La cristalización de diásporas y la capitalización de redes posexiliares en el Cono Sur

 

Luis Roniger(*)

 

 

Resumen

 

Este artículo analiza políticas posexiliares de conexión con las diásporas de connacionales residentes fuera del territorio nacional. Aunque habían modelado su imagen típicamente como países de inmigración, los países del Cono Sur desterraron sistemáticamente a sus propios ciudadanos en las olas represivas de la segunda mitad del siglo XX. Durante las transiciones democráticas, a ritmos diferentes y con resistencia variable, se adoptaron políticas de reintegración. El retorno fue sin embargo parcial y con la persistencia de ciudadanos fuera del territorio nacional, surgieron iniciativas de capitalización y reforzamiento de las redes con los connacionales residentes en las diásporas. Este trabajo sugiere que el exilio prolongado desarticuló la perspectiva que veía a la nación como convergente con la residencia en el territorio nacional, mientras favoreció el surgimiento de nociones de trabajo en red con los compatriotas residentes en el extranjero, particularmente con los académicos, profesionales y empresarios, así como llevaron a contemplar el posible derecho al voto de los nacionales residentes en el exterior.

 

Palabras clave: Exilio; Retorno; Posexilio; Diásporas; Capitalización de redes connacionales.

 

 

Diaspora Formation and the Capitalization of Postexilic Diaspora Networks in the Southern Cone

 

Abstract

This article analyzes post-exilic policies of connection with the national diasporas adopted in the region, including the 'diasporas of knowledge', i.e. the networks of scientists, academics, professionals and businessmen living outside the national territory. Although the countries of the Southern Cone used and abused exile as a mechanism of institutionalized exclusion, they had modeled their image typically as countries of immigration. Having thousands of their own citizens banished and dispersed in many host countries - because of the repressive policies of the dictatorial governments of the second half of the 20th century - created new challenges for the states of the region. During the democratic transitions, at different rates and with varying resistance, partial policies had been adopted to facilitate reintegration. However, with the persisting residence of nationals abroad, the question arose whether states and civil societies would find ways to reaffirm their connection with those residing in the diasporas. This work suggests that the prolonged and massive exile of citizens in the Southern Cone disarticulated the old vision of the nation as converging with the national territory, while generating notions of networking with compatriots residing abroad, and particularly with academics, professionals and entrepreneurs, as well as contemplating granting the vote to nationals abroad.

Keywords: Exile; Return, Diasporas; Transnational networks; Policies of reconnection.

 

La cristalización de diásporas y la capitalización de redes posexiliares en el Cono Sur

 

Este artículo sugiere que el destierro masivo generado por las políticas represivas de las dictaduras del Cono Sur en la segunda mitad del siglo XX produjo cambios profundos en la matriz posexiliar de las sociedades de la región. El destierro masivo desarticuló parcialmente la visión de la nación como convergente con la residencia dentro del territorio nacional; generó la posibilidad de transformación, diversificación y reforzamiento de contacto en red con compatriotas residentes en la diáspora; y, en algunos casos, creó condiciones para el reconocimiento del derecho al voto de los nacionales residentes fuera del país.

Tradicionalmente, los países del Cono Sur habían modelado su imagen típicamente como países de inmigración. Tener a miles de sus propios ciudadanos desterrados y dispersos en países anfitriones generó nuevos retos para los Estados de la región. Se ha estimado que, al finalizar la dictadura uruguaya en 1985, el número de uruguayos en el exterior había superado la cifra de 350.000, más del 10 % de la población del país (Pelegrino, 1996). Un sitio de emigración a largo plazo fue Argentina, donde residían más 117.000, seguido de España y Brasil con más de 24.000 cada uno (AAVV, 2011, pp. 56-61). Para Chile, el número de exiliad@s y expulsad@s durante la dictadura pinochetista sigue siendo objeto de debate: mientras el ACNUR estimó la cifra en 30.000, el Comité Pro-Retorno la fijó entre 100.000 y 200.000. Algunas estimaciones, extraídas de fuentes oficiales durante las primeras etapas de la transición, se acercan a esa estimación, con un número aproximadamente equivalente de migrantes económicos (Roniger, Senkman, Sosnowski y Sznajder, 2021, pp. 78-80). La Vicaría de la Solidaridad sugirió que unos 408.000 individuos abandonaron Chile entre 1973 y 1984, la mitad de ellos entre 1973 y 1976 (Norambuena Carrasco, 2010, p. 184 n.5). En la me­moria colectiva de muchos, se ha fijado asimismo el número de un millón, que fue la cifra que barajaron muchos exiliad@s en su lucha por lograr la censura del régimen de Pinochet. Por su parte, la Argentina perdió 264.753 ciudadanos entre 1975 y 1980, lo que constituyó cerca del 1 % de su población (Solimano, 2003, p. 32, cuadro 2, cf. Franco, 2004, quien ofrece una estimación mucho mayor). En el caso de Paraguay, la estimación ha sido de más de 777.000 ciudadanos, de los cuales más de 550.000 se radicaron en Argentina, más de 135.000 en España y unos 40.000 en Brasil (Odone et al., 2011).

El gran número de exiliad@s, expatriad@s y migrantes de Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina planteó desafíos tanto en el seno de la sociedad civil como de las fuerzas políticas sobre el posible retorno y ‘desexilio’ y, en particular, sobre las políticas de Estado que se adoptarían y los derechos a reconocer o denegar a quienes retornaran; por ejemplo, si se reconocería la ciudadanía a los cónyuges y l@s hij@s de emigrantes y exiliad@s nacid@s en el exterior.

Durante las transiciones democráticas, a ritmos diferentes y con resistencia variable, se adoptaron políticas parciales para facilitar el retorno y la reintegración. Una vez que pasaron los años, la persistente residencia de nacionales fuera del territorio nacional impuso la pregunta de cómo los Estados y las sociedades civiles encontrarían maneras de reafirmar su conexión con las diásporas y capitalizar la presencia de compatriotas en distintos lugares del mundo, puesto que no todos quienes habían ido al exilio habrían de retornar efectivamente, al tiempo que por múltiples factores – entre ellos crisis económicas o planes de estudio – se les sumarían nuevas olas de connacionales en el exterior.

Contrastando con el exilio y las políticas de retorno, cuyos campos de estudio han registrado avances notables y, en el caso de los estudios de exilio, han logrado cierto ímpetu y madurez en las últimas décadas, la temática de estudios de posexilio y conexión transnacional posexiliar es aún incipiente. Como una contribución en ese sentido, este artículo analiza en forma preliminar algunas de las políticas de conexión con las diásporas de connacionales adoptadas en la región, indagando si acaso las experiencias de exilio y la articulación del retorno abrieron espacios y contribuyeron en la elaboración de políticas de reconexión tras el fin de las dictaduras.

 

 

 

De los estudios de exilio a la temática de posexilio y diásporas

 

A los estudios de exilio, que han proliferado y madurado en las dos últimas décadas (véase entre otros, Rollemberg, 1999; Yankelevich, 2004; Dutrénit-Bielous, 2006; Viz Quadrat, 2011; Roniger, 2014; Jensen y Lastra, 2015; Ayala y Mazzei, 2015; Jensen, 2016), se han sumado ya algunos estudios comparados y sistemáticos sobre las políticas de recepción de las posdictaduras respecto de quienes habían conocido el exilio. Entre ellos, destacan el libro de María Soledad Lastra (2016) comparando las políticas de recepción de la Argentina y el Uruguay en la década de 1980 y el libro de Roniger, Senkman, Sosnowski y Sznajder (2021 [2018]) sobre el exilio, las diásporas y el proceso incompleto de retorno en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Como regla general, la salida del territorio nacional y el destierro fueron al principio pensados en clave de fugacidad y, a su vez, se los percibía analíticamente a través de tales premisas. Sin embargo, mientras los desterrados tendieron a pensar que su exilio sería relativamente efímero, la realidad fue otra: los gobiernos autoritarios duraron en Paraguay, Uruguay y Chile mucho más de lo anticipado, e incluso en la Argentina la dictadura militar se mantuvo siete largos años.

Desde el principio, la vida en el exilio estuvo marcada por la tensión entre la necesidad de adecuarse a la sociedad de acogida y la voluntad de mantener un compromiso político y no renegar del apego al país de origen. Estar exiliad@ implicó enfrentar el desafío de la cotidianeidad, satisfaciendo las necesidades básicas y con el pasaje del tiempo, tal vez lograr una integración plena en las sociedades de acogida. Universalmente, cierto nivel de adaptación fue imperioso, incluso si la intención básica de much@s fue permanecer activ@s políticamente como exiliad@s y regresar a la patria cuando ello fuera posible. Se produjo así una tensión básica entre llevar adelante la vida de exiliad@ polític@ – tal como era necesario para promover el cambio de poder que posibilitaría el retorno – y la integración en el nuevo entorno del país receptor, que en muchos casos ejercía una potente atracción, por ejemplo, al residir en países de Europa occidental.

Desde una perspectiva macro sociológica y política, el exilio y la expatriación pusieron en tela de juicio la concepción territorialmente demarcada de los Estados-nación en América del Sur, creando conciencia sobre las tensiones al centro de aquel modelo. Ello reflejaba una dinámica que sociólogos e historiadores han registrado en numerosos contextos, en el sentido de que, bajo condiciones cotidianas, los seres humanos tendemos a aceptar sin cuestionamiento las normas, preceptos y comportamientos rutinarios (Eisenstadt, 1995; Parada, 2015; Weinstein y Zakai, 2017). Pero dicha certeza existencial se ve empero desafiada una vez que las personas son desplazadas de su sociedad y el extrañamiento afecta sus entornos sociales, políticos y culturales previos.

Mientras estuvieron en el extranjero, hubo desplazad@s que se mantuvieron activ@s políticamente, mientras otr@s dejaron de lado la política. El compromiso dependió en parte de los contactos con organizaciones civiles y políticas y de la capacidad de los distintos grupos de exiliad@s en convertirse en vectores y voceros de una comunidad diaspórica. Al encontrar resonancia en las redes de solidaridad y defensa de derechos humanos, hubo grupos que ganaron resonancia en la sociedad anfitriona, logrando que se condenaran las políticas represivas de las dictaduras, mientras para otros ello resultó más difícil. Esto, a su vez, contribuyó a limitar el apalancamiento de los gobiernos locales y los obligó a ajustar algunas políticas. Al menos, las dictaduras tuvieron que reconocer en forma creciente que ya no podían silenciar la voz de las fuerzas de la oposición mediante la mera expulsión más allá de las fronteras nacionales o regionales. Las dictaduras se vieron forzadas a reconocer que la política nacional, de hecho, se proyectaba allende el territorio nacional, a través de las diversas diásporas, en las cuales l@s exiliad@s eran focos potenciales de movilización, no sólo por parte de los afectados directos, sino asimismo en mancomunado esfuerzo con un espectro de fuerzas locales, nacionales y transnacionales (Sznajder y Roniger, 2013).

A fines del siglo XX, ello convirtió al destierro en un mecanismo de exclusión y cierre de la arena política menos efectivo que en ciclos previos de colapso democrático y dictadura. Atentos a la creciente hegemonía del discurso de los derechos humanos, l@s exiliad@s se relacionaron con aquel discurso. Al principio, lo hicieron con vacilación, ya que lo consideraron una idea burguesa, pero luego lo abrazaron de manera más intrínseca y efectiva, en términos sustanciales de credibilidad (Guest, 1990; Roniger, 1997; Markarian, 2005; Jensen, 2010). En consecuencia, su activismo político propulsó demandas para una pronta relajación de las restricciones y un retorno a la democracia.

Los reclamos éticos y en torno a la normativa jurídica no pudieron ser ignorados ni en el país de origen ni en el ámbito internacional. Sin embargo, hubo gran variación entre las comunidades en el exilio, variación que se puede analizar a través de dos elementos centrales. Primero, el grado de politización, compromiso político y activismo de l@s exiliad@s. En segundo lugar, la capacidad organizativa y discursiva de distintos núcleos exiliares para lograr convertirse en los vectores y voceros principales de las comunidades de connacionales reubicados; es decir, su diversa capacidad para representarlos como exiliad@s frente a las organizaciones y redes internacionales de solidaridad y apoyo, principalmente en países bajo regímenes democráticos (vg. Green, 2003; Franco, 2008; Roniger, 2017). Los sudamericanos radicados en Venezuela contribuyeron a la formación y sostenimiento de una Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1979-1982, a partir de la cooperación solidaria de religiosos y exiliad@s chilenos y argentinos en promover las demandas y denuncias de las organizaciones nacionales de familiares en el ámbito regional e internacional (Ayala, 2020). De manera similar, juristas uruguayos radicados en Francia crearon junto con juristas franceses el SIJAU, la Secretaría Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay, en 1976, con el propósito de denunciar las violaciones de derechos humanos y garantías ciudadanas en el país natal, convocar la censura de la comunidad internacional a la dictadura cívico-militar uruguaya y lograr la liberación de los presos políticos. Funcionando hasta marzo de 1985, fecha de liberación de los últimos presos políticos en Uruguay y aprovechando la estructura de movilización lograda, se redefinieron entonces en el marco de SIJADEP, la Secretaría Internacional de Juristas por la Amnistía y la Democracia en Paraguay, que funcionó hasta el fin de la dictadura de Stroessner en 1989 (Schelotto Altez, 2020).

Aun en países bajo dictadura, tales redes de apoyo se gestaron de manera temprana para asistir a quienes se veían desplazados de sus tierras natales; tal fue el caso del Comitê para a defesa dos direitos humanos no Cone Sul (CLAMOR) creado en el Brasil en 1978 por la periodista británica Jan Rocha y otros activistas, con el apoyo del arzobispo de São Paulo Dom Paulo Evaristo Arns, en apoyo solidario a l@s exiliad@s de los otros países del Cono Sur (Rocha, 2018; sobre Chile y en especial la Vicaría de la Solidaridad, véase entre otros Lowden, 1996 y Bastias Saavedra, 2013).

Durante las transiciones, se gestaron encuentros entre organizaciones civiles de distintos países del Cono Sur para discutir los problemas del ‘desexilio’ que los países de la región deberían interpelar una vez que se restaurara la democracia. Por ejemplo, a partir de 1984 se organizaron seminarios, encuentros y jornadas nacionales ‘sobre problemas de repatriación y exilio’ y sobre la ‘reinserción de desplazados’ en los que tomaron parte, entre otros, miembros del SIJAU, el Servicio Ecuménico de Reintegración (SER-Uruguay), la Oficina de Solidaridad con el Exilio Argentino (OSEA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS-Argentina), la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), y la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC-Chile). Se formaron así espacios de encuentro, discusión de problemas, transferencia de conocimientos e intercambio de expectativas. Aunque tras las aperturas políticas y la democratización de los años ochenta y noventa, las políticas de Estado habrían de diferir en los distintos países del Cono Sur, como resultado de los contextos políticos y las coyunturas divergentes de cada sociedad, algunas de las dinámicas de acción y reflexión permitieron estrechar lazos entre las organizaciones sociales y estatales a escala regional (Lastra, 2016, pp. 143-166) y, aunque no todas las iniciativas fueron exitosas en el corto plazo, algunas resultarían efectivas a largo plazo (Roniger, Senkman, Sosnowski y Sznajder, 2018, pp. 99-138, 187-248).

Por otra parte, aunque miles de desterrados regresaron, muchos otros optaron por permanecer en los países de residencia y convertirse en ‘extranjeros’, mientras nuevas crisis económicas y políticas sumaron nuevas olas de migración procedentes del país de origen, incluyendo decenas de miles desplazados y en tránsito dentro de las Américas (ver Cuadro 1).

 

           

Cuadro 1. Migración intrarregional en América Latina, 2000–2017

 

País de origen	Número de migrantes 2000	Número de migrantes 2010	Número de migrantes 2017	Cambio porcentual
Argentina	222.190	265.629	296.355	33,38%
Bolivia	268.872	442.673	537.008	99,73%
Brasil	167.090	185.175	211.280	26,45%
Chile	270.101	248.859	297.911	10,30%
Colombia	748.187	1.231.611	1.346.034	79,91%
Costa Rica	22.582	25.797	29.648	31,29%
Cuba	43.822	47.487	59.401	35,55%
Ecuador	63.168	83.929	93.799	48,49%
El Salvador	40.326	53.147	62.131	54,07%
Guatemala	45.073	52.726	77.112	71,08%
Honduras	35.018	47.181	56.582	61,58%
México	46.799	52.479	61.911	32,29%
Nicaragua	258.938	326.987	342.195	32,15%
Panamá	19.954	20.043	21.622	8,36%
Paraguay	351.091	634.676	761.755	116,97%
Perú	201.542	420.251	506.042	151,09%
Rep. Dominicana	25.018	26.311	29.436	17,66%
Uruguay	155.202	153.761	184.684	19,00%
Venezuela	76.493	87.043	107.294	40,27%
Total	3.061.466	4.405.765	5.082.200	66,01%

 

Fuente: UN Migration Stock 2017 http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/ data/estimates2/estimates17.shtml

 

Las diásporas formadas en el último ciclo de gobierno represivo cristalizaron así con una permanencia y diversidad no anticipadas. Sugiero que el proceso masivo de exilio y expatriación produjo una profunda transformación en el horizonte de “lo nacional” bajo las posdictaduras. La presencia de amplios contingentes de ciudadan@s residentes más allá de las fronteras nacionales amplió el sentido de lo nacional, reforzando dimensiones transnacionales. De hecho, el fenómeno del exilio, la expatriación y la formación de comunidades nacionales en el exterior, generó progresivamente un reconocimiento acerca de la importancia de las diásporas en general y las diásporas de conocimiento en particular, vale decir las diásporas de científicos, académicos, profesionales y emprendedores. Ello habría de generar apoyos a iniciativas conjuntas de retornad@s, connacionales radicad@s en el territorio nacional y otr@s en el extranjero, promovidas por los países de origen. En algunos casos como el de Argentina y Paraguay, ello llevó asimismo a reconocer derechos a los connacionales en la diáspora, por ejemplo, el derecho a votar en elecciones nacionales.

 

Las diásporas y la cambiante relación del binomio nacional-transnacional

 

Una vez que hubo posibilidad de retornar, algun@s exiliad@s y expatriad@s optaron por permanecer fieles a su idea original y regresaron, pero muchos otros no lo hicieron. Además de los individuos retornados, se han producido muchos casos de regreso retrasado: personas que esperaron hasta jubilarse en el país de exilio, o hasta que se abrieran oportunidades de empleo o de negocios en el país de origen, o hasta que sus hij@s terminaran los estudios, para considerar el pasaje de vuelta. También hubo casos de permanencia en el extranjero por consideraciones de solvencia financiera. Los viajes recurrentes de ida y vuelta también se volvieron más comunes, al menos hasta el inicio de la pandemia del Covid-19.

Tomando en consideración que una repatriación completa de exiliad@s y emigrad@s no fue ya factible, con la democratización los países del Cono Sur comenzaron a considerar cómo diseñar políticas y agencias de reconexión con las diásporas de connacionales y particularmente, la diáspora del conocimiento. En efecto, cristalizó una mayor conciencia sobre el potencial de la diáspora para contribuir y enriquecer las perspectivas de inserciones globales, innovación y desarrollo en el país de origen aun desde el exterior. Además, Argentina y Paraguay adoptaron políticas de reconocimiento de los derechos políticos a los nacionales que residen en el exterior –específicamente la posibilidad de votar en las elecciones generales–, un reflejo de las formas cambiantes de adjudicación de la ciudadanía en la región.

El proceso de democratización y el fortalecimiento de las sociedades civiles junto con la modernización social se unieron para facilitar una creciente base de comunicaciones internacionales y nuevos vínculos entre comunidades dispersas de connacionales. Un resultado casi natural de estos desarrollos ha sido la cristalización de iniciativas para desarrollar redes entre ONGs en los países de origen –a veces con participación y/o apoyo del gobierno– y comunidades en el exterior o sectores de éstas. La vieja visión según la cual existía una contradicción básica entre la particularidad del Estado-nación y el carácter transnacional de las redes se ha ido dejando de lado. Es decir, las conexiones transnacionales y las diásporas permanentes, incluidas las diásporas del conocimiento, cambiaron cada vez más el significado de la experiencia nacional y transnacional, al tiempo que conectaron a los países con la esfera global. Las migraciones y las diásporas se convirtieron en parte de una realidad emergente que no se ignora en países que hasta hace poco estaban dominados por el nacionalismo y donde a menudo la percepción social era que la pertenencia nacional cesaba una vez que los ciudadanos eran expulsados ​​u optaban por trasladarse fuera del territorio nacional. El impacto masivo del exilio y la expatriación durante las dictaduras, y el proceso de ajuste de cuentas, cambió esa percepción de manera radical.

Un aspecto crucial en esa metamorfosis fue el cambio de una visión de nación como colindante con el territorio nacional a una noción de trabajo en red con los connacionales que residen en el extranjero y particularmente con los académicos, profesionales y empresarios. En los países del Cono Sur, las políticas diseñadas para apoyar dicha conexión o vinculación estuvieron destinadas a vincular a científicos, investigadores y profesionales. Las redes se volvieron cada vez más prominentes, ya ayudadas también por la revolución digital. Aun así, el proceso de ajuste de cuentas con la nueva realidad global es incipiente y en los cuatro países aún se están desarrollando evaluaciones estratégicas y diversas políticas concretas para abordar la nueva dinámica. Por supuesto, la pandemia ha decelerado ese proceso, pero solo momentáneamente.

En el caso de Argentina, se observó un esfuerzo por abrirse al mundo, conectarse con la diáspora, especialmente con aquellos connacionales capacitados en áreas necesarias para el desarrollo a largo plazo del país y organizar así programas de formación de postgrado en el extranjero. Para los científicos e investigadores que no estaban dispuestos a regresar, RAICES creó el "Encuentro de Cooperación Diáspora Argentina" (ECODAR) como una red de intercambio de ideas y conocimiento. En sus años iniciales, ECODAR sirvió como una red-paraguas para tres proyectos: el Centro de estudiantes y graduados argentinos en Estados Unidos (CEGA); la Asociación Argentino-americana para el Avance de la Ciencia, la Tecnología, y la Cultura (ANACITEC); y la Asociación de Profesionales Argentinos en el Reino Unido (APARU) (Oszlak, 2003, pp. 67-8). El ECODAR estuvo orientado a permitir que el país capitalizara la existencia de compatriotas en el extranjero, incluso cuando éstos no se propusieran o no pudieran contemplar el regreso. Las políticas emprendidas por el gobierno argentino después de la crisis tuvieron resultados mixtos. En encuestas realizadas en España, por ejemplo, el 70% de l@s argentin@s que vivían allí a principios de la década del 2000 eran de la opinión que no regresarían, incluso si se les asegurara empleo. Si la situación interna mejorara, incluso entonces solo el 32% de los encuestados afirmaba que regresaría (Novick, 2007, pp. 318-9). La circulación laboral calificada siempre ha sido una consecuencia importante de cualquier éxodo masivo. En 2011 se estimaba que entre 6.000 y 7.000 científicos altamente calificados estaban trabajando fuera del país, mientras que el programa RAICES solo lograba un impacto moderado. Las cifras oficiales indicaban que 938 argentin@s regresaron a través de RAICES a la Argentina entre 2003 y 2010 (www.raices.mincyt.gov.ar/documentos/Programas_Raices2011.pdf; Barañao, 2010, p. 14).

Paralelamente, el número de estudiantes que buscaron matricularse o cursar estudios superiores en el exterior aumentó y, al mismo tiempo, su disposición a regresar a Argentina una vez finalizados los estudios había disminuido, al menos hasta la reciente recesión económica en Europa Occidental. De 2004 a 2009, el número de estudiantes universitarios argentinos que estudiaron en el extranjero creció de 8,500 a 9,600. En los Estados Unidos, el 61% de l@s argentin@s que habían completado un doctorado querían permanecer en el extranjero. Por el contrario, a comienzos del siglo XXI, solo el 20% de los estudiantes brasileños en condiciones similares optaban por quedarse en los Estados Unidos (Oszlak, 2003, p. 67).

Tradicionalmente, la migración al exterior de científicos capacitados, estudiantes de doctorado e investigadores se consideraba como una "fuga de cerebros", una pérdida de recursos humanos invaluables y una grave desventaja para la capacidad competitiva de los países del Sur. Más recientemente, la movilidad de profesionales altamente calificados en el mercado laboral global llegó a ser considerada una fuente potencial de lucro intelectual o ‘beneficio de cerebros’ (Lema, 2012). De hecho, los miembros de la diáspora del conocimiento han pasado a ser considerados en forma potencial como actores avanzados capaces de forjar puentes y establecer lazos de cooperación con los países de origen.

La diáspora de conocimiento no solamente tiene múltiples experiencias culturales y conexiones internacionales, sino que, como médicos, investigadores, técnicos e ingenieros, su mensaje se puede entender y proyectar fácilmente a través de las fronteras. Pueden transferir directamente lo que aprenden y desarrollan en el extranjero para abordar problemas de salud, educación, infraestructura y desarrollo en el Sur Global. Del mismo modo, con el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y comunicación digital, las oportunidades para el intercambio de personas y conocimientos, y el trabajo con colegas en sus disciplinas, independientemente de la ubicación territorial, van en aumento. Finalmente, cuando se toman en su conjunto, el pluralismo cultural y las interacciones mediadas por la digitalización constituyen pilares sobre los cuales se está construyendo el concepto de codesarrollo en ciencia y tecnología.

En Chile, Jorge Arrate, un retornado lanzó la iniciativa de crear una red mundial de científicos y profesionales que pudieran cooperar en el desarrollo del país. En la década de 1990, como Ministro de Educación, Arrate intentó establecer la Red Chile en cooperación con la Universidad de Chile. Dirigida por Carlos Vignolo, entonces director del Departamento de Ingeniería Industrial de aquella universidad, la idea, concebida inicialmente por los expatriados, fue de conectar a los profesionales y científicos chilenos dispersos por todo el mundo. Aun así, con la falta de presupuestos sustanciales y el cambio de prioridades de la siguiente administración, la iniciativa no prosperó en la década de 1990, pero fue reflotada cuando Ricardo Lagos, otro retornado, asumió la presidencia de Chile en 2000 (Aguirre, 2012). En 2001, se estableció la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior o DICOEX. En 2003-2004 DICOEX levantó un censo de chilenos en el exterior junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE), e identificó a más de 857,000 ciudadanos chilenos radicados fuera del país. Más de la mitad residía en Argentina, un objetivo tradicional para los migrantes chilenos, pero más de 113.000 estaban en los Estados Unidos y más de 42.000 en Suecia (Chilenos, 2005, p. 11).

Otro proyecto, surgido del seno de la sociedad civil, que se despegó en la década de 2000 fue Chile Global. Concebida en el marco de Fundación Chile, Molly Pollack, una economista y experta en movilidad laboral lanzó ese proyecto orientado a establecer una red de profesionales, investigadores, académicos y empresarios chilenos en el exterior, orientado a cooperar en áreas críticas para Chile como la producción de alimentos, minería, educación, sostenibilidad y emprendimiento. Con un doctorado de la Universidad de Georgetown, Pollack lanzó la idea, inspirada en cierto modo en el ejemplo de la diáspora india, de identificar expatriados académicos y profesionales exitosos en el extranjero y vincularlos a proyectos en Chile. En busca de ideas innovadoras, Chile Global también reunió a grupos de empresarios chilenos en Norteamérica y otras regiones, que estuvieran dispuestos a ofrecer su experiencia de forma voluntaria. Para ello, organizó seminarios en Chile y en el exterior, así como pasantías para jóvenes profesionales chilenos para mejorar su capacitación con la ayuda de los expertos chilenos radicados en la diáspora. Otras iniciativas fueron el establecimiento de una red mundial de estudiantes chilenos que apoyara la llegada de nuevos estudiantes en distintos países, así como el involucramiento de chilenos en el mundo como expertos en evaluaciones de programas y proyectos empresariales en Chile. La organización está vinculada a las redes de científicos en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos y Alemania, algunos de las cuales han hecho contribuciones sustanciales en áreas como las reformas en el sistema hematológico, la educación y la astrofísica.

Chile Todos fue otra iniciativa que surgió de la sociedad civil. Establecida en 2004 por Gabriel Valdés, Fernando Castillo Velasco, Claudio Di Girólamo y Marcel Young, su objetivo fue fortalecer las relaciones entre prominentes chilen@s en el exterior, activ@s en la cultura y las ciencias, con sus colegas en el país de origen. Chile Todos ha desarrollado una amplia gama de actividades y sigue siendo una organización activa que trae al país profesionales, artistas y científicos que residen en el exterior para conducir seminarios y participar en otras actividades.

Para beneficiarse del potencial exponencial de tales conexiones, el Estado chileno estableció un Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) y un Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad como agencias asesoras de la Presidencia. En consecuencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores participó con la iniciativa de Chile Global y el proyecto se lanzó en la zona de San Francisco en 2005, donde muchos trabajaban en universidades y empresas privadas. También recibieron apoyo del Instituto del Banco Mundial y CONICYT, ya que parte del trabajo consistió en realizar evaluaciones serias desde el exterior para proyectos científicos que se desarrollaban en Chile, algo que también Uruguay y Argentina desarrollaron. Chile Global también se conectó con una nueva agencia público-privada, Imagen de Chile, creada por Juan Gabriel Valdez, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, en conjunto con el Ministerio de Finanzas. La agencia fue concebida como un mecanismo para transferir el conocimiento y el capital humano a la vez que podría promover la imagen del país, de acuerdo con la teoría de marca país (Bitrán, 2010).

Paraguay y Uruguay han tenido diásporas proporcionalmente más grandes que Chile y Argentina. La duración de la dictadura de Stroessner, las mejores oportunidades económicas en el extranjero y las altas tasas de desempleo en el país de origen han creado una inmensa diáspora paraguaya, especialmente en Argentina. La falta de incentivos y facilidades para regresar, así como las escasas oportunidades económicas y de empleo, han transformado a la diáspora paraguaya en un fenómeno de proyección permanente en el exterior. Paraguay, el país con la mayor proporción de migrantes en el Cono Sur, aún no ha montado una campaña cuantitativa o de altos recursos para repatriar a sus migrantes. Tampoco se han implementado en Paraguay programas como aquellos desarrollados en Chile, Uruguay o Argentina, ya sea para identificar a los connacionales en el exterior (Chile), para reintegrar exonerados (Uruguay), o para repatriar científicos, profesionales y expertos en tecnología (Argentina). Pero aun en Chile y Argentina, el tema del exilio y el retorno no adquirió un lugar central en la agenda pública de las transiciones –a diferencia del Uruguay– y cuando fue articulado en políticas de Estado, se lo hizo en forma parcial, de tiempo limitado y con recursos por lo general insuficientes (Roniger, Senkman, Sosnowski y Sznajder, 2021, pp. 129-176).

Por otro lado, los países conosureños han debatido y, en el caso de Argentina y Paraguay, han reconocido los derechos de los connacionales en la diáspora a votar en las elecciones nacionales, aunque permanecieran en el extranjero. Aunque este desarrollo no es privativo del Cono Sur y se puede encontrar en casos tan dispares como México, Italia o el Líbano, en ambos países ha habido un vínculo directo entre la migración masiva y el exilio y la toma de conciencia acerca de la importancia de reconectarse y establecer contactos entre l@s ciudadan@s residentes en el país y sus connacionales de todo el mundo.

Particularmente de interés en este sentido es el caso de Paraguay. El derecho al voto para la gran cantidad de paraguayos en el exterior fue uno de los temas debatidos por la Asamblea Constituyente en 1991-1992. Como tendencia general, en los cuatro países, los partidos de centro-izquierda y de izquierda apoyaron el voto de los connacionales en el exterior, mientras que los partidos de centroderecha y derecha se opusieron. Las posiciones divergentes estaban ancladas en el pasado dictatorial reciente cuando el nacionalismo autoritario condujo a un éxodo masivo y al exilio de activistas de izquierda, y sigue dando forma a la voluntad o rechazo de los diferentes partidos políticos de apoyar la expansión del voto en el extranjero como raíz de un cálculo de futuras ganancias o pérdidas.

En el caso paraguayo, el Partido Colorado (oficialmente, la ANR), una base de poder de la larga dictadura del general Stroessner y la fuerza política dominante de la transición, impuso el principio de residencia dentro del territorio nacional como requisito para votar. Interesado en salvaguardar su control del poder, el Partido Colorado operó bajo el supuesto de que la mayoría de aquellos que estaban en el exterior habían huido durante el gobierno de Stroessner, y que, por tanto, el voto de la diáspora favorecería a la oposición y podría inclinarse en su contra. Temían que el partido opositor, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) pudiera capitalizar esos votos, pero por otro lado la apertura posibilitaba reconectarse. Esto condujo a una gran controversia dentro de los partidos políticos y en la sociedad civil, generando puntos de vista conflictivos e incluso divisiones dentro de las fuerzas políticas. Los militantes del PLRA en Paraguay y en la diáspora siguieron exigiendo un referéndum sobre el tema, y aún los militantes del Partido Colorado en la Argentina criticaron la posición intransigente de su partido. En una carta al partido, la dirigencia de la ANR en Argentina afirmaba que “solo los espíritus autoritarios, contrariamente al auténtico pensamiento republicano de democracia y soberanía popular, solo aquellos que buscan un acceso restringido de jóvenes, mujeres y hombres en el campo a las filas del liderazgo nacional y del partido, son los que se niegan a considerar a los paraguayos que viven en el exterior como sus pares” (Carta, 1992). Once asociaciones de paraguayos en el exterior exigieron que el gobierno abordara sus problemas y promoviera una mayor inclusión de la diáspora.

Por supuesto, los liberales lucharon por una enmienda constitucional. En 2010, el bloque liberal encaminó en el Parlamento paraguayo la modificación propuesta del Artículo 120 de la constitución, que excluía a los paraguayos en la diáspora del ejercicio de derechos electorales. En 2011, por primera vez después de muchos años de hegemonía del Partido Colorado, el PLRA con Federico Franco como vicepresidente compartió la rama ejecutiva encabezada por el presidente Fernando Lugo. Además, el PLRA obtuvo entonces peso significativo en la legislatura, solo ligeramente por detrás de los colorados en número. Con los años, el PLRA había aumentado el número de afiliados en Buenos Aires y los numerosos simpatizantes se mostraron optimistas sobre las posibilidades de ganar la presidencia en las elecciones generales programadas para 2013. El Partido Colorado también había expandido su base de afiliados y su influencia entre asociaciones paraguayas en Argentina y había establecido relaciones más fuertes con políticos argentinos (Halpern, 2003).

L@s exiliad@s y las asociaciones de emigrantes, principalmente en Buenos Aires, tomaron entonces la iniciativa para asegurar la enmienda al Artículo 120 en ambas cámaras legislativas en 2010-11. De hecho, en septiembre de 2011, representantes de la diáspora paraguaya se reunieron en Buenos Aires para lanzar oficialmente la Coordinadora por el SI, un foro a favor de obtener el voto para los paraguayos residentes en el exterior. La participación en el evento, organizado en el icónico Club Deportivo Paraguayo, convocó un amplio espectro de organizaciones sociales y políticas; entre ellos la Asociación Paraguaya de Trabajadores en Argentina (APTRA), el Congreso Permanente de la Migración Paraguaya en Argentina (Copempara), la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), la Reunión Pastoral Paraguaya en Argentina (EPPA), la Federación de Paraguayos en Argentina (FEPARA), el Frente Guasu, el ANR, el PLRA, el Partido Comunista Paraguayo (PCP), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y el Partido Tekojoja. El papel crucial de la diáspora en este proceso fue el resultado de años de activismo político, respaldado por los mecanismos legales de integración democrática y dinámica migratoria transnacional reconocidos en el Mercosur. Hasta que se aprobó la enmienda del Artículo 120 en octubre de 2011, Paraguay había negado los derechos electorales a los nacionales que residían en la diáspora, mientras que al mismo tiempo reconocía los derechos de los trabajadores migratorios de los países del Mercosur a participar en la vida pública en sus Estados de origen, de acuerdo con el Artículo 41 de la Convención Internacional.

En octubre de 2011, un referéndum en Paraguay modificó la Constitución de 1992 y aprobó la enmienda que reconocía el voto de los paraguayos en el extranjero. Cabe señalar que el porcentaje de participación en ese referéndum fue bajo, con casi cuatro quintas partes de los votantes a favor del cambio. El voto por el sí fue decidido por los residentes paraguayos en el exterior, principalmente en la diáspora argentina. La baja participación, de solo el 12.5% ​​de los votantes elegibles, fue sin embargo profundamente decepcionante. El ausentismo se atribuyó a factores como la escasa publicidad, un clima de desmovilización debido a la amenaza de un boicot diseminado por los operadores del transporte urbano, así como la apatía cívica. De manera similar, en elecciones posteriores como las elecciones generales de 2013, votaron solamente 21,981 ciudadan@s registrados en el extranjero, lo que representaba el 4,1% de los paraguayos residentes en la Argentina y solo el 0,86% del número total de votos emitidos (Misión, 2013, p. 38). Para las elecciones generales de abril de 2018, de los 800.000-1.000.000 de paraguayos en el exterior, solo 38.177 se habían registrado para votar y de ellos solo un 22 por ciento habían hecho efectivo el voto, contrastando con una participación del 42 por ciento de los paraguayos residentes en el territorio nacional. Mientras un 45 por ciento de los 586 paraguayos registrados en Brasil habían votado, solamente un 14,2 por ciento de los 28.830 ciudadanos registrados en la Argentina votaron. Ello plantea interrogantes sobre el compromiso efectivo de los paraguayos en la Diáspora para participar en el destino político de la tierra ancestral.

Más allá de las diferencias, en los cuatro casos considerados, la dispersión de exiliad@s, expatriad@s y migrantes, así como su retorno parcial, han comenzado a transformar la comprensión de la ciudadanía, la migración y la residencia, lanzando desafíos a la concepción que identificaba lo nacional con los confines del territorio estatal. La expansión de las conexiones transnacionales, la presencia de connacionales que poseen múltiples nacionalidades, así como el retorno o la permanencia de ciudadanos que se habían ido durante la dictadura, han redefinido en forma parcial los límites de la membresía política y la nacionalidad. Aun así, la residencia en el territorio nacional sigue siendo un elemento fundamental de ejercicio de la ciudadanía, aunque dentro de un modelo en cuya matriz el sentido de la nacionalidad no se liga ya únicamente con la residencia efectiva, algo evidente el contrastar las iniciativas adoptadas tras las transiciones con la percepción que se tenía hasta hace unas pocas décadas atrás en el Cono Sur.

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Recepción: 07/05/2021

Evaluado: 11/07/2021

Versión Final: 22/08/2021