La relación bilateral México-Brasil y el asilo diplomático en los primeros años del régimen militar brasileño

 

 

Daniela Morales Muñoz (*)

 

 

Resumen

 

La descomposición de la relación bilateral México-Brasil que se dio a raíz del golpe de estado que depuso al presidente João Goulart (1964), afectó la aplicación del derecho de asilo a través de una serie de presiones que ejerció el gobierno militar sobre la embajada mexicana en Río de Janeiro, particularmente en los primeros años de la dictadura. Por otro lado, la recomposición de las relaciones diplomáticas con el régimen militar que impulsó Gustavo Díaz Ordaz a su llegada a la Presidencia de México, y la buena relación que se propuso mantener con éste a lo largo de su sexenio, implicó un discreto pero real endurecimiento de la tradicional política de asilo que distinguió a la política exterior mexicana a lo largo del siglo XX. Con base en documentación diplomática y testimonios orales, se muestra el incumplimiento del gobierno militar brasileño de los compromisos interamericanos vigentes y de la promesa de seguir una escrupulosa política de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. A la vez, se pone luz sobre una singular aplicación de la política de asilo que de manera muy discreta se llevó a cabo durante el gobierno de Díaz Ordaz.

 

Palabras clave: Asilo diplomático; Relación bilateral México-Brasil; Dictadura brasileña; Golpe civil-militar.

 

 

The Mexico-Brazil bilateral relationship and diplomatic asylum in the early years of the Brazilian military regime

 

Abstract

 

The breakdown of the Mexico-Brazil bilateral relationship that occurred as a result of the coup that deposed President João Goulart en1964, affected the application of the right to asylum through a series of pressures that the military government exerted on the embassy Mexican in Rio de Janeiro, particulary in the early years of the dictatorship. On the other hand, the recomposition of diplomatic relations with the military regime that Gustavo Díaz Ordaz promoted upon his arrival to the Presidency of Mexico, and the good relationship that he proposed to maintain with him throughout his six-year term, implied a discreet but real hardening of the traditional asylum policy that distinguished Mexican foreign policy throughout the 20^th century. Based on diplomatic documentation and oral testimony, the Brazilian military government fails to comply with current inter-American commitments and the promise to follow a scrupulous policy of non-intervention in the internal affairs of other states. At the same time, light is shed on a unique application of the asylum policy that was carried out very discreetly during the Díaz Ordaz government.

 

Key words: Diplomatic asylum; Mexico-Brazil bilateral relationship; Brazilian dictatorship; Civil-military coup.

 

 

La relación bilateral México-Brasil y el asilo diplomático en los primeros años del régimen militar brasileño

 

Introducción

 

La historia del asilo político en América Latina está estrechamente vinculada con la historia de los golpes de Estado, las oleadas represivas y los momentos de crisis gubernamental que se han vivido en los diferentes países de la región.

A lo largo del siglo XIX, los procesos de independencia política y los complejos procesos de formación de los Estados nacionales en Latinoamérica hicieron que la protección a perseguidos políticos se fuera convirtiendo en una práctica frecuente, al mismo tiempo que, como han explicado Sznajder y Roniger (2013), la exclusión institucional se fue convirtiendo en un rasgo constitutivo principal de la política latinoamericana, y el exilio en un mecanismo regulador para aquellos sistemas políticos incapaces de crear modelos de participación plurales e inclusivos.

Por esa razón, desde la última década decimonónica se empezaron a registrar esfuerzos en el ámbito interamericano para regular el asilo político, toda vez que su aplicación, sin un marco normativo claro, conducía inevitablemente a la generación de conflictos entre las naciones latinoamericanas.^[1] En 1928, la Convención de La Habana se convirtió en el primer esfuerzo multinacional, no regional, para reglamentarlo y desde entonces quedaron establecidos algunos preceptos centrales en la forma de concebir y de aplicar el asilo político que se mantuvieron en las convenciones que posteriormente se firmaron en la materia.

Uno de ellos es que el asilo debe entenderse como una concesión soberana que los Estados hacen a los individuos que buscan protección, lo que significa que, si bien todas las personas tienen derecho a solicitarlo, ningún Estado está obligado a concederlo. El asilo se entiende, pues, como una facultad discrecional del Estado receptor, que es el encargado de calificar si es procedente o no en función de sus propios intereses y de acreditar que la persona que lo solicita está siendo perseguida por motivos políticos.

Un segundo precepto regulatorio de la institución del asilo político que ha permanecido desde entonces es que el estado territorial, una vez que se ha otorgado asilo a una persona, está obligado a brindar las garantías de respeto a la misión diplomática que lo concede y a emitir el salvoconducto correspondiente para que el asilado pueda abandonar el país en condiciones de seguridad. En ningún momento puede impedir u obstruir la salida del individuo.

No obstante, a pesar del marco regulatorio del asilo que se ha logrado a través del tiempo en el ámbito interamericano, la aplicación del mismo no ha dejado de ser conflictiva o delicada en las diferentes coyunturas críticas que se han vivido y que aún se viven en América Latina. Se trata, sin embargo, de un aspecto poco observado por la historiografía de los exilios políticos en la región. A través de la historia de las relaciones internacionales hemos sabido de los rompimientos o de la interrupción de las relaciones diplomáticas entre naciones en determinadas coyunturas críticas, pero poco conocemos hasta dónde la aplicación del asilo político en dichas coyunturas ha influido o afectado las relaciones bilaterales de los estados latinoamericanos o viceversa.

En este artículo se expone cómo la aplicación del asilo político se vio obstruida por el deterioro de la relación bilateral México-Brasil en la coyuntura del golpe de estado que derrocó al presidente João Goulart el 1 de abril de 1964, y cómo la recomposición de dichas relaciones poco tiempo después, afectó la política de asilo implementada por el gobierno mexicano en los primeros años del régimen militar en Brasil.

Se defiende la hipótesis de que el incumplimiento de sus obligaciones en materia de asilo político fue un recurso que los militares brasileños utilizaron para ejercer presión sobre el gobierno de México que en los primeros meses, bajo el amparo de la Doctrina Estrada, se abstuvo de reconocer la legitimidad de los militares que asaltaron el poder. De igual forma, se considera que, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se impulsó un endurecimiento discreto de la tradicional política de asilo que a lo largo del siglo XX dio prestigio a la política exterior de México, con el objetivo de mantener estable y en términos amistosos la relación diplomática con el gobierno militar de Brasil.

 

México frente al golpe de Estado en Brasil

 

El 2 de abril de 1964 el embajador de México en Brasil, Alfonso García Robles, reportó a la cancillería mexicana el triunfo del golpe de estado –deflagrado desde el 31 de marzo – que culminó con la deposición del presidente constitucional de Brasil João Goulart. No se trataba de algo sorpresivo para el diplomático, quien desde meses atrás había reportado la forma en la que se había ido recrudeciendo la crisis político-militar en ese país.

En su comunicado, García Robles también reportó que habían empezado a ejecutarse numerosas detenciones en el país, entre ellas mencionó la del Ministro de Justicia, Abelardo Jurema Machado, la del gobernador de Pernambuco, Miguel Arraes, y las de un gran número de líderes sindicales. Fue enfático, además, en la ilegalidad del procedimiento, advirtiendo que en el Congreso se había declarado vacante la presidencia de la república cuando el presidente Goulart, que no había renunciado al cargo, aún se encontraba en territorio Brasileño.^[2]

Con el reconocimiento inmediato del gobierno de los Estados Unidos, que había apoyado todo el proceso de desestabilización del gobierno de Goulart y el propio golpe de Estado,^[3] los militares brasileños iniciaron una autodenominada revolución que tenía como principal objetivo destruir una élite política e intelectual nacional-reformista y sus lazos organizativos con los movimientos sociales de base popular, como el movimiento obrero y campesino. (Napolitano, 2014, p. 70).^[4] En la retórica de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) se trataba de una limpieza política que tenía como objetivo la exclusión de todos los elementos comunistas que actuaban en el escenario político del país.^[5]

Por el contrario, con base en el carácter anticonstitucional del procedimiento a través del cual el Congreso Nacional había despojado a Goulart de la presidencia de la república, y del ambiente de arbitrariedad y de violencia que prevalecía en Brasil, de acuerdo con los reportes del embajador mexicano, el presidente Adolfo López Mateos, que se encontraba en sus últimos meses de gobierno, comunicó al embajador brasileño en México, Manoel Pio Corrêa que, guiado por la Doctrina Estrada,^[6] México no podía mantener relaciones con gobiernos impuestos por la fuerza (Palacios, 2001, p. 295). A García Robles el Canciller José Gorostiza le dio dos instrucciones: abstenerse de acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en caso de que fuera convocado y otorgar asilo diplomático en todos los casos que considerara procedente, sin necesidad de solicitar autorización previa a la Cancillería.

Las medidas eran acordes con los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, y con a la aplicación del derecho de asilo que a lo largo del siglo XX habían regido la política exterior mexicana. De la misma forma, esos principios se habían evocado unos meses atrás en la República Dominicana y en Honduras, donde los presidentes constitucionales, Juan Bosch y José Ramón Villeda Morales, respectivamente, habían sido depuestos con golpes de Estado semejantes entre septiembre y octubre de 1963.

Una vez que las posiciones internacionales frente al golpe militar brasileño empezaron a manifestarse, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió una circular dirigida a todas las representaciones diplomáticas acreditadas en ese país en la que reafirmaba su intención de mantener relaciones con todas las naciones del mundo, sin distinción del sistema político que hubieran adoptado. Pero advertía que naturalmente, las relaciones del gobierno militar brasileño serían “más íntimas y más profundas con aquellos países con los que estamos ligados por una herencia de ideales comunes y con los cuales compartimos los mismos ideales de libertad y progreso” (Palacios, 2001, pp. 295-297).

En el mismo documento, el gobierno militar también garantizaba el cumplimiento de todos los compromisos multilaterales y bilaterales contraídos por los gobiernos anteriores^[7] y aseguraba que adoptarían una “escrupulosa” política de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. En contraparte, exigía de los países “el más completo respeto por ese principio básico de las buenas relaciones internacionales” ^[8]  y en algo que podía entenderse como una referencia a la aplicación de la Doctrina Estrada recién evocada por el gobierno mexicano, manifestaron: “No intervención y autodeterminación son principios válidos para todos y no únicamente fórmulas para encubrir determinadas situaciones” (Palacios, 2001, p. 297).

Con el golpe de estado y la decisión inicial del gobierno de México de no mantener relaciones con un gobierno que había llegado por la fuerza al poder, se ponía fin a un inédito proceso de acercamiento entre México y Brasil que se había gestado en los inicios de la década de 1960, en función de un proyecto que se proponía impulsar las relaciones comerciales entre países latinoamericanos en el marco de un fenómeno de mayor crecimiento que las economías de América Latina habían experimentado en la década anterior, los años de posguerra (Palacios, 2001, p. 267).

En ese contexto de crecimiento notable que atravesaban al iniciar la década de 1960, México y Brasil habían declarado el inicio de una nueva y promisoria época en la historia de sus relaciones comerciales y culturales, lo que habían anunciado como la “refundación” de la relación bilateral que tenía el objetivo central de estimular a los empresarios brasileños y mexicanos a explorar ambos mercados (García, 1964).

En el marco de ese acercamiento sin precedente entre los gobiernos y el sector industrial de las dos principales economías de América Latina, los presidentes de México y Brasil realizaron por primera vez sus respectivas visitas oficiales al otro país. En enero de 1960 el presidente Adolfo López Mateos realizó la primera visita oficial que un presidente mexicano hizo a Brasil, y en abril de 1962, João Goulart, se convirtió en el primer mandatario brasileño en funciones en visitar la República mexicana (Palacios, 2001, pp. 268-293).

 

Escalada de hostilidades

 

Con las puertas abiertas a los perseguidos políticos, la embajada mexicana otorgó los primeros asilos diplomáticos al día siguiente del golpe de estado. En unos cuantos días la sede de la representación mexicana en Río de Janeiro resultó insuficiente, al punto que el embajador se vio obligado a habilitar la sede del consulado como local extraordinario para destinarlo exclusivamente a la habitación de los asilados. El traslado debió realizarse en una misión “secretísima”^[9] por el asedio constante bajo el que los asilados vivían por parte de la prensa brasileña, según lo reportó el embajador.

De acuerdo con los convenios internacionales, la estadía de los asilados en la embajada debía ser de unos cuantos días, los necesarios para que el Ministerio de Relaciones Exteriores cumpliera con su obligación de emitir los salvoconductos correspondientes para garantizar un traslado seguro al país de asilo.^[10]  Sin embargo, un mes después de la deposición de Goulart, la embajada mexicana, que para entonces tenía en su sede a cuarenta y seis personas asiladas, no había recibido un solo salvoconducto para poder iniciar los traslados.

El gobierno de López Mateos decidió retirar al embajador, quien al concluir el mes de abril se trasladó a la ciudad de México para asumir el cargo de subsecretario de Relaciones Exteriores. Antes de partir, García Robles declaró ante la prensa brasileña que su retiro no estaba relacionado con la situación política que se vivía en Brasil. No obstante, como observa Guillermo Palacios, en aquél contexto, la salida del embajador de México sirvió para indicar una situación de enfriamiento de las relaciones entre ambos países.^[11]

La verdadera intención del gobierno mexicano quedó al descubierto al conocerse que el embajador recibió la instrucción de retirarse del país sin dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores “ni siquiera para acreditar al consejero de la embajada, como encargado de negocios” (Palacios, 2001, p. 298). En reciprocidad, el gobierno militar ordenó el inmediato retorno de su embajador en México, quien, igualmente, abandonó el país sin acreditar al respectivo encargado de negocios.

En el aeropuerto de la ciudad de México, minutos antes de abandonar el país, el embajador Pio Corrêa se burló de la Doctrina Estrada, que resguarda los principios centrales de la política exterior mexicana que habían sido evocados por el gobierno de México al negarse a mantener sus relaciones con Brasil. Declaró ante los medios de comunicación que su salida de México se debía al hecho de que su país había inventado la “estrada” bilateral, que era mucho mejor que la unilateral. Era un juego de palabras en donde, como observa Palacios, el diplomático utilizó la palabra “estrada”, que en portugués significa vía o carretera (2001, p. 298) para indicar que se trataba de una política de reciprocidad ante la actitud que había tomado el gobierno de México frente al golpe. Al aterrizar en Brasil, el embajador agregó a su declaración, que si bien las relaciones de México y Brasil no estaban interrumpidas, los contactos entre los dos países sí. El enfriamiento de las relaciones bilaterales se había consumado.

A partir de ese suceso se desató en la prensa, tanto en Río de Janeiro como en la Ciudad de México, un ir y venir de editoriales en lo que claramente se había configurado ya como una crisis de relaciones diplomáticas entre México y Brasil. Los periódicos alineados con el régimen militar, como O Globo y Tribuna da Imprensa, lanzaron una andanada de críticas al gobierno de López Mateos por negarse a reconocer al gobierno militar, mientras que en México el periódico Novedades calificó las palabras de Pio Corrêa como “imprudentes y de notoria falta de discreción, dignas de un novato tercer secretario”.

Al día siguiente del retiro de su embajador en México, el gobierno militar colocó una guardia de elementos de la Policía Militar frente a las instalaciones de la representación mexicana. El consejero Roberto de Rosenzweig, que a la salida de García Robles había quedado informalmente a cargo de la embajada, específicamente de los asilados, envió inmediatamente una nota de protesta al Itamaraty en la que acusaba que la permanencia de la Policía Militar “causa graves inconvenientes al personal diplomático para el desarrollo normal de sus actividades y es motivo de perturbación para las personas que, de conformidad con los instrumentos internacionales interamericanos vigentes entre los dos países, han solicitado y recibido asilo diplomático en la embajada de México.”^[12] No obstante, la vigilancia se mantuvo durante los meses de mayo y junio bajo el pretexto de estar brindando protección especial a esa legación diplomática.

La representación diplomática mexicana no era la única que recibía presiones por parte del gobierno militar. Se han documentado también las presiones recibidas en ese contexto en la embajada de Uruguay (Schneider, 2006), que junto con la de México y la de Yugoslavia concentraba la mayor cantidad de asilados.^[13]

El retraso en la emisión de los salvoconductos que obstruía el derecho de asilo, fue un recurso que los militares utilizaron para ejercer presión sobre las embajadas de los países que abrieron sus puertas a los asilados y/o que, como en el caso de México, tuvieron una actitud hostil hacia el nuevo gobierno. Sin los documentos no era posible proceder al traslado de los asilados y éstos tenían que permanecer cada vez más tiempo hacinados en los pequeños espacios de las sedes diplomáticas en espera de que el gobierno militar asumiera los tratados interamericanos en materia de asilo que lo obligaban a emitir el salvoconducto correspondiente en cuanto le fuera notificada la concesión de protección por parte de algún Estado. Al no emitir los documentos se afectaba a los asilados y se ejercía presión sobre el gobierno receptor.

Un mes y medio después del golpe, la embajada mexicana seguía sin recibir un solo salvoconducto para comenzar el traslado de los más de sesenta asilados que se seguían sumando. El consejero Rosenzweig intensificó las gestiones ante el Itamaraty pero era sistemáticamente ignorado. De acuerdo con sus reportes, otras embajadas, como Argentina, Perú, Paraguay y Chile habían ya recibido para entonces los salvoconductos de sus respectivos asilados.^[14] Sin embargo, como se rebeló en un editorial del periódico Tribuna da Imprensa, había ciertos países a los que el gobierno militar seguiría reteniendo los salvoconductos sin importar que ello pudiera derivar en incidentes diplomáticos mayores.^[15] Al parecer México estaba en la lista.

Las presiones empezaron entonces a surtir efecto. Muy pronto el consejero Rosenzweig recibió la instrucción de “dejar entrever” a los funcionarios del Itamaraty ó Ministerio de Relaciones Exteriores, que posiblemente la demora en la expedición de salvoconductos estaría influyendo desfavorablemente para la normalización de relaciones entre los gobiernos de México y Brasil,^[16] lo que llevaba el mensaje implícito de que la emisión de los documentos podría conducir al reconocimiento del gobierno militar por parte del gobierno mexicano. En respuesta, el consejero obtuvo la promesa de que las gestiones para emitir los salvoconductos se acelerarían.

En la embajada de México iniciaron los preparativos para proceder con el traslado de los asilados. Se realizó un sondeo entre éstos y entre otras representaciones diplomáticas para ver la posibilidad de que se otorgaran visas a aquellos que preferían ir a radicar a países limítrofes con Brasil, y así evitar que fueran trasladados hasta México. Sin embargo, al enterarse de la intención del gobierno mexicano de trasladar a los asilados a otros países Itamaraty se opuso de manera contundente y advirtió que los salvoconductos serían emitidos para que los asilados se dirigieran exclusivamente a México.

En el telegrama que envió a la Cancillería para informar la condición impuesta por Itamaraty, el consejero Rosenzweig observó que se trataba de una medida que contrariaba el artículo XIII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, donde se establece que el Estado territorial no puede determinar el país destino de los asilados. No obstante, aunque en la Cancillería coincidieron con el consejero, le instruyeron evitar entrar en una discusión con ese ministerio y limitarse a aceptar los salvoconductos que fueran emitidos para iniciar cuanto antes los traslados a la ciudad de México.^[17]

Al recibir los primeros salvoconductos, cuando se cumplían los primeros 50 días posteriores al golpe, Itamaraty solicitó a la embajada mexicana recoger los pasaportes a los asilados antes de que abandonaran el país. La Cancillería mexicana le indicó al consejero proponer al MRE que los documentos fueran cancelados por esa dependencia, sin embargo, el jefe del Departamento Jurídico insistió en que los documentos tenían que ser devueltos para su cancelación e incineración.^[18] Una vez más, para evitar entrar en una discusión con Itamaraty, la Cancillería aceptó retirar los pasaportes a los asilados y devolverlos al MRE para su cancelación.

A pesar de las concesiones que el gobierno de México hizo durante la negociación de salvoconductos para evitar entrar en una confrontación mayor con el gobierno militar, enviados oficiosos del régimen desataron en la prensa brasileña una andanada de ataques contra el gobierno de México y sus representantes diplomáticos en Brasil como una nueva forma de presión al país que aún se negaba a reconocer como legítimos a los golpistas brasileños.

El primer ataque se dio a raíz de la renuncia al asilo diplomático en la embajada mexicana del marino y presidente de la Asociación de Marineros y Fusileros Navales (AMFNB) José Anselmo dos Santos,^[19] quien horas después de abandonar la representación diplomática fue detenido y llevado a prisión, acusado de intentar poner en marcha un movimiento de resistencia armada contra el gobierno militar que, según los reportes de la prensa, él mismo habría confesado en su declaración ante el Departamento de Orden Política y Social (DOPS).^[20]

El incidente dio pié al diputado de la União Democrática Nacional (UDN) Nina Ribeiro para acusar a la embajada mexicana de apoyar a las guerrillas en Brasil y con ello, violar el derecho internacional. Aseguraba que José Anselmo dos Santos había establecido un acuerdo con el secretario de la embajada para que éste no comunicara de su renuncia al asilo diplomático al MRE en un plazo de tres días con el objetivo de darle tiempo para organizar un grupo de guerrilleros con el que depondrían al gobierno de Castelo Branco. “Lo más lamentable –remarcaba el diputado– es que esto suceda en la embajada de un país que no reconoce al gobierno brasileño […]”.xico de﷽﷽﷽nal al dar apoyo dos q..ileño *da en la embajada de un pailleros con el que depondrho internacional al dar apoyo dos q^[21]

El consejero Rosenzweig rechazó las acusaciones y demostró que había comunicado en tiempo y forma al Itamaraty de la renuncia al asilo diplomático de José Anselmo. El Departamento Jurídico del MRE confirmó que en efecto, no había habido demora en informar sobre el desistimiento pero se negó a elaborar una nota aclaratoria al respecto.^[22] Después, cuando el periódico O Jornal finalmente aclaró que la embajada de México había actuado correctamente pero el ministerio había tardado en tomar nota de la información porque se había atravesado el fin de semana, la andanada de críticas se dirigió al consejero Rosenzweig, a quien acusaron de “inexperto” por no haber previsto que el ministerio no trabajaba los fines de semana e insistieron en la posibilidad de que el consejero estuviera coludido con asilados en el plan para deponer por la fuerza al gobierno militar. Como se trata de un segundo secretario, sin mucha experiencia, y que ni siquiera es Encargado de Negocios, sino sólo el diplomático con más alta graduación que hay en la embajada, la falla puede ser tomada como falta de práctica, como también puede haber sido parte de un plan bien articulado que hasta tomó en cuenta ese factor.

En ese tenor, el diputado Nina Ribeiro insistió en que el consejero Rosenzweig estaba coludido con los asilados que planeaban una guerrilla y como muestra, dijo poseer unas grabaciones telefónicas que demostraban que el consejero dejaba a los asilados realizar llamadas al exterior.

Las acusaciones del diputado, algunas notas de prensa en las que se aseguraba que el Departamento de Orden Político y Social (DOPS) tenía grabaciones de conversaciones de los asilados que se encontraban en la representación mexicana, y la “recomendación” que el propio jefe del Departamento Jurídico del Itamaraty hizo al consejero Rosenzweig, de vigilar a un empleado administrativo de la embajada de México, a quien la policía responsabilizaba, con base en conversaciones telefónicas grabadas, de pasar recados a varios asilados,^[23] revelaron una situación mayor: los teléfonos de la embajada mexicana habían sido intervenidos por el gobierno militar y con ello se había violado la soberanía de México.

Ante tal revelación, el consejero Rosenzweig Díaz formuló una enérgica protesta ante el Itamaraty en la que incluía una queja por la indiferencia que habían mostrado ante la protesta que quince días atrás había interpuesto por la permanencia de elementos de la Policía Militar en las puertas de la embajada mexicana, que hasta esa fecha permanecían ahí. Como respuesta, únicamente obtuvo la promesa del jefe del Departamento Jurídico, de ponerse en contacto con las autoridades policiacas para aclarar la cuestión.

Detrás de los ataques en la prensa, la dilación de salvoconductos y la intervención telefónica estaba el reclamo por la actitud ambigua que el gobierno de México mantenía respecto del gobierno militar en Brasil. Pues si bien había retirado a su embajador, tampoco había llegado al extremo de llamar de regreso a todo su personal diplomático en Brasil. El gobierno militar presionaba para que México de una vez decidiera si mantendría o no relaciones diplomáticas con la “revolución” de los militares.

En unos cuantos días, el blanco de los ataques en la prensa escaló hacia el gobierno de México y la prestigiosa Doctrina Estrada. En el periódico O Globo se leía:

 

México adopta en política internacional la curiosa “Doctrina Estrada” que grosso modo puede ser explicada de la siguiente manera: cuando un gobierno con el cual México mantiene relaciones es depuesto, la Cancillería mexicana no reconoce ni deja de reconocer al nuevo gobierno formado en el país amigo, pero toma actitudes insólitas para demostrar el disgusto que le causó el movimiento revolucionario.

Se trata, evidentemente, de una actitud pueril […] sólo México aplica tal doctrina absurda e irritante, sin ningún contenido jurídico […] México, siguiendo la “Doctrina Estrada” retiró a su embajador, el Sr. García Robles, que viajó sin despedirse y sin dejar un encargado de negocios, como dicta la praxis, lo que, en lenguaje diplomático, significa una grosería.

 

En el amplio editorial dedicado a criticar la actitud de México frente al gobierno militar, acusaban al ex embajador García Robles, quien ya fungía como subsecretario de Relaciones Exteriores, de influir al gobierno de López Mateos en contra de la nueva situación brasileña ”que él pinta en colores terribles”, y celebraban que esta vez México hubiera sido sorprendido con lo que llamaron jocosamente “la aplicación bilateral de la Doctrina Estrada”, lo que, según ellos, “no había ocurrido antes, cuando México había adoptado actitudes semejantes en relación con otros gobiernos latinoamericanos surgidos de revoluciones”.

O Globo se quejaba también de que el gobierno mexicano permitiera que la prensa en ese país, “a la cual dirige” estuviera difamando a la “Revolución brasileña y exponiéndola al ridículo”. Como muestra, expuso una portada de la revista mexicana Siempre! en la que aparece una folclórica brasileña que porta un sable al tiempo que ofrece en una charola la cabeza del presidente depuesto João Goulart a un tío Sam que se encuentra frente a ella. Y continuaba: “Cuando México toma actitudes como ésta “parece olvidar que su democracia está lejos de ser perfecta, pues funciona a base de un partido único, con todas las implicaciones que de ello derivan”. Cuestionaban, además, por qué, en contraste con la actitud que había adoptado frente a Brasil, el gobierno de México hubiera reconocido en 72 horas al gobierno de Fidel Castro.

En relación con los asilados, la editorial reprochaba que el gobierno de México no hubiera correspondido a la actitud del MRE, que había aceptado negociar los salvoconductos a pesar de que México había retirado a su embajador en Brasil, así como aceptar que un primer secretario de la misión diplomática estuviera al frente de las gestiones para la salida de los asilados, y sentenciaba: “Cuando México decida dejar de hacer el papel de tonto tomará la iniciativa de enviar un nuevo embajador a Brasil y nosotros haremos lo mismo enviando otro representante para allá.”^[24]

Al calor de las acusaciones que mantuvieron al gobierno de México en los titulares de la prensa carioca, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil fue emitiendo de diez en diez los salvoconductos de las sesenta personas que para entonces se encontraban asiladas en la embajada mexicana. En correspondencia, el gobierno de México anunció que mantendría su representación diplomática en Brasil y que en breve acreditaría al consejero Rosenzweig Díaz como encargado de negocios.^[25]

La noticia cayó muy bien a las autoridades brasileñas. En efecto, no se trataba de la reinstalación del embajador, pero la acreditación del encargado de negocios era un paso decisivo hacia la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, tanto era así, que el gobierno militar nombró inmediatamente a su nuevo embajador en México. En la prensa brasileña, la noticia se difundió como el reconocimiento de México al gobierno militar, sin embargo, eso no sucedería formalmente hasta pocos meses después, al asumir Gustavo Díaz Ordaz la presidencia de México.

 

Fin de las hostilidades y una nueva política de asiloa.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ifica una groserr un encargado de negocios, como dicta la praxis, lo que, en lenguaje diplom

 

A mediados de junio de 1964, la mayoría de los perseguidos políticos del régimen militar, se encontraba en alguna prisión del territorio brasileño, en el exilio, o había entrado a la clandestinidad. En la mayoría de las misiones diplomáticas latinoamericanas, donde se habían otorgado la mayor parte de los asilos políticos, prevalecía la opinión de que la situación se había normalizado y que, en consecuencia, ya no procedía la concesión de asilos políticos. El encargado de negocios de la embajada mexicana, Roberto de Rosenzweig no compartía esa visión, así que mantuvo la política de asilo de “puertas abiertas” a los perseguidos políticos prácticamente durante el resto del año, y efectivamente, aunque en menor cantidad, los perseguidos políticos siguieron llegando a buscar protección, toda vez que seguía vigente el Acto Institucional número 1 (AI-I), que había atribuido al presidente la prerrogativa de revocar mandatos legislativos y suspender derechos políticos, y de que las comisiones de investigación tenían facultades de arrestar personas sin orden judicial.^[26]

El 1 de diciembre de 1964, Gustavo Díaz Ordaz tomó posesión como presidente de México, y entonces sí, se dispuso a restablecer formalmente las relaciones con el gobierno militar de Brasil. En la invitación que dirigió al presidente Huberto de Alencar Castelo Branco para asistir a la ceremonia de transmisión del mando en México, señaló que ésta debía considerarse como una “nueva y valiosa demostración de la amistad” que felizmente unía a los dos países.^[27] En ese gesto se dejaban atrás las desavenencias surgidas a raíz del golpe militar y se priorizaba el interés por mantener una buena relación con el régimen militar de Brasil.

En enero de 1965, Díaz Ordaz nombró oficialmente a Vicente Sánchez Gavito como nuevo embajador de México en Brasil cerrando así formalmente la fase de creciente enfriamiento en las relaciones diplomáticas entre ambos países. El reconocimiento como gobierno legítimo de los militares que habían llegado por la fuerza al poder en Brasil tuvo un efecto en la política de asilo político del gobierno mexicano. A partir de entonces, la embajada de México se propuso mantener su tradicional política de puertas abiertas en materia de asilo, siempre y cuando no se comprometiera en nada la estabilidad de las relaciones diplomáticas entre los dos países. En palabras del propio embajador, la política a seguir sería: tratar los casos de asilo de forma “cortés y amistosa” y “evitar que el asilo diplomático se convirtiera en causa de la más mínima irritación entre los dos gobiernos”.^[28]

Y así fue. A diferencia de otras embajadas latinoamericanas, la de México no cerró las puertas a los perseguidos políticos del régimen, a quienes siguió recibiendo especialmente en las coyunturas más críticas que se sucedieron con la promulgación de otros decretos. Había conciencia de que se debía cuidar el prestigio de México en materia de asilo, sin embargo, si se observan detenidamente las solicitudes y las experiencias de asilo que se presentaron en la embajada mexicana durante esos años, es posible percibir con claridad un discreto endurecimiento de la política de asilo del gobierno de México.

El primer caso que puso en peligro la buena relación del gobierno de Díaz Ordaz con el gobierno militar se presentó a los pocos días de que el embajador Sánchez Gabito presentara sus cartas credenciales ante el Itamaraty, cuando los abogados del gobernador depuesto de Pernambuco, Miguel Arraes, lo consultaron sobre la posibilidad de que se le otorgara asilo político al funcionario que acababa de ser liberado gracias a un amparo concedido por el Supremo Tribunal Federal gestionado por el legendario abogado Sobral Pinto.

Arraes era considerado uno de los grandes enemigos del régimen, su nombre figuró en la primera lista de funcionarios depuestos con derechos políticos suspendidos y desde los primeros días posteriores al golpe, que para esas fechas estaba cumpliendo un año, había estado preso en cárceles militares de Recife y en la isla Fernando de Noronha, acusado de “actuar a favor de la subversión comunista”.

En Brasil, la liberación de Arraes había intensificado las disputas entre el presidente Castelo Branco y la línea dura de la coalición golpista, representada en el ámbito civil en la figura del gobernador de Guanabara, Carlos Lacerda, quien criticó fuertemente la concesión del amparo por la STF y la consiguiente liberación del gobernador depuesto. Consciente de que Arraes realmente se encontraba en peligro de volver a ser privado de su libertad por razones de persecución política –pues así lo confirmó en un telegrama enviado a la Cancillería mexicana– Sánchez Gavito consideró que, de formalizarse la petición, lo mejor sería negarle el asilo, toda vez que de lo contrario el gobierno de México estaría reconociendo la incapacidad del STF de hacer respetar el amparo.^[29] En la Cancillería se respaldó la decisión, confirmando que si el solicitante estaba bajo la protección de tribunales, “indudablemente” que éstos darían seguridad al mismo.

Diez días después de haber consultado a la embajada mexicana, Miguel Arraes fue nuevamente detenido. Volvió algunas horas a prisión y posteriormente fue liberado. Permaneció escondido durante una semana y finalmente fue asilado por el gobierno de Argelia. A pesar de la cautela y la delicadeza con la que el embajador mexicano trataba los casos de asilo para no incomodar a los militares, éstos no desaprovechaban la oportunidad de lanzar un reproche por los asilados que a esas fechas estaban por trasladar a la ciudad de México. “Ya salen tus huéspedes”, le espetó con ironía el canciller Vasco Leitão Cunha al embajador mexicano, cuando ambos se disponían a abordar un avión rumbo a Washington en donde participarían en una reunión de cancilleres convocada por la OEA.

Después del incidente que incomodó bastante al embajador mexicano, éste solicitó a la Cancillería mexicana dejar constancia de que él no había tenido intervención alguna en la tramitación de los salvoconductos y pidió que en el expediente personal de Roberto de Rosenzweig Díaz quedara claro que había sido él quien había obtenido los salvoconductos de las noventa personas que habían estado asiladas en esa embajada entre el 2 de abril de 1964 y el 30 de abril de 1965. Consideró pertinente hacer una “mención especial” a la actuación de ese funcionario desde el punto de vista humanitario, “ya que ha puesto de manifiesto compasión, y un espíritu de sacrificio poco comunes”.^[30]

Tras la emisión del AI-2, que reinstauró la dinámica de excepción de la dictadura, ^[31] Sánchez Gavito concedió asilo a otras dieciséis personas, cuyos trámites para abandonar el país se gestionaron sin mayor sobresalto, como era el propósito del embajador. Fue hasta mayo de 1968 cuando se recibió en la embajada mexicana un nuevo caso de asilo que ponía en peligro la relación cordial con el régimen militar. El coronel Jefferson Cardim de Alencar Osorio y el cabo Vítor Luiz Papandreu solicitaron asilo unas horas después de que el primero, con ayuda del segundo que había estado a cargo de su custodia, lograra fugarse de la prisión militar donde había pasado dos de los tres años que llevaba encarcelado. Juntos habían viajado todo un día y una noche desde Curitiba hasta Río de Janeiro con el objetivo de buscar protección en alguna embajada. La embajada de Chile se había negado a recibirlos, así que se optaron por la de México en donde fueron recibidos por el secretario Armando Cantú, quien los dejó ingresar pero les indicó esperar la determinación del embajador.

Sánchez Gavito les otorgó el asilo temiendo que Itamaraty llegara impugnar el caso del cabo.^[32]En realidad, lo que había irritado considerablemente a las autoridades militares había sido la fuga del coronel Jefferson Cardim, quien había liderado el frustrado Movimento Revolucionário Três Pasos, primer movimiento armado que intentó derrocar a la dictadura.^[33]

En la prensa se dio amplia difusión a la fuga del coronel y a la protección que recibió en la embajada de México. Se sabía que había una segunda persona que había sido asilada junto a él pero se desconocía que se tratara de un soldado del Ejército que había participado en la fuga del coronel de la prisión militar, lo que, de haber trascendido, hubiera significado un duro golpe moral al régimen. El embajador mexicano mantuvo en secreto la identidad de Papandreu,^[34] y de acuerdo con sus reportes, el MRE se había sentido tan agradecido con su discreción que calculaba que el trámite de los salvoconductos se llevaría a cabo en un “ambiente favorable”.

Sin embargo, no fue así. Itamaraty no hizo ningún reclamo directo a la embajada mexicana por la concesión de los asilos diplomáticos, pero, como en casos anteriores, la forma de manifestar su incomodidad fue retardando la emisión de los salvoconductos que, en cumplimiento de los tratados interamericanos estaba obligado a otorgar para garantizar la salida de los asilados del territorio nacional.

En contraste con la activa gestión para obtener los documentos de salida que realizó Roberto de Rosenzweig en la coyuntura de 1964, el embajador Sánchez Gavito, en función de la política de asilo que se había trazado, decidió, con la anuencia de la Cancillería, no realizar ninguna gestión al respecto y dejar que los trámites fluyeran al ritmo que las autoridades militares impusieran, sin ejercer ningún tipo de presión.^[35]

Un mes después del ingreso de los asilados a la representación mexicana, el embajador supo de manera extraoficial que el trámite de los salvoconductos podría demorar bastante por tratarse de dos perfiles militares, especialmente del coronel, cuya fuga de una prisión militar había molestado enormemente a los militares entre los que había un sector que se oponía decididamente a dejarlo salir del país. ^[36] “Son asuntos –explicaba Sánchez Gavito a la Cancillería mexicana– en donde intervienen pasiones violentas, y, consecuentemente, no queda otro camino que dejar pasar el tiempo con la esperanza de que se calmen los ánimos.”^[37]

La experiencia de asilo diplomático que vivieron en la embajada mexicana el coronel Cardim y el cabo Papandreu se distinguió también por haber recibido un trato discriminatorio y violatorio de la Convención de asilo de Caracas, según la denuncia que la esposa del coronel Jefferson Cardim hizo en julio de 1968 a través de una carta que dirigió al Secretario de Relaciones Exteriores de México, Antonio Carrillo Flores, cuando habían pasado ya tres meses de que el coronel y Papandreu habían obtenido la protección del Estado mexicano.

En la misiva, la señora Rosa Lopetegui de Alencar Osorio denunció que la concesión de asilo diplomático al coronel y al joven Papandreu había sido condicionada al compromiso de que la familia llevara diariamente los alimentos de los asilados. Acusó también al secretario de la embajada, Armando Cantú, de haber corrido agresivamente de esa legación al hijo del coronel, cuando éste había solicitado que la embajada se hiciera cargo de los alimentos de esos dos asilados, como se hacía con el resto de los que se encontraban ahí, pues a la familia se le dificultaba mucho llevarlos diariamente.^[38]

Sánchez Gavito fue cuestionado por la Cancillería al respecto. Negó rotundamente haber condicionado el asilo del coronel y del cabo y para demostrarlo, solicitó al coronel Cardim escribir una carta “de puño y letra” en la que informara a la Cancillería sobre el trato que había recibido en la embajada a lo largo de los tres meses que llevaba asilado en esa representación. El coronel confirmó que, desde el 6 de mayo, cuando habían entrado a la embajada, los alimentos de él y del soldado Vítor Luiz Papandreu habían sido proporcionados por sus familiares, pero aseguró que ello se debía a un acuerdo que se había establecido entre sus familiares y el secretario de la embajada y no a una condición impuesta por los funcionarios mexicanos. Sobre el mal trato que había recibido su hijo, aseguró que se había tratado de “un malentendido” y agregó que su esposa había dirigido esa carta de denuncia a la Cancillería mexicana sin su consentimiento.^[39]

El embajador manifestó su inconformidad por el cuestionamiento que había recibido por parte de la Cancillería y agregó que ésta debía tomar en cuenta que lo asilados y sus familiares, por encontrarse en situaciones irregulares, y en la mayoría de los casos de angustia, debían ser tratados “como enfermos, y en esta embajada –dijo– encuentran compasión.”

En la Secretaría de Relaciones Exteriores de México también se tomaron decisiones que modificaron algunos aspectos de la tradicional recepción que tenían los asilados al ser trasladados a México. En la víspera del traslado del cabo Papandreu, que tras cuatro meses de espera había recibido el documento, la Cancillería indicó al embajador informar al asilado que no se cubrirían sus gastos por concepto de hospedaje en la capital mexicana, como tradicionalmente se había hecho con los asilados que llegaban al país, pues se consideraba que en Brasil ya no prevalecían circunstancias excepcionales: “consideramos ya no existen razones para continuar esa práctica.”^[40]

El embajador respondió que como ignoraba el cambio de circunstancias ya había informado a los cuatro asilados que se encontraban en la embajada, que en México era costumbre proporcionarles “cierta ayuda” durante el primer mes de estancia en la ciudad de México.^[41] La SRE aceptó hacerse cargo del sostenimiento durante el primer mes de Vítor Luiz Papandrendreu, que sería el primero en viajar, pero indicó al embajador aclarar oportunamente a los otros tres asilados que aún estaban esperando el salvoconducto, que en México sólo podrían ayudarlos durante la primera semana, y que, en caso de que se presentaran otros casos de asilo en el futuro, “ruégole no hacer ofrecimiento alguno.”^[42]

En septiembre de 1968, finalmente los militares emitieron el salvoconducto del coronel Jefferson Cardim, junto con el de otros dos asilados que se encontraban en la embajada. Al notificar a la Cancillería, el embajador manifestó su beneplácito por el próximo traslado de todos los asilados, pero especialmente del coronel Cardim quien, dijo, “no es un individuo fácil, principalmente por su temperamento nervioso por  no decir neurótico”, y cuya esposa e hijo mayor “son intolerables, entre otras razones, por su inmoderado afán de publicidad, sus humos de agudeza intelectual y su falta de educación […],” manifestó el diplomático.^[43]

En su reporte agregó complacido que la emisión de los salvoconductos se había realizado en términos muy corteses, y que incluso un funcionario de Itamaraty le había dicho al secretario de la embajada mexicana, Armando Cantú, que esa cortesía se debía al deseo de corresponder con la forma “tan discreta y tan correcta” en la que la embajada de México trataba esos asuntos. Efectivamente, la discreción del embajador en el caso de los asilados llegó hasta el último momento, cuando maniobró para que los traslados de la embajada al aeropuerto se realizaran con el mayor sigilo. En el caso del traslado del coronel Cardim, el embajador mismo reportó haber tomado “precauciones extraordinarias” ocultando a los familiares y al propio asilado la fecha precisa en la que abandonaría el país, para evitar que la mujer y el hijo mayor tuvieran la oportunidad de “hacer escándalo.”

Sánchez Gavito detalló a la Cancillería que su discreción en los casos de asilo se debía principalmente a dos razones: “en primer lugar por consideración con Itamaraty”, y también, por considerar que darle difusión al caso “equivaldría a publicar un anuncio ofreciendo asilo”, lo que significa que otra particularidad de su política de asilo era evitar la llegada de otros perseguidos políticos a la representación de México.

El Jornal do Comercio fue muy crítico con la actitud que tuvo en esa coyuntura la embajada mexicana durante el traslado de los asilados al aeropuerto. Atribuyó el sigilo de los traslados y la prohibición de entrada de fotógrafos y reporteros al hangar donde los asilados abordaban el avión, a una “exigencia de Itamaraty” que había sido acatada por esa representación diplomática, lo que calificaron como “un hecho inédito” en la conducción de asilados.^[44]

El endurecimiento de la política de asilo que desde su llegada a la embajada de México en Brasil ejerció Sánchez Gavito también tuvo entre sus consecuencias la negativa de esa prerrogativa a un joven estudiante llamado Walter Tech, quien, después de pasar nueve meses preso fue liberado con el recurso de un habeas corpus que también logró conseguir para él el reconocido bufete Sobral Pinto en junio de 1968.

Se vivía en Brasil, como empezaba a ocurrir en muchas otras ciudades del mundo, incluyendo la capital mexicana, un contexto de creciente movilización social liderada por las juventudes. En el caso brasileño, el sector estudiantil había ido articulando una oposición creciente al régimen, especialmente a raíz de la promulgación, en 1965, de una ley que había puesto en la ilegalidad a las entidades de coordinación del movimiento estudiantil como la Uniâo Nacional dos Estudantes (UNE) y las Uniões Estaduais dos Estudantes, que siguieron actuando en la clandestinidad (Napolitano, 2014, p. 88).

Poco a poco, varios sectores de la sociedad se habían ido sumando al movimiento de oposición a la dictadura que seguía creciendo, pero fue en marzo de 1968 cuando éste despuntó a raíz del asesinato del estudiante Edson Luis de Lima Souto, quien cayó abatido por la Policía Militar durante una manifestación de estudiantes en Río de Janeiro y cuyo sepelio, al que se calcula asistieron cerca de sesenta mil personas, terminó convirtiéndose en una batalla campal entre estudiantes y la tropa de choque de la Policía Militar de Río de Janeiro.

En junio de 1968, los enfrentamientos entre la policía y estudiantes habían alcanzado bastante fuerza. Varios estudiantes, entre ellos Walter Tech, que había sido presidente del directorio central de Estudiantes Secundarios de Brasilia, habían sido detenidos y sometidos en los centros de detención a fuertes dosis de violencia y humillaciones.

Al hacer la solicitud de asilo, el abogado del joven Tech le explicó al embajador que éste se encontraba en peligro de ser reaprehendido de un momento a otro debido a que en aquél contexto estaba siendo sumamente difícil lograr el cumplimiento del habeas corpus, por otro lado, le comentó que el estudiante había perdido la mano izquierda “experimentando con bombas” caseras, lo que las autoridades militares estaban intentando utilizar para implicarlo en una serie de atentados con bomba que se habían estado registrado desde cuatro meses atrás en la ciudad de São Paulo.

El embajador negó el asilo diplomático al estudiante, argumentando, como en el caso de Miguel Arraes, que “no podía intervenir en un procedimiento judicial en el que los tribunales estaban logrando que se respetaran las garantías individuales del acusado”. Sin embargo, en los informes que sobre el caso envió al canciller Carrillo Flores, Sánchez Gavito reveló las verdaderas causas por las cuales había decidido negar el asilo político:

 

Las condiciones generales del país me obligan, en mi concepto, a aplicar la Convención [sobre asilo diplomático] muy estrictamente. Además, me parece evidente que estoy obligado a evitar el ingreso a nuestro territorio de un dinamitero, quien, como este individuo, debe ser un enfermo mental pues el Brasil de nuestros días no es un país en el que, con la explosión de bombas caseras, pueda ponerse en peligro la estabilidad del gobierno.^[45]

 

De esta cita llaman la atención varios aspectos. En primer lugar, el embajador confirma que ha aplicado con un criterio más estricto la convención en materia de asilo. En segundo lugar, incrimina, como lo hacía el gobierno militar, al estudiante perseguido, y por último, la percepción del diplomático, en aquél contexto de gran convulsión social, es de que en Brasil había un gobierno estable.

Por el contrario, en el gobierno la inquietud de que la oposición podría efectivamente llegar a desestabilizar al régimen o a amenazar su control  sobre el sistema político era tan grande, que en diciembre de 1968 se lanzó una respuesta contundente: el Ato Institucional número 5 (AI-5); el decreto que inauguró la más agresiva oleada de represión en Brasil y que, entre otras cosas, cerró el Congreso por tiempo indefinido, regresó al Ejecutivo amplios poderes discrecionales, suspendió el habeas corpus y reinstauró el Estado de Excepción.

Tras la emisión de ese decreto el embajador ratificó que en Brasil se había abandonado el cauce constitucional y la justicia ordinaria había dejado de funcionar.^[46] En esas nuevas circunstancias,

concedió asilo diplomático a seis personas más, sin dejar atrás la política de equilibrio que había aplicado desde su llegada a la embajada con el objetivo de evitar confrontarse con el gobierno militar. Esa actitud es totalmente perceptible en la documentación relacionada con el asilo que le otorgó al joven estudiante Marcelo Augusto Abramo, quien en 1968 había pasado cincuenta y tres días en prisión, acusado de violaciones a la Ley de Seguridad Nacional por participar en una manifestación de apoyo a los obreros en huelga del sector industrial de Osasco. Había sido liberado a través de un Habeas Corpus, pero tras la suspensión de garantías individuales temía ser nuevamente aprehendido.

Abramo había recorrido las embajadas de Chile y de Uruguay solicitando asilo, pero en ninguna le fue concedido. No solo eso, en la de Uruguay, fue incluso amenazado con denunciarlo a la policía si no se retiraba del lugar. Su tercera opción fue la embajada de México, donde el embajador prometió asilarlo, pero le pidió regresar en el plazo de un mes, pues los militares estaban resentidos con la concesión de asilo que ya había hecho a los periodistas Hermano Alves y Edmundo Moniz.^[47] Por otro lado, Sánchez Gavito le explicó que además de evitar roces con el gobierno militar, tenía que ser cauteloso con respecto a lo que significaría para el gobierno mexicano asilar a un integrante del movimiento estudiantil brasileño, pues “resulta que tuvimos un problema serio con estudiantes el año pasado”. Se refería, desde luego, a la matanza de estudiantes que habían perpetrado el 2 de octubre de 1968 durante un mitin en la Plaza de las Tres Cultura, en Tlatelolco. Un mes después, Marcelo Abramo fue asilado en la embajada de México, pero para evitar suspicacias, fue documentado como artesano.

A pesar de la delicadeza con la que la embajada mexicana siguió tratando los casos de asilo diplomático en Brasil, el gobierno militar continuó el retraso en la emisión de salvoconductos y con ello, la obstrucción de una correcta aplicación del derecho de asilo. En pos de mantener los términos amistosos con los militares brasileños, el gobierno de Díaz Ordaz evitó siempre manifestar alguna inconformidad al respecto, no obstante que para los asilados esa situación se tradujera en largos y difíciles meses de espera en reclusión.

 

Consideraciones finales

 

La práctica del asilo político en América Latina no sólo ha dependido de la existencia de una regulación jurídica en la materia, sino también de la voluntad de los diferentes gobiernos para aplicarla e, incluso, de las percepciones que los representantes diplomáticos han tenido frente a determinadas coyunturas políticas, y la sensibilidad que han alcanzado ante sus diversas repercusiones.^[48] Es claro, también, que a pesar de la existencia de marcos normativos, la aplicación del asilo no ha dejado de ser conflictiva y de afectar las relaciones diplomáticas entre las naciones involucradas, lo que puede interpretarse como un signo de debilidad de esa institución jurídica.

 El caso que se acaba de exponer, muestra cómo a pesar de haber garantizado el cumplimiento de los compromisos multilaterales firmados por los gobiernos anteriores, los militares en Brasil no solo incumplieron las obligaciones del Estado brasileño en materia de asilo, al obstruir su correcta aplicación a través de la imposición de guardias militares afuera de la embajada mexicana y el retraso en la emisión de salvoconductos, sino que además, lo utilizaron como medida de presión en el contexto de una crisis diplomática que escalaba con el gobierno de un país que, en principio, se había negado a mantener con ellos una relación bilateral por la forma en la que habían arribado al poder.

Otro incumplimiento del gobierno militar en esa coyuntura fue el respeto irrestricto, que también habían garantizado, del principio de no intervención, pues en los momentos más álgidos de la crisis diplomática que atravesó la relación bilateral con México, la soberanía de este país fue violada con la intervención de los teléfonos de la embajada mexicana que el gobierno militar realizó para vigilar a los asilados.

Por otra parte, la actitud condescendiente frente al incumplimiento de las obligaciones establecidas en las convenciones interamericanas en materia de asilo, como frente a la propia intervención telefónica de la embajada, con el fin de evitar una confrontación con el gobierno militar, y el discreto endurecimiento, que aquí se documenta, de la política de asilo que se aplicó en la embajada de México en Brasil durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, puede considerarse como una muestra de la subjetividad que puede imperar en la aplicación de las políticas de asilo en función de las afinidades o desencuentros existentes entre los gobiernos de las  naciones involucradas. En el caso de Díaz Ordaz, es claro que se priorizó la estabilidad y los buenos términos de la relación bilateral con el gobierno militar de Brasil en detrimento del derecho a la protección de los perseguidos políticos, lo que puede interpretarse como una aplicación del asilo político alejada de la tradición que en la materia fue defendida y reconocida como parte de los principios esenciales que dieron forma y prestigio a la política exterior de México a lo largo de todo el siglo XX.

 

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Fuentes documentales

 

Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

 

Prensa

 

O Globo (Río de Janeiro)

O Jornal (Río de Janeiro)

Jornal do Comercio (Rio de Janeiro)

Tribuna da Imprensa (Rio de Janeiro)

Novedades (Ciudad de México)

 

 

Recepción: 31/05/2021

Evaluado: 15/07/2021

Versión Final: 15/09/2021