Entre Chile y Argentina. Análisis para una historia del exilio chileno entre dictaduras y democracias (1973-1990)

 

 

Soledad Lastra(*)

 

 

Resumen

 

Este artículo se propone construir una síntesis de la historia del exilio chileno en Argentina entre 1973 y 1990. Para ello, recorre las principales características que adoptó esta experiencia exiliar teniendo en cuenta distintos factores. En primer lugar, que este exilio estuvo atravesado por políticas estatales que oscilaron entre la protección y la persecución política con grados variables y cuyo desarrollo estuvo sujeto también a algunas coyunturas particulares. En segundo lugar, que la recepción en Argentina estuvo ligada a ciertos “usos” que los gobiernos de facto y democráticos hicieron sobre el exilio y retorno de chilenos como mecanismos de administración/contención de la oposición política en todo el período. En tercer lugar, que existieron esfuerzos de organización y activismo revolucionario y humanitario de la comunidad chilena en Argentina que incidieron en las respuestas estatales desarrolladas, generando, además, importantes tensiones en las relaciones bilaterales de Chile y Argentina, conforme se avanzaba en un proceso democratizador en la región. Por último, este recorrido permitirá señalar algunos aspectos que integran una agenda de investigación más amplia.

 

Palabras clave: Dictadura militar; Exilios; Asilos; Represión estatal; Derechos Humanos; Democracia.

 

 

Between Chile and Argentina. Analysis for a history of Chilean exile between dictatorships and democracies (1973-1990)

 

Abstract

 

This article aims at providing a synthesis of the history of Chilean exile in Argentina between 1973 and 1990. To this end, it reviews the main characteristics of this exile experience, taking into account different factors. In the first place, this exile was crossed by state policies that oscillated between protection and political persecution with varying degrees and whose development was also subject to some particular conjunctures. Secondly, that the reception in Argentina was linked to certain "uses" that the de facto and democratic governments made of the exile and return of Chileans as mechanisms of administration/containment of the political opposition throughout the period. Thirdly, that there were efforts of organization and revolutionary and humanitarian activism of the Chilean community in Argentina that influenced the state responses developed, generating, in addition, important tensions in the bilateral relations of Chile and Argentina, as the democratization process in the region advanced. Lastly, this overview will make it possible to point out some aspects that make up a broader research agenda.

 

Key words: Military dictatorship; Exile; Asylum; State repression; Human rights; Democracy.


 

Entre Chile y Argentina. Análisis para una historia del exilio chileno entre dictaduras y democracias (1973-1990)

 

Introducción

 

La dictadura cívico-militar instaurada en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973 inauguró un exilio masivo sin precedentes. Las salidas del país fueron violentas e inesperadas, algunas se produjeron bajo mecanismos institucionales de destierro y prohibición de retorno, otras de forma clandestina y/o como huidas desesperadas, afectando transversalmente a toda la estructura social chilena. Podemos afirmar que el exilio actuó como uno de los dispositivos represivos más impactantes al que recurrió el régimen militar para silenciar y desactivar a la oposición política.

Este exilio tuvo un carácter diaspórico, pues los chilenos y chilenas exiliadas arribaron a diferentes y distantes lugares de todo el mundo, creando diferentes nodos de solidaridad y una amplia red de resistencia y denuncia en todo el campo internacional. Sin embargo, como han demostrado las investigaciones de Carmen Norambuena (2000), al menos la mitad del contingente inicial de exiliados chilenos/as partieron en un primer momento hacia Argentina en donde encontraron un lugar de refugio y también un espacio de tránsito, reorganización, represión y desaparición. Durante los años setenta y ochenta, miles de chilenos y chilenas exiliadas fueron recibidos en territorio argentino por organizaciones ecuménicas y de derechos humanos. Algunas de ellas mantuvieron redes y conexiones transfronterizas que permitieron crear lazos de trabajo conjunto. En esos años, el exilio chileno también estuvo sujeto a las distintas políticas que los gobiernos tomaron en Argentina, ya sea en las democracias (1973-1976/ 1983-1990) como en la última dictadura militar (1976-1983). Estas políticas se movieron como un péndulo, entre la recepción solidaria y también violenta, que derivaron en experiencias de protección y persecución estatal con grados variables y dependiendo de algunas coyunturas particulares.

El presente artículo se propone realizar una revisión crítica y rigurosa sobre la historia del exilio chileno en Argentina entre 1973 a 1990, que recupere esas formas ambiguas que fue adoptando la experiencia entre políticas receptivas y represivas.  Para ello, construye una interpretación sobre las principales características que tuvo esta experiencia, prestando atención a los cambiantes contextos políticos por los que transitaron ambos países y que incidieron en su desarrollo. Su objetivo es contribuir a una mirada integradora del exilio chileno en Argentina que no se restrinja a una coyuntura particular pero que tampoco arroje generalizaciones sobre esta experiencia sin desconocer dinámicas políticas y singularidades temporales. Junto a ello, este artículo se inscribe en el esfuerzo sostenido desde el campo de estudios de los exilios políticos por avanzar en la desnaturalización del par exilio-dictaduras y retornos-democracias.

Como ha señalado Luis Roniger (2010) y lo han demostrado nuestras investigaciones previas sobre el retorno (Lastra, 2017, 2018, 2020c), estos pares analíticos no se corresponden estrictamente con la experiencia histórica pues, en su lugar, hallamos exilios producidos en democracias y retornos incentivados y administrados en dictaduras, así como experiencias de represión a los exiliados retornados en democracia, sin que ello signifique cuestionar las distinciones entre estos regímenes políticos. Por otra parte, este artículo ofrecerá también un mapa de temas y problemas que se pueden desprender del conocimiento acumulado hasta la fecha y que fortalece una agenda de investigaciones a futuro sobre el exilio chileno en Argentina en nuestra historia reciente.

Este artículo se estructura en tres partes, siguiendo el orden cronológico que inicia con el pasaje de la democracia (1973-976) a la dictadura (1976-1983) en Argentina y que culmina con la transición democrática y el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín (1983-1990). Nuestro recorrido se detiene a principios de 1990 pues allí se desarrolla una política de repatriación por parte del gobierno democrático en Chile que incide en los esfuerzos institucionales gestados en Argentina. Ello no implica desconocer que los retornos de esa década también estuvieron atravesados por múltiples conflictos, como hemos analizado en otras investigaciones (Lastra, 2018).

 

Exiliados en Argentina durante el gobierno peronista (1973-1976)

 

El golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, produjo un exilio masivo de extranjeros residentes en Chile y de chilenos/as que buscaron desesperadamente algunas vías de protección humanitaria y diplomática.  En ese momento, Argentina se encontraba en la coyuntura de recuperación del sistema democrático luego de la larga proscripción del peronismo desde el ´55 y de la dictadura del ´66 y a la espera de que Perón asumiera a la presidencia, en lugar de Raúl Lastiri. La posición del gobierno argentino fue controversial con respecto al golpe porque, por un lado, reconoció al nuevo gobierno y mantuvo las relaciones diplomáticas con él, mientras que, por otro lado, el Congreso en Argentina había expresado su solidaridad con el pueblo chileno y decretado tres días de duelo nacional.

El papel del gobierno peronista frente al exilio chileno fue inicialmente receptivo. La embajada argentina en Santiago otorgó el asilo a 800 chilenos y se calcula que, al menos la mitad, llegó a la embajada durante la primera semana del golpe. Sin embargo, la embajada no tenía una figura diplomática que liderara ese proceso pues el embajador estaba de viaje en el momento del golpe. El resultado del asilo en la embajada argentina fue producto de una serie de decisiones y estrategias llevadas adelante por distintos funcionarios (de los que sobresalen el encargado de negocios) que navegaron en las duras aguas del asilo y que además fueron trasladados a Buenos Aires a partir de 1974 cuando las tensiones políticas iban creciendo en Argentina (Lastra y Peñaloza, 2016).

Además de las cuestiones más cotidianas de la vida a la espera de poder salir del país, el cuerpo diplomático argentino tuvo dos frentes importantes: en primer lugar, la enorme vigilancia y presión represiva que se tendía sobre la embajada por parte de Carabineros. Esto quedó en evidencia en enero de 1974 con el asesinato de Gustavo Leiva Molina, que recibió un disparo por parte de Carabineros mientras estaba en el muro de la embajada ayudando a otros compañeros a pasar hacia el jardín. El segundo frente importante fueron las complejas posiciones que se iban asumiendo desde Argentina con respecto a la llegada de estos asilados, en algunos casos porque se temía por el arribo de actores potencialmente “peligrosos” que pusieran en vilo la paz del país. En este punto podemos señalar la experiencia de los 278 chilenos que contaban con el salvoconducto para salir de Chile pero que fueron demorados por el gobierno argentino (en septiembre del ´73); los 112 asilados que fueron detenidos en Ezeiza y obligados a dejar el país en 24hs o los que tomaron su avión para llegar a Buenos Aires y fueron redireccionados hacia Catamarca y confinados en un hotel bajo vigilancia policial. En definitiva, estas experiencias de control sobre los chilenos en Argentina se fueron mixturando en el proceso de otorgamiento del asilo. A principios de los años ´70, Argentina estaba transitando por un fuerte proceso de radicalización política de los sectores juveniles de izquierda y del peronismo impactando en la relación del líder con el ala revolucionaria de su movimiento.

1974 es un año clave para entender la historia del exilio chileno en Argentina ya que se desplegaron una serie de mecanismos integradores, pero también coercitivos sobre los perseguidos que ingresaban al territorio. Como ha demostrado sobradamente Cecilia Azconegui (2014, 2020), existieron políticas de integración destinadas a facilitar la radicación de los migrantes irregulares y de los recién llegados por la persecución política. Ello se tradujo en una ley de amnistía que resultó crucial para un país que mantenía la reserva geográfica para el reconocimiento del refugio.  Además, el gobierno de Perón creó la Comisión Coordinadora de Acción Social (CCAS) articulando el trabajo de recepción de la Dirección Nacional de Migraciones con organismos religiosos y que continuó durante toda la década.

Frente a este microclima de receptividad también se fue endureciendo la vigilancia y la persecución por parte del gobierno peronista que gradualmente fue fortaleciendo el discurso de la seguridad nacional. Ello se tradujo en un estado de alarma con respecto a la presencia de posibles “subversivos” que ingresaban desde Chile hacia el territorio argentino. Como afirma Marina Franco (2012), a partir de la muerte de Perón en julio de 1974 y de la asunción de María Estela Martínez de Perón a la presidencia, se extendieron los discursos securitistas y se amplió el universo de lo que podía considerar “enemigo interno” impactando también en las experiencias de los chilenos en Argentina. Junto a ello, se mantuvieron los vínculos diplomáticos entre Argentina y Chile, gracias al acercamiento ideológico entre los regímenes anticomunistas del Cono Sur.

Argentina se fue convirtiendo en un terreno fértil para la avanzada extraterritorial de las fuerzas de seguridad chilenas. Si bien desde septiembre de 1973 la Dirección Nacional de Investigaciones (DINA) creada por Pinochet y al mando de Manuel Contreras ya había comenzado a realizar actuaciones en el exterior, el 30 de septiembre de 1974 develó públicamente el carácter de su acción represiva cuando un coche bomba estalló en Buenos Aires asesinando al General Carlos Prats y a su esposa Sofía Cuthbert. Esta matriz represiva se fortaleció además con otras colaboraciones que brindaron los servicios de inteligencia de Argentina y de Brasil, por ejemplo, en los montajes mediáticos que buscaron ocultar los crímenes cometidos contra exiliados y opositores políticos.

Hasta aquí podemos ver la impronta receptiva y represiva que tuvo para los chilenos su exilio en Argentina. Sin embargo, también existieron tramas de solidaridad que se fueron tejiendo “desde abajo” en todo el mundo, formando una extensa cartografía política de la solidaridad con el exilio chileno (Rojas y Santoni, 2013). Para el caso de Argentina contamos con acercamientos valiosos a esas experiencias. Algunas investigaciones han demostrado la complejidad que estas organizaciones atravesaron para recibir y asistir a los exiliados chilenos en el clima de creciente autoritarismo estatal (Azconegui, 2014 y 2016; Casola, 2019); mientras que otras investigaciones consolidadas se han enfocado especialmente en iluminar las formas que adoptó esta solidaridad en escala regional (Gatica, 2013; Paredes, 2007b).

 

Imagen 1

Volante distribuido por el COMACHI en 1974 y recuperado por los servicios de inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Legajo 16998, Tomo I, Mesa Referencia, DIPPBA).

 

Desde finales del ´73 y hasta el golpe del 76, Argentina asistió a un florecimiento de nuevas redes de asistencia. De las más destacadas, pero menos estudiadas, podemos señalar a la Coordinación de Movimientos de Ayuda a Chile (COMACHI) que estuvo presidida por Oscar Alende. De acuerdo con los informes de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), la COMACHI estaba formada por obreros, empleados, profesionales, algunas figuras de los partidos políticos chilenos y argentinos, sindicatos y estudiantes. COMACHI denunció públicamente la inusitada represión estatal desplegada en Chile y las irregularidades institucionales que moldeaban la experiencia del asilo en Argentina. Así, reclamaba por un “asilo amplio, sin odiosas restricciones y conforme a los derechos humanos”.[1]

También se crearon organizaciones específicas para la atención de los exiliados chilenos, algunas que se institucionalizaron con el tiempo y fueron perdiendo su carácter transitorio. De ellas, destaca la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF) constituida por iniciativa de un grupo de iglesias protestantes y con el respaldo del Consejo Mundial de Iglesias. Como se puede ver en el siguiente gráfico, de 1974 a 1976 se produjo una reducción abrupta en la cantidad de exiliados recibidos por la organización, pasando de casi tres mil chilenos en los dos primeros años a 390 en 1976. Ello nos permite considerar el impacto de la represión estatal inaugural de la dictadura chilena y del golpe de Estado argentino después, teniendo en cuenta que posiblemente este número oculte experiencias de exilio que se mantuvieron durante los setenta pero que no fueron asistidos por CAREF.

CAREF se formó tempranamente en Buenos Aires, en octubre de 1973, y a partir de allí fue tejiendo redes hacia el interior del país (por ejemplo, en Mendoza y Neuquén) entre distintos actores políticos, ecuménicos y del campo pastoral. Estas redes contribuyeron con programas de recepción y de radicación, facilitando algunas ayudas de emergencia para poder sobrevivir en el país, creando refugios transitorios en algunos hoteles y casas donde convivieron centenares de exiliados y acompañando las gestiones jurídico-burocráticas para su asentamiento. Del universo total de refugiados atendidos por entre 1973 y 1985, un 75% fueron de nacionalidad chilena (Informe de CAREF, 1973-1985).

 

Cuadro 1

Tabla de datos sobre casos aceptados en CAREF ordenados por nacionalidad, entre 1974 y 1985. (Informe de CAREF, 1973-1985).

 

Asimismo, debemos destacar que en enero de 1974 Pinochet clausuró el otorgamiento de salvoconductos, por lo cual, fue menguando la cantidad de chilenos/as que llegaban como asilados al territorio argentino. Además, en 1975 y como resultado de la presión internacional, Pinochet concedió a través del decreto 504 la posibilidad de conmutar las penas de prisión por las de extrañamiento para todos aquellos que estuviesen detenidos en cárceles y con condenas sancionadas por los tribunales militares. Esta medida implicó una transformación en las formas del exilio que podemos sintetizar como un pasaje del asilo-refugio al extrañamiento. En ese proceso, se crearon en Chile diferentes programas sostenidos por organismos de solidaridad regionales y locales para ayudar a las personas a salir del país. Por ejemplo, la Fundación de Ayuda Social a las Iglesias Cristianas (FASIC) creó el Programa de Orientación al Exilio, un programa novedoso que no tuvo parangón en el resto de la región, permitiendo que los chilenos y sus familias dejaran el territorio chileno de una forma más “organizada” e informada (Caniuñir, en prensa). Algunas de estas salidas se produjeron hacia Argentina y en el marco de lazos interinstitucionales creados con CAREF. En este sentido, existieron experiencias de exilio de chilenos y chilenas en Argentina en esta álgida coyuntura que deben analizarse considerando el trabajo conjunto construido a nivel regional entre estas organizaciones. Ello nos obliga a revisar los bagajes analíticos con los que se abordan las trayectorias exiliares de estos años y que, generalmente parten del momento en que arriban a la Argentina, descuidando las vivencias represivas y de solidaridad previas a la salida del país.

Un último aspecto a considerar de los años 1973-1976 es el activismo de diferentes organizaciones vinculadas al campo de la lucha revolucionaria latinoamericana. Como ha señalado Aldo Marchesi (2019), para ese entonces las guerrillas chilenas y argentinas ya contaban con vínculos estrechos que confluyeron en la creación de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), integrada por el Movimiento de Izquierdas Revolucionario (MIR), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) boliviano. El MIR fue una de las organizaciones más vigiladas por la DIPPBA, porque sus militantes fueron arribando a Buenos Aires una vez que la organización dio marcha atrás con su política de No Asilo. Esta organización fue engrosando sus filas en Argentina, sobre todo entre los años de 1975 y 1976 cuando arribaron militantes desde Cuba y se fortaleció la lucha de la JCR. Además, una somera revisión de los informes producidos por los servicios de inteligencia argentinos, identifican la militancia de “Comités latinoamericanos de solidaridad” integrados por miristas, comunistas, socialistas y militantes del Movimiento de Acción Popular Unificado (MAPU) en conexión con integrantes del ERP argentino, de los que desconocemos sus repertorios de acción en ese período.

Desde esta perspectiva, la comprensión de la experiencia exiliar nos permite reponer el análisis sobre el exilio como retaguardia estratégica y de resistencia en Argentina, a la vez que como una instancia para la latinoamericanización de la lucha armada. Y, junto a ello, comprender que el despliegue acelerado y avasallador que tuvo la represión estatal y paraestatal de los años previos al golpe (74-76) estuvo dirigida principalmente hacia estas organizaciones incidiendo en la consolidación del tratamiento “securitizador” sobre los extranjeros en el país. Sobre esto volveremos más adelante.

 

Tramas del exilio chileno en la Argentina de la última dictadura militar (1976-1983)

 

El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar argentina encabezada por el Gral. Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti irrumpió el orden constitucional, dando inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. A partir de entonces, se acentuó la vigilancia hacia los exiliados chilenos. Junto a ello, el período se caracterizó por una combinación de distintos mecanismos de punición y control hacia los extranjeros que no siempre tuvieron la misma intensidad, pues estuvieron ligados a los momentos de desaceleración de la represión y a los esfuerzos de la junta militar por “limpiar” su cara interna y externa.

La Operación Cóndor y la desaparición de chilenos en Argentina es una de las dimensiones represivas a las que más se ha recurrido en el análisis y que demuestra con mayor claridad cómo fue que las dictaduras del Cono Sur avanzaron sobre la desarticulación de los movimientos opositores y la eliminación física de los que fueron considerados “enemigos”.  Las experiencias de secuestro, detención clandestina, tortura y desaparición de chilenos y chilenas en nuestro país se inscribieron en este plan de coordinación que no solo se dirigió hacia esa comunidad. Los uruguayos, brasileños, paraguayos y bolivianos también fueron objeto de la represión estatal y clandestina en la Argentina dictatorial, en muchos casos ejecutada por grupos comando integrados por represores pertenecientes a los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad de esos mismos Estados (Serra Padrós y Slatman, 2014). Este aspecto se puede ilustrar en el siguiente gráfico (Imagen 3) elaborado por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado sobre las víctimas de la Operación Cóndor en Argentina.

 

Cuadro 2

 

Gráfico recuperado del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUTVE, 2015), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Argentina). Anexo IV, pág. 1555.

 

La participación de los agentes chilenos en la Operación Cóndor y su avanzada extraterritorial explica buena parte de las experiencias punitivas vividas por los exiliados chilenos en Argentina en este período (Slatman, 2016). Además de la represión dirigida hacia la JCR, a partir de 1976 también se profundizaron las acciones de control sobre los exiliados del Partido Comunista Chileno que, entre 1977 y 1979, sufrieron un gran impacto por el secuestro y la desaparición de sus integrantes; y de otros exiliados del Partido Socialista, secuestrados en Mendoza y devueltos a Chile en donde desaparecieron.

A pesar de este “consenso represivo” por parte de los países del Cóndor y de la hermandad ideológica sostenida por la Doctrina de la Seguridad Nacional, Argentina y Chile tuvieron un momento de fuerte tensión a raíz del conflicto territorial iniciado a finales de 1978 por el Canal del Beagle. Si bien en enero de 1978 se había realizado un primer encuentro entre Pinochet y Videla para acordar algunos puntos en torno al potencial conflicto, a finales de ese año ya se habían desplazado las tropas sobre el territorio en disputa. Aunque el enfrentamiento armado fue suspendido gracias a la intervención papal, el conflicto se mantuvo latente y generó importantes tensiones diplomáticas entre las dos dictaduras, impactando en la comunidad de exiliados chilenos en todo el país que fueron objeto de mayor vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad. Los documentos de la DIPPBA también registran este creciente estado de alerta. Por ejemplo, en septiembre de 1978 la Policía de la Provincia de Buenos Aires envió un pedido de informe a todas las delegaciones para solicitar algunos datos: cantidad de residentes, comunidades chilenas con peso cultural, registro gráfico de centros culturales chilenos, cantidad de estudiantes, sacerdotes, sindicatos que agrupaban chilenos y nombre de sus dirigentes, las relaciones de los chilenos con el MIR y con la JCR , empresarios e importancia de su industria en la zona, entre otros aspectos. De esta vigilancia se pedía especialmente que se señalara “personalidad, agresividad y arraigo patriótico, [y] destaque cuáles de ellos pueden o están en condiciones de ejecutar acciones de espionaje, sabotaje o captar adeptos ante eventual confrontación bélica”.[2]

Asimismo, el conflicto del Beagle incidió en la vida cotidiana y en las memorias de este exilio. Por un lado, produjo retornos tempranos de chilenos que huyeron de Argentina. Ello obligó a que FASIC, en Chile, ampliara su campo de acción ocupándose de recibir a esos repatriados y, en muchos casos, de ayudarlos a reinsertarse en terceros países dado que tenían prohibido su ingreso por la vigencia de sus penas de extrañamiento (Rebolledo, 2006, p. 33).  Por otro lado, como advierte Mónica Gatica, significó una experiencia disruptiva para los que se quedaron que se fue asociando a otras experiencias dolorosas también como fue la Guerra de Malvinas en 1982. Para Gatica, los recuerdos sobre el ´78 aparecen narrativamente unidos -en las entrevistas y testimonios de los exiliados- a su experiencia durante Malvinas creando una memoria solapada, cristalizada, de la que aún queda mucho por investigar (Gatica, 2013, p. 182-183).

Vemos entonces que las experiencias punitivas vividas por los exiliados tienen un rasgo de fuerte continuidad. Sin embargo, este carácter no debe desconocer las singularidades de cada coyuntura y las formas en que la represión convivió con otras políticas de búsqueda de consenso. Como ha señalado Silvina Jensen (2010), la dictadura argentina tuvo una gran preocupación por el fuerte activismo desplegado desde el exilio y por las múltiples observaciones e informes públicos producidos por organismos internacionales que condenaron los crímenes y violaciones a los derechos humanos que se cometían en el país. En ese proceso, el exilio argentino y sudamericano reclamó durante los primeros años por la liberación de los presos, la regularización de las detenciones y el cese de las persecuciones a los refugiados en Argentina. En consecuencia, tempranamente, la Junta Militar argentina se ocupó de controlar y administrar ese “frente externo”, convocando a sus funcionarios de carrera y cuerpo diplomático a trabajar desde la Cancillería, la Dirección Nacional de Migraciones y en el seno del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para responder y cuestionar esas denuncias. Esto tuvo su reflejo en las experiencias de los exiliados chilenos.

De acuerdo a Rodrigo Lloret (2020), la situación de los refugiados y exiliados chilenos en Argentina fue uno de los primeros problemas que alertó a los militares. Por ejemplo, en una de las misivas enviadas en mayo de 1976 por el Canciller César Guzzeti a Videla, se subrayó la importancia de permitir que los chilenos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sin proceso ni condena, pudieran salir del país por medio de una expulsión hacia terceros países. Es decir, una expulsión que funcionara como una forma de demostrar un rostro humanitario, que expresara cierto “respeto” al principio de no devolución (toda vez que no se los devolvía a Chile, pero tampoco se les permitía residir en Argentina) y que descomprimiera la demanda de las organizaciones de derechos humanos en el exterior. Ahora bien, siguiendo esta misiva, esta expulsión recaería sobre los chilenos considerados “menos peligrosos”, pues se temía que al dejar salir del país a los “subversivos” aumentara la posibilidad de que se reorganizaran (Lloret, 2020, p. 104). Así, el re-exilio de algunos chilenos y chilenas desde Argentina hacia terceros países puede complejizarse si consideramos los “usos” y estrategias que cada dictadura puso en juego para controlar la conflictividad interna y sostener su imagen en el frente externo.

El uso de las expulsiones también se puede examinar a partir de otros hallazgos. Por un lado, Casola (2017) reconstruyó la cantidad de expulsiones que concretó la dictadura argentina a través de la ley 21259. Su investigación subraya que en 1976 se consumaron 108 expulsiones, mientras en 1977 este número se redujo a la mitad y fue decreciendo en los siguientes años. De manera que, la expulsión formal pudo ser un mecanismo represivo poco usado por la dictadura argentina sin que ello significase un relajamiento de su objetivo de punición. Efectivamente, si consideramos que la Junta Militar suspendió el uso del derecho a opción limitando las salidas de los prisioneros políticos de las cárceles y maniobró para evitar los destierros masivos de los perseguidos asilados en las embajadas (Jensen y Lastra, 2016), las experiencias de re-exilio de los chilenos en la Argentina dictatorial develan tramas de mayor complejidad.

La dictadura militar argentina realizó un denostado esfuerzo por construir políticas de consenso. La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país en septiembre de 1979, puso en evidencia la necesidad de la dictadura de fortalecer su imagen interna, de “limpiar” su cara criminal y de combatir a la llamada “campaña anti argentina” del exilio. Ese mismo año se comprometió con el ACNUR en la ejecución de un programa humanitario que permitiría el ingreso al país de centenares de refugiados indochinos huidos del sudeste asiático. Si bien este programa no fue exitoso, evidenció la estrategia de los militares argentinos por ofrecer una cara “humanitaria” en el frente externo (Azconegui, 2018).

La búsqueda del consenso no fue una acción privativa de la dictadura argentina. También la dictadura chilena puso en marcha distintas políticas sociales tendientes a contener a los sectores populares y marginales de Chile con el fin de generar apoyos y evitar que resultasen infiltrados por las organizaciones de izquierda (Gomes, 2015). Con respecto a la política externa, el régimen de Pinochet asumió una serie de medidas que le permitieron administrar los retornos del exilio, muchos de ellos producidos desde Argentina. Así sancionó la Ley de Amnistía en 1978 que, si por un lado inauguró una política de permisos para regresar al país y para facilitar la salida de la cárcel, también, aseguró que los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad no pudiesen ser juzgados. Con respecto al exilio, esta medida fue el puntapié para la creación en Chile de organizaciones de familiares de exiliados y del Comité Pro Retorno, además de programas específicos gestados para recibir a los exiliados. A partir de 1982 este mecanismo de gestión del retorno se fue agilizando: se publicaron listas de autorizados a regresar, se habilitaron vías para solicitar el permiso de regreso ante el Ministerio del Interior y también se produjeron retornos judicializados, es decir, iniciados por abogados en el marco de un entramado de leyes, normativas y reglamentos que dejaban abierta la posibilidad de exigir ante los jueces retornos breves, transitorios, otros bajo libertad vigilada, etc. Ello no condujo a una apertura total, pues persistieron las medidas de prohibición de ingreso al país para centenares de personas.

En Argentina, las organizaciones ecuménicas trabajaron para la repatriación de estos exiliados, algunos que estaban incluidos en las listas de autorizados a volver y otros que decidían regresar por voluntad propia pues consideraban que el peligro ya había pasado o bien, que las condiciones de vida en Argentina no eran propicias para continuar en el país. Esta experiencia de exilios y retornos múltiples y coetáneos es central para reconstruir una historia del exilio chileno en Argentina en particular. Algunos recorridos realizados por Loreto Rebolledo y otros aportes de nuestras investigaciones (Lastra, 2017, 2018) contribuyen a develar características de estas experiencias. Pero quedan muchas preguntas por hacer, ¿qué pasó con los exiliados chilenos que regresaron desde Argentina en ese momento? ¿qué dimensiones punitivas y/o receptivas se pusieron en juego entre Chile y Argentina en esta experiencia de exilios-retornos?

En consecuencia, el exilio chileno estuvo marcado por este entramado complejo de decisiones políticas que fueron tomadas por ambas dictaduras, tanto en dirección a reprimir y aniquilar, como a gestionar y hacer del exilio-retorno un objeto para la construcción de consenso o, al menos, para la distención del conflicto.

 

El exilio-retorno de chilenos en la Argentina democrática (1983-1989)

 

Los años ´80 significaron para el Cono Sur, un tiempo de transformaciones políticas importantes que incidieron en la experiencia del exilio. Visto en contrapunto, Argentina inició formalmente su transición a la democracia luego de la derrota en la Guerra de Malvinas y el 10 de diciembre de 1983 asumió la presidencia el líder de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Por su parte, Pinochet se mantuvo en el poder durante los años ´80 aunque el escenario se fue transformando: la década se inició con la sanción de la nueva Constitución Nacional -en la que se buscaba consolidar el proyecto político continuista de Pinochet- y atravesó un proceso de creciente conflictividad social ligada a la emergencia de nuevos actores políticos y sociales que pondrían en vilo el tan aclamado “orden interno”.

Los ´80 forman parte de una agenda de investigación abierta e incipiente dentro de los estudios de la historia reciente de Argentina y regional. Si bien existen producciones valiosas que han interrogado las dinámicas transicionales y los problemas de la justicia en torno al pasado inmediato, resta mucho por indagar en torno a una historia política y social sobre esa década que, además, contemple las inscripciones del exilio en ese proceso. En efecto, un balance sobre las investigaciones del exilio político de esos años evidencia un crecimiento bastante fragmentario sobre estas experiencias de exilios-retornos (Lastra, 2016; 2018). Además, como señalan Franco y Manzano (2015), precisamos de un abordaje que construya a “los ´80” en su singularidad, sin reducir sus explicaciones al pasaje de un gobierno dictatorial a otro democrático.

El proceso de democratización en Argentina estuvo caracterizado por un acercamiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países expresado en la firma del Tratado de Paz en 1984, en el cual se acordaron las pautas territoriales fundamentales para resolver el conflicto sobre el Canal del Beagle. Un año después, el gobierno de Alfonsín convocó a un plebiscito no vinculante que contó con el apoyo del 82% de la población y que fue refrendado por el Congreso de la Nación. En este marco, también se celebraron importantes acuerdos comerciales que llevaron a la creación de una comisión de cooperación e integración y a programas de turismo que tendían a fortalecer los intercambios en algunas zonas estratégicas. En ese escenario, se siguieron produciendo los retornos de exiliados chilenos desde Argentina y exilios de chilenos hacia Argentina. Este movimiento de exilios-retornos fue simultáneo y es uno de los aspectos más complejos de analizar durante estos años.

Entre 1983 y 1987, la magnitud de chilenos que llegaron a la Argentina creció por distintos motivos. Por un lado, porque muchos chilenos que estaban viviendo sus exilios en Europa y en otros países de América Latina, aprovecharon la democratización en Argentina para “acercarse” y esperar a que se concretara la transición chilena. Ello implicó que, de algún modo, estuvieran sometidos a los mecanismos de apertura y clausura que fue utilizando la dictadura de Pinochet para gestionar sus ingresos al territorio chileno. Por otro lado, se produjeron nuevas expulsiones desde Chile, ya sea por medio de mecanismos formales o bien, por la creciente violencia que vivió el país en los años ochenta. Esto último se enmarcó en el desarrollo de las Jornadas de Protesta Nacional que, entre 1983 y 1986, convocaron a importantes sectores sociales a manifestarse contra la dictadura militar y que fueron duramente respondidas por las fuerzas de seguridad. Así se fueron produciendo nuevos exilios de dirigentes y militantes de esas organizaciones, y de jóvenes sin adscripciones políticas claras, que se identificaban como estudiantes y trabajadores. Para la CIDH, el exilio continuaba siendo una realidad de la política chilena porque la represión estatal persistía.[3]

La recepción del gobierno argentino ante estos “nuevos” exiliados fue diferente a la de los años ´70, pues desde abril de 1985 comenzó a sesionar el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE, hoy Comisión Nacional para los Refugiados -CONARE-) para ofrecer un reconocimiento legal a los exiliados como refugiados. Este organismo radicado en la Cancillería argentina actuó junto a la Dirección Nacional de Migraciones y otras agencias estatales, evaluando las condiciones de ingreso de los extranjeros. Para ello, se apoyó en la definición jurídica del refugiado establecida en la Convención sobre el Estatuto de Refugiado del ACNUR en la cual se debía considerar “el fundado temor” que una persona pudiera tener de ser perseguida por razones de raza, religión, nacionalidad o por su pertenencia a determinado grupo social u opinión política. El CEPARE fue una pieza central para el gobierno argentino pues, como se ilustra en la siguiente imagen (Imagen 4), lo ubicó en un lugar protagónico dentro del campo humanitario regional, reemplazando al ACNUR en el rol decisorio en cuanto a la situación de los migrantes y refugiados que llegaban al país.

Como hemos desarrollado en otra investigación (Lastra, 2020a), a partir del relevamiento de las actas y notas de reuniones del CEPARE, hemos podido reconstruir los conflictos que surgieron para definir el criterio para el otorgamiento del refugio en Argentina en los ´80. Además, advertimos que fue la destacada presencia de los chilenos en la demanda de refugio hasta 1988 la que obligó a los funcionarios del CEPARE a tener que tomar decisiones políticas en base a criterios que se presentaban como si solo fuesen de carácter técnico.

 

 

 

 

 

Imagen 2

 

Extracto de prensa, Revista del ACNUR, marzo de 1985. En la imagen se puede ver al presidente argentino Raúl Alfonsín con Paul Hartling, titular del ACNUR.

 

El trabajo del CEPARE nos permite identificar uno de los hilos posibles para la reconstrucción de la experiencia del refugio en Argentina, sin embargo, sus registros no nos permiten conocer cómo fue la experiencia social y política de estos exiliados. En efecto, contamos con poca información sobre las formas que fue adoptando la vida cotidiana de los chilenos en Argentina en esos años. De hecho, algunas experiencias de exilio en Argentina de los ´80 provenían de exilios y retornos previos, que dejaban ver un eslabonamiento de experiencias represivas.

Además, los ´80 fueron una década de importante despliegue del activismo y la lucha anti dictatorial. En primer lugar, asistimos al auge de nuevas organizaciones de exiliados vinculados a la lucha por la recuperación democrática del país andino. En esa línea, sobresalen Chile Democrático y la Comisión Argentina de Solidaridad con el Pueblo de Chile, espacios que se articularon con otros actores del campo político, sindical y universitario argentino. El trabajo político de estas organizaciones, especialmente de Chile Democrático destaca por la amplitud de sus actividades públicas y convocatorias para la lucha anti dictatorial, que parece haber tenido sus momentos más fuertes entre 1985 y 1986.

En segundo lugar, desde Argentina se diseñaron estrategias de retornos colectivos con la búsqueda de un “efecto de choque” hacia las dictaduras del Cono Sur. Uno de los ejemplos paradigmáticos fue el retorno del líder uruguayo Wilson Ferreira Aldunate, cuyo viaje de regreso los condujo a prisión una vez que el buque arribó al puerto de Montevideo. En la frontera andina, también se produjeron regresos no autorizados de chilenos exiliados en Argentina. Algunos líderes del Partido Comunista, Socialista y del MAPU, como Jorge Arrate, Luis Guastavino, Jaime Gazmuri, Edgardo Condesa, Eduardo Rojas y José Vargas regresaron en un vuelo desde Buenos Aires y fueron detenidos, amedrentados y devueltos forzosamente a Buenos Aires. Tres meses después, una veintena de chilenos intentó atravesar la frontera de Mendoza por vía terrestre y también fueron detectados y devueltos a esa ciudad (Rebolledo, 2006, p. 120).

En tercer lugar, Argentina fue en los ´80 un territorio productivo para la recomposición política del campo político chileno, aunque son escasos los trabajos que se ocupan de esto específicamente (Paredes y Vitaliti, 2013). Además, precisamos de investigaciones que reconstruyan empíricamente cómo fue este proceso de reencuentro de militantes de las organizaciones de lucha armada y cómo intervino en sus divisiones. Por un lado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), avanzó durante 1987 en su separación del PCCH y en la adopción de la vía insurreccional que aisló aún más a la organización del campo institucional en el que las izquierdas en Chile negociaban la salida política de la dictadura (Álvarez Vallejo, 2017). Por otro lado, el MIR sufrió durante los primeros años de los ´80 un duro embate represivo que derrotó militarmente a la organización y la condujo a múltiples divisiones. Si bien aún no se han reconstruido las trayectorias de estas militancias en la Argentina de los ´80, lo cierto es que su presencia generó no pocas alertas en los servicios de inteligencia argentinos. Además, ello incidió en los discursos que funcionarios del gobierno radical sostuvieron en cuanto a la posibilidad de que se estuviese articulando un “rebrote subversivo” apelando al temor de que se retomaran prácticas de lucha coordinadas con otros sectores armados en Argentina (Lastra, 2020b).

En relación con esta dimensión del activismo, es importante afinar la mirada sobre las militancias de base y los actores de las “periferias” de estas organizaciones, interrogando la forma en que se movieron en Argentina, entre los campos de la revolución y la militancia humanitaria. Marchesi brinda algunas pistas sobre el peso que este “cambio de época” tuvo en las transformaciones políticas de las izquierdas latinoamericanas en general, subrayando cómo las organizaciones uruguayas y argentinas retornaron al escenario político local acomodando sus estrategias de lucha y sus repertorios de protesta a las nuevas condiciones del sistema político. Sin embargo, ello puede relativizarse cuando analizamos la experiencia chilena que, en los ´80, todavía tenía en su horizonte la posibilidad de concretar un retorno armado (Marchesi, 2019, p.193).

Con respecto al accionar de los servicios de inteligencia sobre esta dimensión del exilio chileno, es posible hablar de al menos tres estratos de vigilancia en los ´80 (Lastra, 2020b). El primer nivel estuvo formado por la vigilancia de los agentes argentinos hacia las militancias armadas que, como mencionamos, advirtieron en ellas un potencial “peligro” para la seguridad interna. Un segundo nivel estuvo formado por los grupos de la Central Nacional de Informaciones (CNI) chilena que actuaron clandestinamente en territorio argentino amedrentando a estos exiliados. Algunos de estos casos se pueden reconstruir a partir de la prensa, los expedientes judiciales y los informes de agentes de inteligencia argentinos.  También lo podemos analizar a partir de cartas que los mismos exiliados enviaron al personal de las agencias humanitarias en el país. Por ejemplo, en una de ellas puede leerse la motivación de R. G, chileno que ingresó en mayo de 1984 al país y obtuvo la radicación legal en Argentina. Frente a las amenazas recibidas en ambos países, solicita ayuda para reasentarse en Canadá:

 

Desde el momento de mi llegada a Buenos Aires tomo contacto con gente del comité de “Solidaridad con Chile” … el primer problema lo tuve (sic) cuando terminaba un acto de repudio realizado en octubre con motivo de la jornada de protesta y paro efectuado en Chile, me siguieron cuatro personas los que al darce (sic) cuenta de que yo me había percatado de sus intenciones, comenzaron a insultarme y amenazarme diciéndome que recordara que mi familia estaba en Chile y lo mejor que podía hacer era retirarme de la actividad política … A todo esto, el partido me dio la orden de cambiarme momentáneamente del comité a otra zona. Mientras en Chile mi esposa y e hijos han sido amenazados diciéndoles que las consecuencias las pagarían ellos en caso de no volver a Chile y cortar toda actividad política.[4]

 

Un tercer y último nivel expresa la “supravigilancia”, es decir, el seguimiento y control que los servicios de inteligencia argentinos realizaron sobre ese accionar represivo de los servicios chilenos. Algunas notas de prensa evidencian esta presencia que fue ganando protagonismo y generando importantes tensiones diplomáticas con el gobierno argentino que, en contados casos, condujo a detenciones por parte de la policía (Lastra, 2020b).

Hacia 1988, el exilio chileno continuó siendo objeto de vigilancia, sobre todo de cara a la celebración del plebiscito en octubre de ese año.  Pero un mes antes, en septiembre, la dictadura sancionó el Decreto Supremo Exento número 303 (1/09/1988) en el que anuló todas las barreras legales para retornar del exilio. Esta medida abrió un nuevo ciclo de retornos al país que, esta vez, fueron acompañados desde los organismos de derechos humanos y pastorales bajo el formato de un programa humanitario específico: la repatriación.

La celebración de las elecciones en Chile y la asunción de Patricio Aylwin como presidente, contribuyeron al retorno. Hacia 1990 el gobierno chileno creó por Ley 18994 la Oficina Nacional del Retorno que trabajó hasta el 20 de septiembre de 1994. En ese período, atendieron a 52557 personas de las cuales, al menos 2204 provenían de Argentina (Lira y Loveman, 2005, p. 275). Además, en esa coyuntura se creó una red de coordinación para el retorno de los chilenos a su patria, que involucró a distintas organizaciones del Cono Sur, entre ellas, CAREF. Durante el primer año del programa de repatriación, CAREF ayudó al retorno de 100 familias chilenas que habían salido de Chile entre 1973 y 1978, es decir, en el momento más duro en términos represivos (CAREF, Informe evaluativo, 1990). Hacia 1994, el ACNUR consideró que las condiciones políticas que sostenían el exilio de miles de chilenos ya estaban llegando a su fin y anunció el cese de la categoría de refugiado. En ello impactó el levantamiento formal de las penas de extrañamiento y de las prohibiciones de retorno, como el ya mencionado papel del Estado que estaba acompañando institucionalmente la repatriación (Rebolledo, 2006, p. 45).

Pese a ello, no podemos dejar de mencionar que existieron casos impedidos de regresar por causas pendientes con la Fiscalía Militar (CAREF, Informe evaluativo, 1990). El Centro de Estudios Legales y Sociales en Buenos Aires y la Vicaría de la Solidaridad desde Santiago llevaron a cabo un trabajo conjunto para dar respuesta jurídica a algunos casos de presos y exiliados sobre los que aún pesaban condenas de tribunales militares y destierros que continuaron en democracia (Lastra, 2020c). En consecuencia, como han señalado Roniger et. al (2018, p. 136), el retorno estuvo marcado por distintos factores personales, familiares, laborales y por transformaciones ideológicas que impactaron en los exiliados mientras estuvieron lejos de la patria. Asimismo, cuando hablamos del final del exilio, necesitamos comprender cómo fueron los entramados jurídicos-burocráticos y sobre todo políticos que, en los procesos transicionales, incidieron en la posibilidad de que estas personas pudieran regresar.

 

Conclusiones

 

A través de estas páginas nos propusimos reconstruir una síntesis crítica sobre la historia del exilio chileno en Argentina producido entre los años 1973 y 1990. A lo largo del recorrido, nuestros focos de análisis se fueron concentrando en las cambiantes políticas de recepción y represión hacia esta comunidad exiliada, sin descuidar que se trata de una mirada sobre un período extenso que hasta ahora no había sido abordado en su totalidad. Asumimos que desde futuros análisis locales se podrán enriquecer o discutir los hallazgos aquí presentados.

Como fuimos mostrando, las respuestas estatales hacia los chilenos en Argentina estuvieron fuertemente vinculadas a las relaciones bilaterales que fue sosteniendo con Chile, así como también a los intereses que cada uno de los gobiernos del período fue construyendo en torno al problema de la seguridad interna y al frente externo en un escenario regional de fuerte conflictividad política y social.

A partir de esta revisión podemos identificar que existieron continuidades punitivas en las experiencias de vigilancia y represión a los exiliados chilenos en Argentina, sin que ello limite su caracterización sólo a este aspecto. Siguiendo los análisis de Marina Franco para otros casos de represión estatal (2016), podemos afirmar que, aunque la represión aparece como un factor constante en este período, ello nos convoca a desnaturalizar su carácter lineal para considerar las tramas locales, los actores que incidieron en ese ciclo represivo, las modalidades que adoptó y las tensiones políticas que operaron en el trasfondo de su ejecución.

Además de la dimensión represiva, en este artículo planteamos que las dictaduras militares en Chile y Argentina pusieron en juego distintos “usos” del exilio y retorno para gestionar el conflicto interno. Estos usos tuvieron una connotación estratégica, respondieron a la necesidad de canalizar presiones externas sobre las dictaduras y pudieron tener un impacto directo en la vida de estos exiliados: ya sea promoviendo retornos tempranos como movilizando recursos de las sociedades argentina y chilena para acompañar estos desplazamientos. En este mismo sentido podemos señalar que durante el gobierno democrático peronista (1973-1976) y luego en la posdictadura argentina (1983-1989) existieron mecanismos dispuestos por el Estado para responder al problema del exilio chileno en términos humanitarios a la vez que se produjeron múltiples hechos de persecución hacia esta comunidad. Esta disonancia o contraste merece ser analizado con más detalle sin perder de vista su complejidad y su inscripción contextual, para evitar reduccionismos que califiquen a las políticas humanitarias como simples fachadas de la represión y que nos permitan explicar la convivencia y articulación de políticas opuestas o contradictorias.

Con respecto a la agenda de temas que se abre sobre el exilio chileno en Argentina, podemos subrayar la notoria ausencia de estudios sobre las experiencias y memorias construidas por los exiliados y exiliadas en esos entramados de recepción y represión que fuimos señalando. ¿Cómo vivieron los y las chilenas exiliados en Argentina durante el despliegue del terrorismo de Estado? ¿Qué estrategias cotidianas fueron desplegando los y las exiliadas para vivir frente a la crisis política y económica que fue atravesando el país? ¿Cuáles y cómo fueron sus puntos de contacto y sus comunicaciones con familiares, organizaciones y otros actores residentes en Chile? ¿Qué puentes y acciones conjuntas de solidaridad se realizaron desde Argentina con la diáspora chilena en el mundo? Estas son algunas de las muchas preguntas que se podrían incluir en futuras investigaciones.

Junto a ello, resulta imperioso reponer las condiciones locales y provinciales de las acciones de vigilancia extraterritorial ejecutadas por la dictadura chilena en territorio argentino, ya sea en colaboración con la dictadura argentina como en los años ´80. Ello permitirá identificar redes locales de coordinación para la persecución a los exiliados chilenos en dictadura y explicar cómo y por qué continuaron funcionando en algunas coyunturas de la Argentina democrática.

Por su parte, carecemos de un estudio sistemático que recupere las trayectorias políticas y las experiencias de solidaridad construidas por los mismos exiliados y desde los actores del campo político y social argentino. Una agenda de investigaciones amplia debe interrogar el papel de la COMACHI en los primeros años setenta frente a los exiliados chilenos en Argentina y qué repertorios de acción fueron desplegando en la denuncia anti dictatorial. En esa línea, también es importante rastrear cómo fue el trabajo político realizado por el Chile Democrático en los años ochenta, el tipo de vínculo que estableció con el proceso de disputa política que se liberó en Chile de cara al plebiscito y a la transición después.

Con respecto a las fuentes, es notorio el protagonismo que van teniendo las fuentes estatales en la reconstrucción histórica, ya sea a partir de los documentos del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, como en los informes producidos por los servicios de inteligencia en la Provincia de Buenos Aires. Ello se enriquece con la información creada por las agencias ecuménicas y pastorales, como CAREF y con el cruce de otras fuentes no gubernamentales, como la de la ONU. Una agenda que enriquezca nuestra comprensión sobre la experiencia del exilio chileno deberá ampliar y problematizar esta perspectiva, integrando las voces de sus protagonistas para interrogar sus estrategias de acción y supervivencia, las conexiones del exilio chileno con otros exilios en Argentina y con los actores locales, y las memorias sociales que se han construido en torno a ello.

 

 

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Recepción: 30/05/2021

Evaluado: 10/08/2021

Versión Final: 09/09/2021

 



(*) Socióloga y Doctora en Historia (Universidad Nacional de La Plata), Argentina. Magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), México. Investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede de trabajo en el Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM), Argentina. E-mail: slastra@unsam.edu.ar ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6619-8249

[1] Mesa Referencia, Leg. 16998, Tomo I, 1974, DIPPBA.

[2] Pedido de Informe, 15/09/1978, Legajo 16988, Mesa referencia, DIPPBA.

[3] CIDH, Informe anual, 1985; Clarín, 5/10/1985.

[4] Expte. s/núm. R.G, febrero 1985, CAREF.