De la concentración a la dispersión.  Las derivas del conservadurismo entrerriano ante las reformas electorales (1870-1917)

 

 

Nicolás Daniel Motura(*)

 

 

Resumen

 

Tras la muerte de Justo José de Urquiza en 1870, se conformó un grupo dirigente con figuras provenientes de diferentes localidades de la provincia. Este elenco, centralizó los resortes del poder, asegurando su sucesión, en un contexto atravesado por el fortalecimiento del Estado nacional y provincial. Sin embargo, las tendencias oligárquicas del régimen, contribuyeron a resquebrajar ese equilibrio a finales del siglo XIX, motorizando cambios en su funcionamiento. Producto de esas reformas, los conservadores entrerrianos tendieron a dispersarse, permitiendo que en 1914 el radicalismo alcanzara la primera magistratura. En el presente artículo, buscaremos dar cuenta de ese derrotero, en un espacio poco explorado por la historiografía argentina.

 

Palabras clave: Conservadores; Elencos políticos; Reformas electorales; Entre Ríos.

 

 

 

From concentration to dispersion. The drifts of entrerriano conservatism in the face of electoral reforms (1870-1917)

 

Abstract

 

After the death of Justo José de Urquiza in 1870, a leading group was formed with figures from different towns in the province. This cast centralized the springs of power, ensuring their succession, in a context crossed by the strengthening of the national and provincial State. However, the oligarchic tendencies of the regime contributed to break that balance at the end of the 19th century, driving changes in its operation. As a result of these reforms, the entrerrianos conservatives tended to disperse, allowing radicalism to reach the first magistracy in 1914. In this article, we will seek to account for that course, in a space little explored by Argentine historiography.

 

Key words: Conservatives; Political elections; Electoral reforms; Entre Ríos.

 

De la concentración a la dispersión.  Las derivas del conservadurismo entrerriano ante las reformas electorales (1870-1917)

 

Introducción

 

Cuando la mañana del 30 de julio de 1914, la Junta Electoral Provincial proclamó a los ganadores de las elecciones a gobernador del 7 de junio, una frustración generalizada dentro del arco conservador inundó los espíritus. Meses de negociaciones infructuosas se habían sucedido desde que se sancionaron las leyes electorales nacionales y provinciales entre 1911 y 1913. La aplicación de la reforma, lejos de ratificar el rumbo del oficialismo, había provocado la división del bloque conservador en dos corrientes, mientras que el voto opositor se concentró en el candidato de la Unión Cívica Radical (UCR). En el Colegio Electoral los números fueron los siguientes: los radicales obtuvieron 42 electores (24.974 sufragios) frente a los 12 del Partido Provincial (PP) (23.192 votos).^[1]

El radicalismo entrerriano se convertía así en el segundo distrito después de Santa Fe, en cambiar de signo político tras la reforma promovida por Roque Sáenz Peña en 1912. Los conservadores entrerrianos se veían obligados a dejar el poder luego de 34 años ininterrumpidos. Pero: ¿por qué sucedió esto? A la explicación hay que buscarla unos años antes. Tras la muerte de Justo José de Urquiza (1801-1870) un grupo de dirigentes de segunda línea durante la etapa federal, asumió las riendas de la provincia en el marco de la intervención nacional. Configuraron un elenco cuya rotación en los cargos era producto de una negociación que pretendía zanjar, puertas adentro, cualquier intento de sedición (Botana, 1977; Alonso, 2010). Estaba latente en la memoria colectiva, los efectos de las luchas entre jordanistas y fuerzas federales, que sumieron a la provincia en una crisis económica producto de la inestabilidad política (Djenderedjian, 2014). A este grupo de dirigentes los caracterizaremos como conservador, no por su resistencia a los cambios, sino como contraposición hacia quienes esgrimían la violencia revolucionaria como forma de resolución de los conflictos (Alonso, 2000: p. 155).

Sin embargo, este delicado equilibrio alcanzado a finales de los setenta, se fue alterando por la cada vez mayor preeminencia de uno de los grupos políticos provinciales sobre el resto. El pasaje de un siglo a otro fue un momento de tensiones entre quienes pretendían sostener el régimen, apoyado fuertemente en la maquinaria del fraude; quienes pretendían impugnarlo, recurriendo a las armas, y aquellos que buscaban reformas graduales para no alterar las bases del ordenamiento social (Roldán, 2010). Ante este estado de situación al oficialismo no le quedó más remedio que aceptar la elaboración de un marco legal acorde y que diera respuesta a las demandas. Lo hizo convencido de que sus representantes obtendrían más legitimidad cuando les ganasen a los opositores en un comicio no amañado. Pondrían así un freno lógico a la "fiebre reformista" y a la “revolución radical” que aspiraba a cambiarlo todo, bajo el impulso de las nuevas ideas que agitaban al mundo por aquellos días.

Las leyes electorales, fueron producto de una lenta y progresiva batería de cambios que aseguraban la estabilidad del elenco gobernante, la incorporación de nuevos actores y la posibilidad de negociación con ellos. Habían sido pensadas para resolver los conflictos intraélite por la sucesión, pero con los resultados de julio de 1914, daban la impresión de haberse convertido en “un salto al vacío” (Botana, 2005: p. 295). La democratización política daba cuenta de la profundidad de los cambios que se venían dando en el país y en la provincia, producto de la modernización en marcha. Auguraba un nuevo horizonte donde los actores de vieja prosapia, debían convivir y negociar con los nuevos agentes emergentes.

Es en ese contexto que el presente trabajo analizará el impacto de las reformas electorales de principios de siglo XX, en la dinámica interna del elenco político conservador de la provincia de Entre Ríos. Para ello describiremos cómo fue su auge hacia la década de 1870 y su faccionalización en la de 1890, que derivó en la derrota a manos del radicalismo (Castro, 2012).

El estudio se ocupa de la política al nivel de las elites, por lo que el corpus analizado se ha construido en su mayor parte a partir de la prensa periódica y los diarios de sesiones del Poder Legislativo, escenarios en los cuales dichos actores participan de manera activa. Nos valdremos de las herramientas brindadas por la prosopografía con la intención de realizar un perfil del conjunto de los principales referentes del período (Ferrari, 2010; Giorgi, 2014; Barragán, 2016).

Si bien el tema de los elencos políticos del orden conservador y la reforma electoral han sido tratados desde las más variadas perspectivas, los estudios subnacionales resultan escasos o demasiado centrados en las provincias más pobladas.^[2] No obstante, y pese a detentar los espacios de poder más importantes de la provincia durante más de tres décadas, carecemos de trabajos que nos brinden información acerca de sus trayectorias, composición y características. Esto se debe, a que la historia provincial de la primera mitad del siglo XIX, ha concitado mayor interés en la comunidad historiadora.^[3] La vacancia de trabajos de este tipo para Entre Ríos, ameritan el presente artículo.

 

La conformación de un nuevo orden

 

Tras la muerte de Justo José de Urquiza en 1870, se configuró un nuevo orden político en la provincia, que seguirá los lineamientos trazados por la Nación tras la unificación de 1862 (Schmit, 2015; Bressan, 2018). Tres espacios se disputarán el poder vacante en la primera década post-urquicista: Concepción del Uruguay, que desde 1860 había sido sede de las autoridades provinciales; Paraná, que desde la experiencia Confederada (1854-1861) había ganado prestigio y -en menor medida- Gualeguaychú, muy cercana a Buenos Aires y con personalidades de renombre.

Esta situación de dispersión, luego de décadas de férrea concentración en la figura del caudillo-gobernador, obligó a los grupos locales a negociar un equilibrio inestable para mantenerse en el poder. Producto de la intervención nacional y del peligro constante a una nueva rebelión jordanista,^[4] los gobiernos de Emilio Duportal (1871), Leónidas Echagüe (1871-1875) y Ramón Febre (1875-1879), sufrieron la injerencia de los funcionarios nacionales en la provincia. Este estado de debilidad, tendió a torcer la balanza regional, en favor de aquellos grupos que se mostraban más afines a la política presidencial.^[5]

Para principios de 1880, la situación de inestabilidad y crisis económica producto de las revueltas jordanistas tendió a disiparse (Djenderedjian y Schmit, 2008). Sin llegar a dictar una amnistía formal, durante la gestión de José Francisco Antelo (1879-1883), poco a poco se fueron tendiendo puentes entre los antiguos seguidores de López Jordán. Quien más decidido estuvo en ganarse su apoyo fue Eduardo Racedo que, gracias a las gestiones de Lino Churruarín, se entrevistó en 1882 con el caudillo federal en la República del Uruguay (Duarte, 1998), y logró su apoyo en la carrera al ejecutivo.

El 1 de mayo de 1883, Eduardo Racedo fue elegido gobernador de Entre Ríos. Entre sus seguidores había antiguos partidarios del jordanismo, entre ellos los ministros Juan Mantero^[6] y Miguel Laurencena.^[7] Con su incorporación al juego político, se buscaba cerrar el capítulo de la historia entrerriana caracterizado por la inestabilidad y la violencia, y se abría un nuevo ciclo donde el poder se inclina hacia la costa occidental de la provincia.

Racedo era un experimentado militar que había participado en las batallas más importantes de su tiempo: veterano de Pavón (1861), de La Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), de La Campaña al Desierto (1879) y de la represión a los levantamientos de López Jordán (1870), Bartolomé Mitre (1874) y Carlos Tejedor (1880), logró una alianza provechosa con el grupo de Paraná, ciudad de la que era oriundo, para las elecciones de 1883. Consciente de que la estabilidad política de la provincia pendía de un hilo, se abocó en su corta gestión a sentar las bases de la institucionalización definitiva que centralizará y reforzará el poder provincial, frente a los avatares políticos y económicos de la década anterior.

Lejos de ser la excepción a la regla, Eduardo Racedo será parte de la pléyade de dirigentes que transformó de manera radical el funcionamiento de la política nacional, al mover el eje de poder de la periferia hacia el centro, en dos grandes aspectos. En primer lugar, porque terminó con la dinámica de rotación del poder post-Caseros, agudizando la marginación de los opositores y fortaleciendo la capacidad negociadora del presidente en las provincias, por intermedio del Partido Autonomista Nacional (PAN). Y, en segundo lugar, porque entablará una nueva relación entre gobernantes y gobernados, poniendo al Estado y sus instituciones como articuladores principales de las relaciones sociales.^[8]

Apenas llegado al cargo, Racedo llamó a una Convención Constituyente, que reformó la Constitución Provincial en noviembre de 1883, y a fines de ese mismo año trasladó la capital de la provincia a la ciudad de Paraná.^[9] Si bien esa medida fue una de las más criticadas por los medios de la costa del Uruguay -provocando inclusive la renuncia de su ministro Juan Mantero-  su imposición daba cuenta del poder conseguido por el grupo de Paraná, que procuró luego de la muerte de Urquiza, mantener al oriente entrerriano dividido y asegurarse el apoyo presidencial a sus candidatos (Bressan, 2018: p.165). Esa situación perdurará hasta bien entrada la década de 1890.

 

Los cortocircuitos dentro del elenco conservador

 

La delicada situación económica durante el primer lustro de la década de 1890, obligó a las dirigencias conservadoras a ser pragmáticas en la forma en que se traducían los apoyos políticos. Mientras en el país la inestabilidad de las dirigencias prontamente desembocó en la renuncia del presidente Luis Sáenz Peña (1892-1895), la estabilidad de los gobiernos conservadores en Entre Ríos, se mantuvo inalterada. Pero esta situación se verá prontamente perturbada con la llegada de Salvador Maciá (1895-1899), a la primera magistratura provincial.

Oriundo de Paraná, formará con los hermanos Enrique y Alejandro Carbó (sus primos), Carlos Zavalla, Samuel Parera Denis y Leónidas Echagüe (familiares políticos) la llamada “Cámara de La Loma” (Reula, 1969: p. 192). Este núcleo de dirigentes, a diferencia de lo que venía haciéndose desde 1870, desplazó de las decisiones al resto de la dirigencia provincial, provocando una fuerte fractura en su funcionamiento.

Ya en 1895 se constituye una escisión conservadora denominada la Unión Provincial (UP)^[10] que, si bien no rompió con el oficialismo, puso reparos a muchas de sus acciones. Ante la falta de garantías en los comicios del 30 de agosto de 1895 y del 1 de marzo de 1896, donde se elegían diputados provinciales y legisladores nacionales respectivamente, decidieron junto a la UCR, abstenerse de participar. El vicegobernador Francisco Gigena,^[11] perteneciente a la línea política de Sabá Z. Hernández, comienza a ser percibido por la prensa partidaria como la cara visible de la oposición dentro del gobierno. Ante los rumores, Salvador Maciá promueve su juicio político, bajo los cargos de: “conspirar abiertamente para ocupar la gobernación, de intromisión en los asuntos electorales con propósitos fraudulentos y de ausentarse de la provincia sin la correspondiente autorización de la legislatura”.^[12] Con la destitución de Gigena, la política facciosa comienza a erosionar la estabilidad del régimen. A la negociación en “los jardines secretos de la política” (Alonso, 2010) se le suma la violencia armada como forma de resolución de los conflictos.

 

Los levantamientos armados de Sabá Z. Hernández (1898-1900)

 

En 1898, y ante los “excesos” por parte del oficialismo provincial, el ex gobernador y diputado nacional, Sabá Z. Hernández, da forma a una escisión dentro del Partido Autonomista Nacional (PAN) llamada la Coalición Popular. Ésta aglutinará a la oposición a Salvador Maciá, con la firme intención de entorpecer la elección de electores a gobernador y provocar la intervención federal. Varios miembros disidentes del elenco conservador, como así también destacadas personalidades del radicalismo, participan el 13 de julio de la asonada, que rápidamente es reprimida por su escaso apoyo. Sabá Z. Hernández, por los fueros de que gozaba, rápidamente es excarcelado tras un recurso de hábeas corpus.^[13] Días después, el gobernador decreta la amnistía de todos los sediciosos, dado “que ese movimiento no ha logrado alterar el orden y la normalidad sino muy parcialmente en la Provincia”.^[14] Fortalecido por el éxito en la represión, Maciá no solo impone a Leónidas Echague (1899-1903) como su sucesor, sino que también refuerza su control hacia todo el personal político de finales de siglo, lo que enardece aún más a sus detractores (Reula, 1969: p. 203).

En vísperas de la elección de diputados de marzo de 1900, nuevamente el engranaje de la revolución es puesto en marcha. El 15 de marzo, y luego de meses de organización, estalla una nueva revuelta que tiene como objetivo la intervención federal.^[15] Ante la sorpresa de un gobierno que desestimó los rumores de rebelión, son convocadas las fuerzas nacionales para pacificar la provincia. La toma de comisarías y dependencias en las localidades de Paraná campaña (Villa Urquiza, La Picada y el Espinillo), Diamante, Villaguay, Rosario del Tala, Victoria, Colón y Concepción del Uruguay muestran el nivel de coordinación y magnitud de la revuelta. Los ministros de gobierno, Esteban Comaleras y los diputados provinciales Antonino Miranda, Miguel Mascaró y Tomás Comaleras, resultan prisioneros de los revolucionarios que se trasladan a la localidad de Victoria, y son utilizados como parte de las negociaciones. El envío de las fuerzas de la Guardia Nacional, a cargo del general Lorenzo Vintter, y el fracaso de las gestiones en Buenos Aires para obtener apoyo a la causa de los sublevados, obligó a la junta revolucionaria a negociar una salida política al conflicto.

Finalmente, el 23 de marzo de 1900 los revolucionarios deponen las armas al conseguir, un día antes, una amplia amnistía. Si bien el diputado Hernández aparece en el centro de las críticas del oficialismo, en este segundo levantamiento, empiezan a despuntar otras personalidades^[16] que representaban “todos los matices de la opinión pública de la provincia''. ^[17]

Lejos de pensar que estas expresiones pujaban por una ampliación de las fronteras de la ciudadanía, los elementos que conformaron ambos movimientos, tenían una concepción de la revolución no como forjadora de un nuevo orden, sino como restauración de uno precedente (Malamud, 1998: p.111). Tanto los radicales como Laurencena o Churruarín, como los antiguos racedistas y hernadistas, eran facciones de la elite que habían sido desplazados del elenco de gobierno, y pretendían un “retorno” al viejo equilibrio del setenta y el ochenta.

En un contexto donde se reconocía que los comicios, tal cual eran practicados, estaban aún lejos de garantizar una efectiva representación, la actitud de asegurar un tratamiento menos duro de los rebeldes, buscaba en definitiva una integración más que una exclusión. A su vez, el escaso castigo que había para los sediciosos, incentivaba este tipo de prácticas. Sin ser vistas como una ruptura tajante a las normas de convivencia políticas, las revoluciones eran la continuación del juego político a través de otros medios (Zimmermann, 2010: p. 272).

No obstante, pese a ser derrotadas, las revueltas hernandistas pusieron en evidencia las aporías de un sistema que comenzaba a mostrar varios signos de agotamiento. Es por ello que, en las postrimerías del siglo, comienza a pensarse en cambios en la forma de acceso, permanencia y sucesión al interior del elenco de gobierno.

La revolución, hoy no termina: recién empieza. Debajo de las cenizas queda el fuego sin apagarse. Si el orden de las cosas no cambia en Entre Ríos, se producirán diez, veinte, treinta revoluciones más, hasta que se derrumbe este régimen oprobioso. Para verdades el tiempo. A él nos remitimos.^[18]

 

Los elencos políticos del post - urquicismo (1871-1900)

 

Entre 1840 y 1870, y tal como analizaron Roberto Schmit (2004) y Raquel Bressan (2018) el elenco político provincial provenía del sector más selecto de la sociedad entrerriana. Notables como Ángel Elías, Benjamín Victorica, Martín Ruiz Moreno, Eusebio Ocampo, Manuel Urdinarrain, Ricardo López Jordán o Domingo Hereñú, poseían una extensa trayectoria como empresarios y funcionarios, pero, por sobre todo, tenían una estrecha red de relaciones interpersonales con el por entonces caudillo-gobernador. Con la fractura del orden federal entrerriano, que derivó en la muerte de Urquiza (11 de abril de 1870), personalidades que habían permanecido excluidas del ámbito de las decisiones hasta el momento -y otras no tan identificadas con la etapa federal-, comienzan a adquirir notoriedad, en un contexto marcado por la intervención nacional en el territorio. Esto no significó la desaparición del antiguo elenco, pero sí un recambio mucho más acentuado de ciertos nombres, por otros en marcado ascenso.

Valiéndonos de las herramientas que nos brinda la prosopografía, analizaremos a continuación los gabinetes y legisladores provinciales, previos a las reformas electorales de principios del siglo XX. De los datos extraídos, buscaremos dar cuenta a grosso modo de los perfiles de conjunto del elenco conservador (Ferrari, 2010). En esta reconstrucción, cabe señalar, que las Actas de Sesiones de la Legislatura Provincial y los trabajos de Filiberto Reula (1969; 1971), junto a la prensa del período, constituyeron los insumos principales.

 

Los gobernadores y sus ministros

 

Respecto de los gobernadores del período 1871-1900 podemos señalar en líneas generales que formaban parte de una elite notabiliar, cuyo acceso a los cargos era en gran medida tributario a recursos exteriores a la política, entre los que destacan los vínculos sociales, el poder económico y el desempeño profesional. La mayoría de los gobernantes de esta etapa -a diferencia de la urquicista- provenían de la costa del Paraná, siendo la abogacía la profesión dominante en la mayoría de los casos, aunque también había militares (Antelo y Febre) y médicos (Maciá, Ayarragaray, Parera). Estas personalidades, además de tener vínculos de amistad y familiares, provenían de espacios de formación propios de las élites: el Colegio Histórico de Uruguay y la Escuela Normal de Paraná. Las universidades de Córdoba y de Buenos Aires, también constituyeron espacios de intercambio profesional, que pusieron a disposición de la administración del Estado.

Tal y como demostró Botana (1977) existía una circulación y rotación en los cargos: antes de ser gobernador, muchos de ellos fueron ministros o estuvieron ocupando una banca legislativa. Solo un gobernador logró ser elegido dos veces durante el periodo conservador: Leónidas Echagüe (1871-1875 y 1899-1903), una verdadera excepción. A su vez, el destino de muchos de esos gobernadores era el Senado de la nación: para el período 1870-1900 de los 13 senadores entrerrianos, 10 de ellos fueron gobernadores (3 veces Echagüe y 2 veces Carbó y Maciá, 1 vez Febre, Crespo y Hernández) o ministros (José Baltoré).

 

Los legisladores entrerrianos

 

Al ser un espacio donde mayor cantidad de personas se incorporan, resulta difícil definir un perfil único de legislador. Por lo general y al igual que los miembros del Ejecutivo, los legisladores entrerrianos se caracterizaron por pertenecer al sector social más encumbrado, aunque hay una circulación mayor en estos cargos que en los puestos ejecutivos. De 415 diputados y senadores provinciales relevados, 96 de ellos repitieron (23,13%) en una o en ambas cámaras su participación, destacando aquellas personalidades con mayor peso político en el momento. Es el caso de los hermanos Dalmiro y Cayetano Basaldúa, Casiano Calderón, Gregorio Fernández de la Puente, Marcos Funes, Cristino García, Francisco Maglione, Francisco Megget, Fernando Méndez, Julián Monzón, Anselmo Núñez, Ramón Otaño, Benito Pérez, Sixto Vela, que renuevan su banca más de dos veces inclusive. No obstante, es posible visualizar una rotación mayor para el período 1871-1890 que para la última década del siglo XIX y primera del XX, donde los mismos nombres aparecen una y otra vez. En el caso de los diputados nacionales, de los 72 legisladores que representan a la provincia hasta 1900, en 33 casos hay repetición de nombres (45%). Pero si uno toma el período conservador por completo, es decir entre 1871 y 1914, el número asciende al 63% (68 de 107).

 

Cuadro 1. Elencos del Poder Ejecutivo y Legislativo provincial (1871-1900)*

 

* Hasta 1883 la Legislatura provincial era unicameral, luego de la reforma constitucional se incorporó la Cámara de Senadores.

 

 

 

Fuentes: Elaboración propia en base a la información proporcionada por el Prof. Gustavo Artucio de los Diarios de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos (ALPER) y Filiberto Reula (1969).

 

El reformismo conservador entrerriano

 

La intervención del presidente Julio A. Roca (1898-1904) en favor de Echagüe, fue un duro golpe para las aspiraciones de la oposición entrerriana que se alzó en rebelión en marzo de 1900. Tras el desbaratamiento de la insurrección, los reproches dentro de las filas coalicionistas, llevaron al desprendimiento del Partido Independiente, formado por autonomistas descontentos y algunos radicales.^[19] A grandes rasgos, el sistema de partidos en Entre Ríos reproduce el existente en otras provincias: un partido oficial fuerte y pequeños desgajamientos que ofician de oposición. Partido Independiente, Partido Provincial, Partido Popular, Partido Coalicionista son nombres para denominar las versiones locales del Partido Autonomista Nacional (PAN) que ganaron las elecciones de manera ininterrumpida entre 1883 y 1912.

La atomización de las fuerzas de oposición, fue una oportunidad aprovechada por el oficialismo provincial. Para la elección de 1902, únicamente la lista de Enrique Carbó participó de los comicios, siendo proclamado con escasos 7000 sufragios de 40.000 electores habilitados (Reula, 1969: p. 210). En 1907, nuevamente por la abstención opositora, una sola lista disputó la elección, proclamando a Faustino Parera gobernador. Esta situación, lejos de beneficiar al gobierno, empezaba a poner en duda su legitimidad y acrecentaba el faccionalismo dentro de la élite. Para finales de la primera década del siglo XX, la opinión del elenco conservador favorable a las reformas, era generalizada.^[20] La sanción de leyes de elecciones en la provincia, que modificaban las reglas del juego político, alteró la naturaleza, el funcionamiento y la fisonomía de estos agrupamientos. Las mismas tomaron muchas de las modificaciones de las reformas nacionales de 1902 y 1912 respectivamente, aunque con algunas diferencias (Fabris, Ferrari y Barbero, 2002; Ferrari, 2012; Cucchi y Hirsch, 2020).

Tras la reforma constitucional de 1903, se dispone de la sanción de una ley específica en materia electoral para regular las elecciones. La ley provincial n° 1964 de 1904, combinaba sistemas de mayorías simples y de lista incompleta, dependiendo el cargo que se ponía en disputa. Esta particularidad contrastaba con la normativa nacional sancionada dos años antes,^[21] dado que descarta el sistema de circunscripciones uninominales “que no tenía arraigo ni tradición”.^[22] La provincia se dividía en distritos para elegir senadores provinciales, y en 9 círculos electorales para la elección de diputados provinciales y electores de gobernador.^[23] En el primero se elegía un senador por distrito por mayoría simple. Para los segundos, se elegían dos diputados por la mayoría y uno por la minoría por cada uno de los círculos electorales.^[24]

En 1909, a instancias de la elección de gobernador para el año siguiente, dos sectores bien diferenciados al interior de la elite pujaron por encabezar la fórmula.^[25] Dentro del primer grupo se encontraba el gobernador Parera, junto a una nueva generación de jóvenes, proveniente de una nueva élite nacida al calor de los éxitos del modelo agroexportador que reclamaba posiciones, y promovía cambios en el sistema. Del otro lado, se encontraban los exponentes del carbosismo y de los ex miembros de la denominada “Cámara de la Loma”, que defendían a ultranza la política del acuerdo y no estaban dispuestos a que se desmontara la maquinaria electoral provincial.^[26]

En ese enfrentamiento, dos aspirantes despuntaron: por un lado, Prócoro Crespo, ministro de Hacienda de Faustino Parera, que contaba con el aval de Roque Sáenz Peña (1910-1914) y su programa de reformas. Por otro lado, Luis Leguizamón, un político experimentado de la vieja guardia autonomista. Pese a las discusiones en la definición de las listas, el ex ministro se impuso como candidato único y el 1 de octubre de 1910 asume la primera magistratura provincial. Once días después, Sáenz Peña accede a la presidencia y rápidamente designa a Indalecio Gómez, para que inicie las gestiones para materializar la ley de reforma electoral. El estudio del proyecto en el Congreso, se dividió en dos partes según la estrategia desarrollada por el ministro del interior: primero se discutieron las leyes sobre el enrolamiento militar (n° 8129) y ordenamiento del padrón (n° 8130), y luego se examinó el régimen electoral. Entre las novedades de la ley n° 8871 de elecciones, podemos mencionar la adopción de la llamada “lista incompleta”, que aseguraba la introducción de la oposición en cuotas que no alteraban el predominio oficialista. La segunda innovación fue el secreto, a través del mecanismo del “cuarto oscuro”. Finalmente, el requisito de la obligatoriedad, constituía a la manera de entender de los reformistas, el modo de consagrar la universalidad presente desde la constitución de 1853 (De Privitellio, 2012).

Es en este contexto que Prócoro Crespo a través de su ministro Carlos Elia, buscó adecuar la normativa provincial a la nacional, e inició las gestiones para encauzar su tratamiento. Para ello elaboraron un proyecto de ley que adaptaba la normativa local, a las disposiciones de la ley 8871, introduciéndose en la legislatura a finales de 1912. La oposición al proyecto, estuvo encabezada por los diputados Arturo Leguizamón y Damián Garat que rechazaban la introducción del secreto y la cláusula de la obligatoriedad del sufragio.  La falta de acuerdos entre de varios miembros del elenco gobernante -que contaba con mayoría en ambas cámaras- puso freno a la intentona reformista a finales de octubre de 1912 y nuevamente en abril de 1913. La política facciosa erosiona en los meses siguientes al oficialismo, que ya no contaba con la sucesión asegurada y los reproches por la falta de liderazgo del gobernador en el proceso, estaban a la orden del día. La actitud de la mayoría [en la legislatura provincial] debe, pues, interpretarse (…) como un esfuerzo para impedir la sanción de la reforma, con el exclusivo propósito de evitar la influencia de los partidos populares. Trátese de políticos que subsisten gracias al predominio local de caudillos que solo arraigan con la irresponsabilidad y el fraude, y para ellos, la ley electoral con voto secreto y obligatorio supone desposeerlos de los medios de que hasta hoy se valen para suplantar la voluntad popular.^[27]

Hasta mediados de 1913 las resistencias dentro del elenco gobernante a adecuar las reglas electorales provinciales al nuevo escenario inaugurado por Roque Sáenz Peña, eran objeto de críticas tanto de los radicales como de los conservadores dispersos. Sin un candidato claro para suceder al gobernador, los referentes del oficialismo, pretendieron sostener gran parte de la ley de 1904, introduciendo algunas pocas innovaciones. En un sector importante del Partido Provincial (PP), no se entendía del todo el porqué de la reforma y existía un convencimiento de que la ley no era el problema, sino las prácticas asociadas a ella. En la sesión del 26 de junio de 1913, a instancias de aprobar los diplomas de los diputados electos el 1° de ese mes, el diputado Damián Garat expresaba:

 

(…) es indiscutible que una ley, por más liberal que sea y por más que en su aplicación los poderes públicos procedan con toda rectitud y honestidad, una ley, digo, no puede arrancar de raíz y en un momento hábitos inveterados en nuestras costumbres políticas.^[28]

 

No obstante, y pese a los intentos de algunos miembros del PP de sostener la normativa vigente, a mediados de agosto nuevamente es remitido a la Cámara de Senadores el proyecto de reforma electoral. En un tratamiento bastante rápido, dado que los gruesos de las discusiones de fondo se habían dado en los intentos previos, y las presiones desde la gobernación y la presidencia eran ineludibles, la ley 2471 fue sancionada definitivamente el 17 de octubre y promulgada por el gobernador el 22 de octubre de 1913. ^[29] Estableció -al igual que la ley nacional en la materia- la universalidad del voto, el secreto mediante el mecanismo del cuarto oscuro, así como la obligatoriedad, entre los varones mayores de 18 años, argentinos y/o naturalizados.^[30] Se eliminó el Registro Cívico de la provincia y se adoptaron los padrones militares nacionales; así como se mantuvieron las subdivisiones en círculos y la distribución de bancas consagrada en 1904. Paradójicamente, estas leyes fueron pensadas para resolver los conflictos por la sucesión al interior del elenco gobernante. Pero fue el radicalismo quien mejor interpretó la magnitud de los cambios propuestos (Persello, 2007: p. 47).

 

Radicales y conservadores ante las reformas electorales

 

Combinación de miembros excluidos de la élite y de los nuevos sectores medios en ascenso, el radicalismo entrerriano adquirió desde sus comienzos tintes conservadores que lo asemejan al oficialismo gobernante. Gran parte de sus cuadros, eran figuras descontentas con el régimen que decían condenar, pero del que fueron parte en el pasado. Referentes como Vicente Morán,^[31] Miguel Laurencena o Lino Churruarín,^[32] poseían una trayectoria política previa que usaron como capital al momento de disputar los espacios partidarios. Portadores de un discurso de firme defensa de los principios republicanos clásicos como la autonomía, la división de poderes y la crítica a la corrupción, el radicalismo provincial apeló a diversas prácticas para volverse competitivo y acceder a cargos en el Estado.

Entre 1898 y 1900, varios cuadros del radicalismo se sumaron a la Coalición Popular, con miras a organizar los levantamientos contra el gobierno provincial y provocar la intervención nacional. Sofocadas las revueltas, y ante la negativa de Sabá Z. Hernández de distanciarse del Partido Autonomista Nacional, los radicales entrerrianos deciden alejarse de la coalición y se llaman a la abstención. Será con la política emprendida por Sáenz Peña en la nación y Prócoro Crespo en la provincia, que el radicalismo abandona esta estrategia y se prepara para la contienda electoral. Ante la sanción de la ley electoral y sus publicitados efectos,^[33] pero también por las diferencias insalvables con el núcleo duro del oficialismo, varios dirigentes de renombre que se encontraban trabajando lateralmente dentro del elenco conservador, empezaron a sumarse al radicalismo.^[34] Por otro lado, ascendentes personalidades, que venían siguiendo los parámetros de ascenso social de las elites, también se suman a esta nueva fuerza política. Casos como los de Luis Lorenzo Etchevehere, Dalmiro Basaldúa, Antonio Sagarna y Ramón Arigós -por mencionar algunos- dan cuenta del carácter conservador de esta escisión que, no obstante, supo aggiornarse a los nuevos tiempos.

En tanto en el espectro oficialista, ya desde mediados de 1911, el diputado provincial Sabá Z. Hernández había propuesto a sus camaradas la conformación de un partido único que hiciera frente a la creciente maquinaria radical. Su idea era unificar al Partido Provincial (PP) con el Partido Independiente (PI) que él encabezaba, a los fines de crear un único cuerpo dotado de carta orgánica y mecanismos de selección adaptados a los nuevos tiempos. Con esa intención, el 10 de marzo de 1913 se conforma la mesa directiva del Partido Unión Provincial (PUP), presidida por Alejandro Carbó y Eduardo Sobral. El clima enrarecido que predominaba dentro de los conservadores, empezaba a dar muestras de una actitud derrotista que se irá acentuando con el transcurrir de los meses. ^[35] La carrera a la gobernación de 1914 ya estaba en marcha, y la discusión de la reforma, será la excusa para disputar poder entre sectores, que observaban la actitud peligrosamente prescindente de su gobernador y las aspiraciones de varios dirigentes del Partido Provincial de sucederlo.

La diputación ante el Congreso, perteneciente al Partido Provincial, no oculta el disgusto por la marcha de los sucesos políticos en Entre Ríos, y hoy salen para su provincia a trabajar decididamente. El diputado señor Alejandro Carbó, en antesalas de la Cámara hablando de estas cosas, atribuyó el descontento y fracaso de la situación a la falta de carácter del gobernador doctor Crespo y a la impericia como lleva las cosas el grupo que rodea al señor gobernador. El señor Carbó como su hermano, el senador, son de opinión que la concentración de elementos alrededor del gobierno debe ser amplia, sin cortapisas y sacrificando a amigos que deben alejarse temporariamente de los puestos que hoy ocupan para dar entrada a elementos independientes y a amigos alejados o resentidos, con razón. Creen que si esto no se hace enseguida la situación caerá irremisiblemente. ^[36] Luego de sancionada la ley electoral provincial, en noviembre de 1913, los conservadores convocaron a una Convención de Notables para los primeros meses de 1914, con la intención de empezar a discutir las candidaturas a la gobernación. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.^[37]

En las elecciones de diputados nacionales del 22 de marzo, los radicales se alzaron con el triunfo, y Leopoldo Melo, Celestino Marcó y Emilio Mihura accedieron a la “Cámara Joven”.^[38] Los conservadores solo tuvieron que conformarse con elegir senador nacional, dado que controlaban la legislatura provincial. ^[39] La prescindencia del gobernador Prócoro Crespo^[40] y la designación de Enrique Carbó como Ministro de Hacienda de la Nación de Victorino de la Plaza, avivaron la interna provincial.^[41] Intentando sacar rédito de esta situación, el carbosismo lanzó la candidatura de Alejandro Carbó a la gobernación.^[42] Esta decisión unilateral llevó a la renuncia de Faustino Parera y Emerio Tenreyro al partido. Como consecuencia el PUP se disuelve definitivamente, quedando únicamente con el nombre de Unión Provincial (UP).^[43]

El radicalismo, por su parte, celebró el 12 de abril su Convención que proclamó las candidaturas a la gobernación de Miguel Laurencena y Luis Lorenzo Etchevehere, políticos reconocidos y de trayectoria. Al igual que sus pares conservadores, los radicales también se encontraron presos de la lógica facciosa: los referentes de la costa del Uruguay, rememorando antiguas disputas locales, criticaron la composición del binomio proveniente en su totalidad por hombres de la costa del Paraná.^[44]

La campaña adquirió un tono bastante violento, con acusaciones cruzadas, que se expresaron en la prensa y en los mítines partidarios convocados por ambos bandos.^[45] Sin embargo, la elección se desarrolló en aparente calma durante la jornada del 7 de junio. Las denuncias de fraude y atropellos se formularon con posterioridad, al momento del escrutinio, pues tanto de un lado como del otro hay intentos de impugnación de las mesas ante la paridad en el conteo de votos. ^[46]  Finalmente la Unión Cívica Radical de Entre Ríos obtuvo 42 electores (24.974 sufragios) frente a los 12 de la Unión Provincial (23.192 votos) y el 30 de julio de 1914, el Colegio Electoral de Entre Ríos proclamó la fórmula radical sobre el binomio Alejandro Carbó- Juan José de Urquiza del oficialismo.^[47] Iniciaba así una seguidilla de triunfos locales que permitieron el ascenso del radicalismo al gobierno, que se ratificaría dos años después con la elección de Hipólito Yrigoyen a la primera magistratura del país.

 

El parlamento entrerriano en épocas de cambio

 

Producto de las reformas electorales, en el período que va de 1900 hasta 1917, podemos observar un recambio del personal político, que alteró la fisonomía del elenco de gobierno. Tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores de la provincia, de los 174 legisladores relevados, sólo en 47 casos (27%) se repite la misma persona en el cargo. Este movimiento de nombres, que en su mayoría fue previa a 1912, obedecen a varias razones: por una parte, el retiro de algunos referentes conservadores durante la primera década del siglo XX, entre los que se pueden mencionar entre otros a Leónidas Echagüe, Eduardo Racedo y Ramón Febre; por otro lado, la incorporación de jóvenes figuras que habían ingresado por la minoría.

Si 1872 y 1890 significaron un punto de quiebre, en cuanto a la configuración del régimen restrictivo y su “oligarquización” (como puede deducirse de la información presentada en el Cuadro 1), los años de 1912 y 1914 respectivamente, alteraron sustancialmente la composición de las legislaturas al ingresar el grueso de los militantes del radicalismo. Al igual que en el período anterior, hay una fuerte predominancia de hacendados y profesionales dentro de sus filas.

 

 

Cuadro 2. Elencos del Poder Ejecutivo y Legislativo provincial (1900-1918)

 

 

* En senadores hay mandatos que duran más de un período

Fuentes: Elaboración propia en base a la información proporcionada por el Prof. Gustavo Artucio de los Diarios de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos (ALPER) y Filiberto Reula (1969).

 

Donde el recambio fue más lento fue en la Legislatura Nacional. En la Cámara de Senadores, hasta 1916, todos ellos eran de origen conservador. Con la llegada de Leopoldo Melo y Martín Torino, ese desbalance comienza a revertirse, ganando la UCR de manera ininterrumpida todas las elecciones. En la Cámara de Diputados, el cambio fue mucho más marcado, de los 8 diputados de la provincia, entre 1912 y 1914, se produjo un recambio mayoritario a favor del radicalismo, donde ingresan las personalidades más representativas del partido.

 

Cuadro 3. Legisladores Nacionales por Entre Ríos

a.               Diputados por Entre Ríos

 

 

Fuente: Archivo del Museo Histórico de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Disponible en: https://www.diputados.gov.ar/secparl/dmuseo/archivo-Parlamentario/diputados.html

 

 

a.               Senadores por Entre Ríos (1871-1916)

 

 

[1] Fallece en el cargo

[2] No culmina su mandato para ocupar otro cargo

 

Fuente: Archivo de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Disponible en: https://www.senado.gob.ar/senadores/Historico/Provincia

 

Respecto del perfil del primer elenco radical, este no difiere en líneas generales del de sus pares conservadores. Las profesiones liberales son las predominantes, así como la posesión de riqueza patrimonial que los ubicaba en el sector más selecto de la sociedad. Si bien hay excepciones, estas personalidades continúan con el patrón de sociabilidad y riqueza heredado de la etapa conservadora (Vidal, 1994; Ferrari, 2008). Tal y como aparece reflejado, a modo de ejemplo, en el siguiente cuadro elaborado con las diez figuras principales del ejecutivo provincial y la legislatura nacional.

 

 

Cuadro 4. El primer elenco radical (1914-1918)

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Pereira (1992, 2012) y Reula (1969).

 

Algunas reflexiones finales

 

Durante las décadas de 1870 y 1880, Entre Ríos fue testigo de un proceso de centralización y reordenamiento político, que eliminó definitivamente cualquier resquicio de autonomía del antiguo federalismo. La provincia quedó sometida al nuevo sistema de hegemonía encabezado por el presidente de la Nación, y que restringía el poder en unas pocas personas.

Tal y como observamos en el presente trabajo, estas figuras provenían del sector más selecto de la sociedad entrerriana y todos juntos conformaron un elenco de gobierno, que se sustentó en un delicado equilibrio de reparto de cargos durante las dos décadas subsiguientes a la desaparición física de Justo José de Urquiza. Reformada la Carta Marga en 1883, y consagradas las garantías que aseguraban el progreso material, parecía quedar atrás aquella época donde la guerra civil había retrasado el desarrollo provincial, y justificaba la injerencia de la Nación en los asuntos locales. Sin embargo, la inestabilidad de la década del noventa, impactó fuertemente en la estabilidad del régimen, provocando una crisis política que culminó con la renuncia del presidente Juárez Celman en 1890 y la emergencia de una nueva fuerza política: La Unión Cívica Radical (UCR).

No obstante, el ciclo de la violencia revolucionaria no logró afectar la gobernabilidad provincial en un principio. Sino que lo hizo a finales del siglo XIX, cuando las tendencias oligárquicas del régimen llevaron a varios referentes conservadores locales, en 1898 y 1900, a organizar revueltas armadas para desestabilizar al gobernador Echagüe y provocar la intervención nacional. Fue entonces que desde la cúspide del poder provincial se idearon una serie de normativas que buscaban canalizar el conflicto intra élite por las vías institucionales. Las reformas electorales, entonces, deben enmarcarse en este proceso mucho más amplio de democratización del Estado.

Lejos de ser una “sorpresa” fueron resultado de un lento y progresivo movimiento de cambios, que llevaron varios años de discusión y ajustes. No obstante, y pese a los cambios promovidos, el problema de los conservadores radicaba en su extremo faccionalismo. Esta situación contribuyó a su progresivo debilitamiento y dispersión. Muchos miembros del Partido Autonomista Nacional (PAN), prefirieron que sus rivales internos fueran derrotados a evitar que el radicalismo les arrebatara el poder (Castro, 2012). En parte porque muchos referentes radicales provenían de las elites; e inclusive habían ocupado puestos de relevancia durante la etapa conservadora. Por otro lado, porque la retórica y las prácticas políticas de esta nueva fuerza política hasta 1914, difieren muy poco de las desplegadas por ellos mismos.

Con las reformas electorales de 1902 y 1912 en la Nación, y de 1904 y 1913 en la Provincia, las condiciones de ascenso y permanencia en el poder empiezan a sufrir variaciones. En este contexto, el radicalismo fue quien mejor supo interpretar los nuevos tiempos: además de incorporar las nuevas tácticas de seducción del electorado, sumó a los cuadros de segunda línea del conservadurismo, que tenían vedado su ascenso. Lejos de ser una fuerza política innovadora, el radicalismo entrerriano se constituye una combinación de elementos y prácticas del Ancien Régime, con las novedades provenientes de la democracia de masas.

 

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Recibido: 13/08/2021

Evaluado: 05/10/2021

Versión Final: 01/11/2021