La represión al comunismo en el sur santafesino. Estudio de caso
Sebastián Merayo(*)
Resumen
El carácter histórico de este artículo instala una primera necesidad
vinculada a la memoria histórica. La ausencia de memoria que organiza el
olvido, evitando interrogarse en torno al pasado o inventándolo en el mejor de
los casos, constituye un serio padecimiento para la tarea investigativa y sobre
todo para algunos temas como este que han sido poco abordados desde la
historiografía. El Caso Ingallinella fue un acontecimiento político enmarcado en un
proceso histórico social más amplio signado por la represión. Una
primera problemática se enmarca en determinar cuáles fueron los factores que
incidieron en la desaparición de Ingallinella y por otro cómo se desarrolló el
accionar represivo del Estado; y cuáles eran los posicionamientos políticos de
los comunistas.
Palabras clave:
Estado; represión; movimiento obrero; memoria; desapariciones; Ingallinella
The repression of communism in south Santa Fe. Case study
Abstract
The historical character of this article install a first necessity linked
to historical memory. The absence of memory organized by oblivion, avoiding
wonder about the past or inventing it in the best of cases, is a serious
condition for the investigative task and especially some issues like this that
have been little approached from the historiography. The Ingallinella case was
a political event in a broader social historical process marked by repression.
A first problem is framed in determining what were the factors that impacted on
the disappearance of Ingallinella and on the other was developed the repressive
actions of the State; and what were the political positions of the Communists.
Key words: State, Repression; Labor movement; Memory; Disappearances;
Ingallinella
La represión al comunismo en el sur santafesino. Estudio de caso
Introducción
Durante el
periodo 1930-1983, para la mayoría de los gobiernos democráticos y de facto, la
idea de la conservación del orden junto a la construcción de un enemigo interno
fueron políticas de Estado con el fin de conservar el poder político de los
sectores dominantes. Estos principios se agudizaron en el marco de la Guerra
Fría a nivel mundial y el avance de las masas en la participación política de
Latinoamérica a mediados del siglo XX.
Si bien en la
construcción del Estado Nacional argentino podemos encontrar muchos sucesos de
asesinatos a opositores políticos o de represión a movimientos sociales, el Caso Ingallinella[1]
es la expresión de una política represiva que se intensifica en los años
treinta y a su vez el mismo es uno de los primeros casos de detención, tortura,
asesinato y desaparición física de personas ejecutadas por el Estado.
La importancia
del Caso Ingallinella reside en que
no es un caso aislado, porque se inscribe en el marco de un proceso represivo
instrumentado desde el Estado que a partir de la década del treinta utiliza la
tortura y el interrogatorio policial como instrumentos de persecución a
opositores políticos vinculados al movimiento obrero. El Estado contaba con
mecanismos legales de persecución política a opositores que se sustentaban en
base a la legitimidad de leyes represivas sancionadas por el Estado nacional y
los estados provinciales.
El Caso
Ingallinella
Junio del ‘55
El 16 de junio
de 1955 aviones de la Marina sobrevolaban Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos
Aires en una ceremonia de homenaje al Libertador General José de San Martín.
Con una plaza con gran cantidad de personas, el escuadrón aéreo comenzó a
bombardear. El fin de esta masacre era la de consumar otro golpe de estado a
través de las fuerzas armadas como actor político. Si bien dicho objetivo se
iba a concretar en septiembre de ese año, el intento golpista se inscribe de
manera trágica en la historia argentina. Los muertos a plena luz del día
oscilan entre 600 y 2000 más una cantidad mayor de heridos. Además de provocar
la caída de Perón, la agresividad del mismo tenía el objetivo de matar al
presidente que se hallaba escondido en el subsuelo del edificio del Ejército.
Desde el ministerio de Guerra se dirigieron operaciones para frenar la
insurrección armada. La CGT movilizó fuerzas para proteger a Perón. Un segundo
ataque, tres horas después del primero, terminó en una masacre de obreros.
Durante los bombardeos la policía federal, leal a Perón, permaneció en las
comisarías y el Departamento Central, el cual también fue bombardeado.
La jornada
continuó con la respuesta de sectores peronistas que en defensa del gobierno
salieron a las calles y llevaron adelante atentados contra las iglesias y otras
instituciones que encarnaban al golpe como la Casa del Pueblo de los
socialistas. El debilitado gobierno de Perón atravesaba una profunda crisis
política con distintos sectores y entre ellos se encontraba la Iglesia y su
brazo político, la Acción Católica. Desde fines de 1954 la relación del
gobierno con la iglesia era cada vez más tensa al punto que alrededor de la
misma se aglutino la oposición política para expresarse contra el peronismo
convirtiendo a la Iglesia en un factor político de poder contrarios a Perón.
En 1955 una
serie de medidas intensificaron las hostilidades: “el divorcio, la supresión de
la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos y la abolición de la
instrucción religiosa en las escuelas”[2]. El 11 de junio de dicho año
se realizó la procesión católica del Corpus Christi, el mismo se convirtió en
un acto político antiperonista en el que se pronunciaron contra la ley de
Reforma Constitucional que intentaba separar la Iglesia del Estado. Esto también
afectaba la relación con las Fuerzas Armadas que tradicionalmente estaban
vinculadas con el catolicismo.
Si bien para
este año el peronismo parecía superar la crisis económica que desde principios
de la década afectaba la matriz económica nacional. El gobierno optó por
ajustar los parámetros macroeconómicos del modelo con la intención de frenar el
proceso inflacionario y recurrir al acceso de capitales financieros para el
desarrollo de la industria. De esta forma Perón abría la economía nacional al capital
extranjero acordando un contrato con la compañía norteamericana Standard Oil. Este hecho atentaba contra
uno de los principios fundamentales del peronismo: la independencia económica.
Como rechazo a
esta medida un amplio espectro opositor encontraba un nuevo punto a donde
direccionar sus protestas. Así desde católicos, radicales, socialistas,
comunistas, demo progresistas y la democracia cristiana levantaban las banderas
de la soberanía nacional.
El clima de tensión política devino en la conspiración que terminó con los
sucesos de junio de 1955. El golpe no tuvo desde el principio una dirigencia
unánime, más bien fue una confluencia progresiva de diversos sectores de la
sociedad que se encolumnaron en primer término tras los reclamos de la Iglesia.
En este sentido quiero remarcar la hipótesis que señala Julio Godio[3] al
establecer que el golpe de estado de 1955, analizado en la coyuntura política
del segundo gobierno de Perón, es la consumación material de una lucha que se
venía dando en el campo ideológico escudándose en las banderas de las
libertades democráticas, la cuestión religiosa y la defensa de la soberanía
nacional; pero ello en el fondo no era más que la expresión de las clases
dominantes, la gran burguesía y el imperialismo, por recuperar el Estado.
“La política del peronismo entró en crisis a partir de 1953. El proyecto
populista se agotó y comenzó a procesarse un reordenamiento político de las
clases dominantes, que implicaba la gestación de un nuevo proyecto de
desarrollo capitalista dependiente estrechamente asociado a los monopolios
extranjeros y signados por la concentración y centralización del capital”[4]
El fracaso del
intento golpista creó en lo inmediato un clima de tensión y violencia política.
Perón optó por la conciliación con estos sectores y con la oposición política.
Se le dio mayor libertad a los opositores para que puedan expresar sus
diferencias a través de los medios de comunicación formalmente.
Ante el hecho irracional de los incendios a las iglesias, Perón interpreto
maliciosamente que los causantes de los incendios fueron los comunistas y dijo:
“En estos días, indudablemente, han aprovechado los comunistas. Los vimos ya y
tuve noticias durante el mismo movimiento. Andaban trabajando por su cuenta,
haciendo sus pequeñas cosas y sus grandes proyectos. Pero, afortunadamente, el
juicio y la prudencia de nuestros dirigentes y de nuestro pueblo, no les ha
permitido actuar de una manera más funesta”.[5]
Esto era una jugada de Perón de varias puntas según Godio: por un lado le
recordaba al gran capital que seguía siendo anticomunista y por otro,
encontraba un argumento para reprimir a quienes dentro o fuera del peronismo
llamaban a conformar milicias populares armadas en defensa del gobierno.
“Cualquiera que hablase de organizarse para resistir por la fuerza al golpismo
independiente del gobierno, podía ser acusado de ‘haber quemado templos’”.[6]
Para Godio, de esta forma, Perón le mostraba a la iglesia que los culpables
eran los ateos comunistas. Pero no
eran más que un chivo expiatorio. Acusando
a los comunistas, también quedaba bien con las FFAA. Los comunistas, según
Perón eran asociados a posiciones antirreligiosas, cosa totalmente falsa, ya
que el PC venía participando en las manifestaciones realizadas por la acción
católica y todo el arco opositor.
Para el PC el ‘problema religioso’ es para desviar la atención de la
opinión pública y evitar un movimiento unitario en defensa de la riqueza
nacional. Pero a su vez interpretaba que esas “masas influenciadas por la
Iglesia la acompañan en su resistencia a la política gubernamental de entrega
del país a los monopolios imperialistas y de superexplotación del pueblo”.[7]
Clima político: El Partido Comunista y el Golpe
Antes de entrar en el
análisis sobre los sucesos del asesinato de Ingallinella, resulta interesante
poder reflexionar sobre el clima político en el que se desenvuelven los hechos.
Para ello partiremos del editorial de la revista del PC Nueva Era de junio-julio de 1955. Allí se realiza una
interpretación sobre la coyuntura anterior a la intentona golpista y una
especie de ‘balance’ crítico sobre estos años de peronismo. Se hace foco y
crítica en la entrega del petróleo a la Standard
Oil porque ello venía a confirmar la claudicación de Perón frente a los
monopolios imperialistas.
“La inestabilidad
política y la zozobra social que vive el país se ha acentuado en los últimos
tiempos; de nuevo se ha vuelto a poner en primer plano la amenaza de golpes y
contragolpes de Estado. Lo que parece, en estos momentos, en la superficie, es
el conflicto entre la Iglesia católica y el gobierno ‘justicialista’. Pero si
se examinan los acontecimientos más profundamente, se podrá comprobar que en
nuestro país actúan, agravadas, las mismas contradicciones de fondo que desde
hace décadas provocan la inestabilidad política y la zozobra social. Y seguirán
provocándolas mientras no sean resueltas”.[8]
En el XI
congreso[9] del
PCA, realizado en agosto de 1946, se había establecido que el ciclo de golpes
de estado abierto en 1930 tiene una explicación ‘precisa’, se debe a que la
vida política nacional está influenciada por la estructura económica semifeudal
que depende del imperialismo y sus monopolios. De esta forma, para solucionar
los problemas se debe apuntar a la destrucción de las causas que lo generan, de
lo contrario solo se sufrirán sus efectos.
En la
conferencia nacional de 1950 los comunistas dicen, casi a tono de profecía, los
efectos que tendrá la crisis económica que vive el pueblo, advirtiendo sobre
los efectos negativos que permitirán
una mayor sumisión del gobierno a la política de los EEUU. Para 1955 el PC
entiende que el gobierno de Perón, más que destruir las causas que originaron
la dependencia y las desigualdades que padece la sociedad, las profundiza.
Más allá del
posicionamiento contra el intento golpista, que obliga al partido tomar una
postura, en líneas generales el PC entendía que: “…el gobierno peronista no solo no conquistó la independencia
económica para nuestro país, sino que reforzó los lazos que lo ataban ya al
imperialismo, entregando el petróleo, la electricidad, la siderurgia, el IAME,
etc., a los monopolios norteamericanos. No solo no destruyó el latifundio, sino
que lo consolidó y lo extendió, garantizando su propiedad a los grandes
terratenientes. No sólo no aseguró el florecimiento económico, sino que agravó
todos los factores que provocan la crisis económica, lo que hace que ésta siga
en proceso de constante agravación. No sólo no instauró el régimen de la
justicia social, sino que acentuó el grado de explotación de la clase obrera,
intensificando el ritmo de trabajo (superexplotación). No solo no respetó los
principios democráticos, sino que fue anulando todas las libertades públicas y
fue estructurando paulatinamente un Estado corporativo de tipo fascista. No
solo practicó una política exterior independiente, sino que fue adaptando la
economía, las fuerzas armadas y la diplomacia de la Nación a los planes bélicos
del imperialismo yanqui.
Estas son
las causas profundas que provocan la grave situación económica, política y
social porque atraviesa nuestro país.”[10]
A principios de 1955 el PC junto al Movimiento
Pro-Democratización e Independencia de los Sindicatos manifestaron su
rechazo al golpe como salida política, pero sobre la base de que el peronismo
aboliese la ley electoral que prohibía las coaliciones y se permitiese a las
oposiciones nuclearse contra el gobierno. Para Codovilla las coaliciones eran
castigadas porque se pretendía llegar al partido único.
Escribe Codovilla: “Hay quienes
proponen dar una salida a la situación política actual mediante aventuras
golpistas. Hay golpistas de ‘derecha’ y de ‘izquierda’, hay quienes presionan a
Perón para que acelere aún más el ritmo de entrega del país a los imperialistas
yanquis e intensifique las medidas reaccionarias contra la clase obrera y el
pueblo, hay quienes desesperan de la posibilidad de conquistar a las masas
peronistas para una política democrática y progresista, y quieren cambiar la
situación también a través de un golpe de fuerza. Nuestro Partido se opone a
esos golpes. Basándose en las enseñanzas leninistas de que todo debe hacerse
con las masas y no sin las masas o contra ellas, señala que el camino a seguir
es el de conquistar a las masas influidas por el peronismo para los Comités
Unitarios de Lucha en los lugares de trabajo, de estudio y de vivienda de
nuestro pueblo”[11], sigue y sostiene que el trabajo de
unir fuerzas en defensa de la democracia, la independencia nacional y la paz es
difícil por las medidas reaccionarias que impone el estado corporativo fascista
de Perón y también por la resistencia de los dirigentes de los partidos
democráticos para establecer la unidad de acción con los comunistas. El PC
impulsaba la unidad de acción con los partidos democráticos a través de la
formación de Comités Básicos.
Más allá de sus propuestas, para los comunistas el enemigo principal a
vencer sigue siendo el ‘Estado Corporativo de tipo Fascista’. Se critica a la
oposición pero no hay un rechazo a la actitud golpista de la Iglesia. En este
contexto se le hacía difícil al PC conservar una línea política independiente o
de ‘tercera posición’: “es preciso llamar la atención del pueblo sobre el hecho
significativo de que tanto los sectores reaccionarios del peronismo como los de
la oposición, tratan de crear en nuestro país una división artificial entre
católicos y no católicos”.[12] En este sentido, la discusión no debe
ser entre católicos y no católicos, sino entre los partidarios de la paz, la
independencia nacional y la democracia, por un lado, y los partidarios del
fascismo, la entrega al imperialismo y la superexplotación, por el otro. La
visión de los comunistas sigue puesta en la conformación de un Frente Nacional
y Democrático con las fuerza progresistas tanto de la oposición como del propio
gobierno[13]. Se
entiende que en ambos frentes hay sectores democráticos y progresistas junto a
golpistas y reaccionarios.
El PC ‘alerta’ a la sociedad sobre la reforma constitucional que propone el
peronismo con el fin de separar la Iglesia del Estado. Si bien están de acuerdo
con la independencia del Estado y el establecimiento de una educación laica,
descubren que el peronismo no tiene en sus planes restablecer la Ley de
Educación 1420, de enseñanza laica, sino profundizar su visión (doctrina) en el
ámbito educativo, cultural e ideológico. Recordando que fue este el gobierno
que aplico los contenidos religiosos en forma obligatoria en las escuelas, tal
reforma constitucional conduce a “hipotecar aún más la independencia y
soberanía yanqui, o a cercenar aún más las ya mutiladas garantías constitucionales
a los derechos del hombre y del ciudadano”.[14] Intentar hacer ‘retroceder’
al gobierno, que de hecho luego del golpe acelera las concesiones a los
golpistas, no era más que apurar el desenlace anunciado.
Más allá de ser un partido importante, de alcance nacional, el PCA no
contaba con una base o influencia para cambiar el rumbo de los acontecimientos.
Se convertía de a poco en un partido cada vez más aislado y presionado por las
contradicciones de la política nacional y sus posturas ‘democráticas’ y obreras.
Ahora bien, según Godio, la estrategia general de los opositores fue muy
inteligente, golpear juntos por caminos
separados[15]. La oposición
aprovechó la política conciliatoria que había adoptado el peronismo. Entre sus
exigencias se encontraban: el restablecimiento de las libertades democráticas y
el desmembramiento del aparato represivo peronista para poder manifestarse
masivamente en las calles. La oposición y el diario La Nación acorralaban al gobierno cada vez más y este se veía rehén
de su propio discurso y política adoptada.
Como muestra de dialogo, luego de mucho tiempo se permitió a un político
opositor hablar por Radio Nacional. En el mes de julio, el dirigente radical
Arturo Frondizi habló criticando al gobierno y sobre todo denunciando los contratos
petroleros con la Standard Oil.
No obstante,
esta política de pacificación que lleva adelante Perón no tuvo el impacto
esperado, sobre todo en la provincia de Santa Fe en donde aumentaban día a día
las detenciones a los opositores.
Los hechos
En marzo de
1955 el gobierno provincial, a cargo del peronista Luís Cárcamo, enfrentaba una
profunda crisis política debido a desajustes económicos. Este había intentado
llevar a cabo una reforma impositiva la cual preveía un aumento en los
impuestos entre otras medidas que provocaron el descontento de vastos sectores
de la sociedad, entre ellos la Federación Económica de la Provincia, cercana al
mismo peronismo. La protesta se inició en Rosario y se extendió a toda la
provincia creando un clima de conflictividad que justificó la intervención del
Estado Nacional.[16]
Se designó al
Capitán de Fragata Ricardo Anzorena como interventor de la provincia entre
marzo y septiembre del ‘55. Anzorena tuvo que afrontar los sucesos del 16 de
junio que además de la tensión y la violencia política que se vivió en las
calles de Rosario trajeron como consecuencia la muerte y desaparición del
médico comunista Juan Ingallinella.[17]
Ese mismo día,
16 de junio, el gobierno nacional contó en la ciudad de Rosario con una
importante respuesta popular de apoyo. Universitarios peronistas y la CGT
local, en consonancia con la movilización nacional, ganaron las calles de la
ciudad para demostrar su lealtad a Perón. El delegado local, Samuel Sinay,
pidió calma a los trabajadores coincidiendo con la guarnición militar local que
se había mantenido fiel al gobierno. Miles
de personas se movilizaron en Rosario convocadas por la CGT hacia Plaza San
Martín para defender al gobierno. La policía custodiaba la sede del obispado y
el local de la Acción Católica.
En este contexto, un grupo de
militantes del PC local deciden redactar un volante y ponerlo a circular ante
la opinión pública repudiando los hechos ocurridos en Buenos Aires. Entre
ellos se encontraba Ingallinella, apoderado del Partido Comunista santafesino.
El folleto
titulaba: “UNIDAD POPULAR CONTRA EL GOLPE OLIGÁRQUICO IMPERIALISTA” Repartido, entre otros lados, en las inmediaciones del frigorífico
Swift, zona sur de la ciudad. En él se planteaba el posicionamiento del PC
rechazando el intento golpista. Ese mismo día la Policía llevó adelante razias en todo el país contra los
opositores, pero en Rosario se inició una cacería particularmente contra los elementos
comunistas tomando como excusa el volante. El hecho se inscribe en el
profundo anticomunismo que el peronismo esbozó desde sus orígenes utilizando a
los comunistas, quienes se habían declarado contra el golpe, como chivos
expiatorios del clima de violencia política. En esta coyuntura me pregunto si
las palabras de Perón, tratando de hacer pagar el costo político a los
comunistas por las quemas de las Iglesias, tuvieron influencia; o si solo la
policía actuó para implantar el ‘orden’ demostrando el poderío del Estado. Para
la policía era algo bastante común detener comunistas, y en el complejo
escenario actuó en consonancia al rol represivo que siempre tuvo.
Al día
siguiente en Rosario se detuvieron más de 60 personas, la mayoría eran
comunistas y entre ellos se encontraba el militante comunista y médico Juan
Ignacio Ingallinella. La Sección Orden Social y Leyes Especiales de la policía
rosarina decidió incautar aquel volante que según su apreciación “contribuía al
desorden público”.
Ingallinella es
detenido junto a su cuñado Joaquín Trumper el 17 de junio en su domicilio de la
calle Saavedra 667 de la ciudad de Rosario y llevado al departamento de
Policía. Allí fue torturado durante el interrogatorio y asesinado por la fuerza
policial. Esa misma madrugada comenzaron a salir los detenidos menos
Ingallinella. La policía en primer término trato de desentenderse de su
desaparición alegando la existencia de una firma (apócrifa) en el parte de
salida.[18]
Los abogados
del PC, Alberto Jaime y Guillermo Kehoe, que también habían estado detenidos,
presentaron un habeas corpus para liberar a todos los detenidos. Sin embargo
pasaban las horas y el médico no aparecía. Esto fue generando una movilización
cada vez más creciente de vastos sectores de la ciudadanía y las fuerzas
políticas a la cual el interventor provincial Anzorena tuvo que dar alguna
respuesta.
Según Adriana
Pons, para gran parte de la opinión pública rosarina la política de
pacificación anunciada por Perón parecía derrumbarse. El hecho provocó el
rechazo a estos mecanismos represivos por parte de la policía denunciando este
tipo de procedimientos que la policía venia protagonizando desde la década del
‘30 y se habían afianzado durante el peronismo. La persecución a comunistas o
militantes de izquierda había sido un postulado expreso del peronismo, siempre
dentro de los “parámetro legales”. En este sentido se tomaba a la tortura como
un mecanismo valido de ser utilizado durante la “investigación- interrogatorio”
con el fin de obtener los resultados buscados. La tortura se había convertido
en un mecanismo de interrogatorio, en “una práctica insustituible para recabar
datos y daba resultados muy positivos”[19] para los represores.
En palabras de
Guillermo Kehoe, víctima de los tormentos aplicados por los policías, podemos
recrear cómo eran tratados los presos ilegales en estos ‘interrogatorios’: “En
un santiamén me encontré sentado sobre la mesa, desnudo. Me colocaron las
correas en ambos tobillos. De ahí partían dos sogas cuyos extremos ataron a las
patas de la mesa. Luego ataron las correas restantes en mis muñecas y con otras
dos sogas… tiraban y tiraban hasta dejarme bien sujeto.
Tan fuertemente
estaba amarrado, que sentía la sensación que puede percibirse colgado de un
árbol, ya de las muñecas, ya de los tobillos”.[20]
Los relatos de
las víctimas deja entrever el ensañamiento de los policías con los militantes
comunistas y actuando como guardianes del orden al servicio de un gobierno que
permitió el uso de la picana eléctrica en este tipo de interrogatorios.
“-‘Queremos
saber dónde se encuentran el fichero y los mimeógrafos del partido’, dijo
Lozón.
Contesté que
desconocía la existencia de tal fichero y en cuanto a los mimeógrafos, ignoraba
su paradero.
No había
terminado aún mi respuesta, cuando sentí un trapo grande, mugriento, del tamaño
de media toalla de baño, y un hombre que apretaba con todas sus fuerzas con
ambas manos el trapo sobre mi rostro. Simultáneamente, la picana eléctrica.
Sobre mi costado derecho, al parecer previamente humedecido con esponja o
trapo, para localizar mejor la corriente.”[21]
La situación no
era nueva, con el golpe del Estado de 1943 la policía desempeñó un rol de suma
importancia en cuanto a represión y persecución política. Tampoco lo era para
la víctima, desde 1942 Ingallinella formaba parte de la Dirección Provincial
del PC santafesino y con el nuevo periodo de ilegalidad que abre el golpe de
1943, el médico de barrio La Tablada, pasa a la clandestinidad. “Desde un
departamento de la calle Virasoro al 2000 (de Rosario) organiza la propaganda
del partido. Se monta un pequeña imprenta y allí pasa, de redactar originales y
corregir pruebas, a componer en tipografía”[22] desde ese año conoce la
cárcel por su condición de militante comunista. En 1945 sale en libertad para
meterse en la actividad política partidaria en nuevo periodo que se abría con
el gobierno peronista.
Para 1955 el curso
que toman los acontecimientos con su desaparición hacía recordar el caso del
obrero tucumano Carlos Antonio Aguirre, detenido en 1949 y torturado en la casa
de gobierno provincial hasta morir. Luego fue dado como ‘desaparecido’ por las
autoridades. Además de este, era parte de la historia política represiva
reciente el secuestro del estudiante de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires Mario Bravo en 1951, brutalmente golpeado por el oficial Lombilla (jefe
de la ‘sección especial’). El accionar de la militancia comunista, sobre todo
de sus abogados, el de su esposa, Rosa Trumper y actos de la creciente
movilización ponían a plena luz del día el hecho. A ello hay que agregar el
contexto político nacional, en el cuál ante la política conciliatoria del peronismo
se puede llevar a cabo un reclamo que visibiliza hacia toda la opinión pública
el accionar represivo del Estado.
El movimiento
estudiantil fue uno de los sectores más dinámico en el reclamo. En la
universidad se crea una Comisión Universitaria Pro Doctor Ingallinella.
Mientras tanto, la policía y el gobierno provincial aprovechaban el paso del
tiempo para dilatar la situación y en ese contexto el jefe de policía de
Rosario, Emilio Gazcón, proporciona una serie de versiones absurdas, plagada de
inexactitudes y contradictorias estableciendo que Ingallinella “había sido
puesto en libertad para averiguar los nombres de quienes imprimieron los
volantes; estaba en Entre Ríos, tratando de cruzar la frontera; se había
alejado de su familia por un problema afectivo; no descartaba un problema de
amnesia.”[23]
El 29 de junio
el diputado radical Rodolfo Weinman denuncia lo ocurrido en el Congreso de la
Nación. El 5 de julio el diario La
Capital, en manos de una fracción de la familia de los Ovidio Lagos
adherente al peronismo, publicaba la siguiente nota: “Acompañada de un grupo de
clientes y amigos del doctor Ingallinella, se hizo presente en nuestra
redacción la esposa del citado profesional. Manifestó nuestra visitante que el
doctor Ingallinella habría sido detenido en 17 de junio en su domicilio por
cuatro empleados policiales de la sección leyes especiales quienes lo
condujeron a la jefatura local, según afirmó.
Agregó, finalmente, que desde el día mencionado no había logrado ninguna
información sobre el estado y paradero del nombrado profesional, el cual, según
informó la policía, había recobrado la libertad.”[24] Durante los meses
siguientes, el diario La Acción,
opositor a Perón, también se hizo eco de los reclamos por la aparición de
Ingallinella.
El 8 de julio de 1955, ante el crecimiento de las protestas de todos los
sectores, el ministro de gobierno se expide sobre la denuncia de malos tratos y
desaparición del Dr. J. Ingallinella. En el comunicado dado a conocer por el
diario La Capital se expresa: “Que
según constancia del libro de entrada y salida de presos de la jefatura de
Policía de Rosario, el doctor Juan Ingallinella, ingresó a las 17:45 del día 17
de junio y salió el día siguiente a la 1, firmando el recibo en el que consta
la devolución de los efectos que denunció al entrar…” Más adelante el mismo
comunicado especifica: “…configuraría la situación del doctor Ingallinella como
la de una desaparición al margen de la Intervención de la policía de la ciudad
de Rosario…”[25]
En esta
explicación el gobierno se hace eco de las versiones dadas por la policía. Pero
ante la creciente presión popular y en el marco de una política pacifista
llevada adelante por el peronismo, nombró una Comisión Investigadora. En la
legislatura provincial se conformó una Comisión Bicameral Investigadora por la
desaparición del Dr. Ingallinella, lo mismo sucede en el Congreso Nacional.
Las
posibilidades de una investigación profunda eran muy pocas, porque desde 1953
con la sanción de la ley Nº 14.165 se reforma el código de Justicia Policial y
la misma pasa a estar fuera de la jurisdicción civil y el poder judicial. “Los
delitos cometidos por la policía serían juzgados por la propia fuerza, medida
que reforzaba su impunidad institucional”[26] ante la inactividad de
algún comisario inspector que actuare como juez, a las ya mencionadas
comisiones investigativas se les suma la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe
a la querella a cargo de la instrucción del juez Carlos Rovere.
Hasta este
momento nos encontramos con 4 comisiones investigativas, tres de ellas de
carácter institucional. Una es la Comisión designada por el interventor
provincial; la del Juez de instrucción Rovere y la Comisión Bicameral presidida
por el Diputado Nacional por el peronismo Abel Monte e impulsada por el senador
radical Rodolfo Weidman. Esto no es un dato menor teniendo en cuenta la
fragilidad del sistema político y judicial que atravesaba el país, pero dicha
posibilidad se veía beneficiada por la manifestaciones provocadas de la
indignación por el caso y la política conciliatoria de Perón que le ‘abría’ el
juego a la oposición política con el fin de evitar un golpe militar.
El 19 de julio
la Intervención Federal se ordena la cesantía y detención de los policía
implicados como un acto de compromiso con la justicia y el reclamo social. Los
principales imputados eran Lozón, Monzón y el oficial escribiente Rogelio
Delfín Tixe todos ellos acusados de apremios ilegales y de ser los principales
responsables de irregularidades no especificadas. Les siguen el inspector mayor
Gilbert Bermúdez y el Comisario Inspector Fermín Lejarza, jefe y sub-jefe de la
División Investigaciones. También pasan a disponibilidad el Sub Comisario
Santos Barrera, segundo Jefe de Orden Social y Político; el Oficial Inspector
Arturo Llegart, segundo Jefe de Leyes Especiales; y el Oficial escribiente de
dicha División Ricardo Rey.
A todo ello
contribuyó el resultado de la Junta de Peritos Calígrafos convocada por el juez
que determinó la falsedad de la citada firma de Ingallinella y con ello el fin
de la versión policial. De esta manera la intervención debía mostrar otra
estrategia y se desprende de toda responsabilidad en el marco de una política
que otorga ventaja a la oposición. En las declaraciones, los policías dicen que
Ingallinella sufrió un paro respiratorio de manera ‘accidental’ y arrojaron su
cuerpo al río Paraná.
El 27 de Julio
se da a conocer el Informe de la Comisión Investigadora propuesta por la
Intervención. El mismo establece que: “… el Dr. Juan Ingallinella habría
fallecido a consecuencia de un sincope cardíaco producido durante el
interrogatorio en el que era violentado por los empleados policiales,
Comisarios Francisco Lozón (h) y Félix Monzón y Sub Comisario Fortunato Domingo
Desimón”.[27]
Este informe,
además de brindarnos la postura y accionar del gobierno interventor acusando a
los responsables directos, no permite establecer con claridad en qué tipo de
fuero judicial deben ser juzgados. Como tratando de evitarse el tema
Ingallinella, el Gobierno muestra su voluntad de compromiso pero también le
debe responder a una institución que desde sus primeros días le fue leal en su
política de seguridad pública y represión. En el informa se dice al respecto:
“Estos hechos repudiables deben ser sometidos a la justicia competente para que
se establezca la responsabilidad de los inculpados.”[28]
Si bien el gobierno no se la juega, para preservar la Institución Policial,
propone informar el caso al Juez de instrucción y al Juez Nacional de Sección
Rosario. Esto permite avanzar en la discusión por el juzgamiento civil de los
represores. Confirmando esta postura la comisión dice: “…tal cuestión es motivo ajeno a las atribuciones del poder
Administrador”. Por último, se resalta la falta de lealtad del Personal
Policial “que ha desoído las directivas de la Intervención Federal de fiel
respeto a las Personas y a sus derechos y de cumplir y hacer cumplir la
Constitución y las leyes…”.[29]
Los implicados
son exonerados y el gobierno se saca un lastre que entre otros son usados por
los opositores como argumentos para derrocar a Perón. Éste, jaqueado por los
límites de su política conciliatoria, decidirá probar con asustar a los
militares pero ante los hechos decide entregar el gobierno aceptando la derrota
sin defenderse, más allá de sus intentos que pasaron por la conciliación, su
retiro y la ‘embestida popular’.
En este sentido
coincidimos con la posición de Adriana Pons al decir que “el Gobierno pretendía
salir airoso encontrando una solución singular para un caso que según la
perspectiva oficial era excepcional y de esta manera, se pretendía ocultar la
práctica de la tortura.”[30] Lo que
confirma esta perspectiva es que no se denuncian esos actos ni se menciona el
paradero del cuerpo.
Ante las
presiones, el 3 de Agosto la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa
Fe resuelva que la Justicia Ordinaria es la competente para intervenir en el
Caso. La Causa queda a cargo del Juez Rovere. Rosa Trumper asume la Querella y
por su parte los abogados Guillermo Kehoe, Alberto Jaime, Adolfo Trumper, León
Prilick y otros impulsan la acción judicial. Rovere ordenó la detención de
otros policías: Héctor Godoy, Fernando Serdán y Francisco Espíndola.
El 9 de
Septiembre el Juez dicta Prisión Preventiva para Lozón, Monzón y Tixe por
apremios ilegales, defraudación, falsificación de documentos y homicidio
calificado: de Desimone, Lleonart y Barrera por homicidio calificado y apremios
ilegales; de Rey, Godoy, Serrano y Espíndola por apremios ilegales. Los jefes
de Investigaciones fueron sobreseídos.[31]
El golpe de
Estado de setiembre abre un gran intervalo en el caso Ingallinella. Luego del
mismo muchos jueces se excusan de intervenir y la causa va perdiendo impulso.
Desde mi punto de vista esto describe la utilización política del caso, que más
allá de destacar el accionar de la justicia y sectores que pedían el fin del
ciclo de torturas y persecuciones abierto desde siempre y profundizado en los
’30; para los opositores fue una caso que se debía solo a la política de Perón.
El uso político
Considerando que el hecho significó un acontecimiento político me
pregunto ¿cuál fue el uso del mismo en una coyuntura golpista? El caso fue
trascendiendo las fronteras políticas del comunismo tomando cada vez más
relevancia en todos los medios de comunicación y sectores políticos a nivel
nacional. Si bien los culpables fueron juzgados por los tribunales provinciales
y el gobierno de la provincia tomó el caso desde un punto de vista neutral
dejando que la Corte Suprema los juzgue, el caso se inscribe en una coyuntura
política en donde primó el oportunismo de la oposición para derrocar al
gobierno; pero por otro lado, puso al descubierto los mecanismos represivos
enquistados en el Estado trascendiendo cualquier identidad política. Esto
afirma el carácter represivo de las fuerzas de seguridad y la construcción de
un “enemigo interno” al cuál se debe exterminar por el “peligro” que engendra
en la sociedad.
La censura, la
poca libertad política, el cierre de periódicos, el monopolio mediático del
Estado, y la represión fueron mecanismos de dominación utilizados durante el
gobierno peronista. Las oficinas de Prensa, las Comisiones de Censuras de
Espectáculos Públicos, la Sección Orden Social y Leyes Especiales de la policía
demuestran esta política. Esto no era nuevo, pues era una tendencia ya
manifiesta durante la década del treinta.
En el marco de
la política conciliatoria el caso cobró una importante relevancia. Se destaca
la movilización popular por la aparición con vida de Ingallinella. En las
manifestaciones de solidaridad hacia los comunistas y los familiares de
Ingallinella se evidencia el amplio abanico de expresiones políticas y sectores
sociales que se expresaron al respecto. Entre ellos, además del accionar de la
Liga Argentina por los Derechos del hombre, organismo de derechos humanos
cercano al PC, se destaca la Federación Universitaria del Litoral, partidos de
oposición, el Cardenal de Rosario Antonio Caggiano y los círculos católicos,
entre otros.
En este
sentido, el 20 de julio se lleva a cabo un paro de una hora realizado por
médicos rosarinos, pero el 2 de agosto se concreta un paro nacional por 24
horas de la Confederación Médica Argentina por la aparición con vida de
Ingallinella al que adhieren farmacéuticos y bioquímicos.
Al analizar los
sectores que prestan su apoyo podemos darnos idea de la marginalidad del
comunismo en cuanto al principal actor político de su estrategia, la clase
obrera. Todos son sectores de clases medias, profesionales liberales,
universitarios, políticos de todos los partidos, incluso el peronismo.
Por otra parte,
como dice Alberto Kohen “lo característico de esta amplia movilización popular
era que no se quedaba en el mero marco de las declaraciones sino que, a los
pronunciamientos, seguía la acción unida y organizada”[32]. Esto de hecho fue así,
pero no todos lo utilizaron de la misma manera.
Por su parte,
el gobierno de Perón se encargó de denunciar esta utilidad política en su
contra, pero solo se limitó a ello en consonancia con su política
conciliatoria. En ningún momento se intentó abordar una discusión al respecto.
Para el peronismo el caso era usado por los ‘elementos
perturbadores’; para los comunistas se trataba de un proceso de represión
iniciado en los ’30 contra el movimiento obrero organizado, y para la oposición
de derecha, expresión de un gobierno autoritario y demagogo. Cada cual
levantaba la bandera de Ingallinella para seguir sus propios objetivos.
Los radicales unionistas dieron a conocer una declaración en donde se
llamaba a la unidad radical para enfrentar la nueva situación. Esa declaración
se hacía eco de los sucesos de esos días: “La policía rosarina había detenido a
dos abogados comunistas, los doctores ingallinella y Kehoe, y se sospechaba
asesinato al primero”.[33]
El 28 de julio el Diputado Radical Oscar Alende decía en su discurso en el
Parlamento Nacional: “Tengo la
inquietud de saber cómo la intervención de Santa Fe ha llegado a formular el
diagnóstico de sincope cardíaco con respecto al fallecimiento del doctor
Ingallinella; porque una de dos: o la intervención en Santa fe ha dado fe a la
palabra de los propios delincuentes, o ha tenido el cadáver del doctor Juan
Ingallinella para realizar el correspondiente examen y diagnóstico”[34]
Una vez conocido que Ingallinella había muerto a causa de las torturas y
aún su cuerpo no aparecía los radicales aprovecharon los espacios que ofrecía
el peronismo. “La denuncia de los diputados radicales en la Cámara recorrió
todo el país. Los peronistas no sabían cómo encontrar una excusa. Y como
ocurría en esos días, lo justo se confundía con lo injusto: la persona de Ingallinella,
un hombre que había dedicado su vida a la defensa del comunismo y la liberación
del proletariado, fue usada miserablemente por la oposición burguesa al
peronismo, dirigida por aquellos que justamente buscaban arrojar a la clase
obrera argentina a los destinos de los monopolios extranjeros y nacionales”.[35]
El 17 de agosto, el Ministro del Interior Dr. Oscar Albrieu citó a los
periodistas a la Casa Rosada. Allí reafirmo el fin de la etapa revolucionaria
para dar lugar a la ‘etapa normalizadora’. Comenzó explicando la actitud del
presidente de llevar adelante una tregua con la oposición llamando a la
responsabilidad de la misma sabiendo el costo político que pagaba Perón hacia
dentro del movimiento. Pretendió demostrar la interesada utilización por parte
de la oposición de las cuestiones religiosas, el petróleo y las torturas:
“Actualizaron también, para una campaña de descrédito, simulando la defensa de
bienes espirituales, o la soberanía o el patrimonio nacional, determinados
actos de gobierno que no se han realizado en manera alguna a espaldas o a
escondidas del pueblo, sino en el ámbito constitucional que les corresponde,
puesto que han sido enviados a la discusión pública por medio de los
representantes del pueblo que se sientan en el Congreso de la Nación.
De un episodio policial, como era el desgraciado caso Ingallinella, en el
que resultó víctima de homicidio o de desaparición, no lo sabemos aún, un
dirigente comunista, por la acción delictiva de uno o varios policías, a título
personal, se hizo una bandera de lucha, pretendiendo con ello llevar el
desconcierto, o hacer caer en el descrédito público a toda organización que es
motivo de orgullo para la república, como son nuestros policías y que, como
toda organización humana en la que intervienen hombres con sus psicologías, con
sus tendencias espirituales, con su manera de ser, cometen errores y hasta
cometen delitos, pero no puede servir nunca el caso aislado para involucrar
toda una organización. La policía ya
ha dejado de ser en nuestro país motivo de escarnio o atropello, para ser
custodia de la seguridad y la tranquilidad del pueblo. Y así hemos visto, y lo
han visto todos ustedes, cómo se han organizados en actos especiales que no
tienen el simple carácter de condenación de un hecho, profesionales con
distintos partidos políticos, individuos o núcleos bien conocidos, y aun hasta
alguna autoridad eclesiástica.”[36]
No obstante, el mismo ministro prohíbe en Mendoza un Funeral Cívico por
Ingallinella y ante ello el dirigente provincial del PC Benito Marianetti dice:
“Tampoco podemos aceptar la afirmación de que la muerte del doctor Ingallinella
sirve de pretexto para llevar a cabo una campaña de perturbación” y sigue:
“…las perturbaciones que existen en el país son el resultado de hechos como el
denunciado por nosotros y de otros similares… solo pedimos que actos de esta
naturaleza jamás se vuelvan a repetir en nuestra patria”.[37]
Algunos aspectos jurídicos del caso
Luego de 1955
el peronismo y en menor medida la izquierda se convirtieron en las fuerzas
populares que tuvieron como propuestas una transformación social, política,
económica y cultural de la Argentina. Lo que para la oligarquía significaba el
“peligro rojo” se fue trasladando en el miedo al “populacho”. Es en este
sentido que para los sectores dominantes, en muchos casos beneficiados durante
el gobierno peronista, no habrá diferenciación alguna entre el peronismo y la
izquierda.
Después del
golpe la causa judicial pierde ‘trascendencia’ política hasta que en 1957 el
Oficial escribiente Rogelio Delfín Tixe “quebró
el pacto de silencio”[38] y relata todo lo
sucedido desde la noche del 16 de junio con la detención de algunos comunistas
a quienes les incautan el panfleto ya nombrado. Relata el procedimiento del
interrogatorio por parte de los policías aplicando torturas. “El cadáver, según
Tixe, fue retirado de la Jefatura de policía de Rosario el 18 de junio de 1955
en un auto de la Sección Robos y Hurtos y conducido a una zona rural de la
localidad de Ibarlucea, en las afueras de Rosario.”[39] En el lugar el juez Ignacio
Aguirre Stegmann encontró un trozo del saco de Ingallinella, pero el cuerpo
había sido desenterrado de la fosa sin saberse nunca donde fue llevado.
El 30 de Mayo
de 1961 el Juzgado Correccional de Rosario, a cargo del Dr. Juan. A. Vitullo
dictó sentencia condenando a prisión perpetua por homicidio con alevosía a
Lozón, Monzón y otros a penas menores. La maniobra de la defensa fue la ‘falta
de cuerpo del delito’ a la que el juez respondió señalando que “cuerpo del
delito es el conjunto de pruebas que llevan a la convicción de que se ha
cometido una de las infracciones descriptas por la ley penal, pruebas que
pueden se inmateriales”.[40] El 19
de Diciembre de 1963 la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Rosario se expide
con un fallo de 6 páginas y en esta segunda instancia, se los condena en forma
definitiva sentenciando a Lozón, Monzón, Desimone, Lleonart, Barrera y Tixe; al
primero como promotor, autor material y responsable principal a veinte años y
los otros como autores directos en las torturas que terminaron con la muerte de
Ingallinella a quince años.
En estas dos instancias se observan consideraciones diferentes. Ambas
descartan el dolo directo, esto es el homicidio preterintencional, pero en la
primera Vitullo fundamenta el carácter de alevosía y la segunda, el fallo final
de la Cámara, lo rechaza, y junto a ello la prisión perpetua. Según el fallo
final el asesinato de Ingallinella era entendido como homicidio simple (no
calificado), ya que los policías no tenían propuesto matar a la víctima, sino
‘interrogarlo’ en búsqueda del mimeógrafo que se utilizó para la impresión de
los volantes. De esta forma se institucionaliza aún más la represión en
consonancia al accionar de jueces cómplices.
A continuación, el resumen del dictamen Nº 5210 de la Cámara Criminal de
Rosario, Sala II a cargo de los jueces Luis P. Laporte, Jorge Tellerria y Carlos E. Carré:
1.- No alcanza la amnistía dispuesta por la ley 14.436 a los empleados
policiales autores de torturas a detenidos, aunque estos detenidos fueran de
determinadas militancia cívica.
2.- Son responsables por incumplimiento de sus deberes de funcionarios el
jefe de policía y el jefe de investigaciones que ante el conocimiento de que
empleados a sus órdenes y en la misma jefatura son acusados de torturar
detenidos, no toman medida alguna, aunque no haya habido denuncia formal.
3.- Cuerpo del delito es el conjunto de pruebas que llevan a la convicción
de que se ha cometido una de las infracciones descriptas por la ley penal,
pruebas que pueden ser inmateriales.
4.- No constituyen asociación ilícita los funcionarios policiales que
excediéndose en sus funciones represivas cometen apremios ilegales, aunque lo
hagan habitualmente y siempre los mismos.
5.- En el homicidio causado por torturas, consistentes en golpes y empleo
de picana eléctrica. Aunque no haya dolo directo de matar, hay dolo eventual
pues los autores pudieron representarse el resultado (en disidencia el Dr.
Laporte).
6.- El homicidio causado por torturas a golpes y con picana eléctrica debe
ser considerado preterintencional si no existen pruebas de que el empleo de
tales medios excediere de lo común pues no eran aptos, razonablemente, para
causar la muerte. (De la disidencia del Dr. Laporte).
7.- Si la figura de homicidio resulta objetivamente calificada por los
medios pero es cometida solo como dolo eventual, debe ser sancionada como
homicidio simple pues falta la doble objetividad del fin de matar y la forma de
realizar la muerte.
La Cámara establece: “No
podemos suponer que fuera normalmente peligrosa desde que ninguna de las otras
víctimas sufrió consecuencias graves. Más bien, debe pensarse en una condición
anormal predisponente del Dr. Ingallinella para explicar la diferencia de
resultado, sin que nada pruebe que tal condición era conocida por los
procesados […]. Todo lo expuesto lleva a descartar el dolo eventual y a
considerar el hecho, por tanto, como homicidio preterintencional, ya que, como
lo admite la sentencia en recurso y lo demuestra el hecho de que se enviase a
buscar coramina para auxiliar a la víctima, la circunstancia evidente de que la
muerte tomó por sorpresa a los procesados, que no estaban preparados para tal
eventualidad, y el hecho de que, según lo demuestran las declaraciones, se
busca fundamentalmente hacer decir a la víctima dónde estaba el mimeógrafo en
que se imprimían los volantes”.[41]
El Dictamen deja entrever consideraciones muy
importantes que serán retomadas por los torturadores en décadas posteriores,
como la obediencia debida: “No debe olvidarse el sistema dentro del que se
movían los procesados, en que prácticamente podían creerse autorizados a
proceder de tal manera y aun suponer que se esperaba de ellos tal conducta”.[42]
Aunque en esta época no existía el argumento
jurídico de la Obediencia Debida, a él se recurría para encubrirse. Tampoco
tenemos un concepto de Desaparición Forzada de Personas. Visto desde hoy, el
caso anticipa muchas de las cuestiones que en la década del ’70 tomará el
carácter de Genocidio a partir de un Terrorismo de Estado que ejecuta en forma
clandestina e ilegal delitos considerados de Lesa Humanidad.
Más allá de los argumentos utilizados por los
abogados para condenar a los torturadores y todo el arduo trabajo emprendido,
no podemos decir que esto sea un fallo ejemplar. En este caso la Justicia no
discute a fondo las problemáticas más acuciantes que permitieron durante todo
el siglo aplicar este tipo de procedimientos ilegales a las fuerzas represivas,
en este caso del Estado. No las discute por diversos motivos pero el más
importante es la inestabilidad política de un territorio disputado por los
intereses imperialistas y por sectores políticos y económicos que se ven
favorecidos.
El fallo invisibiliza la figura de Ingallinella,
lo vuelve a negar, a desaparecer. El 11 de agosto de 1965, los asesinos de
Ingallinella recuperan su libertad, es decir son Indultados, por ‘buena
conducta’. En 1972 Osvaldo Soriano relataba lo siguiente: “Según Rosa
Ingallinella, Monzón –que fue exonerado de la policía- cobra ahora su
jubilación en el mismo banco que ella.”[43]
El caso
Ingallinella y la reconstrucción de la memoria histórica
El caso Ingallinella fue un acontecimiento
político enmarcado en un proceso histórico social más amplio signado por la
represión. Se ubica en un punto de continuidad en el proceso de represión a
militantes políticos de izquierda que luego del golpe militar de 1976 se
multiplicará por miles. No es la intención del trabajo poner a Ingallinella
como un caso exclusivo, pero si paradigmático y complejo por muchas cuestiones.
En primer lugar porque se da en un clima de profunda crisis política, en medio
de posiciones encontradas, pragmáticas y contradictorias. Además, el mismo es
consecuencia de una tradición represiva que a partir del golpe de Estado de
1930 se institucionaliza para cambiar un orden económico y político con una
presencia estatal más fuerte y que el modo en el cual acciona la patota que lo
detiene y asesina es muy similar al que en los golpes de 1966 y 1976 se
llevaran a cabo multiplicándose por miles. Eso es lo paradigmático y por ello
es que el mismo se plantea en un punto de continuidad en el marco de un proceso
represivo enmarcado en la inestabilidad política del país y el continente.
En segundo lugar, el hecho es aún más complejo
al analizar los posicionamientos políticos de los comunistas contra el golpe
del 16 de junio de 1955 y la respuesta autoritaria del propio gobierno. Luego,
a ello hay que sumarle la estrategia de una oposición que, más allá de sus
condenas a estos actos, ‘vio’ en Ingallinella un argumento más para presionar
la salida del gobierno.
Con respecto a lo estrictamente jurídico
podemos decir que en él se plasma el funcionamiento de un poder judicial que
intenta esclarecer los hechos, a pesar de la inestabilidad institucional y
política que supone dos golpes de Estado en menos de 10 años y la constitución
de un gobierno autoritario, pero termina por encubrir la verdad negando a las
principales víctimas. El fallo de segunda instancia del 19 de diciembre de 1963
pone de manifiesto el accionar de una justicia que apunta a la conservación de
las estructuras represivas y un Estado que no responde ante delitos de Lesa
Humanidad.
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Dictamen Nº 5210, Cámara
Criminal de Rosario, Sala II a cargo de los jueces Luis P. Laporte, Jorge Tellerria y Carlos E.
Carré.
Recibido: 23/12/2015
Evaluado: 29/02/2016
Versión final: 01/04/2016
(*) Profesor de
Historia, egresado de la Escuela de Historia. Facultad de Humanidades y Artes.
Universidad Nacional de Rosario, Argentina. E-mail: profmerayo@gmail.com
[1] Con Caso
Ingallinella no me refiero solo a lo estrictamente jurídico, sino también al
hecho de su asesinato y posterior desaparición. En caso de ser analizado algún
aspecto del mismo será aclarado en el texto.
[2] PONS, Adriana; “De
Las Jornadas de Junio al Caso Ingallinella. Los avatares del Populismo
(1943-1955)” en PLA, Alberto (coord.)
Rosario en la Historia (de 1930 a nuestros días). UNR EDITORA. Rosario.
2000. p. 254.
[3] GODIO, Julio; La caída de Perón/1/2 (de junio a
septiembre de 1955). CEAL. Buenos Aires, 1985.
[4] Ídem.
[5] Ídem. p. 67.
[6] Ídem.
[7] Nueva Era. Revista teórico-política. Comité Central del Partido Comunista.
Buenos Aires. Nº 3 Año VII. junio-julio de 1955. p. 6
[8] “Más audacia para
establecer la unidad de acción en defensa de la independencia nacional y de la
paz”, en Nueva Era. op. cit..
[9] “Cerrar
definitivamente el ciclo de los golpes de estado”. Del informe al XI Congreso
del Partido Comunista realizado en agosto de 1946.
[10] Ídem. p. 2.
[11] CODOVILLA,
Victorio; “El leninismo y la lucha
del pueblo argentino por la paz, la democracia y la independencia nacional” en
CODOVILLA, Victorio; Una Trayectoria
Consecuente, Tomo III, p. 164.
[12] Nueva Era. op. cit..
[13] CODOVILLA,
Victorio “La clase obrera y el pueblo adquieren su conciencia política a través
de experiencias vividas”. Del XI Congreso del PCA en Agosto de 1946. En: CODOVILLA,
Victorio. Vigencia y Proyección. Breve
selección de trabajos. Fundamentos. Buenos Aires. 1970.
[14] Ídem. p. 7.
[15] GODIO, J.; La Caída de Perón… op. cit.
[16] PONS, A.; “De Las
Jornadas de Junio…” op. cit., p. 257.
[17] ALCUATI, Sandra;
SWEENY, Viviana El Peronismo y los
opositores políticos: El Caso Ingallinella, Trabajo Final Seminario
General. Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes. Universidad
Nacional de Rosario, 1995.
[18] LIJTMAER, Nora;
“Rosa Trumper de Ingallinella. Maestra y militancia” en RÍOS, Guillermo (comp.)
La Cita Secreta. Encuentros y
desencuentros entre memoria y educación. Editorial AMSAFE. Santa Fe. 2007.
[19] ALCUATI, S.
SWEENY, V.; “El Peronismo…”, op. cit..
[20] Declaraciones de
Guillermo Kehoe. Ver fuente completa en Anexo. MERAYO, Sebastián; El caso Ingallinella y la represión estatal.
Seminario Regional. Escuela de Historia. Facultad de Humanidades y Artes. UNR.
2012.
[21] Ídem.
[22] KOHEN, Alberto; El caso Ingallinella 25 años después.
Ediciones centro de estudios. Buenos Aires. 1980. p. 47.
[23] AGUIRRE, Osvaldo;
“El crimen de Ingallinella. Persecución
ideológica y violencia política en 1955” en Revista Todo es Historia Nº 455. Buenos Aires, Junio de 2005.
[24] La Capital; Rosario. 5 de julio de 1955. “Héroes sin tumba”
[25] La Capital, Rosario. 8 de Julio de 1955.
[26] AGUIRRE, O.; “El
crimen de Ingallinella…” op. cit. p. 12.
[27] Informe de la
Comisión Investigadora. Intervención Federal Provincia de Santa Fe. 27 de julio
de 1955. Ver fuente completa en Anexo. MERAYO, S.; El caso Ingallinella…, op. cit.
[28] Ídem.
[29] Ídem.
[30] PONS, A.; “De Las
Jornadas de Junio…” op. cit.
[31] AGUIRRE, O.; “El
crimen de Ingallinella…” op. cit.
[32] KOHEN, A., El caso Ingallinella…, op. cit. p. 28.
[33] GODIO, J.; La Caída de Perón. op. cit.
[34] PIGNA, Felipe; Los Mitos de la Historia Argentina. Tomo 4:
La Argentina peronista (1943 – 1955). Grupo Editorial Planeta. Buenos
Aires. 2008. p. 340.
[35] GODIO, J.; La Caída de Perón. op. cit. p. 105.
[36] Ídem.
[37] KOHEN, A., El caso Ingallinella…, op. cit. p. 17.
[38] AGUIRRE, O.; “El
crimen de Ingallinella…” op. cit. p. 15.
[39] Ídem. p. 16.
[40] ALCUATI y SWEENY;
“El Peronismo…” op. cit. p. 17.
[41] La Nación, 20 de Diciembre de 1963.
Citado en TARRUELA, Alejandro; Historias
secretas del peronismo. Buenos Aires, Sudamericana, 2007.
[42] Ídem.
[43] SORIANO, Osvaldo;
“Asesinato de Juan Ingallinella. 28 de julio de 1972” en SORIANO, Osvaldo, Artistas, locos y criminales. Buenos
Aires. 1983. p. 110.