Las estrategias
represivas en las dictaduras militares de los años setenta en el Cono Sur. Los casos de Uruguay, Chile y Argentina
Marianela Scocco(*)
(UNR, maria_nob4@hotmail.com)
Introducción
En los años setenta, en pleno desarrollo de
Este trabajo pretende realizar un análisis comparativo
de los golpes de Estado perpetrados en esta década en los países del Cono Sur;
Uruguay, Chile y Argentina, prestando especial atención en las características
de la represión que implementaron los distintos gobiernos de facto. Para ello no podemos limitarnos sólo en la descripción de
los sucesos (secuestros, asesinatos, desapariciones) de la actuación de los
aparatos represivos. Tampoco podemos quedarnos con una visión parcial acerca
del Terrorismo de Estado en un país, sin analizar que los regimenes represivos que
se instalaron en todo el Cono Sur así como en otros países de Latinoamérica
tenían características y fundamentos comunes. Es imprescindible, entonces, intentar
comprender cuáles fueron esas estructuras subyacentes y comunes. Al mismo
tiempo, para alcanzar una perspectiva crítica sobre estos procesos es necesaria
la construcción de modelos explicativos que sirvan para captar los elementos
invariables de estos regimenes, para interpretarlos y comprenderlos en la
búsqueda de su significado común así como en sus particularidades. En este
sentido, la perspectiva comparada nos confiere una útil herramienta pedagógica
para trabajar procesos tan difíciles como fueron las dictaduras militares en el
Cono Sur.
Inferidos en la defensa de los valores “occidentales y cristianos” contra los enemigos “apátridas y foráneos” de la nación, los militares latinoamericanos llegaron al poder de sus respectivos países haciéndose cargo del Poder Ejecutivo directamente, terminando con el principio tradicional de la división de poderes del Estado, convirtiendo al Poder Judicial en un simple instrumento formal e instaurando gobiernos dictatoriales altamente represivos no sólo hacia la parte de la población identificada como “subversiva” sino hacia la sociedad civil en general.
ya habían establecido la plena autonomía con respecto [1] Especialmente en las clases medias, el temor
por la continuidad en el gobierno de la izquierda se transformaría en
complacencia, sin dudas más tarde, cuando la institución militar desmanteló rápidamente
la democracia chilena.
De la misma forma, estas diferencias que marcamos entre los países
determinaron también que los gobiernos militares adoptaran distintas estrategias
represivas. Así, en Uruguay ya antes del golpe de Estado, los tupamaros habían
comenzado a poblar las cárceles del país, a tal punto que en el año 1972 la
mayoría de sus dirigentes estaban presos o exiliados, y ese mismo año los
líderes militares realizaron una serie de negociaciones con ellos intentando
llegar a un pacto que finalmente no prosperó[2].
Sin embargo, este sistema carcelario formal no impidió la tortura generalizada
y los vejámenes aplicados a los “subversivos” para obtener información. En
Chile, en cambio, los primeros momentos del régimen militar fueron meses de
fusilamientos en masa. La mayoría de las personas ejecutadas habían sido
detenidas anteriormente, trasladadas a centros de detención y luego asesinados,
abandonando sus cuerpos sin vida en la vía pública. La cantidad de detenidos
fue enrome en este momento, a tal punto que excedía cualquier capacidad
carcelaria. Por lo tanto, fueron habilitados como centros de detención el
Estadio Nacional y el Estadio de Chile, así como diversos regimientos y
unidades militares, donde también fueron fusiladas cientos de personas. Estos
hechos, precisamente por su gran visibilidad, fueron muy repudiados a nivel
internacional. Los militares argentinos, por su parte, acusaron recibo de estos
“errores” cometidos por sus pares chilenos y por ello implantaron un sistema
represivo oculto y secreto, generalizando la práctica de la desaparición
forzada de personas luego de haber sido secuestradas y alojadas en centros
clandestinos de detención.
Las dictaduras militares instauradas en Uruguay, Chile y Argentina pretendieron legitimarse intentando construir
un fundamento ideológico bajo
No obstante, la formulación de
Finalmente, la tarea formativa fue dada a los militares
latinoamericanos a través de sus pares estadounidenses, sobre todo en
Ese “enemigo a aniquilar”, genéricamente el “comunismo”, la “sedición”
o la “subversión”, era valorado como un “terrorista apátrida” influenciado por
“ideologías foráneas, extrañas al ser nacional”, con quien no es posible
dialogar y por eso es preciso destruirlo definitivamente. De allí la “guerra
sucia” con sus prácticas secretas y clandestinas, desde el secuestro y
asesinatos hasta la desaparición forzada de personas, las torturas, los
vejámenes, los centros clandestinos de detención, etcétera. Esta “guerra total”
no admite límites ni plazos, ni reconoce fronteras físicas. Además requiere
impunidad e impone asegurar la exclusión de todo juzgamiento, tanto
contemporáneo como futuro. Sin embargo, como afirma Gustavo Roca: “Toda esta
vasta empresa represiva… no se ocultó sino que por el contrario se difundió y…
estaba dirigida deliberada y concientemente a sembrar el terror y el miedo y a
impedir por ende toda forma de protesta y resistencia”[4].
Así, el Estado mismo se transformó en Terrorista dejando a sus ciudadanos
indefensos, el terror fue el instrumento eficaz elegido para disciplinar a la
sociedad en su conjunto e imponer el la dominación de los militares y de los
intereses económicos y políticos que ellos representaban.
Los golpes de Estado
Uruguay
El 27 de junio de 1973 el propio Presidente constitucional de Uruguay,
José María Bordaberry, decretó la disolución del Congreso bicameral, el cual
fue reemplazado por el Consejo de Estado, y permaneció en el ejercicio de la
Presidencia[5].
Por ello, la instauración de un régimen autoritario aquí se diferencia de los
otros países porque las Fuerzas Armadas no hicieron uso del poder formal de
manera directa, al menos durante los primeros años de la dictadura. Como ha
sostenido Aldo Rico, “el golpe es un autogolpe
dado por el propio Presidente de
Sin embargo, si bien existe una continuidad de las mismas personas en
la mayoría de los cargos del Estado, no existe tal continuidad en el
ordenamiento legal-constitucional que limita el ejercicio del poder estatal ni
tampoco en la forma democrática-republicana de gobierno. A través de la
disolución de las Cámaras y de la suspensión de
La periodización histórica de la dictadura en Uruguay usualmente
utilizada fue la que diagramó Eduardo Luis González[7]
quien plantea que los doce años del régimen autoritario tienen tres etapas: la
primera, se extiende entre 1973 y 1976 y es llamada etapa comisarial, caracterizada por la
falta de un proyecto político propio junto con la intención manifiesta de
“poner la casa en orden”; la segunda, es la que busca sentar las bases de nuevo
orden político, aunque nunca llegaría a configurarse como un proyecto
verdadero, por lo que se denomina a esta etapa como ensayo fundacional e incluye desde 1976 hasta 1980; y la tercera,
iniciada en 1980 con el rechazo al plebiscito para realizar una reforma
constitucional, abría a partir de este hecho el camino hacia la transición
democrática, por eso se la conoce como la etapa
transicional, que se prolongaría hasta 1985.[8]
En cuanto al carácter represivo que adquirió el régimen, Aldo Rico
sostiene que “en ese acto rupturista del 27 de junio de 1973 el ejercicio de la
fuerza pública resultó administrado
políticamente. Dicho de otra manera, el momento de la violencia militar de
la acción golpista estuvo subordinada a los cálculos políticos y no se ejerció
abiertamente, como aconteció, por ejemplo, en Chile, con el bombardeo al
Palacio de la Moneda”[9].
El autor relaciona esta “economía de la violencia” con varios factores. En
primer lugar, la actuación de las Fuerzas Armadas como corporación, sin divisiones
internas, y la inexistencia de resistencias armadas que se opusieran al golpe.
Segundo, el hecho de que el golpe sea ejecutado por el propio Presidente no
sólo hizo innecesaria su deposición por la fuerza, sino que también evitó la
posibilidad de la existencia de que grupos dentro de las Fuerzas Armadas leales
al gobierno se enfrentaran con los golpistas. Otra de las particularidades del
golpe de Estado en Uruguay fue el masivo movimiento de resistencia que se le
opuso, tras el llamado de
Chile
En la madrugada del 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas
chilenas salieron a la calle con tanques de guerra y la intención de derrocar
al Presidente elegido por el voto popular, Salvador Allende, quien encabezaba
un proceso de cambios estructurales económicos, políticos y sociales[10].
Desde el Interior del Palacio Presidencial, denominado
Así comenzaba uno de los golpes de Estado más sangrientos de la
historia del continente. “El golpe fue un acto de guerra que provocó alrededor
de dos mil muertes, condujo al suicidio al Presidente de
Las Fuerzas Armadas chilenas mantenían lazos muy estrechos con los
Estados Unidos. Chile era el segundo país más beneficiado por la ayuda
económica y militar que los norteamericanos prestaban a América Latina, superado
sólo por Brasil[12]. Allende disponía de
pocos medios para contrarrestar la influencia norteamericana sobre las Fuerzas
Armadas chilenas.
Manuel Antonio Garretón[13]
ha presentado una periodización de la evolución de la represión general en
Chile, divida en varias etapas. En los primeros meses hubo una represión
masiva, sin gran coherencia ni coordinación técnica, dirigida hacia los líderes
militantes y hacia los simpatizantes del gobierno de
La segunda etapa se inicia a comienzos de 1974, momento en el cual la
presencia militar era menos obvia y la represión menos arbitraria. Entonces,
por la necesidad de coordinación y especialización de la represión, Chile
centró su inteligencia y sus operaciones de seguridad en un solo organismo,
encargado de coordinar e implementar la represión:
En 1977 la presión de la comunidad internacional por el asesinato del
ex canciller de Allende, Orlando Letelier[15],
y también de
Argentina
En el mismo año en que en Uruguay y en Chile se
producen los golpes de Estado aquí analizados, Argentina salía de un régimen
militar que se había extendido por siete años (1966-1973) para entrar en un
breve interregno democrático. El 11 de marzo de 1973 Héctor Cámpora,
con el apoyo y el partido político[17] de
Juan Perón, ganaba las elecciones presidenciales después de dieciocho años de
proscripción del peronismo. Cámpora era un hombre
identificado con
Desde fines de 1973 y, con mayor intensidad, a lo largo de 1975 la ofensiva militar y policial
se conjugó con el aumento de asesinatos de militantes políticos y sindicales,
atribuidos generalmente a grupos paramilitares, sobre todo a
El 25 de febrero de 1975 el Poder Ejecutivo Nacional emitió el decreto
261/75 encomendándole “al comando General del Ejército la misión de ejecutar
las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o
aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de
Tucumán”. El llamado Operativo
Independencia incluyó la creación de los primeros centros clandestinos de
detención y la organización de grupos operativos que secuestraron, torturaron y
asesinaron a centenares de personas. El día 6 de octubre de ese mismo año el
PEN organizó a través del aparato del Estado la represión de la denominada
“subversión” dictando tres decretos presidenciales.
El golpe militar que derrocó al gobierno
constitucional de Estela Martínez de Perón se produjo el 24 de marzo de 1976.
La mayoría de los argentinos no ofreció resistencia alguna. Se iniciaba así el
autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Las Fuerzas Armadas
asumieron el control total del Estado, que quedó en manos de
La cacería humana por parte de un ejército clandestino
de represores que implementó la dictadura no estuvo exenta de coherencia sino
que respondió a un plan sistemático orquestado y ejecutado desde el Estado. Ese
plan consistía, según Marcos Novaro y Vicente Palermo, en “involucrar al
conjunto del sistema de defensa y seguridad estatal, de modo orgánico, en la
formación de un ejército secreto para llevar a cabo un plan de operaciones que
sistematizara y perfeccionara lo que las bandas paramilitares habían venido
haciendo”[19]. Esto transformó al
Estado en terrorista, al aplicar
un programa sistemático de represión, censura, saqueo, apropiación de niños,
desapariciones y asesinatos. Fue práctica común que las víctimas fueran a menudo
secuestradas con una demostración pública de la fuerza, luego alojadas en los
más 350 centros clandestinos de detención que se instalaron a lo largo y ancho
del país, que fueran sometidas a todo tipo de torturas y vejámenes generalmente
para obtener información pero también para intimidar y atemorizar y hasta para
“divertirse” y finalmente que las hicieran “desaparecer” sin el reconocimiento
público de su paradero. Sus cuerpos fueron arrojados al mar o enterrados en
cementerios como NN sin que sus familiares vuelvan a tener conocimiento de la
suerte que habían corrido.
La represión en perspectiva comparada
Los gobiernos militares del Cono Sur violaron
sistemáticamente los derechos humanos dentro del marco de la represión
política.
Sin embargo, si bien el uso extendido de la represión
fue común a los tres países y las estrategias de control público que aplicaron
fueron similares, se pueden percibir ciertas diferencias significativas.
En Uruguay, después del golpe de Estado, la estrategia
represiva se basó en arrestos masivos llevados a cabo, muchas veces, en
espacios públicos; largas sentencias a los detenidos condenados; torturas[20]; asesinatos
y, por lo general, víctimas claramente identificadas, a diferencia de Argentina
y con cifras menores a esta última.
Los centros de detención se organizaron para deshumanizar y quebrar el espíritu
de los prisioneros. Como afirma Rico, “a diferencia de las
dictaduras en los países vecinos que aplicaron un sistema de terror asentado
fundamentalmente en los asesinatos de opositores y la desaparición forzada de
personas-, la estrategia represiva central del régimen cívico-militar uruguayo
fue el encierro masivo y prolongado de cerca de 6.000 hombres y mujeres en
alrededor de 50 establecimientos carcelarios y cuarteles y cerca de 9 centros
clandestinos de reclusión”[21]. Esa
cifra de presos políticos representa un alto porcentaje en relación a la
población total del país y aumenta más si se tiene en cuenta la cantidad de
detenidos en forma transitoria. Según Weiss Fagen: “Se calcula que cerca de 50.000 personas han
sido detenidas, a menudo varias veces, entre 1972 y 1983 (población total en
menos de tres millones), y unos 5.000 fueron declarados culpables de delitos
contra la seguridad nacional”.[22]
A modo de ejemplo, nos parece ilustrativo señalar aquí
algunas frases que reafirman el carácter del sistema represivo en Uruguay:
analizando en forma comparada las dictaduras del Cono Sur, Alfred Stepan expresa que “si estuviéramos evaluando el porcentaje
de la población que fue detenida, interrogada e intimidada por las fuerzas de
seguridad, el Uruguay ocupa el primer lugar”[23] y,
por su parte, Gillespie sostiene que “Uruguay tenía en el año 1976 el mayor
índice de presos políticos per cápita de toda América del Sur”[24].
Gerardo Caetano, afirma que: “Acá no tuvimos el nivel de matanza de Chile. No
tuvimos el operativo siniestro de Argentina. Pero también tuvimos nuestras
cosas. Hubo tortura indiscriminada, hubo un nivel de prisioneros que en
proporción a la población, fue uno de los más altos de América Latina”.[25]
Sin embargo, también se registran casos de personas
desaparecidas en Uruguay. Los antecedentes se remontan a antes del golpe aunque
bajo la dictadura dicho método se incorpora definitivamente como práctica de
las fuerzas del seguridad del Estado. Entre fines de 1975 y 1978, las
desapariciones adquieren forma masiva tras el objetivo no sólo de personas sino
de colectivos militantes, tanto en operativos represivos desplegados en Uruguay
como en Argentina, estos últimos en coordinación con las fuerzas de dicho país
en el marco del denominado Plan Cóndor[26]. Con
todo, la cantidad de personas desaparecidas en ínfima comparada con el número
de personas apresadas. Se estima que son 172, de las cuales 145 desaparecen
entre 1975 y 1978[27]. Según Rico, el fenómeno
de la desaparición forzada de personas y el carácter colectivo que asumió,
“marca un cambio sustancial en la caracterización y periodización del régimen
dictatorial e inaugura la etapa de abierto terrorismo de Estado en Uruguay”.[28]
Por su parte, el Informe Uruguay Nunca Más registra
4.933 casos de detenidos divididos en dos oleadas: entre 1972 –antes del golpe–
y 1974 los detenidos eran
mayoritariamente Tupamaros y entre 1975 y 1977 pertenecían especialmente
al Partido Comunista. Según el Informe: “La guerra
en Uruguay no tuvo la espectacularidad de la casa de Gobierno bombardeada
por Pinochet en Chile, ni el genocidio cometido por las Juntas militares en
Argentina con miles de desaparecidos. Pero se caracterizó por una sofisticación
sin par”[29].
Ésta fue caracterizada como el “gran encierro”.
En contraste con Argentina, las Fuerzas Armadas y de
Por su parte, como han sostenido Luis Roniger y Mario Sznajer, el caso
chileno puede ser considerado más cercano al uruguayo en cuanto a la cantidad
de arrestos, pero más similar al argentino en lo que se refiere a la
generalización de la represión y a las prácticas de aplicación de la tortura,
asesinatos y desapariciones. Sin embargo, la represión en Chile fue conocida
mundialmente por el bombardeo a
La gran pregunta que se hace Arraigada[30] es
acerca de cuántos fueron los que murieron en los días iniciales del golpe. Las
cifras estimadas por los distintos organismos son contradictorias.
Empero, más allá de la cifra exacta, la falta de
legalidad y la completa carencia de un debido proceso circunscriben a tales
fusilamientos como graves violaciones a los derechos humanos, pese al marco de
legitimidad que quisieron darle. El
22 de septiembre se crearon los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra, una
institución difícilmente justificable para la propia legislación castrense. Lo
cierto es que afloraron los Consejos de Guerra: se constituyeron 303 en treinta
ciudades que juzgaron cerca de 2.000 personas[33].
Algunos fueron
ejecutados como consecuencia de cumplimientos apresurados de sentencias
dictadas por los Consejos de Guerra. Más aún, en algunos casos éstos ni
siquiera se constituyeron sino que fueron el modo de explicar una ejecución
después de haber sido cometida. Pero la mayoría de los asesinados fueron
acribillados a balazos sin haber tenido por lo menos la oportunidad de un
juicio. Posteriormente sus cuerpos eran abandonados en la vía pública, como
forma de diseminar el terror en la población y amedrentar cualquier resistencia
al golpe que pudiera producirse. A
esto se debe sumar la continua aplicación de la “ley de fuga”, que se empleaba
con todo detenido que intentaba escapar (por lo menos en lo que informaban los
militares) y al no obedecer a la voz de alto se les disparaba. Por último, a la
represión militar se agregaron las “venganzas” de los propietarios, sobre todo
en el sector rural. Eran grupos civiles que asesinaron a decenas de personas
acusadas de ser agitadores campesinos o dirigentes sindicales con la
colaboración de la policía.
Asimismo, todavía existió una gran cantidad de presos
políticos en Chile. Al término del primer mes del golpe, éstos alcanzaban la
cifra de 40.000. De esto se deriva que regimientos, cuarteles y unidades
militares y policiales fueran usados como centros de detención, y también la
utilización paradigmática de estadios de fútbol para dicho fin. Los ex
ministros y más altos funcionarios del régimen de Allende fueron enviados a
En el interior del país, después de unos días en que
se produjeron focos de resistencia armada aislados, las fuerzas de la ex Unidad
Popular se desintegraron y varios de sus miembros fueron arrestados, huyeron
del país o se refugiaron en diferentes embajadas. Según Gazmuri estos últimos
fueron alrededor de 9.000 personas, mientras que los exiliados políticos cerca
de 30.000[34], aunque en los meses y
años siguientes el éxodo continuó pero no sólo por razones políticas sino
también por cuestiones económicas, al igual que en Uruguay.
Otra vez puesto en comparación con Argentina, el
aparato represivo chileno era coordinado más jerárquicamente. En los primeros
meses del golpe la actividad represiva se llevó a cabo por canales separados
por los respectivos servicios de inteligencia de las diferentes ramas de las
Fuerzas Armadas y Carabineros. Sin embargo, como ya hemos visto, desde principios
de 1974 se logró una coordinación jerárquica con la implementación de
En Argentina, el método que desencadenó secuestros
clandestinos, torturas y desapariciones, que ya se venía implementando antes de
la dictadura pero que ésta instrumentó de modo sistemático y masivo, distingue
a este régimen tanto de las anteriores experiencias de golpes militares en el
país[35] como
de los regimenes contemporáneos en Uruguay y en Chile. Como afirman Novaro y
Palermo: “Las desapariciones no fueron desconocidas en Uruguay, Brasil ni
Chile, pero en ninguno de esos casos alcanzaron la significación que tuvieron
en la Argentina”[36]. En Uruguay, como ya
hemos mencionado, la proporción de presos políticos llegó a niveles inusitados
en relación a la población total pero no puede hablarse de un genocidio. En
Chile, si bien existe un número considerable de desaparecidos, lo que
mayormente caracterizó al régimen militar fueron las ejecuciones masivas con la
especificidad de la visibilidad cotidiana. Por lo tanto, la represión llevada a
cabo por la dictadura argentina fue, tanto por su masividad como por el método,
cualitativamente diferente.
Siguiendo a Luis Roniger y
Mario Sznajer[37], en
Argentina la estructura típica fue la represión generalizada y descentralizada.
Esta estructura tenía vinculación con los grupos paramilitares que habían
actuado antes del golpe de Estado. Esa descentralización y la falta de
coordinación produjeron un esquema de represión desigual. Las Fuerzas Armadas
dividieron el país en cinco áreas militares bajo el mando de distintos cuerpos,
usando el modelo de organización de la guerra internacional. Dentro de cada
comando había una nueva subdivisión y se establecía la coordinación con
Sin embargo, para comprender mejor el por qué de la
masividad y el método de la represión llevados a cabo por la dictadura, así
como la estructura de dicha represión, debemos retrotraernos a los años
anteriores al golpe de Estado.
El 25 de mayo de 1973, el mismo día que asumía Héctor Cámpora, se produjo el llamado Devotazo. Se trató de una gran movilización popular que se dirigió
hasta la cárcel de Devoto para exigir la liberación de todos los presos
políticos que se encontraban allí, muchos ligados a las organizaciones
político-militares. Luego de apresuradas negociaciones, el flamante Presidente
otorgó la amnistía general a todos ellos. Este hecho político tuvo varias
consecuencias a corto plazo. Así lo expresa Maristella Svampa: “Por un lado, el
Devotazo asumió el carácter de un hecho irresistible, una expresión de la
fuerza de las cosas, natural colorario de un proceso
histórico-social. Por el otro, legitimó, sin grandes distinciones, todas
aquellas formas de resistencia desarrolladas contra la dictadura. Desde esta
perspectiva, conllevaba la justificación de la violencia como respuesta a la
del Estado. Por último, para las Fuerzas Armadas y otros sectores de la
derecha, no sólo ponía en evidencia la orientación ideológica del gobierno
recién asumido, sino que lo confrontaba a las futuras consecuencias de la
liberación de los principales dirigentes de las organizaciones armadas que
venían constituyéndose en los últimos años”[38].
Por lo tanto, esa amnistía comenzó a ser vista como el fracaso del sistema
penal. Sin embargo, como se pregunta Ulises Gorini,
“¿cómo se puede someter a debido proceso a presos aprehendidos por una
dictadura, en su mayoría puestos a disposición del Poder Ejecutivo de la
dictadura o sujetos a juicio ante tribunales ‘especiales’?”[39].
Lo cierto es que frente a ese “fracaso” la única alternativa que quedaba era el
aniquilamiento.
En el mismo año se produce el golpe de Estado en Chile. Éste fue
recibido con estupor y rechazo por la sociedad internacional. Por un lado,
porque existía una imagen idealizada de
Por consiguiente, el método de las desapariciones
persiguió varios objetivos. En primer lugar, permitía la propagación del temor
en la sociedad y, al mismo tiempo, generaba confusión e incertidumbre en las
organizaciones político-militares. Segundo, dificultaba la tarea de denuncia y
la posibilidad de emprender acciones colectivas, desmantelaba la solidaridad en
los reclamos, pues ocultaba a los responsables ante quien reclamar y evitaba
toda comunicación con los detenidos, desde la total falta de conocimiento sobre
lo que les había ocurrido. En tercer lugar, el método de la desaparición además
permitía resolver el problema de mantener la represión fuera de los alcances de
la opinión pública, sobre todo la externa, y de los alcances de la legalidad,
para garantizar su propia impunidad. Esto también autorizaba que la tortura se
extendiera sin límites, sin tener que rendir cuentas por las marcas que dejara.
Se trataba de ocultar el acto mismo de la represión.
En
1984,
Santiago Garaño y Wernet
Pertot sostienen que: “Durante la vigencia del estado
de sitio entre noviembre de 1974 y octubre de 1983, hubo entre diez y doce mil
presas y presos políticos legales en las distintas cárceles de máxima seguridad
a lo largo de todo el territorio de la Argentina”[44].
Por su parte, Marina Franco expresa que: “Dadas estas evidentes dificultades
[de la cuantificación] tomaré la cifra estimativa de 300.000 personas [que
salieron del país entre 1974 y 1980 por razones de persecución política] para
dar una idea muy general del fenómeno”[45].
Todo ello hace del régimen
castrense argentino el más cruel de todos, sin embargo esto no se debe al azar.
Más allá de las características propias que presentaba el país (con una
historia plagada de golpes militares en el siglo XX), los militares argentinos
se basaron en sus experiencias anteriores y en las de sus pares para llevar a
cabo una represión más encubierta que, ellos consideraban, les traería menos
problemas. Sin embargo, la masividad de la masacre generó un vasto movimiento
de denuncia que los líderes castrenses nunca imaginaron, pero este análisis
excede los marcos de este trabajo.
Consideraciones finales
Antes de asumir el control de los gobiernos directamente, las Fuerzas
Armadas de los tres países, sobre todo de Uruguay y Argentina, expandieron sus
poderes sustancialmente en el curso de la derrota de las organizaciones
político-militares que habían elegido como método la lucha armada. Al
principio, militares y policías hicieron uso abundante de los escuadrones de la
muerte y los grupos paramilitares de derecha. La progresiva polarización, a su
vez, inspiraba miedo, confusión y desconfianza y también generó el apoyo social
a fuertes medidas de seguridad. Los líderes castrenses del Cono Sur
aprovecharon en general las dudas sobre la capacidad de los gobiernos civiles
para restaurar la confianza económica o para poner fin a las crisis políticas.
Así, antes de los golpes de Estado, los militares que luego tomaron el
poder habían empezado a reorganizar y reorientar las estructuras militares y policiales,
en gran parte gracias a la ayuda económica, la influencia ideológica y el
asesoramiento para la organización y la formación en la contrainsurgencia
impartida por Estados Unidos y Europa Occidental. La contrainsurgencia
constituyó la base, así como las técnicas, para la participación militar en el
control social.
Los sectores ideológicamente conservadores, cuyos líderes previeron que
pronto heredarían las riendas del gobierno, facilitaron los golpes militares.
En cuanto a las clases medias, que se sentían amenazadas no sólo por la
izquierda armada, sino también por la izquierda no armada y el incremento de
militantes de base y organizaciones populares, en su mayoría recibieron los
golpes con poca reticencia. Ellos veían a las Fuerzas Armadas como la única
institución capaz de corregir el equilibrio político y restablecer la confianza
en la economía destrozada.
Los altos mandos militares, sin embargo, tenían otros planes. En los
tres países se aprovecharon de su mayor legitimidad institucional para
monopolizar el poder del Estado. La “guerra contra la subversión” se convirtió
rápidamente en una cacería de las organizaciones sociales de las que se pensaba
que podía surgir la “subversión”. El enemigo llegó a ser descripto como un
cáncer ha ser extirpado quirúrgicamente y destruido con el fin de restaurar la
salud social. Las Fuerzas Armadas tenían la ventaja no sólo de la superioridad
numérica y de armamentos, sino también del entrenamiento en la
contrainsurgencia, estaban preparadas psicológica y técnicamente para una
guerra sin cuartel en contra de la subversión internacional.
La protección judicial y el debido proceso de igual modo se socavaron
en los tres países. Las legislaturas fueron suprimidas. Los militares actuaron
decididamente, e inmediatamente después de tomar el poder, declararon el estado
de excepción. La tortura y otras formas de intimidación se convirtieron en
técnicas profesionalmente aceptadas, ampliamente percibidas como esenciales
para las operaciones represivas.
Las estructuras represivas, sobre todo en Uruguay y Argentina,
implicaron a todos los militares y policías en la represión ilegal y en los
asesinatos. El objetivo era garantizar que ningún sector de las Fuerzas
Conjuntas pudiera resultar “manchado” por el proceso y que todos estuvieran en
deuda con el sistema.
En organización y técnicas específicas, las fuerzas de seguridad eran
diferentes en cada uno de los tres países. Todos estaban involucrados en la
represión ilegal pero lo llevaron a cabo de diferentes maneras. Weiss Fagen los enumera de esta forma: por escuadrones de la
muerte integrados por paramilitares civiles (en Argentina antes de 1976; en
Chile en el período inmediato posterior golpe de Estado); por unidades
especiales de militares y policías, dispersas por todo el país (Argentina); por
especializadas agencias de inteligencia centralizada (Chile) y por represión y
tortura en numerosos cuarteles militares y comisarías por todo el país (Uruguay
y Chile, 1973-74)[46]. En esta última la autora
no incluye a Argentina precisamente por el carácter clandestino que adoptó la
represión allí. De todas formas, las particularidades desarrolladas en cada
país no impidieron que se realice una estrategia supranacional como ha sido la
aplicación del Plan Cóndor.
Los gobiernos militares en Uruguay, Chile y Argentina profundizaron la
transformación de la sociedad civil. La violencia estatal generalizada y la
psicología del terror causaron ciudadanos hacia adentro. Este fenómeno no era
un resultado accidental de la amplia violencia. Era el resultado esperado del
régimen del terror, sea cual fuera la forma que adoptó, diseñado para inhibir
la acción colectiva, disminuir las redes de apoyo y despolitizar las relaciones
sociales.
Propuestas para el trabajo en clase
Al análisis comparado de estos procesos como herramienta pedagógica
podemos incorporarle el trabajo con ejes conceptuales que articulen estas
experiencias, planteándolos en términos de problemas que ordenen la descripción
en estructuras significativas. Esos ejes pueden partir del concepto de
represión –y sus particularidades– y avanzar en la comprensión de problemas
como los orígenes de los golpes de Estado (y los discursos que los
legitimaron), las dictaduras militares en América Latina simultáneamente en el
poder, el Terrorismo de Estado, el Plan Cóndor como estrategia supranacional,
entre otros. Esto nos permitirá avanzar luego sobre otras dimensiones
explicativas, que nos dejen visualizar tanto las particularidades como las
similitudes de los objetivos y su forma de llevarlos a la práctica en los
procesos de los distintos países del Cono Sur.
Las dictaduras de los años setenta en el Cono Sur presentan varias
problemáticas que se pueden abordar a través de trabajos prácticos o debates en
clase. Para realizar el análisis de dichos procesos, es sugestivo plantear
distintas consignas. Por ejemplo: ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que
se ocasionaron en las estrategias represivas que se dieron los gobiernos
militares en los tres países? ¿A través de qué factores podemos explicar tanto
las similitudes como las diferencias? Y a raíz de ellas, se puede llegar al
análisis más puntual del caso argentino: ¿Cuánto peso tuvieron las experiencias
golpistas anteriores a la última dictadura militar argentina en la adopción de
su estrategia represiva?
Estas son algunas de las problemáticas que podemos abordar para obtener
una mayor comprensión de los procesos aquí desarrollados. Para esto es de gran
utilidad releer toda la bibliografía utilizada en este trabajo, reforzándola
con materiales específicos de nuestro país, así como también avanzar más sobre
el concepto de Terrorismo de Estado, entre otros.
Bibliografía:
ANSALDI, Waldo: “Matriuskas de terror. Algunos
elementos para analizar la dictadura argentina dentro de las dictaduras del
Cono Sur”, en PUCCIARELLI, Alfredo: Empresarios,
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RESUMEN
Las estrategias
represivas en las dictaduras militares de los años setenta en el Cono Sur. Los casos de Uruguay, Chile y Argentina
En los años setenta, en varios países de América
Latina se establecieron, a través de sangrientos golpes de Estado, atroces
dictaduras militares con el apoyo económico y militar de los Estados Unidos. Si
bien este tipo de intervención ya había sido practicado anteriormente (Brasil
1964), por entonces tomó dimensiones diferentes. Este trabajo pretende realizar
un análisis comparativo, que sirva como herramienta pedagógica, de los golpes
de Estado perpetrados en esta década en los países del Cono Sur; Uruguay, Chile
y Argentina, prestando especial atención en las características de la represión
que implementaron los distintos gobiernos de
facto.
Palabras clave: Golpes de Estado – Dictaduras
militares – Represión – Terrorismo de Estado
ABSTRACT
Enforcement
strategies in the military dictatorships of the seventies in the Southern Cone.
The cases of
In the seventies, in several countries
of Latin American atrocious military dictatorships were
established, through bloody coups, with the economic and military
support of the United States. While
this type of intervention had been performed previously (Brazil 1964), then took different
dimensions. The paper aims to provide a comparative analysis,
that serve as a teaching tool,of
the coup in this decade in the Southern Cone countries;
Key Words: Militaries coups –
Military Dictatorships – Repression – Terrorism of State
Recibido: 01/03/10
Aceptado: (16/07/10)
Versión final: 26/07/10
Notas