La resistencia de Luz y Fuerza a las políticas de la dictadura: los conflictos de 1976 y 1977[1]

 

Pablo Ghigliani(*)

(IdIHCS-UNLP/CONICET; pablo.ghigliani@gmail.com)

 

Introducción

 

Las huelgas protagonizadas por los trabajadores de Luz y Fuerza en octubre de 1976 y los meses de enero y febrero de 1977 fueron los desafíos sindicales más serios que enfrentó la dictadura en su primer año en el poder.[2] Quizás por ello es que ocuparon muy tempranamente la atención de los investigadores.[3] De hecho, el análisis más detallado del libro más importante sobre el movimiento obrero en el período se ocupa de estos conflictos.[4] Fiel al destino de todo clásico, dicho análisis sentó las bases futuras del encuadramiento metodológico y conceptual del caso Luz y Fuerza: constituirse en la evidencia más elocuente de los cambios operados en las formas de lucha de la clase trabajadora bajo el régimen militar. En adelante, estas disputas tenderán a ser abordadas como la expresión paradigmática de la serie de conflictos laborales de la etapa.[5]

 A esta aproximación metodológica la acompañaba, además, la insinuación de que esta transformación de las acciones gremiales de los trabajadores lucifuercistas se correspondía con el distanciamiento ocurrido entre la base y la conducción del gremio. En lo esencial, esta sugerencia se apoyaba en la reproducción de un cable de la Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA) de Rodolfo Walsh, en el que un militante del peronismo combativo destacaba la organización de base, los nuevos métodos de lucha y la separación existente entre delegados y dirigentes sindicales.[6] De este modo, quedaba saldado el problema más sorprendente planteado por el caso: ¿cómo era posible que hubiese sido el sindicato de Luz y Fuerza Capital, uno de los motores del participacionismo y un gremio tradicionalmente esquivo a las confrontaciones abiertas, el animador de los conflictos laborales más duros de la etapa?[7]

Este artículo procura restablecer este interrogante recurriendo a otras fuentes documentales. Pretende demostrar que lejos de tratarse de conflictos motorizados por estructuras renovadas y por fuera de la organización sindical, los mismos estuvieron liderados por la que fuera la dirección del sindicato hasta su intervención por el Ejército en abril de 1976. Para ello resulta útil, primero, ubicar el conflicto en el marco de las políticas del gobierno militar para las empresas públicas, y en particular, indagar la aplicación de las mismas en las empresas del sector energético.

 

La política para el sector público

del Proceso de Reorganización Nacional

 

Las políticas económicas de la dictadura y las transformaciones estructurales por ellas producidas han sido el objeto de numerosas, y en general, concordantes descripciones. Los investigadores coinciden en que la apertura comercial, la progresiva liberación de los mercados, la reforma financiera y el endeudamiento externo marcaron el fin de una etapa en el funcionamiento de la economía argentina y estimularon la reestructuración del aparato productivo.[8]

Una de las premisas del nuevo esquema era la reforma del estado. En su discurso de asunción como Ministro de Economía, Martínez de Hoz identificó al déficit estatal como uno de los principales problema a superar. Para el nuevo equipo económico, los gastos improductivos del estado eran una de las causas fundamentales de la inflación. A partir de este diagnóstico, Martínez de Hoz proponía la reforma de la administración, el saneamiento de las empresas estatales, el aumento de las tarifas de los servicios públicos y el incremento de la presión tributaria. Muy pronto, el lema Achicar el estado es agrandar la nación pasó a sintetizar las aspiraciones gubernamentales.[9] Por un lado, el estado debía abandonar actividades en las que el mercado podía desempeñarse de manera más eficiente y para ello puso en práctica un amplio programa de privatizaciones. Por el otro, debía pugnar por alcanzar en sus empresas los niveles de productividad del sector privado mediante la reducción de los costos laborales y una eficiente reorganización productiva.

En verdad, los resultados macroeconómicos de estas políticas fueron negativos (el gasto público se incrementó en el período) o magros (las privatizaciones, aunque numerosas, no tuvieron relevancia económica). Pero los efectos de la racionalización fueron altamente perjudiciales para los trabajadores estatales, y en particular, para aquellos empleados en las empresas del sector con convenios colectivos que incluían conquistas laborales normalmente ausentes en el sector privado.

Las dos leyes cardinales de esta ofensiva sobre el sector público fueron la 21.274 (de prescindibilidad) y la 21.746 (de reforma de los convenios colectivos). La primera acabó con la estabilidad laboral del sector habilitando despidos por cuestiones de servicio (la ley 21.262 ya permitía la baja sin indemnización alguna de empleados públicos amparándose en razones de seguridad). La segunda, anunciada a finales de octubre y publicada el 16 de diciembre de 1976, estuvo dirigida a la eliminación automática de lo que definía como “cláusulas de privilegio”, esto es, una serie de beneficios plasmados en los contratos colectivos que superaban los garantizados en la ley de contrato de trabajo respecto a la duración de la jornada laboral, licencias, conformación de los planteles básicos, participación sindical, bonificaciones extraordinarias, etc. Como consecuencia, tal como observara Dimase, a mayor el nivel de conquistas alcanzado, mayor el impacto negativo de la aplicación de la ley. Luz y Fuerza es la ilustración más acabada de este axioma.[10]

 

La ofensiva dictatorial

en las empresas eléctricas y la reacción obrera

 

Si resulta sencillo establecer los ejes de la ofensiva gubernamental sobre las empresas estatales, es ardua la tarea de observar el impacto concreto de la racionalización sobre los lugares de trabajo. Sin embargo, documentación de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) permite vislumbrar algunos de los efectos capilares de estas políticas. La empresa ocupaba al momento del golpe alrededor de 24.000 trabajadores, suministraba 80% de la energía eléctrica consumida en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, contaba con casi 3 millones de clientes y cubría el 60% de la actividad industrial y comercial del país.[11]

Los primeros objetivos del interventor de la empresa, Capitán de Navío José Alcides Rodríguez, fueron la reducción del personal y la racionalización productiva. Las actas del directorio del mes de abril registran ya el pedido de la intervención de elaborar “esquemas que contemplen una racional y más eficiente utilización del personal de cada área”.[12] En el mes de mayo, mediante una resolución, la intervención establece como meta manifiesta el reordenamiento de la empresa en busca de “agilidad, eficiencia y productividad”. Para mejorar la producción, reducir los gastos operativos y racionalizar los procedimientos de la empresa, la resolución encomendaba “la revisión y/o adecuación y en su caso dejar sin efecto aquellos nombramientos, ascensos, nuevos cargos, estructuras y/o ampliación de las mismas o de las antes existentes, que debido a su irrazonabilidad, irregularidad o ineficiencia manifiesta, no responden a los fines de la Empresa dentro del Proceso de Reorganización Nacional”.[13] Determinaba también que no sean cubiertas las vacantes salvo en casos indispensable para la normal provisión del servicio.

Como consecuencia de estos objetivos, desde el mes abril comienzan los despidos para alcanzar las metas oficiales, cesantías que no parecen haber encontrado una oposición activa ni del sindicato, ni de los propios trabajadores.

Sin embargo, dada la imposibilidad de “cubrir las pautas porcentuales contempladas en las instrucciones del Superior Gobierno” de modo gradual y sin exoneraciones masivas, se decide recurrir a la ley de prescindibilidad.[14] La primera lista de despidos es elaborada por la intervención de la empresa. La misma es actualizada luego por el Comité de Gerentes y discutida y definida por unanimidad en la última reunión del Directorio del mes de setiembre.[15] Según el resumen confeccionado al concluir dicha reunión la lista final contemplaba 218 cesantías; en el informe de personal del mes de octubre la cifra es de 197.[16] Más de la mitad de los despedidos eran militantes, incluyendo a todos los miembros del ex consejo directivo y un gran número de delegados y activistas. La empresa dio a conocer la lista de despidos el 5 de octubre de 1976. La respuesta obrera es inmediata. Comienzan las medidas de fuerza que se prolongarían bajo distintas modalidades hasta el 1° de noviembre.[17]

Hasta ese momento, el gremio había intentado evitar el conflicto abierto, optando por una política dirigida a encontrar aliados entre las autoridades militares de la intervención del sindicato y del Ministerio de Trabajo con el fin de frenar, o al menos morigerar, los embates de las autoridades de SEGBA y los objetivos del gobierno para las empresas estatales.

Más que los despidos, en los primeros meses que siguieron al golpe de estado, el aspecto más conflictivo de la relación con la empresa fue el desconocimiento primero, y el asalto frontal después, de las actas y acuerdos que complementaban el convenio colectivo de trabajo de 1975.

Un documento elaborado por la Gerencia de Personal nos brinda una idea de la profundidad del ataque llevado adelante por la empresa al amparo de la Resolución 16/76: de las 154 actas firmadas con posterioridad al Convenio Colectivo de Trabajo de 1975, 42 fueron suspendidas hasta el establecimiento de un nuevo régimen laboral para la empresa.[18] Las actas suspendidas creaban puestos de trabajo, reclasificaciones y nuevas estructuras de personal que el informe caracterizaba como invasivas de las funciones de conducción.

La documentación de la empresa muestra también, aunque de manera un tanto elíptica al principio, la resistencia que encontraron las nuevas autoridades para llevar adelante la política de racionalización.

A menos de un mes del golpe, el nuevo Directorio se quejaba, por ejemplo, de “las dificultades prácticas con la que normalmente se tropieza al intentar la implementación de cualquier tipo de cambio”; por ello, planteaba la necesidad de identificar “aquellos obstáculos de cualquier orden que anulen o limiten la eficacia operativa o supongan trabas al cumplimiento de las órdenes de los superiores”.[19] Para agosto, en cambio, estos tibios eufemismos iniciales son reemplazados por referencias explícitas. Las actas comienzan a expresar quejas sobre los “diversos problemas de orden laboral, y en modo especial a los originados en el área de Distribución y Ventas, que agrupa a la mayoría del personal de producción”.[20] Además, los “obstáculos” son identificados ahora sin rodeos discursivos: “las cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo [y las] actas complementarias, que no permiten implementar la imprescindible racionalización de los planteles de la Empresa”.[21] Este diagnóstico del los miembros del Directorio era el fundamento de la violación sistemática de actas y acuerdos en los lugares de trabajo que motivó medidas de fuerza en el sector ya desde el mes de agosto. De la reunión del Comité de Gerentes, en la que analizan los dos paros de 30 minutos por turno realizados en el mes de setiembre por los trabajadores de la Central Puerto Nuevo (ver Tabla 1), se desprende que ya se venían realizando quite de horas extras e impidiendo el adecuado funcionamiento del “programa de conservación y reparación de instalaciones afectadas a la generación de energía eléctrica”.[22] Las actas no mencionan, sin embargo, los verdaderos motivos del conflicto: el desconocimiento por parte de la empresa de bonificaciones y acuerdos laborales.

Existen otros indicadores del descontento en los meses previos a los despidos de octubre. La documentación de SEGBA registra entre julio y principios de setiembre al menos cinco actos de sabotaje en Central Puerto Nuevo y dos en Central Costanera. Un informe señala que “por tratarse de hechos de carácter subversivo se efectuó denuncia verbal al Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, con listado de personal que efectuaba tareas en los turnos en que sucedieron los acontecimientos, así como también de personal con antecedentes ideológicos, a fin de que se iniciaran las investigaciones pertinentes”.[23] El resultado inmediato de estas denuncias fue el incremento durante el mes de agosto del personal de vigilancia. La Prefectura Naval dispuso cinco hombres por turno en cada central y dos hombres por turno en la Subestación Dique; la Policía Federal Argentina, dos hombres por turno en las Subestaciones Agronomía y Perito Moreno; la Policía de la Provincia de Buenos Aires: dos hombres por turno en las Subestaciones Ezeiza, Rodríguez, Almirante Brown, Morón, Escalada y Edison; y además el Comando General de la Fuerza Aérea comenzó a patrullar con helicóptero la línea AT Ezeiza-Morón-Burzaco. El día del paro en Puerto Nuevo, funcionarios de SEGBA, luego de concurrir a la Prefectura para coordinar acciones, comunicaban al Directorio los resultados de su gestión: “A las 11:50 hs se hizo presente personal de Prefectura en la Central y pidió la lista de Delegados Gremiales y a medida que dicha gente terminaba su turno iba siendo llevada a la DIPA a declarar”.[24]

Los despidos de octubre desviaron momentáneamente el proceso de resistencia en los lugares de trabajo del cual el episodio de la Central Puerto Nuevo no fue más que el acontecimiento más notorio. Pero con la ley 21.476 la resistencia a la racionalización saltaría definitivamente a la palestra.

En enero de 1977, las empresas de energía eléctrica, en una maniobra coordinada desde la Secretaría de Energía, anunciaron la decisión de implementar la ley aún contra las recomendaciones del Ministerio de Trabajo, que alertado del malestar existente en los gremios de trabajadores estatales había solicitado a los interventores de las empresas públicas que entablaran conversaciones previas con los representantes sindicales.[25] Irónica recomendación, por cierto, si se considera que la mayoría de las organizaciones, entre ellas, Luz y Fuerza Capital Federal y la Federación de Trabajadores de la Energía Eléctrica, se encontraban intervenidas. Era la antesala de un nuevo conflicto.

 

La dinámica de los conflictos de 1976 y 1977

 

Descripciones detalladas de los conflictos pueden encontrarse en distintas publicaciones, y en particular, en la recopilación de noticias del informe de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos. En esta sección se resumen las características más elementales de los mismos.[26]

Los despidos del 5 de octubre en SEGBA fueron respondidos inmediatamente con la organización de asambleas y actos en las distintas locaciones de la empresa, una huelga de brazos caídos y una concentración en la sede del sindicato intervenido. A la mañana siguiente, las fuerzas de seguridad ocupan los lugares de trabajo para obligar al personal a retomar las tareas; por la tarde, un bando militar denuncia la protesta y recuerda la vigencia de las prohibiciones gremiales y las consiguientes sanciones. Sin embargo, se profundiza el trabajo a tristeza, esto es, un agudo quite de colaboración, en ocasiones con ribetes teatrales frente a las órdenes de jefes y fuerzas de seguridad, respondidas lenta y cansinamente por los trabajadores a causa de la tristeza provocada por la situación laboral.

El 7 de octubre, mientras comienzan las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, un nuevo comunicado promete cárcel a todos aquellos que rehúsen retomar el trabajo con normalidad. Otra vez, las amenazas son desoídas. Como consecuencia el viernes 8 se producen decenas de detenciones y son secuestrados de sus domicilios dos delegados y un trabajador que se había sumado a las tareas de agitación; seis días después reaparecen con evidentes señales de torturas. Al mismo tiempo, recrudecen los sabotajes y los apagones, y se producen atentados con explosivos en edificios de la empresa.

Esta primera semana del conflicto compendia lo que serían los rasgos esenciales del enfrentamiento. Del lado de los trabajadores: trabajo a desgano, abandono de servicios, brazos caídos, trabajo a tristeza, asambleas, concentraciones en la puerta del sindicato o a la salida de sus labores, actos relámpagos, sabotajes, bombas; por el lado de la empresa y el gobierno: un compendio de amenazas, represión de las manifestaciones públicas, ocupación militar de los lugares de trabajo, detenciones masivas, secuestros y torturas, a lo que se sumarían en las semanas siguientes las redadas policiales en los barrios del sindicato.

El miércoles 13, el Poder Ejecutivo informa mediante un comunicado “que asume directamente la responsabilidad de dar solución definitiva al problema”.[27] Dispone además, que a partir del 15 se aplique la Ley 21.400, de reciente sanción, que prohíbe las medidas de acción directa y prevé prisión y descuentos salariales.[28] La irrupción del Poder Ejecutivo en el conflicto es un fracaso; las acciones aminoran pero no se detienen. Ante esta situación, durante el fin de semana el gobierno emite seis nuevos comunicados en los que advierte que la subversión busca aprovecharse del conflicto y reitera las amenazas reproduciendo los artículos de la ley.

La presión gubernamental surte efecto y comienzan a normalizarse las tareas; pero nuevas y masivas suspensiones en la empresa Agua y Energía generan un recrudecimiento del conflicto en la última semana de octubre.[29] No obstante, la ocupación militar de los lugares de trabajo a partir del día 28 pone fin al conflicto generalizado, aunque todavía se producirán algunas medidas de fuerza aisladas pidiendo la reaparición de los secuestrados y la liberación de los presos.

La tensa calma en que transcurren los meses de noviembre y de diciembre se rompe finalmente en enero de 1977 cuando las empresas del sector anuncian la decisión unilateral de aplicar la Ley 21.476, y como consecuencia, prolongar la jornada semanal de 32 a 42 horas a partir del 1 de febrero. El nuevo conflicto estalla en un contexto gremial diferente al de octubre. En los meses previos había crecido el malestar entre los trabajadores y representantes sindicales de las empresas del estado frente a los planes de racionalización del gobierno. El 4 de octubre, un día antes de los despidos en SEGBA, el diario La Nación comunicaba la pretensión gubernamental de recortar los convenios colectivos de las empresas estatales y que varios gremios, entre ellos Luz y Fuerza, habían manifestado su rechazo. La lucha contra las cesantías impidió el desenvolvimiento de esta disputa. Pero la sanción a finales de 1976 de la anunciada ley reactivó la acción conjunta de los gremios afectados, los que conformaron una coordinadora para peticionar ante el interventor de la Confederación General del Trabajo (CGT), Comodoro Julio César Porcile, y el Ministro de Trabajo, General Tomás Horacio Liendo. El nuevo nucleamiento sindical tenía la peculiaridad de sumar a los gremios intervenidos (Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, Federación de Obreros y Empleados Telefónicos, Unión Ferroviaria, Sindicato Único de Petroleros del Estado y Personal de Gas del Estado) junto a otros que no (La Fraternidad, Asociación Argentina de Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines, Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, Asociación de Trabajadores del Estado y Federación de Obras Sanitarias). Parte de este nuevo contexto era también el documento sindical que con la firma de setenta organizaciones no intervenidas tomó estado público el 5 de enero luego de una serie de reuniones extraoficiales con autoridades del gobierno publicitadas por la prensa. El documento criticaba la orientación liberal de la economía, cuestionaba la pérdida del poder adquisitivo del salario, solicitaba el libre ejercicio de paritarias y el respeto de los convenios colectivos de trabajo, pedía acabar con las intervenciones a los gremios, exigía la libertad de los presos gremiales sin causa junto a la publicación de la lista de detenidos y de su localización, y pedía la derogación de las ley de Prescindibilidad (prorrogada hasta fines de 1977) y de la ley 21.476.

Distintas informaciones periodísticas indicaban la preocupación de las autoridades ante la posibilidad de un conflicto generalizado en el sector estatal, de las características del ocurrido en las empresas eléctricas en octubre. A este temor, vinculaban las pautas del Ministerio de Trabajo ya mencionadas para reducir el impacto negativo de la aplicación de la ley 21476.

Sin embargo, haciendo caso omiso a las recomendaciones ministeriales, el 21 de enero las empresas SEGBA, Agua y Energía e Ítalo comunican la decisión de aplicar la nueva Ley. El punto más recalcitrante del anuncio era la ampliación de la jornada laboral; pero no era el único. Se dejaban sin efecto los descuentos salariales destinados a los Fondos de Vacaciones, de Vivienda, Compensador de Jubilaciones y Cultural, Educacional y Deportivo; se anulaban de forma definitiva las comisiones de cogestión y autogestión en todos los niveles de la empresa, lo que de todas formas, era ya un hecho consumado; se derogaban todas las cláusulas convencionales que otorgaban beneficios por arriba de los sancionados en la Ley de Contrato de Trabajo en cuestiones de vacaciones y licencias varias; se eliminaba la bolsa de trabajo sindical.

El 26 de enero se producen masivas manifestaciones de protesta de los trabajadores de Luz y Fuerza en la vía pública.[30] Se reanuda también el trabajo a tristeza que provoca pronunciadas caídas en la producción durante los primeros cuatro días de conflicto. Pero además, a partir del 1° de febrero, el gremio desafía abiertamente a las disposiciones gubernamentales y empresarias al desobedecer los nuevos horarios y retirarse anticipadamente de los lugares de trabajo.[31]

Ese mismo día, representantes de gremios estatales no intervenidos se reúnen con el interventor de la CGT, manifiestan su oposición a la aplicación de la ley y piden audiencia con el Ministro de Trabajo. Terminada la reunión, los representantes discuten en asamblea la situación de las empresas de energía y acuerdan en la necesidad de establecer una estrategia común. Luz y Fuerza insiste en acotar las medidas de acción directa al sector eléctrico y reservar las acciones comunes para las negociaciones oficiales con el gobierno.

La respuesta al conflicto oscila como en octubre entre la amenaza y la represión: sanciones masivas, ocupaciones de los lugares de trabajo, detenciones, secuestros y desapariciones. Una vez más, los trabajadores no se amedrentan y continúan con las medidas de fuerza. Esta vez el conflicto se extiende al interior del país. Rápidamente, el gobierno efectiviza la amenaza que lanzara en el anterior conflicto: autoriza los descuentos según el artículo 8 de la ley 21.400, que contempla entre su articulado una escalada que incluye despidos y detenciones.

Los diarios informan sobre reuniones en las más altas esferas para evaluar la marcha del conflicto, incluso con la presencia de los comandantes en jefe de las tres fuerzas; también dejan entrever la existencia de negociaciones informales de funcionarios de las carteras de Economía, Trabajo y la Secretaría de Energía con representantes gremiales.

En la segunda semana de febrero reaparecen los atentados y el sabotaje, en su mayoría, balaceras en la vía pública a transformadores de la empresa. Los delegados de SEGBA desvinculan toda responsabilidad gremial en estas acciones. La línea que bajaba desde el sindicato consistía en continuar con el trabajo a tristeza y rechazar el cambio de horarios, pero abstenerse de este tipo de protesta. Las autoridades de la empresa habían reconocido públicamente que en la primera semana de conflicto no se habían producido actos de sabotaje.

Finalmente, el día 10 de febrero los diarios anuncian la pronta normalización de las tareas gracias a las negociaciones entabladas por ex dirigentes gremiales y a las consultas efectuadas por los delegados en los lugares de trabajo. Sin embargo, el día 11 se produce la desaparición de Oscar Smith, ex secretario general, y según distintas fuentes, el protagonista clave del acuerdo alcanzado.[32] Este episodio marca el fin del conflicto y la derrota de las demandas obreras, aunque en lo inmediato genere nuevas medidas de fuerza reclamando la aparición con vida del dirigente.

El 3 de marzo puede leerse en las actas del directorio de SEGBA: “Luego de pormenorizar la situación, el señor Macchi señala que la mayoría resolvió acatar las instrucciones impartidas por las autoridades de la Empresa (…) Señala por último que el clima es tranquilo y que se espera en breve la normalización total de la situación”.[33]

¿Cómo evaluar la masividad y la intensidad de las medidas de fuerza? Se pueden elegir distintos indicadores. Un dato cualitativo del rechazo a los despidos de octubre y la férrea voluntad de combatirlos: luego de más de tres meses la gran mayoría del personal declarado prescindible no se había presentado a cobrar la indemnización prevista en la ley por lo que se procede a intimarlos y efectuar depósitos judiciales; un dato indicativo de la masividad de las acciones de fuerza de febrero: SEGBA amonestó al 83 % de su personal por retirarse antes del nuevo horario de trabajo. Pero sin duda, la imagen más acabada se obtiene de los datos estadísticos sobre las jornadas perdidas a causa de los conflictos que brindan los Informes de la Gerencia de Personal:

 

Tabla 1: Cantidad de jornadas de paro sobre el total de jornadas de trabajo

 

Meses

Personal de Conducción

(categorías 11 a 15)

Personal de Producción

(categorías 1 a 10)

jornadas de paro

% sobre el total

jornadas de paro

% sobre el total

Septiembre/76

-

-

25

-

Octubre/76

25

0.07

43912

9.05

Noviembre/76

1

-

608 (1)

0.12

Diciembre/76

-

-

-

-

Enero/77

-

-

12559

2.62

Febrero/77

301

0.79

54625

12.07

Marzo/77

-

-

-

-

 

(1) “Paros conflictos gremiales Sector Quilmes”, Informe Mensual de la Gerencia de Personal, mes de enero, Comité de Gerentes, Acta 584, 17 de mayo de 1977.

FUENTE: Informes de la Gerencia de Personal – SEGBA, varios meses.

 

 

 

Para valorar estos datos, es importante tener en cuenta que la cantidad de jornadas perdidas es un cómputo que intenta capturar el impacto de las permanentes interrupciones producidas por los abandonos de tareas y el trabajo a tristeza, ya que los trabajadores evitaron, por lo general, los paros abiertos. Durante noviembre y diciembre, medidas de este tipo ni siquiera fueron registradas en la estadística. Por ejemplo, la paralización de tareas del 16 de noviembre en solidaridad con los familiares de los detenidos que concurrieron a la empresa reclamando su liberación[34]; o las “medidas ‘rotativas’ de trabajo a tristeza” que según Baizán y Mercado siguieron produciéndose en los meses de noviembre y diciembre, reclamando la reincorporación de los despedidos y el respeto del convenio colectivo.[35] A su vez, los conflictos del mes de noviembre en Quilmes que la gerencia define como de origen gremial, son en realidad producto del reclamo por la desaparición de Enrique Valbuena, secuestrado en la madrugada del 27 de octubre.[36] En síntesis, si se considera la naturaleza de las acciones de fuerza y las dificultades existentes para su registro, las cifras que ofrecen los informes son más que elocuentes.

 

La dirección del conflicto

 

Las fuentes documentales disponibles cuestionan la caracterización ofrecida por el cable de ANCLA al que aludimos al comienzo del artículo. Por el contrario, revelan la activa presencia del ex consejo directivo de Luz y Fuerza, tanto en las negociaciones oficiales y extra oficiales, como en la disposición de las medidas de fuerza y el manejo de los tiempos del conflicto. No hay nada en ellas que sugiera una ruptura entre los trabajadores y sus representantes. En las descripciones de la sección previa se constata esta presencia; es el turno de analizar más detenidamente sus alcances.

En principio, puede ser oportuno remarcar que la táctica empleada por la dirección gremial se ajustó a los criterios tradicionales de la organización: una combinación de presiones, demostraciones de fuerza y negociaciones.

Las presiones fueron ejercidas en dos niveles: a través de declaraciones públicas y mediante advertencias informales sobre las potenciales consecuencias de las políticas llevadas adelante por la intervención de SEGBA. Por ejemplo, ya antes de los despidos de octubre, los secretarios gremiales de los sindicatos de Luz y Fuerza de todo el país habían elevado al Ministro de Trabajo un “pronunciamiento preventivo”, en el cual criticaban las intenciones privatizadoras del gobierno y denunciaban el objetivo de terminar con los convenios colectivos de trabajo. Baizán y Mercado afirman que este documento fue obra de Oscar Smith.[37] Luego, en medio del conflicto de octubre, Luz y Fuerza volvería a manifestarse públicamente a través de un nuevo comunicado firmado por Alberto Délfico y Oscar Smith, al que analizaremos en la próxima sección. El conflicto de febrero también estuvo precedido por similares intentos. Ante la sanción de la ley 21.476, Luz y Fuerza no escatimó esfuerzos para advertir sobre las imprevisibles consecuencias de un nuevo conflicto a través de contactos extra oficiales con las autoridades.[38] Además, sus ex dirigentes estuvieron entre los promotores de la formación de la coordinadora integrada por los sindicatos del sector público que peticionó la derogación de las leyes racionalizadoras ante las autoridades. Aunque, justo es decirlo, este afán los llevara en ocasiones a declaraciones más propias de una empresa que de un sindicato: “Los ex directivos sostienen que debido a la aplicación de la nueva Ley ‘el Sindicato deberá cerrar sus puertas, dejando a más de 2.000 trabajadores cesantes, que son los que hoy trabajan en Hoteles, Campos de Recreo, Cooperativas, Imprentas, Escuelas e Institutos de Capacitación de la organización sindical’”.[39]

Este juego de presiones estaba orgánicamente ligado a la caracterización que la conducción gremial tenía de las divisiones y tensiones existentes en el seno de las Fuerzas Armadas. Recordemos que SEGBA fue intervenida por la Marina, mientras que Luz y Fuerza lo fue por el Ejército. Según Baizán y Mercado, el propio Oscar Smith pidió al Ministerio de Trabajo la intervención del gremio por el Ejército debido a la intolerable relación con la empresa desde que la Armada asumiera su conducción.[40] La misma investigación destaca la decisión estratégica tomada por el gremio de estrechar los vínculos con el Ejército ante el golpe que se avecinaba y la relación personal de Oscar Smith con el círculo de colaboradores del General Roberto Viola, por entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército.[41] Desde la caída del gobierno de Isabel Perón, los dirigentes de Luz y Fuerza habían intentado hacer jugar en su favor las tiranteces y enfrentamientos entre la Armada y el Ejército. También, trataron de sacar provecho de los resquemores existentes en sectores de las Fuerzas Armadas frente a los aspectos más liberales de las políticas de José Martínez de Hoz, entre ellos, las privatizaciones. No hay que olvidar que la producción nacional de energía eléctrica era vital en un contexto marcado por la creciente tensión con Chile debido al conflicto limítrofe por el canal de Beagle. En suma, la búsqueda ilusoria de apoyos en el Ejército contra el proyecto gorila de la Marina fue una constante en este juego, y probablemente, la causa última de la desaparición de Oscar Smith.[42]

Vimos que la reacción de los trabajadores fue inmediata y multiforme, tanto en octubre como a finales de enero, pero ¿cómo fueron decididas las medidas de fuerza? La magnitud y coordinación de las acciones en medio de la represión sistemática ponen en duda la tesis de la espontaneidad y sugieren una dirección centralizada operando de manera simultánea a las decisiones autónomas tomadas por los delegados y trabajadores en sus lugares de trabajo. Nuevamente Baizán y Mercado afirman que los integrantes del ex consejo directivo fueron quienes decidieron la metodología con el objeto de establecer una lucha de desgaste que obligara a las autoridades a la negociación.[43] Difícil establecerlo con precisión. Sí es posible, en cambio, observar filtraciones en las fuentes periodísticas sobre el papel protagónico de la dirección del gremio en las medidas de lucha decididas en ambos conflictos, e incluso, testimonios sobre la presencia de ex dirigentes del gremio en las manifestaciones de octubre y febrero.[44] Además, como lo sugieren los datos de la Tabla 1, cada vez que la dirección llamó a levantar las medidas de fuerza los trabajadores retomaron sus labores, tanto a fines de octubre, como a principios de febrero, inmediatamente antes del secuestro de Smith.[45]

Finalmente, las negociaciones formales o informales fueron una constante durante todo el conflicto. Comenzaron en el mes de abril para detener la ofensiva de las nuevas autoridades de la empresa y se mantuvieron hasta pocas horas antes de la desaparición de Smith. La prensa de la época y los testimonios de protagonistas encumbrados mencionan repetidamente estos contactos. Los propios funcionarios de las empresas, de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Trabajo lo reconocen a pesar de la posición oficial de no negociar hasta tanto se levanten las medidas de fuerza. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo a través del Coronel Américo Daher mantenía una comunicación asidua con miembros claves del ex consejo directivo; el interventor del sindicato Teniente Coronel Saumell contaba entre sus asesores civiles con tres integrantes de la segunda línea del ex del consejo directivo; el propio Smith tenía llegada al círculo de colaboradores del General Roberto Viola.[46]

Por otro lado, los datos disponibles sobre la composición del cuerpo de delegados también contribuyen a relativizar la caracterización que se desprende del cable de ANCLA.

En 1973, la organización contaba con 700 delegados gremiales, 700 subdelegados y 1500 delegados representantes y un poco más de 27 mil afiliados.[47] Tres años después la situación era similar. Dentro del gremio, la hegemonía de la lista Azul y Blanca era prácticamente absoluta; desde 1948, de su seno emergieron todos los consejos directivos que se alternaron en la conducción de Luz y Fuerza hasta 1976.[48] Un ejemplo entre otros de esta hegemonía lo brinda la Central Puerto Nuevo, relevante por tratarse del primer lugar de trabajo en recurrir al paro en 1976. En marzo, inmediatamente antes del golpe, se eligieron allí 106 representantes entre delegados militantes, subdelegados militantes y delegados representantes para cada uno de los sectores en los que trabajaban los 1200 operarios de la usina. De estos representantes se eligió el cuerpo de cuatro delegados gremiales de la central. Uno de ellos, Marcelino Fernández había sido Subsecretario Gremial de Juan José Taccone entre 1962 y 1964, y luego de Oscar Smith entre 1964 y 1966, y Secretario de Servicios Sociales y Asistenciales entre 1966 y 1968. Otro, Julio Ieraci, era un conocido militante oficialista, que llegó a ser ya en los años ochenta Subsecretario Adjunto de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF), y es actualmente su Secretario General. Los otros dos, menos renombrados, eran también militantes de la agrupación.[49] Cuando la Central es ocupada por fuerzas militares fueron estos delegados los que negociaron el retiro de las tropas.[50] Entre los trabajadores secuestrados durante el conflicto, se encuentran delegados del oficialismo, algunos de ellos, figuras de importancia en la agrupación. Tal es el caso de Santiago Romañach de la empresa CIAE, quien había sido Subsecretario de Solidaridad del gremio entre 1968 y 1970, Subsecretario de Cultura entre 1971 y 1972 y Subsecretario de Orientación y Adoctrinamiento durante el período 1973 y 1974.[51] Oscar Polizzo, secuestrado el viernes 8 y liberado días después con signos de tortura, era al momento del golpe secretario personal de Félix Pérez, quien fuera Secretario de Prensa, Propaganda y Relaciones Internacionales entre 1958 y 1960, Secretario General entre 1960 y 1964, Subsecretario General entre 1964 y 1966, y Secretario General de la Federación hasta 1975 cuando asumió como administrador obrero de Agua y Energía.[52]

Todas estas precisiones, sin embargo, no pretenden negar la actividad autónoma de los cuadros de base, o el rol que pudieran haber jugado los opositores a la conducción, o la intervención de militantes políticos y activistas de otros gremios que vieron en las huelgas un acto de resistencia a la dictadura, aún sin compartir el horizonte político de la dirección lucifuercista. Es evidente, además, que la represión obligaba a los delegados a tomar decisiones veloces sin posibilidad de atravesar los canales orgánicos para dar respuesta a las diversas y complicadas situaciones que se planteaban en los lugares de trabajo. El objetivo es simplemente recalcar que la interpretación que acentúa la contradicción entre la base y la dirección del gremio no encuentra apoyo sólido en las fuentes documentales disponibles. Todo indica que la movilización obrera durante el conflicto se sostuvo en las golpeadas estructuras organizativas de Luz y Fuerza. Aunque los despidos se concentraron en los delegados y activistas, el tamaño de la estructura representativa de base del sindicato aseguró el relevo en los distintos lugares de trabajo.

 

Coordenadas discursivas de la dirección del conflicto

 

Llegados a este punto, una vez establecido el protagonismo del ex consejo directivo en el conflicto, puede ser oportuno analizar brevemente las coordenadas discursivas desde las que se enmarcó la disputa y se definieron sus límites. Dos documentos nos permiten extraer los argumentos centrales. El primero, es una declaración pública firmada por Oscar Smith y Alberto Délfico enviada a la prensa el 21 de octubre; el segundo, un boletín de huelga dirigido a los trabajadores con fecha 25 de octubre y rubricado por el Consejo Directivo.[53]

Aunque sus destinatarios son distintos, ambos documentos comparten una misma línea argumental.

Los dos se esfuerzan por dejar en claro que las medidas de fuerza tenían una motivación exclusivamente gremial. En cierto sentido, ello puede interpretarse como una respuesta a los comunicados n° 4, 5 y 6 del Poder Ejecutivo del 15 de octubre en los que se agitaba el fantasma subversivo. La declaración pública enfatizaba que las organizaciones gremiales habían sido desde siempre una “barrera infranqueable contra la subversión” a la que habían enfrentado de manera incansable. No estaban diciendo nada nuevo. A lo largo de 1975, las editoriales de Alberto Délfico en Dinamis habían manifestado abiertamente el apoyo del sindicato al papel de las FF.AA. en la represión de las organizaciones político-militares.[54] El documento, sin embargo, no se detenía allí. Expresaba también el deseo de Luz y Fuerza de no “quedar marginados del proceso de Reorganización Nacional en el que todos los argentinos estamos comprometidos”. Dado el nuevo contexto y el histórico apego de la dirigencia lucifuercista al participacionismo, esto es, a mantener siempre abiertos los canales de negociación con las autoridades de turno, esta afirmación no tiene nada de sorprendente. Pero iba a contrapelo de las denuncias sistemáticas al golpismo de civiles y militares que desbordaban esas mismas editoriales. El Boletín de Huelga, en cambio, se abstiene de semejante profesión de fe antisubversiva. Allí, el consejo directivo se limita a resaltar que el liderazgo del conflicto estaba en sus manos: “Era fundamental que todos los Sectores del país sin excepción, supiesen que la conducción del conflicto era resorte exclusivo de los Cuerpos Orgánicos del Gremio, sin anarquías ni interferencias externas de ningún tipo. Era un conflicto de Luz y Fuerza y los conflictos de Luz y Fuerza se encaran y conducen por hombres de Luz y Fuerza”.

A su vez, los dos documentos iban más allá de los despidos y señalaban que el objetivo último de las empresas, sobre todo de SEGBA, era acabar con el convenio colectivo de trabajo, cuyas cláusulas estaban siendo violadas de hecho. Aunque los dirigentes gremiales estaban al tanto de los planes de la dictadura para el sector público, preferían concentrar el ataque en los funcionarios de las empresas y de la Secretaría de Energía, mientras procuraban la apertura del diálogo con otras autoridades del gobierno. Por ejemplo, la declaración pública afirmaba que las empresas tomaban sus decisiones “haciendo caso omiso incluso a las intimaciones efectuadas en contrario por las más altas autoridades del ministerio de Trabajo”. Idéntico objetivo perseguía el Boletín de Huelga cuando decía: “Hemos mantenido reuniones oficiales o extraoficiales con todos los Sectores que de una u otra forma pueden influir en el conflicto y todos sin excepción han admitido las razones de nuestros reclamos, criticando incluso, duramente a quienes provocaron el conflicto". El Boletín insistía, asimismo, en que para “liquidar el Convenio Colectivo de Trabajo” necesitaban “aniquilar a LUZ Y FUERZA” remarcando que lo que estaba en juego en el enfrentamiento era la propia supervivencia del sindicato.

Por último, los documentos dejaban en claro la firme voluntad gremial de encontrar una salida negociada a la situación planteada. Señalaba la declaración pública: “Hace muy pocos días nos dirigimos a todos los sectores de la vida nacional, gobierno, FF.AA., Iglesia, empresariado, solicitándoles la intervención para poner fin a este estado de injusticia en las empresas de electricidad y evitar así consecuencias que nadie desea y que hoy lamentablemente debemos afrontar”. O como expresa el Boletín en un lenguaje más llano: “No importa con quien debemos conversar, importa sí, que el conflicto pueda superarse”.

 

La paradoja del caso en perspectiva histórica

 

La demostración del rol jugado por los paladines del participacionismo en los conflictos de 1976 y 1977 restituye el carácter paradójico del caso. ¿Cómo explicar que el primer gran desafío gremial a la dictadura provenga de Luz y Fuerza?

La historia del gremio puede contribuir a una mejor comprensión de este hecho. Bajo el paraguas ideológico del sindicalismo múltiple, Luz y Fuerza había desarrollado una enorme estructura de servicios sociales sustentada en la acumulación patrimonial y cooperativa; bajo el lema de la participación, había alcanzado la dirección de Agua y Energía e Ítalo, y puesto en marcha la gestión sindical de SEGBA.[55] Para el gremio era la coronación del camino iniciado en 1963 con la incorporación al convenio colectivo de los párrafos de la encíclica Mater et Magistra que legitimaban la participación activa de los obreros en la vida de las empresas. Este objetivo comienza a plasmarse ya en 1964 con la incorporación de directores obreros en SEGBA y CIAE. El modelo de autogestión, que incluía en su segunda etapa la incorporación de la comunidad de usuarios, es incorporado luego por el gremio al convenio colectivo de trabajo de 1975. Este convenio garantizaba, además, un conjunto de conquistas que lo colocaban a la vanguardia del movimiento obrero en lo que a protección y estabilidad se refiere. Toda esta expansión se reflejó, asimismo, en la evolución de sus estructuras dirigentes: de los seis miembros que conformaban el consejo directivo en la década del cuarenta a los treinta y dos funcionarios elegidos a principios de los setenta, además de los ocho directores para las cooperativas del gremio y los tres directores obreros ante las empresas del Estado, para no mencionar los casi dos mil representantes de base de la organización.

Para Luz y Fuerza, su expansión era la prueba práctica de las virtudes del ideal justicialista. A mediados de los setenta, en las publicaciones del gremio el discurso de la justicia social, la independencia económica y la soberanía popular fue estrechando cada vez más sus vínculos con la retórica de la liberación nacional y el antiimperialismo. El común rechazo del liberalismo y el socialismo se maridaba con sugerencias prácticas para llevar adelante lo que concebían como un proyecto nacional de desarrollo con justicia social. Para ello exigían la más amplia intervención del estado en la economía, la incorporación de los trabajadores a la gestión empresarial y la participación del movimiento obrero como columna vertebral, ya no del peronismo sino de la comunidad organizada que el justicialismo debía promover desde el gobierno a través de la institucionalización de la concertación social. Sus propuestas programáticas incluían la nacionalización del comercio exterior, la banca y los sectores claves. Fieles a la experiencia del gremio, reservaban al sector público un lugar estratégico en las políticas de desarrollo; en particular, pregonaban incansablemente la conformación de una única y gran empresa nacional de energía eléctrica bajo gestión sindical.

Está claro que el proyecto político, económico y social de la dictadura se ubicaba en las antípodas de los propósitos de Luz y Fuerza. Si tal como dice Daniel James, la Revolución Argentina expuso los límites de las prácticas vandoristas en su relación con el estado, el nuevo golpe de estado iba a desnudar la impotencia del participacionismo de Luz y Fuerza.[56] El pragmatismo extremo en las relaciones institucionales con las autoridades públicas ya no servía para resguardar lo conquistado. Esta vez, la ofensiva abarcaba todo el frente de ideas y prácticas del gremio: tanto el ideal peronista de la justicas social y la comunidad organizada como las ambiciones del sindicalismo múltiple; tanto las conquistas corporativas de los trabajadores del sector como el patrón de gestión sindical de SEGBA.

 

A modo de conclusión: otras temporalidades, otras series

 

En su demoledor ataque a la tesis de la inmovilidad obrera en el período, el trabajo pionero de Pablo Pozzi situó a las huelgas de Luz y Fuerza en la serie de los cambios operados en las formas asumidas por los conflictos laborales durante la dictadura. De este modo, su investigación abrió definitivamente la puerta a los estudios de la clase trabajadora bajo el régimen militar.

Hoy, a más de veinte años de aquel libro, para profundizar la comprensión de ciertas dimensiones de estos conflictos parece necesario apelar a otras temporalidades y a otras series.

Desde una mirada de largo plazo sobre la historia de Luz y Fuerza, los conflictos de 1976 y 1977 pueden ser entendidos como el momento preciso en el que toda una lógica de desarrollo sindical estaba llegando a su fin. Así el comportamiento de la dirección del gremio adquiere otras connotaciones. Estaríamos ante la dramática defensa de una lógica sindical en la que el crecimiento del empleo y de la afiliación eran aspectos esenciales de la acumulación del capital sindical, básicamente, porque se trataba de una estrategia basada en la expansión de los bienes del sindicato y la extracción de rentas mediante la satisfacción de las necesidades de los afiliados en el ámbito de la circulación y el consumo. A mayor afiliación y conquistas, mayor fortaleza y riqueza gremial. Su traducción ideológica era el sindicalismo múltiple que motorizó los altísimos niveles de conquistas corporativas cristalizadas en el convenio colectivo de 1975, y cuyo epítome fuera la gestión sindical de SEGBA. En Luz y Fuerza, el golpe de 1976 acarreó el estancamiento y crisis de este modelo que transmutaría en los años noventa en uno nuevo, portador de una lógica menos ligada al éxito corporativo en el mercado de trabajo, el sindicalismo empresario. Signo de esta transformación, hoy el gremio apenas supera los 5 mil afiliados.[57]

A su vez, desde una perspectiva de mediano plazo, los conflictos de 1976 y 1977 forman parte de la serie de ataques al poder sindical como condición sine qua non de la reforma y privatización del estado. Imposible ignorar las semejanzas con las políticas seguidas quince años después durante la privatización de las empresas eléctricas por el gobierno de Carlos Menem al que Luz y Fuerza brindara su apoyo ya en la interna presidencial del Partido Justicialista. Nuevamente, aunque esta vez con un nivel de violencia incomparablemente menor y el sostén de la dirección del gremio, una combinación de piezas legislativas (las de Emergencia Económica y Reforma del Estado) sirvió de base para que la acción coordinada de los funcionarios de la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y la Intervención de las empresas pusiera en marcha un plan de racionalización en las empresas del sector. Y otra vez, como bajo la dictadura, el plan racionalizador incluyó la suspensión de acuerdos y cláusulas del convenio colectivo de trabajo y despidos masivos travestidos de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que solo en SEGBA superaron los 6 mil trabajadores de los poco más de 22 mil que tenía la empresa a principios de los noventa.[58]

Quizás, estas otras temporalidades y series ayuden a develar la paradoja que mencionábamos en un principio: que haya sido un gremio arquetípico del participacionismo el que enfrentara con más decisión los efectos concretos de la racionalización del sector público bajo la última dictadura.

Por último, es preciso decir que el caso descubre los límites de la historiografía del movimiento obrero cuando renuncia al estudio en profundidad de las direcciones sindicales reformistas, y aun colaboracionistas, de los años sesenta y setenta. Los conflictos de Luz y Fuerza de 1976 y 1977 desnudan, una vez más, las complejas relaciones existentes entre las instituciones e ideologías obreras reformistas y el antagonismo estructural que caracteriza a las relaciones sociales capitalistas.

 

 

RESUMEN

 

La resistencia de Luz y Fuerza a las políticas de la dictadura: los conflictos de 1976 y 1977

 

El artículo analiza los conflictos de Luz y Fuerza de octubre de 1976 y enero y febrero de 1977. Su objetivo elemental es reflexionar sobre el carácter paradójico del caso: que haya sido un gremio tradicionalmente enrolado en el participacionismo quien presentara el desafío sindical más serio durante el primer año de la dictadura. Con este fin aborda, primero, las políticas de racionalización del sector pública llevadas adelante por el gobierno militar; segundo, estudia el modo en que estas políticas son implementadas en la empresa SEGBA; tercero, describe la respuesta obrera y la dinámica de los conflictos de 1976 y 1977; cuarto, muestra la activa participación y liderazgo de los ex dirigentes gremiales; quinto, analiza el discurso que enmarca las luchas del gremio; sexto, sitúa el caso en perspectiva histórica. El artículo cierra con un conjunto de conclusiones acerca de los modos en que la aparente paradoja puede ser mejor comprendida.

 

Palabras clave: Luz y Fuerza – conflicto laboral – dictadura – movimiento obrero – sindicalismo

 

 

ABSTRACT

Luz y Fuerzas' resistance to the military rule: the labour conflicts of 1976 and 1977

 

This paper analyses the labor conflicts of October of 1976 and January-February of 1977 led by the union Luz y Fuerza. Its main objective is to reflect about the paradoxical character of the case-study: despite being a trade union historically enrolled in the participacionismo wing of the labor movement, Luz y Fuerza ended up launching the most serious threat to military rule over its first year in power. With this aim in mind, the paper addresses, first, the politics of rationalization for the public sector pursued by the Military Government; second, it studies how these policies were implemented in SEGBA; third, it describes the response of the electricity workers and conflicts dynamics; fourth, it proves the active participation and leadership of the former union officers; fifth, it analyses how the union frames discursively the struggle; sixth, it poses the case-study in historical perspective. Finally, the paper closes drawing some conclusions about how to better understand the paradoxical component of the case-study analyzed.

 

Key words: Luz y Fuerza – labor conflict – dictatorship – labor movement – trade unionism

 

 

Recibido: 01/03/2012

Aprobado: 20/05/2012

Versión final: 01/07/2012

 

 

Notas



[1] Este artículo es una versión revisada y ampliada de la ponencia “El conflicto de Luz y Fuerza de 1976-1977: ensayo de interpretación”, IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria, Bs. As., 2011, a partir de los comentarios y sugerencias de Eleonora Bretal, Andrés Carminati, Marcelo Raimundo y Oscar Videla. Agradezco especialmente a Julieta Haidar, quien identificó errores empíricos en la reconstrucción histórica.

(*) Master en Development Studies (Institute of Social Studies, Holanda) y Doctor in Industrial Relations (De Montfort University, Inglaterra). Investigador Adjunto del CONICET, Miembro del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) de la Universidad Nacional de La Plata dónde enseña Historia Social Argentina y Europea. E-mail: pablo.ghigliani@gmail.com.

[2] ABOS Álvaro, Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983), CEAL, Bs. As., 1984; FALCON Ricardo, "Conflicto obrero y régimen militar. La resistencia obrera en Argentina (marzo 1976-marzo 1981)". EN: GALLITELLI Bernardo y THOMPSON Andrés, Sindicalismo y Regímenes militares en Argentina y Chile, CEDLA, Amsterdam, 1982; FERNÁNDEZ Arturo, Las prácticas sociales del sindicalismo, CEAL, Bs. As., 1985; JAUREGUI Rubén, “Oscar Smith”, Hechos y Protagonistas de las Luchas Obreras Argentinas, Año 1, N° 2, Bs. As., febrero de 1984.

[3] DIMASE Leonardo, “La política gubernamental 1976/1981 y su impacto en los sindicatos”, Revista del Centro de Investigación y Acción Social, N° 301, abril, 1981.

[4] POZZI Pablo, Oposición Obrera a la Dictadura, Contrapunto, Bs. As., 1988, pp. 70-79.

[5] CARMINATI Andrés, “Conflictividad obrera durante la última dictadura militar (1976-1983) ‘Los días más difíciles’: La ola de huelgas de octubre/noviembre de 1977”, II Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos, Universidad Nacional de Córdoba, 2010; RIOS Sabrina, “El movimiento obrero durante la última dictadura militar, 1976-1983”, on-line en la Red Interdisciplinaria de Estudios sobre Historia Reciente, s/f.

[6] POZZI Pablo, op. cit., pp. 73-76. El testimonio completo en BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, Oscar Smith: el sindicalismo peronista ante sus límites, Puntosur, Bs. As., 1987, pp. 139-145. ABOS Álvaro op. cit., pp. 22-28, por el contrario, descuenta el protagonismo de los dirigentes pero ni lo demuestra ni lo explica.

[7] Esta paradoja, en cambio, es señalada por la prensa (por ejemplo, Revista Panorama, año XIV, N° 6, noviembre de 1976, p. 4) y por investigaciones de base periodística como BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, op. cit., p. 129.

[8] BASUALDO Eduardo, Estudios de historia económica argentina, Siglo XXI, Bs. As., 2006; BELLINI Claudio y KOROL Juan Carlos, Historia económica de la Argentina en el siglo XX, Siglo XXI, Bs. As., 2012; RAPOPORT Mario, Historia económica, política y social de la Argentina. 1880-2000, Macchi, Bs. As., 2000; PERALTA RAMOS Mónica, La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006), FCE, Bs. As., 2007.

[9] BELLINI Claudio y KOROL Juan Carlos, op. cit., p. 237.

[10] DIMASE Leonardo, op. cit., p. 61.

[11] NOVICK Marta, “Un informe descriptivo de las experiencias argentinas de participación de los trabajadores en la gestión de empresas”, Informes de Investigación, N° 1, CEIL, Bs. As., Agosto de 1979.

[12] SEGBA, Acta del Directorio 563, 13 de abril de 1976.

[13] SEGBA, Resolución N° 16/76, 12 de mayo de 1976.

[14] SEGBA, Acta del Directorio 597, 30 de setiembre de 1976.

[15] Ibídem.

[16] SEGBA, Informe Gerencia de Personal – Mes de Octubre, Comité de Gerentes de SEGBA, Acta 561, 30 de noviembre de 1976.

[17] Entre marzo y diciembre de 1976 es posible constatar la pérdida de 1408 puestos de trabajo entre el personal de Producción (aquel comprendido entre las categorías 1 a 9) y 148 entre el personal de Conducción (categorías 10 a 15). El caso de las empresas de energía sustenta el argumento de que la ley de prescindibilidad “se utilizó básicamente contra militantes políticos y gremiales”, NOVARO Marcos y PALERMO Vicente, La dictadura militar 1976/1983, Paidós, Bs. As., 2003, p. 208.

[18] SEGBA, “Informe complementario del Anexo II”, Comité de Gerentes de SEGBA, Acta 550, 14 de setiembre de 1976.

[19] SEGBA, Acta del Directorio 563, 13 de abril de 1976.

[20] SEGBA, Acta del Directorio 589, 5 de agosto de 1976.

[21] Ibídem.

[22] Comité de Gerentes de SEGBA, Acta 549, 8 de setiembre de 1976.

[23] SEGBA, Acta del Directorio 595, 16 de setiembre de 1976.

[24] Ibídem. El diario La Opinión había recogido la información: “durante la mañana habrían sido demorados en la Prefectura Naval una veintena de dirigentes del gremio”, 8 de setiembre de 1976.

[25] “Siete pautas para aplicar la 21476”, La Opinión, 9 de enero de 1977.

[26] CADH, Argentina: proceso al genocidio, Elías Querejeta, Madrid, 1977, pp. 177-180. La reconstrucción utiliza también los diarios La Nación y La Opinión, y el documento FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE, Situación Sindical en la República Argentina. A partir del 24 de marzo de 1976, Secretaría de Relaciones Sindicales de la FGB, París, s/f, 2 tomos.

[27] Comunicado n° 1, “Intiman al gremio de Luz y Fuerza”, La Nación, 14 de enero de 1976.

[28] Comunicado n° 2, Ibídem.

[29] Boletín n° 1. “La lucha no ha terminado”, 25 de octubre de 1976, Dinamis (segunda época), 17 de enero de 1989.

[30] “Buenos Aires, 26 de enero de 1977 (AP y AFP). – Unos 5.000 trabajadores de empresas energéticas de Bs. As. protestaron hoy en las calles contra una ley gubernamental que derogó varias conquistas laborales”, FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE, op. cit., T. 1, p. 33.

[31] “Activas gestiones abren la expectativa para resolver el conflicto energético”, La Opinión, 8 de febrero de 1977.

[32] SENÉN GONZÁLEZ Santiago, Diez años de sindicalismo argentino, Corregidor, Bs. As., 1984; TACCONE Juan, Autocrítica sindical, El Cid Editor, Bs. As., 1983; y la declaración de Oscar Lescano del 23 de mayo del 2001 en la causa Nº 2012 /SU.

[33] SEGBA, Acta del Directorio 614, 3 de marzo de 1977. Es oportuno señalar que las actas casi no brindan información sobre los conflictos que se producen entre octubre de 1976 y marzo de 1977.

[34] POZZI Pablo, op. cit., p. 79.

[35] BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, op. cit., p. 165.

[36] Reaparece una semana después y debe ser hospitalizado por las heridas recibidas en su cautiverio. Ver testimonio de Alicia Del Valle del 13 de setiembre de 2000, en la causa Coley Robles Manuel. Información sobre los paros de repudio en FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE, op. cit., T. II, p. 30.

[37] BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, op. cit., p. 99.

[38] Ibídem, pp. 172-174.

[39] Excelsior, 2 de febrero de 1977, citado en FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE, op. cit., T. I, p. 33.

[40] BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, op. cit., p. 92.

[41] Ibídem, p. 88

[42] Ibídem. Especulaciones en este sentido también en el testimonio de Lescano, op. cit.

[43] BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, op. cit., p. 102.

[44] “Nuevos signos de descontento en las empresas energéticas”, La Opinión, 27 de enero de 1977.

[45] “Normalizan hoy el área energética”, La Opinión, 10 de febrero de 1977; “Los trabajadores del área energética cumplieron normalmente sus horarios”, La Opinión, 11 de febrero de 1977.

[46] BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, op. cit.; TACCONE Juan, op. cit.; y el testimonio de Lescano, op. cit.

[47] Dinamis Interno, 2 de octubre de 1973, “1943-1973. Luz y Fuerza. 30° Aniversario”. Para principios de los setenta, el gremio tenía 600 delegados militantes y un cuerpo general de representantes de 1600 trabajadores, según TACCONE Juan, Crisis: respuesta sindical, Artes Gráficas Delta, Bs. As., 1971, p. 76.

[48] Dinamis Interno, 2 de octubre de 1973, op. cit., e información provista por Julieta Haidar.

[49] Dinamis Interno, 246 – marzo de 1976.

[50] BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, op. cit., pp. 123-124.

[51] Dinamis Interno, 2 de octubre de 1973, op. cit.

[52] Dinamis Interno, 2 de octubre de 1973, op. cit.; y Dinamis, 83, agosto de 1975. He procurado establecer la militancia política y gremial de los obreros de Luz y Fuerza secuestrados entre octubre y marzo. Además de los caos que se mencionan en el cuerpo del texto, solo he podido corroborar hasta el momento que Guillermina Silvia Vázquez Capocasale, de 31 años, delegada en SEGBA, secuestrada-desaparecida el 17 de febrero de 1977 en Ezpeleta, era activa militante de Montoneros (Víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria, CONADEP). El tema de la represión en el ámbito de las empresas eléctricas es espinoso. María Nélida Bartucci, madre de Francisco Bartucci, militante de la Juventud Peronista desaparecido el 29 de julio de 1976, declaró el 12 de mayo del 2004 en La Plata en el Juicio por la Verdad: “tuvimos que ir a ver a Taccone […] para que nos apoye para una firma de una solicitada y […] entonces él empezó a decir de que estaba bien lo que había pasado, de que estaba bien de que habían desaparecido y que si hubieran vuelto, él también los hubiera hecho volver a desaparecer”. Según el sito web de Roberto Baschetti, Francisco Bartucci era un referente gremial en su lugar de trabajo. Juan José Taccone, a su vez, expresó en 1983 que “Mi gremio ha tenido compañeros desaparecidos, entre ellos el compañero secretario general del gremio, Oscar Smith. Creo que esto es parte de lo que llamamos antes, la verdadera represión. La represión no antisubversiva, sino la represión político-social (…) Es por ello que nosotros insistimos que los coroneles Daher y Aranguren deben ser llamados a declarar por el secuestro de Smith y de los compañeros delegados secuestrados”, JAUREGUI Rubén, op. cit., p. 11.

[53] La declaración es reproducida en “Quedaron normalizadas las empresas de electricidad”, La Nación, 21 de octubre de 1976; el otro documento es el Boletín N° 1, “La lucha no ha terminado”, Dinamis (segunda época), 17 – enero de 1989. Salvo indicación, todas las citas textuales de esta sección corresponden a estos documentos.

[54] Por ejemplo, “A pesar del clima”, Dinamis Interno, N° 243, año VIII, septiembre de 1975; o “Guerrilla, lopezreguismo, los cambios”,

Dinamis, N° 88, año VIII, enero de 1976, pero son muchas las notas en que se respalda el accionar anti-subversivo del ejército.

[55] DOMINGUEZ Nelson, Conversaciones con Juan J. Taccone, Hachette, Bs. As., 1977; NOVICK Marta, op. cit.; TACCONE Juan José, 900 días de autogestión en Segba: una experiencia argentina de participación, s/i, Bs. As., 1976.

[56] JAMES Daniel, Resistencia e Integración, Sudamericana, Bs. As., p. 287-297.

[57] Un análisis completo de este proceso en GHIGLIANI Pablo, GRIGERA Juan y SCHNEIDER Alejandro, “Sindicalismo Empresarial. Problemas de conceptualización y alternativas teórico-metodológicas”, Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, V. 27, N° 17, 2012.

[58] GHIGLIANI Pablo, The Politics of Privatisation and Trade Union Mobilisation: The Electricity Industry in the UK and Argentina, Peter Lang Press, Berna.