Apuntes sobre la resistencia popular y la persecución contra el peronismo en Chubut: 1955-1957

 

 

Gonzalo Pérez Álvarez(*)

 

 

Resumen

 

Este artículo aporta al conocimiento de algunas formas de resistencia popular, y ciertos mecanismos de represión, durante la primera etapa del golpe de estado que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón en la provincia de Chubut. Los registros sobre el tema en Chubut son escasos, fragmentarios y están dispersos en diversos reservorios; muchos de ellos recién comienzan a estar abiertos para la consulta de los investigadores. Sin pretensión de cubrir la totalidad de las acciones desarrolladas en un territorio tan amplio como el del Chubut, se describen una serie de sucesos que evidencian cómo se plasmó esa resistencia popular multiforme, al tiempo que se imponía un aparato represivo que pretendía controlarlo todo. El acercamiento fue realizado a partir de diversas fuentes: el relevamiento sistemático del principal medio de prensa local (el diario Jornada), fuentes bibliográficas y un prontuario policial clave, caratulado como “Infracción Decreto Ley 4161, año 1956”.

 

Palabras clave: Peronismo; Resistencia; Represión; Archivo; Chubut.

 

 

Notes on popular resistance and persecution against Peronism in Chubut: 1955-1957

 

Abstract

 

This article contributes to the knowledge of some forms of popular resistance, and certain mechanisms of repression, during the first years of the coup d'état that overthrew the government of Juan Domingo Perón. The records on the subject in Chubut are scarce, fragmentary, and scattered in various reservoirs; many of them are just beginning to be open for consultation by researchers.Without pretending to cover all the actions carried out in a territory as broad as that of Chubut, a series of events are described that show how this multiform popular resistance was shaped, while a repressive apparatus was imposed, that tried to control everything. The approach was carried out from different sources: the systematic survey of the main local press (the Jornada newspaper), bibliographic sources and a key police record, labeled as “Violation of Decree Law 4161, year 1956”.

 

Keywords: Politique; Peronism; Resistance; Repression; Archive; Chubut.

 

Apuntes sobre la resistencia popular y la persecución contra el peronismo en Chubut: 1955-1957

 

Introducción

 

Este artículo aporta al conocimiento de algunas formas de resistencia popular desarrolladas en la provincia de Chubut, tras el golpe de estado que derrocó el gobierno de Juan Domingo Perón en 1955. Las mismas se trabajan en un diálogo permanente con su contraparte: los diversos mecanismos de represión que fueron impuestos por esa dictadura, conocida como “Revolución Libertadora”, con el afán de derrotar dichas prácticas. Los registros sobre ambos temas en el territorio de Chubut son fragmentarios, y están dispersos en diversos reservorios, muchos de ellos sólo recientemente han comenzado a abrirse para la consulta de los investigadores.

La mayoría de las memorias orales, por una cuestión de temporalidad, se perdieron con los cuerpos que las portaban; en general sólo quedan testimonios de segunda o tercera mano, complejos de ser corroborados en términos de su veracidad histórica (pero sí valiosos para comprender cómo se sostienen y reconfiguran esas memorias resistentes). Se resguardaron algunos registros en libros de divulgación o artículos periodísticos, que pretendían reconstruir procesos históricos locales, y que en ese afán retomaron narraciones de sujetos que protagonizaron esa etapa post ‘55.

Esa situación de las fuentes que he recabado, planteó la necesidad de un acercamiento indiciario (Ginzburg, 1998, 2013), “molecular” (Gramsci, 1997), o “a ras del suelo” (Ferreyra, 2018; Nieto, 2018), perspectiva que retomo en estas páginas. Rastrear, a través de huellas o cabos sueltos, algunos hilos que permitan desenredar las historias de esas luchas, y también de esas represiones. Ese constante devenir entre ‘el abajo y el arriba’, entre las acciones resistentes de los sectores populares y las prácticas autoritarias del estado, construyen los registros históricos e historiográficos aquí recuperados.

Una decisión conceptual fue tomada en este artículo que, entiendo, se verá corroborada en lo expuesto. Se definió a las acciones de resistencia aquí analizadas como ‘populares’; ni ‘peronistas’, como ha sido más común referenciarlas (Baschetti, 2004), ni ‘obreras’, como las denomina Schneider (2006). Se evidencia, a través del estudio realizado, que la resistencia registrada va más allá de la identidad política (supera a la definición como ‘peronistas’ de los sujetos que se rebelaban), pero también trasciende la referencia de clase, involucrando actores estudiantiles, barriales, miembros de las fuerzas represivas, etc. De forma similar también se observará que la represión trascendió el carácter estatal o policial, adquiriendo un carácter social y hasta popular en algunos casos.

 

Un análisis de ciertos aportes historiográficos

 

El citado trabajo de Ferreyra (2018), que analiza el rol de las comisiones investigadoras contra el peronismo y, en ese marco, explora las denuncias realizadas entre sujetos que eran parte de los sectores populares, brinda algunas pautas que intentaré retomar. Varios casos registrados tienen como origen una denuncia o delación. Ferreyra destaca que existe una “dificultad para dilucidar las motivaciones personales, políticas o ideológicas de los denunciantes” (p. 9), ya que “las fuentes no son transparentes” (p. 12). En ese sentido es relevante marcar la existencia de distintos “antiperonismos” (Ferreyra, 2018: 16), dato que ya había destacado Spinelli (2005), señalando la pertinacia de esa identidad política marcada por la negatividad.

Martha Ruffini (2012, 2016) analiza las prácticas represivas contra el peronismo en la Patagonia, así como algunas acciones de resistencia. También destaca el peso que en varias operaciones represivas tuvo la confrontación particular, y cómo esta fue constitutiva de nuevos esquemas políticos anclados en lógicas no integradoras: “lo que vamos a definir como un ‘legado territorial’ de alta movilización social acompañado de conflictos en los que el enfrentamiento personal aparece como nota dominante, en el marco de la construcción de un orden provincial que con escasos matices acompañó, apoyó y consensuó un modelo fundacional excluyente” (Ruffini, 2016, p. 93).

Releva una “manifestación popular en homenaje a las Fuerzas Armadas y al gobierno revolucionario” (2016, p. 95) en Gaiman a pocos días del golpe de estado, y la formulación de denuncias en las cuáles: “se entremezclaron cuestiones personales, revanchismo y cierto grado de violencia. Se dirigían al interventor, a los ministros o a la Comisión Investigadora Provincial o local. Generalmente las realizaban particulares o en algunos casos grupos de vecinos” (Ruffini, 2016, p. 97).

En el plano de las resistencias en Chubut, Ruffini describe algunos enfrentamientos sindicales en Comodoro Rivadavia (a los que haré referencia retomando a Carrizo, 2019) y destaca la acción estudiantil en el Colegio Nacional de Trelew, aunque sin desarrollarla. También señala que:

fuerzas de la guarnición militar de Esquel, Neuquén y Bariloche convergieron hacia Bahía Blanca para ayudar al regimiento V de Infantería a reconquistar la plaza y resistir la revolución, pero la aviación lo impidió. Las fuerzas que salieron de Neuquén fueron detenidas en Río Colorado y las que provenían de Bariloche y Esquel en Stroeder (provincia de Buenos Aires). (Ruffini, 2012, p. 43).

 

La autora destaca que “entre 1955 y 1958 el gobierno de la Revolución Libertadora operó sobre estos espacios territoriales, propició su desperonización, produjo la separación de sus componentes justicialistas y la persecución de los elencos gobernantes” (Ruffini, 2012, p. 39). Así las “nuevas provincias patagónicas” (Perrén y Pérez Álvarez, 2011) se inscribieron en el esquema institucional nacional con la impuesta proscripción del peronismo (Ruffini, 2012, pp. 45-49), en el marco de esa ansiada “pedagogía de la desperonización” (Spinelli, 2005, 67).

Por otro lado, Ruffini (2014) extiende su preocupación al análisis de los planes de desarrollo para Patagonia, tanto los que buscó implementar el peronismo como los formulados por los gobiernos que lo continuaron. Si bien no es una temática que exploraré en este artículo, la perspectiva de pensar a Patagonia como territorio de promisión para el desarrollo argentino (Pérez Álvarez, 2016) o en tanto “reserva nacional de energía para el proceso de industrialización” (Ruffini, 2016, p. 197), era una mirada compartida por la mayoría de los grupos políticos que gobernaron el país, íntimamente vinculada a la profundización de las prácticas represivas en la región (Villegas, 1969). La tierra que garantizaría el futuro de progreso para la nación argentina debía estar libre de ideologías y sujetos subversivos que pudiesen poner trabas a ese camino de una Argentina que superase el atraso y la falta de integración. Los llamados al desarrollo regional y a la definitiva conquista del territorio patagónico, y su relación con las prácticas represivas, son recuperados por diversos autores que han trabajado estos proyectos (ver Navarro Floria, 2010; Navarro Floria y Nuñez, 2012; Pérez Álvarez y Gatica, 2020).

Ernesto Salas (1994) realizó una de las primeras sistematizaciones sobre la resistencia popular contra la dictadura “libertadora”, y la permanente relación que esos hechos tuvieron con la represión estatal. Observa cómo, al tiempo que “hicieron su aparición los eufemismos que designaban al gobierno de Perón como "el tirano depuesto", el "régimen depuesto", etcétera (…) las jornadas perdidas por huelga aumentaron de 144.120 en el año 1955 a 5.167.294 en 1956” (Salas, 1994, p. 159). Una vez que ‘desde arriba’ se instituyó que “Nombrar a Perón o Eva Perón podía ser penado con prisión, tener retratos de ambos en las casas tenía el mismo resultado”, ‘desde abajo’ sucedió que “los primeros hechos de la Resistencia, entonces, fueron, precisamente, nombrarlos públicamente” (Salas, 1994, p. 168).

Julio Melón Pirro (2018) describe las diversas formas de resistencia que desarrollaron los y las adherentes al peronismo, en el marco, y en contra, del proyecto comandado por las fuerzas que ejecutaron el golpe de estado de 1955 y dirigieron la autodenominada “Revolución Libertadora”. Su análisis destaca la dificultad que tuvo la militancia peronista para adaptarse al nuevo marco, ya que “el peronismo era todo lo contrario a una expresión de la clandestinidad. La apelación a la resistencia, por lo demás, no hacía sino denotar una extraordinaria desproporción de fuerzas” (Melón Pirro, 2018, p. 19).

Por ello, y como aquí también se demostrará, “Se trataba por lo general de actos espontáneos o, por lo menos, alejados de una planificación política y originados en la base misma de la militancia peronista” (2018, p. 22). En definitiva “la “resistencia” fue sobre todo una primitiva manifestación de descontento estructurada sobre una base material muy pobre, llevada adelante por grupos inorgánicos de peronistas a los que sólo con dificultad puede reconocérseles una dirección heterónoma” (2018, p. 127). Esos rasgos serán evidenciados en la narración sobre los hechos de resistencia y represión, que en este artículo he registrado.

Enrique Mases (2004), reseña expedientes criminales de la provincia de Neuquén, donde se siguieron actuaciones vinculadas al decreto 4161. Son hechos que van desde lo gracioso hasta lo dramático, pero que, en todos los casos, al igual que los episodios trabajados en este artículo, demuestran el nivel de profundidad de la persecución que se llevó adelante durante la primera fase de esa dictadura en las provincias patagónicas.

Así, Mases repasa desde el decomiso de una bolsa de batatas que llevaba impreso el nombre “General Juan Domingo Perón”, hasta la detención de un joven que había gritado el nombre de Perón en medio de unos festejos tras una pelea de box, pasando por un allanamiento contra un local comercial debido a la existencia de unas facturas comerciales que llevaban impreso el nombre de Eva y Juan Domingo Perón. Algunos procedimientos parecen al borde del ridículo, pero evidencian las dos caras del fenómeno: una represión permanente, y que intentaba ser omnímoda, y una resistencia de mil cabezas, que hasta se ocultaba tras supuestos descuidos o inocentadas de sus ‘perpetradores.[1]

En un reciente aporte, Gabriel Carrizo (2019) analiza algunos impactos de la dictadura sobre el personal de YPF. La persecución contra la militancia peronista “significó para el sector antiperonista del sindicalismo petrolero la posibilidad de recuperar el control”, situación que encontró una decidida resistencia: “según la crónica del periódico, una vez ejecutado el golpe los manifestantes llegaron hasta el barrio General Mosconi, corazón de la explotación petrolífera estatal, en donde se registró un enfrentamiento armado” (2019, p. 7).[2] También en los núcleos de YPF radicados en Comodoro Rivadavia, la dictadura fracasó en su proyecto de “…revertir la politización del sindicalismo”, decepción que el propio Isaac Rojas lamentaba en un escrito de 1985 (Carrizo, 2019, p. 19).

Bais Rigo y Carrizo (2019) aportan un interesante estudio, basado en memorias de las acciones de resistencia en Comodoro Rivadavia. Debido a la temporalidad, las mismas son narradas por hijos o familiares de quienes las protagonizaron. El artículo recorre la prisión para quién pintó “Perón volverá para gobernar el país de los gorilas” (p. 10), la “creación de comandos civiles revolucionarios” (peronistas) y del “Comando Civil de lucha contra la Reacción de Comodoro Rivadavia” (antiperonista) en el contexto del levantamiento del general Valle (p. 12), sabotajes a los yacimientos a través del corte de líneas de alta tensión (p. 16), y la icónica “Marcha del Silencio”, realizada en 1958 con unas 2500 personas, “cantidad significativa de participantes para una ciudad que contaba en ese momento con alrededor de cincuenta mil habitantes” (p.19). Reflejando la relevancia de la militancia femenina en la resistencia[3] se releva que una mujer fue oradora clave del acto, y se concluye que “Esta marcha significó la primera manifestación pública del movimiento peronista luego de la proscripción en Comodoro Rivadavia” (Bais Rigo y Carrizo, 2019, p. 19).

Otros artículos que aportan al marco general son Barros y Carrizo (2012), Barros (2011) y Raffaelle (2012), en especial sobre la compleja relación entre el norte y sur de Chubut, luego de su unificación administrativa.[4] También brinda aportes comparativos, hacia el cercano norte de Chubut, el relevante conjunto de artículos dirigidos por Rafart y Mases (2003).

En una escala más general, los textos compilados en Aelo (2010) dan una visión de conjunto sobre el recorrido del peronismo durante los años previos en diversas regiones del país, y aportan a las líneas de continuidad con el proceso posterior a 1955. También consiguen sumar elementos de análisis, con un enfoque de carácter regional o provincial, artículos como los de Solís Carnicer (2016), Lichtmajer (2016) y Nieto (2009), quien incorpora la noción de “guerra civil” para pensar la dinámica del proceso histórico. Ponte (2017) especifica su atención en los sabotajes, como una de las estrategias privilegiadas por los colectivos resistentes, y Funes (2018) y Marcilese (2014) permiten comprender las líneas de continuidad y cambio que se expresaron durante los años posteriores al período específicamente abordado en este trabajo.

 

Sobre las fuentes

 

El acercamiento fue realizado a partir de diversas fuentes. La más singular es el prontuario policial caratulado como “Infracción Decreto Ley 4161, año 1956”. También se utilizaron fuentes bibliográficas y el relevamiento sistemático de medios de prensa locales, en particular el diario Jornada, que comenzó a ser editado en 1954.[5] Además se recuperó en clave histórica un libro conmemorativo sobre el Colegio Nacional de Trelew, donde se rememora el conflicto tras el golpe de estado de 1955.

Realizo una mínima deriva sobre el origen de la fuente prontuarial. En enero de 2016, el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia, recibió de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chubut alrededor de 60.000 prontuarios que se encontraban en el Archivo Provincial de la Memoria (APM). Estos documentos, producidos por la Jefatura de Policía de Chubut, contienen un acervo de información con gran potencialidad para la investigación. Se originan en delitos, contravenciones o trámites civiles de diversa índole (Binder, 2016; Araya et. al., 2018; Tapia, Chávez y Vezub, 2020).

La entrega fue realizada en la caja de un camión; los prontuarios estaban en paquetes atados con hilo o en bolsas de consorcio, sucios y desordenados. La tarea, hasta el presente, ha sido limpiar y ordenar, habilitándolo poco a poco para la consulta. Hasta el presente, el prontuario aquí analizado es el único realizado a una entidad abstracta:[6] un Decreto-Ley. Allí se acumularon los casos ocurridos en el territorio de Chubut que, para la Jefatura Policial, se englobaban en infracciones al Decreto mencionado. En ninguno de los casos reseñados se consiguió individualizar a los “culpables”.

Que se desarrolle un prontuario específico, y se ejecute el nivel de persecución sobre la población del territorio que se evidencia, es un dato relevante para observar lo molecular de la represión contra el peronismo, y, también, la permanente y pertinaz resistencia popular. Las complejidades del trabajo con fuentes oficiales, se profundizan en el caso de archivos sensibles referidos a sujetos que fueron victimizados por el estado y producidos por la propia institución represiva que los persiguió (Sirimarco, 2010). Gabriela Águila (2018) destaca la importancia de comprender el funcionamiento de las instituciones represivas y del entramado que conforman, demostrando que al menos una parte de las respuestas pueden emerger del estudio de sus propios archivos.

Mónica Gatica (2011) propone un camino para abordar estos archivos sensibles, que busca respetar a los sujetos involucrados al tiempo que se resguarda la necesidad de dar a conocer los procesos históricos. Para ello es preciso agudizar la percepción, con el fin de encontrar la agencia del resistente en estos archivos devenidos en fuentes. El prontuario policial, construido para perseguirlo y castigarlo, resguardó elementos que nos permiten comprender al menos una porción de su experiencia, fragmentos de su activación rebelde que la maquinaria estatal pretendía destruir y acallar. Se tratan de ‘indicios’ (Ginzburg, 1998) a través de los cuáles reconstruir recorridos personales y grupales de un colectivo social claramente definido: el de quienes efectuaron acciones de resistencia contra la dictadura impuesta en 1955. La mirada ‘indiciaria’ de Carlo Ginzburg (2013) abrió sendas para encontrar rasgos del pueblo entre las grises paredes de los archivos del poder.

Una porción clave de los problemas que Lila Caimari (2017) aborda en su libro se presentaron en el tratamiento de este archivo. Ella sostiene que “traducir el archivo a la escritura es, primero, renunciar” (Caimari, 2017 p. 11), ya que el trabajo con este tipo de fuentes conlleva “…el peligro de la adicción, del ahogo, de la imposibilidad de abstracción” (p. 13). La autora especifica ese riesgo para los archivos carcelarios y/o policiales, donde: “La voz de los dominados (los penados y penadas) aparecía mediada por filtros de peso ineludible” (p. 37). Es imprescindible sostener el alerta sobre sus peligros, pero también destacar las amplias posibilidades que su correcto tratamiento pueden ofrecer (p. 73).

Por motivos de la extensión fijada para un artículo se tomó una decisión organizativa, debido a la cantidad de material reseñado. La primera sección integra la sistematización del diario Jornada, centrando la mirada en el período del 16 de septiembre de 1955 hasta el final de ese año. El siguiente apartado aborda la relevante huelga estudiantil del Colegio Nacional, quizás la acción de resistencia popular que adquirió mayor impacto político en la región. Por último, se describen los hechos contenidos en el prontuario policial, ocurridos entre 1956 y 1957. Se cierra con algunas reflexiones, que buscan registrar los principales resultados de este avance, así como proyectar nuevas instancias del proceso de pesquisa.

 

Desde el diario Jornada

 

Se realiza aquí un análisis de una fuente clave para estudiar este proceso: el único diario que se publicaba en la región noreste de Chubut. Registro los hechos más significativos ocurridos desde el 16 de septiembre de 1955, comienzo del golpe de estado que derrocó al gobierno peronista, hasta el final de dicho año.

El inicio del golpe se tituló “Una nueva rebelión contra el gobierno”.[7] La policía provincial ratificó el estado de sitio y el 19 todavía el diario postulaba que “Aún no fue sofocada la rebelión”. Recién el día 20 el titular de tapa indicó la caída del gobierno: tratándose del único diario de la región (y estando su sede a menos de 20 kilómetros de la capital provincial), es evidente que el golpe de estado no había logrado establecer su control sobre Chubut hasta esa fecha. Tiempo después esto se expresa para el caso de Esquel, donde hasta el 21 de septiembre dominaron las fuerzas peronistas.[8] Se destaca la resistencia que había tenido contra el golpe la gendarmería y el destacamento militar de esa ciudad cordillerana.[9]

La resistencia, entonces, fue relevante durante el golpe de estado, a cuyos promotores les costó varios días imponer su control sobre el territorio provincial. Desde ese día 20, la región fue ocupada militarmente por la base aeronaval de Puerto Madryn. En tapa se publicó un comunicado del jefe militar, teniente coronel Adolfo Jesús López, que recomendaba a la población el cumplimiento de las directivas. También se posiciona el “comando revolucionario de la región”, expresando que las actividades deberían retomar la ‘normalidad’, “…como habitualmente hacen las reparticiones públicas y también las escuelas, como así el comercio y la industria”.[10]

Desde el 17 no había clases ni bancos. El 19 por la noche “varios grupos de personas desfilaron por las calles de a pie y en automotores enarbolando banderas argentinas en adhesión al triunfo de las fuerzas revolucionarias y dando vivas a la libertad su paso por las calles”. Según el diario no hubo incidentes, solo “…fueron embadurnados los frentes de dos edificios, uno de ellos ocupados por una unidad básica femenina y una propiedad de un particular, ambos situados en la Avenida Fontana”.[11]

El 21 hubo nuevos festejos en Trelew. El diario intentaba redefinir su posicionamiento, realizando exaltadas crónicas favorables a los golpistas: “Se registraron escenas emocionantes, en que los hombres se abrazaban y lloraban en plena calle y se cambiaban ruidosos saludos agitando pañuelos blancos lo que era común observar a cada instante en todas las arterias de la ciudad”.[12]

Ese día se produjo un hecho muy recordado por la población local. Un importante grupo de militantes a favor del golpe se dirigieron a los edificios que simbolizaban distintos núcleos de trabajadores, con el objetivo de destruir los bustos de Perón y Eva Perón. Jornada tituló la crónica: “Sacaron de sus pedestales los Bustos del ex presidente perón y de su desaparecida esposa”.

Reproduzco en extenso, por la relevancia que tuvo el suceso:

 

Al atardecer de ayer grupos de personas que se reunieron en forma espontánea, se agruparon y marcharon hasta los lugares donde se sabía que se hallaban emplazado bustos del ex presidente y de su extinta esposa, y una vez llegados a dichos lugares se pidió a los ocupantes de los mismos que retirarán las efigies. En la estación ferroviaria, los empleados se negaron en principio a acatar el pedido y el público no quería retirarse de las inmediaciones hasta ver cumplidos sus propósitos. En esa circunstancia, los propios empleados que se oponían a este hecho, hicieron retiro del busto[13] y el público al comprobar esto se retiró para dirigirse hasta las oficinas de Vialidad Nacional donde al no hallar a su jefe para intimarle igual retiro, procedieron por su cuenta y bajaron de su pedestal un busto, el que fue cargado en una camioneta y posteriormente paseado por las calles de la ciudad atado por una soga a un automotor.

Los mismos grupos de personas procedieron a retirar las chapas con los nombres del ex presidente y de su extinta esposa que existían en la nomenclatura de dos calles de la ciudad. Posteriormente, a instancia de las autoridades los manifestantes se disolvieron sin que se produjeran disturbios.[14]

 

La imagen del busto de Perón arrastrado por las calles, fue parte de la memoria de muchos habitantes de Trelew. La resistencia de los ferroviarios también fue emblemática. Varios sufrieron cesantías[15] y su perfil era de fuerte identificación con el peronismo. Así lo recuerda Juan F. Thomas: “No nos quería nadie acá (a los trabajadores del ferrocarril), menos después del golpe, el barrio se llamaba ‘Eva Perón’, así que imagínate… La gente nos miraba como si fuésemos de otra ciudad…”.[16]

Thomas rememora estos sucesos, demostrando el nivel de enfrentamiento al que se había llegado, algo que el diario encubrió:

 

había un busto de Evita ahí adentro del ferrocarril… Ahí estaba y para colmo todos los empleados de Vía y Obras eran todos peronistas… fanáticos. Y cuando cayó Perón vinieron los gorilas a querer arrastrar el busto… y yo le pego el grito porque ya sabíamos más o menos ¿viste?... el ambiente que se venía y se vinieron todos con pico y pala… los corrieron a todos y había otro busto de Perón que estaba en Vialidad… a ese sí lo entregaron y lo arrastraron por todo el pueblo. A Evita no, nos la trajimos… y había un tipo ahí que estaba jodiendo y dice ahora vamos a quemar la estación y estaba caliente… y le digo anda nomás que ahora te espero ahí adentro… quería quemar todo el tipo ese.[17]

 

Esa movilización de los golpistas se siguió expresando. El 22 hubo actos en Puerto Madryn y Gaiman, el 23 una importante concentración en la plaza central de Trelew y una caravana hacia Gaiman y Rawson, donde se sumó población de Madryn y vivaron al comisionado nacional. El diario seguía expresando un inusitado apoyo al proceso, por lo cual hasta llegaban a pedir disculpas, “nos hemos dejado llevar por el entusiasmo y quizás nos hayamos salido un poco de los objetivos de la crónica”.[18] Otras manifestaciones se generaron el día 25 en Puerto Madryn y Esquel.

Es evidente que Luis Feldman Josín, relevante figura regional y director de Jornada y del diario Esquel, buscaba garantizar la permanencia de la publicación, mostrando un alineamiento original con los golpistas que, como vimos, no parecía real. Lo intentó demostrar en una editorial titulada “Nuestra Posición”. Allí sostenía que siempre se negó a aceptar cargos del peronismo, que había sido cesanteado como maestro en 1944, reincorporado en 1945 pero nuevamente expulsado por su labor periodística, y que dos años después fue obligado a renunciar a su cargo en un instituto de enseñanza secundaria. Denunciaba que en dos ocasiones rompieron las vidrieras del diario Esquel, y que se pretendió intimidarlo hasta con un revólver en el pecho. Por último, destacaba que jamás dirigió una palabra ofensiva para el catolicismo, ya fuera desde el diario Esquel o Jornada.

El 26 el comisionado Schneidewind mantuvo una reunión con dirigentes políticos y gremiales, entre ellos del partido peronista de ambas ramas y dirigentes obreros de Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavón, Puerto Madryn y Dique Florentino Ameghino, “instándolos a la deposición de rencores y odios y afrontar la etapa de reconstrucción nacional”.[19]

Mientras seguían los actos pro golpe y se realizaban intervenciones ‘desperonizadoras’ (como a la estación de radioconversaciones de Trelew), se llamaba a declarar al ex delegado peronista en Chubut, y dirigente obrero de la Asociación de Trabajadores del Estado, Eliseo Sieff. La policía también detuvo a Domingo Acri, sindicado como ‘nacionalista’, por supuestas injurias contra miembros del nuevo gobierno.

El 13 de octubre, el gobierno de Chubut emitió un comunicado con un contenido semejante al que luego tendría el decreto 4161: se reprimiría cualquier intento de desorden, manifestación de viva voz, inscripciones, alteración del orden público o entorpecimiento del normal desarrollo de actividades y producción, por todos los medios necesarios. A la vez el comisionado nacional creaba la comisión de investigación especial. Para el 17 de octubre el diario tituló “Hoy es día laborable” y “Previene el comando militar de Comodoro Rivadavia contra desórdenes”. Al otro día se destacaba que la concurrencia a los lugares de trabajo había sido la habitual, y el diario denunció cartas anónimas con amenazas por su posición antiperonista.[20]

Se desarrolló un conflicto laboral en Madryn: los estibadores impidieron el desembarco de la carga del buque B.D.T.2, porque pretendía realizarlo con su personal a bordo. La disputa llegó a momentos de tensión, interviniendo el delegado de trabajo y previsión y su asesor letrado. Los portuarios, quizás como señal del momento de retroceso que sufrían los trabajadores, aceptaron descargar a partes iguales, pero dejando fijado que dicho acuerdo sería por única ocasión. Trabajo y previsión también envío dos funcionarios a la obra del Dique Florentino Ameghino[21] para intervenir en diversas situaciones, entre ellas el despido sin preaviso de dos trabajadores. En días posteriores las noticias publicadas en el diario destacaron que el 1 y 2 de noviembre se retomaron las tareas ‘normales’ en las obras, dando indicios de un conflicto que no fue publicado. Son expresiones de lucha obrera, no necesariamente vinculadas a lo político, pero sí a una resistencia contra la ofensiva patronal.

La Asociación de Trabajadores del Estado convocó un congreso extraordinario para el 24 de noviembre, sosteniendo que no se impugnaría a ningún precandidato por ideología u otra causa que no fuese la defraudación de fondos. Se anunció la reincorporación de los afiliados expulsados, excepto a quienes habían sufrido dicha sanción por hechos de malversación. También en Teléfonos del Estado se reincorporó a un trabajador, Jacinto Castro, cesanteado en 1953 porque en las elecciones del año anterior había sido fiscal opositor al peronismo.

Un proceso singular se desarrolló en Vialidad: el personal del treceavo distrito reclamó al interventor nacional (ya por entonces el capitán de fragata Raúl Sidders) que no repusieran en su cargo de jefe de la repartición al ingeniero Juan Giugale. Exigían que se investigue su accionar durante el régimen previo: finalmente Giugale no fue designado. El proceso muestra una respuesta obrera, aunque la misma parece asociada a la persecución contra el peronismo.

El 13 de noviembre, al tiempo que Lonardi era reemplazado por Aramburu a nivel nacional, en Trelew un grupo de militantes peronistas vivaron a Perón en las calles céntricas de la ciudad. El diario tituló “Peronistas que Resucitan”, describiendo así lo sucedido:

 

En el atardecer de ayer cuando la población se hallaba entregada al habitual paseo en la calle 25 de mayo vio sorpresivamente perturbada su tranquilidad por un grupo reducido de personas que daba vivas al tirano depuesto y al propio tiempo como para demostrar su prepotencia selvática proferían altivos insultos en altavoz. El episodio causó profunda indignación y algunos vecinos dieron cuenta de lo acontecido a la autoridad policial, dado que la provocación podría haber alcanzado mayores consecuencias de no mediar la serenidad del público presente, que adoptó una actitud pasiva en virtud de que los desahogos de este grupito de peronistas resucitados estaba ligado, como es fácil advertirlo, a los acontecimientos sucedidos en la Capital Federal y, que en su mentalidad han servido para interpretar que el gobierno revolucionario y sus consecuencias habían sido liquidados. La ignorancia es atrevida, dijo alguna vez el gran Sarmiento y las voces que trajeron ayer no tienen sin duda otra procedencia, pero no deja de llamar la atención que entre el grupo que las profería se contaba un empleado policial.[22]

 

Fueron detenidos Aurelio Domínguez, Abad Jar (se corta el texto, quizás Jarme), Camil Aidar y el policía Horacio Souza. Se les imputó transgredir el estado de sitio, y Souza, un activo militante de la resistencia como ya lo veremos, quedó a disposición de la jefatura policial. Mientras la huelga nacional convocada desde el 15 de noviembre no pareció repercutir en la región, sí continuaban las cesantías, detenciones y allanamientos contra la militancia peronista. El 24 fueron cesanteados los ex dirigentes Agustín Fuentes y Santa Cruz Verón, y en diciembre lo sufrió el empleado de gobernación Héctor Méndez.

Recién ese mes Sidder viajó Esquel para dar de baja a los jerarcas de gendarmería que se habían opuesto al golpe. Allí se generó un grave conflicto, ya que Camilo Van Zandweghe, Eduardo Alud y Arturo Campos (comandante principal) se negaron a acatar la orden. Sidders viajó a la Capital Federal, y la situación sólo logró resolverse tras la intervención nacional de gendarmería. Es relevante registrar el extenso período que tardó la dictadura en dominar completamente a las fuerzas represivas en el territorio provincial.

Otro conflicto se desató por la decisión de transferir la administración del Ferrocarril Patagónico desde Puerto Madryn hacia una dependencia directa con el Ferrocarril Roca, quedando su sede ubicada en la Capital Federal. La población de Madryn se opuso, con pronunciamientos colectivos y sectoriales, ya que implicaba la pérdida de puestos de trabajo y ponía en riesgo la continuidad del tren regional. La Unión Ferroviaria envió un telegrama al interventor del gremio, capitán Adolfo Pintos, solicitando revocase la medida.

Siguieron los allanamientos de locales peronistas en Trelew: el diario cita el caso de un domicilio en Moreno al 400, donde secuestraron una carta del “ex dictador”, escrita desde Paraguay, que se hacía circular en forma secreta.[23] El rumor era que se habían allanado otras cinco viviendas, entre ellas las de un empleado de policía “de notoria filiación peronista” (posiblemente Souza). Se allanó el “Ateneo Peronista” (sobre calle Fontana) y se intervino la delegación de la CGT, a cargo de Jorge López. El 19 fue detenido el dirigente peronista y empresario Mariano Merayo, acusado por la circulación de panfletos en los que se anunciaba el pronto regreso de Perón; la policía provincial buscaba, de manera infructuosa, capturar a Souza. El año culminó con el retiro de un busto de la madre de Perón en el barrio oeste de Comodoro Rivadavia y con vecinos de Camarones reclamando que aún se mantenía una placa, ubicada frente a la comisión de fomento, en la cual constaban los nombres de Eva y Juan Perón.

 

La huelga estudiantil

 

Otro hecho de singular importancia, citado por Jones (1997a) y Ruffini (2016), y descripto con mayores detalles por Comes (2014), fue la huelga y movilización estudiantil contra la destitución de Margara como rector del único colegio secundario que por entonces funcionaba en Trelew. Comes narra este episodio a partir de las palabras de David Patricio Romero (pp. 121-126):

 

Los hechos se desarrollaron en octubre de 1955. El rector del Colegio Nacional de Trelew era el Dr. Adolfo Margara. Los que nos hallábamos cursando en ese momento el último año –quinto año- no habíamos conocido otra gestión al frente de la Institución. Es decir que Margara y el Colegio, para nosotros, eran una misma cosa… el 16 de septiembre de 1955 había ocurrido el golpe de estado que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón.

 

Sigue su narración:

 

Mi memoria me lleva a recordar que la noticia de la remoción de Margara se comenzó a conocer y comentar con una semana de antelación. Y ante la posible eventualidad los estudiantes tuvimos varias reuniones… La decisión se fue formando de a poco, pero al iniciarse la semana ya estaba tomada. Íbamos a resistir el desplazamiento de Margara. Fue el día martes 18 de octubre de 1955. En el Colegio de la calle Sarmiento se reunió al alumnado en el patio… La decisión estaba tomada y la huelga se inició al día siguiente, es decir el miércoles 19. Por supuesto ninguna experiencia existía en cuanto a movimientos huelguísticos[24]… La adhesión fue total, salvo algunas presencias producidas sobre todo por la presión paterna. Por supuesto que nos manejábamos por medio de asambleas… La primera derivación del paro fue la renuncia del Interventor designado (p. 124).

 

Esa fue la primera victoria. Sin embargo, Romero recuerda que “Nuestro objetivo, que era en principio obtener la reinstalación de Margara, se planteaba como muy remoto… Hubo que volver y explicarlo a la asamblea de estudiantes”. Pero además ocurrió algo más grave. La máxima autoridad provincial en ese momento, el teniente de navío Manuel Schneidewind, citó a una reunión a los referentes del movimiento estudiantil, entre ellos Romero, intimándolos a levantar la huelga y amenazándolos con reprimir. Romero rememora esas palabras: “si en Buenos Aires ellos no tenían problemas en reprimir y encarcelar a los huelguistas, no tenían porque no hacerlo donde fuera necesario” (p. 125); y concluye:

 

Fue directamente una amenaza. Indudablemente que salimos bastante preocupados y amedrentados, porque nunca nos hubiéramos imaginado una cosa semejante. La huelga fue levantada luego de distintas conversaciones… La masividad de la protesta fue notable. Directamente no hubo clase. (p. 126).

 

El relevamiento del diario Jornada aporta más datos sobre este conflicto, y la centralidad que le adjudicó el proceso dictatorial a controlarlo. El primer rasgo a destacar es que la intervención fue impuesta el 17 de octubre (no el 18, como recuerda Romero), día en que también asumía el nuevo gobierno provisional en Rawson, con una importante presencia de grupos que apoyaban la dictadura. Con la presencia del ministro de gobierno Simonet, el jefe de policía, prensa, ex alumnos y ex profesores, se imponía en el colegio Nacional (y sus anexos Normal y Comercial), a Esteban Fermé a cargo del rectorado. La presencia de esa delegación brindaba indicios sobre la importancia del procedimiento, y el temor de encontrar alguna resistencia.

Margara se dirigió al patio, donde los estudiantes se habían formado, y les comunicó la decisión que se acababa de tomar. Expresó que mientras durase la intervención permanecería ausente del establecimiento y se retiró sin esperar que Simonet hablara. Los estudiantes “rubricaron con prolongada y sostenida salva de aplausos las palabras del doctor Margara, significando de este modo evidentemente una adhesión”.[25] Simonet sostuvo que la intervención pretendía investigar la actuación de cada profesor, y prometiendo que Margara no sería desplazado de sus cátedras.

El diario relevó rumores sobre una posible huelga, sin poder confirmarla con los estudiantes. Sí entrevistó al interventor, quien exhortó “a los alumnos a concurrir a clase en los horarios habituales y que no cometieron actos descabellados que solamente perjudicarían a ellos mismos”.[26] La implícita amenaza no acobardó al movimiento estudiantil.

Recién el 21 se publicaron novedades, cuando el conflicto había sido controlado mediante la intervención dictatorial. En página 2 se tituló “La asistencia a clases en Secundaria fue Normal”, destacándose que durante el miércoles 19 los estudiantes no concurrieron casi en su totalidad, y que si bien no hubo un pronunciamiento formal la decisión de ir a la huelga circuló de boca en boca, hasta hacerse masiva. Los estudiantes también dirigieron un telegrama al Ministerio de Educación, expresando su disconformidad con la remoción de Margara. El peso que le dio la dictadura a esta acción se registra al observar que intervino la máxima autoridad de la provincia: el teniente de navío Manuel Schneidewind asumió el rectorado del Colegio Nacional tras la renuncia de Fermé, además de generar una tensa reunión con representantes estudiantiles, como ya se narró desde la memoria de David Romero.

Días después, el 26 de octubre, se publicó en tapa “Versiones infundadas desmienten estudiantes”. Se presentaron en la redacción del diario los estudiantes Néstor Arancibia, David Romero y Alejo Elicagaray, declarando que eran “absolutamente infundadas las versiones de que durante la entrevista mantenida con el presidente de la Comisión Investigadora Provincial, en ocasión del reciente paro estudiantil, fueran amenazados ni mucho menos groseramente atendidos”.[27] La nota reflejaba la continuidad del conflicto, y las presiones que recibieron estos jóvenes, cuyas edades estaban en torno a los 17 años.

La situación en el Colegio fue de permanente persecución. Tras distintas citaciones a declarar, el 4 de noviembre la comisión investigadora local, que presidía el ingeniero Jorge López, cesanteó a seis profesores: el rector y vicerrector del Colegio Nacional, Adolfo Margara y Heraclio Ruival, y los profesores Celia de Vázquez, Delia de Polanco, Roberto Genovesio y Luis Marzullo. Además se había intervenido con fuerzas policiales la seccional 4º de escuelas y se abrían investigaciones contra Celso Romero (inspector seccional), el inspector de zona Alberto Gómez Huarte, el secretario técnico Oberdan Mi (se corta el nombre, quizás sea Minucci), y el director adscripto David Topi, quienes no podían alejarse de la zona sin autorización.

La continuidad de conflictos estudiantiles en el país, y la centralidad política que la dictadura ponía en detener esa situación, se denotan en otras dos noticias publicadas. El 10 de noviembre se reseña que por una huelga estudiantil se reintegró a una directora en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y el gobierno decidió, al otro día, la culminación de las clases en todo el país: “la medida está fundada en razones de orden técnico y ha sido adoptada ante la necesidad de resolver inmediatamente los problemas creados en los establecimientos de Enseñanza por el régimen depuesto”.[28]

 

Prontuario de infracción decreto ley 4161, año 1956

 

A fin de facilitar la lectura, se optó por presentar cada caso expuesto en el prontuario en forma particular, evidenciando los recorridos del entramado represivo. Este camino plantea el riesgo, señalado por Lila Caimari (2017), de caer en la “atracción del archivo” sobre la que ya alertaba Arlette Farge (1991): la inocente idea de suponer que el archivo puede hablar, y convertirse en fuente, por sí mismo.

Lejos de esa perspectiva, creo que sólo una descripción densa (Geertz, 1983) de su contenido, de sus formas de narrativa y de los recorridos que propone, permite comprender algunos rasgos del aparato represivo y de las agencias resistentes que ese entramado buscaba atacar. Se verá que la maquinaria parece imprecisa, torpe, ineficaz. Pero tras esa apariencia la persecución de aquellos que buscaban enfrentar a la dictadura se mantenía siempre dispuesta a vigilar y castigar cualquier mínimo rastro de rebeldía.

El prontuario se encabeza como “Policía de la provincia de Chubut, división de identificación”. Su número es el 4198, radicado en Rawson en agosto de 1956. La “filiación” que consta, es el decreto ley 4161[29] (allí es donde debería plasmarse el nombre y apellido de la persona prontuariada). Además, constarían en un prontuario ‘normal’, los datos de sus progenitores, el color del cutis, color de los ojos, forma de la nariz, de la boca, de los labios, del mentón, el "concepto" y la "moralidad", el origen nacional, de provincia y de pueblo, la fecha de nacimiento, el estado civil, la profesión, etc.

Este, como ya se destacó, se trata de un prontuario muy particular: el único encontrado en el citado archivo, que no hace referencia a una persona física sino a un Decreto-Ley: un prontuario donde se incorporaron diversas denuncias sobre infracciones al decreto ley 4161, ocurridas durante el año 1956 y 1957 en el territorio de Chubut.

Si bien no hay detenidos y las investigaciones no tienen mucho recorrido, sí evidencian la sistemática persecución que se vivió en la región durante la dictadura de la "Revolución Libertadora". La sistematicidad y lo molecular de la represión, persiguiendo inscripciones en un baño público, comentarios en una peluquería, pintadas en garitas de colectivos o gritos en la vía pública, ejemplifican que estamos ante un modelo coordinado, que buscaba impedir las acciones de resistencia, y a la vez procuraba generar temor y disuadir a quienes pretendiesen impulsar medidas más contundentes.

El primer registro fue originado en la comisaría de kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia, titulado "Autor o autores ignorados s/infracción al decreto ley 4161/56". En primer término se ubica un telegrama procedente de Comodoro Rivadavia del 22 de junio de 1956, citando que "a raiz inscripciones alusivas Régimen depuesto aparecidas en la fecha en un baño personal soltero esta localidad instruyo sumario con conocimiento juez nacional de primera instancia seccional Punto Atte.-Subcomisario Pagliarani.-".[30]

Luego se incluye una nota dirigida al jefe de policía de Chubut, solicitando se cierre el sumario, expresando:

 

…que en la fecha se dio término al sumario instruido por el suscripto (…) Se deja constancia que por separado se ha solicitado en la fecha la inserción en la Orden del Día de la Repartición de la captura de el o los autores del hecho, como así también el secuestro de los elementos utilizados para cometerlo. [Firma el subcomisario Albino Pernigotti y el auxiliar de policía Honorio Díaz].

 

El siguiente registro es de la comisaría General Mosconi, también de Comodoro Rivadavia. El telegrama, del 19 de junio de 1956, expresa:

 

…hoy siendo las 0.15 horas halló en la garita donde espera el transporte los obreros para ir al trabajo sito en el barrio Belgrano Nuevo sobre la avenida Tehuelche en su interior y exterior inscripciones haciendo alusión al régimen depuesto escrito con tiza blanca procurase individualización autor o autores y detención.

 

No hay otra actuación en este sumario.

En la misma comisaría se inscribió el siguiente caso: es sobre un suboficial del ejército, no identificado. El telegrama consta: "…habiendo llegado a conocimiento del suscripto de que un Sub-Oficial del Ejercito aún no individualizado y que se procura localizar, en una peluquería local habría hecho expresiones sobre la vuelta del Ex-Presidente depuesto." Se incluye luego una nota del 13 de julio de 1956, dirigida al jefe de la policía, comunicando el término de las actuaciones, sin que hubiese detenciones.

A continuación, se incluye el cuarto sumario: en la comisaría Diadema Argentina, de Comodoro Rivadavia. El telegrama del 27 de junio de 1956, expresa: "…en virtud dispuesto decreto 4161 procediose secuestro cuadro con fotografía ex mandatario Juan Domingo Perón hallado clavado pared casilla estacionamiento choferes éste Yacimiento Punto Practicanse averiguaciones e instruyo sumario…". Una nota del 16 de julio, informa la derivación de actuaciones al área de investigaciones y el resguardo del cuadro secuestrado por parte del magistrado interviniente en la causa.

La quinta actuación fue en la comisaría de policía de Trelew. Correspondiente al año 1957, el telegrama informa que: "…se han iniciado actuaciones por infracción al decreto ley 4161 al constatarse haber aparecido ayer en la pared del edificio desocupado ubicado en esquina de San Martín y Uruguay la leyenda "Perón Vuelve" con tiza negra ignorándose autor pronta averiguaciones". El 7 de febrero se informa al jefe de policía que en seis fojas se trasladó la investigación al juez nacional Dr. Ernesto Cano. La ‘infracción’ habría ocurrido en la noche del 13 de enero. En nota posterior se incluyó que la misma inscripción había sido escrita, con carbonilla, “en el tapial de la finca ubicada en la calle Buenos Aires y 28 de Julio”, además de la dirección ya citada.

El siguiente hecho también sucedió en Trelew. El comisario de policía Antonio Scabece “denuncia supuesta infracción al decreto ley 4161/56”. Se trata de uno de los casos más interesantes, donde se incluyen estrategias de delación (Lvovich, 2018; Binder y Pérez Álvarez, 2019) y de persecución a ras del suelo (Ferreyra, 2018). En telegrama del 21 de febrero, dirigido al juez por el comisario Señoriño, se cita que el comisario Scabece recibió una denuncia del ingeniero Secundino Álvarez. El informante sostuvo que la semana pasada, en el bar de Mario Méndez, “se había entonado la marcha de los muchachos peronistas”. Se inició sumario por infracción al decreto ley 4161, y la investigación, que constaba de 14 fojas, se elevó al juez Cano el 14 de marzo.

El séptimo caso se registró en Puerto Madryn. Titulado “Victores Ceferino escribiente de policía sobre denuncia infracción decreto ley 4161”, en telegrama da cuenta que el 18 de junio de 1957 aparecieron inscripciones prohibidas frente al “Hotel Paris”, de Mario Rapoport. La investigación fue trasladada al juez nacional, en once fojas, siendo el redactor el comisario Otto Robin. Se incluye otra nota, en la que el comisario Robin solicita la detención de sospechosos, aunque sin indicar nombres.

El siguiente legajo vuelve a Comodoro Rivadavia, en jurisdicción de la comisaría de kilómetro 8. Se titula “Cabo de policía Julio César Bartels sobre denuncia infracción decreto ley Nº 4161/56”. Según consta en telegrama del 18 de enero de 1957, el agente denunció que “personas que trata de individualizar procedieron a escribir con tiza y pintura la palabra “Perón” en la pared del sindicato de Obreros y empleados Petroquímicos”.

Se instruyó sumario dirigido por el subcomisario Pernigotti, y el informe fue elevado al juez nacional el 18 de febrero, por parte del sargento Segnini y el auxiliar Crespo. Se libró orden de detención a quienes realizaron las pintadas “en las paredes del frente del local del Sindicato de Obreros y Empleados de Petroquímica de esta localidad”: las peligrosas inscripciones eran, según el documento, “Perón” y “Perón X”; no consiguieron individualizar a los ‘culpables’.

El noveno registro se ubicó en la seccional segunda de Comodoro Rivadavia. Fue titulado “Guillermo Bernardino Miguel sobre denuncia infracción al superior decreto Nº 4161/56”. El telegrama es del 30 de julio del ‘57 y comunica que “…a horas madrugada personal esta dependencia hallo en vía pública varios panfletos manuscrito con lápiz tinta con leyenda incitando a la ciudadanía votar en blanco firmando apellido mandatario depuesto”. Se inició el sumario por parte del subcomisario Alejandro Pardo, quien dio intervención al juez nacional. El informe se dirigió al juzgado, con doce fojas y paquete, por separado, donde constaban los panfletos.

Se inscribe luego el único caso registrado en una pequeña localidad, iniciado por la comisaría de Alto Río Mayo, pueblo que por entonces no llegaba a los mil habitantes.[31] El telegrama, fechado el 22 de julio de 1957, destacaba que “…aparecieron pegados edificios esta localidad carteles en infracción decreto ley 4161, siendo secuestrado, ignorándose autores”. Se instruyó el sumario, pero no se lograron avances. El 21 de agosto se remitió un nuevo telegrama al juez, comunicando que no se había conseguido enviar el informe por “faltar diligencias”. Finalmente, el 26 de agosto la causa fue elevada al juez con asiento en Comodoro Rivadavia, incorporando dieciséis fojas y dieciocho panfletos.

El siguiente hecho se reseñó en la comisaría primera de Comodoro Rivadavia. En él consta, según telegrama del 10 de junio de 1957, que fue “descubierto ayer sobre Cerro Chenque leyenda a la cal, que dice “Perón” y bandera argentina cruzada por franja negra de género con vista desde esta ciudad”. Se instruyó sumario, que finalizó el 11 de julio sin haber logrado identificar a los autores.

En la comisaría de Puerto Madryn se ubicó el siguiente legajo, titulado “Lemos, Alfredo – Agente de policía sobre parte denuncia infracción al superior decreto-ley Nº 4161/56”. El telegrama es del 27 de agosto de 1957, y comunica que se registró la “aparición leyenda reprimida decreto ley 4161/56 frente domicilio Roberto (…)”.^[32] Se ordena la detención del autor del escrito, pero no constan mayores datos sobre el hecho.

El anteúltimo caso se asentó, otra vez, en la seccional primera de Comodoro Rivadavia. Titulado “Agente Ángel Guerrero sobre denuncia infracción decreto 4161”, en el telegrama del 27 de noviembre de 1956 se registra “Comunico ayer tres horas aparecieron varios lugares ciudad adherido pared y calzada afiches ex partido peronista”. El 24 de diciembre se elevó la causa al juez nacional de primera instancia de la zona y el subcomisario Arturo Varas solicitó “sea insertado en la orden del día la captura de tres personas que en la madrugada del día 25 de noviembre pasado, pegaron carteles con la imagen del exmandatario depuesto Juan Domingo Perón en varios lugares de esta ciudad”. No se resguardaron los nombres de quienes se ordenó detener.

El caso catorce, último registrado en este prontuario, se ubicó en la comisaría segunda de Comodoro Rivadavia y es el único de 1958. Titulado “Fulgencio Coronel sobre denuncia infracción superior decreto ley 4161. Año 1958”. El telegrama es del 19 de febrero del ’58, reseñando que “habiendo aparecido frentes inmuebles esta jurisdicción palabras alusivas regimen depuesto, entre ellas “Vote en blanco en bien del pueblo vote por Perón”, “Vote a Perón en blanco por Perón” escrita personas ignoradas pintura aceite color verde”. Se inició sumario, y el 18 de marzo de 1958 se informó la elevación de la causa al juez, con 14 fojas.

 

Reflexiones finales

 

He descripto una serie de sucesos en el territorio del Chubut, que evidencian cómo se plasmó una resistencia popular multiforme contra la dictadura impuesta en 1955, al tiempo que se desplegaba un aparato represivo que pretendía controlarlo todo y a todos. Este avance de investigación hace observable cómo esa sistemática represión se vivenció en Chubut, y los modos en que esa persecución procuró impedir todo accionar autónomo de los sectores populares.

Esa represión molecular, o ‘a ras del suelo’, era el aparente camino para lograr la ansiada desperonización de la sociedad chubutense. Sin embargo, la resistencia se evidenció como incontrolable, algo a lo que podemos acercarnos a comprender cuando observamos la cantidad de casos en los que la represión estatal no consiguió individualizar ningún ‘culpable’, ni siquiera a fines de la formalización del procedimiento legal.

Un dato relevante, que constaba en parte de la bibliografía, fue la presencia de la delación popular como parte clave de la represión instrumentada. El ataque antiperonista no era sólo estatal, sino que cobraba un carácter social: la represión, además de estatal, era avalada y ejecutada por una significativa porción de la sociedad.

Es clave la fuerte hipótesis que en ese sentido propone Ruffini: esos ataques personales se constituyeron como un rasgo central, y fundacional, de la simultánea conformación institucional de las nuevas provincias patagónicas, concretando un perfil excluyente y antidemocrático desde su mismo origen. La complicidad de un sector de la sociedad puede analizarse en clave de clase; hay rasgos de ‘revancha clasista’ en esas delaciones. Pero también surgen ejemplos que suenan discordantes, como el de los obreros viales.

El otro rasgo destacable es la complejidad que adquiere la conflictividad obrera en este contexto político. No toda protesta laboral debe ser analizada como una forma de resistencia a la dictadura: hay hechos, en defensa de los intereses de ciertas fracciones obreras, que utilizaron la coyuntura política de modos diversos. Así lo referencia, en especial, el conflicto de Vialidad Nacional, donde los obreros parecieron usar la persecución contra el peronismo para desplazar una autoridad del organismo con el cual habían sufrido malas condiciones laborales. Otros casos, como el del Dique Ameghino o el conflicto portuario, ameritan pesquisas más profundas para determinar si expresan dinámicas similares.

Se observa así una mayor complejidad y diversas derivas, tanto en la resistencia popular como en la persecución contra el peronismo, de lo que una mirada simplista podía presuponer. Continuar este proceso de investigación para la provincia de Chubut, profundizando en la indagación de casos específicos y buscando formular miradas de síntesis, permitirá seguir afinando la perspectiva y dilucidar nuevas configuraciones analíticas, evidenciando la relevancia de analizar estos procesos nacionales en contextos locales.

 

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Recibido: 13/04/2020

Evaluado: 04/11/2020

Versión Final: 17/02/2021