Una “verdadera” universidad. El proceso de transformación de la Universidad Obrera Nacional en Universidad Tecnológica Nacional (1955-1959)

 

 

Álvaro Sebastián Koc Muñoz(*)

 

 

Resumen

 

El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de transformación de la Universidad Obrera Nacional (UON) en el periodo inmediatamente posterior al golpe de Estado que destituyó a Perón, haciendo especial énfasis en las tensiones generadas alrededor del concepto de “universidad”, y de la jerarquía universitaria de esta institución. Para dar cuenta de ello, realizaremos una breve exposición de las objeciones que los diputados reformistas presentaron en el recinto parlamentario en 1948, con motivo de la sanción de la ley que diera origen a la UON para, sobre esta base, analizar las reformas desarrolladas una vez derrocado el peronismo en 1955. Por último, veremos en qué medida dichas transformaciones lograron revertir aquellas objeciones realizadas sobre la jerarquía universitaria de la UON, en los debates parlamentarios de la ley que sanciona la autarquía a esta institución. La metodología utilizada es el análisis documental de diversas fuentes oficiales e institucionales.

 

Palabras clave: Universidad, Obrera, Tecnológica, Reformismo, Estudiantes.

 

 

 

A “real” university. The process of transformation of the National Workers' University into the National Technological University (1955-1959)

 

Abstract

 

The objective of this work is to analyze the transformation process of the National Workers University (UON) in the period immediately after the coup that removed Perón, with special emphasis on the tensions generated around the concept of "university", and of the university hierarchy of this institution. To account for this, we will make a brief exposition of the objections that the reformist deputies presented in the parliamentary chamber in 1948, on the occasion of the enactment of the law that gave rise to the UON in order, on this basis, to analyze the reforms developed in a Peronism was overthrown in 1955. Finally, we will see to what extent these transformations managed to reverse those objections made about the university hierarchy of the UON, in the parliamentary debates of the law that sanctions the autarky to this institution. The methodology used is the documentary analysis of various official and institutional sources.

 

Key words: University, Worker, Technology, Reformism, Students.

 

 

Una “verdadera” universidad. El proceso de transformación de la Universidad Obrera Nacional en Universidad Tecnológica Nacional (1955-1959)

 

Introducción

 

La Reforma Universitaria de 1918 y el peronismo constituyen dos de los objetos más trabajados en la historiografía argentina y latinoamericana. La Reforma fue un acontecimiento que traspasó las fronteras nacionales hasta conseguir una dimensión regional: desde Córdoba, su lugar de origen, se expandió a las otras ciudades universitarias argentinas —Buenos Aires, La Plata, Santa Fe y Tucumán— y, desde ahí, se difundió al resto del continente (Portantiero, 1978).

El peronismo, por su parte, ha suscitado la atención de diversos analistas a nivel internacional. En este sentido, una innumerable cantidad de trabajos han enfatizado distintos aspectos de este fenómeno político que se han cristalizado en diferentes líneas de investigación. Algunos de estos autores se focalizaron en analizar las figuras de Juan Perón (Page, 1984; y Galasso, 2005) y Eva Perón (Navarro, 1997 y Zanatta, 2011) como así también en las denominadas “segundas líneas” de liderazgo peronista (Panella y Rein, 2013 y 2017). Por su parte, otros estudios se centraron en analizar la relación establecida entre el líder y el movimiento obrero organizado (Torre, 2006 y 2012; Murmis y Portantiero, 2011; Del Campo, 2012 y James, 2013), la compleja relación entre este movimiento político y la Iglesia Católica (Bianchi, 2001; Caimari, 2010 y Zanatta, 2013) y la relación con la universidad (Recalde y Recalde, 2007; Dércoli, 2014 y Benente, 2019), entre otros trabajos.

Además del importante acervo bibliográfico arriba expuesto, cabe resaltar que existe una importante cantidad de estudios que analizan a la UON, única institución universitaria fundada por el peronismo durante su primer periodo de gobierno (Dussel, 1990; Mollis, 1991; Dussel y Pineau, 1995; Álvarez de Tomassone, 2000; Villareal, 2001; Nápoli, 2003 y Malatesta, 2005; Facio, 2017 y Koc Muñoz, 2014). Sin embargo, la mayoría de estos trabajos se centran en analizar el funcionamiento de la institución bajo la órbita del peronismo (1953-1955), siendo escasa la bibliografía que analiza el periodo inmediatamente posterior al golpe de Estado de la “Revolución Libertadora” (1955-1959).

A través del presente artículo buscaremos dar cuenta de las distintas transformaciones acontecidas en la UON a lo largo del periodo 1955-1959, tomando como eje las tensiones generadas alrededor del concepto de “universidad” sostenido tanto por el reformismo como por el peronismo y cómo estas acepciones se expresaron especialmente en torno a la jerarquía universitaria de esta institución. Para llevar adelante esta tarea reseñaremos, brevemente, los acontecimientos de la Reforma Universitaria de 1918 y las principales premisas del programa de funcionamiento institucional legado por este movimiento. Luego, describiremos el enfrentamiento entre las universidades reformistas y el gobierno militar de la “Revolución de Junio” —como antecedente necesario del que aconteciera luego entre estas instituciones y el peronismo— para luego pasar a delinear parte de la política universitaria de este movimiento político, centrándonos específicamente en dos leyes universitarias fundamentales: la ley 13.031/47 y la 13.229/48, mediante la cual se crea la UON. Finalmente, nos abocaremos al análisis de las trasformaciones institucionales en la mencionada casa de estudios técnicos superiores durante el período 1955-1959.

A modo de hipótesis, sostenemos que —luego del golpe de Estado de 1955— la comunidad educativa de la UON llevó adelante un proceso de transformaciones mediante el cual se trató de consolidar un programa institucional que estuviera en línea con las premisas del reformismo universitario. Dada la naturaleza histórica del objeto de estudio que se presenta, se ha optado por una estrategia metodológica de tipo cualitativa, basada en la técnica de la investigación documental o “documentación” de fuentes tales como los debates parlamentarios sobre la creación de la UON y los referentes a la fundación de la UTN (sobre la base de aquella), documentación del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación y la revista de la UON, entre otras. En este sentido, y tal como sostiene Valles (1999), los documentos pueden ser utilizados, entre otras cosas, como fuentes de información para apuntalar la reconstrucción histórica de determinados sucesos que muchas veces es escasa, como es el caso de la institución sobre la que trabajaremos en el presente artículo.

 

La Reforma Universitaria de 1918 y el surgimiento de un nuevo modelo universitario

 

A principios del siglo XX surge en la Universidad de Córdoba (UNC) la denominada “Reforma Universitaria”. A diferencia de las modernas universidades de Buenos Aires (UBA) y de La Plata (UNLP), en la UNC los cargos directivos tenían carácter vitalicio y los miembros de los cuerpos elegían ellos mismos a los nuevos integrantes en casos de fallecimiento o renuncia, limitando así la participación del resto de los claustros. Incluso los profesores sólo tenían derecho a ocupar un tercio de los cargos en los consejos de las facultades o de la misma universidad. La casa de estudios contaba además con una administración deficiente y una estructura arcaica en términos académicos (Buchbinder, 2018).

El conflicto que se originó en diciembre de 1917, cuando el Consejo Superior resolvió el cierre del internado del Hospital de Clínicas que albergaba los estudiantes pobres de Medicina y la “Ordenanza de los decanos” subía los aranceles e incrementaba condiciones más exigentes para mantener la categoría de alumno regular, se extendió hasta septiembre de 1918. La lucha de los estudiantes cordobeses terminó con la renuncia de todos los académicos, de muchos profesores a sus cátedras y con la inauguración de un nuevo modelo de universidad, con un programa de autogestión institucional basado en la democratización interna y cuyas premisas centrales fueron: la defensa de la autonomía respecto del Estado, el monopolio estatal de la enseñanza (laica) y la participación estudiantil en el gobierno universitario, constituido por el cogobierno de docentes, estudiantes y graduados. Asimismo, este programa contemplaba la asistencia libre a clases por parte de los estudiantes (aunque no libre de aranceles), la periodicidad de la cátedra, la publicidad de los actos universitarios y la extensión universitaria, ligada a prácticas de solidaridad obrero-estudiantil (Koc Muñoz, 2021).

La Reforma devino en tradición fundante del desarrollo universitario argentino, un origen al que puede afiliarse toda una “cosmovisión”: funciones, prácticas y sentidos de la universidad. En el medio universitario, la Reforma se consolidó como una matriz a la que se interpela, una y otra vez como fuente de legitimación (Caldelari y Funes, 1996). Asimismo, también se plasmó como una ideología y una identidad estudiantiles. Esta segunda dimensión del fenómeno, es inseparable de la primera. Según Sigal (1991), la Reforma era un programa de gestión y del conocimiento para la universidad y una doctrina de los intelectuales liberales y progresistas, una ideología de las clases medias a las que estos intelectuales pertenecían. La doctrina reformista poseyó algunos puntos netos y otros que lo eran mucho menos pero que, gracias a esa vaguedad semántica, pudieron ser un cimiento durable. Así, la característica esencial de la Reforma fue carecer siempre de una organización propia poseyendo, en cambio, un referente institucional: la universidad.

 

La “Revolución de Junio” y el enfrentamiento con el reformismo

 

El 4 de junio de 1943 un nuevo golpe de Estado acabó con la llamada “Década Infame”. Representando el fin de un régimen acusado por su orientación extremadamente conservadora y cuestionado por sus prácticas electorales fraudulentas, el golpe fue en principio apoyado por numerosos sectores del espacio político. Pasados los primeros días, la maniobra militar comenzó a tener un impacto particular en las universidades. Las autoridades del gobierno entrante se propusieron llevar adelante cambios sustanciales a nivel social, representando un pilar en aquel proyecto global la refundación de un sistema de educación “ateo y cosmopolita” hacia otro basado en una matriz católica, nacionalista y tradicionalista (Pis Diez, 2018).

El 28 de julio de 1943 fueron intervenidas las universidades de Cuyo (UNCu) y del Litoral (UNL). El decreto de intervención se refería, en el caso de la primera, a la desvirtuación de sus objetivos de impartir enseñanza técnica de carácter regional y a la acefalía de sus institutos. Para remediarlo, se nombró interventor al Doctor Carlos A. Pithod, abogado mendocino, que compartía sus actividades como profesor universitario con la presidencia de la Junta Diocesana de la Acción Católica de Mendoza. En el caso de la Universidad del Litoral, el decreto se refería explícitamente a conflictos que sacudían a la institución por la “infiltración de elementos extraños y a la necesidad de saneamiento del ambiente y extirpación del mal”. Para muchos quedaba claro que, esas intervenciones, constituían una “experiencia piloto” que permitiría anticipar el futuro de las restantes universidades. También permitía anticipar el control que los integristas católicos iban alcanzar sobre la vida universitaria (Bianchi, 2001). La intervención de la UNL quedó a cargo de Jordán Bruno Genta. Partidario de una sociedad jerarquizada según principios a los que consideraba inmutables, este funcionario tenía numerosos seguidores tanto en las filas del Ejército como de la Iglesia Católica, instituciones a las que consideraba las únicas capaces de evitar la desintegración del país.

Las intervenciones y el nombramiento de un nacionalista de extrema derecha al estilo de Genta, provocaron la reacción tanto de docentes como de estudiantes. Los representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) en la UNL se dirigieron a los estudiantes de todo el país en una declaración en la que criticaron la intervención y la figura del interventor. Entre otras cosas manifestaban que “no es la Universidad del Litoral la intervenida, es la universidad argentina la avasallada” (Magnone y Warley, 1984, p. 14). Alrededor de 190 estudiantes que habían suscrito una petición de apoyo a la declaración fueron expulsados de inmediato. Además, se expulsó a los miembros de la Federación Universitaria del Litoral (FUL) y se dejó de reconocer a la dirección de dicha organización (Berdichevsky, 1965).

Según Rein (1999), la FUL convocó para fines de agosto a una huelga de tres días. Esta protesta trajo aparejada una ola de arrestos, cesantías de docentes, la renuncia de algunos profesores y el abandono de algunos estudiantes en solidaridad con los expulsados. En los veinte días siguientes, Genta ordenó detener a aproximadamente 550 estudiantes y la universidad se encontró ante una situación en la que gran parte de sus alumnos había sido separada. Los estudiantes declararon, el 2 de septiembre, una huelga por tiempo indefinido y profesores de todo el país publicaron una solicitud que exigía la restitución de la institución a la normalidad. El profesor Bernardo Houssay, de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, que se encontraba entre los suscritos, fue cesado por el entonces ministro Martínez Zuviría.

No obstante ello, parecía que las autoridades procuraban evitar un enfrentamiento agudizado con los universitarios. Genta fue reemplazado por otro interventor y la mayor parte de los estudiantes expulsados regresó, exceptuando aquellos a los que no se les permitió hacerlo “por razones ideológicas” (Magnone y Warley, 1984, p. 14). El puesto fue ocupado por Salvador Dana Montaño, militante católico que se definía a sí mismo como liberal, quien ocupó el cargo durante solo un mes, debido a que fue cesado por el gobierno militar por haberse negado a expulsar a destacados profesores opositores al gobierno. En su lugar fue nombrado Rómulo Etcheverry Boneo, ex presidente de la Acción Católica, quien no tuvo reparos en cumplir con las órdenes de expulsión de diversos profesores (Rein, 1999).

Tales actividades, sumadas a la renuncia —en señal de protesta— del presidente y vicepresidente de la UNLP —Alfredo Palacios y Gabriel Del Mazo — provocaron una nueva ola de protestas por periodos indeterminados. Por su parte, el gobierno continuó con su política intervencionista; el 27 de octubre tocó el turno a la UNC y el 2 de noviembre a la UBA. Junto a estas medidas, las autoridades decretaron la disolución de la FUA y la finalización del año lectivo en todas las universidades (Rein, 1999).

El gobierno militar veía en las casas de altos estudios un foco de agitación en su contra y una posible fuente de creación de disturbios en el país, por lo que no dudó en adoptar medidas rígidas y extremas contra dichas instituciones. Como interventor en Buenos Aires fue designado Tomás Casares, renombrado teórico clericalista, quien designó como decanos en las diversas facultades a personas identificadas con el establishment eclesiástico. Los diversos interventores nombrados por el régimen militar conformaban un grupo de características ideológico-políticas comunes. Todos eran militantes católicos, nacionalistas, derechistas y colaboraron en la formación de la alianza entre la cruz y la espada, entre el régimen militar y la Iglesia católica (Rein, 1999).

En este contexto de tensión nacional, fue sobresaliendo la figura del coronel Juan Domingo Perón. Ya en julio de 1944 sumaría a sus cargos de secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y presidente del Consejo de Posguerra, el de vicepresidente de la Nación. Las buenas relaciones que comenzó a tejer desde su llegada a la administración nacional con el sindicalismo resultaron claves para su ascenso en el gobierno. Al mismo tiempo, se encargaría de convencer a sus pares del gobierno y a los empresarios que esa política de acercamiento era propicia para “espantar el fantasma del comunismo que sobrevolaba el mundo del trabajo”. Los activos reformistas, a medida que fueron conociendo e identificando netamente a Perón con el régimen militar, no dudaron en calificarlo de “fascista” (Califa, 2014, p. 38).

A principios de 1945, se inició un proceso de normalización universitaria tendiente a devolverle a las casas de estudios la autonomía restringida. Mediante el decreto 3.156/45, del 10 de febrero se restableció la organización sobre la base de un Estatuto Universitario y a partir de los decretos 3.157/45 y 3.519/45 se dispuso la reincorporación de los docentes cesantes y la finalización de las intervenciones de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, Litoral, Cuyo y Tucumán (Mangone y Warley, 1984). La decisión, que estaba acompañada con la salida del ministro de Instrucción Pública y de los rectores universitarios, estaba ligada al nuevo escenario marcado por el desenlace de la Segunda Guerra Mundial (Califa, 2014). El objetivo era comenzar el ciclo lectivo en las universidades en forma ordenada, evitando los problemas que se derivaban de la intervención. A su vez, este decreto establecía que el propósito del gobierno era alejar toda causa de intranquilidad de las casas de altos estudios, a fin de reintegrarlos a su normal funcionamiento de acuerdo con las leyes y estatutos que las regían. Por esta razón, se convocó a elecciones para designar a los rectores, decanos y consejos de las facultades, que debían ser elegidos por los integrantes de cada institución (Rein, 1999).

El ya inevitable triunfo de los Aliados impuso al Poder Ejecutivo un cambio de alianzas. En este contexto, el gobierno declaró la guerra a los países del Eje el 27 de marzo de 1945, dos meses antes de la rendición alemana y a casi cinco de la japonesa (Califa, 2014). Este hecho fue bien recibido por los estudiantes y el gobierno militar llevó adelante una política más liberal, tanto en el nivel nacional como en relación con las universidades. En los meses subsiguientes se realizaron elecciones en todas las casas de altos estudios. Sin embargo, 1945 fue un año de grandes cambios y, durante la segunda mitad del mismo, las universidades volvieron a enfrentarse nuevamente con el gobierno (Rein, 1999).

El 7 de agosto fue revocada la ilegalidad de FUA. Los grupos reformistas se impusieron en las elecciones universitarias, poniendo a su cabeza a hombres opuestos al gobierno nacional, abriendo su foro de expresión política. Asimismo, una conferencia de rectores reunida en julio de 1945, exigió públicamente la vuelta al orden constitucional. Los acontecimientos de agosto hicieron más evidente para los universitarios que Perón era un miembro preponderante del gobierno militar. En efecto, estaba a cargo del Poder Ejecutivo por ausencia del presidente cuando se produjeron manifestaciones de universitarios festejando la rendición de Japón, que fueron prohibidas por el gobierno militar. El enfrentamiento entre estudiantes, grupos de choque de jóvenes nacionalistas y la policía tuvo un saldo de tres muertos. Así, entre el 20 y 21 de agosto de 1945 tuvo lugar una nueva huelga universitaria apoyada por las autoridades, con el fin de reiterarle el anhelo democrático al presidente. El gobierno de facto respondió exonerando a distintos docentes, entre los que se destacan: Ernesto Sábato, José Luis Romero, Vicente Fatone, Alberto Ginastera y Baltasar Jaramillo, entre otros (Sigal, 2002).

El 28 de agosto, el vicepresidente Perón dirigió un mensaje radial a los estudiantes —la que parecía ser una expresa rectificación de muchas actitudes— anunciando, en el acto, que en un breve plazo se reimplantaría el derecho al voto estudiantil. Pero el dialogo era ya no era posible. La autocrítica con que Perón buscó tender un puente a sus adversarios fue altaneramente contestada por los centros estudiantiles (Ciria y Sanguinetti, 1968). La tensa situación se agudizó en septiembre, al fracasar un golpe de Estado organizado por un sector militar. El gobierno acusó a muchos adversarios de auspiciar dicho intento, procediendo a detener a todos los rectores y a otras personalidades. Estudiantes y profesores tomaron las universidades, “mientras grupos nacionalistas y fascistas les gritaban, entre otras cosas, ‘haga la patria, mate un estudiante’” (Rein, 1999, p. 177). El ministro Antonio Benítez intimó a la reanudación de las actividades y luego ordenó reprimir. La policía rompió las puertas de las universidades, y detuvo a sus ocupantes, castigándolos duramente. Tal represión, ocurrida el 5 de octubre, fue una de las causas inmediatas de la caída y arresto de Perón. Sin muchas explicaciones, el presidente repuso a las autoridades universitarias el día 15 de octubre, aunque dos días después tuvo lugar la histórica jornada que rescata a Perón de la prisión (Ciria y Sanguinetti, 1968).

Durante las jornadas del 17 y 18 de octubre, los estudiantes universitarios y las dependencias universitarias fueron objeto de ataques, principalmente en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y La Plata. En esta última ciudad, los obreros más jóvenes atacaron a los estudiantes que identificaron en las calles obligándolos a vitorear el nombre de Perón (James, 1987). En noviembre de 1945, la FUA ingresó a la Unión Democrática, que se presentaba como la fuerza opositora del “nazi-peronismo” en las elecciones de 1946. Los jóvenes reformistas, constituidos en el ala izquierda de esa concentración de radicales, conservadores, socialistas, demo-progresistas y comunistas, contribuirían a conquistar en su seno un programa más acorde con las necesidades populares. Su presencia allí resultó relevante como lo evidenció la campaña electoral. Los actos proselitistas, asumidos fervorosamente por las fuerzas sociales en pugna y con especial confianza en el triunfo por parte de los opositores a Perón, concluyeron el 24 de febrero de 1946 con los comicios que dieron ganadora a la lista que éste presidía (Califa, 2014). La victoria de Perón constituyó un duro golpe para el frente universitario, especialmente para la FUA, y el apoyo a la Unión Democrática se convirtió en una hipoteca política difícil de pagar (Mangone y Warley, 1984).

 

La política universitaria del peronismo: la ley 13.031 y la creación de la UNO

 

La política universitaria del peronismo se inauguró con la intervención de todas las casas de estudio, decidida por Perón pero llevada al término por la saliente dictadura militar, sosteniendo que la misma venía a producir el “reencauzamiento” de la vida académica por los carriles que había abandonado en los años anteriores. Según Graciano (2005), el decreto señalaba la desnaturalización del cumplimiento de los fines científicos y educativos que la participación política de profesores y estudiantes había producido en las universidades y que la intervención se proponía restablecer, para que volviesen a dar orientación a la vida científica y cultural del país.

A partir de esta política, que colocó a Oscar Ivanissevich al frente de la UBA, se realizó una de las mayores purgas en la historia de la universidad nacional. Por diferentes medios, 1.246 docentes debieron dejar sus cátedras ese mismo año y el que siguió. Esta ola de despidos y expulsiones de maestros y profesores cuyas concepciones no concordaban con la línea peronista, constituía un tercio del total de docentes e investigadores. Según Rein (1999), los puestos de los despedidos fueron ocupados por allegados al gobierno peronista, y los méritos académicos de algunos de ellos fueron objeto de serias dudas.

En 1947, el peronismo sancionó una nueva ley universitaria, la 13.031. En línea con lo planeado en el primer Plan Quinquenal y la nueva función de las universidades en el desarrollo de la economía, la universidad pasó a tener una función social. Esta nueva normativa, que reemplazó a la ley Avellaneda —que regía desde 1885— fue la primera en ocuparse de temas tales como la carrera docente, el régimen de alumnos, el financiamiento de las universidades, la asistencia al estudiante, etc., sentando de esta manera precedentes para las siguientes. Asimismo, esta nueva legislación destacaba que las tareas específicas de la universidad serían: “el fomento de la cultura, la investigación científica y la formación de profesionales”, estableciendo que las universidades contarían con una autonomía restringida, es decir, “técnica, docente y científica” (Pronko, 1997, p. 235).

En relación al gobierno universitario, la legislación preveía que estaría a cargo del rector y del Consejo Universitario. El primero sería designado por el Poder Ejecutivo y duraría tres años en sus funciones. Asimismo, este Consejo estaría compuesto por los decanos y vicedecanos de las facultades y sería presidido por el rector. El gobierno de las facultades estaría a cargo del decano y del Consejo Directivo que, a su vez, estaría compuesto por diez profesores, elegidos por el propio claustro, quienes, una vez reunidos en el Consejo elegirían al decano a partir de una terna propuesta por el rector. Los profesores podrían ser titulares, adjuntos, extraordinarios y ordinarios. Los primeros serían nombrados por el Poder Ejecutivo, a partir de una terna de candidatos elevada por la universidad. Por último, la ley fijaba la retribución de los profesores y regulaba las bases para el establecimiento de la carrera docente (Pronko, 1997).

Pese a que durante el debate parlamentario algunos diputados peronistas manifestaron que los estudiantes debían asistir obligatoriamente a clases para mantener su condición de tales, la ley establecía dos categorías de estudiantes: regulares y libres, manteniéndose así esta conquista de la Reforma. Se fijaba su representación en los consejos directivos a través de un representante por cada escuela, que sería sorteado entre los diez alumnos que hubieran obtenido las más altas calificaciones en el transcurso de su carrera y se encuentre cursando el último año. El delegado sería convocado a las reuniones del Consejo Directivo, pudiendo expresar libremente los anhelos de sus representados, pero sin voto en las decisiones. Según Pronko (1997), durante este debate, las sucesivas intervenciones correspondientes al bloque peronista buscaron legitimar el proyecto en discusión apoyándose en dos afirmaciones opuestas en la evaluación de la Reforma Universitaria y de sus efectos sobre esta institución para llegar, igualmente en ambos casos, al reconocimiento de la necesidad de una “nueva reforma”.

Por un lado, un sector del peronismo —representado principalmente por el diputado Guardo— partió de la consideración que la Reforma había fracasado en sus propósitos, a pesar de sus “buenas intenciones”. Según esta interpretación, los reformistas “se corrompieron” y “traicionaron sus principios”: al ser los principios desvirtuados y bajo la dirección de “los corruptos”, la universidad quedó de “espaldas al pueblo”. Por tanto, era el peronismo quien debía realizar la “verdadera” Reforma, constituyéndose así en heredero de la tradición del 18’. Por otro lado, un sector minoritario del oficialismo —representado por el diputado Moreno— recusó frontalmente a la tradición reformista, señalando que la universidad producía “profesionales sin fe, sin convicciones, sin conocimientos humanistas [y] sin una verdadera tónica vocacional” (Pronko, 1997, p. 240). Ya sea por “el fracaso de la Reforma” o por su “desvío de los verdaderos ideales”, la universidad debía ser transformada, y ello era presentado como una “misión histórica” del peronismo. Confirmado el diagnóstico (“una universidad a espaldas del pueblo”) y detectado los males de la universidad (“la intromisión de la política y el electoralismo que corrompieron la esencia de la institución”), dos tareas “se imponían”: una de “reparación” y una “revolucionaria”. La primera quedaba resuelta mediante esta ley, la segunda, sólo comenzaría a ser encarada por el peronismo con esta nueva legislación.

En suma, y tal como señala Graciano (2005), la ley universitaria peronista promulgada en 1947 y puesta en vigencia en 1948 concretó los objetivos delineados de despolitización, reformulando el gobierno de las casas de estudios y las condiciones de elección de sus autoridades: suprimió la autonomía de las universidades para elegir sus propios rectores, los que pasaron a ser designados por el Poder Ejecutivo, y modificó los mecanismos de participación en la elección de decanos, los cuales serían nombrados por la asamblea de profesores, suprimiendo de ella la participación de los estudiantes. A su vez, la representación estudiantil en los consejos académicos se redujo a una participación sin capacidad de influir de modo efectivo en las decisiones sobre el desarrollo institucional o educativo, ya que carecía de cualquier peso para gravitar en la dirección institucional, pedagógica y científica de las facultades. Más aún, al seleccionarse la representación estudiantil del último año de estudios sobre la base del desempeño educativo y no por las instancias de elecciones, se ponía fin a la vida democrática y gremial de los centros de estudiantes, subordinándolo a una condición de pupilaje por parte de las autoridades y profesores de la universidad. La nueva organización institucional del sistema de enseñanza superior reforzó la subordinación de las universidades a las directivas del nuevo gobierno, debido a que no sólo mantuvo la designación por parte del Poder Ejecutivo de los profesores titulares (potestad que el Estado nacional se había reservado ya en la ley Avellaneda) sino que, con la creación del Consejo Universitario Nacional, se atribuyó el diseño de las directivas educativas y científicas que las casas de altos estudios debían desarrollar.

Un año más tarde de la sanción de la mencionada ley universitaria, el oficialismo presentó en la Cámara de Senadores la denominada “Ley Perón”, mediante la cual quedó constituida la UON.[1]  Durante el debate parlamentario suscitado en la Cámara de Diputados, la bancada opositora —que contaba entre sus filas con dirigentes que fueron protagonistas directos de la Reforma Universitaria, como Del Mazo o Dellepiane— centralizó básicamente su impugnación al proyecto oficialista argumentado que la UON no constituiría una “verdadera universidad” debido a que no contaría con “educandos universales” —por el hecho de que sólo ingresarían obreros— como tampoco impartiría una “educación universal” basada en la cultura generalista y humanista de las universidades clásicas, centrando básicamente toda su educación en las diversas disciplinas técnicas, sin dejar prácticamente lugar a los conocimientos antes mencionados. Los legisladores opositores sostenían que la consecuencia de eliminar la instrucción de la cultura general y las humanidades sería la de caer en un tecnicismo que, a su vez, podría decantar en un totalitarismo. El peronismo, de esta manera, incurriría en la creación de una institución con un carácter totalmente reaccionario que reproduciría la organización corporativa del pensamiento medieval, donde un hombre que nacía en su clase, debía morir en su clase, produciéndose así una segmentación del sistema educativo mediante la cual se ofrecería dos tipos de vida educativa: una de cultura general para unos y una de “cultura insuficiente o nula” para otros; una para “pudientes” y otra para “obreros”. La oposición defendía la idea de articular un sistema educativo unificado en el que se expresen las diferencias vocacionales, sea cual fuere el origen social y económico de sus educandos para que, de esta manera, pueda la “personalidad humana” realizarse en plenitud. Asimismo, también destacaban que la UON no constituía una “verdadera universidad” porque no integraba a las diferentes disciplinas en una misma institución: para el reformismo era inconcebible una universidad especializada, que no contuviera diversas facultades que representen a las distintas ramas del conocimiento. En consecuencia, el diputado Dávila calificaba a la UON como un “instrumento demagógico” y como una “verdadera mazamorra universitaria”.[2]

Entretanto, los legisladores de la bancada oficialista argumentaban que con la nueva institución la industria nacional sería dirigida por técnicos argentinos, en lugar de extranjeros. También sostenían que con este proyecto los obreros podrían llegar a conquistar una posición económica sólida y ocupar un lugar preponderante en la sociedad, pudiendo de esta manera elevarse y dignificarse material, moral y culturalmente sin otro condicionamiento que no sean los de su propio esfuerzo y su mérito individual. Por último, cabe resaltar que el peronismo fundaba su concepto de universidad no sobre una concepción única y universalista, cuya acepción derivaba del término “universitas” —tal como lo hacían los diputados reformistas—, sino sobre la base de la acepción del término “pro laboribus”, es decir “para todos los trabajos”. Para el oficialismo, ya no podía concebirse una universidad como la del siglo XII porque la modernidad había impuesto la división del trabajo y, como consecuencia de ello, la división en el campo de los conocimientos.[3]

A pesar de estos desacuerdos, y de todas las observaciones realizadas por la oposición al proyecto del oficialismo, la ley quedó sancionada de acuerdo al texto original presentado por el Senado. La misma establecía que la UON sería una universidad dependiente de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP)[4] cuyas finalidades eran “la formación integral de profesionales de origen obrero destinados a satisfacer las necesidades de la industria nacional”; “asesorar en la organización, dirección y fomento de la industria, con especial consideración de los intereses nacionales” y “promover y facilitar las investigaciones y experiencias necesarias para el mejoramiento e incremento de la industria nacional”.[5] En efecto, mediante esta normativa se sancionó la creación de la única universidad fundada por el peronismo en su primer periodo de gobierno (1946-1955).

Al reglamentarse la ley 13.229/48, a través del decreto nacional 8.014/52, el Poder Ejecutivo estableció un reglamento de funcionamiento institucional orientado en base a las prerrogativas contenidas en la ley 13.031/47: el gobierno de la UON estaría a cargo de un rector y vicerrector nombrados por el Poder Ejecutivo. Por otra parte, la universidad estaría compuesta por distintas facultades obreras regionales cuyo gobierno quedaba a cargo de un decano y un secretario técnico (vicedecano), los cuales también serían designados por el Poder Ejecutivo. Cabe resaltar que, tanto el rector como los decanos debían ser egresados de la Escuela Sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT), mientras el vicerrector y los secretarios técnicos debían poseer título profesional habilitante y experiencia técnico-educativa. Asimismo, la reglamentación preveía cuatro categorías de profesores: titulares, extraordinarios, honorarios y adjuntos los cuales —tal como se destaca en la ley 13.031/47— eran designados por el Poder Ejecutivo, sobre la base de una terna de candidatos elevada por el decano de la facultad correspondiente.[6]

En relación a los estudiantes, el decreto 8.014/52 establecía que la asistencia a las clases era obligatoria y ajustada al horario vigente de la universidad. La concurrencia de los alumnos a los actos la esta institución era obligatoria computándose doble inasistencia cuando, sin causas debidamente justificadas, se dejare de asistir a los mismos. Se exigía un mínimo de 80% de asistencia a trabajos prácticos y un mínimo del 70% de asistencias a las clases teóricas. El incumplimiento de estos requisitos ocasionaba la pérdida de la condición de alumnos.[7] En efecto, la reglamentación no contemplaba la existencia de alumnos “libres”, como tampoco ningún tipo de participación estudiantil tanto en el gobierno de las facultades como de la universidad en su conjunto. Solamente se permitía la participación estudiantil en los actos de la UON con un representante y se establecía que los discursos estudiantiles debían ser aprobados por las autoridades de cada facultad antes de ser pronunciados.[8] En consecuencia, el decreto 8.014/52 terminaba de suprimir dos de las conquistas más importantes de la Reforma de 1918: la libertad de asistencia y la participación estudiantil en los órganos de gobierno, extremando así los principios contenidos en la ley 13.031/47.

Por último, cabe señalar que el mencionado decreto terminó de configurar una nueva universidad con características muy distintas a sus contemporáneas. En principio, se constituyó como el ciclo universitario de un circuito diferenciado de educación técnica dirigido por la CNAOP, que solo admitía estudiantes con el título de “técnico” que pudieran acreditar fehacientemente su condición de obrero mediante un certificado expedido por la CGT; poseía una estructura universitaria regionalizada constituida por distintas facultades regionales obreras a lo largo del país[9] y y contaba con un sistema de enseñanza particular que combinaba la asistencia obligatoria a clases con la experimentación y la obligación impuesta a los estudiantes de tener que trabajar en la misma rama industrial en la cual cursaban sus estudios. El desarrollo de los cursos se realizaba bajo una modalidad didáctica denominada “clase activa”, definida como una clase de “tipo seminario” y “no conferencial”, en las que se buscaba que el profesor trabaje junto a los estudiantes y diagramadas en función a la formación de los estudiantes en el marco de la actividad áulica: el objetivo perseguido era que el alumno aprovechara al máximo el tiempo de las cursadas y estudiara en clase ya que, fuera del horario de las mismas, no disponía de tiempo para poder hacerlo. Gracias a este sistema pedagógico, cientos de estudiantes-trabajadores pudieron ingresar a la universidad para llevar adelante una carrera de grado (Koc Muñoz, 2021). Por último, cabe señalar que la UON ofreció un total de dieciséis especialidades técnicas y el título que eventualmente expediría a sus egresados sería el de “Ingeniero de Fábrica” en la especialización cursada.[10]

 

Las transformaciones en la Universidad Obrera Nacional 1955-1959

 

A pocos días de consolidarse en el poder la dictadura militar que derrocó a Perón, se produjo una profunda reconfiguración en el campo universitario. El 23 de diciembre de 1955 fue sancionado el decreto 6.403/55 que restituía el régimen jurídico de autarquía universitaria, restableciendo así la forma de organización institucional bajo los preceptos del reformismo. En este contexto, también se produjo una serie de transformaciones institucionales y académicas al interior de la UON. El 17 de octubre de ese mismo año fueron nombradas las autoridades interventoras de la casa de estudios, destituyendo así a las autoridades nombradas por el peronismo: Gabriel Meoli se desempeñaría como rector, Pedro Berdoy como vice y Luis Lemeillet como secretario general. Asimismo, luego de arduos debates en asambleas, los estudiantes modificaron (extraoficialmente) el nombre de la institución por el de “Universidad Tecnológica Nacional” (UTN) (Koc Muñoz, 2021, p. 207).

Las nuevas autoridades de la UON, en unidad con los estudiantes, llevaron adelante un proceso de reformas en el marco de lo que sus protagonistas denominaron como la “lucha por la autonomía y jerarquización” de la casa de estudios: la autonomía buscaba la desvinculación respecto a la CNAOP y la jerarquización consistía en reformar los planes de estudio añadiendo contenidos de carácter “humanístico” y de “cultura general”; en eliminar el requisito de ser obrero para poder ingresar a la institución, contenido en el artículo 10 de su ley de creación y en eliminar el agregado “de fábrica” de los futuros títulos de la UON, con la finalidad de darles mayor jerarquía (Aristeguieta, 1999 y Vilella, 2015).

Una de las primeras medidas llevadas adelante fue el llamado a concurso de todas las horas cátedra de la universidad. A través de la resolución general Nº126, la UON llamó a concurso de títulos y antecedentes teniendo como base el decreto-ley 6.403/55, que entre sus artículos prescribía que sólo podían presentarse aquellos docentes que poseyeran “una conducta cívica ajena a toda adhesión a las doctrinas totalitarias adversas a la dignidad del hombre libre, y de franco apoyo a la vigencia de las instituciones democráticas”. También establecía que no serían admitidos al concurso quienes, en el desempeño de un cargo universitario, sindical o de la función pública, hayan realizado “actos positivos y ostensibles de solidaridad con la dictadura que comprometan el concepto de independencia y dignidad de la cátedra”, es decir, aquellos docentes que mostraron algún grado de apoyo al gobierno peronista. El conjunto de las asignaturas fue dividido en siete grupos: matemáticas, física, química, legislación, estabilidad de las construcciones, mecánica y electricidad y se impuso como condición obligatoria para todos los aspirantes poseer título profesional universitario y una antigüedad en el ejercicio de la profesión mayor a tres años.[11] El resultado final de estos concursos fue la consolidación de un cuerpo de profesores de “primerísima línea y de condiciones sobresalientes” que, en su mayoría, pertenecían “simultáneamente al cuerpo docente de otras universidades nacionales”.[12] El prestigioso profesor de la UON y de la UBA Dr. Manuel Sadosky resaltaba que los concursos “contribuyeron a confirmar la jerarquía universitaria de los cursos que se dictan”.[13]

Asimismo, el 12 de junio de 1956 las autoridades interventoras de la UON, en vista de que era imprescindible proceder a la ratificación o rectificación de las especialidades[14], planes de estudios y programas de la universidad, sancionaron una disposición que, entre sus considerandos, destacaba que la diversificación de los estudios que se realizaban en la UON hacían indispensable el asesoramiento de profesionales especializados y, por lo tanto, “hasta tanto se resuelva sobre las modificaciones de la ley Nº 13.229/48, conviene, aunque sea a título provisional, crear un organismo que cumpla con las finalidades expresadas”.[15] Atendiendo a estas razones, el rector interventor de la UON, Gabriel Meoli, resolvió crear el “Consejo Asesor”, una dependencia cuya finalidad sería la de aconsejar al rectorado en las cuestiones pedagógicas que éste plantee, integrada por el rector, el vicerrector, nueve profesores designados por el rector y dos representantes de los alumnos.[16] A su vez, se dispuso la creación en las distintas facultades regionales de los “consejos de didáctica”, con la finalidad de asesorar en planes de estudio, programas, extensión cultural, y cualquier otro asunto sobre enseñanza que el decano proponga. El consejo de didáctica de cada facultad regional estaría presidido por el decano de la misma o, en su defecto, por el secretario técnico, e integrado por los jefes de departamentos de estudios y dos representantes de los alumnos. La aludida resolución también destaca que, junto a la constitución de estos consejos, también debían organizarse los departamentos de estudios de Matemáticas, Física, Química y Economía y Legislación y uno por cada uno de las especialidades que se cursen, los cuales estarían conformados por los profesores titulares, provisionales e interinos.[17] En efecto, tanto el Consejo Asesor, como los consejos de didáctica de las distintas facultades regionales, constituyeron los primeros organismos universitarios en el que los estudiantes pudieron participar.

Una vez establecido el conjunto de estas dependencias en la UON, el Consejo Asesor modificó los planes de estudio de las carreras, elevando a seis el número de años y se proyectaron dos planes: uno de carácter definitivo, que sería cursado íntegramente por los alumnos que ingresen a partir de 1957 y uno de transición, para aquellos alumnos que ya estaban cursando. Asimismo, se produjo una reorganización de las asignaturas, manteniendo en 24 el número de horas semanales, pero variando en el sexto año según especialidad en los planes de transición. (Ministerio de E. y J., 1958). Estos nuevos planes de estudio debían respetar los siguientes contenidos para todas las carreras: “Temas culturales” (dos cursos de dos horas cada uno por lo menos en los dos primeros años de cada especialidad), “Inglés técnico” (tres cursos de dos horas cada uno en los tres primeros años para cada especialidad), “Legislación general” (un curso de dos horas en cada especialidad), “Legislación del trabajo” (un curso de dos horas en cada especialidad) y “Economía y financiación de empresas, organización industrial e higiene y seguridad industrial” —con una carga horaria de ochos horas semanales—.[18] En suma, las asignaturas de carácter “humanísticas” y de “cultura general”, que hasta ese momento ocupaban solamente una hora semanal sobre un total de 24 horas en los primeros cuatro años de cada una de las especialidades, ampliaban fuertemente su presencia en los nuevos planes de estudio.

Por último, en relación al sexto año, al estar constituidos por un conjunto de materias que ocupaba un total de horas semanales muy inferior a las 24, el rectorado autorizó a las distintas facultades regionales a adoptar las medidas necesarias para que las asignaturas del mencionado último año de estudios se impartan con horario doble al que fijan los planes de estudio, de manera tal que los cursos se dieran por finalizados el día 19 de julio de 1958.[19] Debido a esta compactación horaria, el 18 de junio de 1958 (un mes antes de lo previsto), la UON anunciaba el egreso de su primer estudiante, al cual la institución le otorgó el grado de “Ingeniero de Fábrica”.[20] Este hecho marcaría un punto de inflexión en “la lucha por la autonomía y jerarquización”, desarrollada con posterioridad al golpe de Estado de 1955 por parte el estudiantado y las autoridades, debido a que comenzaron a egresar las primeras cohortes estudiantiles y no había una definición oficial acerca de cuál sería el alcance, la jerarquía y las incumbencias del título: el futuro incierto de los egresados hacían imprescindible la sanción parlamentaria de una ley de autonomía para la institución (Koc Muñoz, 2021).

Es así que, a mediados de 1958, el estudiantado buscó acelerar los tiempos del nuevo gobierno constitucional presidido, por Arturo Frondizi,[21] quien durante su campaña presidencial se había comprometido con la causa de la comunidad educativa de la UON, prometiendo sancionar la ley de autonomía, la modificación de su nombre por el de “Universidad Tecnológica Nacional” y la jerarquización de sus estudios, a través de la igualación de sus títulos con los del resto de las universidades nacionales (Vilella, 2015). El proyecto de ley redactado de manera conjunta entre las autoridades interventoras y los estudiantes de la UON fue presentado en la cámara alta por el senador frondicista Dávila, quien había participado del debate parlamentario en torno a la UON en 1948.[22] Luego de obtener la media sanción, el proyecto pasó a la cámara baja donde fue debatido un año más tarde, en octubre de 1959 (Koc Muñoz, 2021).

La presentación en la Cámara de Diputados estuvo a cargo del diputado Uzal, quien manifestó la necesidad de que el país contara con capitales, equipos y, sobre todo, con hombres capaces de manejarlos, destacando así la función que desempeñaría la nueva institución. También resaltaba que quienes se oponían al proyecto lo hacían sobre la base de que la “UTN”[23] no podía denominarse “universidad”, debido a que no se adecuaba a aquella institución del Siglo XII. En este sentido, consideraba que las universidades habían tenido que transformarse y ya no podían ser aquellas casas de “cultura superior”, de especulación abstracta, y que la “UTN” constituiría una “universidad” debido a que contiene todas las disciplinas en lo que a tecnología refiere. Asimismo, añadía que los conocimientos que impartiría serían parciales y no pretendían ser de carácter general, reivindicando, a su vez, una educación menos enciclopedista y más práctica, e insistiendo en la necesidad de capitales, de equipos y, sobre todo, de profesionales calificados argentinos: la educación, en la concepción del diputado, aparece como una de las condiciones del desarrollo económico del país. Por último, también afirmaba que la “UTN” sería una “universidad” por ser la continuación del ciclo de enseñanza media y, debido a ello, tendría el derecho a denominarse de tal manera.[24]

Por su parte, el diputado Blanco manifestaba que las observaciones realizadas por los diputados opositores de 1948 se llevarían a la realidad mediante la ley que estaba por sancionarse y que transformaría la estructura legal de la UON. En este sentido, señalaba que con la nueva normativa se estaba conformando un claustro tripartito de representación igualitaria, de acuerdo a los lineamientos de la Reforma Universitaria.[25]

Asimismo, el diputado Oreja expresaba en el recinto que la UON había sido una “creación demagógica del régimen peronista”, pero al mismo tiempo destacaba que la “UTN” era un hecho “real y positivo”, que ya estaba incorporado al país y que no se debía desestimar por el solo hecho de haber sido fundada durante el gobierno peronista. Por último, manifestaba que con la nueva ley que se estaba por sancionar quedaban subsanadas todas las objeciones realizadas por los legisladores reformistas en 1948.[26]

Las únicas objeciones al proyecto de ley de la “UTN” estuvieron a cargo de los diputados Pitto y Baigorria y lo hicieron sobre la base de los mismos argumentos que expusieran los diputados reformistas en 1948. El primero de los ellos, luego de citar los discursos del debate de dicho año, resaltaba que la universidad debía apuntar a la unicidad de la enseñanza, en un doble sentido pedagógico: una enseñanza universalista orientada a la formación técnica profesional y a la formación humanista en lo pedagógico y sin diferenciaciones ni discriminaciones en el aspecto social, frente a lo cual propuso organizar nuevas facultades de tecnología en las universidades nacionales existentes. La diputada Baigorria, por su parte, manifestaba que la “universidad debía enseñar a pensar” y, por lo tanto, debido a que la “UTN” no contendría entre sus facultades distintas disciplinas que no sean del orden de la técnica, esta institución nunca podrá cumplir con “los fines de la integralidad”, razón por la cual no debería denominarse “universidad”, utilizando también los argumentos de los diputados opositores al peronismo en 1948. Por último, propuso que la institución sea un “instituto superior de tecnología”, un estrato educativo intermedio entre las escuelas industriales o de orientación profesional y la universidad.[27]

En suma, tanto aquellos diputados que estaban a favor, como aquellos que estaban en contra del proyecto de la “UTN”, lo hicieron en torno a los argumentos esgrimidos por los diputados reformistas, mostrando la centralidad y vigencia de los mismos: mientras quienes estaban en contra del proyecto de ley sostuvieron los mismos argumentos para oponerse, aquellos que estaban a favor lo hicieron sosteniendo que la nueva legislación subsanaba las objeciones realizadas por los reformistas (Koc Muñoz, 2021).

La nueva ley, registrada bajo el número 14.855, quedó finalmente sancionada el 14 de octubre de 1959 consagrándose, de esta manera, las reivindicaciones del estudiantado y autoridades interventoras de la UON. Esta normativa establecía que la institución quedaba formalmente separada de la CNAOP y funcionaría dentro del régimen jurídico de autarquía, con el nombre de “Universidad Tecnológica Nacional”. Asimismo, la ley prescribía que el estatuto que se dictase para la institución debía contemplar que el ingreso a la institución estaría abierto a cualquier egresado de la enseñanza secundaria que acredite inclinación hacia los estudios técnicos, como asimismo la preparación básica indispensable. También debía garantizar, en sus organismos directivos, la representación de los tres claustros: profesores, estudiantes y egresados como también del sector industrial, a través de un representante. Por último, el estatuto debía indicar que los títulos profesionales otorgados por la institución expresarían con claridad la especialidad cursada e incluirían la nueva designación de la universidad, desapareciendo, de este modo, el añadido “de Fábrica”, contemplado en la ley de creación de la UON (Koc Muñoz, 2021).

 

A modo de cierre

 

El modelo universitario surgido con La Reforma de 1918 consolidó un programa de autogestión institucional basado en la defensa de la autonomía respecto del Estado, la participación estudiantil en el gobierno universitario y la asistencia libre a clases por parte de los estudiantes, entre otras reivindicaciones. La universidad regida por estas premisas sufrió una dura embestida por parte de la dictadura militar de la cual surgió Juan Domingo Perón, como una de las figuras más emblemáticas de la política argentina. Dicho gobierno militar buscó reorganizar a la sociedad sobre la base de una matriz católica, nacionalista y tradicionalista y, en esta cruzada confesional, arremetió contra la tradición laica y liberal de la educación argentina, especialmente la universitaria.

En este sentido, y en línea con lo planteado por Sigal (1991 y 2002), el peronismo no hizo más que continuar por la senda trazada por la dictadura que lo antecedió, extremando aún más el enfrentamiento con la universidad reformista mediante la sanción de la ley 13.031/47 y la ley 13.229/48, a través de la cual se creó la UON. La primera de estas normativas echaba por tierra los principios reformistas de autonomía universitaria y participación estudiantil, buscando así consolidar una universidad despolitizada, suprimiendo la autonomía de las universidades para elegir a sus autoridades y reduciendo la participación estudiantil a una presencia meramente formal, sin voto y sin capacidad de influir en las decisiones. Por su parte, la ley 13.229/48 y su posterior reglamentación llevaron aún más lejos el antirreformismo peronista al establecer un funcionamiento institucional que no contemplaba ningún tipo de participación estudiantil ni docente en el gobierno de la UON, como tampoco la condición de “alumno libre”, que había sido una de las reivindicaciones de la Reforma. En efecto, se estableció un funcionamiento institucional sumamente vertical, regido por autoridades que eran nombradas directamente por el Poder Ejecutivo, al igual que los docentes.

A lo largo del debate parlamentario en torno a la UON, los diputados opositores —algunos de ellos protagonistas directos de los sucesos de la Reforma de 1918— criticaron duramente el proyecto oficialista caracterizando a la universidad a crearse como una institución de carácter clasista, “medieval y reaccionaria”, con una “cultura insuficiente o nula”, un “instrumento demagógico” y una “mazamorra universitaria” y, por lo tanto, no constituía una “verdadera universidad”. Pese a los reparos presentados por estos diputados, la ley finalmente fue aprobada y la UON abrió sus puertas en 1953 permitiendo, gracias al sistema pedagógico implementado, el acceso a la universidad a cientos de estudiantes que durante el día debían realizar sus actividades laborales.

Luego de ser derrocado el peronismo en 1955, todos los esfuerzos de los estudiantes y de las autoridades interventoras de la UON estuvieron orientados hacia la transformación de esta institución en línea con las características académicas e institucionales de las universidades de raigambre reformista, a través de lo que sus protagonistas denominaron como la “lucha por la autonomía y jerarquización de la UTN”. En efecto, la jerarquización de la UON consistió en una serie de medidas tendientes a revertir aquellas impugnaciones otorgadas por los diputados reformistas durante el debate parlamentario que dio origen a la ley de creación de la UON. Los funcionarios interventores de la institución, llevaron adelante una serie de reformas orientadas a “jerarquizar” la casa de estudios, tales como la creación de un consejo asesor con participación estudiantil, la institución de los consejos de didáctica, la organización departamental y, sobre todo, la reforma de los planes de estudio, contemplando un mayor número de horas-cátedra y de asignaturas de lo que los diputados reformistas denominaban “cultura general”. Asimismo, también se solicitó que se modificara la denominación de los títulos suprimiendo el agregado “de Fábrica” y se requirió la supresión de la condición de ser obrero para ingresar a la “UTN” abriendo, de este modo, la posibilidad de tener “educandos universales”.

Finalmente, las aspiraciones de los partidarios de la “UTN” quedaron consagradas a través de la sanción de la ley 14.855, el 14 de octubre de 1959. Durante el debate parlamentario algunos legisladores que habían criticado el proyecto original de la UON destacaron que las reformas institucionales acontecidas luego del golpe de Estado de 1955 habían logrado “subsanar” todas las observaciones realizadas por los diputados reformistas en 1948. En efecto, la lucha de la comunidad académica de la “UTN” estuvo orientada principalmente sobre la base del ideario reformista. La transformación de esta institución tenía como finalidad que la misma pudiera convertirse en una “verdadera universidad” y conseguir la aprobación de la comunidad universitaria reformista, revirtiendo así la estigmatización que se hiciera sobre esta casa de estudios en 1948.

 

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Recibido: 22/02/2022

Evaluado: 20/06/2022

Versión Final: 09/07/2022