La resistencia de Luz y Fuerza a
las políticas de la dictadura: los conflictos de 1976 y 1977[1]
Pablo
Ghigliani(*)
(IdIHCS-UNLP/CONICET;
pablo.ghigliani@gmail.com)
Introducción
Las
huelgas protagonizadas por los trabajadores de Luz y Fuerza en octubre de 1976
y los meses de enero y febrero de 1977 fueron los desafíos sindicales más
serios que enfrentó la dictadura en su primer año en el poder.[2]
Quizás por ello es que ocuparon muy tempranamente la atención de los
investigadores.[3]
De hecho, el análisis más detallado del libro más importante sobre el
movimiento obrero en el período se ocupa de estos conflictos.[4]
Fiel al destino de todo clásico, dicho análisis sentó las bases futuras del
encuadramiento metodológico y conceptual del caso Luz y Fuerza: constituirse en
la evidencia más elocuente de los cambios operados en las formas de lucha de la
clase trabajadora bajo el régimen militar. En adelante, estas disputas tenderán
a ser abordadas como la expresión paradigmática de la serie de conflictos
laborales de la etapa.[5]
A esta aproximación metodológica la
acompañaba, además, la insinuación de que esta transformación de las acciones
gremiales de los trabajadores lucifuercistas se
correspondía con el distanciamiento ocurrido entre la base y la conducción del
gremio. En lo esencial, esta sugerencia se apoyaba en la reproducción de un
cable de la Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA) de Rodolfo Walsh, en el
que un militante del peronismo combativo destacaba la organización de base, los
nuevos métodos de lucha y la separación existente entre delegados y dirigentes
sindicales.[6] De
este modo, quedaba saldado el problema más sorprendente planteado por el caso:
¿cómo era posible que hubiese sido el sindicato de Luz y Fuerza Capital, uno de
los motores del participacionismo
y un gremio tradicionalmente esquivo a las confrontaciones abiertas, el
animador de los conflictos laborales más duros de la etapa?[7]
Este
artículo procura restablecer este interrogante recurriendo a otras fuentes
documentales. Pretende demostrar que lejos de tratarse de conflictos
motorizados por estructuras renovadas y por fuera de la organización sindical,
los mismos estuvieron liderados por la que fuera la dirección del sindicato
hasta su intervención por el Ejército en abril de 1976. Para ello resulta útil,
primero, ubicar el conflicto en el marco de las políticas del gobierno militar
para las empresas públicas, y en particular, indagar la aplicación de las
mismas en las empresas del sector energético.
La
política para el sector público
del
Proceso de Reorganización Nacional
Las
políticas económicas de la dictadura y las transformaciones estructurales por
ellas producidas han sido el objeto de numerosas, y en general, concordantes
descripciones. Los investigadores coinciden en que la apertura comercial, la
progresiva liberación de los mercados, la reforma financiera y el endeudamiento
externo marcaron el fin de una etapa en el funcionamiento de la economía
argentina y estimularon la reestructuración del aparato productivo.[8]
Una
de las premisas del nuevo esquema era la reforma del estado. En su discurso de
asunción como Ministro de Economía, Martínez de Hoz identificó al déficit
estatal como uno de los principales problema a
superar. Para el nuevo equipo económico, los gastos improductivos del estado eran
una de las causas fundamentales de la inflación. A partir de este diagnóstico,
Martínez de Hoz proponía la reforma de la administración, el saneamiento de las
empresas estatales, el aumento de las tarifas de los servicios públicos y el
incremento de la presión tributaria. Muy pronto, el lema Achicar el estado es agrandar la nación pasó a sintetizar las
aspiraciones gubernamentales.[9]
Por un lado, el estado debía abandonar actividades en las que el mercado podía
desempeñarse de manera más eficiente y para ello puso en práctica un amplio
programa de privatizaciones. Por el otro, debía pugnar por alcanzar en sus
empresas los niveles de productividad del sector privado mediante la reducción
de los costos laborales y una eficiente reorganización productiva.
En
verdad, los resultados macroeconómicos de estas políticas fueron negativos (el
gasto público se incrementó en el período) o magros (las privatizaciones,
aunque numerosas, no tuvieron relevancia económica). Pero los efectos de la
racionalización fueron altamente perjudiciales para los trabajadores estatales,
y en particular, para aquellos empleados en las empresas del sector con
convenios colectivos que incluían conquistas laborales normalmente ausentes en
el sector privado.
Las
dos leyes cardinales de esta ofensiva sobre el sector público fueron la 21.274
(de prescindibilidad) y la 21.746 (de reforma de los
convenios colectivos). La primera acabó con la estabilidad laboral del sector
habilitando despidos por cuestiones de servicio (la ley 21.262 ya permitía la
baja sin indemnización alguna de empleados públicos amparándose en razones de
seguridad). La segunda, anunciada a finales de octubre y publicada el 16 de
diciembre de 1976, estuvo dirigida a la eliminación automática de lo que
definía como “cláusulas de privilegio”, esto es, una serie de beneficios
plasmados en los contratos colectivos que superaban los garantizados en la ley
de contrato de trabajo respecto a la duración de la jornada laboral, licencias,
conformación de los planteles básicos, participación sindical, bonificaciones
extraordinarias, etc. Como consecuencia, tal como observara Dimase,
a mayor el nivel de conquistas alcanzado, mayor el impacto negativo de la
aplicación de la ley. Luz y Fuerza es la ilustración más acabada de este
axioma.[10]
La
ofensiva dictatorial
en
las empresas eléctricas y la reacción obrera
Si
resulta sencillo establecer los ejes de la ofensiva gubernamental sobre las
empresas estatales, es ardua la tarea de observar el impacto concreto de la
racionalización sobre los lugares de trabajo. Sin embargo, documentación de
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) permite vislumbrar algunos
de los efectos capilares de estas políticas. La empresa ocupaba al momento del
golpe alrededor de 24.000 trabajadores, suministraba 80% de la energía
eléctrica consumida en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, contaba con
casi 3 millones de clientes y cubría el 60% de la actividad industrial y
comercial del país.[11]
Los
primeros objetivos del interventor de la empresa, Capitán de Navío José Alcides
Rodríguez, fueron la reducción del personal y la racionalización productiva.
Las actas del directorio del mes de abril registran ya el pedido de la
intervención de elaborar “esquemas que contemplen una racional y más eficiente
utilización del personal de cada área”.[12]
En el mes de mayo, mediante una resolución, la intervención establece como meta
manifiesta el reordenamiento de la empresa en busca de “agilidad, eficiencia y
productividad”. Para mejorar la producción, reducir los gastos operativos y
racionalizar los procedimientos de la empresa, la resolución encomendaba “la
revisión y/o adecuación y en su caso dejar sin efecto aquellos nombramientos,
ascensos, nuevos cargos, estructuras y/o ampliación de las mismas o de las
antes existentes, que debido a su irrazonabilidad,
irregularidad o ineficiencia manifiesta, no responden a los fines de la Empresa
dentro del Proceso de Reorganización Nacional”.[13]
Determinaba también que no sean cubiertas las vacantes salvo en casos
indispensable para la normal provisión del servicio.
Como
consecuencia de estos objetivos, desde el mes abril comienzan los despidos para
alcanzar las metas oficiales, cesantías que no parecen haber encontrado una
oposición activa ni del sindicato, ni de los propios trabajadores.
Sin
embargo, dada la imposibilidad de “cubrir las pautas porcentuales contempladas
en las instrucciones del Superior Gobierno” de modo gradual y sin exoneraciones
masivas, se decide recurrir a la ley de prescindibilidad.[14]
La primera lista de despidos es elaborada por la intervención de la empresa. La
misma es actualizada luego por el Comité de Gerentes y discutida y definida por
unanimidad en la última reunión del Directorio del mes de setiembre.[15]
Según el resumen confeccionado al concluir dicha reunión la lista final
contemplaba 218 cesantías; en el informe de personal del mes de octubre la
cifra es de 197.[16]
Más de la mitad de los despedidos eran militantes, incluyendo a todos los
miembros del ex consejo directivo y un gran número de delegados y activistas.
La empresa dio a conocer la lista de despidos el 5 de octubre de 1976. La
respuesta obrera es inmediata. Comienzan las medidas de fuerza que se
prolongarían bajo distintas modalidades hasta el 1° de noviembre.[17]
Hasta
ese momento, el gremio había intentado evitar el conflicto abierto, optando por
una política dirigida a encontrar aliados entre las autoridades militares de la
intervención del sindicato y del Ministerio de Trabajo con el fin de frenar, o
al menos morigerar, los embates de las autoridades de SEGBA y los objetivos del
gobierno para las empresas estatales.
Más
que los despidos, en los primeros meses que siguieron al golpe de estado, el
aspecto más conflictivo de la relación con la empresa fue el desconocimiento
primero, y el asalto frontal después, de las actas y acuerdos que
complementaban el convenio colectivo de trabajo de 1975.
Un
documento elaborado por la Gerencia de Personal nos brinda una idea de la
profundidad del ataque llevado adelante por la empresa al amparo de la
Resolución 16/76: de las 154 actas firmadas con posterioridad al Convenio
Colectivo de Trabajo de 1975, 42 fueron suspendidas hasta el establecimiento de
un nuevo régimen laboral para la empresa.[18]
Las actas suspendidas creaban puestos de trabajo, reclasificaciones y nuevas
estructuras de personal que el informe caracterizaba como invasivas de las
funciones de conducción.
La
documentación de la empresa muestra también, aunque de manera un tanto elíptica
al principio, la resistencia que encontraron las nuevas autoridades para llevar
adelante la política de racionalización.
A
menos de un mes del golpe, el nuevo Directorio se quejaba, por ejemplo, de “las
dificultades prácticas con la que normalmente se tropieza al intentar la
implementación de cualquier tipo de cambio”; por ello, planteaba la necesidad
de identificar “aquellos obstáculos de cualquier orden que anulen o limiten la
eficacia operativa o supongan trabas al cumplimiento de las órdenes de los
superiores”.[19]
Para agosto, en cambio, estos tibios eufemismos iniciales son reemplazados por referencias
explícitas. Las actas comienzan a expresar quejas sobre los “diversos problemas
de orden laboral, y en modo especial a los originados en el área de
Distribución y Ventas, que agrupa a la mayoría del personal de producción”.[20]
Además, los “obstáculos” son identificados ahora sin rodeos discursivos: “las
cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo [y las] actas complementarias, que
no permiten implementar la imprescindible racionalización de los planteles de
la Empresa”.[21]
Este diagnóstico del los miembros del Directorio era el fundamento de la
violación sistemática de actas y acuerdos en los lugares de trabajo que motivó
medidas de fuerza en el sector ya desde el mes de agosto. De la reunión del
Comité de Gerentes, en la que analizan los dos paros de 30 minutos por turno
realizados en el mes de setiembre por los trabajadores de la Central Puerto
Nuevo (ver Tabla 1), se desprende que ya se venían realizando quite de horas
extras e impidiendo el adecuado funcionamiento del “programa de conservación y
reparación de instalaciones afectadas a la generación de energía eléctrica”.[22]
Las actas no mencionan, sin embargo, los verdaderos motivos del conflicto: el
desconocimiento por parte de la empresa de bonificaciones y acuerdos laborales.
Existen
otros indicadores del descontento en los meses previos a los despidos de
octubre. La documentación de SEGBA registra entre julio y principios de
setiembre al menos cinco actos de sabotaje en Central Puerto Nuevo y dos en
Central Costanera. Un informe señala que “por tratarse de hechos de carácter
subversivo se efectuó denuncia verbal al Servicio de Inteligencia de la
Prefectura Naval Argentina, con listado de personal que efectuaba tareas en los
turnos en que sucedieron los acontecimientos, así como también de personal con
antecedentes ideológicos, a fin de que se iniciaran las investigaciones
pertinentes”.[23]
El resultado inmediato de estas denuncias fue el incremento durante el mes de
agosto del personal de vigilancia. La Prefectura Naval dispuso cinco hombres
por turno en cada central y dos hombres por turno en la Subestación Dique; la
Policía Federal Argentina, dos hombres por turno en las Subestaciones Agronomía
y Perito Moreno; la Policía de la Provincia de Buenos Aires: dos hombres por
turno en las Subestaciones Ezeiza, Rodríguez, Almirante Brown, Morón, Escalada
y Edison; y además el Comando General de la Fuerza Aérea comenzó a patrullar
con helicóptero la línea AT Ezeiza-Morón-Burzaco. El día del paro en Puerto Nuevo, funcionarios de
SEGBA, luego de concurrir a la Prefectura para coordinar acciones, comunicaban
al Directorio los resultados de su gestión: “A las 11:50 hs
se hizo presente personal de Prefectura en la Central y pidió la lista de
Delegados Gremiales y a medida que dicha gente terminaba su turno iba siendo
llevada a la DIPA a declarar”.[24]
Los
despidos de octubre desviaron momentáneamente el proceso de resistencia en los
lugares de trabajo del cual el episodio de la Central Puerto Nuevo no fue más
que el acontecimiento más notorio. Pero con la ley 21.476 la resistencia a la
racionalización saltaría definitivamente a la palestra.
En
enero de 1977, las empresas de energía eléctrica, en una maniobra coordinada
desde la Secretaría de Energía, anunciaron la decisión de implementar la ley
aún contra las recomendaciones del Ministerio de Trabajo, que alertado del
malestar existente en los gremios de trabajadores estatales había solicitado a
los interventores de las empresas públicas que entablaran conversaciones
previas con los representantes sindicales.[25]
Irónica recomendación, por cierto, si se considera que la mayoría de las
organizaciones, entre ellas, Luz y Fuerza Capital Federal y la Federación de
Trabajadores de la Energía Eléctrica, se encontraban intervenidas. Era la antesala
de un nuevo conflicto.
La
dinámica de los conflictos de 1976 y 1977
Descripciones
detalladas de los conflictos pueden encontrarse en distintas publicaciones, y
en particular, en la recopilación de noticias del informe de la Comisión
Argentina por los Derechos Humanos. En esta sección se resumen las
características más elementales de los mismos.[26]
Los
despidos del 5 de octubre en SEGBA fueron respondidos inmediatamente con la
organización de asambleas y actos en las distintas locaciones de la empresa,
una huelga de brazos caídos y una concentración en la sede del sindicato
intervenido. A la mañana siguiente, las fuerzas de seguridad ocupan los lugares
de trabajo para obligar al personal a retomar las tareas; por la tarde, un
bando militar denuncia la protesta y recuerda la vigencia de las prohibiciones
gremiales y las consiguientes sanciones. Sin embargo, se profundiza el trabajo a tristeza, esto es, un agudo
quite de colaboración, en ocasiones con ribetes teatrales frente a las órdenes
de jefes y fuerzas de seguridad, respondidas lenta y cansinamente por los
trabajadores a causa de la tristeza provocada por la situación laboral.
El
7 de octubre, mientras comienzan las negociaciones en el Ministerio de Trabajo,
un nuevo comunicado promete cárcel a todos aquellos que rehúsen retomar el
trabajo con normalidad. Otra vez, las amenazas son desoídas. Como consecuencia
el viernes 8 se producen decenas de detenciones y son secuestrados de sus
domicilios dos delegados y un trabajador que se había sumado a las tareas de
agitación; seis días después reaparecen con evidentes señales de torturas. Al
mismo tiempo, recrudecen los sabotajes y los apagones, y se producen atentados
con explosivos en edificios de la empresa.
Esta
primera semana del conflicto compendia lo que serían los rasgos esenciales del
enfrentamiento. Del lado de los trabajadores: trabajo a desgano, abandono de
servicios, brazos caídos, trabajo a tristeza, asambleas, concentraciones en la
puerta del sindicato o a la salida de sus labores, actos relámpagos, sabotajes,
bombas; por el lado de la empresa y el gobierno: un compendio de amenazas,
represión de las manifestaciones públicas, ocupación militar de los lugares de
trabajo, detenciones masivas, secuestros y torturas, a lo que se sumarían en
las semanas siguientes las redadas policiales en los barrios del sindicato.
El
miércoles 13, el Poder Ejecutivo informa mediante un comunicado “que asume
directamente la responsabilidad de dar solución definitiva al problema”.[27]
Dispone además, que a partir del 15 se aplique la Ley 21.400, de reciente
sanción, que prohíbe las medidas de acción directa y prevé prisión y descuentos
salariales.[28]
La irrupción del Poder Ejecutivo en el conflicto es un fracaso; las acciones
aminoran pero no se detienen. Ante esta situación, durante el fin de semana el
gobierno emite seis nuevos comunicados en los que advierte que la subversión
busca aprovecharse del conflicto y reitera las amenazas reproduciendo los
artículos de la ley.
La
presión gubernamental surte efecto y comienzan a normalizarse las tareas; pero
nuevas y masivas suspensiones en la empresa Agua y Energía generan un
recrudecimiento del conflicto en la última semana de octubre.[29]
No obstante, la ocupación militar de los lugares de trabajo a partir del día 28
pone fin al conflicto generalizado, aunque todavía se producirán algunas
medidas de fuerza aisladas pidiendo la reaparición de los secuestrados y la
liberación de los presos.
La
tensa calma en que transcurren los meses de noviembre y de diciembre se rompe
finalmente en enero de 1977 cuando las empresas del sector anuncian la decisión
unilateral de aplicar la Ley 21.476, y como consecuencia, prolongar la jornada
semanal de
Distintas
informaciones periodísticas indicaban la preocupación de las autoridades ante
la posibilidad de un conflicto generalizado en el sector estatal, de las
características del ocurrido en las empresas eléctricas en octubre. A este
temor, vinculaban las pautas del Ministerio de Trabajo ya mencionadas para
reducir el impacto negativo de la aplicación de la ley 21476.
Sin
embargo, haciendo caso omiso a las recomendaciones ministeriales, el 21 de
enero las empresas SEGBA, Agua y Energía e Ítalo comunican la decisión de
aplicar la nueva Ley. El punto más recalcitrante del anuncio era la ampliación
de la jornada laboral; pero no era el único. Se dejaban sin efecto los
descuentos salariales destinados a los Fondos de Vacaciones, de Vivienda,
Compensador de Jubilaciones y Cultural, Educacional y Deportivo; se anulaban de
forma definitiva las comisiones de cogestión y autogestión en todos los niveles
de la empresa, lo que de todas formas, era ya un hecho consumado; se derogaban
todas las cláusulas convencionales que otorgaban beneficios por arriba de los
sancionados en la Ley de Contrato de Trabajo en cuestiones de vacaciones y
licencias varias; se eliminaba la bolsa de trabajo sindical.
El
26 de enero se producen masivas manifestaciones de protesta de los trabajadores
de Luz y Fuerza en la vía pública.[30]
Se reanuda también el trabajo a tristeza que provoca pronunciadas caídas en la
producción durante los primeros cuatro días de conflicto. Pero además, a partir
del 1° de febrero, el gremio desafía abiertamente a las disposiciones
gubernamentales y empresarias al desobedecer los nuevos horarios y retirarse
anticipadamente de los lugares de trabajo.[31]
Ese
mismo día, representantes de gremios estatales no intervenidos se reúnen con el
interventor de la CGT, manifiestan su oposición a la aplicación de la ley y
piden audiencia con el Ministro de Trabajo. Terminada la reunión, los
representantes discuten en asamblea la situación de las empresas de energía y
acuerdan en la necesidad de establecer una estrategia común. Luz y Fuerza
insiste en acotar las medidas de acción directa al sector eléctrico y reservar
las acciones comunes para las negociaciones oficiales con el gobierno.
La
respuesta al conflicto oscila como en octubre entre la amenaza y la represión:
sanciones masivas, ocupaciones de los lugares de trabajo, detenciones,
secuestros y desapariciones. Una vez más, los trabajadores no se amedrentan y
continúan con las medidas de fuerza. Esta vez el conflicto se extiende al
interior del país. Rápidamente, el gobierno efectiviza la amenaza que lanzara
en el anterior conflicto: autoriza los descuentos según el artículo 8 de la ley
21.400, que contempla entre su articulado una escalada que incluye despidos y
detenciones.
Los
diarios informan sobre reuniones en las más altas esferas para evaluar la
marcha del conflicto, incluso con la presencia de los comandantes en jefe de
las tres fuerzas; también dejan entrever la existencia de negociaciones
informales de funcionarios de las carteras de Economía, Trabajo y la Secretaría
de Energía con representantes gremiales.
En
la segunda semana de febrero reaparecen los atentados y el sabotaje, en su
mayoría, balaceras en la vía pública a transformadores de la empresa. Los
delegados de SEGBA desvinculan toda responsabilidad gremial en estas acciones.
La línea que bajaba desde el sindicato consistía en continuar con el trabajo a
tristeza y rechazar el cambio de horarios, pero abstenerse de este tipo de
protesta. Las autoridades de la empresa habían reconocido públicamente que en
la primera semana de conflicto no se habían producido actos de sabotaje.
Finalmente,
el día 10 de febrero los diarios anuncian la pronta normalización de las tareas
gracias a las negociaciones entabladas por ex dirigentes gremiales y a las
consultas efectuadas por los delegados en los lugares de trabajo. Sin embargo,
el día 11 se produce la desaparición de Oscar Smith, ex secretario general, y
según distintas fuentes, el protagonista clave del acuerdo alcanzado.[32]
Este episodio marca el fin del conflicto y la derrota de las demandas obreras,
aunque en lo inmediato genere nuevas medidas de fuerza reclamando la aparición
con vida del dirigente.
El
3 de marzo puede leerse en las actas del directorio de SEGBA: “Luego de
pormenorizar la situación, el señor Macchi señala que la mayoría resolvió
acatar las instrucciones impartidas por las autoridades de la Empresa (…)
Señala por último que el clima es tranquilo y que se espera en breve la
normalización total de la situación”.[33]
¿Cómo
evaluar la masividad y la intensidad de las medidas de fuerza? Se pueden elegir
distintos indicadores. Un dato cualitativo del rechazo a los despidos de
octubre y la férrea voluntad de combatirlos: luego de más de tres meses la gran
mayoría del personal declarado prescindible no se había presentado a cobrar la
indemnización prevista en la ley por lo que se procede a intimarlos y efectuar
depósitos judiciales; un dato indicativo de la masividad de las acciones de
fuerza de febrero: SEGBA amonestó al 83 % de su personal por retirarse antes
del nuevo horario de trabajo. Pero sin duda, la imagen más acabada se obtiene
de los datos estadísticos sobre las jornadas perdidas a causa de los conflictos
que brindan los Informes de la Gerencia
de Personal:
Tabla 1: Cantidad de jornadas de
paro sobre el total de jornadas de trabajo
|
Meses |
Personal
de Conducción (categorías
|
Personal
de Producción (categorías
|
||
|
jornadas
de paro |
%
sobre el total |
jornadas
de paro |
%
sobre el total |
|
|
Septiembre/76 |
- |
- |
25 |
- |
|
Octubre/76 |
25 |
0.07 |
43912 |
9.05 |
|
Noviembre/76 |
1 |
- |
608
(1) |
0.12 |
|
Diciembre/76 |
- |
- |
- |
- |
|
Enero/77 |
- |
- |
12559 |
2.62 |
|
Febrero/77 |
301 |
0.79 |
54625 |
12.07 |
|
Marzo/77 |
- |
- |
- |
- |
(1) “Paros
conflictos gremiales Sector Quilmes”, Informe
Mensual de la Gerencia de Personal, mes
de enero, Comité de Gerentes, Acta 584, 17 de mayo de 1977.
FUENTE:
Informes de la Gerencia de Personal – SEGBA, varios meses.
Para
valorar estos datos, es importante tener en cuenta que la cantidad de jornadas
perdidas es un cómputo que intenta capturar el impacto de las permanentes
interrupciones producidas por los abandonos de tareas y el trabajo a tristeza,
ya que los trabajadores evitaron, por lo general, los paros abiertos. Durante
noviembre y diciembre, medidas de este tipo ni siquiera fueron registradas en
la estadística. Por ejemplo, la paralización de tareas del 16 de noviembre en
solidaridad con los familiares de los detenidos que concurrieron a la empresa
reclamando su liberación[34];
o las “medidas ‘rotativas’ de trabajo a tristeza” que según Baizán
y Mercado siguieron produciéndose en los meses de noviembre y diciembre,
reclamando la reincorporación de los despedidos y el respeto del convenio
colectivo.[35]
A su vez, los conflictos del mes de noviembre en Quilmes que la gerencia define
como de origen gremial, son en realidad producto del reclamo por la
desaparición de Enrique Valbuena, secuestrado en la madrugada del 27 de
octubre.[36]
En síntesis, si se considera la naturaleza de las acciones de fuerza y las
dificultades existentes para su registro, las cifras que ofrecen los informes
son más que elocuentes.
La
dirección del conflicto
Las
fuentes documentales disponibles cuestionan la caracterización ofrecida por el
cable de ANCLA al que aludimos al comienzo del artículo. Por el contrario,
revelan la activa presencia del ex consejo directivo de Luz y Fuerza, tanto en
las negociaciones oficiales y extra oficiales, como en la disposición de las
medidas de fuerza y el manejo de los tiempos del conflicto. No hay nada en
ellas que sugiera una ruptura entre los trabajadores y sus representantes. En
las descripciones de la sección previa se constata esta presencia; es el turno
de analizar más detenidamente sus alcances.
En
principio, puede ser oportuno remarcar que la táctica empleada por la dirección
gremial se ajustó a los criterios tradicionales de la organización: una
combinación de presiones, demostraciones de fuerza y negociaciones.
Las
presiones fueron ejercidas en dos niveles: a través de declaraciones públicas y
mediante advertencias informales sobre las potenciales consecuencias de las
políticas llevadas adelante por la intervención de SEGBA. Por ejemplo, ya antes
de los despidos de octubre, los secretarios gremiales de los sindicatos de Luz
y Fuerza de todo el país habían elevado al Ministro de Trabajo un
“pronunciamiento preventivo”, en el cual criticaban las intenciones
privatizadoras del gobierno y denunciaban el objetivo de terminar con los
convenios colectivos de trabajo. Baizán y Mercado
afirman que este documento fue obra de Oscar Smith.[37]
Luego, en medio del conflicto de octubre, Luz y Fuerza volvería a manifestarse
públicamente a través de un nuevo comunicado firmado por Alberto Délfico y
Oscar Smith, al que analizaremos en la próxima sección. El conflicto de febrero
también estuvo precedido por similares intentos. Ante la sanción de la ley
21.476, Luz y Fuerza no escatimó esfuerzos para advertir sobre las
imprevisibles consecuencias de un nuevo conflicto a través de contactos extra
oficiales con las autoridades.[38]
Además, sus ex dirigentes estuvieron entre los promotores de la formación de la
coordinadora integrada por los sindicatos del sector público que peticionó la
derogación de las leyes racionalizadoras ante las autoridades. Aunque, justo es
decirlo, este afán los llevara en ocasiones a declaraciones más propias de una
empresa que de un sindicato: “Los ex directivos sostienen que debido a la
aplicación de la nueva Ley ‘el Sindicato deberá cerrar sus puertas, dejando a
más de 2.000 trabajadores cesantes, que son los que hoy trabajan en Hoteles, Campos
de Recreo, Cooperativas, Imprentas, Escuelas e Institutos de Capacitación de la
organización sindical’”.[39]
Este
juego de presiones estaba orgánicamente ligado a la caracterización que la
conducción gremial tenía de las divisiones y tensiones existentes en el seno de
las Fuerzas Armadas. Recordemos que SEGBA fue intervenida por la Marina,
mientras que Luz y Fuerza lo fue por el Ejército. Según Baizán
y Mercado, el propio Oscar Smith pidió al Ministerio de Trabajo la intervención
del gremio por el Ejército debido a la intolerable relación con la empresa
desde que la Armada asumiera su conducción.[40]
La misma investigación destaca la decisión estratégica tomada por el gremio de
estrechar los vínculos con el Ejército ante el golpe que se avecinaba y la
relación personal de Oscar Smith con el círculo de colaboradores del General
Roberto Viola, por entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército.[41]
Desde la caída del gobierno de Isabel Perón, los dirigentes de Luz y Fuerza
habían intentado hacer jugar en su favor las tiranteces y enfrentamientos entre
la Armada y el Ejército. También, trataron de sacar provecho de los resquemores
existentes en sectores de las Fuerzas Armadas frente a los aspectos más
liberales de las políticas de José Martínez de Hoz, entre ellos, las
privatizaciones. No hay que olvidar que la producción nacional de energía
eléctrica era vital en un contexto marcado por la creciente tensión con Chile
debido al conflicto limítrofe por el canal de Beagle. En suma, la búsqueda
ilusoria de apoyos en el Ejército contra el proyecto gorila de la Marina fue
una constante en este juego, y probablemente, la causa última de la
desaparición de Oscar Smith.[42]
Vimos
que la reacción de los trabajadores fue inmediata y multiforme, tanto en
octubre como a finales de enero, pero ¿cómo fueron decididas las medidas de
fuerza? La magnitud y coordinación de las acciones en medio de la represión
sistemática ponen en duda la tesis de la espontaneidad y sugieren una dirección
centralizada operando de manera simultánea a las decisiones autónomas tomadas
por los delegados y trabajadores en sus lugares de trabajo. Nuevamente Baizán y Mercado afirman que los integrantes del ex consejo
directivo fueron quienes decidieron la metodología con el objeto de establecer
una lucha de desgaste que obligara a las autoridades a la negociación.[43]
Difícil establecerlo con precisión. Sí es posible, en cambio, observar
filtraciones en las fuentes periodísticas sobre el papel protagónico de la
dirección del gremio en las medidas de lucha decididas en ambos conflictos, e
incluso, testimonios sobre la presencia de ex dirigentes del gremio en las
manifestaciones de octubre y febrero.[44]
Además, como lo sugieren los datos de la Tabla 1, cada vez que la dirección
llamó a levantar las medidas de fuerza los trabajadores retomaron sus labores,
tanto a fines de octubre, como a principios de febrero, inmediatamente antes
del secuestro de Smith.[45]
Finalmente,
las negociaciones formales o informales fueron una constante durante todo el
conflicto. Comenzaron en el mes de abril para detener la ofensiva de las nuevas
autoridades de la empresa y se mantuvieron hasta pocas horas antes de la
desaparición de Smith. La prensa de la época y los testimonios de protagonistas
encumbrados mencionan repetidamente estos contactos. Los propios funcionarios
de las empresas, de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Trabajo lo
reconocen a pesar de la posición oficial de no negociar hasta tanto se levanten
las medidas de fuerza. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo a través del Coronel
Américo Daher mantenía una comunicación asidua con
miembros claves del ex consejo directivo; el interventor del sindicato Teniente
Coronel Saumell contaba entre sus asesores civiles
con tres integrantes de la segunda línea del ex del consejo directivo; el
propio Smith tenía llegada al círculo de colaboradores del General Roberto
Viola.[46]
Por
otro lado, los datos disponibles sobre la composición del cuerpo de delegados
también contribuyen a relativizar la caracterización que se desprende del cable
de ANCLA.
En
1973, la organización contaba con 700 delegados gremiales, 700 subdelegados y
1500 delegados representantes y un poco más de 27 mil afiliados.[47]
Tres años después la situación era similar. Dentro del gremio, la hegemonía de
la lista Azul y Blanca era prácticamente absoluta; desde 1948, de su seno
emergieron todos los consejos directivos que se alternaron en la conducción de
Luz y Fuerza hasta 1976.[48]
Un ejemplo entre otros de esta hegemonía lo brinda la Central Puerto Nuevo,
relevante por tratarse del primer lugar de trabajo en recurrir al paro en 1976.
En marzo, inmediatamente antes del golpe, se eligieron allí 106 representantes
entre delegados militantes, subdelegados militantes y delegados representantes
para cada uno de los sectores en los que trabajaban los 1200 operarios de la
usina. De estos representantes se eligió el cuerpo de cuatro delegados
gremiales de la central. Uno de ellos, Marcelino Fernández había sido
Subsecretario Gremial de Juan José Taccone entre 1962
y 1964, y luego de Oscar Smith entre 1964 y 1966, y Secretario de Servicios
Sociales y Asistenciales entre 1966 y 1968. Otro, Julio Ieraci,
era un conocido militante oficialista, que llegó a ser ya en los años ochenta
Subsecretario Adjunto de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza
(FATLYF), y es actualmente su Secretario General. Los otros dos, menos
renombrados, eran también militantes de la agrupación.[49]
Cuando la Central es ocupada por fuerzas militares fueron estos delegados los
que negociaron el retiro de las tropas.[50]
Entre los trabajadores secuestrados durante el conflicto, se encuentran
delegados del oficialismo, algunos de ellos, figuras de importancia en la
agrupación. Tal es el caso de Santiago Romañach de la
empresa CIAE, quien había sido Subsecretario de Solidaridad del gremio entre
1968 y 1970, Subsecretario de Cultura entre 1971 y 1972 y Subsecretario de
Orientación y Adoctrinamiento durante el período 1973 y 1974.[51]
Oscar Polizzo, secuestrado el viernes 8 y liberado
días después con signos de tortura, era al momento del golpe secretario
personal de Félix Pérez, quien fuera Secretario de Prensa, Propaganda y
Relaciones Internacionales entre 1958 y 1960, Secretario General entre 1960 y
1964, Subsecretario General entre 1964 y 1966, y Secretario General de la
Federación hasta 1975 cuando asumió como administrador obrero de Agua y
Energía.[52]
Todas
estas precisiones, sin embargo, no pretenden negar la actividad autónoma de los
cuadros de base, o el rol que pudieran haber jugado los opositores a la
conducción, o la intervención de militantes políticos y activistas de otros
gremios que vieron en las huelgas un acto de resistencia a la dictadura, aún
sin compartir el horizonte político de la dirección lucifuercista.
Es evidente, además, que la represión obligaba a los delegados a tomar
decisiones veloces sin posibilidad de atravesar los canales orgánicos para dar
respuesta a las diversas y complicadas situaciones que se planteaban en los
lugares de trabajo. El objetivo es simplemente recalcar que la interpretación
que acentúa la contradicción entre la base y la dirección del gremio no
encuentra apoyo sólido en las fuentes documentales disponibles. Todo indica que
la movilización obrera durante el conflicto se sostuvo en las golpeadas
estructuras organizativas de Luz y Fuerza. Aunque los despidos se concentraron
en los delegados y activistas, el tamaño de la estructura representativa de
base del sindicato aseguró el relevo en los distintos lugares de trabajo.
Coordenadas
discursivas de la dirección del conflicto
Llegados
a este punto, una vez establecido el protagonismo del ex consejo directivo en
el conflicto, puede ser oportuno analizar brevemente las coordenadas
discursivas desde las que se enmarcó la disputa y se definieron sus límites.
Dos documentos nos permiten extraer los argumentos centrales. El primero, es
una declaración pública firmada por Oscar Smith y Alberto Délfico enviada a la
prensa el 21 de octubre; el segundo, un boletín de huelga dirigido a los
trabajadores con fecha 25 de octubre y rubricado por el Consejo Directivo.[53]
Aunque
sus destinatarios son distintos, ambos documentos comparten una misma línea
argumental.
Los
dos se esfuerzan por dejar en claro que las medidas de fuerza tenían una
motivación exclusivamente gremial. En cierto sentido, ello puede interpretarse
como una respuesta a los comunicados n° 4, 5 y 6 del Poder Ejecutivo del 15 de
octubre en los que se agitaba el fantasma subversivo. La declaración pública
enfatizaba que las organizaciones gremiales habían sido desde siempre una
“barrera infranqueable contra la subversión” a la que habían enfrentado de
manera incansable. No estaban diciendo nada nuevo. A lo largo de 1975, las
editoriales de Alberto Délfico en Dinamis habían manifestado abiertamente el apoyo del
sindicato al papel de las FF.AA. en la represión de las organizaciones
político-militares.[54]
El documento, sin embargo, no se detenía allí. Expresaba también el deseo de
Luz y Fuerza de no “quedar marginados del proceso de Reorganización Nacional en
el que todos los argentinos estamos comprometidos”. Dado el nuevo contexto y el
histórico apego de la dirigencia lucifuercista al participacionismo,
esto es, a mantener siempre abiertos los canales de negociación con las
autoridades de turno, esta afirmación no tiene nada de sorprendente. Pero iba a
contrapelo de las denuncias sistemáticas al golpismo de civiles y militares que
desbordaban esas mismas editoriales. El Boletín de Huelga, en cambio, se
abstiene de semejante profesión de fe antisubversiva. Allí, el consejo
directivo se limita a resaltar que el liderazgo del conflicto estaba en sus
manos: “Era fundamental que todos los Sectores del país sin excepción, supiesen
que la conducción del conflicto era resorte exclusivo de los Cuerpos Orgánicos
del Gremio, sin anarquías ni interferencias externas de ningún tipo. Era un
conflicto de Luz y Fuerza y los conflictos de Luz y Fuerza se encaran y
conducen por hombres de Luz y Fuerza”.
A
su vez, los dos documentos iban más allá de los despidos y señalaban que el
objetivo último de las empresas, sobre todo de SEGBA, era acabar con el
convenio colectivo de trabajo, cuyas cláusulas estaban siendo violadas de
hecho. Aunque los dirigentes gremiales estaban al tanto de los planes de la
dictadura para el sector público, preferían concentrar el ataque en los
funcionarios de las empresas y de la Secretaría de Energía, mientras procuraban
la apertura del diálogo con otras autoridades del gobierno. Por ejemplo, la
declaración pública afirmaba que las empresas tomaban sus decisiones “haciendo
caso omiso incluso a las intimaciones efectuadas en contrario por las más altas
autoridades del ministerio de Trabajo”. Idéntico objetivo perseguía el Boletín
de Huelga cuando decía: “Hemos mantenido reuniones oficiales o extraoficiales
con todos los Sectores que de una u otra forma pueden influir en el conflicto y
todos sin excepción han admitido las razones de nuestros reclamos, criticando
incluso, duramente a quienes provocaron el conflicto". El Boletín
insistía, asimismo, en que para “liquidar el Convenio Colectivo de Trabajo” necesitaban
“aniquilar a LUZ Y FUERZA” remarcando que lo que estaba en juego en el
enfrentamiento era la propia supervivencia del sindicato.
Por
último, los documentos dejaban en claro la firme voluntad gremial de encontrar
una salida negociada a la situación planteada. Señalaba la declaración pública:
“Hace muy pocos días nos dirigimos a todos los sectores de la vida nacional,
gobierno, FF.AA., Iglesia, empresariado, solicitándoles la intervención para
poner fin a este estado de injusticia en las empresas de electricidad y evitar
así consecuencias que nadie desea y que hoy lamentablemente debemos afrontar”.
O como expresa el Boletín en un lenguaje más llano: “No importa con quien
debemos conversar, importa sí, que el conflicto pueda superarse”.
La
paradoja del caso en perspectiva histórica
La
demostración del rol jugado por los paladines del participacionismo en los
conflictos de 1976 y 1977 restituye el carácter paradójico del caso. ¿Cómo
explicar que el primer gran desafío gremial a la dictadura provenga de Luz y
Fuerza?
La
historia del gremio puede contribuir a una mejor comprensión de este hecho.
Bajo el paraguas ideológico del sindicalismo
múltiple, Luz y Fuerza había desarrollado una enorme estructura de
servicios sociales sustentada en la acumulación patrimonial y cooperativa; bajo
el lema de la participación, había
alcanzado la dirección de Agua y Energía e Ítalo, y puesto en marcha la gestión
sindical de SEGBA.[55]
Para el gremio era la coronación del camino iniciado en 1963 con la
incorporación al convenio colectivo de los párrafos de la encíclica Mater et Magistra
que legitimaban la participación activa de los obreros en la vida de las
empresas. Este objetivo comienza a plasmarse ya en 1964 con la incorporación de
directores obreros en SEGBA y CIAE. El modelo de autogestión, que incluía en su
segunda etapa la incorporación de la comunidad de usuarios, es incorporado
luego por el gremio al convenio colectivo de trabajo de 1975. Este convenio
garantizaba, además, un conjunto de conquistas que lo colocaban a la vanguardia
del movimiento obrero en lo que a protección y estabilidad se refiere. Toda
esta expansión se reflejó, asimismo, en la evolución de sus estructuras
dirigentes: de los seis miembros que conformaban el consejo directivo en la
década del cuarenta a los treinta y dos funcionarios elegidos a principios de
los setenta, además de los ocho directores para las cooperativas del gremio y
los tres directores obreros ante las empresas del Estado, para no mencionar los
casi dos mil representantes de base de la organización.
Para
Luz y Fuerza, su expansión era la prueba práctica de las virtudes del ideal
justicialista. A mediados de los setenta, en las publicaciones del gremio el
discurso de la justicia social, la independencia económica y la soberanía
popular fue estrechando cada vez más sus vínculos con la retórica de la
liberación nacional y el antiimperialismo. El común rechazo del liberalismo y
el socialismo se maridaba con sugerencias prácticas para llevar adelante lo que
concebían como un proyecto nacional de desarrollo con justicia social. Para
ello exigían la más amplia intervención del estado en la economía, la
incorporación de los trabajadores a la gestión empresarial y la participación
del movimiento obrero como columna vertebral, ya no del peronismo sino de la
comunidad organizada que el justicialismo debía promover desde el gobierno a
través de la institucionalización de la concertación social. Sus propuestas
programáticas incluían la nacionalización del comercio exterior, la banca y los
sectores claves. Fieles a la experiencia del gremio, reservaban al sector
público un lugar estratégico en las políticas de desarrollo; en particular,
pregonaban incansablemente la conformación de una única y gran empresa nacional
de energía eléctrica bajo gestión sindical.
Está
claro que el proyecto político, económico y social de la dictadura se ubicaba
en las antípodas de los propósitos de Luz y Fuerza. Si tal como dice Daniel
James, la Revolución Argentina expuso los límites de las prácticas vandoristas en su relación con el estado, el nuevo
golpe de estado iba a desnudar la impotencia del participacionismo de Luz y Fuerza.[56]
El pragmatismo extremo en las relaciones institucionales con las autoridades
públicas ya no servía para resguardar lo conquistado. Esta vez, la ofensiva
abarcaba todo el frente de ideas y prácticas del gremio: tanto el ideal
peronista de la justicas social y la comunidad organizada como las ambiciones
del sindicalismo múltiple; tanto las
conquistas corporativas de los trabajadores del sector como el patrón de
gestión sindical de SEGBA.
A
modo de conclusión: otras temporalidades, otras series
En
su demoledor ataque a la tesis de la inmovilidad obrera en el período, el
trabajo pionero de Pablo Pozzi situó a las huelgas de Luz y Fuerza en la serie
de los cambios operados en las formas asumidas por los conflictos laborales
durante la dictadura. De este modo, su investigación abrió definitivamente la
puerta a los estudios de la clase trabajadora bajo el régimen militar.
Hoy,
a más de veinte años de aquel libro, para profundizar la comprensión de ciertas
dimensiones de estos conflictos parece necesario apelar a otras temporalidades
y a otras series.
Desde
una mirada de largo plazo sobre la historia de Luz y Fuerza, los conflictos de
1976 y 1977 pueden ser entendidos como el momento preciso en el que toda una
lógica de desarrollo sindical estaba llegando a su fin. Así el comportamiento
de la dirección del gremio adquiere otras connotaciones. Estaríamos ante la
dramática defensa de una lógica sindical en la que el crecimiento del empleo y
de la afiliación eran aspectos esenciales de la acumulación del capital
sindical, básicamente, porque se trataba de una estrategia basada en la
expansión de los bienes del sindicato y la extracción de rentas mediante la satisfacción
de las necesidades de los afiliados en el ámbito de la circulación y el
consumo. A mayor afiliación y conquistas, mayor fortaleza y riqueza gremial. Su
traducción ideológica era el sindicalismo
múltiple que motorizó los altísimos niveles de conquistas corporativas
cristalizadas en el convenio colectivo de 1975, y cuyo epítome fuera la gestión
sindical de SEGBA. En Luz y Fuerza, el golpe de 1976 acarreó el estancamiento y
crisis de este modelo que transmutaría en los años noventa en uno nuevo, portador
de una lógica menos ligada al éxito corporativo en el mercado de trabajo, el sindicalismo empresario. Signo de esta
transformación, hoy el gremio apenas supera los 5 mil afiliados.[57]
A
su vez, desde una perspectiva de mediano plazo, los conflictos de 1976 y 1977
forman parte de la serie de ataques al poder sindical como condición sine qua non de la reforma y
privatización del estado. Imposible ignorar las semejanzas con las políticas
seguidas quince años después durante la privatización de las empresas eléctricas
por el gobierno de Carlos Menem al que Luz y Fuerza brindara su apoyo ya en la
interna presidencial del Partido Justicialista. Nuevamente, aunque esta vez con
un nivel de violencia incomparablemente menor y el sostén de la dirección del
gremio, una combinación de piezas legislativas (las de Emergencia Económica y
Reforma del Estado) sirvió de base para que la acción coordinada de los
funcionarios de la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía, el
Ministerio de Trabajo y la Intervención de las empresas pusiera en marcha un
plan de racionalización en las empresas del sector. Y otra vez, como bajo la
dictadura, el plan racionalizador incluyó la suspensión de acuerdos y cláusulas
del convenio colectivo de trabajo y despidos masivos travestidos de retiros
voluntarios y jubilaciones anticipadas que solo en SEGBA superaron los 6 mil
trabajadores de los poco más de 22 mil que tenía la empresa a principios de los
noventa.[58]
Quizás,
estas otras temporalidades y series ayuden a develar la paradoja que mencionábamos
en un principio: que haya sido un gremio arquetípico del participacionismo el que
enfrentara con más decisión los efectos concretos de la racionalización del
sector público bajo la última dictadura.
Por
último, es preciso decir que el caso descubre los límites de la historiografía
del movimiento obrero cuando renuncia al estudio en profundidad de las
direcciones sindicales reformistas, y aun colaboracionistas, de los años
sesenta y setenta. Los conflictos de Luz y Fuerza de 1976 y 1977 desnudan, una
vez más, las complejas relaciones existentes entre las instituciones e
ideologías obreras reformistas y el antagonismo estructural que caracteriza a
las relaciones sociales capitalistas.
RESUMEN
La resistencia de
Luz y Fuerza a las políticas de la dictadura: los conflictos de 1976 y 1977
El
artículo analiza los conflictos de Luz y Fuerza de octubre de 1976 y enero y
febrero de 1977. Su objetivo elemental es reflexionar sobre el carácter
paradójico del caso: que haya sido un gremio tradicionalmente enrolado en el participacionismo
quien presentara el desafío sindical más serio durante el primer año de la
dictadura. Con este fin aborda, primero, las políticas de racionalización del
sector pública llevadas adelante por el gobierno militar; segundo, estudia el
modo en que estas políticas son implementadas en la empresa SEGBA; tercero,
describe la respuesta obrera y la dinámica de los conflictos de 1976 y 1977;
cuarto, muestra la activa participación y liderazgo de los ex dirigentes
gremiales; quinto, analiza el discurso que enmarca las luchas del gremio;
sexto, sitúa el caso en perspectiva histórica. El artículo cierra con un
conjunto de conclusiones acerca de los modos en que la aparente paradoja puede
ser mejor comprendida.
Palabras clave: Luz y Fuerza –
conflicto laboral – dictadura – movimiento obrero – sindicalismo
ABSTRACT
Luz y Fuerzas' resistance to the military rule: the labour conflicts of 1976 and 1977
This paper analyses the labor
conflicts of October of 1976 and January-February of 1977 led by the union Luz
y Fuerza. Its main objective is to reflect about the
paradoxical character of the case-study: despite being a trade union
historically enrolled in the participacionismo wing
of the labor movement, Luz y Fuerza ended up
launching the most serious threat to military rule over its first year in
power. With this aim in mind, the paper addresses, first, the politics of
rationalization for the public sector pursued by the Military Government;
second, it studies how these policies were implemented in SEGBA; third, it
describes the response of the electricity workers and conflicts dynamics;
fourth, it proves the active participation and leadership of the former union
officers; fifth, it analyses how the union frames discursively the struggle; sixth,
it poses the case-study in historical perspective. Finally, the paper closes
drawing some conclusions about how to better understand the paradoxical
component of the case-study analyzed.
Key words: Luz y Fuerza – labor conflict – dictatorship – labor movement –
trade unionism
Recibido:
01/03/2012
Aprobado:
20/05/2012
Versión final:
01/07/2012
Notas
[1] Este artículo es
una versión revisada y ampliada de la ponencia “El conflicto de Luz y Fuerza de
1976-1977: ensayo de interpretación”, IV Seminario Internacional Políticas de
la Memoria, Bs. As.,
(*) Master en Development Studies (
[2] ABOS Álvaro, Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983), CEAL, Bs. As., 1984; FALCON Ricardo, "Conflicto obrero y régimen militar. La resistencia obrera en Argentina (marzo 1976-marzo 1981)". EN: GALLITELLI Bernardo y THOMPSON Andrés, Sindicalismo y Regímenes militares en Argentina y Chile, CEDLA, Amsterdam, 1982; FERNÁNDEZ Arturo, Las prácticas sociales del sindicalismo, CEAL, Bs. As., 1985; JAUREGUI Rubén, “Oscar Smith”, Hechos y Protagonistas de las Luchas Obreras Argentinas, Año 1, N° 2, Bs. As., febrero de 1984.
[3] DIMASE Leonardo, “La política gubernamental 1976/1981 y su impacto en los sindicatos”, Revista del Centro de Investigación y Acción Social, N° 301, abril, 1981.
[4] POZZI Pablo, Oposición Obrera a la Dictadura, Contrapunto, Bs. As., 1988, pp. 70-79.
[5] CARMINATI Andrés,
“Conflictividad obrera durante la última dictadura militar (1976-1983) ‘Los
días más difíciles’: La ola de huelgas de octubre/noviembre de
[6] POZZI Pablo, op. cit., pp. 73-76. El testimonio completo en BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, Oscar Smith: el sindicalismo peronista ante sus límites, Puntosur, Bs. As., 1987, pp. 139-145. ABOS Álvaro op. cit., pp. 22-28, por el contrario, descuenta el protagonismo de los dirigentes pero ni lo demuestra ni lo explica.
[7] Esta paradoja, en cambio, es señalada por la prensa (por ejemplo, Revista Panorama, año XIV, N° 6, noviembre de 1976, p. 4) y por investigaciones de base periodística como BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, op. cit., p. 129.
[8] BASUALDO Eduardo, Estudios de historia económica argentina, Siglo XXI, Bs. As., 2006; BELLINI Claudio y KOROL Juan Carlos, Historia económica de la Argentina en el siglo XX, Siglo XXI, Bs. As., 2012; RAPOPORT Mario, Historia económica, política y social de la Argentina. 1880-2000, Macchi, Bs. As., 2000; PERALTA RAMOS Mónica, La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006), FCE, Bs. As., 2007.
[9] BELLINI Claudio y KOROL Juan Carlos, op. cit., p. 237.
[10] DIMASE Leonardo, op.
cit., p. 61.
[11] NOVICK Marta, “Un informe descriptivo de las experiencias argentinas de participación de los trabajadores en la gestión de empresas”, Informes de Investigación, N° 1, CEIL, Bs. As., Agosto de 1979.
[12] SEGBA, Acta del Directorio 563, 13 de abril de 1976.
[13] SEGBA, Resolución N° 16/76, 12 de mayo de 1976.
[14] SEGBA, Acta del Directorio 597, 30 de setiembre de 1976.
[15] Ibídem.
[16] SEGBA, Informe Gerencia de Personal – Mes de Octubre, Comité de Gerentes de SEGBA, Acta 561, 30 de noviembre de 1976.
[17] Entre marzo y
diciembre de 1976 es posible constatar la pérdida de 1408 puestos de trabajo
entre el personal de Producción (aquel comprendido entre las categorías
[18] SEGBA, “Informe complementario del Anexo II”, Comité de Gerentes de SEGBA, Acta 550, 14 de setiembre de 1976.
[19] SEGBA, Acta del Directorio 563, 13 de abril de 1976.
[20] SEGBA, Acta del Directorio 589, 5 de agosto de 1976.
[21] Ibídem.
[22] Comité de Gerentes de SEGBA, Acta 549, 8 de setiembre de 1976.
[23] SEGBA, Acta del Directorio 595, 16 de setiembre de 1976.
[24] Ibídem. El diario La Opinión había recogido la información: “durante la mañana habrían sido demorados en la Prefectura Naval una veintena de dirigentes del gremio”, 8 de setiembre de 1976.
[25] “Siete pautas para
aplicar la
[26] CADH, Argentina: proceso al genocidio, Elías Querejeta, Madrid, 1977, pp. 177-180. La reconstrucción utiliza también los diarios La Nación y La Opinión, y el documento FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE, Situación Sindical en la República Argentina. A partir del 24 de marzo de 1976, Secretaría de Relaciones Sindicales de la FGB, París, s/f, 2 tomos.
[27] Comunicado n° 1, “Intiman al gremio de Luz y Fuerza”, La Nación, 14 de enero de 1976.
[28] Comunicado n° 2, Ibídem.
[29] Boletín n° 1. “La lucha no ha terminado”, 25 de octubre de 1976, Dinamis (segunda época), 17 de enero de 1989.
[30] “Buenos Aires, 26 de enero de 1977 (AP y AFP). – Unos 5.000 trabajadores de empresas energéticas de Bs. As. protestaron hoy en las calles contra una ley gubernamental que derogó varias conquistas laborales”, FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE, op. cit., T. 1, p. 33.
[31] “Activas gestiones abren la expectativa para resolver el conflicto energético”, La Opinión, 8 de febrero de 1977.
[32] SENÉN GONZÁLEZ Santiago, Diez años de sindicalismo argentino, Corregidor, Bs. As., 1984; TACCONE Juan, Autocrítica sindical, El Cid Editor, Bs. As., 1983; y la declaración de Oscar Lescano del 23 de mayo del 2001 en la causa Nº 2012 /SU.
[33] SEGBA, Acta del Directorio 614, 3 de marzo de 1977. Es oportuno señalar que las actas casi no brindan información sobre los conflictos que se producen entre octubre de 1976 y marzo de 1977.
[34] POZZI Pablo, op. cit., p. 79.
[35] BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, op. cit., p. 165.
[36] Reaparece una semana después y debe ser hospitalizado por las heridas recibidas en su cautiverio. Ver testimonio de Alicia Del Valle del 13 de setiembre de 2000, en la causa Coley Robles Manuel. Información sobre los paros de repudio en FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE, op. cit., T. II, p. 30.
[37] BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, op. cit., p. 99.
[38] Ibídem, pp. 172-174.
[39] Excelsior, 2 de febrero de 1977, citado en FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE, op. cit., T. I, p. 33.
[40] BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, op. cit., p. 92.
[41] Ibídem, p. 88
[42] Ibídem. Especulaciones en este sentido también en el testimonio de Lescano, op. cit.
[43] BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, op. cit., p. 102.
[44] “Nuevos signos de descontento en las empresas energéticas”, La Opinión, 27 de enero de 1977.
[45] “Normalizan hoy el área energética”, La Opinión, 10 de febrero de 1977; “Los trabajadores del área energética cumplieron normalmente sus horarios”, La Opinión, 11 de febrero de 1977.
[46] BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, op. cit.; TACCONE Juan, op. cit.; y el testimonio de Lescano, op. cit.
[47] Dinamis Interno, 2 de octubre de 1973, “1943-1973. Luz y Fuerza. 30° Aniversario”. Para principios de los setenta, el gremio tenía 600 delegados militantes y un cuerpo general de representantes de 1600 trabajadores, según TACCONE Juan, Crisis: respuesta sindical, Artes Gráficas Delta, Bs. As., 1971, p. 76.
[48] Dinamis Interno, 2 de octubre de 1973, op. cit., e información provista por Julieta Haidar.
[49] Dinamis Interno, 246 – marzo de 1976.
[50] BAIZAN Mario y MERCADO Silvia, op. cit., pp. 123-124.
[51] Dinamis Interno, 2 de octubre de 1973, op. cit.
[52] Dinamis Interno, 2 de octubre de 1973, op. cit.; y Dinamis, 83, agosto de 1975. He procurado establecer la militancia política y gremial de los obreros de Luz y Fuerza secuestrados entre octubre y marzo. Además de los caos que se mencionan en el cuerpo del texto, solo he podido corroborar hasta el momento que Guillermina Silvia Vázquez Capocasale, de 31 años, delegada en SEGBA, secuestrada-desaparecida el 17 de febrero de 1977 en Ezpeleta, era activa militante de Montoneros (Víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria, CONADEP). El tema de la represión en el ámbito de las empresas eléctricas es espinoso. María Nélida Bartucci, madre de Francisco Bartucci, militante de la Juventud Peronista desaparecido el 29 de julio de 1976, declaró el 12 de mayo del 2004 en La Plata en el Juicio por la Verdad: “tuvimos que ir a ver a Taccone […] para que nos apoye para una firma de una solicitada y […] entonces él empezó a decir de que estaba bien lo que había pasado, de que estaba bien de que habían desaparecido y que si hubieran vuelto, él también los hubiera hecho volver a desaparecer”. Según el sito web de Roberto Baschetti, Francisco Bartucci era un referente gremial en su lugar de trabajo. Juan José Taccone, a su vez, expresó en 1983 que “Mi gremio ha tenido compañeros desaparecidos, entre ellos el compañero secretario general del gremio, Oscar Smith. Creo que esto es parte de lo que llamamos antes, la verdadera represión. La represión no antisubversiva, sino la represión político-social (…) Es por ello que nosotros insistimos que los coroneles Daher y Aranguren deben ser llamados a declarar por el secuestro de Smith y de los compañeros delegados secuestrados”, JAUREGUI Rubén, op. cit., p. 11.
[53] La declaración es reproducida en “Quedaron normalizadas las empresas de electricidad”, La Nación, 21 de octubre de 1976; el otro documento es el Boletín N° 1, “La lucha no ha terminado”, Dinamis (segunda época), 17 – enero de 1989. Salvo indicación, todas las citas textuales de esta sección corresponden a estos documentos.
[54] Por ejemplo, “A
pesar del clima”, Dinamis Interno, N° 243, año VIII, septiembre
de 1975; o “Guerrilla, lopezreguismo, los cambios”,
Dinamis, N° 88, año VIII, enero de 1976, pero son muchas las notas en que se respalda el accionar anti-subversivo del ejército.
[55] DOMINGUEZ Nelson, Conversaciones con Juan J. Taccone, Hachette, Bs. As., 1977; NOVICK Marta, op. cit.; TACCONE Juan José, 900 días de autogestión en Segba: una experiencia argentina de participación, s/i, Bs. As., 1976.
[56] JAMES Daniel, Resistencia e Integración, Sudamericana, Bs. As., p. 287-297.
[57] Un análisis completo de este proceso en GHIGLIANI Pablo, GRIGERA Juan y SCHNEIDER Alejandro, “Sindicalismo Empresarial. Problemas de conceptualización y alternativas teórico-metodológicas”, Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, V. 27, N° 17, 2012.
[58] GHIGLIANI Pablo, The
Politics of Privatisation and Trade Union Mobilisation: The Electricity Industry in the