Enfrentamientos sociales vistos desde la actividad parlamentaria. Argentina 1973

Irma Antognazzi1

Introducción

El período que se inicia el 25 de mayo de 1973 con el gobierno del FREJULI (Frente Justicialista de Liberación) hasta el golpe militar del 24 de marzo de 1976, abre una etapa de profundas luchas sociales. Iniciamos la investigación con la pregunta acerca de la forma en que se habrían expresado en el Parlamento. Ubicamos la problemática del Congreso dentro de los atributos de la democracia burguesa, tema que consideramos necesario profundizar no solamente para avanzar hacia la construcción de una teoría de la democracia (Antognazzi, 1991), sino para interpretar el proceso histórico argentino, en que la burguesía (distintos sectores), en medio de la lucha de clases cada vez más virulenta de los ‘60–‘70 usó alternativamente formas constitucionales y golpes militares de facto para defender sus intereses. En ese marco el papel del Congreso cobra relevancia, particularmente en el ‘73 cuando la expectativa social mayoritaria se ubicó en torno a consignas de "liberación y "revolución social" abriendo una coyuntura electoral–constitucional después de 18 años en que el peronismo había estado proscripto.

Se presenta una paradoja. Mientras la emisión del voto abarcó prácticamente al 100% de la población el Congreso no fue un ámbito sobre el que pusieran expectativa los sectores populares y revolucionarios. Sin embargo, fue una herramienta útil para mostrar la puja entre sectores de la burguesía con respecto al tipo de estado y los instrumentos legales que necesitaba cada sector.

La bibliografía que menciona el trabajo parlamentario de la época es escasa y se detiene sobre todo en describir la composición parlamentaria (Eichelbaum, 1974) o el tratamiento de alguna ley en particular (por ejemplo el excelente libro de Lattuada sobre Política agraria).

Nos propusimos un trabajo diferente, pero quizás por su complejidad todavía no hemos superado una primera etapa exploratoria. Se trata de caracterizar los conflictos sociales de la época para observar la forma en que se expresan en la actividad parlamentaria, entendiendo que esa relación no es mecánica sino dialéctica, no es lineal sino que está mediada por numerosas circunstancias. Se trataría de conocer el papel del Congreso Nacional en el marco de la agudización del proceso de concentración capitalista.

Las fuentes consultadas han sido periódicos[2] y las Actas de Sesiones del Congreso de la Nación[3]. Trabajamos por ahora solamente las fuentes del año 1973. Distinguimos dos subperíodos: desde la asunción del gobierno de Cámpora – Solano Lima hasta la renuncia del ministro de Economía que formó parte del primer gabinete, José Gelbard (que había sido presidente de la CGE), en octubre de 1974[4]. En este tramo se manifiestan los intentos de sectores de la burguesía nativa concentrada (Asborno, 1992) por lograr, dentro del juego de la democracia burguesa, marcos legales que le permitiera sostener un "orden" político–económico- social a su servicio. El segundo, -ya "Isabel" de Perón a cargo de la Presidencia de la Nación-, con el nombramiento de Gómez Morales como ministro de Economía, en que disputa la hegemonía del Estado, el sector más concentrado de la burguesía en proceso de constitución de la oligarquía financiera, que intenta aplicar políticas liberales y de "ajuste" con políticas represivas capaces de liquidar el accionar popular y revolucionario creando condiciones para tomar el gobierno de facto.

Caracterización de la etapa

La situación se enmarca dentro de la crisis orgánica del capitalismo (Antognazzi, 1998) en el proceso más general de la transición del Estado- nación al Estado de las transnacionales, que en líneas generales puede periodizarse a partir de la caída del gobierno peronista, 1955 hasta 1976 en que se supera la crisis y se consolida el modelo. Desde las empresas de capital nativo que habían desarrollado sus negocios durante el primer gobierno peronista enfrentando, en aquella etapa a los capitales de EE.UU. de posguerra, (Vilas, 1974) hubo fuertes presiones en el sentido de utilizar el Estado, para que regule la actividad económica y financiera a su favor. Estuvo en juego la pugna entre posturas liberales (continuadores de las políticas aplicadas dentro del período de Onganía) y proteccionistas de los intereses convergentes -en ese plano- de los diversos sectores de la burguesía, aunque va teniendo predominio el gran capital monopólico nativo. Se está disputando qué clase -qué fracción de la burguesía- va a quedar con el poder del Estado. Esto es interesante porque ese panorama se complica con la presencia de fuerzas, que plantean la disputa del poder, a la burguesía como clase, desde los intereses de la clase obrera y con ese objetivo comienzan a desarrollar estrategias por la revolución socialista, aunque no llegan a constituir una propuesta única ni aceptada como vanguardia por el conjunto del pueblo. (Marín, 1984)

Los intentos por restaurar el papel rector del Estado-nación -que había sido sometido a importante desguace con las políticas liberales del ministro de Onganía, Krieger Vasena (1967–‘69)-, se producen desde un sector de la burguesía que no es el mismo que fuera representado por el primer gobierno peronista (1946–55). Aquella era una burguesía nacional industrialista, mercadointernista, en condiciones de un rápido proceso de acumulación del capital. Esta, en los ‘70, era la parte de aquella burguesía que había logrado concentrar capital y que está buscando alianzas convenientes para sus negocios. Necesita del aparato del Estado para evitar que su espacio económico–financiero sea arrebatado por capitales estadounidenses, los que desde finales de la guerra están buscando ampliar su mercado en el espacio geopolítico argentino. (Realidad Económica, 1971; pág. 4). Para descomprimir las tensiones que se habían agudizado en épocas de la dictadura militar Onganía, Levingston, Lanusse, -en que habían estallado los más grandes conflictos de masas conocidos como los "azos" -Rosariazos y Cordobazo- (Balvé; 1989) debió admitir la apertura democrática, que exigían en conjunto todos los sectores del pueblo y ganar consenso electoral. Debió adoptar un discurso en base a las banderas históricas del peronismo: "independencia económica, soberanía política y justicia social" y hasta con elementos de simpatía por las revoluciones socialistas, lo que pone de manifiesto el nivel de conciencia y las experiencias de luchas de masas callejeras acompañadas por el accionar de grupos armados de origen peronista y marxista.

El Congreso y la calle

Las expectativas creadas en el campo popular ante la apertura electoral del ’73, fueron muy grandes. Tanto que amplios sectores llegaron a imaginar que se había logrado el gobierno del pueblo. Hubo distintos signos que contribuyeron a crear esa ilusión: la participación del peronismo sin proscripciones (aunque momentáneamente Perón había aceptado la proscripción a su candidatura); la presencia el 25 de mayo del ‘73, del presidente de Chile, Salvador Allende y, del presidente de Cuba y la movilización de masas denominada "devotazo" (Bonavena), que logró arrancar a todos los presos políticos de las cárceles. Sin embargo, la "masacre de Ezeiza" el 20 de junio en los actos de festejo por la llegada de Perón al país, dieron la pauta de que otros aires estaban corriendo más allá de la euforia popular. La firma del Pacto Social entre el Ministro de Economía, J. Gelbard y los representantes de la CGE, J. Broner y de la CGT, José I. Rucci, mostraron otra cara de la misma situación. (Antognazzi, 1998; Torre, 1983) ya que no satisfizo las demandas populares de lograr inmediata restitución de los niveles de vida alcanzados durante el peronismo originario.

El Congreso debió dar respuesta al ordenamiento jurídico de toda la sociedad que salió de siete años de gobiernos militares. En cada sesión se presentan variados temas. Aparecen juntos desde los más importantes asuntos de alcance nacional a algunos de interés regional o provincial, municipal o incluso personal (como lo ponen de manifiesto las numerosas y crecientes "pensiones graciables" que se otorgan por ley del Congreso).

Suelen aparecer tibios planteos antiimperialistas, que, en la acepción de la época, eran planteos contra políticas de los EE.UU.. La mayoría de las expresiones parlamentarias son "pedidos de Informes al PE". Algunos ejemplos: críticas a FMI por una política que se considera discriminatoria contra Argentina, contra el TIAR; contra la ingerencia en asuntos internos del encargado de negocios de Estados Unidos, Max Krebs, quien formuló amenazas a Gelbard sobre el tratamiento de la ley de Inversiones Extranjeras, que estaba en discusión en el Congreso por lo que los parlamentarios pidieron su expulsión[5]. Otro ejemplo: se sanciona en revisión el proyecto sobre "individualización y registro de personas que actúen en representación de empresas extranjeras"[6]; sobre apertura de sucursales del Banco Nación Argentina en Nueva York y otras ciudades extranjeras[7], sobre penetración de emisiones radiales extranjeras y cuestiones anexas[8]. Solicitar al PE que estudie la posibilidad de expresar al gobierno de los Estados Unidos de América, que el gobierno argentino vería con desagrado la designación del Sr. George Mc Murtrie Godley, como embajador de ese país en la República Argentina[9]; pedido de informes al PE sobre intervención de nuestro país en el Operativo Unitas[10]; suspender la participación de unidades de la Armada Nacional en tal Operativo[11]; repudiar las expresiones vertidas por la SIP, en el sentido de condenar la reglamentación de la actuación de agencias noticiosas extranjeras dentro del país[12]; pedido de informes al PE sobre delegaciones militares norteamericanas en el país, su constitución y el nombre de sus integrantes[13].

La primera sesión ordinaria (especial del 26 y 27 de mayo) debió abocarse por la fuerza de las circunstancias a la sanción de la ley de amnistía. En verdad, lo interesante más que la sanción de la ley fue, que en los hechos los prisioneros políticos habían podido salir de la cárcel por la fuerza de la movilización popular. Fue el único momento de todo el período en que la movilización popular se adelantó a una medida de gobierno, más aún la forzó, de modo que ese hecho contribuyó a dar la apariencia, de que se iniciaba un período de democracia popular, un verdadero gobierno del pueblo como expresaban las consignas.

Inmediatamente después las sesiones abordan una serie de propuestas, que requerían urgente solución en relación con los más sentidos reclamos populares: los proyectos de ley de suspensión de desalojos tanto de: viviendas urbanas, locales comerciales, oficinas, pensiones, inmuebles rurales, etc.. Tema que se resolvió provisoriamente en lo inmediato y luego de varias prórrogas se sancionaron las leyes respectivas.

El FREJULI había logrado mayoría en ambas Cámaras y en casi todas las Comisiones de Trabajo. Estas formaron parte de un mecanismo de funcionamiento parlamentario que, con el objetivo de mayor eficientismo y rapidez, fue cercenando el debate. Si un proyecto, aprobado unánimemente por la Comisión que lo recibe en análisis, es aprobado sin discusión y girado a la otra Cámara o convertido en ley si ya tiene media sanción.

Entre las formas que adopta el trabajo parlamentario, una que llama la atención es la numerosa cantidad de "pedidos de informes al PE" que realizan individualmente los legisladores. Esto es interesante porque daría la impresión de que desde algunos legisladores - particularmente en la primera etapa - se está intentando ejercer control de las políticas que se implementan desde el PE. Esto se ve en varios ejes de los "pedidos de informes al PE" por ejemplo: sobre cómo opera con relación al golpe de Chile (11 de setiembre de 1973), preocupación por los asilados, los exiliados, los perseguidos de nacionalidad argentina, etc.; sobre los manejos referidos a las empresas del Estado; sobre "maniobras de grandes empresas para violar el congelamiento de precios"; sobre la actuación de rectores universitarios; sobre políticas de bancos nacionales, puertos, etc.[14]

No sólo en el seno de la sociedad, sino dentro del trabajo parlamentario y en la práctica se ven las distintas maneras de interpretar las consignas de "liberación contra la dependencia"; mientras algunos con formación y conciencia clasista la entendían como de lucha contra el capitalismo y por el socialismo, de liberación social, ruptura de cadenas de dominación social y revolución. Otros, veían el imperialismo afuera, en una suerte de contradicción nación–imperio y colocaban el carácter de "enemigo imperialista" a EE.UU.. También se tomaban estas consignas sólo como discursos. Algunas propuestas fueron meramente efectistas, como varias iniciativas con respecto a la integración y comunicación con las islas Malvinas. Otras fueron más fuertes para enfrentar al capital extranjero, aunque no se advertía el peso que tenían los conglomerados monopólicos que se iban gestando internamente. La concepción nación–imperio, hegemónica dentro del discurso ideológico de la etapa, dificultó a amplios sectores sociales y políticos ver el proceso de monopolización, que se iba produciendo dentro de la burguesía nativa y los recursos legales que iba construyendo para ampliar las bases de dominación.

En los discursos y en los hechos, ante el temor de que está "amenazada la debilitada democracia", se fue limando una supuesta oposición parlamentaria y sobre todo el FREJULI y sus aliados[15] se propusieron no trabar la institucionalización y evitar la "ruptura del Frente". Aún los sectores del peronismo más radicalizados se colocaron a la expectativa de que el Pacto Social formase parte, de una estrategia política que satisficiera sus aspiraciones y el Programa votado. En el Parlamento hubo uniformidad de criterios o en ocasiones ante la correlación de fuerzas desfavorables, no hubo mociones enfrentadas a las oficialistas, salvo excepciones que veremos al analizar algunos proyectos.

En las calles, en cambio, se reflejan los bandos populares opuestos; "La patria peronista" o "la patria socialista", aún dentro del movimiento peronista, no quedaban en una guerra de consignas, sino que se manifestaban en permanentes encontronazos violentos. Frente a estas expresiones de conflictos el discurso oficial es de "unidad, tolerancia, respeto", con el lema "revolución pacífica", y "democracia integrada" aunque en todas las instancias el Movimiento Nacional Justicialista, trató de hegemonizar e imponer por la fuerza las políticas del ala antipopular y antidemocrática.

La sociedad daba la impresión de cortarse en dos. Por un lado los sectores populares, clase obrera y demás trabajadores del campo y de la ciudad, para quienes las expectativas empezaron a frustrarse rápidamente. Las movilizaciones populares, tomas de fábricas, de escuelas, de hospitales, de universidades, de oficinas públicas, de bancos, de radioemisoras y canales de TV por diversos reclamos se extendieron por todo el país. En todos los conflictos aparecía la puja dentro del peronismo y con los grupos que se definían marxistas, otros segmentos del pueblo que habían descubierto y denunciado el carácter burgués y antipopular del gobierno, que mantuvieron sus organizaciones y su accionar político que incluyó formas de lucha armada. Por otro lado, sectores de la gran burguesía que boicotearon el Pacto Social con medidas tales como especulaciones, aumentos de precios, mercado negro y pocos meses después empezaron a impulsar una legislación más represiva y a desarrollar desde organismos del Estado fuerzas de choque parapoliciales y paramilitares.

Los partidos políticos con representación parlamentaria conformaron alianzas o frentes FREJULI (Frente Justicialista de Liberación); APR (Alianza Popular Revolucionaria) y APF (Alianza Popular Federalista) o independientes como la UCR (Unión Cívica Radical) y los diversos partidos provinciales. Estos últimos en ocasiones funcionaron como bloque. (Eichelbaum, 1974). No se dan siempre coincidencias entre diputados radicales alfonsinistas y los 15 de la JP (Juventud Peronista). Al principio se vislumbraban acuerdos posibles entre el grupo alfonsinista y los legisladores de la APR. La situación dentro de la UCR se tensaba al punto, que hubo comentarios de posible ruptura que no llegó a darse. Esas tensiones se agudizaron cuando se anunció la llegada de Perón al país y más aún cuando renunció Cámpora a menos de dos meses de haber asumido, y se preparaban las elecciones presidenciales de setiembre. Sin embargo los debates que se dieron en el Congreso de la Nación no llegaron a manifestar en ningún momento el nivel de conflictividad que se mostraba en las calles en la lucha directa.

En los hechos callejeros se dan coincidencias entre jóvenes radicales y jóvenes peronistas, sobre todo en las luchas universitarias y contra la represión. De esas experiencias se formaron las Juventudes Políticas en agosto. Los grupos de presión sobre la sanción de las leyes fueron numerosos. No solamente las medidas internas de boicot al Pacto Social (Torre, 1983), sino las presiones del Encargado de Negocios del Departamento de Estado de los Estados Unidos para evitar la sanción de ciertas medidas o modificar su alcance. Otros grupos de presión actuaron en relación con la sanción de la ley de Asociaciones Profesionales, área en la que se puso de manifiesto el enfrentamiento entre sindicatos peronistas "combativos" y la conducción de la CGT y organizaciones sindicales importantes. La Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y la Juventud Sindical Peronista (JSP) se disputaron el reconocimiento de Perón dentro del Movimiento Nacional Justicialista hasta que Perón reconoció a esta última. Otros como la Sociedad Rural y la Bolsa de cereales operaron sobre la sanción de la ley de Granos.

La "ola de ocupaciones" preocupa al gobierno. El Ministro del Interior Esteban Righi exhorta a poner fin. Se levantan las tomas de Aduana, Ministerio de Obras Públicas, Obras Sanitarias, Bancos Nacionales, Sindicatos Secretaría de la Marina Mercante, Capitanía de Puerto, Bolsa de Comercio y otras. Los partidos se expiden en contra de las tomas como método en "época de democracia" (UCR, Mov. Nac. Justicialista, Juventud Sindical Peronista). La Opinión (17 de junio) insiste en hablar de "vacío de poder que dan las ocupaciones" y elogia "la respuesta rápida del gobierno para hacer funcionar el programa de gobierno".

Además de "tomas y ocupaciones" hay concentraciones y actos para expresar posiciones. Se miden fuerzas en las calles. Ese clima está caldeado además por la proximidad de la llegada de Perón y la preparación de los actos de Ezeiza. Comienzan una seguidilla de "secuestros extorsivos" de empresarios, particularmente en Córdoba, que no son asumidos por ninguna organización política pero que van creando un clima propicio para la intervención del gobierno provincial.

El día 12 de junio entraron al despacho presidencial 18 proyectos de ley elaborados por el Ministerio de Economía para su posterior remisión al Congreso.

El 21 de junio llegaron al Congreso 10 de los 20 proyectos de leyes económicas básicas que preparó el Ministerio de Economía y pasaron a consideración de las comisiones de ambas Cámaras: nacionalización de los depósitos bancarios y de otras entidades financieras; nacionalización de los bancos desnacionalizados a partir de 1966; registro de agentes de empresas extranjeras; comercialización de granos exclusivamente por la Junta Nacional de Granos; creación de la Corporación de Empresas Nacionales; creación de la Corporación para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa; regionalización de los directorios del Banco Nacional Argentino y el Banco Nacional de Desarrollo; creación del Instituto Nacional de la Vivienda de Interés Social; suspensión hasta el 31/12/74 de los desalojos rurales; uso de tierras aptas para la explotación agropecuaria.

El día 29 de junio en la 6ª reunión (pág. 536) entran a la Cámara de Diputados otros ocho proyectos de ley del Poder Ejecutivo, algunos de cuyos temas ya habían sido objeto de proyectos de ley de algunos diputados. (pág.540 a 568): política arancelaria en defensa del trabajo y la producción nacional; régimen de promoción industrial; régimen de promoción minera; represión penal del delito de defraudación al fisco; régimen de fomento agrario; condonación de sanciones por infracciones cometidas con relación a los gravámenes que recauda la Dirección General Impositiva; régimen para la radicación de capitales extranjeros; creación del impuesto a la renta normal potencial a las tierras aptas para la explotación agropecuaria.

El Ministro de Economía realiza una intensa campaña política en su etapa. En reuniones de gabinete y en diversas áreas de gobierno, así como ante las Fuerzas Armadas y la opinión pública explica el conjunto de instrumentos de política económica, integrados dentro del objetivo central de "reconstruccion y liberación nacional".

En la Reunión 16º del 31 de julio siendo ya presidente provisional Raúl Lastiri, la Comisión de Labor Parlamentaria propone un organigrama para realizar una sesión especial para considerar el conjunto de medidas económicas remitido por el Poder Ejecutivo que serán tratadas en general en el recinto y luego enviadas a sus respectivas comisiones.

Varias comisiones trabajan acerca de las empresas estatales de transportes y servicios atendiendo al "interés nacional" y a la necesidad de "industria nacional". Entre los temas principales están los de la empresa Ferrocarriles Argentinos, YPF, ENTEL y demás (agosto 29 pág. 1995). Se sanciona el dictamen de Comisión de Transportes en el proyecto de ley sobre prohibición a la Empresa Ferrocarriles Argentinos para adquirir, reformar, fabricar o reparar elementos que pueden fabricarse y/o reformarse y/o repararse en los talleres de la empresa (pág. 2041). Se sanciona sobre el dictamen de Comisión de Transporte en el proyecto de resolución sobre designación de una comisión investigadora de presuntas irregularidades en el ámbito de la Subsecretaría de la Marina Mercante, ELMA, Flota Fluvial, Dirección Nacional de Puertos, Capitanía de Puertos Nacionales y astilleros y/o cualquier otra repartición (pág. 2056). Se aprueba ampliar la comisión investigadora de los contratos realizados por Ferrocarriles Argentinos a partir de 1966, los subscriptos por ENTEL con las firmas Siemens Aktiengesellschaft de Alemania Occidental, y Siemens Argentina Sociedad Anónima y con la compañía Standard Electric Sociedad Anónima (pág. 2146). Se elevan pedidos de informes al PE sobre desenvolvimiento de YPF en la sociedad Carboclor IQSA (pág. 2352), sobre explotación del yacimiento de carbón de Río Turbio (pág. 2338); sobre la posible compra por parte de Aerolíneas Argentinas de tres aviones Boeing 737 (pág. 2822); sobre importación de durmientes para Ferrocarriles Argentinos (pág. 2824); sobre instalación de una planta separadora de propano y butano en los yacimientos que YPF explota en Caimancito, provincia de Jujuy.

Las comisiones consensuan los proyectos antes. En general no hay grandes disensos. Se ufanan que sólo le dan forma jurídica a los proyectos que envía el PE. Son posturas homogéneas salvo el grupo juvenil y gremial combativo que en la renacionalización de los bancos propuso la estatización; o las disidencias que tomaron un cariz dramático en el tratamiento de radicación de capitales extranjeros; o cuando los radicales coincidieron con los jóvenes del FREJULI en pedir la estatización de los bancos expropiados.

El día 13 de julio se conoce públicamente la renuncia del Presidente y Vicepresidente de la Nación. Aunque ya se conocía que se estaban por producir importantes cambios en la estructura del gobierno y se insistía en los medios sobre el "desgobierno" y "vacilaciones", el hecho tomó de sorpresa a la opinión pública.

El 12 Cámpora anunció en la reunión de sus ministros con la presencia de Lastiri, titular de la Cámara de Diputados y los tres comandantes de las Fuerzas Armadas que renunciará a "fin de semana". Es de observar, que ya el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Calabró, había expresado públicamente que "estando Perón en el país, ningún otro podría ser presidente".

El Senado otorgó licencia a Díaz Bialet su presidente, quien había sido enviado a una misión al exterior. Este renunció al cargo de presidente provisional del Senado. Por ley de acefalía le correspondía la presidencia de la Nación. Asume Raúl Lastiri como presidente provisional.

Después de la renuncia de Cámpora se abrió un período de incertidumbre hasta que se fijó la fecha de las elecciones presidenciales y se concretó la fórmula del Partido Justicialista. Todos estos hechos ponen de manifiesto una grave crisis institucional.

Se empieza a hablar de las intervenciones a varias provincias (Córdoba y Buenos Aires; después se agregarían Mendoza, Salta, Formosa). A comienzos de agosto recrudecen los "hechos de violencia" sobre todo en Córdoba y en Buenos Aires. Se habla cada vez más insistentemente de intervención y se empieza a hablar de la necesidad de una legislación represiva. El proyecto del PE de Reforma al Código Penal entra al Senado. El marco en el que se dan estos debates sigue siendo conflictivo y con un crecimiento de los "hechos de violencia": secuestros, bombas, tomas; en muchos casos los diarios no dan precisiones sobre la autoría de esos hechos ni el carácter político de los mismos, aunque se ha querido atribuir ese clima exclusivamente a la guerrilla peronista y marxista. El presidente provisional Lastiri, en reunión secreta con gobernadores fija líneas sobre seguridad, intervenciones a provincias y procesos electorales. Ya el ministro del Interior era Benito Llambí, pues había sido removido el ministro Esteban Righi con simpatías hacia la JP.

Los proyectos de ley y las presiones sociales. Centraremos en torno a algunas leyes troncales enviadas por el PE, que hemos seleccionado como las más significativas y sobre las cuales deberemos continuar la investigación.

Nacionalización de depósitos bancarios. La ley establece que el Banco Central reasume el ejercicio de las facultades que le son propias: la total responsabilidad en la formulación y ejecución de la política monetaria del país. El BCRA (Banco Central de la República Argentina) pasa a ser titular de los depósitos efectuados en cualquier entidad financiera del país y no sólo de los bancos: compañías financieras, sociedades de créditos para consumo, cajas de créditos y otras. Se aumentan los controles del Banco Central sobre la masa monetaria y el nivel crediticio. Las entidades tienen prohibido girar o utilizar los depósitos y fondos que reciben del público sin autorización del BCRA. En los hechos es la nacionalización de los créditos. Los argumentos a favor son que se creaba un instrumento que posibilitara créditos a mediano y largo plazo para la promoción y fomento de sectores con necesidades financieras de la industria, agro y toda la producción del país. Los Bancos prestan y reciben depósitos en calidad de mandatarios del Banco Central. El Banco Central fija tasas y compensa a los bancos el gasto administrativo resultante. El Banco Central es ahora un Banco de Bancos. Se descentralizan operativamente los núcleos centrales, bajan los costos administrativos para ofrecer otros servicios, como cobro de impuestos, servicios públicos, giros y transferencias, compras de títulos, desgravaciones impositivas. Serían "bancos económicos". Esto es interesante, porque estamos en presencia de mecanismos que va instrumentando el capital financiero en su proceso de concentración y de competencia con otros del sector externo. Además Diputados convirtió en ley la propuesta de reformas a la carta Orgánica del Banco Central (15 de setiembre) que complementa y consolida la ley de nacionalización de depósitos bancarios y financieros.

Fue aprobado por mayoría salvo objeciones de forma: los depósitos de particulares no serán estatizados ni retenidos por el gobierno para su uso indiscriminado.

Siete Bancos serán nacionalizados. Son bancos que habían sido desnacionalizados a raíz de la política liberal implementada desde 1956. Por ley se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes que integran el activo del Banco Argentino de Comercio, Banco Argentino del Atlántico, Banco Francés del Río de la Plata, Banco Popular Argentino, sucursal Córdoba y Rosario del Banco Santander y Sucursal Bahía Blanca del First National City Bank. Se discutió también la estatización lisa y llana o licitación para su compra por parte de capitales privados nacionales. Se licitarán para cualquier grupo oferente pero que sea nacional. No accedieron a la solicitud de propietarios minoristas de acciones del Banco Popular, que pretendían privilegios para comprarlo. Se puso de manifiesto una puja de diversos sectores de capitales nativos y el fortalecimiento del Estado con esta herramienta de carácter financiero.

Ley de protección de la producción y del trabajo nacional. Según el proyecto se suprimirían definitivamente todos los regímenes de desgravación arancelaria a las importaciones. Se modificó: promover desgravando solamente las importaciones de capital. Diputados modifica artículo 5º: exceptúa de la supresión de desgravaciones a "mercaderías cuya importación no tuviera finalidad lucrativa o especulativa" (Estado nacional, provincial, municipal, universidad, escuelas, hospitales, FFAA, sindicatos, entidades empresarias, las empresas estatales que arrojan pérdidas). En la práctica esta ley resultó inoperante para los fines que manifestaba originariamente acerca de la protección a la producción y trabajo nacional ya que eran tales las excepciones que prácticamente no se hizo efectiva.

Ley de impuesto a la renta normal potencial de la tierra. El 11 de setiembre se sancionó definitivamente con las modificaciones introducidas por el Senado el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión desde Diputados (pág. 2392)[16]. Proyecto surgido de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería a cargo de Horacio Giberti, integrante del IADE (Instituto Argentino para el Desarrollo Económico) desde donde se venían impulsando políticas de defensa de la producción nacional. Fue sancionado como ley Nº 20.538 por el Congreso, pero a pesar de que debía comenzar su vigencia el 1º de enero de 1975 no fue implementado; para la primera parte de la ley que regía durante el año 1974 y que establecía un impuesto de emergencia directo y progresivo sobre las tierras agropecuarias libres de mejoras, cuando llegó el momento de su aplicación, se concedieron prórrogas, rebajas de tasas, y excepciones hasta hacerlo prácticamente inefectivo. El proyecto de ley agraria del año 1974, también elaborada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que proponía medidas tales como la "extinción de dominio" por la que "los inmuebles que tuvieran una superficie mayor a cuatro unidades económicas y que mantuvieran durante el plazo de cinco años una productividad menor al 20% de su productividad normal pasarían a dominio del Estado", entre otra serie de medidas, ni siquiera tuvo la posibilidad de que el Poder Ejecutivo lo elevara al Congreso ya que éste mismo lo bloqueó y volvió a anularlo utilizando el recurso de la caducidad cuando lo presentó posteriormente el Partido Intransigente.[17]

El 11 de setiembre el golpe militar en Chile conmueve a la opinión pública. Hubo diversos pronunciamientos que se reflejaron tibiamente en el ámbito parlamentario. Pedido de informes, denuncias, declaraciones: Los bloques parlamentarios se pronuncian contra el golpe en Chile. Varios pedidos de informes acerca de la situación de Chile, pedidos de que las Naciones Unidas adopten medidas de defensa de los Derechos Humanos.

En realidad internamente las fuerzas políticas se están alineando en torno al debate electoral que se aproxima, convocado para el 23 de setiembre. No hubo sesión ordinaria por falta de quórum. La Cámara de Diputados entró en receso después de haber aprobado todos los proyectos del paquete económico. La responsabilidad por la demora recae en el Senado falta tratar importantes proyectos tales como; comercialización de granos, inversiones extranjeras, corporación de empresas nacionales, promoción industrial y minera, corporación para la pequeña y mediana empresa, fomento agrario, registro de representación de empresas y asociaciones extranjeras y represión penal de los delitos de defraudación al fisco.

Después de las elecciones presidenciales el Senado reinicia su actividad. Diputados lo hará recién el 3 de noviembre. El Senado debe considerar despachos de comisión. Dará entrada al proyecto de reforma de la ley 14.455 de Asociaciones Profesionales, girado por el PE. Además del paquete económico hay otras iniciativas que tienen prioridad: ley de alquileres (el 31 de octubre vencen la suspensión de los desalojos urbanos) y presupuesto nacional /74).

El clima político se enrarece con el asesinato de José Rucci, Secretario General de la CGT a dos días de realizadas las elecciones y del militante de la JP Enrique Guinsberg. El ERP intentó copar el Comando de Sanidad del Ejército en Buenos Aires. En Salta manifestantes tomaron la casa de gobierno al grito de "ni yanquis ni marxistas, peronistas" solicitando la renuncia del gobernador Miguel Raggone proclive a la JP. Lastiri informa que está a consideración una modificación de la ley penal que se hará por vía parlamentaria para prevenir atentados y hechos violentos. Ola de rumores de nuevos atentados. Amenazan de muerte a los dirigentes sindicales miembros de las corrientes clasistas y combativas, Tosco y Salamanca. Se suceden agresiones contra sectores políticos gremiales y universitarios.

El día 30 de setiembre comenzará una reunión de gobernadores. La presidiría Lastiri y asistiría Perón. Se piensa que hablarán de la "depuración" ideológica, la eliminación de las tendencias supuestamente pro–marxistas dentro del peronismo. Se trataría el proyecto de reforma del Código Penal. En dicha reunión el "documento reservado" que se entregó a los gobernadores contenía "drásticas instrucciones a los dirigentes del Movimiento Nacional Justicialista para que excluyan todo atisbo de ortodoxia marxista". Perón pide la "más pura ortodoxia peronista".

Ley de prescindibilidad. El 29 de setiembre entra al Senado el proyecto de ley que autoriza al PE a dar de baja hasta el 31/03/74 al personal de la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, autárquicos, empresas del Estado, etc, "por razones de servicio". La UCR, APR y APF se oponen. La Cámara de Senadores se dispondría a aprobarlo por simple mayoría. Tiene despacho favorable de Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara de Diputados quien había dispuesto algunas modificaciones al proyecto del PE: plantean la necesidad de requerir el acuerdo previo del Senado para la baja de funcionarios que lo requiera; la autorización para efectuar las correspondientes designaciones; fija la cantidad de indemnización exenta de réditos; exceptuar a los agentes con cargas de familia o único sostén del hogar. En caso de divergencia entre las Cámaras, el Senado podrá imponer su criterio por ser la cámara iniciadora de esta ley. El PE promulgó la ley de prescindibilidad Nº 20.649, sancionada por el Congreso Nacional por el voto exclusivo del bloque mayoritario. Se autoriza a dar de baja hasta el 31 de marzo de 1974 y designar por razones de servicio al personal permanente, transitorio o contratado que preste servicio en la administración pública nacional, organismos descentralizados, autárquicos y todo tipo de dependencias bajo control estatal. (1 de noviembre) Fue reglamentada la ley de prescindibilidad por Decreto Nº 268.

Hacia comienzos de octubre comienza a conocerse una posible reforma del Reglamento de la Cámara de Diputados: se trataría de ceñir el debate al seno de las comisiones erradicándolo del recinto legislativo. Hay dos proyectos que serán fusionados en uno sólo. Su finalidad declarada es darle a la Cámara la imagen dinámica y menos tradicional, más eficiencia. Hay 23 comisiones de trabajo en Diputados. Hasta entonces la discusión en el seno de las comisiones era a puerta cerrada y sólo trascendían aspectos fragmentarios de los debates. El nuevo proyecto propone que la discusión se haga pública, incluidos periodistas o se tome nota taquigráfica. La mayoría justicialista domina cuantitativamente todas las comisiones. Las minorías temen que vaya a servir para silenciar cualquier debate opositor. Unos requieren que sea pública toda la sesión. Otros que sólo el acta. Existe el propósito de aplicar sanciones por ausencia y de reducir el número de miembros de 25 a 15. Se pretende que los diputados integren obligatoriamente por lo menos una comisión y no desperdiguen esfuerzos. Las críticas a la reforma de funcionamiento de las cámaras por Comisiones se basan en que se disgregarían y se crearían otras más pequeñas. De ese modo los hombres de mayor peso partidario perderían presencia y se cercenaría el debate.

Ley de Corporación empresas del Estado. El 11 de setiembre la Cámara de Diputados interrumpe su receso para votar el proyecto de ley del PE sobre Corporación de Empresas Nacionales. El 12 el proyecto con modificaciones volvió al Senado. Una delegación de trabajadores frente al Congreso manifestó oposición y preocupación acerca de disminución de fuentes de trabajo que acarrearía la medida. El Senado no aceptó las reformas y volvió a Diputados. Insistió en mantener la facultad del directorio para administrar los fondos extraordinarios de que disponga el tesoro nacional con destino a las empresas incorporadas y rechazó otras modificaciones introducidas por Diputados (pág. 3418).

Gelbard afirma que el 12 de octubre comenzará la segunda etapa del plan económico. Le propondría a la CGE intervenir en la Corporación de Empresas del Estado. Las empresas deberían presentar al ente corporativo un plan concreto de gastos e inversiones; el ente hará el contralor para evitar gestiones que se contradigan con los objetivos básicos de la política nacional.

Se estima que la Corporación de Empresas del Estado será una de las empresas más grandes del mundo con capital cercano a 4.000 millones de dólares. Gelbard se reúne con los titulares de las empresas estatales para considerar el proyecto de decreto reglamentario de la ley de corporación de empresas del Estado recientemente sancionada por el parlamento.

Ley de fomento agrario. La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de fomento agrario: "los arrendatarios y aparceros que adquieran un predio equivalente a una unidad económica agraria y no supere a dos de ellos, gozarán de beneficios para la producción (otorgamiento de créditos hasta un valor del 80% del precio convenido o del valor de tasación; exención de impuestos a los réditos y de sellos de las operaciones).

Un balance económico a tres meses del gobierno provisional da cuenta de la presión inflacionaria. Se habla de la puja entre sectores de gobierno y sectores económicos, se admite que no se pudo cumplir la redistribución del ingreso hacia los sectores menos favorecidos. Se ve que los precios máximos no se controlan y que hay mercado negro[18].

Proyecto de ley de inversiones extranjeras (Reunión Nº 38, 7 de noviembre, pág. 3330), (sancionada con dictamen de mayoría con modificaciones del Senado) El proyecto del PE:

a) Elimina la libertad de las inversiones extranjeras. Sería necesario un contrato individual, y estaría prohibido invertir en servicios públicos, medios de difusión, seguros, actividades financieras, comercialización interna, actividades agropecuarias y forestales y todas las actividades competitivas con las nacionales incluidas la compra de paquetes accionarios.

b) Trata de evitar las pseudo inversiones que captan en ahorro interno varias veces más que su capital propio. Establece como límite absoluto al endeudamiento interno, un monto igual al capital propio.

c) Con respecto al impacto de las inversiones sobre la balanza de pagos, se exige como condición el balance neto de divisas a favor del país. Deben contar con divisas para proveer a sus necesidades y se limita la remisión de utilidades al 12,5% del capital original invertido. Se discute la situación de "empresas extranjeras ya instaladas" (o pagan un fuerte impuesto adicional o van a una progresiva nacionalización). La Opinión se hace eco de críticas que dicen que esto crearía incertidumbre en los inversionistas.

En C. De Diputados se hicieron modificaciones al proyecto enviado por el PE: prohibir la inversión externa en comunicaciones masivas tales como publicidad, radioemisoras, canales de televisión, diarios y revistas. La ley plantea celebrar un contrato con todas las empresas extranjeras que el PE acepte en el país estableciendo las modalidades de cada inversión. Se buscaba que la balanza de pagos fuese positiva.

Complementariamente con esta ley el Congreso discute el proyecto sobre "individualización y registro público de todas aquellas personas que dentro del territorio se desempeñen como representantes de empresas y asociaciones extranjeras" (3 de agosto). A fin de adecuar el régimen fiscal y optimizar su funcionamiento serían eliminados los llamados secretos bancarios y de Bolsa, así como el sistema que protege la identidad de los tenedores de títulos no nominales. Al conocerse estos proyectos se produjo una baja de los valores de la Bolsa inmediatamente.

El proyecto sufrió varios cambios en su tratamiento parlamentario. Fue tratado dos veces por Diputados y una por el Senado. En el artículo 6 que especificaba las actividades en las que se prohiben nuevas radicaciones (ya las enumeramos más arriba) según el texto original del PE no se consideraban nuevas radicaciones las que poseyeran más del 80% del capital nacional. Los senadores extendieron el criterio a todas las actividades prohibidas para el capital extranjero, considerando que el texto no tiene por qué ser diferente. Los diputados aceptan la homogeneización pero eliminando toda posibilidad de que empresas con capital extranjero por mínimo que sean inviertan en esos sectores. El artículo 26 especificaba que los créditos externos entre filiales y casas matrices de una misma empresa extranjera, así como otras prestaciones originadas en contribuciones tecnológicas y asesoramiento técnico, se regirán por los principios de aporte y utilidades. Los Senadores introdujeron criterios generales que regirán los créditos externos que obliguen como deudores a empresas nacionales con acreedores externos. Diputados insiste sobre el texto que aprobó pero el mismo día se aprobó un proyecto del diputado Díaz Ortíz que consideraba como aportes y utilidades los giros entre filiales y casas matrices de empresas multinacionales en concepto de regalías, royalties, asesoramiento técnico, etc. Diputados ratifica la redacción anterior del artículo 17 por la que se limitaba el endeudamiento del inversor externo al monto del capital repatriado, más las reservas originadas en utilidades nacionalizadas, y que los senadores habían liberalizado, sin colocar límites. Modificó sustancialmente el artículo 31. Establecía la responsabilidad emergente de las obligaciones contraídas en el contrato de radicación por una empresa local, receptora, de inversión extranjera. Ahora se agrega que esa responsabilidad será proporcional al monto de la radicación foránea. Este debate es quizás el que pone más a las claras los intereses en juego y las diferencias entre las cámaras. Se manifiestan en Diputados más claramente la defensa de capitales nativos, donde se mezclan el gran capital monopólico nativo con los pequeños y medianos que están levantando banderas nacionalistas antiimperialistas. Uno de los debates claves fue favorecer nuevas inversiones extranjeras o defender los intereses del capital de origen nativo y su poder de autonomía para decidir las radicaciones desde el poder del Estado.

Ley de Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa y ley sobre la Promoción Industrial (pág. 3608). EL PE podrá modificar las cartas orgánicas de las empresas, crear o fusionar empresas, dando cuenta al Congreso. Esto fue objetado por las bancadas opositoras. Se trata de leyes complementarias (determina la participación estatal para recuperar o promocionar formas que hayan perdido competitividad). La Corporación estará dirigida por el gobierno, empresas y trabajadores. El Senado también aprobó el proyecto de ley sobre Defensa del Trabajo y de la Producción Nacional. La UCR manifestó preocupación porque delega al PE facultades propias del Congreso como establecer derechos de importación y de exportación.

Ley de exportación de granos. Esta fue una de las leyes que más alternativas tuvo entre las Cámaras a pesar de que ambas tenían mayoría peronista absoluta. La ley Nº 20.573 sobre monopolio del Estado en la comercialización de granos finalmente se aprobó pero sin atender a los requerimientos de Diputados, que se oponía a que empresas nacionales participen de la comercialización de granos argumentando que tras ese rótulo podrían esconderse empresas extranjeras. La Sociedad Rural y la Bolsa de Cereales apoyaban las propuestas del PE y del Senado. Además el panorama se complicó por las manifestaciones frente al Congreso de miles de obreros y empleados cerealistas contra la modificación introducida por Diputados porque consideraban que haría peligrar fuentes de trabajo y la producción agraria (pág. 3609). El espíritu que sostenía mayoritariamente Diputados era nacionalizar el comercio exterior de granos quebrando la hegemonía que ejercen intereses multinacionales sobre el sector (14 setiembre). Ratificó la Cámara de Senadores el texto primitivo de la ley insistiendo en que las empresas privadas nacionales podrán actuar en el mercado interno de intermediación. Además agregó que la empresa privada nacional podrá intervenir en el mercado externo solamente como vendedor. Otro agregado es la definición exacta de empresa nacional privada cerealera, siguiendo las pautas que establece el proyecto de inversiones extranjeras a este respecto[19]. Un comentarista la llama "ley del ping pong" pues hizo siete movimientos entre las Cámaras.

Horacio Giberti (Secretario de Agricultura y Ganadería) es consultado sobre la demora en la sanción de la ley de granos. El punto de disensión se refiere a los mecanismos que prevé la ley para la comercialización externa de determinados granos, aclarando que los granos de mayor cosecha y exportación (trigo y maíz por ejemplo) serán únicamente negociados en mercados internacionales por la Junta Nacional de Granos.

El 24 de setiembre la Cámara de Diputados aceptó la participación del capital nacional para la comercialización interna. Cuando se trate de comercialización externa participarán exclusivamente el Estado y las cooperativas de productores. Así se modificó el proyecto que se envió a Senadores pero éste volvió a sostener lo mismo. Interesante ver el peso que el Estado tiene en la negociación del principal ingreso de divisas del país como es la venta de granos al exterior y cómo se pusieron de manifiesto los grandes intereses de la burguesía agraria exportadora.

Estos debates coinciden con el momento en que Perón está por asumir la presidencia de la Nación. Sigue mostrando su preocupación por reducir aún más los enfrentamientos y dificultades dentro del Parlamento buscando acuerdos más firmes entre todos los partidos políticos. En noviembre, ya siendo presidente, Perón convoca a todos los partidos que estuvieron en el bar Nino cuando hizo su primer regreso al país en noviembre de 1972. El 13 de noviembre Perón volvió a reunirse con dirigentes de 29 partidos políticos nacionales y provinciales. La reunión se hizo al más alto nivel de todos los partidos políticos y con representantes de la CGT, CGE y las 62 Organizaciones en la casa de gobierno con Solano Lima, Isabel, Llambí, Ministro del Interior y López Rega, de Bienestar Social.

Ese encuentro suscitó expresiones favorables de parte de toda la dirigencia política partidaria. Dicho encuentro estaba pensado expresamente para favorecer y facilitar el debate parlamentario. En el Parlamento tuvo acogida favorable el diálogo de Perón con los líderes políticos. Hipólito Solari Yrigoyen fue claro. "Nos acercamos para impulsar el proceso de cambio votado por el pueblo. Otros se acercan para frenarlo". En esa oportunidad Solano Lima, secretario de la presidencia, fue designado por Perón para continuar con las reuniones bilaterales.

Al PE le preocupa lograr integración de los diputados y senadores justicialistas con los de los bloques minoritarios en el tratamiento de proyectos que a juicio del PE requieren urgente tratamiento, como es el caso de las medidas económicas que aún están pendientes y la ley de locaciones urbanas.

Se habla de crear un Consejo de Estado informal. Perón les ofreció a los dirigentes políticos oficinas y toda la información que necesiten, les pidió que "seamos todos amigos", que "defendamos el sistema", "formemos una comunidad política", "colaboremos". Perón insiste en "concretar una democracia integrada". La respuesta genérica de los partidos es "Vamos a poner el hombro". Por un lado estos pedidos de Perón y por otro la situación de "violencia" van justificando las posiciones de los partidos políticos parlamentarios "a no sacar los pies del plato".

El gobierno trata de crear un mecanismo ágil para la transmisión de las leyes para evitar que la cámara de Diputados aparezca como caja de resonancia de conflictos internos en el oficialismo. Esto fue analizado en la reunión de gabinete donde se resolvió que la Secretaría Técnica ejercerá la coordinación entre las distintas áreas de gobierno, en jurisdicción del PE para lograr el rápido tratamiento de los mensajes enviados por éste. Así mismo a través del Ministerio del Interior se recomendará a los gobernadores provinciales la necesidad de armonizar la acción local legislativa con las medidas adoptadas en el orden nacional, de acuerdo con las políticas establecidas. La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia centralizará toda la información oficial en los medios de comunicación.

Ante la evidencia de que se iba produciendo un desplazamiento de los espacios con que contaban los sectores democráticos y antiimperialistas, vuelven a reunirse en noviembre las Juventudes Políticas Argentinas que se habían constituido en agosto. La integraban la JP de las Regionales, FJC, JUCR, Juventud Revolucionaria Radical y los sectores juveniles del Partido Revolucionario Cristiano, Partido Demócrata Progresista, Partido Popular Cristiano, de Conservadores Populares, del MID y del ENA y grupos menores de otras extracciones. Tratan de frenar el "maccartismo". La "depuración" no era sólo del PJ sino que había empezado en la UCR contra los del Movimiento de Renovación y Cambio.

Las Juventudes Políticas condenan el imperialismo en una reunión que realizan en el Hotel Savoy en noviembre. Emiten un documento conjunto: proponen la "reconstrucción y la liberación nacional", la acción contra el imperialismo, sobre la base de "tratar de forjar la unidad del pueblo sin intermediaciones burocráticas ni deformantes como forma de consolidar el poder popular, garantía esencial para la revolución".

En noviembre el PE envió al Congreso la intervención de Formosa. Lo aprueban los senadores justicialistas. La Cámara de Diputados convirtió en ley el Proyecto de intervención a los tres poderes de Formosa. Votó a favor el PJ con la oposición de todos los bloques. Debate áspero. La UCR dice que el trasfondo es la expropiación de 90.000 ha. de tierras fiscales en la provincia.

En noviembre atentado contra el Senador Solari Yrigoyen. Recrudece el accionar de las Tres A. Los enfrentamientos sociales se multiplican.

El PE convocará al parlamento a sesiones extraordinarias a partir del 1 de diciembre.

El Congreso no ha tratado todavía en el recinto las leyes impositivas, la de alquileres, el presupuesto del Estado para el año próximo.

Tratarán el proyecto sobre expropiación de la Corporación Argentina de Productores de Carnes, Frigorífico Argentino S.A. y Cía Swift de La Plata para constituir una sola empresa estatal. Otros proyectos: expropiación de las empresas privadas Cía Argentina de Teléfonos y Cía Entrerriana de Teléfonos. El PE congela las vacantes de la administración pública nacional por decreto que junto con la ley de prescindibilidad fueron instrumentos para implantar una política de austeridad en el gasto público.

El papel del Estado: En todos los episodios parlamentarios de la época se puede apreciar sin duda que sigue vigente el concepto de Estado con las funciones del Estado–nación pero con las herramientas jurídicas que garanticen intereses de cierto sector de la burguesía y regulen los reclamos populares. En ese campo se observa el plan de obras públicas, proyectos de obras de infraestructura importantes como el puente Zárate–Brazo Largo, Puente Rosario–Victoria; Chocón–Cerros Colorados; ampliación de la red caminera estatal dentro del Plan Trienal ’74–‘76. Son indicadores del carácter del Estado que se ocupa de la obra pública no solamente como multiplicadora de actividades económicas y niveles de ocupación, sino como constructor de grandes obras de infraestructura que van a servir para bajar costos de producción de las empresas privadas y estatales. Gelbard había anunciado que el 12 de octubre el comienzo de la segunda etapa del plan económico y anunció un Plan energético nacional 1.973–‘76. Desde el PE se impulsan proyectos de planes siderúrgicos, petroquímicos y energéticos (hidroelectricidad, energía atómica, carbón y gas natural) supeditados a las condiciones de inversión para el capital extranjero. A la vez que en todas las sesiones parlamentarias se registran pedidos de ampliación de las redes de servicios en todo el país, incluyendo áreas distantes de los grandes centros urbanos. El otro gran rubro que pretende controlar el Estado fue el fortalecimiento de las empresas estatales de transportes[20] y de servicios, control del comercio exterior de granos y la política de créditos bancarios. En este breve período se intenta retrotraer los avances hacia las privatizaciones iniciadas en el período militar de Onganía.

Dentro de los aparatos de poder del Estado, es interesante analizar el caso de la Corte Suprema de Justicia que resolvió juicios históricos a favor del Estado nacional frente a grupos monopólicos extranjeros: como el caso Swift–Deltec y Parke Davis y Compañía de Argentina S.A.[21] contra la DGI: pagarán réditos las remesas de capitales al exterior (regalías). Fallo de la Corte Suprema de Justicia favorable al federalismo otorgando facultades a los gobiernos de provincia para aplicar el impuesto a las actividades lucrativas a las empresas extranjeras.

Otro frente político del plan a implementar es con y hacia las fuerzas armadas. En setiembre Argentina participa a través del Gral. Carcagno en la Conferencia de Ejércitos Americanos en Caracas. "Es enemigo todo el que se oponga a la autodeterminación nacional. La Argentina necesita potencial industrial propio y diversificar las fuentes de lo que necesita en el exterior" habría manifestado. El Congreso unánimemente avala sus declaraciones.

Las FFAA (Fuerzas Armadas) contenían en su seno profundas discrepancias políticas e ideológicas que recién lograr superar a comienzos del ‘76 momento en que sus cúpulas están preparadas para dar el golpe que necesitó la oligarquía financiera. En ese debate interno, es importante observar que Gelbard y el mismo Perón realizan constantes contactos que se hacen públicos para explicar los alcances del proyecto que se está aplicando. Discurso de Gelbard ante coroneles de la Escuela Superior de Guerra, expone los objetivos y estrategias del Plan Económico: autonomía, soberanía, desarrollo nacional autónomo, justicia social, independencia económica, presencia nacional en áreas estratégicas del desarrollo energético, industrial, minero, agrario y financiero, integración regional, papel rector del Estado, con un plan energético, siderúrgico, petroquímico.

Se anuncia la visita del PAM (Programa Americano de Ayuda Militar). El ejército había solicitado el retiro de la misión militar norteamericana que opera en su jurisdicción en el país. Para recibir los "beneficios" del PAM, las armas que se compren deben ser con fines "legales y democráticos" (según ley de ayuda exterior de 1.963). El PAM fue concebido para equipar ejércitos para la lucha antisubversiva. Tendrían que vetarse las restricciones del Pentágono y comprar armas no sometidos a la estrategia de EE.UU. sino para garantizar la defensa.

Cena en el Comando Gral. del Ejército con los jefes de bloques de la Cámara de Diputados (noviembre 22). Tema: situación interna y externa del país y actividades del Congreso. Reconocimiento por el voto unánime condenando la violencia en relación con el secuestro del Crel. Crespo. En el marco del diálogo iniciado entre legisladores y las FFAA los senadores nacionales fueron informados directamente por el director de Fabricaciones Militares acerca de los planes de expansión y de desarrollo de la empresa estatal.

Conclusiones:

Somos conscientes que los datos que aquí se vuelcan en una apretada síntesis no alcanzan para verificar las hipótesis planteadas. No alcanzan tampoco para dar un informe de la situación social del país. Sin embargo este trabajo por las fuentes consultadas hasta la fecha permitió precisar los planteos iniciales y poder arribar a algunas conclusiones. Consideramos que en toda la etapa aparecen suficientes indicios de que se había intentado un plan global desde los intereses de un sector de la burguesía nativa en proceso de monopolización que pretende utilizar el aparato del Estado y la legalidad forzada para enfrentar a cierto capital extranjero y conseguir espacios de autonomía. Perón es un representante genuino de esos intereses en torno a los cuales busca arrimar expresiones políticas parlamentarias de los demás partidos aliados y los que se habían ubicado como oposición sin ser lo realmente.

Para concretar esos objetivos era necesario reconstruir el aparato del Estado con los instrumentos legales que permitieran operar en esa dirección. El Congreso va a cumplir esa función sobre todo en la primera etapa con Gelbard, hombre de la CGE en el Ministerio de Economía, en que el PE aparece con una fuerza pujante en cuanto al envío de proyectos centrales para el ordenamiento de la economía y la sociedad. Durante el primer año de gobierno dicho proyecto debió enfrentarse con diferentes esfuerzos de sectores populares por el logro de las conquistas votadas y con la ofensiva de sectores como la gran burguesía agraria exportadora, grupos que competían por una más rápida concentración y las presiones de los grupos financieros estadounidenses. ¿Pudieron alcanzarse los objetivos? Siguiendo el proceso de concentración del capital de los grupos nativos en Argentina, se observa que hay una continuidad que supera los tiempos políticos[22]. No debe llamar a la confusión el hecho de que se hubieran implementado políticas de defensa del rol del Estado nacional. Pues cabe preguntarse si la restauración de las empresas del Estado y la construcción de importantes obras públicas están ya formando parte de una estrategia del gran capital para contar con los recursos del Estado nacional antes de iniciar un proceso de vaciamiento y luego de privatización de dichos activos. En esas pujas entre grandes sectores del capital nativo y extranjero, las condiciones de la democracia burguesa resultan una limitación y un obstáculo. Aunque el Parlamento en la etapa no puso frenos al avance del capital ni se amuralló, -ni mucho menos-, en la defensa del programa de gobierno votado mayoritariamente el 11 de marzo, era un obstáculo para los sectores que aspiraban a concretar la hegemonía del Estado, pues todavía los partidos parlamentarios no habían logrado constituirse en representantes de dichos intereses. Cuando la burguesía a través de diversas fuerzas de choque legales e ilegales hubo logrado frenar las luchas populares y desbaratar sus organizaciones e incipiente vanguardia, no necesitó mantener el Congreso ni las formas constitucionales. Al abolirlo el 24 de marzo, - recurriendo al partido militar - la oligarquía financiera había allanado el camino para continuar sin obstáculos a la vista el proceso de concentración económico y político.

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