueblos del
interior de la provincia fueron encargados a las Comisiones de Higiene y
Fomento designadas por el gobernador, ya que no se reconocieron municipalidades
si no excepcionalmente. En las inmediaciones de la villa Santa Ana, ubicada en
el sur de provincia, se construyó a fines del siglo XIX uno de los ingenios
azucareros más grandes de Argentina. Los vecinos de esa localidad impulsaron el
rol de la villa como centro cívico y comercial cabecera del distrito, pero las
pretensiones del industrial de autoabastecer de materia prima su fábrica, avanzando
sobre la propiedad agraria, tendieron a desconsiderar la legitimidad del
espacio cívico. En ese contexto, la Comisión de Higiene y Fomento de Santa Ana
canalizó parte de las demandas vecinales frente a la avasallante presencia del
ingenio, hasta que la designación de comisionados afines a la empresa azucarera
conflictuó su funcionamiento y debilitó la posición de la villa. Aun en esas
condiciones el órgano de gestión local consiguió el apoyo estatal para
resguardar el ámbito vecinal en el territorio.
Palabras
clave: Comisiones vecinales; Funciones municipales; Industria azucarera;
Tucumán; Historia Local.
Neighborhood
management against the industrial pretence. Hygiene and Development Commissions in a sugar town of
Abstract
The article studies neighborhood commissions with
municipal functions in a town in Tucumán developed to the influence of sugar
production. At the beginning of the 20th century, municipal affairs in most of
the interior towns of the province were commissioned to the Hygiene and
Development Commissions appointed by the governor, since municipal were
not recognized if not exceptionally. In the vicinity of the village
Keywords:
Neighborhood
Commissions; Municipal
functions; Sugar
industry; Tucumán; Local History.
Gestión
vecinal contra la pretensión industrial. Comisiones de Higiene y Fomento en una
localidad azucarera de Tucumán, Santa Ana durante las primeras décadas del
siglo XX
Introducción
En Tucumán la sanción de un régimen municipal en la
segunda mitad del siglo XIX no conllevó la creación de tales órganos de
gobierno en la campaña sino excepcionalmente. En lugar de ello, se les asignó a
los comisarios atribuciones municipales, y en algunas villas fueron secundados
por vecinos para la conformación de comisiones encargadas de realizar tareas de
higiene y caminos públicos. A inicios del siglo XX el gobierno provincial
reafirmó el modelo de gestión vecinal de asuntos municipales al crear las
Comisiones de Higiene y Fomento que dieron plena incumbencia a los vecinos en
su composición sin requerir de la autoridad policial. Bajo esa figura
institucional el Ejecutivo conservó su prerrogativa en las designaciones del
personal a cargo de las funciones municipales sin reconocer instancias de
autogobierno en los distritos de campaña. De manera que se limitó la
independencia del poder local, concentrando instancias de decisión clave que
evidenciaron la reticencia a descentralizar el poder. El ejercicio de la
política local en los pueblos de campaña quedó estrechamente enlazado a los
avatares del gobierno provincial pero con articulaciones propias definidas por
los actores en el territorio.
En este artículo nos proponemos analizar la conformación
y el desempeño de las comisiones vecinales con funciones municipales a partir
del estudio de un caso emblemático entre las localidades signadas por la
especialización azucarera de la provincia, el pueblo de Santa Ana. Allí se
construyó uno de los ingenios más grande del país que proyectó a su fundador
como afortunado industrial azucarero. Sostenemos como hipótesis que el
funcionamiento de las Comisiones de Higiene y Fomento fortaleció la posición
del ámbito vecinal en la distribución del poder local, pero la creciente
injerencia en estos órganos de personalidades vinculadas al ingenio eclipsó su
desenvolvimiento autónomo. En ese sentido, consideramos que la relevancia de la
dinámica económica de la industria incidió en la imposibilidad de alcanzar
posteriormente el estatuto de municipalidad para la localidad como lo
consiguieron otras villas del departamento. Adoptamos como enfoque para
desarrollar este estudio la perspectiva propuesta como renovación de la
historia local, que concibe la localidad como una construcción social y
cultural de los actores sociales, relacionada a las jurisdicciones en que estos
se definen y son definidos (Torre, 2018; p. 57). Se considera la configuración
particular del espacio local como resultante de la convergencia de
solidaridades pero también de las disputas que diagramaron el territorio.
En un primer apartado se caracterizan las transformaciones
institucionales de la provincia en lo que respecta al orden municipal y los
órganos encargados de esas funciones en los pueblos de campaña. Se alude a la
participación vecinal en la promoción del pueblo de Santa Ana como villa cívica
y la continuidad de esa iniciativa en momentos en que comenzó a funcionar el
ingenio homónimo a fines del siglo XIX. En segunda instancia se reconstruyen
trazos de la trayectoria del fundador del ingenio a fin de dar cuenta de las
pretensiones de su proyecto industrial. En tercer orden se estudia la
composición de las primeras comisiones vecinales y su desempeño, intentando
reconocer quiénes formaron parte de ellas, y cuáles fueron sus dificultades.
Finalmente se aborda la conflictividad creciente en el funcionamiento de esos
órganos de gestión local dada las pretensiones del ingenio de subsumir la
iniciativa vecinal.
Asuntos municipales en la campaña tucumana. La villa Santa
Ana a fines del siglo XIX
A pesar de haber adherido al mandato de la
Constitución Nacional de 1853 en relación al régimen municipal, Tucumán
promulgó tardíamente su ley municipal. Las primeras propuestas se presentaron
en la legislatura en 1858, siendo sancionada recién en 1867 (Cordeiro y
Dalmiro; 1916, vol. III, 1862-1867, pp. 449-463). El proyecto original
reconocía en cada departamento un municipio pero la ley finalmente aprobada
estableció su erección únicamente en la Capital, requiriendo para los
posteriores reconocimientos una concentración poblacional superior a los 2.000
habitantes en dos leguas. En esa condición alcanzó el estatus de municipalidad
la ciudad de Monteros. También se reconoció a Famaillá como municipio con
centro en La Quebrada de Lules, pero esta jurisdicción no contó con autoridades
municipales sino durante algunos meses de 1887 (Sánchez Loria y Del Moral; 1918,
vol. XII, 1886-1887, p. 303). De manera que, a diferencia de regiones como la
campaña bonaerense (Canedo, 2019), la legislación no tuvo gran relevancia en la
mayoría de los pueblos del interior de Tucumán hasta la segunda mitad del siglo
XX.
Durante el gobierno de Lídoro Quinteros, surgido de
la revolución de 1887, se asignó funciones municipales a los comisarios de
campaña, siendo encargados de otorgar los permisos para edificar en las villas,
regular los caminos, cobrar impuestos y realizar el control de pesas y medidas
(Sánchez Loria y Del Moral, 1918, vol. XIV, 1889-1890, pp. 46-48). También se
crearon en esos años las Comisiones de Higiene y Caminos Públicos, conformadas
por un presidente y dos vocales, con el propósito declarado de
dar mayor injerencia a los vecinos en el mejoramiento de la infraestructura de
los poblados, pero su dirección quedó en manos de los comisarios, confirmando
la responsabilidad policial en tales asuntos.[1] Estos órganos de gestión
local pasaron a depender del Consejo de Higiene Pública comprometiendo en su
desempeño a otra repartición gubernamental diferente de la Intendencia General
de Policía (Sánchez Loria y Del Moral, 1918, vol. XIV, 1889-1890, p. 170). Si
bien se estipulaba la conformación de comisiones en todas las secciones
policiales, su nombramiento se restringió a algunas villas y en muchos casos no
tuvo continuidad los años siguientes.
En 1896 el gobernador Lucas Córdoba asumió la necesidad
de revitalizar las comisiones debido a la carencia de municipalidades en la
mayoría de los departamentos, en razón de lo cual regularizó sus nombramientos
(Sánchez Loria y Del Moral, 1918, vol. XIX, 1896-1897, p. 151). También incrementó
sus atribuciones al considerar a las Comisiones supervisoras del finalmente
sancionado Código Rural y de Riego (Sánchez Loria y Del Moral, 1918, vol. XX,
1897, pp. 95-231). A pesar de esta relevante función las designaciones
posteriores demoraron y en algunos casos no se efectuaron. No obstante, los
vecinos y agricultores de los pueblos de la campaña utilizaban el nuevo marco
legal elevando al ejecutivo sus peticiones y reclamando por las infracciones
(Bravo, 2018; pp. 93-122).
La constitución de estos órganos vecinales se afianzó a
partir de 1900 bajo una nueva ley que las denominó Comisiones de Higiene y
Fomento. Según reconocía el decreto que las puso en vigor, la inobservancia de
la normativa era producto de la imposibilidad de la policía de campaña de
ejercer las funciones municipales, considerando conveniente “dar participación
los vecinos de cada localidad en el manejo y aplicación de los fondos”.[2] Esas
comisiones vecinales conformadas en poblaciones con más de 500 habitantes,
cumplirían tareas relacionadas con la higiene, edificación urbana, alumbrado,
limpieza, inspección de matadero, cementerios y demás servicios de este
carácter que sean interés del vecindario, es decir, revistieron el conjunto de
las funciones municipales.
Al igual que las precedentes, los miembros de las
Comisiones de Higiene y Fomento fueron designados por el Ejecutivo Provincial
“entre los vecinos más honorables y progresistas de la localidad”.[3] El
ejercicio del cargo resultaba de carácter gratuito y obligatorio por el periodo
de dos años, renovándose la composición del órgano por terceras partes cada
año. El decreto determinaba que para ser comisionado era preciso ser vecino de
la localidad, mayor de edad, tener bienes raíces, ejercer alguna profesión o
industria y gozar de buen crédito. Los ingresos a administrar por la comisión
provenían de los determinados por la ley municipal: derecho de matadero y
carnes muestras, derecho a corral, a mercado, a delineaciones, a extracción de
arena y cementerio, así como de las multas cobradas por infracción del Código
Rural. Exceptuándose el cobro del derecho de pesas y medidas para venta de
artículos de comercio y el contraste de básculas para la compra de caña en los
ingenios, que continuaría a cargo de las comisarías, siendo destinado a rentas
generales de la provincia. La comisión estaba habilitada para invertir sus
fondos en mejorar los servicios, limitándose el pago de sueldos para su
personal a un 10% de los impuestos percibidos y debiendo elevar el balance e
informe anual de su administración.
En 1908 una nueva ley municipal incorporó disposiciones
en cuanto a la percepción de rentas municipales, en lo atinente a alumbrado y
limpieza, patentes sobre vehículos, entre otros. Otorgándole a las
municipalidades el reconocimiento como persona jurídica en el manejo de bienes
y en las transacciones comerciales, por lo que quedaban habilitadas para
contraer deuda.[4] En
base a esa nueva legislación se modificó la normativa correspondiente a las
Comisiones de Higiene y Fomento ampliando sus fuentes de recaudación impositiva
y se las habilitó también a solicitar préstamos.[5] En general, a pesar de su
limitada capacidad financiera, las comisiones promovieron obras de
infraestructura de las villas de la campaña y afianzaron la legitimidad del
marco vecinal en la gestión local. A su vez, el Estado Provincial
consolidó sus fuentes de recaudación impositiva e incrementó la
regulación de los pueblos de campaña.
La ley de municipalidades volvió a modificarse en 1915,
momento en que se conformó el gobierno municipal de la ciudad de Aguilares,
ubicada al igual que Santa Ana en el departamento de Río Chico.[6] El
caso se presentó como excepcional y las sucesivas modificaciones en la
legislación durante la primera mitad del siglo XX no implicaron nuevos
reconocimientos. Las únicas poblaciones que contaron con municipalidades
durante las décadas siguientes fueron la Capital, Monteros, Concepción y
Aguilares. En la mayoría de los pueblos las funciones municipales siguieron a
cargo de las Comisiones de Higiene y Fomento. La reticencia a reconocer
gobiernos municipales en que los vecinos pudieran elegir a sus autoridades y
conformar sus consejos deliberantes, revela la centralización en el ejercicio
del poder por parte del Estado provincial. Aun en ese marco de escasa autonomía
la política local tuvo su propia dinámica dada por las disidencias partidarias,
pero también por los intereses en pugna respecto a la gestión de recursos en el
desenvolvimiento de la localidad.
El pueblo de Santa Ana, ubicado a
Al establecerse de forma definitiva la comisaría en la
villa Santa Ana en 1889, y posteriormente la oficina del juzgado de paz, el
pueblo se consolidó en tiempos que funcionaba el ingenio como cabecera del
segundo distrito de departamento de Río Chico. Aunque
no tenemos registro de que se haya conformado una comisión de Higiene y Caminos
Públicos en ese momento como en otras villas, el comisario presentó en 1891 la
propuesta de incorporar como vocales al presbítero Guillermo Barroco y al
comerciante español Francisco Casbas.[8] Esa
sugerencia demuestra una preocupación por hacer efectivas sus obligaciones en
los asuntos municipales, tanto como su interés por ampliar la participación
vecinal en ese aspecto, pero los nombramientos no parecen haberse hecho
efectivo en los años siguientes. Recién en 1896, en momentos en que se
revitalizó estos órganos como supervisores del Código Rural y de Riego, se
designó como vocales de la comisión presidida por el comisario a Roberto
Scott y Justo Salas, ambos importantes propietarios y productores cañeros del
segundo distrito de Río Chico.
Figura 1
En los años siguientes no se volvieron a nombrar
comisionados, no obstante los vecinos de Santa Ana aprovecharon el nuevo marco
legal dado por el Código Rural para peticionar mejoras en la infraestructura de
la villa. En 1898 una veintena de ellos solicitaron rehabilitar el camino desde
la villa a la estación del ferrocarril, que se encontraba obstruido por los
desagües de la fábrica y las fincas cercadas que habían sido adquiridas por los
propietarios del ingenio.[9] La
solicitud vecinal se vio contrapuesta a los intereses industriales, pero el
conflicto se resolvió con mediación del Departamento Topográfico que realizó la
apertura de un trayecto alternativo. En otros aspectos de la infraestructura
local, como en la construcción de un nuevo cementerio, la comisión vecinal
designada a tales fines contó con la colaboración de los industriales que
donaron las tierras para la realización de la obra.[10] En ambos casos la
iniciativa vecinal se mostró predispuesta a ejecutar las disposiciones del
Estado Provincial para mejor desenvolvimiento de la villa. La tensión estuvo
focalizada en la actuación del industrial en la localidad, que en el afán de
cumplir sus aspiraciones e intereses empresariales, no se mostró predispuesto a
sujetarse a las regulaciones gubernamentales.
Clodomiro Hileret, la pretensión
de un imperio azucarero
En su segunda experiencia como industrial azucarero
Clodomiro Hileret se propuso resolver el aprovisionamiento de materia prima
avanzando decididamente sobre la producción agraria. Según anuncia en 1889
Rodríguez Marquina a cargo de las estadísticas provinciales, el colosal ingenio
Santa Ana en construcción tenía como propósito autoabastecer sus trapiches con
sus propios cultivos de caña, recurrente aspiración de los industriales
azucareros a partir de esos años (Rodríguez Marquina, 1889, p. 167). La compra
de grandes extensiones de tierra y la temprana organización de colonias
evidencian la intención de avanzar en un modelo integrado de producción
azucarera, que concentrara la producción agrícola y su industrialización en una
sola firma.[11] El
propósito parece cumplirse solo en parte, siendo un horizonte constantemente
perseguido. La inicial organización de cuatro colonias en los alrededores de la
fábrica constituyó el modelo replicado hasta alcanzar más de una quincena en
las décadas siguientes.[12] Si
en sus comienzos agricultores de muy diferente escala “tiraron” su caña en esa
nueva boca de molienda, como lo prueba las cédulas del Censo Nacional de 1895
correspondiente a explotaciones cañeras del departamento de Río Chico, el
incremento sostenido en la cantidad las propiedades del ingenio evidencian su
intención de reducir la concurrencia de los productores independientes.
Una de las principales fortalezas de la empresa azucarera
estuvo en el equipamiento y la escala del complejo agroindustrial. El
emprendimiento proyectó a su fundador como industrial azucarero de primer
orden. Los críticos de la protección legislativa al azúcar destacaban su figura
como ejemplo de empresario excesivamente enriquecido, mientras que sus
defensores lo consideraban como modelo de Pioneer,
verdadero agente de innovación capaz de modernizar y civilizar a la población
(Lenis, 2016, 64-73). A pesar de que la empresa estuvo pautada en sociedad, los
sucesivos contratos reafirmaron en sus cláusulas la preeminencia de Hileret en
su conducción. La adquisición de la estancia Santa Ana la realizó asociado con
el entonces gobernador Lídoro Quintero, mostrando el ascendiente político de
sus negocios. Incorporó para su explotación a Emilio Rodrigué, también de
origen francés, quien había sido apoderado del ingenio Lules, con el cual
incursionó en el rubro. Pero los cuantiosos capitales que precisó fueron
aportados casi con exclusividad por Clodomiro Hileret.[13] En consonancia con esa
distribución de las inversiones la firma social quedó en su total
responsabilidad, al igual que la finca comprada. Dada la temprana exclusión de
Lídoro Quinteros por no abonar lo acordado, la sociedad pasó a denominarse
“Hileret y Rodrigué”.[14]
En 1896 la sociedad prorrogó por diez años el contrato,
oportunidad en que Hileret realizó la transferencia de sus derechos sobre la
estancia a la firma, incrementando sustantivamente sus capitales.[15] La
empresa atravesó con holgura la primera gran crisis de sobreproducción
azucarera de 1895, siendo un importante factor de crédito para pequeños y
grandes agricultores, e incluso para otros industriales azucareros.[16]
También expandió a partir de entonces sus tierras. En muchos casos por compra,
pero a medida que se fueron venciendo los préstamos hipotecarios otorgados,
consiguió embargar cuantiosas propiedades. Adquirió en esos años
De ese proceso de expansión acelerado de los bienes de la
empresa da cuenta el nuevo contrato social que rigió su funcionamiento a partir
de 1905.[18]
Bajo el nombre “Hileret y Cía.” se organizó una sociedad en comandita por
acciones, que tendría a Clodomiro como único socio administrador.[19] El
estatuto le asignaba amplias facultades en su calidad de socio solidario,
limitando las posibilidades de incorporar nuevos integrantes o incrementar la
participación de los existentes. De manera que aun cuando se involucró a sus
nuevos socios en las ganancias y en las asambleas, continuó siendo una empresa
comandada por su fundador. El detalle de los bienes evidenciaba los cuantiosos
terrenos adquiridos en los años previos. Muchos de los cuales se encontraban en
Santa Ana y Los Luna, contiguo a la finca primigenia y la heterogeneidad de
estas propiedades alcanzaba desde pequeños lotes a fincas de miles de
hectáreas. En algunos casos consiguió hacerse con todas las propiedades de
renombrados vecinos del distrito como Miguel Segundo Peñalva o Carlos Ferreira.
A veces comprando en remate judicial pero también por adjudicación ante el
vencimiento del crédito hipotecario, como el caso de las múltiples propiedades
del inmigrante español Rafael Suarez, que abarcaban incluso otros distritos. Se
contaba además entre los activos de la sociedad diversos créditos otorgados,
siendo de montos más elevados los concertados con quienes se incorporaban como
socios de la empresa, pero también se registran entre sus deudores renombrados
vecinos de Santa Ana, como Eugenio Juárez, Pastor Lencina, Francisco Casbas y
Eugenio Godoy, que ejercieron como funcionarios locales.
La sociedad “Hileret y Cía” fue pautada a diez años y
según lo estipulaba el contrato, la muerte del socio solidario no permitía su
disolución. Al fallecer Clodomiro Hileret en 1909, sus herederos Edmundo, René
y María Luisa tomaron parte en la empresa de modo dispar. En 1912 se reorganizó
la razón social bajo el nombre “Ingenio y Refinería Santa Ana, Hileret y Cía,
Ltda”, Sociedad Anónima, que estuvo presidida por Federico Portalis, quien se convirtió
posteriormente en uno de sus principales accionistas. Con menor presencia de
sus propietarios en la fábrica la misma lógica de concentración productiva
gobernó la empresa, que amplió sus instalaciones con una refinería y alcanzó su
mayor zafra en 1914 (Sánchez Román, 2005, p. 321).
Comisiones de Higiene y Fomento
en Santa Ana. Avances y tensiones en la gestión local
La Comisión de Higiene y Fomento que se conformó en Santa
Ana según lo establecía la ley decretada en 1900, fue integrada por el comisario
Eugenio Juárez, y los vocales Félix Mothe y Nicasio Olmos.[20] A pesar de que la
reglamentación ya no lo requería la comisión continuaba presidida por el
comisario y al igual que las precedentes su jurisdicción cubría el radio de la
sección policial, estando sus funciones municipales circunscriptas al perímetro
urbano. La novedad estuvo en la iniciativa de los comisionados, que al mes de
asumir sus funciones solicitaron al ministro de gobierno la suma de 1.500 pesos
para el arreglo de caminos que unían la villa con las poblaciones Los
Sarmientos, El Molle, Villa Alberdi, Callejones y Los Ríos.[21] La revitalización de ese
órgano de gestión local, contribuyó a dar un cauce a los requerimientos de los
vecinos, que fortalecieron su posición en el territorio avanzando en la
refacción de los caminos transitados por la población. Como expresaban en la
solicitud, estos itinerarios no coincidían con el trayecto privilegiado por el
ingenio, que recorría de la estación a la fábrica. Si bien la dinámica
económica de la localidad fue pautada por la producción azucarera, continuaban
existiendo otras explotaciones agropecuarias, y vinculaciones comerciales entre
los pueblos que los propietarios y comerciantes de la zona lograron conservar.
La selección de esas autoridades locales entre los
“vecinos más honorables y progresista” según lo indicaba la norma, no estuvo
exenta de tensiones entre los moradores de la villa. El presidente de la
comisión, Eugenio Juárez, vio cuestionado públicamente su prestigio a comienzos
de 1900, cuando la prensa provincial reprodujo una denuncia realizada por
vecinos de Santa Ana respecto al modo brutal en que trataban los agentes de la
comisaría a los reos y contraventores. Luego de una investigación realizada se
resolvió remover y arrestar al policía implicado en los hechos denunciados.[22] El
informe sumario revelaba que parte de los abusos cometidos tenían por víctima a
peones del comisario, evidenciando que su ejercicio de la función pública se
entremezclaba en esas oportunidades con sus intereses particulares en claro
abuso de autoridad. Ese tipo de denuncias horadaban la respetabilidad y buen
crédito que los funcionarios locales debían concitar en el vecindario como
requisito para desempeñar sus cargos.[23]
Ese mismo año los procedimientos de Eugenio Juárez como
responsable de la comisaría también fueron cuestionados por otras autoridades
locales. El conflicto se produjo a fines de 1900, cuando el juez departamental
Elías Carranza, vecino y propietario de una casa de comercio en Santa Ana,
reiteró al ministro de gobierno el pedido de devolución del Registro Cívico
Nacional original a fin de continuar la inscripción
necesaria para practicar las elecciones en el distrito.[24] Quien respondió a esa nota fue el comisario Juárez,
informando que el Registro se encontraba en su poder donde había llegado de
manos del mismo juez departamental a los fines de realizar una copia a remitir
al ministerio, como debidamente lo había hecho, quedando el original bajo su
resguardo. Carranza retiró el Registro de la dependencia policial pero decidió
limpiar su buen nombre de lo que consideró una actuación maliciosa por parte
del comisario, a quien acusaba de tergiversar los hechos con intención de
menoscabar su buen desempeño de las funciones. Dirigió al ministro una nueva
nota dando pruebas de que el Registro había sido retirado del juzgado por un
agente policial, contrariamente a lo que afirmaba Juárez.[25] El hecho
no trascendió los entredichos pero da cuenta de las tensiones que se generaron
entre los funcionarios locales. Tratándose del registro necesario para la
formación de mesas electorales, es probable que las opciones partidarias hayan
incidido en este tipo de altercados, aunque las animosidades entre quienes
convivían en la villa también afectaron en diversas oportunidades estas
relaciones. Los conflictos entre vecinos estuvieron latentes cuestionando la
distinción de los “notables” del distrito, horadando las marcas de deferencia y
respetabilidad sobre los que se había construido la institucionalidad de la
villa. Esas rispideces conflictuaron por momentos el funcionamiento del órgano
de gestión comunal.[26]
Mayor desafío para el desempeño de las
primeras Comisiones de Higiene y Fomento en la villa fue sostener la
continuidad de sus integrantes durante el período estipulado por la ley. Al
igual que otros funcionarios locales, como los jueces de cuartel, los cargos no
eran remunerados, lo que hizo frecuente la renuncia de sus integrantes. Así lo
realizó a principios de 1901 el vocal Félix Mothe, justificando su alejamiento
en la necesidad de atender otras ocupaciones y la precariedad de su estado de
salud.[27] Esa
actitud se reiteró con frecuencia entre los comisionados, pero no significaba
que los vecinos consideraran irrelevantes el cumplimiento de estos cargos. Los
pobladores de Santa Ana dieron una muestra explicita de su interés por la
conformación de esa instancia de gestión local. En 1902 más de cincuenta de
ellos exponían al gobierno las razones por las que urgía la designación de una
nueva Comisión de Higiene y Fomento. Sus argumentos reseñaban parte de los
obstáculos que encontraba su desenvolvimiento económico:
El desarrollo de Santa Ana como consecuencia de su
importancia productora la obliga a estrechar relaciones comerciales con sus
departamentos limítrofes, pero no tanto como debiera por la sencilla razón de
que los caminos que los unen se encuentran en malas condiciones”.[28]
La solicitud permite observar la importancia que los
vecinos daban a los instrumentos institucionales para gestionar mejoras en la
infraestructura de la localidad. Secundar las propuestas gubernamentales era un
motivo de orgullo que los vecinos exhibían para mayor sustento de su pedido:
“el celo por asuntos de interés público nos induce a solicitar la creación de
una comisión, para la cual existe en esta un núcleo de personas entusiastas
dispuestas a secundar la labor del gobierno”.[29] Efectivamente la localidad
conservó parte del tránsito entre los pequeños conglomerados de población que
la caracterizaban gracias a la actividad vecinal.
El petitorio presentado por los vecinos fundaba su
urgencia en la necesidad de adoptar “medidas profilácticas para la
higienización de esta localidad, considerada una de las más mal sana”.[30] Por
entonces, un informe del Consejo de Higiene realizado a fines de 1902
reafirmaba esa caracterización, al referir como ejemplo de la contaminación de
las aguas por parte de fábricas azucareras al ingenio Santa Ana. El estudio de
las aguas del Río Chico, reiterado ese año ante el reclamo vecinal, mostró la
continuidad de su deterioro a causa de los residuos fabriles. Según el informe,
los desechos industriales convertían al agua en un “líquido nauseabundo
impropio de todo uso”.[31] A
pesar de las sucesivas denuncias de infracción a las normativas vigentes desde
1896 la situación no se revertía por incumplimiento de los industriales como lo
determinaba el estudio.
En 1906 el Gobernador Luis Nougués conformó nuevamente la
comisión en Santa Ana, designando como presidente al comerciante Francisco
Casbas y como vocales al mencionado Elías Carranza, junto al importante
propietario y productor cañero Domingo R. Augier.[32] El decreto que los nombraba
amplió los límites de la jurisdicción en lo referente a servicios municipales
más allá de la villa: Al norte el camino que va de “Sarmiento” a “Aguilares”,
al sur el Arroyo Matazambi, al este las vías del ferrocarril y al oeste el
ingenio Santa Ana inclusive, mientras que en lo atinente a los caminos públicos
seguía abarcando el segundo distrito del departamento. La legislación
incorporaba a las obligaciones municipales de la Comisión, pueblos como Los
Lunas, El Molle y Los Ríos, pero especialmente el cuadro de viviendas del
ingenio haciendo explicita su potestad en tales asuntos dentro de ese ámbito
privado.
Las dificultades para mantener en sus cargos a los
integrantes de la Comisión estuvieron presentes también en esa oportunidad.
Ante la pronta renuncia de Elías Carranza al cargo de Vocal, se nombró en
remplazo a Nemesio Medina.[33] Una
vez notificado, este también se apresuró a presentar su renuncia, pero esta fue
rechazada por considerarse carente de fundamentación.[34] A fines de ese año el
Presidente de la Comisión Francisco Casbas también dejó el cargo, por lo que el
Ejecutivo provincial resolvió designar en su lugar al presbítero Manuel Severo
Olaso.[35] Los
períodos en que Santa Ana contó con un cura en su iglesia fueron escasos,
siendo asistida generalmente por el párroco de Medinas, o por vecinos
designados como teniente cura y habilitados para dar bautismo.[36] Al
igual que en otras regiones las autoridades eclesiásticas de los pueblos de
campaña resultaron un apoyo frecuente para ampliar la estatalidad (Barral,
Fradkin; 2007, p. 56). Su carácter de representante de los intereses
comunitarios, le conferían cierta legitimidad y mayor consenso entre los
vecinos para ocupar el cargo. Su disposición a ejercer la función pública, que
entrelazada en la práctica con el ejercicio de su ministerio pastoral, lo
perfilaba como un buen candidato que el gobierno provincial tuvo en cuenta para
la conformación de Comisiones también en otras villas.
Luego de un año de gestión el cura Olaso informaba al
gobernador “la Comisión ha tenido gastos considerables en obras que ha
realizado y actualmente sostiene, como es el camino que conduce de la Estación
Río Chico a esta Villa e Ingenio, obras de imprescindible necesidad”, pero
también reconocía los límites para financiar esos trabajos, por lo que solicitó
en la misma nota un empréstito de mil pesos.[37] Las obras de infraestructura
avanzaron bajo la dirección del presbítero, aunque a fines del 1907 también
debió elevar su renuncia debido su traslado de domicilio, sugiriendo en
reemplazo al vocal Nemesio Medina, en razón de que el primer vocal Domingo
Augier ya no residía en la villa.[38]
Pero Medina también se apartó del cargo y la comisión debió ser conformada en
su totalidad nuevamente.[39] Se
designó entonces al comerciante Carlos Córdoba, al Juez de Paz Fortunato Geira
y a Bernardo Mothe, hermano del mencionado colono Félix Mothe.[40]
Prontamente este último adujo falta de salud para asumir la función.[41]
Como se evidencia, conseguir los vecinos de prestigio que quisieran ejercer
cargos no remunerados en la gestión local no fue sencillo para el gobierno
provincial.
A pesar de las dificultades generadas por las reticencias
de algunos vecinos a asumir o permanecer en las comisiones, a comienzos de 1908
la prensa provincial evaluaba positivamente su desempeño comentando los
progresos que realizaba la villa Santa Ana “tanto en su vialidad como en su
estética”, afirmando que “aquí y allá se ven cuadrillas de obreros, arreglando
puentes, componiendo caminos, abriendo avenidas y plaza, y abovedando las
calles que las circundan”.[42]
Según el diario “Santa Ana progresa desde que se encuentra presidiendo la
Comisión de Higiene y Fomento el señor Fortunato Geira, persona laboriosa y de
buena voluntad.” Fortunato había hecho su buena reputación ejerciendo como juez
de paz del distrito desde 1904. Sin embargo, al poco tiempo de asumir esa
función tuvo que defender su buen nombre frente a un “suelto” publicado en el
mismo diario El Orden, que lo acusaba
de consentir los abusos cometidos por el comisario de Santa Ana Miguel del
Corro, quien había retenido los haberes de los agentes de su repartición.[43]
Estando en esos momentos El Orden en
abierta oposición al gobierno de Lucas Córdoba, publicaba la denuncia contra el
juez Geira como parte de los “procedimientos luquistas” en la utilización de
los policías. Esa acusación llevó a remover al comisario, pero Fortunato
continuó en su función de Juez local en los años posteriores destacándose por
su buen ejercicio del cargo.[44]
Durante su mandato consiguió además mejorar las condiciones edilicias de las
reparticiones estatales, primero mudando la oficina del Juzgado y Registro
Civil a una de las propiedades perteneciente a la viuda Ercila Ferreira de
Peñalva, y años más tarde contribuyó a refaccionar la propiedad donada por
Bernardo Mothe para la comisaría y el juzgado.[45] Como se evidencia, a pesar
de las dificultades mencionadas, la infraestructura del pueblo, especialmente
los caminos y dependencias estatales, obtuvieron sustantivas mejoras durante
los primeros años en que funcionaron la Comisiones, incorporando diversos aportes
y donaciones vecinales.
Conflictos y disputas en las
Comisiones. El interés vecinal contra las pretensiones industriales (1908-1926)
Los avatares de la política provincial tensaron en
diferentes oportunidades el marco vecinal. Como aludimos, los alineamientos
podían ser motivo de difamación en prensa provincial, dispuesta a cuestionar la
honradez de algún notable del pueblo en defensa de una de las facciones en
pugna. Pero también se difundieron en ese medio las disputas entre los
habitantes de la villa y el industrial que se manifestaban en la arena
política, como sucedió en las elecciones legislativas de 1908.[46]
Según informaba el diario los vecinos de la villa contaban con mayoría de
adherentes a la Unión Popular, liderada por el gobernador Luis F. Nougués,
quien había cuestionado a Clodomiro Hileret en la imposición de candidatos.[47] De
ser así, parte de esas diferencias parecen haberse diluido durante los primeros
meses de 1909 al fallecer el propietario del ingenio.[48] En la capilla ardiente que
se hizo en el salón de recepciones del chalet para despedir al industrial,
desfilaron entre cuatro o cinco mil personas según el diario, entre los cuales
figuraban vecinos de renombre como Eugenio Juárez y Nemesio Medina que habían
integrado la Comisión.[49]
Pasado el duelo, las tensiones entre los intereses de la villa y el ingenio
siguieron latente en las decisiones de las comisiones vecinales aun cuando las
opciones políticas fluctuaron y algunos de los comisionados transitaban ambos
espacios.
En esos primeros meses de 1909 las críticas publicadas en
el diario se dirigieron a la gestión de la Comisión de Higiene y Fomento de
Santa Ana sancionando su mal desempeño:
En esta villa no se puede transitar por las calles dado
el lastimoso estado en que se encuentran, la Comisión no se ocupa de cumplir
con su deber, el derrame de las acequias forma verdaderos mares en la vía
pública, sin que se ponga remedio a semejante abuso.[50]
Aun considerando la oscilante caracterización del diario
respecto al estado de la villa y al desempeño de la Comisión, es probable que
los conflictos de intereses entre quienes ejercían en ella incidieran en el
resultado descripto, dado que personalidades vinculadas al ingenio comenzaron
ser designados como comisionados. Los derrames enunciados por la prensa estaban
vinculados a los desagües del ingenio que desde los primeros años de molienda
habían motivado las demandas. La desconfianza entre los integrantes del órgano
vecinal se hizo presente en esa ocasión, según refería la misma noticia: “en el
seno de la comisión se produjeron irregularidades habiendo pedido uno de sus
miembros el envío de un inspector.”[51]
Para evitar posibles cuestionamientos y dando mayor
transparencia a la contabilidad de la Comisión, en junio de 1910 se publicaron
en el diario los movimientos de caja.[52] Se exhibían allí los
ingresos y egresos de tres meses de gestión a cargo de Valentín Cuello y Gaspar
Pérez. El documento permite reconocer parte de las acciones emprendidas por la
comisión y el modo de financiarlas. Las entradas en mayor medida eran
provenientes de impuestos a carnes muertas, alumbrado y limpieza, y cementerio,
pero también de rifas, venta de alfalfa y cueros. En tanto las erogaciones eran
principalmente los salarios de los jornaleros para la reparación de caminos
públicos, el pago a los contratistas para el alumbrado y recolección de basura,
el salario del secretario, changas diversas, compra de útiles y herramientas,
contándose además aportes a la iglesia y obras de “caridad” como pasajes al
hospital. Las cuentas son modestas, pero demuestran la continua actividad de la
comisión durante el período y los diferentes trabajos en que se invierten los
3.380 pesos recaudados. Se destaca como fuente de ingreso el impuesto cobrado
al ingenio en concepto de carnes muertas, que supera los 500 pesos por mes.
Resultando ese aporte una entrada fundamental para financiar el funcionamiento
de la comisión.
A pesar de esa exposición pública de las tareas
realizadas, a comienzo de 1911 “numerosos y caracterizados vecinos de Santa
Ana” solicitaron la reorganización de la comisión cuyas obras juzgaba
insatisfactoria.[53]
Consideraban además, que sus miembros no sesionaban con el decoro necesario y
que los trabajos registrados en los balances no se realizaban, existiendo un
exceso de empleados. Las fricciones eran notorias entre los vecinos de la
localidad y continuaron profundizándose. Especialmente a partir de esos años en
que las obras emprendidas por la Comisión Higiene y Fomento comenzaron a dar
cuenta de la mayor gravitación de comerciantes ligados al ingenio. Ejercían en
ella el mencionado Bernardo Mothe, y los comerciantes Raúl Castro Videla y
Antonio Travadelo. Por entonces, la prensa volvió a elogiar las mejoras
ejecutadas por los comisionados:
se ha dado comienzo a la formación de una amplia avenida que pondrá en
comunicación directa la villa vieja con la nueva, la que será hermoseada con
una buena dotación de plantas. Esta avenida, además de ofrecer las ventajas de
un buen sistema de vialidad, será con el tiempo un paseo de moda y uno de los
puntos preferidos para las realizaciones de corsos carnavaleros.[54]
El sitio que comenzó a designarse como “villa nueva”,
ubicado en la entrada de la fábrica, era conocido también como La Puerta. Se
asentaban allí comerciantes que vincularon estrechamente sus negocios al
consumo de la población del ingenio. Algunos como Antonio Travadelo se
encontraban en ese sitio al menos desde 1904, junto a algunos comerciantes de
origen sirio-libanés. En tanto, Raúl Castro Videla tenía una radicación
posterior y su desarrollo comercial se había extendido previamente en otros
puntos del sur de la provincia.[55] Más
precariamente se montaban en La Puerta negocios temporales que funcionaban en
momentos que se intensificaba la actividad de la industria o solamente los días
en que cobraban sus trabajadores.[56]
De manera que las obras realizadas por la Comisión de
Higiene y Fomento comenzaron a diagramar el sitio comercial que funcionaba en
La Puerta, mejorando su organización y conectividad con la villa. Esas obras
acabaron por dividir en dos espacios el eje cívico y comercial que representaba
la villa Santa Ana, designada a partir de entonces como “villa vieja”. Los
miembros de la comisión no desconsideraban completamente ese espacio con mayor
precedente, y también proponían mejorar la antigua plaza “abandonada por las
anteriores autoridades”, proyectando además la construcción en la villa de un
Mercado “con artículos de consumo diario en un estado regularmente higiénico”,
y mejorar los tradicionales caminos con Los Sarmientos, Aguilares y Villa
Alberdi.[57] El
modo de financiar esas ambiciosas propuestas resultó otra novedad. Según
afirmaban, para realizar esas obras tenía avanzada la negociación de un crédito
con el administrador del ingenio por 15.000 pesos. Evidentemente esa nueva
fuente de ingresos incrementaba la capacidad de acción del órgano municipal,
pero lo aferraba económicamente a los fondos provistos por los industriales,
construyendo lazos de dependencia que comenzaron a opacar el carácter netamente
vecinal de la gestión local.
En esos años, algunos conflictos entre autoridades
locales evidencian las tensiones entre los nuevos vecinos más afines a las
pretensiones del ingenio y otros con mayor trayectoria en la villa. Estos nos
permiten reconocer las disputas por el traslado del centro cívico. En 1910 un
informe del Consejo General de la Provincia detalló el estado ruinoso en que se
encontraba la escuela de la Villa Santa Ana, afirmando que representaba un
verdadero peligro para quienes allí concurrían.[58] Siguiendo el consejo del
comisario Raúl Castro Videla, recomendaba trasladar la Comisaría y Juzgado de
Paz al sitio designado como “Villa Nueva” y reservar el local que ocupaban esas
dependencias en la “villa vieja” para el funcionamiento de la escuela, dejando
una de las habitaciones para la Comisión de Higiene y Fomento.[59] A
finales de 1911 se concretó el traslado de la comisaría al nuevo sitio, pero no
así el Juzgado. Por tal motivo el Juez de Paz, Osvaldo López, solicitó la
designación de un agente policial para la villa Santa Ana, “que prestase el
resguardo necesario a sus funciones”.[60] El comisario respondió a la
nota afirmando que consideraba innecesario el pedido por estar asignado a otras
funciones el personal a su cargo y localizarse la comisaría a tan solo diez
cuadras de la villa.
La tensa relación entre estás autoridades se mostró
especialmente conflictiva a mediados de 1912 cuando el comisario y ya entonces
presidente de la Comisión de Higiene y Fomento denunció el cobro de dinero por
parte del Juez de Paz para practicar el enrolamiento requerido por la nueva ley
electoral.[61] Se
inició entonces un sumario en el que más de siete peones confirmaron haber
abonado para realizar el retiro de libreta del juzgado.[62] En su defensa López,
reclamaba que la acusación era producto de “odios personales”, provenientes de
la campaña de oposición que realizó Castro Videla como “empleado del ingenio” a
la candidatura de Frías Silva, en momentos que debió presidir en calidad de
juez las mesas electorales que lo erigieron en gobernador. Denunciaba que las
declaraciones realizadas en el sumario del caso habían sido tomadas
exclusivamente en la comisaría y residencia de Castro Videla, sin ser
representativas del buen crédito que gozaban en el vecindario sus seis años de
gestión. López asumía haber recibido del colono Bernardo Mothe una suma de
dinero en término de regalo por el trabajo de enrolar a sus peones en tierras
ajenas al juzgado, pero alegaba que esos recursos habían sido distribuidos
entre los empleados de su oficina acompañante en la tarea. El juez denunció las
amenazas continuas que el comisario le propinaba, solicitando por ese motivo y
por su precario estado de salud el traslado.[63] En 1913 López consiguió ser
cesanteado como lo solicitaba y se designó en su lugar a Federico Rodríguez. El
esa situación, el reclamo realizado por el escribiente del juzgado que se
publicó en el diario corrobora la creciente injerencia del ingenio en los
funcionarios locales. Según la denuncia el nuevo juez “tramita arreglos
privados en fondas y caminos, siguiendo una corruptela inveterada, influenciado
por personal del ingenio”.[64] La
nota aclaraba que previo a asumir como funcionario, Rodríguez ejercía de
marcador de bolsas de la fábrica, residiendo en el cuadro del ingenio, lo cual
daba cuenta de su poca independencia para ejercer el cargo. Esta denuncia y las
pruebas de ineptitud para cumplir sus funciones administrativas, tal cual lo
comprobaba el modo de completar los registros, le valieron el desplazamiento.[65]
La injerencia de personas estrechamente ligadas al
ingenio en las instituciones cívicas de la localidad persistió en los años
posteriores. En 1914 ejercía la presidencia de la Comisión de Higiene y Fomento
José Sortheix, quien fue administrador de la fábrica durante años.[66] Su
designación en el cargo señala el éxito en la creciente influencia que tuvo la
empresa en las diferentes instancias de gestión local desarrolladas en la
villa. Los vocales de la Comisión continuaban siendo en esos momentos Antonio
Travadelo y Raúl Castro Videla. Este último había incrementado notablemente sus
negocios como proveedor del ingenio. Así lo anuncia una de sus publicidades,
que menciona entre las actividades de la firma Castro Videla la compra y venta
de hacienda vacuna, venta de cueros salados y frescos, frutos del país, barraca
y saladero, registrando su domicilio en “Villa Clodomiro Hileret” (sitio que la
misma publicación designa también como La Puerta).[67] El vínculo comercial de
Castro Videla con el ingenio se amplió formalmente a partir 1915, al sellar
contrato para ejercer en el rubro almacén dentro de sus propiedades.[68]
Los cambios en el perfil de la comisión acompañaron el
declive de la villa Santa Ana y la prosperidad del espacio comercial
desarrollado en la entrada de la fábrica, constituido como el nuevo centro
cívico del distrito, oficialmente nombrado Villa Clodomiro Hileret, en claro
homenaje al fundador del ingenio. Si bien esa población no se encontraba en
propiedades del establecimiento azucarero, su proximidad y su nombre traslucen
el mayor grado de dependencia respecto del ingenio. Algunas de las demandas
tramitadas en el juzgado de paz finalmente trasladado a ese sitio, permiten reconocer
la existencia de casas de negocios que proveían de mercadería a los residentes
del ingenio. Nuevos comerciantes, reclamaron ante el juez por el cobro de deuda
en concepto de mercadería entregada a empleados y trabajadores residentes en el
ingenio y jornaleros de las colonias.[69]
El acceso del radicalismo en la legislatura provincial a
partir de la segunda mitad de la década de 1910 habilitó una nueva modalidad
para la promoción de la localidad.[70]
El diputado por el departamento por Rio Chico, Raúl Castro Videla,
perteneciente a la facción roja del radicalismo provincial, discutió con
vehemencia con el entonces Ministro de Justicia, Hacienda e Instrucción
Pública, José Sortheix, sobre el modo en que intervino Estado provincial ante
la epidemia de gripe que asoló a Santa Ana durante 1919.[71] Se señaló entonces la
urgencia de incrementar la inversión de presupuesto provincial para revertir
las carencias en la infraestructura de la población que desencadenaron en la
grave situación sanitaria. Al año siguiente, el diputado radical Salvador Mothe,
hijo de Bernardo Mothe y boticario del ingenio, presentó los proyectos de ley
aprobados en la cámara para realizar la construcción del mercado y una plaza en
Villa Clodomiro Hileret.[72] Aun
con trayectorias personales ligadas al ingenio estos diputados no dejaron de
representar intereses de la localidad que excedían la población residente en
las inmediaciones de fábrica. Sus iniciativas consolidaron el rol de la nueva
villa cívica y generando mejoras en su diagramación e infraestructura.
En ese nuevo eje cívico del distrito, la conflictividad
entre los intereses vecinales y las pretensiones de los industriales siguieron
presentes. Confrontando abiertamente durante 1925, en que los vecinos y comerciantes
de Santa Ana denunciaron en la prensa la incomunicación en que se encontraba
Villa Clodomiro Hileret, luego de la compra por parte del ingenio del desvío
del Ferrocarril Noroeste Argentino con parada en la villa. [73]
Según declaraban la suspensión del servicio de carga puso en jaque las 38 casas
de negocios que se encontraban en las 10 manzanas edificadas, además de dejar a
los 3000 habitantes encerrados dentro del establecimiento fabril. Ese avance del
ingenio sobre el transporte local mostró la intención de anular el papel
desempeñado por de los vecinos en la localidad. En esas circunstancias la
disputa también se manifestó en el debate entre los representantes de Comisión
de Higiene y Fomento y el administrador del ingenio, por encontrarse obstruidos
los caminos que comunicaban la villa con las poblaciones de Los Sarmientos y La
Calera atravesando las propiedades de la empresa.[74] Los comisionados denunciaron
la infracción cometida por la empresa al clausurar caminos considerados
públicos, pero no obtuvieron el acompañamiento de la totalidad de los vecinos
en el reclamo. En una solicitada firmada por “comerciantes, agricultores y
conductores” de Santa Ana, se manifestó como necesario abandonar las
hostilidades con el administrador dado que “la vida económica de la villa
depende del ingenio”, razón por la cual pedían a la Inspección General de
gobierno remover la Comisión.[75] La
prensa consideró en esos meses que el ingenio se encontraba en una guerra sin
cuartel contra la villa, pretendiendo suprimir a los comerciantes para ampliar
su propio negocio como proveedor de bienes a trabajadores y constituirse en una
suerte de “estado autónomo, en desconocimiento de las autoridades
constituidas”, sin permitir el acceso de policías o inspectores de renta.[76] A
comienzo del año siguiente la resolución estatal, en reconocimiento del derecho
a transitar por caminos públicos, obligaba al ingenio a levantar en el plazo de
25 días los portones que habían obstruido el acceso, incluso pasando por el
cuadro del ingenio.[77] Ese
desenlace evidencia que a pesar de los avances de la fábrica azucarera en el
control del espacio local, los vecinos hicieron uso de su órgano de gestión
municipal y obtuvieron el respaldo estatal necesario para resguardar su margen
de autonomía.
Conclusiones
Los vecinos de localidades periféricas entrelazaron sus
propias necesidades a los intentos del Estado provincial de regular los pueblos
de campaña, desempeñándose como funcionarios locales. El modo centralizado en
que se ejerció el poder político en Tucumán no consideró sino excepcionalmente
la formación de órganos autónomos para ejercer las funciones municipales, y
encargó de esos asuntos a los comisarios, acompañados en algunas villas por
comisiones vecinales designadas por el Ejecutivo. La villa Santa Ana había
consolidado su función como centro cívico del distrito en momentos que se
edificó un importante ingenio azucarero en sus inmediaciones. El modelo
industrial impulsado por su fundador, Clodomiro Hileret, se propuso concentrar
en su dominio la producción de materia prima, avanzando continuamente sobre las
propiedades agrarias. Con la pretensión de construir ese modelo los
propietarios del establecimiento azucarero desconocieron en diferentes
oportunidades la legitimidad del ámbito vecinal, anegando sus tierras,
contaminando las aguas con desechos fabriles, privatizando el transporte
ferroviario y cerrando circunstancialmente caminos públicos. Los vecinos
reaccionaron a esos avasallamientos interpelando a la autoridad estatal con
relativo éxito, aun cuando no contaban con órganos de representación.
Las comisiones vecinales con funciones municipales se
afianzaron a partir del siglo XX con la legislación que las denominó Comisiones
de Higiene y Fomento. Desde entonces su conformación no requirió de la
autoridad policial, las designaciones se realizaron con mayor continuidad y se
estableció la procedencia de sus ingresos como receptoras de impuestos. Si bien
los nombramientos siguieron siendo atribución exclusiva del Ejecutivo
provincial, ese órgano de gobierno local canalizó las demandas y dio mayor
incidencia a los vecinos en la gestión de recursos. La instancia fue
aprovechada en Santa Ana para mejorar la infraestructura de la villa, fortaleciendo
la posición vecinal en la localidad.
Los escasos recursos para solventar sus obras y la falta
de remuneración por el ejercicio de los cargos, dificultaron el funcionamiento
de la Comisión. Esas limitaciones se tradujeron en resultados que habilitaron
diversos cuestionamientos a los comisionados, algunos de los cuales alcanzaron
la prensa provincial. Las críticas podían fundarse en el mal desempeño, pero
también en la filiación política o los comportamientos frente a otros vecinos y
autoridades locales. Las disputas implicaron de modo creciente los destinos
dados a los recursos y los modos de gestión. En particular, desde que los
nuevos comerciantes con negocios estrechamente vinculados al ingenio comenzaron
a ser designados como comisionados e impulsaron el espacio comercial
desarrollado en las puertas de la fábrica, debilitando la función de la villa
como principal centro cívico y comercial. La designación del administrador del
ingenio como presidente de la Comisión señaló la mayor dependencia del órgano
vecinal respecto a los intereses de la industria.
Los cambios en la coyuntura política, generados por el
ascenso del radicalismo al gobierno, habilitaron nuevos canales para la gestión
de obras de infraestructura de las localidades. Las iniciativas de diputados
del radicalismo provincial llevaron con mayor éxito las demandas vecinales a la
legislatura. En ese contexto, el poder político dio mayor respaldo a los
vecinos frente a las crecientes pretensiones del establecimiento azucarero de
dominar el espacio local.
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Recepción: 20/02/2020
Evaluado: 13/04/2020
Versión Final: 03/05/2020