Objetivos en común e instituciones en conflicto: La difícil tarea de mapear el territorio entrerriano, 1860-1886
Raquel Valeria Bressan(*)
ARK CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24690732/m2hriya6e
Resumen
El artículo reconstruye cuáles fueron los pasos, obstáculos y logros del Departamento Topográfico entrerriano en pos de la construcción del mapa topográfico catastral de la provincia entre 1862 y 1886. El mismo se nutre de las investigaciones desarrolladas en los últimos años que han ponderado la necesidad de restituir el contexto de producción cartográfica como de los estudios que han destacado las funciones que han tenido los mapas en la formación de los Estados nacionales y la actuación de diversos agentes e instituciones en su elaboración como, asimismo, las tensiones entre los diversos actores y los imaginarios cartográficos que se buscaban legitimar. Bajo aquel marco, en el artículo se analizan las memorias del Departamento Topográfico, la correspondencia gubernamental y los debates en la Legislatura y se plantea que la dinámica institucional jugó un rol significativo en las dificultades que tuvo aquella institución para la elaboración del mapa topográfico catastral entrerriano.
Palabras clave: Departamento Topográfico; Mapa Catastral; Legislatura; Entre Ríos.
Common goals and conflicting institutions: The difficult task of mapping the territory of Entre Ríos, 1860-1886
Abstract
The article reconstructs the steps, obstacles and achievements of the Entre Ríos Topographic Department in the construction of the cadastral topographic map of the province between 1862 and 1886. It draws on research carried out in recent years that has considered the need to restore the context of cartographic production, as well as on studies that have highlighted the functions that maps have had in the formation of national states and the role of various agents and institutions in their production, also the tensions between the various actors and the cartographic imaginaries that they sought to legitimise. Within this framework, the article analyses the memoirs of the Topographic Department, government correspondence and debates in the Legislature, and suggests that institutional dynamics played a significant role in the difficulties that this institution faced in the production of the cadastral topographic map of Entre Ríos.
Key words: Topographic Department; Cadastral Map; Legislature; Entre Ríos.
Objetivos en común e instituciones en conflicto: La difícil tarea de mapear el territorio entrerriano, 1860-1886
Introducción
En los últimos años se ha producido una significativa renovación de los estudios cartográficos centrada esencialmente en la premisa de que el mapa no puede ser pensado como un objeto aislado (Mendoza Vargas y Lois, 2009). De este modo, su análisis en articulación con el contexto de producción ha permitido restituir las funciones que han tenido los mapas en la formación de los Estados nacionales, la actuación de diversos agentes e instituciones en su elaboración como, asimismo, las tensiones entre los diversos actores y los imaginarios cartográficos que se buscaban legitimar. En este sentido, se ha podido demostrar que de forma progresiva a lo largo de siglo XIX, la cartografía comenzó a formar parte de un conjunto de tareas institucionales reguladas por reglamentos administrativos y llevadas a cabo por diversos técnicos y profesionales en función de las necesidades y objetivos político-administrativos y de las posibilidades presupuestarias de cada Estado (Nadal y Urteaga, 1990).
En Argentina, la producción cartográfica comenzó a mostrar un progresivo desarrollo durante la segunda mitad de siglo XIX impulsado, en buena medida, por las necesidades de consolidar las fronteras con los países limítrofes; definir los límites provinciales y de las demandas vinculadas a la implementación de un modelo capitalista agro exportador. No obstante, aquella producción se caracterizó por su heterogeneidad y por las dificultades arraigadas en la falta de personal profesional y técnico y de presupuestos limitados.
A nivel nacional, la cartografía topográfica fue realizada por las oficinas militares -como la Mesa de Ingenieros creada en 1865 o la Oficina Topográfica Militar creada en 1879- que tenían como objetivos la realización de planos militares y cartografiar las fronteras de los territorios que aún estaban bajo dominio indígena. En tanto respondían a objetivos específicos de las operaciones militares, las cartas se construyeron con escalas muy variables y para regiones específicas. Por tal motivo, como plantean Lois y Mazzitelli Mastricchio, no se podía “empalmar las distintas cartas para conformar un único mapa” y en su conjunto representaban al territorio argentino de forma discontinua (2009, p. 31). Asimismo, las obras que buscaron en esta etapa representar el territorio argentino de forma integral fueron elaboradas en su mayoría por técnicos y científicos extranjeros contratados por los diferentes gobiernos ante la falta de especialistas y profesionales locales. En su conjunto, aquella producción cartográfica se caracterizó por las variaciones que se observan respecto de las unidades políticas que integraban como en la traza de los límites provinciales y nacionales.[1]
Por otra parte, la confección de los mapas catastrales se desarrolló mayoritariamente a nivel provincial. Desde mediados de siglo XIX, los diferentes gobiernos provinciales llevaron adelante programas que tenían como objetivos erradicar las formas tradicionales de acceso a la tierra, consolidar la propiedad plena y fijar su correspondiente tributación. Examinar los itinerarios recorridos para la elaboración de los mapas topográficos catastrales resulta relevante en un contexto donde las agudas transformaciones sociales, económicas y políticas que se desplegaron en la Argentina a partir de la segunda mitad de siglo XIX demandaron la confección de aquellos registros para dar cuenta del trazado y localización de los pueblos, de las vías de comunicación, de la ubicación de las parcelas rurales y de los derechos de propiedad sobre las mismas. Asimismo, estos registros gráficos también se constituyeron en una herramienta para afirmar las pretensiones territoriales sobre espacios que eran disputados entre las provincias o con el nuevo Estado nacional. Sin embargo, como hemos señalado, los itinerarios de elaboración de estos mapas tuvieron una clara y diferenciadora impronta local que signó los momentos de producción como los elementos que finalmente se plasmaron en cada mapa (Cacopardo y Da Orden, 2008; Dócola, Geremía, Payró y Puig, 2008; Pesoa, 2020).
En este punto resulta necesario señalar que la Constitución nacional sancionada en 1853 reconoció a las provincias el derecho a legislar cuanto correspondía a la tierra fiscal dentro de ellas. Aquello implicó que, a pesar de los objetivos compartidos, el nuevo orden legal emanado en esta etapa no se implantó de manera homogénea en todo el territorio ni tampoco se desenvolvieron en forma homogénea las capacidades institucionales para definir qué territorios eran públicos, cuáles particulares y qué calidades revestían unos y otros. Principalmente, porque la jurisprudencia permanecía afectada por las viejas prácticas y normativas dentro del poder político y judicial local (Rossi, 2007; Banzato y Blanco, 2009; Gautreau y Garavaglia, 2011; Barcos, 2012; Maizón, 2013; Canedo, 2014; D`agostino, 2014; Bressan, 2017; Mazzitelli Mastricchio, 2018; Molina, 2020 y 2021; Pesoa, 2020; Schmit y Bressan, 2021a; Cacciavillani, 2021).
Por tal motivo, resulta primordial continuar avanzando en una caracterización de aquellas instituciones provinciales que tuvieron a su cargo la elaboración de los mapas topográficos catastrales para poder ponderar las diferencias y puntos en común en torno a la producción cartográfica decimonónica. Precisamente, el objetivo del presente artículo se centra en restituir cuáles fueron los pasos, obstáculos y logros del Departamento Topográfico entrerriano (en adelante DT) en pos de la construcción del mapa topográfico catastral de la provincia. Consideramos que además del escaso personal y presupuesto y de las múltiples obligaciones que debía atender el DT, las interacciones entre esta institución y los poderes ejecutivo y legislativo imprimieron un sello distintivo en los momentos de producción de aquellos registros topográficos catastrales como en los contenidos que incorporaron.
Los obstáculos en la confección de un plano topográfico catastral completo y actualizado
Los gobiernos entrerrianos habían sancionado desde la década de 1820 un conjunto de diversas leyes con el objetivo de regularizar el acceso a la tierra pública. Sin embargo, los intensos conflictos armados al interior del espacio provincial, la inestabilidad política y la falta de recursos y de personas capacitadas para la tarea, habían contribuido a que el registro y la regulación de la propiedad de la tierra en Entre Ríos continuasen en buena medida pendientes (Schmit y Bressan, 2021). Por ello, en 1849 la Legislatura dictó la creación del Departamento Topográfico con el objetivo de realizar “la mensura y arreglo de los campos de la provincia, así de propiedad pública como particular” tal como lo señalaba la ley sancionada el 12 de febrero.[2] Sin embargo, la materialización de la institución no fue posible y al igual que el conjunto de normativas previas para el ordenamiento territorial, no avanzó mucho más allá de su proclamación en la Legislatura.[3]
Recién en 1862 se sancionó nuevamente su creación y se estableció que entre sus funciones se hallaban las de “Levantar a la brevedad posible la carta topográfica de la provincia” y “llevar dos registros, uno gráfico y otro escrito, de las mensuras que se practiquen.”[4] A diferencia de los intentos previos, el DT sí pudo constituirse y comenzar sus trabajos el mismo año de 1862 pero, a pesar de estos auspiciosos pasos iniciales, a lo largo de toda la década no se logró conformar ni el plano topográfico ni el catastro. Uno de los principales obstáculos radicaba en que las primeras formas de registro institucional estuvieron signadas por la lentitud y complejidad que derivaban de la falta de instrucciones precisas y por ser de carácter descentralizado a cargo del criterio de las autoridades de nivel local. Durante ese lapso, los títulos y arriendos de las tierras fueron registrados y anotados en las dependencias de cada Departamento que estaban a cargo de la administración de un Jefe Político. En tanto por entonces, en el Departamento Topográfico de la provincia se registraron solo las mensuras realizadas y presentadas (Bressan, 2017; Maestricchio, 2018). A su vez, las tareas del DT se vieron obstaculizadas desde mediados de la década por dos conflictos bélicos. En primer lugar, el inicio de la Guerra del Paraguay en 1865 implicó la ausencia tanto de los agrimensores como de la mayor parte de los dueños de los campos quienes habían sido convocados a las filas del ejército. En segundo lugar, el asesinato de Justo José de Urquiza en 1870 y el inmediato levantamiento de las fuerzas de Ricardo López Jordán frente a la intervención nacional, sumieron a la provincia en un permanente estado de guerra y de inestabilidad política que se extendió hasta principios de 1871.
Aquellas dificultades para llevar un registro territorial se vieron reflejadas con claridad en el informe presentado para la Exposición Nacional de Córdoba de 1869. En el apartado correspondiente a Entre Ríos, Antonio García señalaba que:
La propiedad en Entre Ríos está lejos de tener una organización que pueda ser llamada así. Al contrario parece ser que hubiese existido el propósito de conservarla desorganizada, y esta es precisamente una de las primeras tareas que tiene que acometer nuestra actual administración.[5]
Asimismo, a aquel contexto poco venturoso para el avance en la regulación territorial se sumó la renuencia de la legislatura a avalar y solventar desarrollos cartográficos realizados por particulares. Un claro ejemplo de esta situación se dio en 1869 cuando el Poder Ejecutivo solicitó autorización para contratar al señor Poissonnier para que levantase el plano topográfico de la provincia. En la legislatura se rechazó rotundamente aquel proyecto argumentando que:
Por una ley vigente se imponía al Departamento Topográfico la obligación de levantar dicho plano y recopilar toda la información estadística de la Provincia. Que más bien convendría que el Gobierno exigiera al Departamento Topográfico el cumplimiento de aquella obligación antes de gravar al erario con los gastos que demandaría una obra de esa naturaleza.[6]
Sin embargo, aquellas características que habían signado el desarrollo cartográfico y el registro catastral comenzarían a transformarse en cierta medida a principios de la década siguiente. Concluida la rebelión jordanista, el paisaje entrerriano reflejaba una provincia devastada a nivel económico y una dirigencia política desarticulada y con graves fraccionamientos internos. Para revertir esta situación y alcanzar soluciones a ambos problemas, cobró forma un programa que tenía como objetivos el desarrollo de la colonización agrícola y el progreso de obras de infraestructura de circulación vial, a los cuales se sumaba la creación de un marco definitivo de seguridad jurídica que alentaran las inversiones para el desarrollo ganadero iniciado en la etapa anterior (Schmit, 2008; Djenderedjian, 2008; Bressan, 2016). El DT constituyó uno de los engranajes esenciales para llevar a cabo este programa. Por ese motivo, luego de la derrota de la rebelión de Ricardo López Jordán, el gobierno consideró prioritario restablecer aquella institución y se sentaron las primeras bases que redefinieron y ampliaron sus funciones. A partir de la ley sancionada el 19 de agosto de 1871 se otorgó un renovado protagonismo a esta agencia y se centralizó en el DT todo lo relativo al ordenamiento territorial de la provincia. Dentro de la esfera de actividades vinculadas al registro, recopilación y medición de tierras, un elemento novedoso introducido a partir de su reestructuración fue la elaboración de las instrucciones para agrimensores formulada por los miembros del DT en septiembre de 1871. Estas instrucciones comprendían 53 artículos donde se detallaban en forma concisa cómo se debían llevar a cabo las mensuras, qué instrumentos debían ser utilizados, cómo debían ser elaborados los planos y los informes que debían ser remitidos para su registro y cómo se debía proceder en caso de conflictos o disparidad con respecto a mediciones previas del mismo terreno o de los terrenos linderos. A su vez, todo aquel que deseara ejercer la agrimensura en la provincia debía rendir un examen teórico y práctico que se hallaba también a cargo de los miembros del DT (Bressan, 2017).
La regulación de la actividad de los agrimensores constituía un eje primordial para avanzar en la construcción del catastro provincial con una inversión mínima por parte de gobierno. Como han señalado Garavaglia y Gatreau (2012) para el caso de Buenos Aires, la estrategia de elaborar un panorama general de la tenencia de la tierra a partir de la presentación de las mensuras particulares efectuadas por los propietarios evitó la financiación de equipos topográficos que realizasen mensuras sistemáticas. Para llevarla a cabo, las instrucciones a los agrimensores resultaron centrales en pos de una estandarización de las técnicas implementadas que permitiese que los mapas y mensuras realizados a pedido de los particulares fuesen comparables y compatibles para su incorporación al catastro.
El primer resultado de la implementación de aquella estrategia fue presentado por el presidente del DT, Melitón González, quien subrayaba que “luego de grandes trabajos” se había logrado terminar el relevamiento de los departamentos entrerrianos con el objetivo de disponer de un catastro único actualizado para poder finalmente conocer la evolución del proceso de consolidación de la propiedad.[7]
Cuadro n° 1. Tierra vendida en Entre Ríos 1863-1871
|
Entre Ríos |
Total tierras vendida |
Escriturado de ventas |
Escriturado posesión |
|||||||
|
Dptos. |
Leg |
Cuad |
Vara |
Hect |
Leg |
Cuad |
Vara |
Hect |
Leg |
Hect |
|
Uruguay |
19 |
263 |
4577 |
51739 |
9 |
626 |
6013 |
25350 |
9,77 |
26389 |
|
Colón |
0 |
150 |
18750 |
103 |
0 |
150 |
18750 |
103 |
0 |
0 |
|
Concordia |
42 |
1490 |
13875 |
115897 |
24 |
306 |
15794 |
65311 |
18,7 |
50586 |
|
Gualeguaychú |
47 |
917 |
17622 |
128434 |
24 |
140 |
9306 |
65032 |
23,4 |
63402 |
|
Gualeguay |
60 |
1313 |
6388 |
164197 |
30 |
353 |
7848 |
81589 |
30,6 |
82608 |
|
Victoria |
16 |
70 |
9900 |
43316 |
8 |
178 |
22274 |
21899 |
7,9 |
21417 |
|
Nogoyá |
41 |
1005 |
8537 |
112382 |
20 |
230 |
7236 |
54384 |
21,4 |
57998 |
|
Villaguay |
42 |
784 |
12470 |
114708 |
20 |
603 |
13189 |
55011 |
22 |
59697 |
|
R Tala |
14 |
1064 |
7305 |
39586 |
7 |
896 |
20337 |
20406 |
7 |
19180 |
|
Paraná |
24 |
184 |
12602 |
65106 |
10 |
682 |
6070 |
28145 |
13,7 |
36961 |
|
Diamante |
6 |
1531 |
13740 |
18772 |
3 |
782 |
9352 |
9414 |
3,4 |
9358 |
|
La Paz |
28 |
342 |
13679 |
75962 |
14 |
893 |
11319 |
39299 |
13,5 |
36663 |
|
Total |
339 |
9113 |
139445 |
930202 |
169 |
5839 |
147488 |
455943 |
171,37 |
464259 |
Cuadro de elaboración propia en base a la Memoria del Ministerio General de Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, 1872.
El segundo resultado se materializó al año siguiente con la confección del primer mapa catastral de la provincia elaborado también por Melitón González.[8] Según los datos de aquel mapa general, luego de la tarea de relevamiento y ordenamiento, se pudo constatar que ya, en promedio general, cerca de la mitad de las tierras entrerrianas habían sido regularizadas a través de las nuevas leyes de acceso y propiedad de la tierra.[9] También permitió conocer las diferencias departamentales, así, se puede constatar que los Departamentos del sur de la costa del Uruguay eran los que tenían un destacado porcentaje de tierras registradas en propiedad, sobresaliendo sobre todo el Departamento de Gualeguay casi con un 75% de su superficie registrada. Otros casos eran Gualeguaychú, Colón y Concordia con más del 30%. En tanto la región central y de la costa del Paraná, salvo Victoria, rondaba solamente alrededor de un cuarto de su territorio registrado en propiedad titulada (Schmit y Bressan, 2021b).
Figura 1. Mapa
catastral de la Provincia de Entre Ríos 1874
Referencia: (1874) Biblioteca Nacional de Francia. Carta Topográfica de la Provincia de Entre Ríos con la demarcación de Terrenos de Particulares compilada y construida por Melitón González y adoptada por el Exmo. Gobierno de la Provincia en Decreto de 15 de Setiembre 1873.
Tanto el mapa como el registro estadístico dan cuenta de un significativo avance en el registro catastral y cartográfico efectuado por el DT. Sin embargo, en base a que aquellos trabajos se basaron en la compilación de las mensuras presentadas por los particulares, distaban claramente de mostrar un panorama completo sobre las tenencias territoriales en tanto se desconocía la situación de más del 50% de las tierras entrerrianas. Frente a esta situación, los propios miembros del DT habían intentado cambiar la orientación de los procedimientos establecidos y llevar a cabo una medición sistemática de los campos de pastoreo de la provincia. En el informe presentado en abril de 1873 al Ministro de Gobierno con respecto al proyecto de mensura general de la provincia del agrimensor Justiniano Linch, señalaban que:
Este proyecto ofrece el medio de salvar las dificultades existentes, extirpar una vez por todas las malas prácticas en materia de tierras, de garantir la propiedad, de aumentar el valor de los campos y de ofrecer por último el catastro por medio del cual vendrá a conocerse no solo cual es la riqueza total en tierras públicas de la provincia sino también deslindarse cada fracción de esa tierra libre de toda cuestión para poderla ofrecer el gobierno a los particulares con el sello de seguridad para el futuro que hoy no pueden garantirse por medio de mensuras parciales.[10]
De forma similar para otros dos proyectos de mensura general de septiembre de 1872 y mayo de 1874, se elevaron informes en los que el DT respaldaba la realización de una mensura sistemática pero que fueron desestimados por el ejecutivo provincial a causa de sus costos (Bressan, 2017). De todas las propuestas presentadas a principios de la década de 1870, la que logró tener cierto respaldo del Poder Ejecutivo fue la elaborada por Melitón González a fines de 1871. El proyecto del presidente del DT planteaba que el ejecutivo costearía los gastos de la mensura general de la provincia bajo un plan establecido por el DT (art. 1) y la misma se efectuaría por una comisión de agrimensores a sueldo quienes realizarían la mensura de un departamento por vez (art. 2). Una vez finalizada la mensura de un departamento, la comisión debía presentar el plano del mismo bajo la escala fijada por el DT y un registro o memoria relacionada numéricamente con el plano en la cual se especificaría el número del propietario, poseedor o intruso; la historia del título o de los derechos y pretensiones; el área y la calidad de campo que le pertenece o posee; el capital invertido; la áreas que resulten sobrantes cuando haya títulos de propiedad o posesión y la áreas que fuesen fiscales (art. 28). En la memoria que acompañaba al proyecto, González remarcaba que:
La mensura general no es como vulgarmente se cree la reunión de mensuras parciales…No es meramente la medición directa de los ángulos que determinan un campo lo que basta para apreciar las superficies considerables. Esta operación es complementaria pero no fundamental en una mensura general. El principio de un trabajo de esta especie es la triangulación, el principio de la triangulación es la medición de una base, los procederes para la medición de una base están dados por la ciencia…La elección del terreno sobre el que se trace, la exactitud de la unidad de medida en que ella se emplee, la perfección de los instrumentos con que se trabaje… todos y cada uno de estos puntos es una materia de estudio que debe hacerse con toda la detención necesaria. Por eso en el proyecto que tengo el honor de adjuntar digo que un vocal del Departamento Topográfico presidirá la mensura de base.[11]
El escrito de González planteaba, así, que la recopilación de las mensuras particulares no resultaba suficiente para la elaboración de la carta de la provincia. Por el contrario, la información y registro debía ser organizada por el propio DT en base a la implementación de los conocimientos científicos a la vez que aunaba aquella propuesta con una medición fragmentada a nivel departamental como medio de resolver los problemas presupuestarios. Sin embargo el proyecto de González no fue discutido ni en las comisiones ni en las sesiones generales de la Legislatura. En este sentido debemos destacar que los esfuerzos para impulsar la elaboración del plano topográfico catastral bajo la órbita del DT no se materializaron durante esta etapa. Por el contrario, la carta de 1873 no fue presentada como resultado de un trabajo institucional sino como una construcción individual de Melitón González y adoptada posteriormente por el gobierno a través de un decreto sancionado el 15 de septiembre de 1873.[12]
El accionar de los agentes del DT entre los impulsos del Ejecutivo y los rechazos del legislativo para construir una cartografía centralizada
A partir de 1877 el itinerario recorrido para la elaboración del mapa entrerriano comenzó a mostrar algunos cambios en los pasos implementados en particular con respecto al respaldo del Ejecutivo a los proyectos relativos a su materialización. En ese año, se presentó a la Legislatura un nuevo proyecto de mensura general en el cual el gobernador Ramón Febré señalaba la necesidad de conocer con exactitud las tierras fiscales de la provincia para poder enajenarlas y solventar las necesidades presupuestarias. Por tal motivo, la propuesta se centraba en sacar a licitación la confección del plano catastral cuyo pago se realizaría en base a un porcentaje en efectivo, abonado a razón de 30 pesos fuertes por legua cuadrada a cargo de los propietarios que no hubiesen realizado las mensuras correspondientes, y un porcentaje de las tierras fiscales. Sin embargo, la discusión del proyecto tanto en la Comisión de Peticiones como en las sesiones generales desplazaron la preocupación por la confección de la carta topográfica catastral. Por el contrario, los diputados se centraron en debatir sobre una renovación de títulos tanto de arrendamiento como de propiedad que permitiesen pagar parte de los gastos ordinarios del año anterior. Por tal motivo, el objetivo original de la confección del plano catastral se redujo en la ley sancionada en 1877 a la observación respecto de que se autorizaría la mensura general una vez que se hubiese finalizado la renovación de títulos.[13]
Frente a este contexto, el DT continuó trabajando en base a la compilación de la información presentada por los particulares pero con ciertos cambios en su dinámica. Por un lado, las leyes de tierras sancionadas en la década de 1870 impulsaron la presentación de títulos no solo por parte de los propietarios sino también de aquellos que arrendaban tierras fiscales y que no querían perder el acceso a la misma (Schmit y Bressan, 2021b). Por otro lado, los miembros del DT comenzaron a realizar visitas a los distintos departamentos y con el auxilio de los jefes políticos, además de las mensuras solicitadas por los particulares, buscaron difundir la presencia del vocal agrimensor y recordar a la población las obligaciones que tenían aquellos que deseaban registrar títulos, comprar o arrendar tierra pública. En Entre Ríos, a diferencia de la dependencia porteña, los miembros del DT podían realizar mensuras de propiedades particulares y esta posibilidad fue utilizada sistemáticamente por iniciativa del propio DT para acelerar el proceso de recaudación de la información. Esta labor sostenida dio como fruto que para el año 1879 se presentó un documento con el estado general de los campos en propiedad y en arrendamiento de cada departamento. La suma general indicaba que se hallaban registrados 1916 campos en calidad de propiedad o arriendo y el resumen general que acompañaba este informe indicaba que de las 1974 leguas y 647 cuadras de superficie que sumaban los departamentos, sin contar el área correspondiente a los ejidos, se hallaban mensuradas y registradas 1534 leguas y 363 cuadras en propiedad y 440 leguas y 214 cuadras en arriendo, es decir que casi la totalidad de las tierras consideradas de pastoreo se hallaban registradas y mensuradas (Bressan, 2017).
A su vez, el nuevo presidente del DT, Juan Czezt, retomó la idea de González de confeccionar planos departamentales en lugar de uno general de la provincia, los cuales permitían
la ventaja de abarcar con un solo golpe de vista todo un departamento, sus límites, distritos, ríos, arroyos, colonias agrícolas, el ejido del pueblo, los campos de propiedad y arrendamiento en su conjunto como asimismo los caminos que unen los pueblos y las líneas telegráficas.[14]
Hacia 1879, el DT había logrado elaborar los mapas de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Colón y estaba en proceso el de Concordia.
Como podemos observar, los avances que lograba el DT en el registro cartográfico y catastral se hallaban siempre limitados y condicionados no sólo por la falta de presupuesto otorgados a la institución sino también por el rechazo de las instituciones de gobierno, y de la Legislatura en particular, a solventar registros sistemáticos y generales para toda la provincia. Por lo tanto, los avances en aquella materia resultaban, más allá de los logros alcanzados, siempre fraccionarios e incompletos. En este sentido Czezt subrayaba en su informe que:
El Departamento Topográfico no duda que la alta ilustración y criterio del gobierno reconocerá la grande importancia de este trabajo… no obstante un sin número de dificultades técnicas- falta de copistas, dibujantes y calígrafos- esta oficina, con la buena voluntad de sus empleados, porque todos han contribuido según su esfera y conocimiento a hacer el trabajo más completo posible, ha logrado concluir un trabajo que si no tuviese más mérito que la mayor exactitud posible, ya sería digno de la atención y solicitud del Gobierno y de la Legislatura de la provincia.[15]
Precisamente, las palabras de Czezt buscaban recalcar que los avances en materia cartográfica y catastral obedecían principalmente “a la buena voluntad” del reducido personal del DT y no a un plan estratégico del gobierno que aprobase las labores de mensura en forma global para toda la provincia.[16] Por lo tanto, se observa que, si bien el gobierno había puesto al DT en un lugar relevante para lograr los objetivos relativos al ordenamiento territorial, en paralelo ni otorgaba los recursos monetarios ni de personal para que la información elaborada por esta oficina fuese completa y actualizada ni tampoco aprobaba la realización del catastro general a cargo de emprendimientos privados.
Tanto los reclamos constantes efectuados desde el DT como las necesidades acuciantes del fisco entrerriano motivaron a un nuevo intento por parte del ejecutivo en 1881 para realizar una mensura sistemática. Retomando la idea de Melitón González para reducir el nivel de inversión, se propuso realizar la mensura de las tierras fiscales de los departamentos de Paraná, Villaguay, Nogoyá, Concordia y La Paz y como pago se acordaba hasta un 10% de las tierras fiscales mensuradas. A diferencia de lo ocurrido en 1877, el proyecto del ejecutivo recabó fuertes apoyos en la comisión de Legislación y Negocios Constitucionales cuyos miembros defendieron asiduamente la propuesta en el debate legislativo.[17] Entre ellos, Rodolfo Pita argumentaba que:
Era notoria la necesidad de descubrir los campos fiscales que estaban detentados, que hasta ahora se ignoraba donde estuviesen para que el gobierno pudiese disponer de ellos para hacer efectiva las disposiciones de las leyes que se habían dotado últimamente… Según la memoria presentada por el gobierno existen en la provincia 1500 leguas entre campos de propiedad y arrendamiento lo que probaba que se defraudaba al fisco en una fuerte suma pues no había menos de tres mil leguas… en el departamento de La Paz, por ejemplo, solo tenía datos el gobierno de que se ocupaban [en arrendamiento] doscientas leguas cuando era sabido que su extensión pasaba de 300, sucediendo tal cosa en Villaguay, Concordia y Paraná.[18]
El segundo argumento a favor, sostenido por Juan Arrigos, se centró en la modalidad de pago que eximía al fisco de un desembolso de dinero en efectivo. Sin embargo, esto fue desestimado por Enrique Berduc quien señaló que según los datos suministrados por el departamento topográfico, resultaba que la provincia tenía
4 mil leguas de las cuales dos mil eran de propiedad, mil perdidas por las anegaciones y mil que no se conocían… remunerándose en el 10 por ciento a los agrimensores que hiciesen este trabajo resulta que se les premiaba con 100 leguas lo que importa una suma fabulosa…[19]
Finalmente, el argumento más rotundo fue el presentado por Luis Leguizamón, quién subrayó las ventajas del sistema vigente para la formación del catastro:
Es sabido que las leyes dictadas en los años 75 y 80 han traído denuncias exorbitantes de los campos fiscales, demostrando de una manera más rápida que paulatina los beneficios que dichas leyes han reportado a la provincia. Hay más de dos mil expedientes que se tramitan ante las oficinas y que si se mandase a hacer la mensura general esos dos mil expedientes que representan dos mil leguas quedarían paralizados no siendo difícil prever en las condiciones que quedarían los denunciantes, pues ellos tendrían que pasar a manos de los agrimensores para conocer la extensión y límites de los campos que hubiesen sido denunciados pausando la tramitación de esos expedientes con grave perjuicio de los interesados y aun del fisco pues se privaría de recibir las entradas del valor de los campos que quieran comprarle… El descubrimiento de la tierra fiscal se tiene cada día con las crecientes denuncias que se hacen y que no era con los resultados del proyecto como se había de salvar a la provincia de sus compromisos.[20]
El proyecto para realizar una mensura general a escala departamental fue rechazado nuevamente al prevalecer en el recinto legislativo la idea de que, como había señalado Leguizamón, la mejor manera de formar el catastro provincial era en base a las denuncias y mensuras presentadas por los particulares. Aquella idea fue ratificada una vez más en 1883, en el marco de discusión de una nueva ley para la venta de tierras fiscales se estableció como primer artículo que el DT debía realizar el plano general de las tierras fiscales de la provincia y que para su confección podría “servirse de las mensuras realizadas hasta ahora, haciendo medir las que no lo estuviesen.”[21] En este punto y en base a lo señalado en los párrafos anteriores, no resulta una sorpresa que este artículo no haya sido motivo de debate como tampoco sorprende que a pesar de las reiteradas expresiones de la falta de conocimiento preciso sobre la tenencia de la tierra entrerriana, continuó prevaleciendo la idea de que el sistema de confección de registros y planos catastrales en base a la presentación de los particulares constituía un medio más beneficioso que el de practicar mensuras generales y sistemáticas.
La confección de los mapas catastrales: entre lo público y lo privado
En 1886, transcurridos trece años desde que había sido confeccionada la Carta de González, se publicó el segundo plano Topográfico Catastral de la Provincia elaborado por Bernardo Rígoli y Victorino Guzmán. Lejos de ser el resultado de la ley sancionada en 1883, el mismo fue fruto de una propuesta efectuada por Rígoli y Guzmán quienes ofrecieron al gobierno su obra a cambio de una retribución compuesta por certificados de tierras a ubicar por dos mil cuadras cuadradas.[22] Luego de ser examinada por el DT y de que el Ministerio de Gobierno considerase que la suma pedida por los autores representaba un valor módico que compensaría los dos años de labor invertido, el trabajo se adoptó como “Carta Oficial y General de la Provincia” el 9 de noviembre de 1886.[23]
Figura 2. Plano Topográfico Catastral de la Provincia de Entre Ríos, 1886 (Fragmento).
Biblioteca Nacional Mariano Moreno. (1886) Plano topográfico catastral de la Provincia de
Entre-Ríos construido con los últimos antecedentes por Bernardo Rígoli y Victorino C.
Guzmán. Buenos Aires: José Ruland
Si bien la elaboración de los mapas catastrales formaba parte de los objetivos de los departamentos topográficos, su producción no fue exclusiva de los ámbitos institucionales. Los mapas se tornaron herramientas significativas dentro de un contexto donde, por un lado, las provincias buscaban afirmar sus pretensiones territoriales frente a las del flamante Estado nacional o de las provincias colindantes. Además, también resultaban de utilidad en una etapa de significativa transformación jurídica que buscaba imponer la propiedad plena. Así los registros gráficos catastrales ponían de manifiesto la propiedad particular, su ubicación y extensión y sus linderos. Aquella coyuntura de agudas transformaciones territoriales a las cuales se sumaba las dificultades de las instituciones provinciales para la elaboración de los mapas, promovió el desarrollo de emprendimientos de profesionales particulares. Como señala Graciela Favelukes (2015), una cantidad importante de mapas catastrales se realizaron en el marco de las reglamentaciones e instituciones estatales pero su autoría corresponde a empresas particulares lideradas por un profesional calificado.[24]
Los mapas de González y de Guzmán y Rigolí se insertan dentro de este cruce entre los ámbitos público y privado. Como ya mencionamos, ambas obras responden a una obra de autoría particular que luego fue adoptada como Carta provincial oficial mediante un decreto gubernamental. No obstante, los tres se encontraban desempeñando funciones en el DT entrerriano, en el cargo de presidente en el caso de González y de vocales agrimensores en el de Rígoli y Guzmán, al momento de elaborar y publicar sus respectivas cartas provinciales. Más allá de que estos últimos señalaran que su confección se llevó a cabo en los “tiempos disponibles” que no ocupaban con su labor institucional, resulta evidente que su función en el DT les proporcionaba un acceso privilegiado a la información necesaria para la elaboración de su mapa. Aquello nos lleva a interrogarnos sobre los caminos e intersticios institucionales en torno a la elaboración y publicación de los mapas topográfico catastrales. Si nos detenemos en la carta publicada en 1886, la remuneración de dos mil cuadras cuadradas constituía una cifra ciertamente menor a las 100 leguas que estimaba el diputado Berduc se hubiesen tenido que pagar para realizar la mensura de cinco departamentos presentada en 1881. No obstante, consideramos que el rechazo a aquel proyecto y la aceptación a la propuesta de Guzmán obedecen más a una preocupación que combinaba la factibilidad de concreción junto con los costos más que la ponderación aislada del financiamiento de este tipo de emprendimientos. En este sentido, notamos cierta consistencia en los posicionamientos respecto de los proyectos para realizar las mensuras generales y/o los mapas topográficos catastrales durante las décadas de 1860 y 1870. De los siete proyectos que se presentaron, cuatro obtuvieron respaldo del Ejecutivo y llegaron a ser discutidos en la Legislatura pero ninguno fue aprobado en este recinto. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los diputados respecto de que correspondía al DT la confección del plano catastral, los dos mapas ya confeccionados en 1873 y 1886 fueron adoptados por decretos que no fueron objetados por el poder legislativo.
Un segundo elemento que se debe resaltar es que más allá de que estos dos mapas son presentados como obras particulares, su confección no hubiese sido posible sin la labor previa del DT que se encargaba de la evaluación y de la recopilación de mensuras y planos de los particulares. Si comparamos el mapa de 1873 con el de 1886 se presenta con clara nitidez las transformaciones que en esos años se habían operado en la provincia como el doble de propietarios existentes en el distrito de Yeruá sobre la margen del Uruguay o las decenas de parcelas que se dibujan sobre lo que otrora eran las estancias del Cerrito y de Lezica en la margen del Paraná. No obstante, en tanto ambos arraigaban su confección en los datos recopilados en el DT a partir de las presentaciones que los particulares presentaban a esta institución, aquellos mapas generaban una mirada no solo incompleta sino distorsionada en tanto no podían registrar en su totalidad los cambios generados en la forma de tenencia como en las magnitudes de las tierras en propiedad. Durante la década de 1870 y 1880 la fisonomía entrerriana comenzó a cambiar aceleradamente, aparecieron un número creciente de colonias, se ensancharon los ejidos departamentales, se fundaron nuevos pueblos y se comenzó a fragmentar las grandes unidades destinadas a la producción ganadera que habían predominado en el paisaje provincial durante la mayor parte del siglo XIX. Los mapas de González y de Guzmán y Rígoli no solo mostraban una imagen rezagada de aquellas aceleradas transformaciones, más aún, invisibilizaban otras formas de tenencia de la tierra existentes en la provincia como el arriendo y la posesión de tierras fiscales que tan imperiosamente las propias autoridades buscaban registrar.
Reflexiones finales
El gobierno entrerriano encaró a partir de inicios de 1860 un programa que tenía como uno de los objetivos principales la creación de un marco definitivo de seguridad jurídica sobre la propiedad territorial que alentara las inversiones para el desarrollo de la producción agropecuaria y también para poder tener acceso a recursos fiscales a partir de la venta de tierra pública como del cobro de la contribución directa y el arriendo. Bajo esos objetivos, la confección del mapa topográfico catastral encabezó la lista de funciones que la legislatura atribuyó al DT entrerriano en la ley de su creación sancionada en 1862. Sin embargo, entre 1862 y 1886 el DT sólo logró confeccionar los mapas de los departamentos de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Colón y ninguno de la provincia en su totalidad. Ciertamente, un total de ocho miembros con múltiples funciones que incluían las de supervisión de la obra pública además de las relativas al ordenamiento territorial, constituía uno de los graves obstáculos que enfrentó el DT entrerriano para poder confeccionar la carta provincial. Sin embargo, dentro de los obstáculos para alcanzar este objetivo se hallaba también la dinámica institucional en la cual se hallaba el organismo y que debía seguir en la confección de los mapas. Como se ha desarrollado en este trabajo, los proyectos para la confección de mensuras generales en forma sistemática realizadas por particulares, que constituían un factor central para la elaboración de los mapas catastrales, fueron rechazados sistemáticamente y en forma mayoritaria por la legislatura. Los diputados en su gran mayoría reiteraron una y otra vez que correspondía al DT la elaboración de la carta, pero no ampliaron su personal ni destinaron un presupuesto específico que permitiese concretar esta función. Como resultado, los dos mapas topográficos catastrales de esta etapa fueron elaborados no institucionalmente si no de forma particular y adoptados en forma posterior por el gobierno. Sin embargo, los dos mapas difícilmente hubiesen sido posibles de realizar sin la labor previa llevada a cabo en el DT para la estandarización de las mensuras y su archivo. La confección de los dos mapas a cargo de miembros activos de la institución no reviste en una casualidad sino en una causalidad de su factura pues eran ellos quienes no solo disponían de las capacidades profesionales sino de un acceso privilegiado a aquella información custodiada en el DT entrerriano.
Referencias bibliográficas
Barcos, M. (2012). El influjo del Derecho Indiano en la legislación de los ejidos de la provincia de Buenos Aires, 1782-1870. Revista de Indias, 72(256), 687-716. https://doi.org/10.3989/revindias.2012.22
Bressan, R. (2017). Registrar, ordenar y planificar. El Departamento Topográfico de Entre Ríos, 1871-1883. Revista de Estudios Sociales Contemporáneos, 17. https://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=10033
Bressan, R. (2018). Alianzas, negociaciones y conflictos. Dinámicas de los elencos políticos del Litoral, 1862-1883. Rosario: Prohistoria.
Cacciavillani, P. (2021). Celebrar lo imposible. El Código Civil en el régimen jurídico de la propiedad: Córdoba entre fines del XIX y comienzos del XX. Franckfurt am Main: Max Planc Institute for Legal History and Legal Theory.
Cacopardo, F. y Da Orden, L. (2008). Territorio, sociedad y Estado en la provincia de Buenos Aires: una aproximación a partir de los Registros Gráficos, 1830-1890. Registros 5(5), 31-50. https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/360
Canedo, M. (2014). El restablecimiento del Departamento Topográfico de Buenos Aires. Revista Andes, 25. http://portalderevistas.unsa.edu.ar/ojs/index.php/Andes/article/view/183
D`agostino, V. (2014). Estado, instituciones y funcionarios: la política de tierras y el funcionamiento de la repartición topográfica bonaerense en la segunda mitad de siglo XIX. En: M. Blanco y L. Barandiarán (comps.). Las configuraciones de la trama social. Tandil: UNICEN.
Djenderedjian, J. (2008). Expansión agrícola y colonización en Entre Ríos, 1850-1900. Desarrollo Económico, 47(188), 577-606.
Docola, S., Geremía, C., Payró, P. y Puig, M. (2008). Una bota en el desierto, Santa Fe, 1887. Registros 5(5), 75-86. https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/363
Favelukes, G. (2015). El país en un libro: parcelas, mensuras y territorio en catastros tempranos en la Argentina. Redes 21(40), 177-195.
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/RIDAA_4d32dd1e8d303e278fc8c62f322ba813
Garavaglia, J. y Gatreau, P. (2012). The Weak-State Cadastre: Administrative Strategies to Build Territorial Knowledge in Post-colonial Argentina (1824 to 1864). Cartographica, 47. 10.3138/carto.47.1.29ff. ffhal-00744777v1f
Gautreau, P. y Garavaglia, J. (2011). Inventando un nuevo saber estatal sobre el territorio: la definición de prácticas, comportamientos y agentes en las instituciones topográficas de Buenos Aires, 1824-1864. En: P. Gautreau y J. Garavaglia (comps.). Mensurar la tierra, controlar el territorio. América Latina, siglos XVIII-XIX. Rosario: Prohistoria.
Lois, C. (2009). Técnica política y deseo territorial en la cartografía argentina (1852-1941). En: H. Mendoza Vargas y C. Lois (eds.). Historias de la Cartografía en Iberoamérica. Nuevos Caminos, viejos problemas. México: IGE/INEGI.
Lois, C. (2012). La patria es una e indivisible. Los modos de narrar la historia territorial de la Argentina. Terra Brasilis (Nova Série), 1. https://journals.openedition.org/terrabrasilis/138
Lois, C. y Mazzitelli Mastricchio, M. (2009). Una historia de la cartografía argentina, en Weisert, L. et al. (comp.), Instituto Geográfico Nacional: 130 años. Buenos Aires: IGN.
Maizón, A. (2013). Construyendo el territorio: contexto institucional, prácticas y dinámica de la agrimensura en la provincia de Córdoba. Fines del siglo XIX. Revista Brasileira de História da Ciência, 6 (1), 89-105.
http://www.sbhc.org.br/revistahistoria/view?ID_REVISTA_HISTORIA=49
Mazzitelli Mastricchio, M. (2009). Límites y cartografía en la frontera argentina durante el
último tercio del siglo XIX. En: H. Mendoza Vargas y C. Lois (eds.). Historias de la Cartografía en Iberoamérica. Nuevos Caminos, viejos problemas. México: IGE/INEGI.
Mazzitelli Mastricchio, M. (2015). Geografías en disputa: Los cambios en los discursos geográficos de la Argentina (1852-1905). Journal of Latin American Geography, 14(3), pp. 67-90. http://muse.jhu.edu/journals/lag/summary/v014/14.3.mastricchio.html
Mazzitelli Mastricchio, M. (2018). Los ‘Jueces de la medida’, el rol de los agrimensores entrerrianos en el Departamento Topográfico de Entre Ríos (1849-1871). Revista Brasileira de História da Ciência, 11(1), 7-20.
https://www.sbhc.org.br/revistahistoria/view?ID_REVISTA_HISTORIA=60
Mendoza Vargas, H. y Lois, C. (2009). Historias de la Cartografía en Iberoamérica. Nuevos Caminos, viejos problemas. México: IGE/INEGI.
Molina, E. (2020). Saberes, territorio y estatalidad. Departamento Topográfico y Agrimensores en Mendoza, 1850-1860. Avances del Cesor, 17(23). http://dx.doi.org/https://doi.org/10.35305/ac.v17i23.1286
Molina, E. (2021). Experiencia territorial y saberes cartográficos para un estado provincial: Mendoza, Argentina (1849-1860). Anuario de historia regional y de las fronteras, 26(1).
https://doi.org/10.18273/revanu.v26n1-2021001
Nadal, F. y Urteaga, L. (1990). Cartografía y Estado. Los mapas topográficos y la estadística territorial en el siglo XIX, Cuadernos críticos de geografía humana, 88, 1-48.
Pesoa, M. (2020). La necesidad de un mapa para la provincia. La institucionalización del conocimiento cartográfico y catastral durante el siglo XIX en la provincia de Buenos Aires. Geograficando, 16(2). https://doi.org/10.24215/2346898Xe083
Rossi, M. (2007). Los negocios con la tierra pública en la frontera con el río Salado del Norte. Santiago del Estero, 1850-1880. Mundo Agrario, 7(14).
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/v07n14a09
Schmit, R. (2008). Los límites del progreso: expansión rural en los orígenes del capitalismo rioplatense. Buenos Aires: Siglo XXI- Universidad de Belgrano.
Schmit, R. y Bressan, R. (2021a). Derechos y propiedad de la tierra en Entre Ríos durante la emergencia del orden nacional en la Argentina, Almanack, 29. https://doi.org/10.1590/2236-463329ea01520
Schmit, R. y Bressan, R. (2021b); Evolución institucional de la propiedad y distribución de la tierra en Entre Ríos, 1860-1895. Ponencia presentada en las XXVII Jornadas de Historia Económica de la Asociación Argentina de Historia Económica, Mendoza, Argentina.
Recepción: 07/06/2022
Evaluado: 17/09/2022
Versión Final: 24/10/2022