Tarifas
aduaneras e industria azucarera en
María Lenis(*)
(UNT-CONICET; marialenis@gmail.com)
La producción azucarera en gran parte
de Latinoamérica, como Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, las Antillas
Británicas y el nordeste brasileño, se desarrolló a partir de los siglos XVI y
XVII para satisfacer el aumento progresivo de la demanda del mercado
internacional. El crecimiento sostenido de esta actividad facilitó que el
azúcar dejara de ser considerada un artículo de lujo, para transformarse
paulatinamente en un producto de consumo masivo en Europa. El desarrollo de la
agroindustria de la caña en Tucumán siguió un derrotero totalmente diferente,
en tanto la actividad azucarera se expandió y consolidó al impulso del
consumo interno. Los
Por otra parte, la actividad
azucarera en la provincia de Tucumán se desarrolló en el marco de una sociedad
agraria caracterizada por una fuerte presencia de pequeños y medianos
productores rurales, lo que gravitó significativamente en la fisonomía que adopto
el parque agroindustrial tucumano, puesto que limitó la concentración de
tierras en las zonas aptas para el cultivo de la gramínea. Este campesinado
minifundista, reorientó sus cultivos a medida que el desarrollo industrial se
vigorizaba, y se consolidó como un actor central en la provincia. En este
sentido, los ingenios tucumanos no se caracterizaron por una completa
integración vertical de todas las actividades productivas, en tanto existía una
división bastante tajante entre las fases agrícola e industrial. De este modo,
los propietarios de fabricas de azúcar debían recurrir a los “cañeros
independientes” a los efectos de abastecerse de materia prima.
De este modo, la industria
azucarera tucumana no podía competir exitosamente en el mercado internacional
con las producciones del dulce de otras regiones, que tenían mejores
condiciones climatológicas, mayor cercanía con los puertos de salida, y menores
de costos de producción. En el caso argentino, fue la demanda doméstica la que
determinó el crecimiento de la actividad. En este escenario fueron dos factores
claves que posibilitaron el “despegue azucarero” en el último cuarto del siglo
XIX. En primer lugar la llegada del ferrocarril a Tucumán en 1876, que
constituyó un hito en tanto conectó el principal centro productor de azúcar con
el mercado consumidor, a la vez que permitió abaratar costos de
transporte abriendo la puerta para la modernización tecnológica. La irrupción
del riel hizo más accesible la importación de maquinarias, y como consecuencia
de ello, a lo largo de la década de 1880 asistimos a un proceso de
modernización y tecnificación de los ingenios. En este sentido, llegada del
Ferrocarril a la provincia de Tucumán y el acceso a créditos bancarios fueron
elementos nodales para la consolidación de la actividad, En segundo lugar, las
altas tarifas aduaneras constituyeron un componente central para el desarrollo
de la moderna industria azucarera puesto que operó como el factor que
posibilitó el monopolio del mercado interno.
Como han destacado gran parte de
las investigaciones realizadas, la industria azucarera se desarrolló en sus
primeros años de vida sin ningún tipo de ayuda por parte de los poderes
públicos. Hasta la década de 1880 el gobierno nacional no mostró una voluntad
clara de proteger el azúcar, incluso el producto era uno más de los que se
veían gravados con una tasa aduanera. El objetivo era predominantemente fiscal,
dado el carácter de recursos prioritarios para el estado argentino que tuvieron
las tarifas arancelarias y hacia 1890 representaban el 80% de la renta. Sánchez
Román afirma que la existencia de aranceles al azúcar reflejaba su importancia
dentro de los rubros que pagaban tasas aduaneras. Durante la década de 1870 era
el segundo producto en importancia fiscal después del vino y ella sola suponía
entre el cinco y el diez por ciento de la recaudación aduanera entre 1875-1884.
Sin embargo a partir de la década
de 1870 esta situación comenzó a cambiar con la llegada del ferrocarril a
Tucumán y la sanción de leyes de corte proteccionista, como consecuencia de la
crisis de 1873. En 1877 las leyes de tarifas generales aumentaron de
A lo largo de la década de 1880 se
advierte una política de deliberada protección a la industria azucarera, que
comenzó a recibir una ayuda estatal adicional. La ley de Aduanas de 1882 trajo
aparejado cambios, ya que no sólo subió el monto de los aranceles, sino que el
gravamen se transformó en ad valorem y adoptó la figura de un impuesto
especifico, de esta manera el gravamen al azúcar se modificó de 25 % ad
valorem a cinco centavos oro por kilo de azúcar. En 1884 las autoridades
nacionales accedieron al pedido de los empresarios azucareros de rebajar los
fletes ferrocarrileros. En 1885 se sancionó una ley que establecía un arancel
de siete centavos pesos fuertes por kilogramo para el azúcar de todas las
clases. La resolución de mayor trascendencia para la industria azucarera fue la
ley de Aduanas de 1888 que estableció un impuesto específico de siete centavos
para los azúcares no refinados y de nueve para los que sí los estaban. “Por
más que estos cambios fueran presentados como una medida puramente fiscal, a
nadie se le escapaba que causaron un efecto favorable para la industria
azucarera local”.
A su vez, el establecimiento de
este derecho diferencial perseguía otro objetivo, proporcionar las
condiciones necesarias para el establecimiento de una Refinería en Rosario, lo que permitiría al azúcar nacional competir con mejor
suerte en los mercados del litoral frente a los similares de Francia y
Alemania. Uno de los principales argumentos utilizados para que el Congreso
Nacional aceptara la instalación de la empresa fue que “una refinería a
diferencia de los aranceles no provocaría la temida guerra de tarifas con que
los brasileños amenazaban a la carne argentina”. De
esta manera, la industria azucarera argentina recibió un impulso decisivo con
el asentamiento de
Sin embargo, antes de la década de
1880, la protección recibida por la industria azucarera estuvo motivada por
objetivos tributarios antes que productivos, que buscaban especialmente dotar
de una base fiscal al Estado, más que promover el desarrollo fabril. A partir
de 1882 se observa un punto de inflexión en tanto se fijaron aranceles
específicos para el azúcar. En 1885, al elevarse el nivel de protección, se
advirtieron medidas conscientes de promoción industrial. El
proteccionismo, como ha señalado Balán, era decisivo para permitir que la
industria azucarera tucumana superase los limitados mercados regionales y
comenzara a abastecer el mercado nacional, proceso que culminó en 1895 con la
primera crisis de superproducción. De esta manera, los productores de azúcar
requirieron al gobierno nacional tarifas aduaneras altas no para impedir la
entrada del producto, que no podían sustituir en su totalidad con la capacidad
instalada, sino para mantener altos los precios internos a pesar de la baja
internacional registrada en el rubro y garantizar la rentabilidad de las
inversiones que se realizaban. Sin protección, dado los altos costos de la
producción tucumana, resultaba imposible monopolizar el mercado nacional
argentino.
Los gobiernos conservadores
demostraron, ante las demandas de protección de los industriales azucareros, un
alto grado de receptividad. Esta actitud ha sido entendida como parte de un
pacto político, en tanto el triunfo electoral de Julio Argentino Roca implicó,
en gran medida, la integración de las elites del interior del país, necesarias
para asegurar la gobernabilidad del estado. Estas elites constituían una pieza
clave para la transición pacífica entre un gobierno y otro y para asegurar el
funcionamiento del proceso electoral. Este lugar central ocupado por los grupos
dirigentes del interior en el “orden conservador”, fue capitalizado, entonces,
desde un punto de vista económico, en tanto permitió negociar con los pampeanos
una redistribución de los beneficios que el “progreso” traía aparejado.
En efecto, “la burguesía
tucumana apeló exclusivamente a conexiones personales directas para hacer oír
sus demandas frente al PEN. Políticos y empresarios azucareros, amigos de Roca
y otros personajes importantes en el gabinete o en el congreso, utilizaban su
posición en las redes de relaciones personales para comunicar la urgencia que
el problema tenía para la provincia. Diputados y Senadores nacionales eran,
naturalmente, embajadores de esos intereses en Buenos Aires, combinando fácilmente
un papel oficial con la búsqueda de favores concretos para sus familiares y
amigos políticos”.
De este modo, durante la década de
1880 los empresarios azucareros no desarrollaron acciones colectivas para
reclamar la protección aduanera. Por lo general, apelaron a demandas
individuales surgidas de lazos personales o parentales. En consecuencia, las
gestiones para lograr disposiciones de corte proteccionista adquirieron la
fisonomía de negociaciones individuales, que alcanzaron un éxito notable. Esta
estrategia resultó efectiva, en tanto el diseño de la política arancelaria
trazada por los gobiernos conservadores tuvo una oposición en gran medida
dispersa, puesto que no se articularon grupos de presión que hubieran conformado
una coalición librecambista. Desde esta perspectiva, la ausencia de una
oposición enérgica al proteccionismo gravitó significativamente para que la
organización corporativa de los empresarios azucareros se tornara innecesaria.
Sin embargo, hacia 1890 se produjo
una reformulación del pacto político forjado en 1880. La revolución de julio y
la renuncia de Juarez Celman dieron paso a una nueva etapa. Estos eventos “habían
puesto fin a una década de plena dominación del PAN y ahora la escena política se
encontraba fragmentada”. Este nuevo período
caracterizado por la incertidumbre asistió al surgimiento de dos partidos que
gravitarían en las discusiones parlamentarias en torno al proteccionismo y al
librecambio:
Durante los tres primeros años de
vida, la preocupación central del partido radical fue debatir la política
y sus procedimientos. Mediante una retórica que levantaba la bandera de la
obligación cívica de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos y de
la modernización de los partidos políticos argentinos como remedio para el
personalismo, buscaba, como sugiere Botana, una restauración en las prácticas
políticas. Sin embargo, hacia 1894, después de la
derrota de la revolución de 1893, los radicales desplazaron el foco de su
propaganda partidaria de la política a la economía. “Mientras que desde su
fundación,
Por otra parte, como ha remarcado
Roy Hora, los sectores terratenientes denunciaron el proteccionismo porque la
economía rural atravesaba un periodo difícil, situación que tornó a los
propietarios rurales más sensibles a las discusiones en torno a las tarifas. “En
esos años los precios de los productos exportables se derrumbaron. Las
cotizaciones de la lana cayeron a la mitad entre 1889 y 1893, y los precios de
los granos también bajaron y no se recuperaron hasta mediados de la década”. Al mismo tiempo, la burguesía pampeana no objetaba al
conjunto del sector manufacturero, sus cuestionamientos no estaban dirigidos
empresas que producían para el mercado interno artículos que por sus altos
costos no eran susceptibles de ser importados. El sector que concitaba los
mayores rechazos de los voceros rurales eran aquellas industrias que pretendían
competir con la producción extranjera y que para alcanzar niveles de
competitividad aceptables necesitaban refugiarse detrás de barreras
arancelarias. Por lo tanto, los empresarios pampeanos temían que la política
proteccionista llevada a cabo por el gobierno nacional, afectara sus vínculos
comerciales y que los países importadores de materias primas argentinas
reaccionaran ante ella generando una suerte de guerra de tarifas.
Estos cuestionamientos aludían
directamente a la industria azucarera. De modo que los industriales del sector
percibieron que las estrategias desplegadas durante el roquismo no resultarían
del todo adecuadas en el nuevo escenario político. De esta manera, a la defensa
política que los representantes tucumanos y de otras provincias realizaban en
el Congreso había que añadirle una campaña propiamente industrial. En este
contexto, la organización corporativa de los empresarios azucareros cobró
sentido. De este modo, los debates en torno a la legislación aduanera más
adecuada y las industrias que debían ser fomentadas, provocaron que el
empresariado azucarero decidiera crear su propia corporación para defender sus
intereses ante los poderes públicos tanto nacionales como provinciales.
La creación del Centro Azucarero
Argentino y con ella, el despliegue de su política editorial permitió a los
actores elaborar un discurso de defensa de la actividad que giraba en torno al
proteccionismo como condición necesaria para asegurar el desarrollo industrial,
entendido como la vía de la independencia económica. Se asoció la implantación
fabril con la “civilización” y el “progreso” y por lo tanto, el establecimiento
y consolidación de este tipo de actividades económicas fueron presentados como
una labor patriótica que permitía el avance del estado civilizador en
territorios que aparecían dominados por la “barbarie”. A su vez, en este
alegato aparecieron claramente delineadas las funciones que el estado debía
adoptar con respecto al sector industrial. Desde este punto de vista, se
señalaron las medidas que el gobierno debía tomar para garantizar la riqueza
nacional. De esta manera, se reclamaba que el Estado debía contemplar los
intereses del conjunto de país y no asociar el progreso con los límites de la
llanura pampeana.
Si bien es cierto que muchas de
estas líneas argumentativas se encontraban presentes en la década anterior,
ellas fueron sistematizadas en el discurso de la corporación azucarera y de su
publicación mensual,
La prensa y los
debates de 1894.
El proyecto del PEN de modificar
las tarifas aduaneras para el año 1895, desató un intenso debate en el Congreso
de
Los empresarios azucareros
instrumentaron su defensa de las tarifas aduaneras y de la industria azucarera
a través de la prensa. El diario tucumano El Orden y
Las críticas hacia la agroindustria
azucarera hacían hincapié en su artificialidad y en el consiguiente
encarecimiento del producto en perjuicio de los consumidores. Atacaban al
proteccionismo considerado excesivo, que terminaba por otorgarle a Tucumán un status
privilegiado respecto de las demás provincias y destacaban las pérdidas que
significaba al erario público nacional, vía ingresos de aduana, la disminución
de las importaciones de similares extranjeros de menor costo. Estos argumentos
fueron expuestos durante las reuniones de la comisión revisora y en las
sesiones de Cámara de Diputados.
Conviene destacar que Juan Videla,
propietario del Ingenio “El Manantial” y socio de la corporación azucarera,
formaba parte de la comisión revisora, como también lo hacía Ventura Martínez
Campos, presidente de
Algunos miembros de
Los críticos, liderados por la
diputación radical en el Congreso, afirmaban la artificialidad del
emprendimiento azucarero, no sólo porque necesitaba de tarifas aduaneras altas
para poder desarrollarse, sino porque el clima tucumano no era del todo apto
para el desarrollo de la actividad, por lo tanto el rendimiento cultural de la
caña siempre sería inferior al de otras zonas productoras como Cuba e Isla
Mauricio. Este argumento identificaba la industria azucarera como una actividad
esencialmente tucumana, ineficiente y privilegiada, que gozaba de un status
diferencial que sus representantes habían logrado obtener durante la década de
1880, en virtud de lugar central que habían ocupado en el entramado de alianzas
del roquismo.
A pesar de que algunos miembros de
la comisión cuestionaban la protección arancelaria, cuyo resultado era un
impuesto indirecto al consumo, consideraban que la disminución de los aranceles
no debía realizarse repentinamente sino escalonadamente, de manera tal que los
empresarios azucareros pudieran tomar las resoluciones pertinentes bajo las
nuevas condiciones de producción. Estas medidas se hacían necesarias, no sólo
para evitar el crecimiento de una actividad que por su naturaleza estaba
imposibilitada de crecer con fuerza propia, sino también para no hacer
tambalear la inserción de
De este modo, algunos consideraban
que la desaparición de la industria azucarera no reportaría ningún perjuicio
para el país y en cambio favorecería las ventas de los artículos provenientes
de industrias naturales como el trigo y la ganadería, en tanto los países
productores de azúcar no tomarían represalias comerciales con
Tanto opositores como defensores
esgrimieron, en más de una oportunidad, las mismas razones para sostener su
posición en pro o en contra del librecambio. En este sentido, la mayoría
proclamaba ser partidaria de un “proteccionismo racional”, lo que suponía
defender la protección a la “producción nacional”. El punto de acuerdo era
entonces, el convencimiento de que el Estado debía fijar impuestos aduaneros a
los productos importados, acordes con las conveniencias de la nación. Las
diferencias versaban en cómo se instrumentaba la protección, y qué actividades
económicas podían ser definidas como producciones nacionales cuyo desarrollo
beneficiaba al conjunto de la nación.
Los azucareros señalaban que el
mantenimiento de barreras aduaneras significaba para el Estado nacional el
ahorro de una importante cantidad de divisas, ya que la existencia de una
producción local destinada a atender el mercado doméstico evitaba la salida de
oro. Los sectores partidarios del librecambio, remarcaban las pérdidas que
reportaba para el erario público, vía ingresos de aduana, el consumo de azúcar
nacional en vez de la extranjera, además de lesionar otros intereses, como los
comerciales o los del “pueblo consumidor”. De esta manera el diputado Hansen
afirmaba que “Hay motivos para creer que el azúcar tucumano puede soportar
una disminución en la protección desde que ha resistido la crisis y ha
prosperado hasta exceder todo cálculo. Fuera de la industria, está el
consumidor, nuestros intereses comerciales con el Brasil y el interés fiscal
herido de muerte si los que pagan derechos vienen a ser sustituidos por el
similar nacional que no nos paga.” La figura del consumidor
apareció muy temprano en la retórica radical, y la preservación del poder
adquisitivo de los sectores populares constituyó un argumento que reforzaba el
discurso sobre las represalias comerciales o guerra de tarifas. En este
sentido, la defensa del consumidor por parte de los políticos pertenecientes a
Frente a las críticas, Lídoro
Quinteros (diputado nacional e integrante del CAA) asumió la defensa de la
industria. Expuso la imposibilidad de la región del norte para dedicarse a las
mismas actividades que el Litoral. Las provincias del NOA no podían convertirse
en productoras de cereales y de ganado. Esto era así, en primer lugar por
encontrarse a más de mil kilómetros del puerto, lo que implicaba un
encarecimiento del producto debido a los altos fletes que debería pagar. En
segundo lugar, el clima de la región, con sequías prolongadas no constituía la
mejor opción para el desenvolvimiento de este tipo de actividades.
Por otra parte, remarcó que los
industriales no habían especulado con la protección otorgada por el estado, ya
que en el marco de cierta rentabilidad ofrecida por los poderes públicos habían
realizado cuantiosas inversiones y a través de la modernización de las
fábricas, habían intentado cumplir con las necesidades del mercado y ofrecer al
consumidor el mejor producto posible: “(...) Tucumán dedicándose a la
industria azucarera, comprendió que si recibía de los poderes públicos la
protección de un alto derecho para el similar extranjero, tenía que
corresponder a ellos dignamente. Se adquirieron grandes máquinas, se
ensancharon los ingenios y se multiplicaron las plantaciones”. Además señaló que los empresarios se habían endeudado
para lograr incrementar la capacidad productiva de los ingenios y la
inversión realizada todavía no había sido recuperada como consecuencia de las
malas cosechas.
En
Por otra parte sostenía que el
librecambio había sido una tradición en
Por su lado, la “coalición
proteccionista” afirmaba que los impuestos aduaneros
tenían dos fines: un fin puramente fiscal y un fin proteccionista y que todas
las naciones, en todos los tiempos, habían empleado este recurso en su doble
faz económica. Remarcaban que
La defensa más acabada del
proteccionismo la llevó adelante el diputado por Tucumán Eliseo Cantón. Alegó
que la implantación de barreras aduaneras elevadas respondía a intereses y
necesidades concretas en una coyuntura determinada. Para fortalecer su
argumentos, hizo referencia a las medidas que otros países habían tomado en
materia azucarera y citó la protección que éstos otorgaban al dulce. En consecuencia,
sostuvo que la protección recibida por la industria azucarera argentina era
moderada con respecto a otras naciones. Por su parte, cuestionó la denominación
de “ficticia” otorgada a la actividad, sobre todo a partir del factor
climático. Si bien reconocía que Jujuy tenía territorios óptimos para el
desenvolvimiento de la actividad, esto no significaba que el clima de Tucumán
fuera inadecuado para el cultivo de la caña de azúcar. Por otra parte, remarcó
que en
Por otra parte, frente a las
críticas de los sectores librecambistas,
Por este motivo, se intentó
sistemáticamente demostrar que el desarrollo de la actividad azucarera en
Tucumán había convertido a la provincia en un centro de atracción de capitales,
mano de obra y tecnología, que se expresaba en el desarrollo de la
civilización, de la cultura, del progreso, del “espíritu de empresa” y del
apego al trabajo por parte de los sectores subalternos. Asimismo, se
explicitaba la fuerte vinculación de la industria azucarera con el Litoral y se
destacaban los nexos financieros y comerciales, demostrando que los intereses
comprometidos en la agroindustria trascendían los marcos provinciales. En este
sentido, las palabras de Clodomiro Hileret (propietario del Ingenio Santa Ana) resultan
ilustrativas “…industria tucumana se dice. Ojala hubiera quien pueda
decirnos lo que tendría que hacer para llegar a ser denominada industria
nacional. De los cuarenta mil hombres directamente ocupados en ella las dos
terceras partes son santiagueños, cordobeses, riojanos, catamarqueños y
salteños. Del producto de las cosechas se queda en el Litoral (…) un
veinticinco por ciento (…) y esto sin contar que de allí nos vienen las bolsas,
el aceite, el kerosene, un mundo de artículos que dan movimiento al comercio de
aquellas plazas (…). Y sin embargo, esto se llama industria esencialmente
tucumana (…) esto es inexacto, no hay industria más eminentemente nacional que
la nuestra”. En efecto, se presentaba a una
actividad de base regional pero con proyecciones nacionales, “…no hay industria nacional que no esté vinculada a
la suerte de la azucarera. Desde el capital bancario que la anima y fomenta,
hasta los brazos de miles de habitantes; desde las empresas de transporte hasta
las compañías que aseguran sus productos; todos están interesados en que esta
fuente de trabajo nacional no disminuya su poder expansivo.”;
y concluía que
“…la
industria azucarera es la mas genuinamente argentina. Ninguna otra ha
sido
amasada por manos más argentinas (…) Y no es solo
Tucumán, es una vasta región
de la republica, Tucumán si se quiere, es el foco, el centro de
la producción:
pero ahí esta la región de Salta y Jujuy (…) que
será la región azucarera del porvenir…”.
El término región se utilizó en
algunas oportunidades para referirse a un conjunto de provincias o sólo a una. Sin embargo, el
apelativo “regional” remitía a un espacio geográfico amplio, que trascendía los
límites estrictamente provinciales. De este modo, el discurso azucarero utilizó
el apelativo regional como una manera de involucrar a otras provincias en la
actividad, aunque remarcando su subordinación a un centro indiscutido, la
provincia de Tucumán. Esta estrategia discursiva obedecía a la necesidad de
demostrar que la agroindustria azucarera no era sólo un emprendimiento tucumano
y que no eran los intereses de una única provincia los que se estaban
preservando. De esta manera, el discurso azucarero sustituyó el vocablo
provincial por el de regional, en tanto permitía otorgarle un sentido más
abarcador a la actividad, reforzando así la identificación de la industria
azucarera como industria nacional.
A través de esta retórica Tucumán
quedó identificado como un epicentro industrial que había cumplido un rol
modernizador y educador en las provincias del norte del país, poniéndole al
alcance no sólo el progreso material, sino integrándolas al “orden” y a la
“civilización”, argumentación constante durante todo el período. En relación a
esto
De esta manera, el discurso
azucarero realizaba una interpretación particular del paradigma roquista de
“Orden y Progreso”. Este progreso no sólo era material reflejado en la
construcción de puentes y caminos, en el arribo de inmigrantes y la llegada de
capitales y en la extensión del ferrocarril. El desarrollo económico fomentaba
el apego al trabajo, el respeto a la ley y el amor por la paz, desterrando la
violencia de las disputas políticas. En este sentido, “el
desarrollo material se basa en la iniciativa privada, florece en la libre
empresa y fomenta en la naturaleza humana las cualidades del planeamientos
ordenado, el cálculo de riesgo, los hábitos de constancia y fuerza de voluntad
requeridos para desarrollar con éxito la empresa emprendida (…). El progreso
material se funde así con el progreso espiritual y el desarrollo económico se
transforma en sinónimo de desarrollo social (…)”.
Por otra parte, la prensa local
contribuyó a esta campaña para reforzar las acciones emprendidas por el Centro.
Suscribió la idea de que el proteccionismo, como política económica, era
deseable en tanto fortalecía el aparato productivo del país. Por lo tanto,
todas las industrias eran merecedoras por igual de protección, pero en caso de
que hubiera que privilegiar alguna, los poderes públicos debían inclinarse por
las industrias ya consolidadas, sin importar su ubicación. Se destacaban
además, las diferencias de escala de las actividades azucarera respecto de las
“pequeñas” industrias porteñas, insistiendo en que no se habría incurrido en un
proteccionismo selectivo, ya que el estado debía proteger a las noveles
industrias del litoral de igual manera. En tal sentido, las críticas al
proteccionismo sólo podrían entenderse como un ataque al proteccionismo en
clave azucarera. En la editorial del diario El Orden del 2 de julio de
1894 se afirmaba que: “con frecuencia se lee artículos o se oye razonar a
favor de las fábricas de sombreros, de tejidos o de fósforos, o de cualquier
otra establecida en la capital, invocando la necesidad de fomentar esta
pequeñas industrias como base de nuestro porvenir económico. (…) Pero si se
trata de una gran industria, alimentada no por una sino por 50 fábricas, que da
vida al organismo económico de la nación, entonces aparece el mismo paladín convertido el librecambista, y arrollando
la bandera del proteccionismo. (…) No se puede decir en nombre de los intereses
bien entendidos de
Otro argumento que el Centro
utilizó fue presentar la protección arancelaria como una vía imprescindible
para el desarrollo industrial Se trataba de una herramienta eficaz que debía
ser usada por los poderes públicos para transformar la fisonomía agraria del
país.
El resultado de tal protección era
el desarrollo fabril, considerado la piedra basal para conquistar la
independencia económica. Quitar prematuramente la protección no sólo impactaría
dentro del mundo azucarero, sino que afectaría a la economía nacional en su
conjunto. Además se señalaba que si el Estado reducía los aranceles aduaneros,
debía buscar forma alternativas de recaudación que probablemente se traducirían
en la implementación de impuestos directos: “pero entonces que pidan la
abolición de los derechos que pagan los vinos y otros artículos y digan al
estado que nos haga retroceder cuarenta años en materia de trabajo y producción
y que en vez de buscar sus recursos de una manera indirecta en los derechos de
aduana nos recargue con impuestos directos (…); entonces no se vuelva a decir
que hemos de bastarnos algún día a nosotros mismos y producir esto, lo otro y
lo de más allá, sino declarar abiertamente que somos absolutamente incapaces de
producir nada, que sólo sabemos sembrar trigo y criar vacas y ovejas, o mejor
dicho dejarlas criar por sí mismas por el sistema más primitivo que se conozca
y que hemos de depender perpetuamente del extranjero”.
Este argumento no era exclusivo de
los industriales tucumanos azucareros. La Unión
Industrial Argentina alegaba la misma tesis. En el Boletín de
Por su parte, el Centro Azucarero
reconocía que el debate en torno al proteccionismo y al librecambio tenía lugar
en la mayor parte de los países industrializados y no una nota distintiva de la
realidad argentina que afectaba solamente a la agroindustria. Al retomar las
discusiones que se estaban dando en ese momento en España, afirmaba: “El
principio de la protección sería el único principio político de gobierno si
hubiese que contraponer a otro principio porque después de todo, proteger el
Gobierno es proteger la existencia del individuo, es proteger su seguridad, es
proteger todos sus derechos. (…) La protección, por consiguiente, el poder
tuitivo de los pueblos, es un principio ingénito de la naturaleza de los
gobiernos, y la protección económica es un desenvolvimiento de ese mismo
principio”. De esta manera, el proteccionismo así
entendido, formaba parte de los deberes inherentes al Estado, en la medida en
que la función de gobierno era salvaguardar los derechos de los ciudadanos y
legislar persiguiendo el bien común. En este sentido, el proteccionismo
formulado de esta manera aparecía como uno más de los derechos naturales que el
Estado debía garantizar, de acuerdo con las facultades delimitadas por el
contrato social.
Pero por otro lado, también en
aquellos países aparecían formulaciones en clave de “proteccionismo racional”
sosteniendo que “(…) voy en ese sentido de la protección, desde la
prohibición más absoluta en aquellos ramos de la producción que llegue a ser
necesaria, hasta el librecambio, cuando, desarrolladas en toda su plenitud las
fuerzas económicas, en algún ramo de la producción, pueden necesitar el
estímulo, la competencia, para que no decaiga por el abandono”. De esta manera, era la necesidad lo que determinaba qué
rumbo debía tomar la política económica. Esto suponía un profundo conocimiento
de la realidad económica del país por parte de los poderes públicos, reflejada
en la legislación aduanera adoptada racionalmente para estimular los diferentes
emprendimientos productivos, con el fin último de fortalecer la riqueza
nacional. Con estas argumentaciones el sector sostenía que el establecimiento
de barreras arancelarias no podía beneficiar a un sector y ser perjudicial para
otro; por consiguiente, debía buscarse el equilibrio que respondiera a los
intereses generales “somos proteccionistas y deseamos que las industrias
nacionales, no sólo subsistan, sino que sigan desarrollándose y prosperando;
pero queremos un proteccionismo racional, bien entendido, que no favorezca
excesivamente a unas clases en perjuicio de otras o que no responda a los
intereses generales del país”.
El proteccionismo racional se
traducía en la arena concreta de las decisiones económicas en el monto que
debían tener los aranceles al azúcar extranjero. En este sentido, las
controversias contemplaban una multiplicidad de aristas que se desplegaban a
medida que el debate iba adquiriendo mayor trascendencia. En una nota del
diario porteño
Por otra parte, la discusión en
torno a las tarifas también fue presentada como una pulseada entre los
distintos ámbitos regionales en
Las provincias del interior se
habían incorporado de manera dispar a esta Argentina agroexportadora; los casos
más exitosos habían sido los de Mendoza y San Juan a través de la
vitivinicultura y los de la región norte por medio de la especialización
azucarera. Ambas actividades económicas compartían algunas características
similares, pero sin duda el hecho de que sus producciones buscaran atender la
demanda del mercado interno, marcó la necesidad de los empresarios regionales de solicitar políticas proteccionistas que permitieran a
estos artículos locales competir con éxito con los similares extranjeros, con
el objetivo de desalojarlos. Si bien estos industriales reconocían en el
desarrollo agropecuario la “rueda mayor” del progreso económico, entendían que
los emprendimientos agroindustriales contribuían de manera significativa a
acrecentar la riqueza nacional, mediante el crecimiento económico de regiones
mediterráneas que permitían otorgarle al país una fisonomía verdaderamente
industrial.
De esta manera, resultaba vital
para los productores del interior plantear estrategias de lobby que les
permitiera participar del trazado de la política aduanera, dado que de otra
manera, los intereses de litoral triunfarían por sobre los de otras provincias.
“Estas cosas (la fijación de los derechos) quieren resolverse con arreglo al
criterio que predomina en la capital de la república y que prescinde por
completo de las provincias del interior. A los hombres de la capital, poco les
importa que en Mendoza, San Juan, Salta, Tucumán,
haya o no haya industria, que esas y otras provincias vivan o mueran; lo que
les importa es que se viva bien en la capital (…)”.
Asimismo, se remarcaba que en
Por todo esto, la ciudad de Buenos
Aires -por condiciones geográficas y económicas especiales- podía prescindir de
tarifas aduaneras altas, ya que era la demanda internacional la que alimentaba
su crecimiento. Sin embargo, las provincias mediterráneas presentaban una
situación diferente y el progreso aparecía indisolublemente vinculado al
proteccionismo como una herramienta que permitía, en gran medida, morigerar las
diferencias existentes entre los distintos ámbitos regionales. En este sentido,
la dicotomía puerto vs. interior aparecía desplegada, también en otra dimensión
que era la de desarrollo agropecuario vs. desarrollo industrial, lo que
reflejaba la percepción de una división espacial de las actividades económicas.
Esta diferenciación de los espacios productivos era aceptada por los grupos
azucareros. El cuestionamiento central se dirigía a una concepción jerárquica
de esos espacios regionales, sobre todo por parte de los sectores
librecambistas del litoral. En efecto, uno de los
objetivos centrales que perseguía
A modo de conclusión
El discurso azucarero definió al
proteccionismo de maneras distintas y con diferentes matices. En este sentido,
algunas veces los políticos tucumanos y los propietarios de ingenio se
proclamaban partidarios del llamado “proteccionismo racional” y remarcaban que
sólo desde esta óptica reclamaban la intervención del estado. En otras
oportunidades, cuando los cuestionamientos hacia la actividad se profundizaban,
los empresarios buscaron presentar las políticas proteccionistas como la usina
principal del desarrollo industrial y por lo tanto las tarifas aduaneras altas
constituían el puntapié inicial de un proceso que perseguía el
autoabastecimiento y la independencia económica. Por último, la implementación
del proteccionismo selectivo era defendida como una herramienta esencial de las
políticas públicas que permitía morigerar las disparidades existentes entre los
diferentes espacios regionales. De este modo, el proteccionismo no era un
concepto unívoco que remitía a una noción perfectamente definida, sino que
incluía un amplio abanico de variables y definiciones, que se intercambiaban de
acuerdo a las dificultades que se planteara en la contienda parlamentaria.
Ahora bien, más allá de las estrategias argumentativas, para los azucareros el
proteccionismo significaba esencialmente, tarifas aduaneras altas que hicieran
competitivos los azúcares nacionales frente a la competencia extranjera. En
este sentido, la retórica azucarera persiguió vincular el progreso de su
industria con el bien común.
No obstante, la campaña realizada
por el Centro y su Revista compenetrada en la defensa del desarrollo
industrial, no implicó un cuestionamiento integral del modelo económico
agroexportador. Las críticas hacia el librecambio y hacia la preeminencia de
las actividades agropecuarias se mantuvieron dentro de un campo de fuerza, sin
cruzar el límite de cuestionar integralmente el camino que
Sin embargo, el discurso azucarero
jugó contraponiendo industria y agricultura, librecambio y proteccionismo,
interior-puerto, como una estrategia argumentativa que buscaba señalar que no
sólo el litoral agroexportador era el merecedor exclusivo en el diseño de
políticas públicas. En este punto, el objetivo principal de articular la
defensa de la industria en torno a conceptos contrapuestos, era remarcar, en
gran medida, el lugar central que había adquirido el desarrollo industrial en
El Centro ejecutó una
multiplicidad de estrategias a fin de lograr el diseño de una política aduanera
favorable, pero sin duda el combate editorial constituyó un factor esencial no
sólo para presentar una versión con matices del “progreso” argentino, sino
también para considerarlo una herramienta que permitió la construcción de un
actor con identidad propia: los industriales azucareros. A través de las
páginas de
RESUMEN
Tarifas aduaneras e industria azucarera en
El presente artículo examina el rol desempeñado por el Centro Azucarero
Argentino en la construcción de un discurso azucarero a fines del siglo XIX. En
este sentido, advertimos que la defensa del proteccionismo constituyó uno de
los tópicos centrales de la retórica azucarera, en tanto las tarifas aduaneras
eran consideradas como condición necesaria para asegurar el desarrollo
industrial, entendido como la vía de la independencia económica. Se asoció la
implantación fabril con la “civilización” y el “progreso”. De este modo, el
establecimiento y consolidación de este tipo de actividades económicas eran
presentadas como una labor patriótica que permitía el avance del estado en
territorios que aparecían dominados por la “barbarie”. A su vez, en este
alegato aparecieron claramente delineadas las funciones que el estado debía
adoptar con respecto al sector industrial. De esta manera, se reclamaba que el
Estado debía contemplar los intereses del conjunto de país, y no asociar el
progreso con los límites de la llanura pampeana.
Si bien es cierto que muchas de estas líneas argumentativas se encontraban
presentes en la década anterior, las mismas fueron sistematizadas en el
discurso de la corporación azucarera y de su publicación mensual, la “Revista
Azucarera”. Es así, que a partir de 1894 podemos detectar la presencia de un
“discurso azucarero”, sobre todo en materia arancelaria, que con algunos
matices se mantendrá inalterable hasta la llegada del radicalismo al poder.
Palabras clave: Discurso –
proteccionismo - debates aduaneros - industria
ABSTRACT
Customs tariffs and sugar
industry in
The present article examines the role recovered by the Sugar Argentine
Center in the construction of a sugar speech at the end of the 19th century. In
this respect, we warn that the defense of the protectionism constituted one of
the central topics of the sugar rhetoric, while the customs rates were
considered to be a necessary condition to assure the industrial development
understood as the route of the economic independence. The industrial
implantation was associated with the "civilization" and the
"progress. Thus, the establishment and consolidation of this type of
economic activities were presented as a patriotic labor that was allowing the
advance of the Central government in territories that were turning out to be
dominated by the "barbarism". In turn, in this allegation there
turned out to be clearly delineated the functions that the public powers had to
adopt with regard to the industrial sector. Hereby, one was claiming that the
State had to contemplate the interests of the set of country, and not
associating the progress with the limits of the plain of the pampas.
Though it is true that many of these argumentative lines they were
present in the previous decade, the same ones they were systematized in the
speech of the sugar corporation and of his monthly publication, the “Sugar
Magazine ". It is like that, that from 1894 we can detect the presence of
a “sugar speech ", especially in tariff matter, which with some shades
will be kept inalterable up to the arrival of the radical party to the power.
Key words: Speech – protectionism - customs debates – industry
Recibido: 01/03/2011
Aprobado: 13/06/2011
Versión final: 30/06/2011
Notas
(*) Lic. en Historia y Dra. en Humanidades (Orientación Historia) por
CAMPI, Daniel: Azúcar y trabajos.
Coacción y mercado laboral en Tucumán, Argentina, 1856-1896. Tesis
Doctoral Inédita, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2002, p.28.
La presencia del sector cañero marcó una
de las características distintivas del desarrollo industrial azucarero tucumano
ya que como señala María Celia Bravo “la diferenció de su similar salto-jujeña
y de emprendimientos análogos acaecidos en otras regiones azucareras de América
Latina. En el área cañera salto-jujeña, el plantador independiente fue caso
atípico en la producción y la comercialización de la caña, puesto que la
agroindustria integró, desde el punto de vista empresarial, el sector
industrial con el agrícola. En líneas generales, en las restantes economías
azucareras latinoamericanas la irrupción del ingenio moderno promovió un gran
concentración de la tierra y los propietarios fueron despojados a expensas de
los nacientes latifundios de los ingenios”. Véase, BRAVO María Celia: Campesinos,
azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en Tucumán
(1895-1930), Prohistoria, Rosario, 2008, p.15.
GUY, Donna: Política
Azucarera Argentina: Tucumán y la generación del 80. Fundación Banco
Comercial del Norte, Tucumán, 1981; BRAVO, María Celia, CAMPI, Daniel y SÁNCHEZ
ROMÁN, José Antonio, “El proteccionismo azucarero cuestionado: Estrategias
empresariales en
La Refinería Argentina en
Rosario era una empresa formada por Ernesto Tornquist con un capital de 800.000
pesos oro, a la que se acordaba una garantía estatal del 7% anual y exención de
impuestos por 15 años. El control de
Segundo Censo de
GUY, D., Política azucarera argentina…
op. cit; BALÁN, J., “Una cuestión regional”… op. cit; SÁNCHEZ ROMÁN, J. A.,
La dulce crisis… op. cit; SÁBATO, Jorge Federico, La clase
dominante en
ALONSO, Paula, Entre la revolución y
las urnas. Los orígenes de
Véase BOTANA, Natalio, El Orden
Conservador. La política argentina entre 1880-1916, Sudamericana, Bs. As.,
1998.
HORA, Roy, “Terratenientes, empresarios
industriales y crecimiento industrial en
Para una lectura completa de la política
financiera vinculada al desarrollo de la industria azucarera véase SÁNCHEZ
ROMÁN, José Antonio, La dulce crisis… op. cit.
Este
término fue utilizado por ROCCHI, Fernando; “El imperio del pragmatismo:
intereses, ideas e imágenes de la política industrial en el orden conservador”,
EN: Anuario IEHS, Número13, Tandil, UNCPBA, 1998.
En 1894, los ingenios tucumanos
representaban el 81% de todos los capitales invertidos en la producción
azucarera. Por otra parte, 33 de los 49 ingenios existentes estaban ubicados en
la provincia de Tucumán. Véase: SÁNCHEZ ROMÁN, J. A., La dulce crisis…
op. cit.
En algunas ocasiones, se habló de la
“región azucarera de Tucumán”, en otras “la región de Salta y Jujuy”. En menos
oportunidades se mencionó a la “región del norte”, incorporando los territorios
nacionales de Formosa y Chaco, e incluso a la provincia de Corrientes. Véase:
MOYANO, Daniel y LENIS, María, “De lo nacional a los regional. Discurso
empresario e industria azucarera en el norte argentina, 1894-
ALONSO, Paula, “«En la primavera de la
historia». El discurso político del roquismo de la década del ochenta a través
de su prensa”, EN: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana,
“Dr. Emilio Ravignani”, Tercera Serie, Número 15, 1er semestre de
1997; ALONSO, Paula, “
Argumentos
similares habían sido esgrimidos por Vicente Fidel López en los debates
proteccionistas de 1870. Para un análisis más completo sobre este tópico, véase
CHIARAMONTE, José Carlos, Nacionalismo y liberalismos económicos en
Retomo en este caso la definición de
Rodolfo Richard-Jorba: “los denominamos empresarios regionales porque el poder
de decisión acerca de qué, cuando y cómo producir estaba en el interior de la
región”. Veáse RICHARD-JORBA, Rodolfo, PÉREZ ROMAGNOLI, Eduardo, BARRIO,
Patricia y SANJURJO, Inés, La región vitivínicola argentina.
Transformaciones del territorio, la economía y la sociedad, 1870-1914,
Universidad Nacional de Quilmes, Bs. As., 2006, p. 16.