La labor de la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF). De la emergencia humanitaria a la convergencia con el movimiento de derechos humanos y el movimiento de mujeres (1973-1992)

 

 

Natalia Casola (*)

 

 

Resumen

 

En este artículo realizamos una reconstrucción histórica sobre la labor de la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF) en sus primeras dos décadas de existencia. Analizamos los orígenes vinculados con el radicalismo protestante de las décadas de 1960 y 1970 para, en un segundo momento, centrarnos en los primeros años de trabajo en el contexto del terrorismo de Estado. Luego avanzamos el análisis en los años 80 y la confluencia con el movimiento de derechos humanos, las expectativas de reformas y tensiones propias de la continuidad represiva en diversos planos. Finalmente, exploramos la feminización de la actividad de CAREF con relación al emergente movimiento de mujeres y la postulación del género como una categoría fundamental para la reflexión de la praxis cotidiana.

 

Palabras clave: CAREF; Protestantismo; Derechos humanos; Refugiados.

 

 

The work of the Argentine Commission for Refugees (CAREF). From the humanitarian emergency to convergence with the human rights movement (1973-1992)

 

Abstract

 

In this article we carry out a historical reconstruction of the work of the Argentine Commission for Refugees (CAREF) in its first two decades of existence. We analyze the origins linked to the Protestant radicalism of the 1960s and 1970s to, in a second moment, focus on the first years of work in the context of State terrorism. Then we advance the analysis in the 80s and the confluence with the human rights movement, the expectations of reforms and tensions typical of the repressive continuity at various levels. Finally, we explore the feminization of CAREF's activity in relation to the emerging women's movement and the postulation of gender as a fundamental category for the reflection of daily praxis.

 

Key words: CAREF; Protestantism; Human rights; Refugees.

 

 

La labor de la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF). De la emergencia humanitaria a la convergencia con el movimiento de derechos humanos y el movimiento de mujeres (1973-1992)

Introducción

 

Faltaban pocos días para cumplirse un mes del golpe de Estado en Chile perpetrado el 11 de septiembre de 1973, cuando las iglesias protestantes argentinas de los Luteranos Unidos (IELU), del Río de la Plata (IERP) y Metodista Argentina (IEMA) decidieron reunirse, fijar una posición frente a los acontecimientos políticos en el país hermano y acordar iniciativas comunes de ayuda. El 3 de octubre de 1973 quedó conformada la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF) con el propósito exclusivo de brindar asistencia a los perseguidos chilenos y latinoamericanos que comenzaban a llegar al país. La conformación de CAREF no había sido planeada con anterioridad y en los primeros tiempos existía la idea de que se trataría de una iniciativa transitoria. Sin embargo, a poco andar, el grupo promotor comenzó a percibir hasta qué punto se trataba de un diagnóstico equivocado.^[1]

El presente artículo se propone abonar al (re)conocimiento de la trayectoria de CAREF en el movimiento de derechos humanos y su origen asociado a las iniciativas desarrolladas por las iglesias protestantes argentinas pertenecientes a la rama “histórica”. Para ello reconstruye en forma panorámica el largo periodo que va desde su conformación en 1973 hasta 1992 cuando decidieron disolver el vínculo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)^[2] y orientar su actividad exclusivamente sobre la población migrante. Una de las preguntas que nuestro trabajo intentará responder es qué fundamentos ideológicos estuvieron presentes en la conformación de CAREF y en qué tipo de prácticas y líneas de acción se materializaron. Nuestra hipótesis es que el origen de CAREF debe comprenderse en el marco de la radicalización política de algunas minorías protestantes que las llevó a impulsar una serie de iniciativas sociales imaginadas como parte de un programa de transformación social integral, en sintonía con el radicalismo cristiano de inspiración marxista propio de la Teología de la Liberación.

La construcción de CAREF, entonces, fue una de las primeras iniciativas de este grupo de pastores protestantes que en los años siguientes confluyó con el movimiento de derechos humanos, entendiendo su acción como parte de un compromiso político y social activo.^[3] En este sentido, sostenemos que la asunción de los horizontes de los derechos humanos durante la transición democrática les permitió encarar su práctica dentro de un campo de acción que funcionó como condición para la democracia y, a la vez, como resguardo y movimiento de lucha frente a los procesos de continuidad represiva y a los límites en la voluntad y/o capacidad gubernamental para impulsar e implementar reformas. En paralelo, registramos que en los años 80 también despuntó la convergencia con el movimiento de mujeres en ascenso.^[4] La apertura democrática propició un nuevo escenario favorable para la participación política que produjo mixturas, diálogos y entrelazamientos teóricos como la incorporación de la categoría de género a la reflexión protestante y a la acción de CAREF. En este sentido, la feminización de la labor sostenida fundamentalmente por un equipo de trabajadoras sociales propició un acercamiento con las ideas feministas, aun cuando no se reconocieran como parte de ese campo.

Para la realización de este trabajo hemos utilizado en forma exhaustiva documentación proveniente del Archivo Histórico de CAREF obrante en la sede de la institución en la Ciudad de Buenos Aires. De igual modo, se realizaron dos entrevistas a personalidades clave que ayudaron a comprender mejor la visión de mundo que tienen los protestantes, las problemáticas concretas de trabajar con refugiados y las dificultades de registro de la actividad durante periodos de dictadura. De esta manera, los testimonios se transformaron en fuentes muy importantes, no sólo por la información que aportaron, valiosa para la reconstrucción empírica, sino porque nos permitieron abordar la lectura de la documentación primaria, su lógica de producción y sus meta-mensajes.

 

La radicalización del mundo protestante y el origen de CAREF

 

Las iglesias protestantes conforman un entramado complejo de gran diversidad y con funcionamiento en diferentes escalas territoriales (local, nacional, regional y transnacional).^[5] A los fines de nuestro objetivo específico, la acción de CAREF, importa reconocer solo el lugar de las iglesias “históricas”, es decir, las asociadas al polo liberacionista, de filiación ideológica liberal-modernista.^[6] Hasta la primera mitad del siglo XX la mayoría de estas iglesias habían sido promotoras del pensamiento liberal en su gran mayoría de inspiración norteamericana. Eran antiautoritarias, anticatólicas y consideraban que el desarrollo de la región vendría de la mano de una mayor democratización de la vida política.

Como señala Bastian en su importante obra sobre la historia del protestantismo en América Latina, hasta finales de los años 1940, estas iglesias habían sido bastante homogéneas, tomando en cuenta el “origen social de sus adherentes como la teología y el proyecto social que lo animaba” (Bastian, 1994, p. 204). Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Guerra Fría, el protestantismo histórico latinoamericano se escindió en dos proyectos divergentes: una tendencia “ecuménica”, vinculada con el Consejo Ecuménico de Iglesias (CEI) fundado en 1948 en Ginebra y otra tendencia fundamentalista y evangélica que se identificó con la lucha contra la “amenaza comunista” y asociada con el Consejo Cristiano Internacional (CCI) organizado en 1951.^[7]

En el campo del ecumenismo, en coincidencia con el surgimiento del CMI, varios intelectuales comenzaron a postular la necesidad de una interpretación teológica acorde con la realidad de América Latina.^[8] Entonces, ecumenismo y reflexión en torno de las particularidades históricas locales fueron el punto de partida de un lento pero ininterrumpido proceso de deliberación teológica.

La conformación de esa “vanguardia”^[9] protestante ecuménica latinoamericana se materializó en distintas instancias deliberativas, entre las cuales destaca por sus posiciones cercanas al marxismo el Movimiento de Estudiantes Cristianos (MEC) y la agrupación Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL) que funcionó entre 1961 y 1975 y cristalizó sus posiciones en la revista Cristianismo y Sociedad.^[10] Ese proceso de radicalización política es inseparable de la influencia decisiva de intelectuales de renombre como Richard Shaull o Paulo Freire cuya circulación de ideas comenzaron a desbordar el propio mundo eclesiástico. Fueron esos sectores los que iniciaron el diálogo con el marxismo que los condujo a postular la Teología de la Liberación. Esa situación propició, inclusive, el inédito acercamiento a sectores del catolicismo tercermundista que, por el mismo momento, encaraba un debate similar que los enfrentó con su propia jerarquía eclesiástica.

Ese proceso de revisión supuso un desplazamiento respecto de los paradigmas tradicionales de acción social protestante (liberalismo, fe en las capacidades individuales y desarrollo económico en el marco del capitalismo) para dar lugar a una configuración política que apostaba ya no al desarrollo de los países dependientes, sino a su liberación.

En Argentina, ese clima de ideas se tramitó en buena medida en el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET), cuya sede funcionaba en el barrio de Flores de la Capital Federal.^[11] El ISEDET fue fundamental porque se transformó en un semillero de ideas y de organización política que dotó de cuadros a las principales iniciativas del mundo protestante en favor de una práctica comprometida con la realidad social. Entre ellos, se destacan intelectuales como Jorge de Santa Ana, José Míguez Bonino o el uruguayo Mauricio López. Aunque se trataba de un grupo pequeño es indudable que de allí surgieron las primeras iniciativas para darle materialidad a las ideas. Durante este periodo percibimos una tensión entre “lo político” y el mundo de la política, donde lo primero no termina de traducirse completamente en lo segundo. Hay una apuesta, una apropiación de las propuestas de transformación de la época, pero con los límites del espacio que integraban.

En este sentido, la constitución de CAREF no fue una acción aislada y se enmarcó en una serie de comisiones de similar tenor. Para 1973 funcionaba el Centro Evangélico de Acción Social (CEAS), (conformado por la IERP, Iglesia Prebisteriana y IENA), que desarrollaba su acción entre la población de las villas de emergencia y el Comité Interluterano de Diaconía (CID), auspiciado por el Consejo Luterano Rioplatense (integrado por IERP, IELA, IELU y los escandinavos) para dar respuesta a las inundaciones del Nordeste argentino. Como las comisiones antecesoras, CAREF, también fue constituida para actuar en torno de la contingencia, como punto de apoyo para la actividad en Chile, y al menos en los primeros tiempos el personal involucrado pensaba la tarea en el corto plazo.

Dentro del mismo cordón de iniciativas, en diciembre de 1974, el Pastor Juan Cobrdo impulsó la creación de la Diaconía Evangélica Argentina (DEA) con la participación de la IERP, IELA, IEMA, IELE y IELU. El objetivo era que a DEA fueran incorporadas, paulatinamente, todas las tareas que cumplían CEAS, CID y CAREF a los que podrían sumarse nuevos proyectos. La iniciativa perseguía la meta de centralizar esfuerzos y recursos para hacer más eficiente la tarea en vistas a las dificultades enormes que se presentaban para materializar la ayuda.^[12] Otro espacio común fue la constitución en 1978 del Consejo Consultivo de Iglesias (COCO) ante la negativa e imposibilidad de que todos los miembros de la Federación Argentina de Iglesias evangélicas (FAIE) se pronunciaran contra el terrorismo de Estado.

Ese proceso de radicalización, en plena gestación, fue, sin embargo, prontamente obturado por el clima de terror impuesto por el gobierno peronista y definitivamente cancelado por la última dictadura militar (situaciones similares ocurrieron en todos los países del Cono Sur). El despunte incipiente de un programa humanitario de inspiración “revolucionaria” quedó interrumpido. Sin embargo, toda la actividad posterior en el marco de los horizontes del humanitarismo más tradicional y de la expansión del movimiento de derechos humanos puede pensarse como uno de los legados de aquella coyuntura. En la década de los ´80 la acción política del radicalismo protestante fue pensada como un aporte a la (re)democratización del país a través del fortalecimiento de la participación comunitaria (y un regreso a las comunidades de iglesia como espacios para la acción) y del movimiento de derechos humanos.

 

El trabajo de CAREF entre octubre de 1973 y 1983

 

“EL testimonio y servicio cristianos tiene como característica permanente lo provisorio. Se “hacen” en el camino, siempre relativizados por el ejemplo de Jesús de Nazaret y su Reino de Justicia y Paz”.[13]

 

Oficialmente CAREF se constituyó el 3 de octubre de 1973 para servir al refugiado, sin discriminación ideológica, brindar ayuda, asistencia social y pastoral como expresión del servicio cristiano de las iglesias “fundados en la exigencia del Evangelio de Jesucristo de ´dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor´ (Lucas 4, p.18)”.^[14]

La decisión de organizar CAREF fue una respuesta a las necesidades planteadas por las iglesias cristianas en Chile. En el país vecino, ya en el mismo mes de septiembre de 1973 se formaron dos comités para proporcionar asistencia a los perseguidos. Para dar asistencia hacia los refugiados extranjeros se conformó el Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR) cuyo manejo quedó en manos de las iglesias evangélicas. Para ayudar a los ciudadanos chilenos perseguidos se organizó el Comité de Cooperación por la Paz en Chile (COPACHI), llamado también Comité Pro Paz. Fue presidido por el Obispo Fernando Ariztía de la Iglesia Católica, y por el Obispo Helmut Frenz de la Iglesia Evangélica Luterana (Garcés y Nicholls, 2005, pp.24-25). Apenas dos semanas después, se creaba CAREF para brindar apoyo y coordinación a la tarea desde Argentina.

Los primeros meses fueron de un aprendizaje vertiginoso. Era la primera vez que las iglesias protestantes se vinculaban a la problemática de los refugiados. Para ese momento existían dos organizaciones con experiencia en la problemática: la Asociación de Protección al Refugiado (APR) y la Comisión Católica Argentina para la Inmigración (CCAI). Sin embargo, también para ellas la llegada masiva de exiliados chilenos y latinoamericanos que solicitaban estatus de refugio suponía un desafío. Por aquel entonces, el Estado argentino era signatario de la Convención de 1951 de las Naciones Unidas y del Protocolo de 1967 sobre el Status de Refugiados, pero manteniendo la “limitación geográfica” lo que significaba que sólo reconocía como tales a personas afectadas por acontecimientos que hubiesen ocurrido en Europa antes de 1951. De modo que los refugiados lo eran únicamente ante el ACNUR y su masividad configuraba una situación novedosa para todos los actores involucrados.

La participación inicial de las iglesias protestantes en la asistencia a los perseguidos chilenos configuró una respuesta política, además de humanitaria, al impacto que significó el golpe de Estado en Chile para toda la izquierda y sectores progresistas de la región. La experiencia de la Unidad Popular era visualizada como un modelo deseable y su derrota creaba compromisos inmediatos. Sin embargo, para finales de 1973 las iglesias no contaban con los recursos necesarios.

El aprendizaje debió realizarse desde cero. María Amelia Silva de Sosa^[15], quien fuera la primera trabajadora social en incorporarse a CAREF de manera oficial, rememora algunos de los primeros pasos y el nivel de improvisación y generosidad que implicó inicialmente el trabajo:

 

…toda esa gente que llegaba se le dio lugar en el ISEDET, en la calle Camacuá. Era un internado para estudiantes extranjeros y ahí los recibieron. Por lo tanto, cuando CAREF se conforma días después, los mismos estudiantes seminaristas fueron los primeros que atendieron refugiados.^[16]

 

Se trataba de un acto de convicción y militancia. Dar respuesta a la primera necesidad: ofrecer techo y comida. Sin embargo, la dimensión que rápidamente fue tomando la empresa, la llegada masiva de nuevos exiliados por distintos pasos fronterizos, puso de manifiesto la necesidad de dotar a la incipiente organización de una estructura y de personal capacitado y rentado adecuadamente para dedicarse de manera exclusiva a la actividad.

Desde el inicio, CAREF contó con el apoyo del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) que financió los primeros hoteles para alojar a los refugiados y los pasajes para eventuales reasentamientos en otras provincias. Además, se designó como Secretario Ejecutivo rentado al Pastor Emilio Monti para el seguimiento de toda la actividad. El cargo de Secretario Ejecutivo era muy importante porque servía de puente entre la Comisión Directiva de CAREF (compuesta por un Presidente y por representantes de las iglesias participantes) y el resto de la estructura de la institución que se dividía entre las áreas social, contable y administrativa. De igual modo, el Secretario Ejecutivo era la persona encargada, junto con el Presidente, de sostener la relación con las iglesias y con las autoridades gubernamentales o de otras instituciones civiles. A partir de abril de 1974 se sumó el financiamiento del ACNUR cuyas partidas comenzaron a representar más del 80% del total del presupuesto de CAREF.^[17]

El primer modelo de trabajo que adoptaron fue el de la CCAI, una institución vinculada al mundo del catolicismo cuya sede local funcionaba desde 1952. Fue en el marco de esa institución que se organizaron los primeros cursos de formación para las asistentes sociales que se incorporaron a CAREF.^[18]

 

Para todos era una experiencia nueva, Emilio [Monti] tampoco sabía nada… A mí me impuso el cura Lino [Pedišić] de tal manera que fue él quien les dijo, ´miren ustedes no saben nada, la única que va a saber algo va a ser esta chica´ [risas]…y así fue que estuve un año trabajando en CAREF pero, [aclara], becada por la Comisión Católica.^[19]

 

Con el tiempo, el Área Social se transformó en el corazón de CAREF en cuanto eran las asistentes sociales quienes se relacionaban diariamente con las problemáticas múltiples de las familias refugiadas. Desde el inicio estuvo a cargo de María Amelia Silva de Sosa que sostuvo la actividad hasta 1985. Su principal tarea era coordinar las sub-áreas en las que se organizaba el trabajo: “atención de casos individuales”; “Hogares de tránsito”; “asistencia médica”; “Educación” y, finalmente, “Soluciones permanentes y asesoramiento”.^[20] Resulta interesante notar que mientras los cargos ejecutivos eran desempeñados por los pastores varones, las áreas sociales estaban todas a cargo de mujeres en consonancia con las expectativas de género y los roles públicos esperados de la división sexual del trabajo.

Desde el punto de vista del contexto político, la conformación de CAREF se tramitó en una coyuntura breve y muy específica que se inició en octubre de 1973 y llegó hasta mayo de 1974 y que favoreció el reconocimiento estatal y su inclusión dentro de una estructura de ayuda humanitaria compleja organizada a partir de las redes eclesiásticas coordinadas por ACNUR. En abril de 1974 el Estado autorizó mediante Decreto 2853/74 la creación de la Comisión Coordinadora de Acción Social (CCAS) para centralizar y coordinar la acción de las organizaciones eclesiásticas (la red de la CCAI y la red de CAREF) para la ayuda y reubicación dentro y fuera del país de los exiliados.^[21] La Comisión había sido constituida a solicitud del propio gobierno a través del ministro de Relaciones Exteriores y Culto en diciembre de 1973, lo que originalmente reforzó el reconocimiento estatal y la legalidad de la labor.

Durante todo el periodo, Buenos Aires fue uno de los puntos centrales de arribo de los exiliados junto con Mendoza y Neuquén. Sin embargo, como existía la prohibición de residir en estas provincias (la política poblacional apuntaba al asentamiento en el interior y alejados de las fronteras con Chile) se constituyeron desde el inicio en escalas de tránsito mientras esperaban ser reubicados dentro del país o que fueran aceptados en un tercer destino.

Hasta agosto de 1974 la acción de CAREF consistía en alojar a los exiliados en hoteles y casas de refugio y gestionar lo más rápido posible, empleos y oportunidades de viviendas en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires (a 200 km de la Capital Federal) o en otras provincias, de acuerdo con lo que establecía la norma. En caso de que los asistidos optaran por un tercer destino CAREF también se ocupaba de gestionar solicitudes de visas ante las embajadas.

En aquellos meses el trabajo resultaba verdaderamente inagotable. Para asentar a los refugiados se consideraban diferentes variables como los deseos de los afectados, el número de personas que componían el grupo y las habilidades sociales, laborales y/o profesionales con las que contaban. La tarea suponía la puesta en funcionamiento de una red nacional de ayuda centralizada desde las ciudades de mayor recepción (Buenos Aires y Mendoza), las sedes conformadas en Salta y Rosario (atendidas por la CCAI), Neuquén, Bahía Blanca y numerosas iglesias (los protestantes contaban, según un informe de 1974, con alrededor de 300 iglesias en todo el país) que colaboraban localmente en diferentes ciudades y pueblos relevando posibles trabajos, elaborando presupuestos para conseguir viviendas adecuadas y estipulando viáticos.^[22] La puesta en funcionamiento de un engranaje tan complejo suponía, además, el acuerdo y unificación en las formas de registro y seguimiento de la actividad, lo que significaba poner en contacto al personal técnico y administrativo con múltiples burocracias.

Por un lado, se trataba de solucionar una cantidad de necesidades inmediatas como la comida y la vivienda, pero, conjuntamente, la permanencia de las personas protegidas debía ajustarse a los requerimientos de las diferentes agencias del Estado: la Dirección Nacional de Migraciones, el Registro de las Personas (cuando había nacimientos) a los que se sumarían, otras, como salud, trabajo y educación. Cómo acceder a las planillas correctas, cómo llenarlas y con qué criterios clasificar la información de manera segura, constituían preguntas que no siempre se respondían con facilidad. Los errores podían traer graves perjuicios a los refugiados y el incordio de tener que volver a comenzar. La correspondencia durante 1974 da cuenta de todos los pormenores que conllevaba lidiar con una tarea para la cual no había experiencia previa en la que apoyarse y aprender. El esfuerzo, como puede verse, era verdaderamente encomiable, mucho más considerando que la mayoría de las provincias del interior no se caracterizaban por ser oferentes de empleos en masa.

 

El problema serio que enfrentamos es la ubicación de la gente en trabajos que les permita arreglárselas por sus propios medios. Nosotros calculábamos una ayuda de no más de 30 días por persona, pero la imposibilidad de encontrarles trabajo hace imposible mantener ese límite —hay gente que lleva ya más de tres meses sin poder ser ubicadas—.^[23]

 

Desde luego que la escasez de empleos, a su vez, presionaba sobre las finanzas de CAREF cuyos fondos siempre se rebelaban insuficientes para tamaño desafío.

 

El otro problema es los que vinieron con expectativas de seguir viaje a otros países. Esto sólo es posible en calidad de inmigrantes y esos trámites llevan por lo menos 6 meses. Por esa razón estamos insistiendo a los que vinieron con expectativa de seguir viaje al exterior que de cualquier manera deben tratar de obtener residencia para poder obtener trabajo.^[24]

 

De esta manera, los gastos de CAREF crecían conforme las personas que llegaban quedaban instaladas en los refugios y hoteles por plazos indeterminados. Además, las respuestas a las solicitudes que enviaban a las iglesias locales llegaban siempre lentamente y rara vez colmaban la demanda existente. En algunos casos, los propios pastores de pueblo solicitaban a CAREF que dejasen de enviar refugiados porque no estaban en condiciones de ayudarlos. En la mayoría de los casos se trataba de límites reales que imponía la estructura productiva de muchas regiones del país. Sin embargo, tampoco pueden descartarse otras razones como el temor a represalias por brindar ayuda a personas consideradas por el Estado como sospechosas de “subversión”. Incluso, debe considerarse que dentro de las iglesias protestantes no existía una posición hegemónica y que el anticomunismo era una postura que también gozaba de aceptación.

Desde agosto de 1974, los refugiados, que desde el inicio habían sido mirados por los servicios de inteligencia como aliados de la “subversión” en virtud de su propia condición como perseguidos del pinochetismo, se transformaron en sujetos indeseados (Casola, 2017). El gobierno peronista, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, abandonó la perspectiva poblacional, canceló las posibilidades de asentamiento y dictaminó la transitoriedad de la permanencia en el país hasta tanto los refugiados consiguiesen la aceptación en un nuevo destino. En consecuencia, si la condición de refugiado había sido problemática desde el inicio, en tanto el Estado no los reconocía como tales y el amparo del ACNUR se había gestionado con el acuerdo de funcionarios que ya no formaban parte del gobierno, desde agosto de 1974 se debilitó aún más. Argentina y más específicamente las provincias receptoras (Mendoza, Buenos Aires y Neuquén) se transformaron en lugares exclusivamente de tránsito hacia terceros países, mientras los exiliados esperaban que alguna embajada los aceptase.

Desde aquel momento los esfuerzos de CAREF se concentraron en conseguir cupos de admisión en las embajadas. Sin embargo, los países que habilitaban cuotas de refugiados no eran tantos y solían mostrarse muy selectivos. Para quienes contaban con títulos profesionales u oficios definidos la situación podía ser más auspiciosa. En cambio, las personas que no podían demostrar niveles educativos altos o habilidades específicas tenían opciones mucho más restringidas.^[25]

De conjunto, todos estos mecanismos ponen de relieve la situación de fragilidad en la que vivían los exiliados, literalmente, varados en Argentina. En esa situación de parálisis, la vida cotidiana en los hoteles y refugios se tornó mucho más complicada. La convivencia en espacios reducidos comenzó a tornarse hostil por la falta de privacidad y se generaron las condiciones propicias para que florecieran todo tipo de rencillas asociadas a la lucha por el espacio. Esta situación se vio agravada por las condiciones del propio desarraigo, la incertidumbre acerca del futuro y la exposición constante a la violencia. De acuerdo con un informe del Secretario Ejecutivo de CAREF con fecha octubre de 1974 la situación de los hoteles y refugios era realmente explosiva y se sumaban a los casos “ambulatorios”, es decir de aquellos que contaban con vivienda alquilada o prestada. Para entonces la cifra de personas asistidas en Buenos Aires trepaba a 1600.^[26] Para las organizaciones humanitarias sostener ese andamiaje implicaba una presión presupuestaria muy fuerte que las llevaba a solicitar con frecuencia partidas de emergencia al CMI para lograr afrontar la situación, en especial porque CAREF admitía como refugiados a personas que muchas veces eran rechazadas por el ACNUR. Es decir que su criterio respecto a quién era y quién no era un refugiado era más flexible y no se ataba exclusivamente a lo establecido por los formularios de ACNUR.

Durante 1975 la actividad de los aparatos represivos, policiales y paraestatales sobre los refugios y las agencias humanitarias se incrementó notablemente lo que generó un verdadero clima de terror e incertidumbre.^[27] A pesar del cambio de contexto, el gobierno peronista no canceló los acuerdos establecidos en abril de 1974 y las tareas de asistencia continuaron. Las razones parecen ser diversas, en especial porque ninguna ocluía la posibilidad de combinar el reconocimiento oficial con el ejercicio de ciertas dosis de terror. Entre los motivos que pesaron en la decisión de no suspender ni proscribir la actividad de CAREF deben contarse, consideraciones de política exterior (el ACNUR, en cuanto organismo de Naciones Unidas contaba con cierto poder de vigilancia internacional, mientras el CMI era una organización transnacional con capacidad de incidir en la opinión pública foránea), hasta la necesidad real y práctica de administrar la permanencia y salida de los refugiados sin involucrar el presupuesto estatal ni admitir responsabilidad legal sobre la seguridad de tales personas.

Además, CAREF cuidaba los canales de diálogo con el Estado y públicamente aceitó la moderación discursiva con la finalidad de minimizar riesgos y evitar ser tomados por “cómplices”, “encubridores”, “simpatizantes” o directamente “colaboradores” de la “subversión”. Con ese mismo objetivo, su labor circuló por las redes humanitarias-diplomáticas que conectaba a las iglesias, a la vez que evitaron confluir con otros circuitos de ayuda a Chile más politizados, por ejemplo, el Comité de Ayuda a Chile (COMACHI) en el que participaban partidos políticos y personalidades destacadas. Oficialmente, las posiciones de la Comisión Directiva de CAREF eran abiertamente moderadas, conscientes de los peligros que amenazaba a los refugiados y a ellos mismos. Los refugiados no sólo carecían de una cobertura legal clara, sino que eran mirados por las fuerzas represivas como una amenaza para la seguridad interna. Las familias y personas asistidas, en el mejor de los casos, podían trabajar en empleos informales; los niños, generalmente, no eran aceptados en las escuelas públicas porque no reunían la documentación necesaria y el acceso a la salud pública en algunas situaciones constituía un problema serio, que dependía de la voluntad de los trabajadores de las instituciones hospitalarias. En tales condiciones, la prescindencia política o, incluso, la invisibilidad de la acción, parecía el camino más realista. Y, en muchos sentidos, lo fue.

Por otro lado, el aumento de la represión y la extensión de las modalidades propias de las bandas paraestatales, amenazas de muerte, bombas, fusilamientos en plena vía pública, comenzaron a hacerse sentir también en el propio organismo, a pesar de todos los recaudos que tomaron para aparecer como una oficina asociada con los intereses del Estado. El día 21 de mayo de 1975 se presentaron en casa del Secretario Ejecutivo, Pastor Luis Pereyra, dos personas que dijeron ser “policía de inmigración” para allanarlo.^[28] Esa situación transformó la vida de la institución que debió extremar las medidas de seguridad. Después del allanamiento a su domicilio, el pastor Pereyra renunció como Presidente de la Comisión Directiva y al mes siguiente partió con su familia al exilio en Estados Unidos. De igual modo, a comienzos de junio, el personal que quedada decidió que lo más prudente era “suspender la recepción de casos nuevos y dejar de atender los casos ambulatorios, limitando la tarea a la atención de los refugiados ya alojados en los hogares de tránsito (refugios)”.^[29] Los casos ambulatorios sumaban en aquel momento 750 personas y fueron paulatinamente transferidos a la CCAI cuya tradición política conservadora la transformaba en una agencia más segura.

De esta manera, el número de personas atendidas disminuyó a 600 y se simplificaron los mecanismos de atención, comenzando a trabajar en oficinas sin atención al público. La forma de trabajo se reorganizó y, ya sin casos ambulatorios, las áreas de Secretaría y Administración pudieron trabajar con mayor seguridad mientras que el Área Asistencial comenzó a trabajar directamente en los refugios, eliminando con ello las constantes visitas de los refugiados a la oficina.

La transformación del dispositivo represivo fue condicionando la práctica del organismo. A los problemas del desarraigo y el hacinamiento ya mencionados debían sumarse las fricciones propias de una población que estaba intentando procesar las razones políticas de la derrota de su gobierno. Las diferencias partidarias entre los refugiados fueron otro elemento que el personal de CAREF debió considerar. En este punto el discurso humanitario también se rebeló eficaz para hacer equilibrio entre posiciones divergentes y aumentar una distancia necesaria para construir pautas de convivencia que fueran respetadas. La cuestión acerca de la construcción de la autoridad no fue sencilla, toda vez que debió tramitarse en un marco en el cual, cualquier error, podía comportar un riesgo de vida. Entre el personal de CAREF y los refugiados existían fuertes diferencias culturales, de clase y, lógicamente, de poder. Estos factores combinados, entonces, contribuyeron a construir una relación de características paternalistas que se explica más por la necesidad de sostener el control que porque constituyera un objetivo deseado por los profesionales de CAREF.

 

Los refugiados deben cumplir con más estricta observancia de las leyes y reglamentación argentinas. Además, y considerando el Estado de sitio que rige actualmente en el país, es conveniente para todos los refugiados abstenerse de desarrollar todo tipo de actividad política, aún bajo la forma de declaraciones y cuidar de no tener en su poder publicaciones u otro material que, a juicio de las autoridades argentinas pudiera ser considerado como subversivo o simplemente ofensivo. El refugiado debe entonces ser responsable de su propia conducta a fin de no ponerse en peligro ni poner en peligro a los demás refugiados.^[30]

 

En general, los refugiados solían comprender esos riesgos y se ajustaban a las reglas establecidas. Pero en otras ocasiones, emprendieron medidas de fuerza que expresaban la desesperación de saberse en un laberinto tan peligroso como del que habían huido. Un caso extremo ocurrió en octubre de 1975 cuando un grupo decidió tomar con rehenes las oficinas del ACNUR hasta que algún tercer país los aceptara (Casola, 2017a; 2017c). La medida resultó exitosa y los refugiados fueron admitidos por Argelia. En este sentido, la experiencia compartida en las casas y hoteles permitía un reconocimiento común y la puesta en marcha de acciones que muchas veces escapaban al control y a los deseos de CAREF. Para las agencias humanitarias tales medidas resultaban peligrosas, especialmente por los ecos que podría tener entre las autoridades. Pero también porque el propio CAREF no convalidaba el uso de la violencia como práctica política legítima, de modo que una medida de ese tipo los ponía en tensión con sus propias ideas.

La sinuosidad de la relación entre el organismo y los refugiados fue un aspecto central en la vida de CAREF, toda vez que los objetivos de su equipo no siempre se correspondían con los deseos, experiencias e intenciones de los refugiados. En un trabajo anterior hemos analizado los numerosos conflictos suscitados en la vida cotidiana al interior de los refugios, los cuales desafiaban permanentemente el control que podían tener las trabajadoras sociales, poniendo en entredicho su propia autoridad (Casola, 2019).

Durante la dictadura militar las organizaciones humanitarias intentaron ajustarse a las disposiciones oficiales creyendo que de esa manera podían evitar operativos represivos sobre sus sedes. La continuidad de su actividad debe leerse en el marco de los planes políticos de la Junta Militar y de los usos políticos respecto de los refugiados. La dictadura sostuvo una política dual que combinaba acciones de represión selectiva con otras destinadas a generar consenso, sobre todo de cara a los foros de denuncia internacional (Azconegui, 2020).

En aquellos años la estructura de CAREF se mantuvo relativamente estable. El número de refugiados asistidos tendió a disminuir, especialmente porque continuaron con la búsqueda de reasentamientos en terceros países. Si en 1977 asistían 485 familias en 1978 había disminuido a 261. En 1980 atendían 51 familias y en 1981, 36. A partir de 1982 el número de casos comenzó a elevarse nuevamente llegando a contabilizar 103. Sin embargo, a diferencia de los años anteriores, todas las familias eran asistidas en forma ambulatoria.

Para encarar el trabajo con los contingentes que quedaban implementaron talleres de costura y tejido, además de las “changas” en el ámbito de la construcción. Generalmente estas labores se correspondían con una estricta división sexual del trabajo tradicional. Además, estas inserciones laborales periféricas, informales y en ramas de actividad tradicionalmente asociadas a los colectivos migrantes, nos permite establecer un hilo de continuidad histórica que anuda la experiencia de los extranjeros con la clase y el género. Aun así, en las condiciones de particular aislamiento, un informe de 1977 admitía que las personas que aceptaban incorporarse a los talleres estaban en mejores condiciones para romper el vínculo de dependencia con la agencia. Asimismo, “si bien sufren crisis de desarraigo y ansiedad muestran mayor estabilidad emocional y armonía familiar”.^[31]

Entre 1979 y 1982 la actividad del organismo se acrecentó debido a la llegada de contingentes de refugiados indochinos. Para fines de los años setenta, el ACNUR advertía que la situación de los refugiados indochinos en el sudeste asiático era caótica. En este contexto, la Junta Militar resolvió responder al pedido de Naciones Unidas aceptando recibir un contingente de personas. Esta medida puede interpretarse en el marco de la necesidad diplomática del gobierno de facto de defender internacionalmente la imagen de compromiso con los asuntos humanitarios y el respeto de los “derechos humanos”. Inicialmente la Junta Militar ofreció recibir 1000 familias, pero solo 293 arribaron al país. La mayor parte provenía de Laos, Camboya y Vietnam. Los primeros dos años de asentamientos en el país se caracterizaron por una gran movilidad de esta población dentro del país, principalmente desde las provincias hacia la Capital Federal. La participación de CAREF en ese programa duró dos años hasta que las familias asistidas pudieron valerse por sí mismas.

 

CAREF entre 1983 y 1992

 

El inicio del gobierno de Raúl Alfonsín fue acompañado de una fuerte expectativa social en torno a la capacidad de la democracia para transformar la realidad y erradicar el autoritarismo. Con relación a la población extranjera con residencia no definitiva en el país, migrantes y exiliados con distintos estatus de legalidad (asilados, refugiados, o exiliados devenidos en migrantes) la política pública fue compleja y reflejó la coexistencia de expectativas sociales, tensiones y temores propios del proceso de transición. Como afirma la historiadora Soledad Lastra, “el Estado aparece como un actor multifacético, que puede desplegar políticas activas de recepción hacia los exiliados en un marco que también los excluye y/o criminaliza” (Lastra, 2020, p.3972).

Por un lado, la política pública puso de relieve la continuidad de la legalidad represiva relegitimada en argumentos que se sostenían en el nuevo ciclo económico capitalista. En 1987, por ejemplo, se reglamentó la Ley de Migraciones, también conocida como “Ley Videla” la cual favorecía únicamente a quienes llegaban con capital probado. Desde luego, esta situación no impidió el arribo de nuevos inmigrantes pobres, pero los dejó en la más completa indefensión quedando a merced de la arbitrariedad laboral y policial. Como afirma la literatura sobre el tema, la vulnerabilidad frente a las instituciones era funcional al modo de inserción periférico en el mercado laboral (Oteiza, Novick y Aruj, 1996, p.4; Nejamkis, 2016, p. 124).

Simultáneamente, en un clima de alta expectativa social, el alfonsinismo instrumentó una serie de medidas favorables a la radicación de los inmigrantes limítrofes como el levantamiento de la “reserva geográfica” que había impedido el reconocimiento oficial de los exiliados latinoamericanos como refugiados. La consecuencia de esta medida fue la conformación del Comité de Elegibilidad para los Refugiados, CEPARE en 1985.

En ese contexto la actividad de CAREF se reorganizó. María Amelia Silva de Sosa, que había sido una figura central de la agencia, decidió dejar el organismo y comenzó a trabajar en el MEDH, un cambio que muestra la conformación de un campo común y la articulación existente entre los organismos de derechos humanos, especialmente con aquellos más institucionalizados (APDH, SERPAJ y MEDH). Para ocupar su cargo contrató a otra trabajadora social, Violeta Correa que acababa de retornar del exilio en Costa Rica. Correa no provenía del mundo protestante, pero contaba con experiencia en el área de salud y también con militancia en el peronismo.

 

…empecé a conocer personas individuales y me interesé por sus prácticas sociales, políticas y ahí estaban los puntos en común. De todos modos, los protestantes también me sorprendieron porque tenían familia, se casaban, tenían hijos, se separaban y se armaban unas historias tremendas. Sin embargo, dentro de la iglesia había grupos, aquí estaban los progres, pero había un conservadurismo rígido, duro, muy estructurado dentro del protestantismo.^[32]

 

Si bien la contratación de Violeta Correa muestra cierta flexibilidad por parte de la comunidad protestante en CAREF, su reclutamiento también puede pensarse en función del nivel de estabilización del trabajo que había adquirido el organismo, la búsqueda de una mayor profesionalización y de autonomía respecto de los lineamientos de las iglesias. Por otro lado, a partir de 1984 la situación financiera de CAREF se vio perjudicada por la reducción de los aportes económicos del ACNUR que estuvieron dirigidos al pago de honorarios de solo dos asistentes sociales a tiempo completo y a la compra de insumos para las tareas administrativas. Pese a ello, se involucraron a pedido del ACNUR en dos proyectos de envergadura como la encarada por la Oficina de Solidaridad con el Exilio Argentino (OSEA), programa diseñado para la ayuda de los retornados argentinos (Lastra, 2016) y la conformación de la Comisión para la Elegibilidad de los Refugiados (CEPARE). Esta última, si bien había sido resultado de la demanda de los organismos, configuró una experiencia conflictiva que no colmó las expectativas de CAREF en cuanto mantuvo una visión restrictiva respecto de la noción de refugio. Como explica Violeta Correa:

 

…en la CEPARE se sentaba un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno del Ministerio del Interior, como es hoy a través de la ley, justicia y algún otro más, con el ACNUR con voz y sin voto. Pero era una comisión de elegibilidad que tuvo también que capacitar. El problema que tenía era que la coordinaba el Director de Migraciones. Entonces, la cuestión de refugiados estaba puesta en la instancia más represiva del Estado argentino; era la que hacía las expulsiones, despachaban a la gente, le daban o no le daban el documento. Entonces, estaba atrasadísima en ser una dirección pro-refugiados o pro-migrante y los cuadros burocráticos, los profesionales que tenían adentro eran absolutamente la dictadura. Todos sus cuadros, sus jefes son hijos de militares. La dirección de migraciones era una institución (y lo es) dependiente de una idea de la seguridad de las fronteras y del territorio.^[33]

 

También la historiadora Soledad Lastra (2020) registra que la CEPARE estuvo atravesada por una fuerte tensión entre un discurso estatal que subrayaba la protección y la difícil decisión de otorgar un reconocimiento jurídico —el refugio— a extranjeros que presuntamente podrían haber estado vinculados a hechos de violencia política.

A pesar de la existencia de la CEPARE, no todos los casos de refugios admitidos por CAREF pasaban primero por allí y mantuvieron el criterio amplio del periodo anterior. En 1984, asistieron a 73 familias y 57 casos individuales totalizando 342 personas. En 1985 la cifra ascendió a 899 casos que representaban 2145 personas. Sin embargo, de esa población 784 eran argentinos retornados, 1361 eran uruguayos retornados y 816 chilenos, la mitad de los cuales venían desde Chile.

En este periodo, los refugiados latinoamericanos no eran alojados en refugios, sino que la agencia buscaba canalizar la ayuda económica para el alquiler de viviendas o bien de la compra definitiva de casillas y terrenos. La mayor distancia entre el organismo y las personas asistidas permitió atenuar el control sobre sus vidas y los refugiados ganaron mayor autonomía. Este cambio se manifestó en los modos de comunicación que estuvieron mediados por la realización de asambleas y la conformación de pequeñas comisiones para la resolución de problemas específicos. Un ejemplo fue la conformación en Buenos Aires de la Agrupación de Mujeres Refugiadas (AMUR). En 1987 realizaron el Primer Encuentro de Mujeres Exiliadas que dio origen a la agrupación y al año siguiente editaron un documento que recopilaba numerosos testimonios.^[34] Además de discutir sobre las problemáticas propias de la integración al medio local, comenzaron a colectivizar problemas familiares y su propia situación como mujeres en el exilio. Este punto resulta interesante porque permite observar el impacto del emergente movimiento de mujeres que en mayo de 1986 había realizado el primer Encuentro Nacional de Mujeres. Esta situación permitió establecer diferencias respecto del periodo anterior cuando la inserción femenina era pensada a partir de una marcada naturalización de los roles de género. En este caso, aunque no todas se reconocían feministas, el clima de ascenso del movimiento de mujeres impactaba en las agendas de debates y las ayudaba a visualizar desigualdades y encarar la actividad. Como afirma Violeta Correa:

 

Primero vino la práctica y después de la conciencia tanto en la cuestión de los derechos humanos como en la de género. Hay muchas cosas que a mí me gustaría volver a charlar con María Amelia, con Noemí, con Edith Bottini que después fueron al MEDH, minas muy fuertes […] Yo hoy sí me asumo feminista y hay algunos que todavía me dicen, no, yo no soy feminista… ahora ¿qué era ser feminista? Había un estereotipo del feminismo. Estaba aquella idea de que las feministas eran las locas de Estados Unidos que estaban para pelearse contra los hombres y solo se podía vivir entre mujeres. Pero hoy significa totalmente otras cosas.^[35]

 

En este sentido, sostenemos que la constitución de la agrupación de mujeres tendió puentes e intercambios novedosos entre las trabajadoras sociales y las mujeres exiliadas que iluminaron zonas de desigualdad en común que no habían estado presentes en la reflexión con anterioridad. Desde luego, existía una asimetría entre las mujeres de CAREF y las refugiadas. Sin embargo, las demandas femeninas les permitió encontrarse en un diálogo común cuyas aristas quedan por explorar en profundidad. Por ejemplo, Violeta rememora como ellas, en tanto trabajadoras sociales, también sufrían desigualdades dentro de los espacios de decisión.

 

Las cosas fuertes de esta institución estaban en manos de las mujeres […] [pero] cuando nos incorporamos a OSEA, las tareas que nos dan a las “chicas” de CAREF es que seamos el servicio social: ayudar, escuchar a la gente que venía y después teníamos que ir a una reunión en la que estaban todos los organismos sentados, el MEDH, el CELS, Paz y Justicia, en donde todos eran varones, y todos se sentaban así, y nosotras íbamos con María Amelia y ella se enojaba bastante con esa situación porque, claramente, esos varones no esperaban que nosotras opináramos sobre la política a hacer o habláramos sobre las situaciones y ver cuál era la mejor estrategia para abordarlas. Ellos solo esperaban qué casos llevábamos que informáramos y nada más.^[36]

 

¿En qué medida y de qué manera el movimiento de derechos humanos reprodujo las desigualdades de género? ¿Cómo vivieron las mujeres de los organismos el ascenso del movimiento de mujeres? ¿Qué alianzas y diálogos construyeron? Son algunas de las preguntas que podrían responder futuras investigaciones.

Para finalizar, hacia finales de los años 80, como resultado de la ampliación de las agendas de lucha y el reconocimiento oficial de la figura de refugio, CAREF comenzó a atender la problemática de la población migrante en general. En 1992 disolvieron el vínculo formal con el ACNUR que decidió reducir su presencia en Argentina y fortalecer la estructura de la CCAI. Desde entonces, CAREF centró el trabajo en la conformación de un equipo de asistencia jurídica destinado a la población migrante hasta la actualidad.

 

Consideraciones finales

 

En este artículo hemos postulado que el origen de CAREF se vincula con el radicalismo protestante de las décadas de 1960 y 1970 cuya actividad debe interpretarse en el marco del desarrollo de la Teología de la Liberación. Sin embargo, la actividad del organismo prontamente se encontró condicionada por el clima de hostilidad política oficial desatado contra los exiliados latinoamericanos presuntamente sospechados de ser aliados de la “subversión”. Con el tiempo, CAREF asentó una modalidad de trabajo que fue, paulatinamente, confluyendo con otros organismos de derechos humanos, especialmente aquellos más institucionalizados. Hacia los años 80 el movimiento de DD.HH., a su vez, conformó un campo discursivo y de acción común que puede pensarse como condición para el desarrollo de la democracia y, a la vez, como un límite en el sinuoso contexto de la “transición”, las expectativas de reformas y las líneas de continuidad represiva en diversos planos.

En este trabajo, además, hemos intentado plantear una línea que articula al movimiento de derechos humanos con el movimiento de mujeres, quizás los dos movimientos sociales más relevantes de nuestra democracia. En ese contexto, planteamos que la feminización de la actividad que tuvo como piezas centrales a las trabajadoras sociales merece ser estudiada con mayor profundidad y podría explicar la postulación temprana del género como una categoría fundamental para la reflexión de la praxis cotidiana que las acercaba a las mujeres refugiadas tendiendo puentes novedosos.

 

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Recibido: 03/11/2021

Evaluado: 21/12/2021

Versión Final: 24/01/2022