Trabajadores
metalúrgicos y municipales en Rosario en los albores de la democracia
alfonsinista: entre la conflictividad laboral y la normalización sindical
Rodrigo López(*)
Resumen
El artículo analiza las dinámicas
de la conflictividad laboral y la normalización sindical en los albores de la
democracia alfonsinista a partir del examen de dos casos: los trabajadores
metalúrgicos y los empleados municipales de la ciudad de Rosario. Se propone
reflexionar sobre la relación entre ambos procesos, examinando las demandas,
los repertorios de acción, las relaciones entre sindicatos, Estado y
empresario, y las tensiones al interior de las distintas facciones sindicales.
Palabras clave: Conflictividad
laboral; Metalúrgicos; Municipales; Normalización sindical; Rosario.
Metal
workers and city employee in Rosario at the dawn of alfonsinista democracy:
between the labor conflict and the union normalization
Abstract
This
article analyzes the dynamics of the labor conflict and the union normalization
at the dawn of the alfonsinism democracy from the examination of two cases:
metal workers and city employee of Rosario. It intend to reflect about the
relationships between both process studying the main demands, the repertoires
of contention, the relationship between unions, state and employer, and the
tension within the various union factions.
Key
Words: Labor conflict; Metal workers; City employee; Union normalization; Rosario.
Trabajadores metalúrgicos y
municipales en Rosario en los albores de la democracia alfonsinista: entre la
conflictividad laboral y la normalización sindical
Este
trabajo tiene como propósito explorar las dinámicas de la conflictividad
laboral y la normalización sindical en los/as trabajadores/as municipales y
metalúrgicos/as de la ciudad de Rosario durante el primer año de gobierno
alfonsinista. El artículo se inscribe en una perspectiva analítica que postula
la necesidad de reponer en los vínculos existentes entre la experiencia de
lucha en los lugares de trabajo y la reorganización de los sindicatos en el
contexto de los primeros tramos de recuperación democrática. Gran parte de los
estudios sobre la clase trabajadora en los ochenta ha privilegiado una mirada
que tendió a examinar al movimiento obrero en su conjunto, a sus estructuras y
organizaciones sindicales mayores, a sus elecciones siempre a nivel nacional y,
en última instancia, centró sus preocupaciones en la proyección política del sindicalismo
(Gaudio y Domeniconi, 1986, Gaudio y Thompson, 1990, Murillo, 2006). En este
grupo de investigaciones la normalización sindical ha sido entendida
generalmente como un episodio de la disputa entre el gobierno radical y los
sindicatos peronistas por cuotas de poder. En esta mirada la conflictividad
laboral transcurría como un proceso paralelo a las negociaciones de las cúpulas
sindicales, generalmente nacionales, o bien como un recurso al que estas
echaban mano para mejorar sus posiciones en la pulseada con el radicalismo en
la reorganización sindical. Aquí retomó los planteos realizados por Leandro
Molinaro que insiste en la necesidad de ampliar nuestra visión sobre las
dinámicas obreras de los ochenta más allá de las relaciones entre cúpulas sindicales,
Estado y empresarios e incorporar en el análisis la actividad de las bases en
la medida de que estas “repercuten en las pugnas superestructurales” (Molinaro,
2019, p. 53). Por otra parte, la reducción de la escala de análisis y la
selección de dos casos de estudios constituyen una vía para ampliar el
entendimiento y la compresión de las relaciones políticas entre bases y
conducciones dentro de los sindicatos, así como para complejizar los vínculos
entre organizaciones gremiales, agencias estatales y empresarios en las
dinámicas de conflictividad laboral durante el primer tramo de instauración
democrática. Esta opción metodológica tiene el objetivo de iluminar algunos
procesos sociales y políticos del movimiento obrero no abordados por aquellos
estudios centrados en la escala nacional o en las grandes estructuras
sindicales, incorporando otros actores como agrupaciones sindicales opositoras
a las conducciones tradicionales, sindicatos regionales o provinciales y
agencias estatales a nivel local o provincial.
El
año 1984 fue un año particularmente complejo en la historia reciente de
Argentina. Ricardo Alfonsín asumió su mandato en un clima político y social
cargado de expectativas en la naciente democracia y asimismo se encontró con un
cuadro caótico en el frente económico. La persistencia del proceso
inflacionario, el endeudamiento externo, los desequilibrios fiscales y el
desmembramiento del tejido fabril se conjugaron con un amplio abanico de
demandas laborales insatisfechas. En los años finales de dictadura militar la
conflictividad laboral se intensificó y al interior del movimiento obrero y los
sindicatos se verificó un proceso de recomposición organizativa visible en el
protagonismo que estos asumieron en las movilizaciones que acompañaron la retirada
de los militares. En los primeros tramos de gobierno alfonsinista lejos de
apaciguarse, los conflictos laborales se profundizaron. La dinámica de las
luchas obreras que se multiplicaron a lo largo de 1984 se superpuso con el
proceso inconclusión de normalización gremial. Apelando a la necesidad de
democratizar los sindicatos, el alfonsinismo creyó encontrar en las
posibilidades abiertas por el reordenamiento sindical una oportunidad para
debilitar a las conducciones peronistas de los sindicatos. A la complejidad de
las relaciones entre los sindicatos nacional y el gobierno radical, debemos
añadirle las que provenían del contexto local y provincial. Luego de las
elecciones de octubre de 1983 la ciudad de Rosario pasó a estar gobernada por
el abogado radical Horacio Daniel Usandizaga y la provincia de Santa Fe por un
hombre ligado al sindicalismo peronista, José María Vernet. La combinación de
las escalas nacionales, locales y provinciales, así como la intervención de los
distintos niveles del Estado y la actuación de actores de signos políticos
diferentes y en ocasiones enfrentados son variables importantes a la hora de
analizar el despliegue y la resolución de los conflictos laborales.
El
artículo se estructura en tres ejes. El primero se dedicará a explorar
sucintamente las principales características de la relación entre los
sindicatos y el gobierno alfonsinista. Una segunda parte se propondrá analizar
los dos casos seleccionados: la huelga por tiempo indeterminado de los
empleados municipales de Rosario de 1984 y el proceso de normalización de dicho
gremio; el segundo refiere a los conflictos metalúrgicos de la ciudad, al “Plan
de lucha” de la UOM nacional y sus repercusiones en la zona, y las elecciones
metalúrgicas de noviembre de 1984. Finalmente plantearé a modo de conclusión
algunas hipótesis en torno a la relación entre conflictividad laboral y
normalización sindical.
La
política sindical de Alfonsín: el confrontacionismo de la Ley Mucci
Las
relaciones entre el Estado, los sindicatos y el movimiento obrero en el año ’84
estuvieron estructuradas, centralmente, alrededor de dos problemáticas: en
primer lugar, los altos índices de conflictividad laboral y en segundo lugar
por el proceso inconcluso de normalización sindical.[1]
Las
relaciones entre el movimiento sindical y el gobierno alfonsinista han sido
abordadas por un número de investigadores e investigadoras. Se destacan los
trabajos de Victoria Murillo quien señaló que el triunfo de Alfonsín marcó una
etapa caracterizada por el intento de convertir la legitimidad de los votos en
el instrumento para enfrentar las presiones de los poderes corporativos que
habían caracterizado la dinámica política argentina en la segunda mitad del
siglo XX (Murillo, 2006, p. 139-140). Los
sindicatos, en la mirada alfonsinista, formaban parte de ese entramado
corporativo y como actores extemporáneos en una nueva era en donde los votos y
la figura del ciudadano debían de ser las bases sobre las que la sociedad
argentina tenía que reorganizarse. Enfoques como los de Murillo se centraron en
la idea de una débil institucionalidad argentina, el persistente peso de las
corporaciones en la vida política y la relación entre Estado y sociedad civil
entendida a través de los mecanismos institucionales, y del voto en particular.
Por su parte, Massano (2015) sostiene que el alfonsinismo partía de un
diagnóstico que asimilaba positivamente el proceso de “desperonización”
iniciado por la dictadura militar, del cual el triunfo electoral era solo una
expresión. El autor señala que uno de los puntos más débiles del diagnóstico
alfonsinista era una lectura desacertada que apuntaba profundizar la fragmentación
sindical a la salida de la dictadura.[2]
Para Massano la existencia de varias centrales sindicales se correspondía a
factores más bien coyunturales que estructurales. Es desde esta hipótesis que
el autor analiza la política sindical del alfonsinismo en esta primera etapa.
En el año ’84 podemos distinguir
dos estrategias gubernamentales claramente diferenciadas hacia el movimiento
obrero: la primera de confrontación y la segunda de concertación. Siguiendo el
planteo de Murillo la estrategia de enfrentamiento con el sindicalismo
señalaría la voluntad de Alfonsín de imponer “el peso de la legitimidad de sus
votos a las corporaciones” (Murillo, 2006, p. 142). La Ley de Reordenamiento
Sindical se inscribe en esta primera fase, el proyecto gubernamental que
pretendía trasladar el triunfo electoral a nivel nacional al interior del
entramado organizacional gremial del peronismo.
Como se planteó al inicio del
texto, la normalización sindical ha tendido a ser observada privilegiando el
análisis de las negociaciones políticas en torno a la ley Mucci y la puja
política entre sindicatos peronistas y gobierno radical. El estudio de la
normativa que regularizaría el acto eleccionario de los sindicatos es
importante ya que permite indagar en las relaciones de fuerzas entre los
actores en pugna, no obstante, no es suficiente. Para entender el proceso de
normalización sindical no basta únicamente con analizar las relaciones externas
de los sindicatos con el Estado, se hace necesario también posar la mirada
sobre las dinámicas al interior del movimiento obrero y sus organizaciones,
incorporando como clave analítica las dinámicas de la conflictividad laboral,
la intervención de las bases y las relaciones entre los diferentes
agrupamientos sindicales. En este sentido, resultan estimulantes las
perspectivas adoptadas por Leandro Molinaro para quien las negociaciones y
confrontaciones derivas del proceso de reorganización gremial, ya sean al
interior de las cúpulas sindicales, como en su relación con el Estado, no
pueden estudiarse en sí misma, sino que deben necesariamente vincularse con los
procesos de conflictividad laboral y reorganización de las bases obreras. Para
el autor es necesario ponderar “la lucha de los trabajadores en algunos de los sindicatos
intervenidos como un factor fundamental para comprender la importancia de la
normalización” (Molinaro, 2016, p. 37).
La derrota en la Cámara de
Senadores liquidó el proyecto original de reorganización sindical lo que obligó
al gobierno a reorientar la política laboral. Se cerraba de esta manera una
primera fase en la estrategia hacia el sindicalismo hegemonizada por el ala
“dura” del radicalismo, representada sobre todo en la figura de Germán López.
Murillo sostiene que esta victoria del sindicalismo peronista le ayudaría a
sobrellevar el desprestigio de la derrota electoral de 1983 y a “establecer una
estrategia de defensa y acumulación de beneficios institucionales, como el
monopolio de la representación” (Murillo, 2006, p. 145) y marcaría el inicio de
una política concertacionista. La asunción de la cartera laboral por Juan
Manuel Casella sería expresión de ello. Al poco tiempo de asunción del nuevo
ministro el cambio de orientación quedaría finalmente verificado con la aprobación
de una nueva reglamentación para la normalización sindical hacia julio de 1984.[3]
La coyuntura de las normalizaciones
sindicales constituye un momento particular y de suma significancia para las
organizaciones gremiales en general. Lucita señala que el proceso de elecciones
sucedidos a partir de septiembre de 1984 fue uno de los movimientos electorales
de los gremios más importantes de la historia del mundo del trabajo argentino (Lucita, 1985, p. 16). No es la intención desplegar un
análisis detallado del escenario que se configuró tras el proceso de
normalización sindical, sino simplemente consignar algunos de sus resultados
más llamativos.
El primer dato para destacar es que
el monopolio de la lista única fue reemplazado por el de la confrontación. En 8
de los 10 sindicatos con más de 50.000 afiliados hubo competencia electoral. El
incremento de la participación fue notorio, un 66% de los habilitados para
votar lo hicieron. El grado de amplitud de la confrontación, reflejado en el
número de listas para elegir, también lo fue: los casos en los que se
presentaron 3 o más listas fueron el 72,4%.[4]
El porcentaje de triunfos de listas opositoras fue del 45%. El porcentaje de
listas opositoras independientes –es decir listas que no estaban formadas a
partir de desprendimientos de las conducciones tradicionales- fue del 18,9%. No
obstante, hay que señalar que el proceso electoral sindical no trastocó la supremacía
peronista frente a los sindicatos, que se arrogó la representación en el 90% de
estos (Gaudio y Thomspon, 1990, p. 88-89).
Pero este era sólo uno de los
frentes del movimiento obrero. Una editorial del vespertino más importante de
la ciudad, el diario La Capital,
señalaba que el escenario en el que se desenvolvían las relaciones entre
movimiento obrero y Estado era de tipo bifronte:
Estaba
en todas las previsiones el endurecimiento de la posición laboral. Este
endurecimiento se origina en un alto encarecimiento del costo de la
subsistencia y un acompañamiento que juzga insuficiente en materia de ingresos.
Se desenvuelve en dos planos distintos. Por una parte, el accionar de conjunto,
manejado por una central obrera trabajosamente aglutinada, preocupada
simultáneamente por cuestiones de espacio político, que indistintamente dialoga
y choca con el gobierno. El otro plano está dado por la acción directa: por
gremio y también por empresas, petitorios y medidas de fuerza.[5]
Para algunos autores, durante el
proceso de negociación y tratamiento del proyecto de ley para el reordenamiento
sindical las bases obreras tuvieron escasa participación. Tanto Lucita (Lucita,
1985, p. 13), como Gaudio y Thompson (Gaudio y Thompson, 1990, p. 51) señalan
que este hecho podría demostrar que existía un relativo desinterés de las bases
obreras por la vida institucional de las organizaciones gremiales. En este
sentido la puja entre radicales y peronistas “no tenía tanta trascendencia en
el terreno de las políticas laborales, sino que era, sobre todo, expresión de
una disputa por espacios de poder político” (Gaudio y Thomspon, 1990, p. 51).
La crisis económica, la carestía de
vida, la inflación, los despidos y cierres de fábricas constituían los
principales nudos problemáticos de la experiencia de clase a nivel de los
lugares de trabajo. La conflictividad laboral, azuzada en parte por la falta de
lazos partidarios entre el sindicalismo y el gobierno, pero también por un
conjunto de reclamos que las expectativas del retorno democráticos no
satisfacían, constituyeron el principal escenario donde se desenvolvieron un
conjunto de procesos que tenían su locus en las plantas, en los lugares de
trabajo y en las asociaciones gremiales de primer grado. Pero, como intentaré
insinuar en el siguiente apartado, la conflictividad laboral puede decirnos
algo acerca de los carriles sobre los cuales circularon las dinámicas de la
normalización sindical, como también la perspectiva eleccionaria abierta en los
sindicatos nos pueden dar indicios de cómo se estructuraron esos episodios de
la lucha laboral.
Los trabajadores municipales y los
metalúrgicos: entre el conflicto laboral y la normalización sindical
En este apartado me propongo
desplegar algunos de los ejes analíticos a partir del análisis de dos casos. El
primero refiere a los/as trabajadores/as municipales de Rosario que tuvieron un
importante protagonismo en la conflictividad laboral en la ciudad. Su acción
más destacaba fue el paro por tiempo indeterminado, una lucha que se prolongó
durante 40 días en el segundo semestre del año con gran repercusión en la zona.
Un rastreo por los orígenes del conflicto nos lleva a enero de 1984 cuando el
intendente de la ciudad, Horacio Usandizaga, se negó a homologar un aumento
salarial de 22% decretado por el Poder Ejecutivo provincial.[6]
La misma advertencia fue realizada meses más adelante, en marzo, cuando la
comisión transitoria del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, hasta
ese momento a mano de Jorge Bianchi, ligado a las facciones azopardistas de la
CGT, envió al intendente una nota en la que expresaba la inconformidad por la
falta de cumplimiento de las “directivas impartidas por el gobierno nacional en
materia salarial y que esa Intendencia se niega a aplicar”.[7]
En mayo de 1984 la comisión
normalizadora del sindicato se declaró en “estado de alerta y quite de
colaboración, sin perjuicio de otras medidas que pudieran implementarse en
pasos sucesivos”.[8]
El 11 del mismo mes decretó un paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de
trabajo debido a la “intransigencia puesta de manifiesto por el Departamento
Ejecutivo municipal en acceder a los justos salarios reclamados por esta
organización sindical”.[9]
Ese paro de 48 horas fue levantado
por la comisión transitoria con el objetivo de “no entorpecer la labor
conciliatoria”.[10]
Las críticas de las listas opositoras hacia la dirección provisional del
sindicato se amplificaron en el contexto de las negociaciones. La Lista Blanca
Auténtica, sostenía a través de un comunicado que apoyaban al paro, pero
declaraban que “criticamos enérgicamente la mecánica utilizada por la
normalizadora ya que entendemos que el procedimiento correcto se canaliza por
las vías de una asamblea general del gremio”.[11]
La lista Violeta, por su parte, señalaba que “la comisión normalizadora se
siente acorralada ante la inminente normalización, queriendo revertir el
desprestigio acumulado para conservar su permanencia”.[12]
El carácter inconcluso del proceso de normalización sindical realizado en el
último tramo dictatorial, donde una facción pequeña de los sindicatos fue
sustraída del control de los interventores militares y entregada a Comisiones
Normalizadoras, dejó planteada una contradicción importante en torno a la
legitimidad de dichas conducciones sindicales que se profundizó en los años de
instauración democrática. En el caso del Sindicato Municipal de Rosario, el
enrolamiento de sus dirigentes en la corriente azopardista de la CGT (que
mantuvo una estrategia de diálogo con el régimen militar) fue uno de los
blancos más importante de las acusaciones, no sólo de la administración
municipal radical, sino de las listas opositoras que acusaban a la conducción
de su sindicato de ser una “cría del proceso”.
Los desentendimientos entre el
gobierno local radical y el sindicato municipal desembocaron en la convocatoria
a un paro para el 21 de junio. La intendencia, por un lado, intentó desconocer
el conflicto salarial amparándose en problemas de presupuesto. Declaraban que
el 40% de los ingresos municipales se destinaban a salarios y acceder al
reclamo salarial de los trabajadores municipales implicaba aumentar las tasas
de impuesto en un 300%, es decir contraponía el interés sectorial del gremio a
los intereses generales del “ciudadano argentino”.[13]
Fue la decisión del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad de sancionar al personal jerarquizado, que se
había adherido a la medida, lo que cohesionó las filas de los huelguistas. El
Departamento Ejecutivo dispuso “la aplicación a todos los directores y
subdirectores generales que no estuvieron en sus lugares de tareas ayer, de una
suspensión por 60 días”.[14]
Esta decisión por parte de las autoridades locales sería uno de los puntos que
más trabaría al conflicto.
En la transformación de una huelga
de 48 horas por un paro por tiempo indeterminado influyó la decisión de una
asamblea, convocada por la conducción gremial, que reunió a 400 trabajadores
que votaron la medida.[15]
La asamblea se convirtió en un elemento central de la huelga y serían el canal
a través del cual se visibilizarían las tensiones que fueron intensificándose
en el transcurso del conflicto entre la dirección sindical y las bases obreras.
Los días que siguieron a la
declaración de la huelga por tiempo indeterminado estuvieron atravesados por
frenéticas negociaciones para levantar el paro, todas ellas fueron rechazadas
sistemáticamente por los trabajadores de base reunidos en asamblea. Los
huelguistas organizaron piquetes en las entradas de los lugares de trabajo, lo
que fue utilizado como excusa por la intendencia para romper el diálogo los
primeros días de julio.[16]
El uso de estos métodos fue concebido por el radicalismo local como una
provocación y un repertorio de acción ajeno a los tiempos de “diálogo” que la
naciente democracia requería.
El conflicto dejó pronto de ser una
medida que involucraba a los/as municipales rosarinos/as para recibir el apoyo
de la CGT local que el 3 de julio se declaró en “estado de alerta y
movilización”.[17]
También se involucró el gobierno provincial a través de la intervención del
gobernador José María Vernet, abogado peronista ligado a la UOM y las “62
Organizaciones”. Vernet, de claro signo político opositor, sostenía que “no es
la provincia la que intervino en el problema. Es una comisión de “buenos
oficios” que trató, como primera medida, preservar la democracia”.[18]
La incorporación de más actores a la huelga fue complejizando su desenlace y
añadiendo nuevos niveles de disputa, no sólo laborales sino también políticos.
Las negociaciones entabladas por Vernet no llegaron a buen puerto, la
intendencia mantenía una postura intransigente en retroceder de las sanciones
al personal jerarquizado y de la recuperación de los días caídos por la huelga.
Asimismo, el radicalismo local entendía que en la disputa laboral se ponían en
juego algo más que demandas económicas, la huelga era un episodio más de sus
pujas con el peronismo y los sindicatos, y presentaba a la acción de los/as
trabajadores/as como un factor desestabilizante para la institucionalidad democrática.
Con el trasfondo de unas
negociaciones empantanadas, la CGT decretó un paro general en la región de dos
horas en apoyo a la lucha municipal para el 11 de julio.[19]
Las asambleas crecían reuniendo a más de dos mil personas en la sede del
sindicato y se habían convertido en el principal núcleo de decisión del
conflicto. El diario La Capital, cuando finalizó el conflicto, lo reconocía de
esta manera y sostenía que estas: “se erigían en factor decisivo y recurrentemente
se estancaba o retrocedía en la prosecución de las negociaciones”.[20]
Por su parte el Movimiento Al Socialismo (MAS), expresaba que “desde el primer
momento la fuerza de la movilización obrera impuso la democracia sindical”[21]
y Partido Obrero (PO) resaltaba que “el activismo del gremio ha logrado
importantes avances durante el conflicto: formación de la comisión de lucha,
subordinación de todas las resoluciones a las asambleas diarias que se vienen
haciendo”.[22]
Si las negociaciones se estancaban por la intransigencia municipal, tampoco
quedan dudas de que la asamblea, erigida como principal órgano de decisión,
aportó a la longitud y profundidad del conflicto, a pesar de los intentos de la
dirección sindical de suavizar los reclamos.
El día 12 de julio se realizó una
marcha en la ciudad de Rosario en apoyo a los/as municipales que fue acompañada
por la CGT Rosario, y organizaciones políticas como el MAS, el PO, el Partido
Comunista (PC) y la Juventud Peronista. La crónica del diario La Capital
señalaba que hacia el final de la marcha un grupo de trabajadores se separó y
marchó hasta la propia casa del intendente.[23]
Ante la falta de avizoramiento de
una posible solución se agregaron a las negociaciones el Sindicato de
Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe, que tampoco logró acercar
a las partes en alguna posición de consenso. Una asamblea de 2500 municipales
rechazó nuevamente las ofertas de la municipalidad volviendo el conflicto a
foja cero. Mientras tanto la ciudad cambiaba su fisonomía, las calles sucias,
la principales peatonales llenas de vendedores ambulantes convertidas en un
“mercado persa” para la prensa local y hasta los servicios de morgues
interrumpidos. El principal verpertino de la ciudad atónito, pero
intencionadamente, denunciaba que la huelga afectaba “a la condición humana,
golpea a la sensibilidad saber que sucede esto. Los ataúdes ¿Cuánto tiempo
estarán arrumbados en un depósito?”[24]
El radicalismo local decidió hacer
una demostración pública de apoyo al intendente, acción que se convirtió en un
hito decisivo para el destino de la huelga. En su convocatoria los radicales
apelaron a la legitimidad de los votos contra el poder de las “corporaciones”
sindicales, en los términos de Murillo. Wence Julio Stenger, presidente del
comité departamental Rosario, sostuvo en la convocatoria que esa movilización:
Se inscribe en una
necesidad de fortalecer las instituciones. Queremos sacarla del contexto local
y llevarla a la necesidad que existe en el país de consolidar la democracia.
Indudablemente, después de muchos años de no ejercerla estamos sufriendo las
deformaciones del concepto de libertad en democracia[25]
Su acusación se centró en la
ilegitimidad de la comisión normalizadora del Sindicato Municipal de Rosario.
El Centro Radical de Información y Movilización contraponía la actitud de
concertación y diálogo de la intendencia rosario al “espíritu que animó a los
delegados interventores normalizadores designados por el régimen militar”[26]
a lanzar un paro con un desenlace incierto. Asimismo, puede observarse en sus
discursos la imputación a la huelga como un factor disgregante del orden
institucional, como un mecanismo de desestabilización. La lógica de los
sindicatos como “corporación” y su accionar, en particular la huelga, como una
amenaza contra la democracia fue un recurso discursivo que puede verificarse en
otros contextos de conflictividad laboral y al cual el alfonsinismo apeló
recurrentemente para posicionarse frente a los repertorios de acción del
movimiento obrero.
La movilización en apoyo al
intendente terminó en una riña de cánticos entre radicales y peronistas (que se
habían congregado en la Plaza 25 de Mayo en apoyo a los municipales), lo que
provocó otro de los virajes decisivos de la huelga. La Policía Santafesina
reprimió a los manifestantes peronistas con gases y bombas de estruendo. El
diputado nacional de Santa Fe por la UCR, Rodolfo Sanmartino, habría hecho un
llamado desde el Palacio Municipal al Ministerio del Interior solicitando que
“se resguardara la integridad del edificio y la seguridad de quienes se
encontraban adentro”.[27]
La represión desencadenó el final
de la medida. A las negociaciones esta vez se sumaron dirigentes de la CGT
nacional. Representantes del Sindicato de Municipales de Rosario, de la CGT
nacional y local, de la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de
Santa Fe y de la confederación que los agrupaba a nivel nacional, funcionarios
municipales, provinciales y nacionales, mantuvieron una reunión en la que
parecía que se había llegado a un preacuerdo. Luego de la reunión los
representantes gremiales se dirigieron a la sede del sindicato local donde lo
esperaba una asamblea de 2.000 personas. El clima era de tensión, con abucheos
y silbidos. El representante de la CGT nacional señaló que “traía la
solidaridad de todos los trabajadores de la República y en especial de la CGT
que asume la responsabilidad de ponerse al frente de esta lucha, junto a los
municipales”.[28]
La intransigencia de los
huelguistas ante la negociación fue notoria. “¿Quiénes han firmado este
“acuerdo”? Esta propuesta es una vergüenza. ¿Dónde queda la unidad del gremio
si abandonamos a los compañeros sancionados?”,[29]
expresó uno de los asambleístas. Dirigiéndose a los representantes de la CGT
nacional, otro trabajador planteó “Con todo respeto les digo que no hacía falta
que vinieran para avalar esta propuesta. No podemos seguir aceptando
vergüenzas”.[30]
La asamblea finalmente rechazó dicho preacuerdo.[31]
La distancia entre la estrategia de la dirección sindical, más proclive al
acuerdo y la de las bases, que mantenían una actitud de mayor combatividad,
llegaba a su punto cúlmine.
El hilo se cortó por el personal
jerárquico adherido a la huelga, lo que puede dar un indicio de cómo
repercutían las diferencias al interior de una clase más heterogénea en los
episodios de la conflictividad. Los treinta y ocho directores y subdirectores
sancionados por el Departamento Ejecutivo habían resuelto aceptar en todos sus
términos los puntos del último acuerdo rechazados por la asamblea.[32]
El levantamiento de la medida no estuvo exento de irregularidades y
confusiones. Un asambleísta propuso el fin del paro y que el mismo se aprobara
por aclamación.[33]
Al grito de “traidores” y “entregadores” propinados contra Bianchi, y “como
peligraba la continuidad normal de la asamblea”,[34]
el representante de la CGT nacional solicitó que se cantará el Himno Nacional
Argentino dando por finalizado formalmente el conflicto más importante que
atravesó la ciudad de Rosario.
En el marco de un gremio movilizado
y que ostentaba altos niveles de conflictividad algunos meses más tarde, en
octubre, se sucedieron las elecciones que terminarían de normalizar al
sindicato de los municipales bajo las disposiciones legislativas vigentes.
Algunos de los activistas de la huelga nutrieron las listas opositoras, que
fueron tres: Frente de Recuperación del Sindicato Municipal, lista Blanca y
lista Unificación. Todas ellas formaban parte de algunas de las alas del
peronismo sindical. La conducción azopardista de Bianchi y su lista “Lealtad”,
tildada durante el conflicto como “cría del proceso”, se impuso en los comicios
con una amplia diferencia de votos (1825 sobre 3165 emitidos). A diferencia del
caso de la UOM Rosario, como veremos a continuación, no existieron denuncias
contra intentos de proscripción al resto de las listas por parte de la Junta
Electoral, hegemonizada por la corriente de Bianchi. Las elecciones se habrían
desarrollado en un marco de reglas claras y bien establecidas. No obstante, la
misma conducción sindical que dirigió el conflicto, por momentos enfrentándose
a un sector importante y activo de las bases, se erigió como vencedora con una
amplia diferencia de votos. El uso de la conflictividad laboral como un medio
para mostrarse “eficientes” y el uso del conflicto como herramienta en la lucha
política contra el radicalismo local, terminaron por jugar un rol trascendente
en la legitimación como representantes genuinos del interés de los/as
municipales que fue aprovechado en los comicios.
El segundo de los casos que me
interesa recorrer es el de los/as metalúrgicos/as de Rosario. La UOM constituía
uno de los sindicatos con mayor cantidad de afiliados a nivel nacional, unos
300.000, lo que la convertía en un factor muy importante en la disposición
general de fuerzas del sindicalismo argentino de conjunto.
El sector metalúrgico había sido
una de las principales ramas golpeadas por los efectos de la reestructuración
capitalista iniciada por los planes económicos de Martínez de Hoz. Nos
encontramos con un conjunto de problemáticas de arrastre a partir de la cual se
fueron estructurando las principales demandas que enarbolaron los trabajadores
metalúrgicos en la época: la cuestión salarial, los cierres de fábricas, los
despidos y las suspensiones, todo ello motorizó gran parte de los conflictos
del año 1984.
En el gremio metalúrgico se
combinaron dos procesos a partir de los cuales emergió un importante activismo
desde las bases, expresado en movilizaciones, asambleas y elecciones de
delegados. Por un lado, la continua tendencia de conflictos a nivel empresa por
demandas defensivas. Por el otro verificamos una puja al interior del sindicato
entre el “miguelismo” y el “guerrerismo”, y entre esas tendencias intentos de
formación de listas antiburocráticas donde confluyeron sectores del peronismo
desplazado con la militancia de las izquierdas.
Realizando un breve repaso por los
principales hitos de conflictividad laboral metalúrgica encontramos a las
demandas salariales, el atraso en el pago de quincenas, las suspensiones y los
despidos como las principales causas de conflictividad laboral. En febrero de
1984 los trabajadores de la firma Colombres S.A iniciaron medidas de fuerza
ante la reducción del 30% de sus jornales y por el atraso en el pago de sus
quincenas.[35]
Los trabajadores mantuvieron una huelga por un mes logrando imponer sus
reivindicaciones: la reintegración de la reducción del 30% y el pago completo
de los días de conflicto.[36]
En enero de 1984 se sucedió un paro en la fábrica Fortuny desatado por el hecho
de que la empresa absorbió con el premio a la producción el aumento del 50%
logrado en diciembre del año anterior a raíz del paro de la UOM.[37]
La fábrica no tenía delegados, ni comisión interna, estos organismos surgieron
al calor de la medida de fuerza.
En marzo de 1984 los trabajadores
de la empresa Manufactura de Alambres Rosario SA denunciaban “el inminente
peligro de cierre de nuestra fuente de trabajo por falta de apoyo financiero
para la compra de materias primas”[38].
En abril se desató otro conflicto, esta vez en la empresa Altamura Hermanos.
Los obreros indicaban que el conflicto se inició “cuando el mayor accionista de
la fábrica suspendió hace más de cien días al personal, como parte de un plan
de vaciamiento de la empresa”.[39]
Acerca del rol de la UOM Rosario, los trabajadores entrevistados por el PO
sostuvieron que “se despreocupó de los conflictos en un momento en que en otras
fábricas había conflictos similares”.[40]
Hacia junio nos encontramos con un conflicto desatado a partir del retraso en
el pago de aguinaldos del año 1983 y de algunas quincenas de los sueldos del
corriente año. Se trataba de la empresa Frane S.R.L en la cual los trabajadores
realizaron un paro de una semana. Detectamos la intervención del Ministerio de
Trabajo que citaron a las partes a una negociación.[41]
Otro de los conflictos más
importantes entre los metalúrgicos rosarinos fue el desatado en agosto en la
empresa Tayme. La publicación del PC describía que en la fábrica “se practica
el más bajo esclavismo en materia de explotación laboral, malas condiciones de
trabajo, no se pagan los aportes previsionales y no se entregan recibos de
sueldo”.[42]
Ante esta situación relataban que los trabajadores se organizaron y formaron
una Comisión Interna y eligieron delegados en el marco de los paros nacionales
que la UOM en esos meses venía llevando adelante, particularmente el del 1° de agosto. A partir de allí decidieron
llevar adelante un quite de colaboración que fue respondido por la patronal con
el despido de los delegados.[43]
Se llegó a un acuerdo con el reintegro al trabajo sin despidos y “sin
represalias por parte de la patronal”,[44]
reconociendo de hecho a los delegados, a la comisión interna y efectivizando al
personal contratado.
En este contexto de numerosos
conflictos laborales dispersos en la ciudad, como también en el país, la
Comisión Transitoria de la UOM nacional, a manos del miguelismo, inició un plan
de lucha con una importante movilización al Ministerio de Trabajo de la Nación,
acompañada de un paro que se comenzó a las 10 am el 17 de julio.[45]
Allí se entregó un petitorio pidiendo una urgente recomposición salarial. Se
calculó que más de 10.000 metalúrgicos/as marcharon ese día en la ciudad de
Buenos Aires y en Rosario unos/as 6.000.[46]
El plan inicial de la Comisión Transitoria era llegar al Ministerio de Trabajo,
pero una columna, por iniciativa propia según la prensa del MAS, se dirigió
hacia Plaza de Mayo.
La prensa de la izquierda se
encargó de resaltar que este proceso respondía a la enorme emergencia por
debajo de conflictos y la aparición de una nueva camada de activistas que
elegían delegados y comisiones internas. La publicación del PC destacaba que:
Otras de las
características del proceso que vive actualmente la UOM lo constituye el hecho
de que los obreros no eligen delegados a quienes consideran conciliadores y
vacilantes. La preocupación por el cambio que se está visualizando nítidamente
en importantes sectores de la UOM, hace que sectores aferrados a los viejos
métodos burocráticos busquen formas de revertir el proceso.[47]
El MAS subrayaba que en algunas
fábricas subieron un 30% o 40% de sus obreros/as en los contingentes que iban a
la Capital Federal y que esta participación se concentraba en los
establecimientos donde “el activismo y los delegados son fuertes y
reconocidos”.[48]
A su vez, el PO caracterizaba la situación del gremio como “explosiva”.[49]
El 1° de agosto la UOM nacional
tenía planeada la realización de otro paro general que fue levantado por una
conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo ante la amenaza
de que sea decretado ilegal.[50]
Esta vez la huelga iba a ser por 62 horas. Al momento de anunciar el
levantamiento de la medida por la conciliación obligatoria ocurrió un hecho de
importancia: Lorenzo Miguel fue abucheado en plena movilización y en menor
medida su rival, el secretario adjunto del gremio, Luis Guerrero de la UOM
Avellaneda. En Rosario ese día se realizó una importante movilización de 5.000
metalúrgicos/as que a pie desde las diferentes zonas fabriles de la ciudad
llegaron al centro “trayendo pancartas, carteles y banderas, quebrando la
intención de la dirigencia de achicar la concentración”.[51]
La crónica del PC destacaba que ni la Lista Blanca de la burocracia miguelista,
ni la Juventud Sindical Peronista pudieron imponer la marcha peronista. Además,
planteaba que en esa movilización el 80% de la columna metalúrgica estaba
constituida por jóvenes y también destacaron la presencia de obreras
metalúrgicas.[52]
Una vez más la publicación comunista subrayaba el papel del activismo que, con
asambleas de base, garantizaron el paro en las fábricas alentando a que “en
este panorama se una la reivindicación salarial con el proceso eleccionario que
se realizará en el gremio”.[53]
Los empresarios se negaron a
acceder a los reclamos sindicales, ofreciendo en las mesas de negociación un 4%
que fue considerado una “burla” por parte de los gremialistas.[54]
A los pocos días un plenario de secretarios generales decidió endurecer las
medidas con una huelga de 48 horas,[55]
a iniciarse el 23 de agosto. En este contexto la CGT y el gobierno se
encontraban en plenas negociaciones en vista de la concertación y para la
prensa: “el recrudecimiento del conflicto en la actividad metalúrgica
compromete incluso las relaciones entre el gobierno y la CGT dada a influencia
que ejerce la UOM en su calidad de sindicato industrial más importante del
país.”[56]
El secretario general de la UOM Rosario Miguel Gómez, alineado con el
miguelismo, anunciaba que ese día 15.000 metalúrgicos de la zona paraban sus
actividades.[57]
Una vez finalizada esta tercera
jornada de huelga el sindicato amenazó con continuar con el plan de lucha que
podría incluir una “huelga por tiempo indeterminado o trabajar media hora si,
media hora no”.[58]
Los empresarios persistían en su negativa a acceder a los reclamos salariales,
lo que provocó que la UOM profundice las medidas y el 29 de agosto se anunció
un “plan que se inicia con la aplicación inmediata de un “quite de
colaboración”.[59]
En la misma fecha se dio a conocer un paro nacional de 48 horas para los días
13 y 14 de septiembre.[60]
La Comisión Transitoria decidió
levantar los paros de septiembre dando por finalizado el plan de lucha. Dos
motivos parecen estar detrás de esta decisión: por un lado, la realización de
la huelga general de la CGT y el viraje coyuntural en la estrategia del
sindicalismo que se abocó a las negociaciones en la concertación. Por el otro
lado el horizonte cercano de las elecciones gremiales en las 64 seccionales de
la UOM y, vinculado con ello, no se puede descartar la presencia de un nuevo
activismo que amenazaba con corroer, al menos parcialmente, la hegemonía
miguelista en el gremio.
Una vez terminado el plan de lucha
la actividad sindical del gremio metalúrgico se encauzó hacia las elecciones
gremiales. La prensa partidaria del MAS destacaba la conformación de listas
opositoras en Quilmes, La Plata y Rosario.[61]
En Rosario numerosos agrupamientos confluyeron en el Movimiento Renovador
Metalúrgico que conformaron la Lista Azul para competir en los comicios. En una
actividad donde participaron más de 1000 trabajadores se lanzó oficialmente la
lista, conformada por activistas de las fábricas en conflicto y de grandes
establecimientos como Cametal, Montenegro, Fric Rot y Fader.[62]
En esta participaban militantes del PC, del MAS y sectores del peronismo, como
así también trabajadores independientes.
Este agrupamiento llevaba como
candidato a secretario general a Albino Delponte quien resaltaba que existían
“posibilidades concretas” de triunfo.[63]
Apelaban a valores como la honestidad, la democracia y el pluralismo
ideológico, propugnaban por una reforma de los estatutos, por darle más poder a
los cuerpos de delegados y la participación de los trabajadores en la gestión
de las obras sociales.
La Junta Electoral de la UOM
Rosario, encargada de organizar los comicios, quedó enteramente bajo el control
del miguelismo local. El dominio integro de este organismo por parte de esta
corriente sindical, encargado de confeccionar los padrones electorales,
determinar los requisitos para la presentación de listas y su eventual
aprobación, representó un desafío para los integrantes de la Lista Azul que
tuvieron que sortear una serie de dificultades, entre ellas la recolección de
avales entre los trabajadores que debían de ser reconocidos ante la junta
electoral.
A medida que se acercaban las
elecciones el clima se iba espesando. El PC denunció la presencia de sectores
ligados a la burocracia sindical en las zonas de gran concentración metalúrgica
que “estarían preparándose para operar con objetivos de provocación y
matonismo, mientras volantes firmados por un tal “Comando Juan Manuel de Rosas”
plantean que el triunfo de las listas combativas y representativas llevaría a
un enfrentamiento”.[64]
Denunciaron el incremento de despidos de delegados y trabajadores combativos,
en particular en aquellas fábricas de Rosario que habían atravesado episodios
de conflictividad. La dirección de la UOM, aseguraban los militantes
metalúrgicos del PC, habría recomendado que “acepten la indemnización y que se
“borren” del sindicato”.[65]
Afirmaban que la burocracia miguelista hubiera preferido un proceso electoral
en frío “y eso no se les dio: entre junio y octubre se desencadenaron
movilizaciones, huelgas, asambleas, todo lo cual ayudó a crear u clima de mayor
apertura en algunas seccionales”.[66]
Finalmente, la Lista Azul no pudo
sortear las taras impuestas por la Junta Electoral y fue proscripta. La
elección se desarrolló en un clima de denuncias. El MAS señaló que se inflaron
los padrones, que en algunas fábricas el personal jerárquico coaccionó a
trabajadores para votar por el miguelismo y que en el Hospital Metalúrgico “no
se atendía nadie si antes no pasaba por la urna”.[67]
Estas prácticas que no fueron exclusivas de la regional Rosario también se
verificaron en otras seccionales como Córdoba, Vicente López, Capital y
Avellaneda. El control de organismos como las juntas electorales e incluso la
connivencia con las patronales para deshacerse de algunos activistas allanaron
el camino para que los sectores tradicionales de la dirigencia metalúrgica se
hagan de la dirección del sindicato en Rosario. En otras localidades como
Quilmes, La Plata, La Matanza y Campana se impusieron listas anti miguelistas.
En Villa Constitución nuevamente la Marrón revalidó la conducción con una
aplastante diferencia contra el miguelismo representado por la lista Blanca y
Azul: la primera se adjudicó el 87,9% mientras que la segunda apenas obtuvo el
11,1%.[68]
A pesar de que el panorama hacia
principios de diciembre era favorable para el antimiguelismo, la balanza se
terminó inclinando a favor de Lorenzo Miguel, que resultó electo por el voto de
159 delegados. Las listas opositoras divididas entre el guerrerismo, que
contaba con 63 delegados, el calabrocismo que contaba con 24 y las corrientes
antiburocráticas, que tenían 36 delegados, no alcanzaron a superar la hegemonía
miguelista.[69]
A modo de cierre
A través del análisis de dos casos
particulares he intentado detectar algunas de las características de la
conflictividad laboral en la región y sus vínculos con el proceso de
normalización sindical.
En el caso municipal la huelga de
40 días constituyó una instancia de enfrentamiento que rebasó el problema
gremial, sectorial o salarial propiamente dicho para convertirse en una
contienda con claros ribetes políticos. Ello es patente sobre todo en el discurso
enarbolado por el radicalismo que hacía del paro un factor disgregante y
amenazante contra la estabilidad institucional. En una escala reducida el
radicalismo buscó imponer la voluntad de los votos sobre el poder de la
corporación sindical. Ante ello la estrategia de los sindicalistas fue apelar
defensivamente al deterioro salarial y de las condiciones de vida de los
trabajadores municipales como una manera de demarcarse de cualquier
intencionalidad política. Así lo planteaba la CGT local cuando sostenía
que en nuestra ciudad
se viene manteniendo un conflicto entre el Sindicato de Trabajadores
Municipales y el Departamento Ejecutivo, al que se le pretende dar un matiz
político del cual carece considerando que los justos reclamos salariales de los
trabajadores están suscriptos en el artículo 78 del Escalafón de Estabilidad
Municipal y que dicha Municipalidad.[70]
Otra característica trascendental
que aparece aquí es la presencia de la asamblea como órgano de decisión máxima
de los trabajadores que condujo a la dirección del Sindicato Municipal a una
posición de mayor enfrentamiento que no siempre estuvo dispuesta a sostener. La
fortaleza de la posición de los trabajadores y su asamblea también estuvo dada
por la cohesión entre trabajadores y personal jerarquizado que permitió
sostener en el tiempo la medida de fuerza. La ruptura de esta unidad fue un
factor clave en el desenlace del conflicto.
Vinculado con lo anterior se
desprende una tercera conclusión que hace a la relación entre las bases y la
dirigencia, como también
a la situación interna del gremio de los municipales, que al momento de
estallar el conflicto se encontraba aún en manos de la lista Verde y Marrón que
había surgido de la digitación del interventor anterior. Las tensiones en torno
a la legitimidad de dicha conducción se venían expresando desde hacía tiempo y
varias listas de oposición criticaron en su momento los mecanismos
antidemocráticos de toma de decisiones y que la comisión normalizadora, en
vistas a las elecciones sindicales, necesitaba contar en su haber con
conquistas materiales para asegurar su elección. No obstante, a lo largo del
conflicto vimos como a veces los intereses de las cúpulas gremiales y las bases confluían en el
rechazo a las propuestas del Ejecutivo Municipal, y otras veces afloraban
tensiones, como en la asamblea en la que se decide levantar la medida.
Tomando los resultados finales de
la elección que terminó de normalizar la vida del Sindicato de Trabajadores
Municipales de Rosario, la Lista Verde y Marrón se impuso con una amplia
mayoría de votos.[71]
Podemos aseverar, entonces, que esas conducciones tildadas de burocráticas o
“crías del proceso” se reubicaron llevando adelante parcialmente las demandas
de las bases en perspectivas de asegurar su permanencia en la conducción
gremial. Es decir que su legitimidad se construyó a través de la combinación de
azuzar conflictos por demandas sectoriales, impulsando y por momentos
respetando las instancias de bases como las asambleas, pero limitando su poder
de decisión en momentos decisivos como cuando el personal jerárquico decide
abrirse de la lucha.
Para el caso de los metalúrgicos se
puede destacar la persistencia de conflictos localizados a nivel de las plantas
y los establecimientos, impulsados todos ellos por problemas relacionados a
salarios, cierres, despidos y suspensiones, una tendencia que venía desde fines
de la dictadura.
El plan de lucha iniciado por la
Comisión Transitoria apareció como un elemento novedoso en la conflictividad
metalúrgica. Esta medida tomada por el sindicato a nivel nacional permitió que
se expresara un nuevo activismo metalúrgico que se nutrió de la experiencia de
aquellos conflictos laborales que mantenían características que venían dadas
del período anterior. En 1984 se combinó la experiencia de la conflictividad
anclada en la fábrica, con aquella que provino del plan de movilizaciones y
acciones obreras estructuradas en torno al sindicato nacional y los sindicatos
locales.
Las elecciones gremiales de la UOM
y sus resultados no pueden entenderse por fuera de este proceso de
movilización. A diferencia del resto de las elecciones sindicales desde el año
1964, las elecciones de 1984 encontraron al gremio de la UOM disputado por
varias listas, muchas de ellas nutridas por activistas de las fábricas y
establecimientos en conflicto. Quizás un análisis más pormenorizado de estas
dos experiencias, como de otras, nos permitan avanzar en explicaciones más
complejas sobre los cambios presentes en el recambio institucional de 1983 en
las relaciones entre bases y dirigencias, como desentrañar las complejas tramas
de los vínculos entre trabajadores, empresarios y Estados en el marco de una
profunda reformulación de la sociedad argentina.
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Nacional del Litoral Recuperado en: https://doi.org/10.14409/es.v39i1.2668
Recibido:
07/04/2020
Evaluado:
13/05/2020
Versión
Final: 10/06/2020
(*) Licenciado en Historia. Maestrando en Historia Social y Argentina y Latinoamericana. Doctorando en Historia. Auxiliar de 1ra. Problemática Historia (Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario). Becario doctoral (Investigaciones Socio Históricas Regionales. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Argentina. E-mail: rodrigolpez61@yahoo.com ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6141-8628
[1] El proceso de normalización sindical en los hechos comienza en los últimos años de dictadura militar. A principios de 1982 el gobierno de facto de Galtieri dio a conocer el decreto 549/82 que facultaba a la cartera laboral para designar comisiones transitorias en todos los gremios intervenidos. Para Sangrilli este proceso “significó una tibia devolución –consensuada- de los sindicatos intervenidos a dirigentes que tenían una posición próxima a la dictadura” (Sangrilli, 2010, p. 154). Para la autora al momento de asunción de Alfonsín existían 768 gremios por normalizar, de los cuales 588 tenían comisiones directivas con mandatos prorrogados a autoridades elegidas antes de 1976, 75 estaban a cargo de delegados normalizadores designados por la autoridad laboral y 105 eran conducidos por comisiones transitorias nombras en los últimos tramos de la dictadura (Sangrilli, 2010, p.164).
[2] Hacia finales de la dictadura militar el sindicalismo se encontraba dividido entre un sector liderado por Saúl Ubaldini, identificado como “confrontacionista”, y otro encabezado por Triacca, identificado como “participacionista”.
[3] Los puntos fundamentales de este acuerdo incluían el permiso para las conducciones vigentes en aquel momento, ya sean comisiones transitorias, conducción con mandato prorrogado o electas irregularmente con la ley 22.105. El régimen convenido implicaba un ordenamiento articulado de arriba hacia abajo, desaparecía la figura del “administrador” reemplazada por la de un “veedor electoral” y el desarrollo del proceso eleccionario quedaba bajo la responsabilidad de una junta electoral internas.
[4] En el período 1973-1976 fue del 25% (Gaudio y Thompson, 1990, p. 77).
[5] La Capital, Rosario, 18/03/1984.
[6] La Capital, Rosario, 06/01/1984.
[7] La Capital, Rosario, 24/03/1984.
[8] La Capital, Rosario, 06/05/1984.
[9] La Capital, Rosario, 11/05/1984.
[10] La Capital, Rosario, 13/05/1984.
[11] La Capital, Rosario, 13/05/1984.
[12] La Capital, Rosario, 22/06/1984.
[13] La Capital, Rosario, 21/06/1984.
[14] La Capital, Rosario, 22/06/1984.
[15] La Capital, Rosario, 24/06/1984.
[16] La Capital, Rosario, 01/07/1984.
[17] La Capital, Rosario, 03/07/1984.
[18] La Capital, Rosario, 03/07/1984.
[19] La Capital, Rosario, 07/07/1984.
[20] La Capital, Rosario, 19/07/1984.
[21] Solidaridad Socialista, Buenos Aires, 26/07/1984.
[22] Política Obrera, Buenos Aires, 12/07/1984.
[23] La Capital, Rosario, 12/07/1984.
[24] La Capital, Rosario, 26/06/1984.
[25] La Capital, Rosario, 16/07/1984.
[26] La Capital, Rosario, 16/07/1984.
[27] La Capital, Rosario, 17/07/1984.
[28] La Capital, Rosario, 18/07/1984.
[29] La Capital, Rosario, 18/07/1984.
[30] La Capital, Rosario, 18/07/1984.
[31] Los principales puntos del preacuerdo que generaron tensión estuvieron dados por la devolución de los días caídos por la huelga que deberían ser devueltos en un término no menor a ciento ochenta días y los relacionados a las sanciones al personal jerárquico que disponían “dar por cumplida con los días transcurridos desde aquella resolución y hasta la fecha del levantamiento de las medidas de fuerza la suspensión preventiva, transformándose la misma en suspensión efectiva sin pago de haber”.
[32] La Capital, Rosario, 19/07/1984.
[33] La Capital, Rosario, 19/07/1984.
[34] La Capital, Rosario, 19/07/1984.
[35] La Capital, Rosario, 23/02/1984.
[36] Política Obrera, Buenos Aires, 05/04/1984.
[37] Política Obrera, Buenos Aires, 28/01/1984.
[38] La Capital, Rosario, 15/03/1984.
[39] La Capital, Rosario, 09/05/1984.
[40] Política Obrera, 17/4/1984.
[41] La Capital, 14/6/1984.
[42] ¿Qué Pasa?, Buenos Aires, 29/8/1984.
[43] ¿Qué Pasa?, Buenos Aires, 29/08/1984.
[44] ¿Qué Pasa?, Buenos Aires, 29/08/1984.
[45] La Capital, Rosario, 18/07/1984.
[46] Solidaridad Socialista, Buenos Aires, 19/07/1984.
[47] ¿Qué Pasa?, Buenos Aires, 27/06/1984.
[48] Solidaridad Socialista, Buenos Aires, 19/07/1984.
[49] Política Obrera, Buenos Aires, 24/07/1984.
[50] La Capital, Rosario, 02/08/1984.
[51] Solidaridad Socialista, Buenos Aires, 09/08/1984.
[52] ¿Qué Pasa?, Buenos Aires, 15/11/1984.
[53] ¿Qué Pasa?, Buenos Aires, 15/11/1984.
[54] La Capital, Rosario, 09/08/1984.
[55] La Capital, Rosario, 11/08/1984.
[56] La Capital, Rosario, 23/08/1984.
[57] La Capital, Rosario, 23/08/1984.
[58] La Capital, Rosario, 25/08/1984.
[59] La Capital, Rosario, 29/08/1984.
[60] La Capital, Rosario, 29/08/1984.
[61] Solidaridad Socialista, Buenos Aires, 19/07/1984.
[62] “Boletín Metalúrgico del MAS”, 12/12/1984
[63] Solidaridad Socialista, Buenos Aires, 19/07/1984.
[64] ¿Qué Pasa?, Buenos Aires, 14/11/1984.
[65] ¿Qué Pasa?, Buenos Aires, 14/11/1984.
[66] ¿Qué Pasa?, Buenos Aires, 14/11/1984.
[67] “Boletín Metalúrgico del MAS”, 12/12/1984.
[68] ¿Qué Pasa?, Buenos Aires, 05/12/1984.
[69] Datos extraídos de Lucita, 1985: 40.
[70] La Capital, Rosario, 03/07/1984.
[71] Las elecciones tuvieron lugar en octubre de 1984 y dieron como vencedora a la Lista Marrón y Verde con 1825 votos sobre un total de 3.165 emitidos.