Los “lugares de memoria” en Rosario. Conflictos, representaciones y políticas de la memoria sobre la última dictadura

 

Sabrina Belén Grimi(*)

 

ARK CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24690732/9kms5qrr1

 

Resumen

 

El presente artículo propone abordar, desde un enfoque situado, el modo en que la/s memoria/s sobre la última dictadura militar en Argentina se inscribieron territorialmente y se representaron a través de “lugares de memoria”. Centrando la mirada en la ciudad de Rosario, nos interesa particularmente analizar cómo aquellas políticas de memoria fueron canalizadas institucionalmente por el Estado provincial y municipal, examinar los debates que se suscitaron en la esfera pública en relación a estos sitios y exponer algunos discursos y posicionamientos de los actores involucrados.

 

Palabras clave: Lugares; Memoria; Dictadura; Rosario.

 

 

 

The "places of memory" in Rosario. Conflicts, representations and politics of memory about the last dictatorship

 

Abstract

 

This article proposes to address, from a situated approach, the way in which the memory/s about the last military dictatorship in Argentina were territorially inscribed and represented through "places of memory". Focusing on the city of Rosario, we are particularly interested in analyzing how those memory policies were institutionally channeled by the provincial and municipal state, examining the debates that arose in the public sphere in relation to these sites and exposing some discourses and positions of the actors involved.

 

Keywords: Places; Memory; Dictatorship; Rosario.

 

 

Los “lugares de memoria” en Rosario. Conflictos, representaciones y políticas de la memoria sobre la última dictadura[1]

 

Las batallas por la/s memoria/s, una introducción

 

La/s memoria/s sobre la última dictadura militar en Argentina han sido atravesadas por fuertes vaivenes y conflictos acerca de cómo había que reinterpretar y reconstruir ese pasado reciente desde el presente. Si, a grandes rasgos, en dicho país no existió un período inmediato en el que haya prevalecido dentro del conjunto de la sociedad el silencio y el negacionismo respecto de las recientes experiencias traumáticas, esto se debió, en buena medida, a la persistencia de los organismos de derechos humanos en la esfera pública impulsando políticas de memoria (Lvovich, 2007). Sin embargo, ello no significa que la rememoración de aquel pasado reciente se haya visto exenta de debates sociales y políticos respecto de cómo construir esa memoria, qué se debía recordar y de qué forma había que representarlo.

Con la dictadura en proceso de retirada, los militares se preocuparon por cimentar una imagen concreta respecto de sus actuaciones durante esos años, la de una “guerra sucia” contra la subversión en la que se cometieron “excesos y errores”. En ese marco, reivindicaron las acciones llevadas a cabo como “actos de servicio” en pos de sanar y defender una nación “enferma” y decretaron su autoamnistía. Estas cuestiones ocasionaron un amplio repudio de los organismos de derechos humanos que tomaron las calles sumando miles de adherentes (Lvovich y Bisquert, 2008). Durante la transición democrática, la “teoría de los dos demonios” devino en hegemónica desde la esfera gubernamental nacional y se ubicó en el centro de las representaciones sobre la última dictadura, abonando incluso la construcción de un “sentido común”. Expresada en el prólogo del Nunca Más, esta perspectiva reconocía la violación a los derechos humanos por parte del Estado y equiparaba la responsabilidad de la violencia política entre las fuerzas armadas y las organizaciones guerrilleras, mientras la sociedad se esgrimía como una víctima inocente y desconocedora que sufrió el enfrentamiento entre ambos bandos (Crenzel, 2013). Al calor de aquella, tuvieron lugar tanto el juicio a las Juntas y la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, dedicado este último a rastrear y recuperar niñas/os apropiados, como las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

La década del noventa se vio trasvasada por una política de “reconciliación nacional”, fuertemente evidenciada en los indultos del presidente Menem que otorgaron la libertad a los represores condenados y, con posterioridad, en algunos proyectos que bajo el argumento de “cerrar las heridas” pretendieron barrer las marcas que había dejado el pasado dictatorial.[2] No obstante, esa memoria dominante promovida desde el propio Estado, que imponía mediante leyes y decretos el perdón y el olvido de los horrores cometidos por el régimen militar, fue cuestionada por otras memorias, en particular la de las/os afectados directos. A la pretensión de dar vuelta la página se contrapuso una batalla que bregó por la verdad y la justicia articulando a diversos grupos e instituciones que integraron diferentes voces y memorias.

A poco de cumplirse los veinte años del golpe, se produjeron varios acontecimientos que generaron un alto impacto en el escenario público y, más aún, en las representaciones sobre el pasado reciente. Por un lado, las declaraciones de algunos pocos perpetradores admitiendo la existencia de mecanismos represivos;[3] por otro, la irrupción de otros actores en el movimiento de derechos humanos que introdujeron nuevas modalidades de acción, como el surgimiento de H.I.J.O.S. y la práctica de los “escraches”. A ello se solaparon, entre fines de los noventa y los albores del nuevo milenio, los avances en la órbita judicial[4] así como en otros ámbitos de la esfera estatal, particularmente a partir de la creación de instituciones y monumentos públicos que rememoraron a las víctimas del terrorismo de Estado.[5]

Los años 2000 inauguraron un período de “estatización” de la memoria. Aquellas que durante años se constituyeron como “subterráneas” pasaron a ser, en esa coyuntura, memorias “oficiales” (Pollak, 2006), tomadas, representadas e institucionalizadas por y desde el Estado (Da Silva Catela, 2014).[6] Entre las acciones que simbolizaron ese pasaje,[7] se halló la recuperación, delimitación y señalización de muchos lugares que estuvieron vinculados al ejercicio de la represión en la Argentina reciente como espacios de memoria.[8]

En Rosario, la configuración de la/s memoria/s de la dictadura no se mantuvo al margen de esta matriz general, en tanto se vio permeada por intensos debates y polémicas sobre qué y cómo recordar ese pasado reciente y de qué manera representarlo en el espacio público. No obstante, presentó algunas particularidades que merecen atención por haber sido novedosas para el período e incluso pioneras, como la creación en 1998 del primer museo de la memoria del país. Así mismo, la recuperación y/o demarcación de espacios vinculados al accionar represivo han sido ilustrativas de aquellas batallas que disputaban la reinterpretación del pasado inmediato. En ese marco, el presente trabajo propone abordar el modo en que esa/s memoria/s sobre la dictadura se inscribieron territorialmente y se representaron a través de “lugares de memoria” en dicha ciudad.[9] Particularmente, nos interesa analizar cómo aquellas políticas de memoria fueron canalizadas institucionalmente por el Estado provincial y municipal, examinar los debates que se suscitaron en la esfera pública en relación a estos sitios, y exponer algunos discursos y posicionamientos de los actores involucrados.[10] Para ello, trabajamos sobre un conjunto de fuentes documentales que abarcan, aunque no únicamente, la prensa periódica local así como una serie de leyes, normativas, decretos y ordenanzas provenientes de los tres niveles estatales. A lo largo de tres apartados, abordaremos la creación y localización del Museo de la Memoria, la recuperación del edificio donde operó el ex Servicio de Informaciones y las señalizaciones de los lugares que funcionaron dentro del perímetro urbano como centros clandestinos de detención.[11]

 

El conflictivo emplazamiento del Museo de la Memoria

 

La propuesta de habilitar un lugar que invite a reflexionar sobre los crímenes de la dictadura provino de varios miembros de organismos de derechos humanos de la ciudad y luego fue tomada por algunos ediles que la trataron en el Concejo local.[12] En el año 1998, por medio de la ordenanza municipal N° 6506 y bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, se aprobó la creación del Museo de la Memoria con el propósito de “reconstruir, proteger y cultivar la memoria colectiva sobre los horrores del terrorismo de estado que asoló a Argentina entre 1976 y 1983”.[13] La norma disponía la conformación de dos áreas centrales; una de carácter testimonial en la que se conservarían “las huellas del horror”, y otra destinada a “la creación de conciencia”, donde se desarrollarían actividades diversas que contribuyesen a impedir el olvido. Así mismo, hacía explícita la asignación de un presupuesto, la creación de un cuerpo mixto para dirigirlo y la necesidad de gestionar un espacio físico significativo donde emplazarlo de forma definitiva, mientras que en lo inmediato se establecería en un edificio transitorio.

Ahora bien, como decíamos anteriormente, la ordenanza proponía como objetivo “reconstruir, proteger y cultivar la memoria colectiva”. Pero, ¿a qué memoria refería? Pareciera haber primado entre los concejales que aprobaron el proyecto un cierto consenso sobre la necesidad de conservar e impulsar una memoria hegemónica que condene públicamente el pasado dictatorial -aquel “que no debe volver a repetirse”- y de establecer un sitio que mantenga viva esa condena con el amparo del gobierno municipal, al resguardo de las políticas de olvido o de reconciliación. Ello no quiere decir, sin embargo, que aquel consenso se haya hecho extensivo al conjunto de la sociedad ni tampoco al completo arco político. De hecho, los devenires del Museo discurrieron por una franja dominada por vaivenes y conflictos que suscitaron largos debates en la esfera pública. La designación de una sede definitiva fue representativa de ello.

El sitio escogido por la Comisión Pro Museo de la Legislatura Municipal fue el edificio donde funcionó la sede del Comando del II Cuerpo de Ejército desde la década del ´60 y hasta la última dictadura militar. La elección no fue azarosa; el edificio de Córdoba y Moreno, ubicado en uno de los paseos más característicos del centro rosarino, fue el lugar de asentamiento de las autoridades militares y el espacio desde el cual se tomaban las decisiones, por lo que constituyó una pieza fundamental dentro del diseño y el despliegue de la represión en toda el área que estaba bajo la jurisdicción de aquel Cuerpo.[14]

Los cuestionamientos no tardaron en llegar. El entonces jefe del Comando del II Cuerpo, Eduardo Cabanillas, se opuso utilizando un argumento que avivaba el paradigma de “los dos demonios”: “ese no debe ser un museo para un sólo lado, porque acá hubo dos bandos”, “si van a hacer un museo de ese tipo, hay que hacerlo para la derecha y para la izquierda”.[15] La prensa local dio a conocer que el general había mantenido una conversación con el intendente Hermes Binner (Partido Socialista) en la que le manifestó “sus preocupaciones” en relación al Museo de la Memoria y le transmitió algunos “consejos” en torno a lo que debería haber en el mismo. A su vez, se habló de “enormes presiones” por parte del Comando sobre la Municipalidad las cuales fueron desmentidas desde la intendencia.[16] No obstante, el intendente manifestó su desacuerdo con la elección del inmueble como sede del Museo al referir:

 

Yo creo que no hay que hacerlo en Córdoba y Moreno porque la institución Ejército es una cuestión y quienes la han utilizado mal es otro problema. En ese lugar funcionó la institución Ejército y yo creo que hay que tener respeto hacia ella.[17]

 

Y sugirió en su lugar emplazarlo en “la casa de los cieguitos”, donde “pasaron hechos aberrantes”.[18] El posicionamiento refleja una cierta tensión que explicita el clima de época, entre condenar los horrores de la dictadura sin entrar en un conflicto abierto con las fuerzas armadas, resguardando a la institución como tal y diferenciándola de aquellos hombres que la integraron y “le hicieron muy mal”.

En 1999, los concejales aprobaron el proyecto impulsado por los ediles radicales Daniel Luna y Roberto Bereciartúa y, por medio de la ordenanza N° 6790/99, se ratificó la designación del edificio de Córdoba y Moreno como sede definitiva del Museo de la Memoria. La norma solicitaba a la Legislatura Provincial la autorización para expropiar el inmueble, hasta entonces en manos de un particular, y disponía la creación de un fondo para recaudar los gastos correspondientes a la expropiación y adecuación del edificio.[19] La expropiación fue refrendada por dicha Legislatura en el año 2002 a través de la ley N° 12018. Pero, en tanto la designación de la sede definitiva y la solicitud de expropiación adquirían curso legal, la propiedad fue alquilada a un grupo de empresarios locales para instalar allí un elegante bar temático, el Rock & Feller´s, el cual comenzó a funcionar en agosto de 1999. El hecho disparó el debate sobre los usos del edificio y distintos actores, sociales y políticos, se pronunciaron sobre el tema. Hasta resolver estas controversias, la Municipalidad ubicó provisoriamente al Museo de la Memoria en la Estación Ferroviaria Rosario Norte, donde funcionaban las dependencias de la Secretaría de Cultura, y sobrevivió casi sin presupuesto hasta el año 2003, cuando se concursó la dirección del Museo y el Municipio comenzó a otorgarle una partida presupuestaria.

Ese mismo año, el Ejecutivo municipal anunció que iniciaba el proceso de expropiación del inmueble.[20] El contrato de alquiler, y por ende la concesión, vencían el 31 de mayo, pero los propietarios lo prolongaron por varios años más, ignorando las reglamentaciones oficiales. Frente a esto, la Municipalidad denegó la solicitud de prorrogar la habilitación e intimó a la firma para que cesaran prontamente sus actividades. El Museo retornó al seno de los debates que excedieron al arco político y a los organismos de derechos humanos para involucrar a otros sectores sociales con voces que se manifestaron a favor y en contra; empresarios, periodistas y vecinos/as de la ciudad. Si bien las críticas se localizaron principalmente en los costos excesivos que implicaría la expropiación del edificio y en cuestiones estéticas y culturales, como la pérdida de un “hermoso bar que enriquece el patrimonio urbano”, se colaron entre aquellas varias posturas reaccionarias que apelaron al discurso de una “memoria parcial y fragmentada” (Águila, 2007: 97-98). Y, una vez más, dejaban al descubierto las tensiones y disputas que arrastra la presencia de memorias, disímiles, contrapuestas, en la esfera pública.

Mientras tanto, con sucesivas prórrogas y litigios judiciales, el contrato de alquiler se extendió hasta el 31 de diciembre del año 2009, fecha en que debía ser entregado a la Municipalidad.[21] Por fin, tras transitar un camino cargado de dilemas, conflictos y luchas, bajo el amparo de una ordenanza municipal y una ley de expropiación provincial, el 1 de marzo del 2010 el Museo de la Memoria recibió las llaves para instalarse en su sede definitiva. Varios meses requirió la adecuación de la residencia para tal fin, siendo que algunos espacios habían sido modificados por los dueños del bar. Bajo la órbita municipal, el 18 de diciembre se habilitó de manera oficial con un acto de apertura encabezado por las autoridades del Museo, el entonces gobernador Hermes Binner, el ministro de gobierno Antonio Bonfatti, el intendente Miguel Lifschitz y Madres de Plaza 25 de Mayo junto a otros miembros de organismos de derechos humanos, frente a una importante afluencia de público.[22] Allí, el director del Museo Rubén Chababo expresó:

 

Hemos construido un Museo para que el nombre de los ausentes, aquellos que fueron arrebatados por la violencia homicida del Estado, no sean devorados por el olvido. Quisimos que su juventud, su templanza, sus visiones del mundo quedaran resguardadas entre estas paredes.[23]

 

Como es posible advertir, aparece nuevamente la idea de proteger esa memoria contra el olvido, movilizada por el temor de que caer en el olvido conllevaba al peligro de que se vuelva a repetir. Y es allí donde la territorialización de la memoria en este lugar opera como un dispositivo vivo, que rememora, que reconstruye, que resignifica y que reelabora desde el presente.

Por su parte, el gobernador Binner sostuvo ante los medios de prensa:

 

…cuando se presentó el proyecto en el Concejo por parte del ex concejal Luna, lo apoyamos, le dimos impulso y luego hicimos todas las gestiones ante la provincia para que este maravilloso proyecto cultural y educativo se concrete y sea la realidad que hoy estamos viendo, para que nuestros jóvenes vengan y conozcan lo que pasó en aquella época, y para que no vuelva a suceder.[24]

 

Hagamos un breve repaso. Al aprobarse la resolución que dio vida al Museo en 1998, el Ejecutivo municipal no se opuso pero sí manifestó su desacuerdo frente a la elección de la ex sede del Comando para su emplazamiento y, meses después, autorizó la instalación del bar temático en aquella esquina. Cuando se ratificó la designación al año siguiente, la Municipalidad no vetó la ordenanza y refirió que se harían los trámites correspondientes para elevar el pedido de expropiación a la provincia. Entretanto, el bar ponía primera y comenzaba a desarrollar sus actividades en la ciudad. El Museo fue ubicado en otro sitio transitoriamente y su funcionamiento estuvo severamente limitado por la falta de presupuesto. En el 2003, en una coyuntura favorable a las políticas públicas de memoria, el municipio anunció el inicio del proceso de expropiación de la esquina de Córdoba y Moreno y, con ello, el comienzo de un tire y afloje legal que culminó 6 años más tarde con la toma de posesión del inmueble y el emplazamiento definitivo del Museo. En ese sentido, vale la pena reparar en los diferentes posicionamientos, actuaciones y discursos que ha mantenido la intendencia en relación al asunto como muestra de las controversias y disputas que jalonaron el recorrido de la institución desde sus orígenes hasta la efectiva concreción de acuerdo al proyecto original. Y que no se explican por sí solas sino inmersas en una trama más amplia en la que se tejen procesos sociales y políticos más generales que necesariamente hay que historizar.

En el 2015, el Museo de la Memoria de Rosario fue señalizado como Lugar Histórico Nacional; la colocación de la placa hizo pública la designación otorgada el año anterior por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos.[25] Desde la inauguración en su sede definitiva hasta la actualidad, el Museo exhibe ante el público visitante una muestra permanente en la que han intervenido diversos artistas de la ciudad, y otra sala de exposiciones temporarias.[26] Posee además una biblioteca con colecciones especializadas en la temática afín, un centro documental, un área de extensión educativa, un centro de estudios y un servicio de orientación jurídica. Así mismo, ofrece variadas propuestas que abarcan visitas periódicas, recorridos guiados, actividades de formación continua, capacitaciones docentes, seminarios y talleres sobre problemáticas vinculadas a la historia reciente o a procesos actuales y proyectos de investigación.

Creado hace casi un cuarto de siglo, la esfera pionera del Museo rosarino radicó en las características que el mismo asumió en cuanto al dispositivo memorial y los modos de representar el horror, y en la precedencia de la iniciativa a la recuperación y transformación en “espacios de memoria” de otros lugares vinculados al accionar represivo en el país. Veremos a continuación los derroteros de dichos espacios en la órbita de la ciudad.

 

La recuperación del edificio del ex Servicio de Informaciones

 

El Servicio de Informaciones, ubicado en las dependencias de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II (UR II), vertebró uno de los circuitos que centralizaron el ejercicio de la represión en la región,[27] en tanto allí funcionó, entre 1976 y 1979, el centro clandestino de detención más importante del sur provincial por el cual se calcula que pasaron entre 1800 y 3000 personas.[28] En este sitio localizado en la esquina de San Lorenzo y Dorrego, a poco menos de 200 metros de la sede del Comando del II Cuerpo, las y los detenidos fueron sometidos a todo tipo de vejaciones y tormentos.[29] Y permanecieron allí por un tiempo indeterminado para luego ser trasladados y/o desaparecidos, asesinados o, en el menor de los casos, “blanqueados” y/o liberados, por lo que no debe perderse de vista los significados y sentidos que el mismo adquirió para algunos sectores de la sociedad, en particular sobrevivientes y familiares de víctimas.

Como sostiene Águila (2007), a pesar de su localización céntrica, el lugar comenzó a volverse “visible” hacia fines de 1999 cuando, a raíz del impulso del entonces ministro de Gobierno provincial Roberto Rosúa, se permitió la visita de periodistas e integrantes de organismos de derechos humanos. No obstante, fue el traslado de la Jefatura hacia otras dependencias de la ciudad en el año 2001 lo que habilitó la posibilidad de debatir sobre qué hacer con el sitio.[30] Sobrevivientes de este centro clandestino junto a los organismos de derechos humanos encabezaron las tratativas para la preservación del lugar, las cuales encontraron el visto bueno del ministro de Gobierno provincial Ángel Baltuzzi quien en marzo de 2001 firmó la resolución correspondiente. Al año siguiente, por medio de un decreto suscrito por el entonces gobernador Carlos Reutemann (PJ), se cedió el espacio en comodato por 10 años a un conjunto de organismos de derechos humanos y se creó el Centro Popular de la Memoria, cuyo fin sería “la preservación de huellas y material testimonial del Centro Clandestino de Detención ‘El Pozo’, así como la realización de actividades”.[31] Sin embargo, no se le asignó partida presupuestaria para su funcionamiento y los trabajos de preservación, a cargo en sus inicios de un equipo dirigido por la antropóloga Silvia Bianchi, se hicieron de forma voluntaria y ad honorem (Águila, 2007; Cinto, 2019).[32]

En el 2003, en medio de los encendidos debates por el emplazamiento del Museo de la Memoria en el ex edificio del Comando, los sótanos de la ex Jefatura de Policía se propusieron como alternativa en las prosas de algunos políticos, pero la idea finalmente no prosperó. Dos años más tarde, se inauguró dentro de la manzana que ahora ocupaba la gobernación en Rosario la llamada “plaza cívica”, demoliendo una parte del edificio donde funcionó la vieja Alcaidía de mujeres[33] y manteniendo, hasta ese momento, prácticamente cerrado el ámbito donde operó el Servicio de Informaciones (Águila, 2007). En el 2006, en el marco de la conmemoración por los 30 años del golpe de Estado, se reabrieron las instalaciones del ex centro clandestino y comenzaron a llevarse a cabo visitas guiadas a cargo de empleadas de la secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe junto a sobrevivientes (Cinto, 2019).

Finalizado el comodato que rigió entre el 2002 y el 2012, las gestiones del lugar quedaron a cargo del gobierno provincial, el cual inició las obras correspondientes para la remodelación, adecuación y conservación del mismo que incluyeron algunas modificaciones en pos de recuperar la estructura original del edificio.[34] La demolición de una pared que había sido construida para alterar el espacio se constituyó en todo un acto simbólico para los presentes, particularmente sobrevivientes y familiares de detenidos/as, que con sus propias manos empuñaron la maza y el cortafierros.[35] De acuerdo a lo señalado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, la recuperación del lugar se enmarcó en una política pública de memoria en la cual “se reconoce la necesidad de preservar el espacio de las alteraciones y el deterioro sufridos en las últimas décadas y de propiciar su apertura a toda la sociedad para garantizar activamente su función testimonial”, trabajando conjuntamente con sobrevivientes y los organismos de derechos humanos.[36]

Con gestión puramente estatal, quedó formalmente inaugurado como “espacio de memoria” en septiembre del año 2015. En el respectivo acto, el gobernador de entonces Antonio Bonfatti (FPCyS) remarcó que “la memoria y la reflexión sobre nuestro pasado reciente” representan una forma de consolidar la democracia y “constituyen una línea política de trabajo que hemos privilegiado en nuestra gestión”, encuadrando la preservación y promoción de la memoria en una política de Estado. A su vez, resaltó el protagonismo central de “las Madres, las Abuelas, Hijos, los organismos de derechos humanos” en el camino de la memoria, la verdad y la justicia, “a cuya tozudez en la lucha los argentinos debemos la posibilidad de revisar nuestro pasado reciente y recimentar la estructura de nuestro presente”.[37]

Durante la ceremonia se abrió al público el Archivo de Registros Audiovisuales de los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad, creado en primera instancia por el decreto 0726/15 y luego por la ley provincial N° 13.528 con el objetivo de garantizar, proteger, difundir y divulgar los registros audiovisuales de las audiencias orales y públicas tramitadas en los Tribunales Federales de la provincia de Santa Fe.[38] El Archivo funciona dentro del edificio y contiene los registros correspondientes a las causas denominadas Brusa I, Ramos y otros, Feced I y II y Guerrieri I y II, los cuales se pueden consultar de manera presencial o en línea mediante una plataforma web.[39]

Desde la inauguración del sitio como espacio de memoria, y bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, se ofrecen a la comunidad recorridos guiados programados para visitar el edificio. No obstante, el dispositivo memorial se concibió desde un lugar diferente al del Museo de la Memoria. Si en este la rememoración de las atrocidades de la dictadura fue representada a partir de obras e intervenciones artísticas, el ex Servicio de Informaciones se proyectó en función de intentar reconstruir la funcionalidad del centro clandestino desde el testimonio de las y los sobrevivientes, por lo que debía preservarse como tal, exhibiendo únicamente algunos carteles para situar y describir los diferentes ambientes que lo integraban.[40]

 

La señalización de Sitios de Memoria en Rosario

 

En correspondencia con la ley nacional N° 26.691, el Decreto Provincial N° 481 del año 2013 declaraba como Sitios de Memoria a:

 

…los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el Terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.

 

También disponía que, a fin de preservar esos inmuebles como Sitios, se debía, entre otras cuestiones, establecer una marca que lo determine como tal junto a una leyenda alusiva y de repudio a los hechos que allí sucedieron.[41] Pero… ¿qué objetivos persigue la señalización de estos espacios en tanto política pública de memoria por parte del Estado? De acuerdo al citado decreto, aparece en primera instancia el propósito de “referenciar un lugar de reflexión y transmisión de nuestro pasado reciente”, al que se suma el impulso por promover los derechos humanos y los valores democráticos. Siguiendo esta perspectiva, las demarcaciones exhiben ante la sociedad la funcionalidad que tuvieron estos lugares “dentro del plan sistemático de terror y exterminio” perpetrado durante la última dictadura, pero también representan el compromiso del Estado por defender la democracia, reafirmando la condena hacia los crímenes de lesa humanidad.

Según lo dispuesto desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, las señalizaciones son marcas “que reconocen y visibilizan los lugares vinculados al accionar del terrorismo de Estado” y pueden adoptar tres formas distintas, pilares, carteles o placas, que poseen una estructura y estilo definido con medidas estándar, y contienen información de referencia. En el portal web de la provincia de Santa Fe se expone una nómina de los Sitios de Memoria que han sido señalizados en distintas coordenadas del territorio provincial. La lista se completa con el acceso a un mapa interactivo donde se puede visualizar la localización geográfica de cada uno de esos sitios, en su mayoría lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, junto a una imagen y una breve descripción de los mismos.[42] En el área rosarina se ubican el Batallón de Comunicaciones 121, la Fábrica de Armas “Domingo Matheu”, la Escuela Técnica n° 288 “Osvaldo Magnasco”, la Quinta Operacional de Fisherton, el ya mencionado Servicio de Informaciones y la Biblioteca Popular “Constancio C. Vigil”.[43] Los cuatro primeros conformaron, junto a “La Calamita” ubicada en Granadero Baigorria, la “Quinta de Funes” y “La Intermedia”, en Villa La Ribera, un circuito represivo dependiente del Comando del II Cuerpo de Ejército en el que actuó el grupo operativo del Destacamento de Inteligencia 121.[44]

En el espacio que nos ocupa, las demarcaciones quedaron establecidas de forma oficial tras efectuarse un acto protocolar que, en general, contaba con la presencia de autoridades provinciales, particularmente de la Secretaría de Derechos Humanos, representantes de la Red Federal de Sitios de Memoria y del Museo de la Memoria de Rosario, funcionarios locales, organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de detenidos/as, desaparecidas/os y/o asesinadas/os. El primero en ser identificado como Sitio de Memoria dentro la ciudad fue el Batallón 121, en el año 2014. No obstante, los debates sobre qué hacer con el predio se remontan a dos años atrás, cuando en el Concejo Municipal se discutieron los proyectos que la provincia tenía para con el mismo. En ese entonces, un grupo de sobrevivientes recorrió las dependencias junto a los concejales que integraban la Comisión de Derechos Humanos y reclamó la preservación y referenciación del pabellón donde había funcionado el centro clandestino.[45]

La ceremonia de señalización se llevó a cabo el 3 de septiembre frente a un mural alusivo que había sido pintado por miembros de H.I.J.O.S.[46] Allí, el subsecretario provincial de Derechos Humanos Ramón Verón, quien además estuvo detenido en ese centro clandestino, manifestó:

 

…este es un sitio de revalorización de la memoria colectiva. No olvidar sigue siendo el mandato que nos dejaron nuestros seres queridos, nuestros compañeros. A través del juicio y de las políticas de Estado para la necesaria reparación histórica, la sociedad y los pueblos, hoy se reincorporan, encontrándonos en estos espacios para compartir un grito atragantado desde hace tanto tiempo.[47]

 

De tal manera, la lucha contra el olvido se batallaba desde el impulso a la rememoración del pasado traumático a través de la construcción de una memoria colectiva que se reafirma como una política pública. Desde entonces, y ante los ojos de quien pase por calle Lamadrid, entre Ayacucho y Leiva, un cartel visibiliza que dentro del Batallón 121 operó un centro clandestino de detención y brega, al mismo tiempo, por memoria, verdad y justicia.

Por su parte, la Escuela N° 288 “Osvaldo Magnasco” se incorporó de manera oficial a la Red Federal de Sitios de Memoria el 29 de mayo de 2015. Según se desprende de las causas judiciales, la escuela funcionó como centro clandestino transitorio entre enero y febrero de 1978, cuando las fuerzas represivas trasladaron allí a un grupo de detenidas/os que estaban alojados en la “Quinta de Funes” para luego ser derivados a “La Intermedia”, donde finalmente fueron asesinadas/os.[48] Al lado de la puerta de ingreso, ubicada en la esquina de Ovidio Lagos y Zeballos, quedó instalada la placa conmemorativa que exponía su funcionalidad como centro clandestino de detención durante la última dictadura así como su pertenencia a un circuito represivo subordinado al Batallón 121.[49] Pocas horas después de haber sido inaugurada, la placa apareció dañada, con el vidrio que la recubre roto y los marcos arrancados. El acto de vandalismo fue calificado por el subsecretario Verón como una muestra de “desmemoria” e “impunidad” de “quienes todavía rechazan que la memoria y la Justicia sean una política de Estado”. En 2019, el sitio fue reseñalizado por el gobierno provincial.[50]

Casi 4 meses después de la primera señalización de la Escuela Magnasco se integró a los Sitios de Memoria la Biblioteca Popular “Constancio Vigil”. Emplazada en un barrio popular de la zona sur, en Alem al 3000, creció de forma exponencial e interrumpida durante los años ’60 y ’70, constituyendo uno de los emprendimientos culturales y educativos más emblemáticos de la ciudad. Si bien no funcionó como centro clandestino de detención, en 1977 fue intervenida por el gobierno provincial; se clausuraron gran parte de los servicios y actividades que ofrecía, sus bienes fueron saqueados, rematados y expropiados y su acervo quedó destruido. Al mismo tiempo, varios miembros de la Comisión Directiva fueron secuestrados y alojados en el Servicio de Informaciones, siendo posteriormente “blanqueados” y puestos a disposición del Ejecutivo Nacional, en tanto más de una veintena de socias/os, empleados, docentes y alumnas/os fueron asesinados o continúan desaparecidos (García, 2014). En tiempos democráticos, la recuperación de “La Vigil” debió sortear diversas instancias en las que fue fundamental la persistente lucha de vecinas/os, socias/os, ex alumnas/os y ex directivas/os, y que culminó 35 años después cuando, en el 2012, se dio por finalizada la intervención. El 4 de septiembre de 2015, el gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó su demarcación como Sitio de Memoria. El acto dejó inaugurado ante la presencia de un nutrido público la placa conmemorativa que bajo el título “Historia y Memoria de la Biblioteca Vigil” reseña las derivas de la institución y los delitos vinculados a esta cometidos durante el terrorismo de Estado.[51]

Por su parte, el 16 de mayo de 2017 se llevó a cabo la señalización del Servicio de Informaciones, a poco de cumplirse el segundo aniversario de su inauguración como “espacio de memoria” y la apertura al público. En esta ocasión, los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia resaltaron nuevamente “la voluntad y el compromiso” en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, enmarcando dichas consignas en una política pública. Así mismo, algunos integrantes del movimiento de derechos humanos enfatizaron lo que significó la recuperación del sitio:

 

Nos parecía importantísimo, no solamente por toda la historia que encierra, por aquí pasaron nuestros familiares y compañeros, sino además poder abrirlo para que la gente lo recorra, y que le iba a parecer mentira que en pleno centro de la ciudad hubiera un centro clandestino de detención, uno de los más grandes, por donde pasaron más de tres mil compañeros.[52]

 

Desde entonces, se emplazan en la ochava del edificio en Dorrego y San Lorenzo 3 pilares de cemento que, de un lado, exhiben las consignas Memoria, Verdad y Justicia y, del otro, expone la función que tuvo el lugar como centro clandestino así como su recuperación e inauguración como “espacio de memoria” en el 2015.

A su vez, el 30 de octubre del 2017 se produjo la señalización de la ex Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu”, en cuyos fondos operó un centro clandestino de detención durante algunos meses de 1977 y 1978.[53] El cartel instalado en uno de los paredones del predio sobre avenida Francia al 5200 resalta que allí “se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado” junto a algunas referencias históricas del sitio. En continuidad con los discursos precedentes, el secretario provincial de Derechos Humanos Marcelo Trucco manifestó en el acto conmemorativo que las señalizaciones renuevan el compromiso por la Memoria, la Verdad, la Justicia y sirven para “revalorizar la democracia”. Así mismo, mostró su satisfacción por el hecho de que la mayoría de los crímenes allí cometidos fueron juzgados y sus responsables condenados. Por su parte, la hija de Olga Moyano, ex detenida y sobreviviente de ese centro clandestino, expresó emocionada: “esta señalización no solo sirve para recordarlos y homenajear a los desaparecidos, sino también para visibilizar esta parte de la historia, y no repetirla nunca más”. Y afirmó: “ante el panorama de olvido y reconciliación que nos plantean algunos, nosotros respondemos que no olvidamos, no nos reconciliamos, y no bajamos los brazos”.[54]

El último sitio en ser referenciado fue la denominada “Quinta Operacional de Fisherton”. Ubicada en la zona oeste de la ciudad, en Calasanz al 9100, la residencia funcionó como centro clandestino de detención durante agosto de 1976, y su uso se vincula a una serie de operativos conjuntos perpetrados por el Ejército y la policía federal en el que fueron secuestradas, desaparecidas y/o asesinadas alrededor de 30 personas, en su mayoría militantes del PRT-ERP.[55] La señalización se concretó el 21 de mayo de 2018 pero presentó una particularidad, pues a diferencia del resto de los edificios que abordamos anteriormente, este había sido demolido completamente en febrero de 2016.[56] A pesar de ello, la estructura del inmueble pudo documentarse a partir del relato de los dos únicos sobrevivientes así como de planos, registros fílmicos y fotografías. El cartel conmemorativo fue colocado delante de un extenso tapial premoldeado y, al igual que en los otros casos, exhibe algunas referencias que dan cuenta de su función como centro clandestino dentro de un circuito represivo pergeñado durante la última dictadura. Pero, a instancias de que el chalet quedó reducido a escombros, también expone una imagen que muestra cómo era el frente del mismo antes de ser derrumbado.[57]

Como es posible advertir, todos estos sitios fueron referenciados públicamente recién casi cuatro décadas después. Entonces… ¿por qué si durante años estuvieron en cierta forma “invisibilizados” se volvieron, en esa coyuntura, territorios de memoria? Al respecto, Jelin (2002) ha referido que el paso del tiempo histórico, político y cultural determina indefectiblemente nuevos procesos de significación del pasado con otras interpretaciones en las que surgen revisiones, cambios en las narrativas y, con ello, nuevas controversias y conflictos. Precisamente, tiene que ver con cómo se reconstruyen esas memorias con el paso del tiempo, cómo se resignifican ante nuevos contextos, ante nuevas políticas públicas de memoria y ante nuevas demandas por parte del conjunto de la sociedad. El modo en que esas memorias batallan en la lucha por el pasado reciente y la forma en que ello se representa a través de marcas territoriales, cargadas de fuertes contenidos vinculados con las experiencias traumáticas de los sujetos, se explica a través de su articulación con procesos sociales y políticos que incorporan la inscripción de sentidos en dichos espacios.

 

A modo de cierre

 

De acuerdo a Jelin y Langland (2003:2), la marca territorial se convierte en un “vehículo de memoria” y, como tal, “no es más que un soporte, lleno de ambigüedades, para el trabajo subjetivo y para la acción colectiva, política y simbólica, de actores específicos en escenarios y coyunturas dadas”. Más que un mensaje unívoco y consensuado, las marcas territoriales sistematizan un escenario de luchas de sentido, de definición de distintos “nosotros” y de competencias entre diferentes memorias que no se aquietan necesariamente una vez construido el memorial, museo o monumento. Y, al mismo tiempo, activan en escenarios de confrontación con otras interpretaciones y otros sentidos que reconfiguran de manera particular sus memorias sobre el pasado reciente.

Los posicionamientos, las polémicas, los debates acaecidos en torno a la configuración de lugares o sitios de memoria en Rosario han sido ilustrativos de esa coexistencia conflictiva entre memorias en pugna. La creación de un Museo que proponga recordar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el último gobierno militar transitó a contramano de las políticas estatales que se estaban llevando adelante a nivel nacional. De hecho, el Museo de la Memoria de Rosario se constituyó como pionero en la creación de instituciones de este tipo en Argentina. Sin embargo, las disputas que se sucedieron en torno a la expropiación del edificio reflejan las dificultades a las que se han visto subordinadas las tareas de resguardo de aquella memoria sobre la dictadura en Rosario. Más aún si pensamos que el Museo fue aprobado en 1998 y el emplazamiento en su sede definitiva, dictaminado en 1999, se concretó once años después. Por otra parte, durante varios años no ha habido políticas claras y definidas de preservación de los edificios que funcionaron como centros clandestinos de detención. Las discusiones en torno a qué hacer con el ex Servicio de Informaciones emergieron públicamente más de 20 años después de que el mismo dejara de funcionar como tal, y solo luego de que la policía trasladara su Jefatura a otras dependencias.

Así mismo, tanto la creación del Museo como la recuperación del ex Servicio de Informaciones precedieron a la “estatización” de las políticas públicas de memoria que comenzó a llevarse adelante a partir del año 2003. Y, como ha señalado Scocco (2016), en ambos procesos fue fundamental la persistencia de los organismos de derechos humanos, aún con sus discrepancias, junto a otros sectores comprometidos con el resguardo de una memoria condenatoria hacia los crímenes de la dictadura, así como las respuestas favorables, aunque fragmentarias, del Estado municipal y provincial.

Respecto de los otros espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención en la ciudad, recién han sido señalizados como Sitios de Memoria en los últimos años, en el marco de una política pública de memoria del Estado provincial que se plegó a las normativas nacionales, y combinó el accionar conjunto de los distintos niveles de gobierno, los organismos de derechos humanos, familiares y sobrevivientes. Pero, a diferencia del ex Servicio de Informaciones, solo están referenciados y sus instalaciones no se encuentran abiertas al público para visitas o recorridos.

Ahora bien… ¿qué representan estos “lugares de memoria” para el conjunto social? Para quienes han bregado por el reconocimiento de esos espacios como tales así como para los amplios sectores que comparten esas luchas,[58] los mismos poseen efectivamente una enorme carga simbólica y materializan el horror del pasado cercano. No obstante, sería erróneo pensar que esas representaciones son extensivas a toda la sociedad.[59] La territorialización de la/s memoria/s de la dictadura ha transitado, y aún transita, por complejos recorridos, atravesados por conflictivos contrapuntos sobre cómo reconstruir, resignificar y representar esa/s memoria/s. En tiempos donde los discursos reaccionarios, negacionistas o herederos del paradigma de “los dos demonios” adquieren nuevamente visibilidad, conquistan adeptos en el debate público y encuentran cómodamente canales de expresión, resulta imprescindible reflexionar sobre los modos de apropiación que los diversos grupos sociales hacen de estos lugares y repensar las funciones y potencialidades de aquellos en tanto activadores de la memoria, ampliando el abanico de posibilidades.

 

Bibliografía

 

Águila, G. (2016). Modalidades, dispositivos y circuitos represivos a escala local/regional: Rosario, 1975-1983. En G. Águila, S. Garaño y P. Scatizza (coords.) Represión estatal, violencia paraestatal en la historia reciente. Nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado. La Plata: UNLP.

Águila, G. (2008). Dictadura, represión y sociedad en Rosario. 1976/1983. Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura. Buenos Aires: Prometeo.

Águila, G. (2007) Dictadura y memoria. El conflictivo contrapunto de las memorias de la dictadura en Rosario. Prohistoria, XI, 11, 91-106. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/3801/380135838005.pdf

Águila, G. [et. al] (2017). Territorio ocupado. La historia del Comando del II Cuerpo de Ejército en Rosario (1960-1990). Rosario: EMR.

Alonso, L. (2013). Monumentalidad, acción contenciosa y normalización en el movimiento argentino por los derechos humanos. Tendencias generales y casos locales. En J.A. Bresciano (comps.) La memoria histórica y sus configuraciones temáticas. Una aproximación interdisciplinaria. Ediciones Cruz del Sur.

Alonso, L. (2007) Sobre la existencia de la historia reciente como disciplina académica. Reflexiones en torno a Historia reciente. Perspectivas y desafíos de un campo en construcción, compilado por Marina Franco y Florencia Levín. Prohistoria, XI, 11, 191-204. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/3801/380135838010.pdf

Bortolotti, M. (2007). Memoria, historia reciente y museo. Reflexiones en torno al proyecto del Museo de la Memoria de Rosario. Ponencia presentada en las XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán. Recuperado de https://cdsa.aacademica.org/000-108/684

Cinto, A. (2019). El ex centro clandestino de detención Servicio de Informaciones como lugar de memoria en la ciudad argentina de Rosario: memoria(s) disputada(s) e institucionalización/normalización de la(s) memoria(s). Kamchatka, Revista de Análisis Cultural, 13. Recuperado de https://ojs.uv.es/index.php/kamchatka/article/view/12408/13316

Crenzel, E. (2013). El prólogo del Nunca Más y la teoría de los dos demonios. Reflexiones sobre una representación de la violencia política en la Argentina. Contenciosa, 1, 1. Recuperado de https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Contenciosa/article/view/5045

Da Silva Catela, L. (2014) “Lo que merece ser recordado…” Conflictos y tensiones en torno a los proyectos públicos sobre los usos del pasado en los sitios de memoria. Clepsidra, 2. Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/11066

Da Silva Catela, L. (2001). No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos. La Plata: Al Margen.

García, N. (2014). El caso Vigil. Historia sociocultural, política y educativa de la Biblioteca Vigil (1933-1981). Rosario: FHUMyAR Ediciones.

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Argentina-España: Siglo XXI. Recuperado de http://www.centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20de%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdf

Jelin, E. y Langland, V. (2003). Las marcas territoriales como nexo entre pasado y presente. En E. Jelin y V. Langland (comps.) Monumentos, memoriales y marcas territoriales. Buenos Aires: Siglo XXI. Recuperado de https://grupo1h2aboy2015.files.wordpress.com/2015/06/lasmarcas-territoriales-jelinlangland.pdf

Lvovich, D. (2018). Actitudes sociales bajo la última dictadura militar: un análisis crítico de la producción historiográfica. En G. Águila, L. Luciani, L. Seminara y C. Viano (comps.) La historia reciente en Argentina. Balances de una historiografía pionera en América Latina. Buenos Aires: Imago Mundi.

Lvovich, D. (2007). Historia reciente de pasados traumáticos. De los fascismos y colaboracionismos europeos a la historia de la última dictadura argentina. En M. Franco y F. Levín (comps.) Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós.

Lvovich, D. y Bisquert (2008) La cambiante memoria de la dictadura. Discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática. Buenos Aires: UNGS/Biblioteca Nacional.

Messina, L. y San Julián (2022) Dossier “Políticas de la memoria y marcación de lugares sobre pasados de represión y violencia extrema”, Programa Interuniversitario de Historia Política, 131. Recuperado de https://historiapolitica.com/dossiers/

Nora, P. (1998) La aventura de Les lieux de mémoire. En J. Cuesta Bustillo (ed.) Memoria e Historia. Madrid: Marcial Pons.

Pollak, M. (2006) Memoria, olvido, silencio. En M. Pollack, Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límites, compilado por L. Da Silva Catela. La Plata: Al Margen.

Scocco, M. (2016) “La conmemoración de pasados traumáticos en Argentina. Sitios de Memoria y Museos en Rosario”. Revista de Estudios Sociales Contemporáneos, 14, 140-154. Recuperado de https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/8609/10-scocco-esc14-2016.pdf

 

 

Recibido: 07/06/2022

Evaluado: 13/09/2022

Versión Final: 14/10/2022