Autoritarismo regional: Análisis de la violencia contra servidores públicos y del reclutamiento forzado en el sur colombiano

 

Damián Pachón Soto,(*) Juan Daniel Villar Roncancio(**)

 y Miguel Alejandro Gómez Arévalo(***)

 

ARK CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24690732/n5k91i8ya

 

 

Resumen

 

El presente artículo expone el control territorial ejercido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) en el departamento del Guaviare y sur del Meta, en el lapso de 1990-2006. Este estudio se hizo en el marco del paradigma cualitativo, con metodología biográfica narrativa, cuyas técnicas fueron la historia de vida y la entrevista en profundidad, donde participaron 6 personas provenientes de la región víctimas de desplazamiento forzado. Se identificaron hechos de violencia contra profesores, personal de salud y escenarios de reclutamiento forzado de menores de edad. Se concluye que el grupo armado consolidó su presencia en la región por medio del autoritarismo.

 

Palabras clave: Control territorial; Autoritarismo regional; Violencia contra servidores públicos; Reclutamiento forzado; Conflicto armado.

 

 

 

Regional Authoritarianism: Analysis of Violence Against Public Sectors and Forced Recruitment in the Colombian South

 

Abstract

 

This article exposes the territorial control exercised by the Revolutionary Armed Forces of Colombia - People's Army (FARC-EP) in the department of Guaviare and south of Meta, between 1990-2006. This study was carried out within the framework of the qualitative paradigm, with narrative biographical methodology, whose techniques were life history and in-depth interview, where 6 people from the region who were victims of forced displacement participated. Acts of violence against teachers, health personnel and scenes of forced recruitment of minors were identified. It is concluded that the armed group consolidated its presence in the region through authoritarianism.

 

Keywords: Territorial control; Regional authoritarianism; Violence against public servants; Forced recruitment; Armed conflict.

 

 

 

Autoritarismo regional: Análisis de la violencia contra servidores públicos y del reclutamiento forzado en el sur colombiano

 

Introducción

 

La investigación que aquí se expone, responde a la siguiente pregunta: ¿cómo fue el ejercicio de control territorial sobre la ciudadanía en esta región? El apartado presente, facilitará al lector algunas apreciaciones teóricas sobre el conflicto armado colombiano, antecedentes de la región de estudio y elementos sobre la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (de ahora en adelante FARC-EP). Después de ello, el marco teórico abordará los conceptos clave identificados: violencia contra los sectores públicos de educación y salud, así como el reclutamiento forzado. El anterior, también tiene dentro de sí agregados sobre el control territorial.

El estudio abarca el conflicto armado colombiano, un fenómeno que determinó buena parte de las dinámicas sociales del país. No hay explicación unívoca sobre sus causas, desarrollo o impactos durante 60 años de confrontación bélica de baja intensidad. El Grupo de Memoria Histórica (2013), afirmó que se debió al problema agrario, el narcotráfico y, como han señalado otros autores, a la fragmentación del Estado (Bolívar, González y Vázquez, 2002).

Al ser un proceso histórico, su desarrollo está atravesado por numerosos eventos humanos, correlaciones de fuerzas y contradicciones, lo cual va agregando a lo largo del tiempo rostros y configuraciones particulares según su geografía social, política y económica. Para ejemplificar, el conflicto armado tiene sus antesalas en la violencia, guerra civil caracterizada por el control de las representaciones y burocracias en regiones centrales, como también las luchas sociales agrícolas alrededor de las tenencias de tierras de la frontera agraria, tensiones que se extendieron hasta el surgimiento de insurgencias en medio de una crisis de legitimidad del Estado producto del Frente Nacional, el inexistente monopolio de la fuerza y los eventos de la violencia. El resultado de dicha lógica condujo a la fragmentación (Bolívar, González y Vázquez, 2002). A lo largo del tiempo se van sumando nuevos grupos de intereses económicos y sociales contradictorios, se insertan los mercados ilegales y se conforman otras prácticas que originan la degradación política y la escalada militar del conflicto (Gonzáles, 1998, citado en Bello, 2005). Esta macro-conducta empujó a que los insurgentes, el Estado y el paramilitarismo consolidaran su influencia a nivel regional mediante modos de control social sobre la población, el territorio y su interacción según su valor económico-militar (Bello, 2005; Cancimance, 2013). Los grupos armados cambiaban así su repertorio en el tiempo y creaban amplias relaciones con la sociedad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). Así, no es extraño observar que un proceso de militarización de 60 años terminase actuando en contra de la ciudadanía inerme.

Como se ha expuesto, entender este fenómeno es atreverse a comprender lo que sucede en cada región, esto es, la particular forma de configuración bélica que dictará la clase de relaciones existentes entre actores armados y población civil, las economías que persisten y los impactos experimentados por la ciudadanía. En ese sentido, este escrito expone uno de esos numerosos intentos de comprensión en términos regionales, en dónde los departamentos del Meta en su zona sur y Guaviare, Colombia, son los escenarios de interés. Lo que empezó siendo una investigación que buscaba recopilar testimonios de víctimas de desplazamiento forzado, terminó siendo una revelación de estas particularidades regionales las cuales demandaron una ampliación del enfoque analítico que fuese más allá de los daños experimentados por los individuos. Así, la información pudo brindar mayores claridades alrededor del conflicto armado y, mediante un proceso inferencial, se llegó a la proposición de que estas experiencias estaban atravesadas por una forma de control territorial, cuyo liderazgo era ejercido por la guerrilla de las FARC-EP. Como se evidencia en una publicación anterior (Castillo, Gómez y Villar, 2022), dicho control se sostiene en dos pilares fundamentales que son las funciones asumidas y el control de las interacciones, de ellos se despliega todo un aparato de ejercicios. Lo que al final evidenció la militarización de la vida civil y ciertas formas autoritarias de dominio, encerraba también otras características que no habían sido abordadas en la publicación y que se traen hoy a colación: las interacciones con los sectores públicos, la mujer y la infancia.

La región de Guaviare y sur del Meta, ya ha tenido unas cuantas aproximaciones anteriores. Siguiendo lo dicho por Castillo, Gómez y Villar (2022) y recuperando las fuentes primarias, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) surgieron como autodefensa campesina cuando se acrecentó la violencia y la lucha agraria en la primera mitad del siglo XX. De raíz marxista-leninista, en su primer momento fueron el proyecto bélico revolucionario del Partido Comunista de Colombia. Cuando se reorganiza y adopta estrategias ofensivas, expandió su rango de influencia en zonas con conflictos por la tierra, con baja incidencia estatal, de reciente colonización y con alto cultivo de coca. Para 1982, adopta la estrategia de la toma del poder, aumentando su hostilidad y su músculo financiero-logístico, hecho que modificó el tipo de nexo con la sociedad civil (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). Así, la región del Guaviare y el sur del Meta entre 1990 y 2006, fue un contexto donde este actor tuvo protagonismo junto a las incursiones paramilitares de las AUC y un Estado que buscaba el copamiento militar o se constituía como subsidiario de algún grupo de poder particular. En virtud de esta caracterización, es necesario aclarar que aquí se habla de las FARC-EP antes de su desmovilización en 2016, no hay ninguna mención sobre las disidencias actuales como lo son la Segunda Marquetalia o el Estado Mayor Central.

El espacio mencionado era de reciente colonización, persistía la ausencia estatal y contenía dentro de sí los cultivos de coca más importantes del país (Castillo et al, 2022). Por ello, fue considerado por la guerrilla como un frente de retaguardia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014; García, 1995), irremplazable militarmente e importantísimo financieramente. En medio de la agudización del conflicto para estas fechas, con sus respectivos atropellos al inerme y las disputas por el territorio, surgió la duda principal para el equipo de investigación respecto a las relaciones guerrilleras con la población civil aquí: ¿cómo fue el ejercicio de control territorial sobre la ciudadanía en esta región?

El estudio tiene una pertinencia que obedece al poco conocimiento sobre esta región y los imperativos de verdad resguardados en la postura del equipo de investigación, que confía en las promesas del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP y sus efectos positivos para la construcción de una verdad que integre las voces silenciadas de múltiples masas humanas en las regiones de conflicto. Si bien el panorama actual del anterior no es nada alentador, de hecho, cada vez se vuelve más aceptada y global la opinión de que fracasó en los últimos 6 años en su implementación (Gutiérrez, 2020), renegar de la efectividad de estos esfuerzos de conocimiento resulta absurdo.

 

Marco teórico

 

Control territorial

El control territorial es una serie de estrategias para dominar zonas del país para la expansión militar (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016; Grupo de Memoria Histórica, 2013). Los actores emprendieron acciones contra la autoridad imperante y crearon una nueva con su respectivo orden interactivo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). Tal proceso no es homogéneo, depende de las relaciones del grupo armado con la población y el interés particular sobre la región. Desde la academia, ha logrado entenderse una característica fundamental de estos escenarios: 

 

En la acción paraestatal de estos grupos es todavía más crucial la necesidad de demostrar esa ausencia de límites en la ejecución de acciones crueles, ya que no se dispone de otros documentos o insignias que designen quién detenta la autoridad jurisdiccional. Por un lado, la truculencia es la única garantía del control sobre territorios y cuerpos, y de los cuerpos como territorios, y, por otro, la pedagogía de la crueldad es la estrategia de reproducción del sistema. (Segato, 2016, citado en Díaz, 2019, p. 82)

 

En ese sentido, no es extraño que se restrinja la movilidad, que se vigilan ingresos, salidas y que se elaboren castigos sobre conductas fuera del parámetro del grupo, el cual puede imponerse con manuales que avalan o prohíben interacciones que incomoden la autoridad, influyendo así en la moralidad (Cancimance, 2017; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2019).

 

Violencia contra servidores públicos

Una de las formas manifiestas de violencia contra servidores públicos constituye aquella realizada sobre los maestros en Colombia que vulnera los derechos de los NNA, ultraja los espacios escolares por la concentración armada y derruye la actividad docente cotidiana por los daños personales sobre los profesores (Páez, 2017). Dado que su rol tiene significatividad y trasciende de la deteriorada infraestructura del aula en zonas rurales, asume liderazgos e influye en el desarrollo comunitario y social del estudiante. Tal misión se tacha de objetivo militar por las agrupaciones armadas, que acuden al hostigamiento, la intimidación o el homicidio para desestructurar el tejido en formación. Cosas como la educación sexual o la música, eran repudiadas porque atentaron contra las costumbres de trata de niñas o el reclutamiento de niños ya habituados al arte y la paz (Chávez et al, 2016; López et al, 2014; Páez, 2017; 2018).

En un contexto de censura y violencia, el maestro encarna el quiebre del poder exclusivo del actor armado con su práctica orientada al fortalecimiento de la soberanía social y, por ello, es perseguido política y militarmente (Páez, 2018). El resultado de esto es la deserción estudiantil, el abandono del cargo o el desplazamiento, pues las conductas preventivas ahogan el rol docente, cuyos raptos, muertes o desapariciones se normalizan (Chávez et al, 2016; Páez, 2018; López et al, 2014).

En este mismo orden de ideas, las misiones médicas también han sido violentadas por todos los actores armados. En disputa territorial, los funcionarios de la salud son vulnerados al ser un objetivo de interés del cual se dispone personal capacitado para la atención de heridos por enfrentamientos. En este marco, se incumple el Derecho Internacional Humanitario (D.I.H.) sobre el ingreso de armas, el uso del centro de salud para la guerra, el asesinato selectivo, el desplazamiento de funcionarios y el control de la prestación del servicio. A la vez, se restringe la movilidad, se vigilan los quehaceres extramurales y se controlan sus interacciones (Garcés et al., 2020; Palacios, 2006; Urrego, 2015). Este contexto atenta la ética profesional al convertir la misión médica en algo riesgoso para sí mismo, derruye la universalidad sin discriminación ideológica y criminaliza al personal como simpatizante de uno u otro combatiente al atenderlo (Urrego y Quintero, 2015; Laverde, López y Ochoa, 2004).

 

Reclutamiento forzado

El Grupo de Memoria Histórica (2013) plantea que “el reclutamiento ilícito constituye un delito en el que los actores armados, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, reclutan civiles menores de dieciocho años obligándolos a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas.” (p. 84). El fenómeno retrata un juvenicidio histórico que utilizó con fines bélicos la vulnerabilidad juvenil en contextos de pobreza, exclusión y disfuncionalidad familiar, lo cual terminó por sintetizar los proyectos de vida truncados con la violencia (Castellanos, 2013; Díaz, 2019). Esta práctica la cometieron todos los actores armados, quienes aprovecharon la marginalidad afectiva, material y psicosocial para el reclutamiento y la forja de sujetos descartables. Lo que surge es una identidad producida por la militarización de la vida civil dado que la violencia, la dominación y la guerra se aprenden y respetan en tanto forma de vida por gratificaciones como la pertenencia, seguridad y salarios (Castellanos, 2013; Castillo et al, 2022; Díaz, 2019; Montoya, 2008).

En el marco descrito, la violencia y la disciplina comienzan a tramitarse como un aprendizaje que, a lo largo del tiempo, es interiorizado. Así pues, el reclutamiento configura: “un ejercicio del poder soberano, tanto fáctico como simbólico, un régimen vertical e impositivo donde silencio y obediencia se configuran en dispositivos que organizan eficazmente las relaciones y el orden de la vida militar" (Díaz, 2019, p.81). Según el CNMH (2017), se usa para aumentar las filas de combatientes y acrecentar el control o expansión en zonas de disputa. Por ende, el infante es deshumanizado a un instrumento bélico.

 

 

 

Metodología

 

Este es un estudio de paradigma cualitativo que sigue el proceso de Rodríguez, Gil y García (1999) con sus respectivas fases preparatoria, trabajo de campo, análisis e información. Enmarcado en la historia oral y siendo un estudio regional, el enfoque metodológico fue el biográfico dentro del cual se aplicaron las historias de vida, método coherente con la naturaleza del tema de investigación: la experiencia intersubjetiva resguardada en la memoria y atravesada por escenarios de miedo, humillación, ira o desesperanza en víctimas de desplazamiento forzado. De esta forma, la historia de vida se constituye como un puente para comunicar el pasado codificado mediante el diálogo y la expresión de sus participantes, reconstruido analíticamente según su contexto (Puyana y Barreto, 1994). Así pues, se seleccionaron víctimas que residen en San José del Guaviare, bajo criterios de rigurosidad como la credibilidad, la validez, la confirmabilidad y la relevancia. Claramente, con el consentimiento informado y la confidencialidad presentes como requisitos éticos (Noreña et al, 2012).

En la fase preparatoria, el equipo de investigación optó por desarrollar un estado del arte sobre el conflicto armado y, particularmente, el desplazamiento forzado; del cual se infirió que una forma correcta para captar con profundidad las experiencias de estas víctimas era mediante la tríada temporal del antes, durante y después del desplazamiento. Posteriormente, se establecieron los objetivos de estudio, se buscaron potenciales participantes y se diseñó la metodología. Para la fase de trabajo de campo, se realizaron las entrevistas con los actores clave, pero a raíz del confinamiento por Covid-19 nos vimos obligados a optar por medios virtuales. En esta experiencia, se puede confirmar que con las condiciones adecuadas no es un medio que interfiera con los estudios. Sin embargo, cuando la cuarentena llegó a su fin, en interacciones cara a cara dentro de la región se validaron los análisis, se corrigieron y agregaron detalles nuevos en un nuevo lote de encuentros. Para la fase analítica, se organizó la información mediante el software de investigación Atlas.Ti versión 9. Las entrevistas fueron nombradas según las características del participante, su información fue codificada y, posteriormente, categorizada en los principales hallazgos. Ya, para la etapa informativa, se procedió a la validación y publicación de resultados.

 

Hallazgos y discusión

 

Sectores públicos bajo fuego

El título aquí presentado, busca exponer los numerosos hallazgos alrededor del repertorio de violencias ejecutadas en contra de servidores públicos en la región. Así pues, es correcto afirmar que las FARC-EP eliminaron diferentes tipos de personas con reconocimiento social en su zona de dominio e, incluso, asesinaron representantes de la comunidad y un presidente de la Junta de Acción Comunal en la vereda Las Colinas. Para el caso de un docente, quien relataba el asesinato del líder en cuestión y el rapto de otros sujetos importantes, la guerrilla mencionada procedió a hostigar a la docencia después del homicidio entre 2006 y 2007. La autonomía social, que surge con estos liderazgos políticos (JAC o docentes), debe dispersarse y crear ausencia de referentes sociales. En palabras del profesor:

 

Y entre esos, había rumores de amenazas hacia los maestros también y nosotros, pues, en medio de esa incertidumbre nos tocó también (irnos) y, pues, cuando se llegó acá el pueblo se confirmaron esas amenazas de acuerdo con las investigaciones que hicieron las autoridades. Así fue nuestro percance de todo esto. (Entrevista Profesor, 2 de agosto de 2020)

 

Con lo dicho, resultó necesario profundizar en las labores de este docente de la vereda Las Colinas para observar si dicha actividad era el motivo por el cual sufría tal persecución. Entre ellas, se contemplaba la integración social mediante el juego, la actividad pedagógica, el internado y proyectos agropecuarios de postprimaria. En ese sentido, el marco teórico proporciona la posibilidad de interpretarlo como un tipo de agencia que las FARC-EP buscaron neutralizar. Dada la inseguridad, había un comité para vigilar y tramitar los casos de estos funcionarios. Sin embargo, los procesos dependían del secretario de educación quien incurrió en negligencia trasladando a zonas con presencia del mismo actor armado o amenazando con despidos. Siguiendo este hilo narrativo, emergió una sistemática revictimización relacionada con la corrupción y el control de cargos en la región. Según el docente:  

 

Pero al hombre le faltó solidaridad, colaboración. Porque cuando en ese tiempo había un comité que estudiaba los casos de docentes amenazados, dieron el concepto favorable a mí y al man no le importó nada de eso, que tenía que irme para Calamar (Guaviare). (Entrevista Profesor, 2 de agosto de 2020)

 

Calamar, otro municipio del departamento del Guaviare, era una zona que pertenecía a las fronteras de control guerrillero para estas fechas. Así pues, el traslado implicaba reubicar al docente en un escenario donde sus victimarios podían materializar las amenazas contra su vida y, además, abandonar al sujeto a su suerte en un contexto sin protección institucional. Lo anterior, condujo a una lucha judicial mediante la imposición de tutela,^[1] la cual demoró entre uno a dos años donde, en primera instancia, estuvo a favor suyo, pero en segunda los demandados lograron devolver el proceso y zanjarlo. El contexto descrito, expone la destrucción del buen funcionamiento de las instituciones, enseña que el abandono institucional no se presenta solo cuando no hay presencia del Estado, sino cuando este se niega a desempeñar sus funciones correctamente. Acudiendo al testimonio del profesor:

 

El tema de todo esto es que hay compañeros que han sufrido el mismo percance y la secretaría ha tenido la misma actitud. Incluso, compañeros que les ha tocado renunciar o irse obligados por allá a lugares donde no quieren. Gracias a Dios, no les ha pasado nada, porque si no eso se meten en un problema. En una ocasión le pasó algo a un compañero y la secretaría estuvo demandada y todo por no hacer caso a las cosas. Algo irremediable. (Entrevista Profesor, 2 de agosto de 2020)

 

Lo anterior, permite inferir que la regulación interactiva generó escenarios donde la ciudadanía quedó bajo fuego (Castillo, Gómez y Villar, 2022). Para el caso presente, resultado del asesinato selectivo y desplazamiento de profesores, la educación rural es atacada (Galvis, 2021). Además, para empeorar el estado de cosas descrito, la negligencia institucional por corrupción terminó por profundizar la zozobra, los daños y el quebrantamiento temporal de redes familiares.

Por otra parte, la situación identificada del sector de salud tampoco alivió las impresiones. Dado que Guaviare era zona en disputa territorial entre el paramilitarismo, el Estado y las FARC-EP, la hostilidad se agudizó. En este marco, el grupo subversivo buscó controlar al personal de salud mediante hostigamientos sobre los funcionarios del Hospital de Miraflores. Según el testimonio de un sujeto desvinculado de dicha institución, entre los años de 1999 y 2000 la violencia en contra de la misión médica recrudeció: “Pues en caso de que hubiera algún enfrentamiento nosotros teníamos una especie de trinchera. Pero como le digo, ellos no respetaban la misión médica, no hacíamos nada sino, pues, prácticamente obedecer y trabajar, metidos en el hospital.” (Entrevista Ex Miembro del personal Administrativo del Hospital de Miraflores, 3 de agosto de 2020).

En virtud del contexto mencionado con anterioridad, surge una normalización de la violencia. Esta configura, poco a poco, la interacción social cotidiana y la obediencia para habitar el territorio, acto que oculta la inconformidad de los sujetos (Cancimance, 2017). Tampoco es que la labor se interrumpiera totalmente, era más bien intermitente y poco predecible: “Pues, eso sí, ellos dejaban ahí obviamente trabajar para atender a la población, pero si ellos decían que necesitaban algún funcionario de salud pues sencillamente iban por él y no podía decir uno nada.” (Entrevista Ex Miembro del personal Administrativo del Hospital de Miraflores, 3 de agosto de 2020).

Siguiendo este hilo, la inseguridad es un recurso para disponer del personal, acto que demanda mecanismos arbitrarios. Conforme se desarrolla dicha lógica, el grupo armado llegó a órdenes obligatorias y a cometer homicidios:

 

Cuando ellos se ponían a hacer enfrentamientos nosotros nos quedábamos; había orden de mantenernos en el hospital. La situación más compleja que yo viví fue cuando se llevaron a la enfermera que ellos dijeron que la necesitaban para un procedimiento de ellos. Y entraron al hospital y todos sabíamos que había la sospecha que se la llevaban y que después la podían agredir. Y no pudimos hacer nada, a ella la sacaron y la montaron y pues dicen que al ratico la fusilaron. Pues hay un comentario que decía que era un estudiante del Sena, que era un informante, que no sé qué, y yo ahí pues qué… Pero no, no valió de nada. (Entrevista Ex Miembro del personal Administrativo del Hospital de Miraflores, 3 de agosto de 2020)

 

Observando los testimonios, es posible encontrar una lógica torcida detrás de las acciones bélicas contra la población civil. La susodicha, consiste en que la amenaza precede al crimen para justificarlo y asegurar su impunidad. Esta lógica, no puede funcionar sin la presencia de la inoperancia institucional, la cual es un abandono que apuntala la desprotección del sector público. Al poder disponer la cotidianidad, la prestación del servicio de salud tenía que resolverse de inmediato, así fuera extra institucional. En palabras del sujeto: “Pues, obviamente cada vez que ellos necesitaban el servicio del hospital mandaban a pedir a alguien, que de pronto una curación, vacunación, medicamentos, lo que ellos… y eso era una orden.” (Entrevista Ex Miembro del personal Administrativo del Hospital de Miraflores, 3 de agosto de 2020).

Con la yuxtaposición de todas las acciones expuestas del actor armado, los servidores pasaron a convertirse en instrumento, pero también en agente riesgoso, pues la vigilancia, las amenazas y el hostigamiento sobre las interacciones buscaba legitimar la autoridad frente a otras. La representación de un enemigo potencial que puede ser recurso para otro contendiente, es una racionalidad aplicada por todos que se refleja en el eufemismo del daño colateral (Grupo de Memoria Histórica, 2013).

Retomando los testimonios, Las FARC-EP emprendieron ejercicios arbitrarios contra los funcionarios a raíz de las disputas, confinando al personal y dirigiendo la atención a sus heridos: “Sí, claro. Más de una vez nos dejaban encerrados en el hospital, hasta semanas. Nos llevaban la comida y entonces, sí, claro. Por ahí una semana, dos semanas, tres semanas. Y hasta que daban la orden de salida.” (Entrevista Ex Miembro del personal Administrativo del Hospital de Miraflores, 3 de agosto de 2020).

A pesar de que la misión médica se encuentra cobijada por el Derecho Internacional Humanitario, especialmente en zonas de constantes confrontaciones armadas, las FARC-EP cometieron infracciones contra el personal de salud del Hospital de Miraflores por estricto motivo de estigmatización y recelo. Según la persona entrevistada:

 

Sí, pues lo que pasa es que esta gente no respetaba absolutamente a nadie. No respeta a nadie, no le importa de qué sector sea. Si es del sector salud o de medicina ellos atacan o intimidan a quien no consideren de sus afectos. (Entrevista Ex Miembro del personal Administrativo del Hospital de Miraflores, 3 de agosto de 2020).

 

Al balancear la información del apartado actual, es posible afirmar que en el conflicto social armado los diversos actores consideraron a la población civil como una prolongación del enemigo (Grupo de Memoria Histórica, 2013). Para ello, dispusieron de espacios condicionados cuya función era servir como centro de reclusión y calabozos. Según el funcionario de salud: “Pues, como le digo, el hecho de la enfermera y una oportunidad en que se llevaron por allá a dos enfermeras a un calabozo (...) diciendo que era por seguridad, pero no nos decían nada”. (Entrevista Ex Miembro del personal Administrativo del Hospital de Miraflores, 3 de agosto de 2020). Este continuum de hechos son premeditados, pero el estigma de colaborador del enemigo funciona para forzar su aceptación.

La experiencia del administrativo desvinculado del hospital, culminó con el asesinato de la enfermera, hecho que incrementó la zozobra. Este antecedente motivó el desplazamiento del funcionario en una avioneta hacia San José del Guaviare, dado que puso en marcha una serie de denuncias por el homicidio. Cuando se encuentra en el casco urbano, sujetos desconocidos terminan comunicándose con él, explicitando una amenaza en contra de su vida si regresa al municipio de Miraflores. Este hecho en particular, ayuda a discutir que el violentar a un funcionario con relevancia administrativa y no al personal de primera línea, responde al interés particular de las FARC-EP por desarticular las conexiones con el Estado que tenía la planta de salud. Acorde a esto, el Grupo de Memoria Histórica (2013) plantea que “las FARC desarrollaron una estrategia basada en amenazas, intimidaciones y vetos contra funcionarios públicos del orden nacional, regional y local, para generar una ausencia total de las autoridades estatales en la región” (pp.166-167).

Retomando el marco teórico para contrastarlo con los hallazgos e interpretaciones anteriores, las contribuciones sobre la violencia contra servidores públicos como lo son maestros y misiones médicas, coinciden con los hechos identificados en la región de estudio. Por un lado, el carácter genuinamente político e independiente que adquiere la labor docente en la construcción de tejidos sociales autosuficientes y autónomos, representa para una estructura vertical de poder como las guerrillas de las FARC-EP, un obstáculo para la constitución completa de su zona de influencia. Para agregar, está enmarcado en la degradación del conflicto, producida por las disputas territoriales de la zona en el lapso de estudio, fenómeno que incrementó el abuso en tanto práctica sistemática de control. Por otro lado, la situación identificada del sector salud, demuestra que sus importancias técnicas y estratégicas en un entorno militarizado y sin protección institucional efectiva como el tratado en este párrafo, deriva en la instrumentalización de sus integrantes e irrespeto a su dignidad personal y profesional.

 

Reclutamiento Forzado

Las FARC-EP sobre 1996 modificaron sus estrategias para estar a la altura del conflicto y entre ellas estaba el incremento del reclutamiento forzado en cada frente. Así, en los territorios podrían mejorar su capacidad de combate (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). En Guaviare, este hecho previo comenzó a reflejarse a nivel local:

 

Yo llegué allá en el dos mil, en el dos mil llegué allá y en ese lugar, en dos mil, empezó la guerrilla a frecuentar la casa porque yo tenía una hija de trece, doce o trece años. Entonces me la querían quitar. Desde ahí empezó el calvario. Duraron unos ocho meses. No, como unos seis meses y, de ahí, pues tuve que sacar a la china de allá para llevarla a Medellín. Allá la dejé y yo regresé a seguir trabajando, pero ya, pues, habían muchas amenazas. (Entrevista Ex Promotora de salud, 20 de agosto de 2020)

 

El suceso anterior, fue descrito por una promotora de salud del año 2000. Su profesión consistía en la prestación básica del servicio en zonas rurales, las cuales no contaban con la infraestructura indicada salvo un centro para llevar a cabo algunas tareas relacionadas del servicio de salud. Para la región y la época en cuestión, era común que algunos miembros del personal tuvieran su residencia permanentemente en las veredas del departamento, conviviendo allí con una red establecida de vecinos, actividades económicas de larga data y unidades familiares consolidadas. En ese sentido, la aparición del proceso de reclutamiento resultó siendo un estímulo grave que quebrantó la vida constituida hasta el momento. Según el relato, las FARC-EP llevaron a cabo un procedimiento de acercamiento e influencia sobre los menores que, simultáneamente, era rechazado por las familias. Por ello, el grupo amenazaba con el fin de desarticular el núcleo familiar. Como respuesta al cuestionamiento del mandato de las FARC-EP, la guerrilla reafirmó su autoridad mediante acciones violentas. Así lo narraba la persona entrevistada:

 

Eso duró un año. Yo tomé la decisión de venirme porque una amiga me dijo que tenían cuatro personas en lista para matar y, que en esas cuatro, estaba yo. Y, eso fue porque yo no había dejado, porque yo no me había dejado quitar la hija, porque no la había entregado. Prácticamente, porque yo había preferido sacarla de allá y no entregarla y que ya eran cuatro los que estaban en lista y ya habían matado a dos. (Entrevista Ex Promotora de Salud, 20 de agosto de 2020).

 

Para empeorar la situación, otro mecanismo empleado era el de propiciar momentos en donde el infante se encontraba solo y sin ningún tipo de cuidador. Tales lapsos eran utilizados para generar lazos de confianza e insistir al menor en la vinculación con el grupo armado, derivando en actos de manipulación. La participante comentaba cómo el carácter voluntario de la vinculación es un sofisma:

 

No, eso nadie se negaba porque siempre los convencían, siempre los convencen. Yo tuve muchos enfrentamientos con un comandante, yo nunca le supe el nombre, pero (era) el que estaba mandando cuando se querían llevar a la china. Yo sí le dije un día: “no voy a entregarle mi hija a ningún hijueputa que no me haya ayudado con una panela. Y tengo cuatro hijos, ninguno de mis cuatro hijos voy a entregarlos y no los dejo llevar”. Ese señor, mejor dicho. Y, pues, ya si a raíz de eso me matan, tampoco los entregué. (Entrevista Ex Promotora de Salud, 20 de agosto de 2020).

 

Resultó impactante todo el procedimiento de acercamiento con el infante, de modo que fue necesario profundizar en el modo en que tal hecho funcionaba. En ese sentido, para motivar el ingreso a sus filas, se presentan estímulos como los de evitar las obligaciones o alejarse de la autoridad del núcleo familiar:

 

¿Ya era sabido que la tenían amenazada con llevarse a los niños? Sí, claro. Pero vea, no se los llevan a las malas. Es más como que una persona les diga, los persuada muy bien y los chinos digan: “sí, me voy”, porque les lavan el cerebro con muchas cosas, que allá es bueno, que allá no tienen quién los regañe, que no está la mamá que los prohibe, muchas cosas. Cuando yo me iba a trabajar, porque salía todos los días a hacer visitas en las casas, ahí llegaba el tipo a ofrecerle de todo a la china. Usted sabe que cuando uno está pequeño lo emboban con un dulce. Entonces ahí está el gallo. (Entrevista Ex Promotora de Salud, 20 de agosto de 2020).

 

Con lo hallado hasta el momento, se tuvo la obligación de contrastar estos procedimientos de enganche con contribuciones teóricas hasta el momento. Tal parece, que es una práctica sistemática. El presentar al grupo guerrillero como un espacio de libertad, implica el ocultamiento de conductas y patrones que conforman la disciplina guerrillera impartida en todos los frentes (Aguilera, 2013). A raíz de las amenazas y el hostigamiento, la participante tendió a silenciarse y a ocultarse para preservar su seguridad. La oposición implicaba castigos como la muerte. En sus palabras:

 

¿Fueron seis u ocho meses hasta que tomó la decisión de llevarse a su hija a Medellín? Sí, como unos seis meses, entonces yo miré que la situación se estaba tornando muy desesperante y me la llevé y la dejé por allá y volví, a trabajar en Puerto Nare, pero yo no les dije que la había llevado a Medellín, les conté que la había dejado en San José. ¿Se vio obligada a mentirles? Claro, tocaba. (Entrevista Ex Promotora de Salud, 20 de agosto de 2020).

 

Con este preámbulo, fue posible identificar que la conducta subalterna y precavida se transformó en mecanismo para sobrevivir en contextos represivos, de forma que la ciudadanía consigue modos mediante los cuales intenta mantener control sobre sus esferas sociales más vitales. A la resistencia se le responde con mayor violencia, recurriendo a métodos aterrorizantes que impactan por su inminencia. Así es como se administra la violencia para desarticular la oposición o eliminarla por completo:  

 

Una vez, a la niña me la iban a quitar cuando estábamos allá y a las cuatro de la tarde se la llevaban y una amiga me dijo que me iban a matar. Ella me dijo: “a las cuatro vienen por ella” y faltaba un cuarto. Esa noche, mejor dicho, casi que amarré a la niña y no la dejé salir. Y yo me les fui para allá, eso eran como las once de la noche y los traté mal, les dije que salieran y me llevaran a mí, que salieran, fueran hombres, sean machos, eso les decía puras groserías horribles. Y nunca salieron, pero entonces, en estos hechos es que empieza la persecución contra mí, porque yo a los dos días que sucedió eso, me vine y me traje a la niña. Pudieron haberme matado ese día. (Entrevista Ex Promotora de Salud, 20 de agosto de 2020).

 

Recogiendo lo anterior, es posible afirmar que el choque de intereses, donde la participante se opone y el grupo armado reacciona arbitrariamente, también comienza a ser entendido como una forma de violencia contra la libertad, en tanto que se castiga el disenso contra la instrumentalización civil. Si en Arendt (2016a; 2016b; 2019) la política exige el ejercicio de la libertad, pues consiste en vivir entre-los-hombres y en la vinculación dentro del tejido social, el control y la represión niegan la capacidad de ser persona y del diálogo. Somete a la población a fuerzas sociales más grandes que la instrumentalizan.

En ese sentido, la fragmentación social del territorio mediante estos actos propicia casos de reclutamiento, pues es más fácil para el actor armado acercarse a infantes desprotegidos. En las cercanías del Río Siare, en el sur del Meta y colindando con Vichada, se denota la misma estrategia invasiva y cosificadora que vendría a vivir una madre campesina:

 

Nos tocó salir de allá (...) como dicen: sin plumas y cacareando, porque ya nos obligaban a ir a reuniones, a presionar, ya empezaban a llegar a visitarlo a uno a ver cómo estaban de grandes los niños y todo eso. Entonces, eso se volvió un caos, un caos total, nos tocó abandonar todo. (Entrevista Campesina Doblemente Desplazada, 11 de agosto de 2020).

 

Continuando, esta participante evidencia como el control sobre la movilidad encierra lo que Cancimance (2017) identificó como el intento por mantener un censo poblacional de las edades de los menores, la asignación de tareas por vereda, conocer la filiación familiar de cada persona y vigilar tanto la entrada como la salida de personas: 

 

Iban bajando con toda esa cantidad de guerrilleros, porque iban a hacer la recogida de los niños, de los que les sirvieran. Tenían el retén, las voladoras,^[2] todos tenían que parar; registrarse ahí, bajaban la gente, tenían que registrar todo. Nosotros ese día no queríamos que fueran a parar la voladora, porque la mayoría eran niños que venían escapando de esa gente. Imagínese, no iban a imaginar que esos niños se venían escapando de ellos. Gracias a Dios que la voladora no la pararon. Yo no sé, no la abrieron, pero ahí estaba el retén. Fue como un milagro que no bajaran los niños. No vieron nada. (Campesina Doblemente Desplazada, 11 de agosto de 2020).

 

Mientras tanto, en San Marito, zona cercana al río Guayabero en el departamento del Guaviare, la misma mujer entrevistada narra otro acontecimiento de alta relevancia que enseña algunas características del reclutamiento forzado y sus implicaciones. La magnitud adquirida por aquella intervención guerrillera acabó por asolar la susodicha, mostrándose como una forma para diezmar la población civil. En contexto, la misma mujer relató cómo, años después de su primer desplazamiento y en un intento de retornar al campo, tuvo conocimiento de una operación guerrillera que buscaba “llevarse” a buena parte de los menores de edad en la localidad. En sus palabras:

 

Estando allá, cuando el muchacho interceptó esa llamada, teníamos como una semana. Él dijo: “esto no es cosa buena, están hablando en clave y debe ser la guerrilla”. Y preciso, a nosotros nos agarró ese miedo, esa vaina. “¿pero por qué van a decir esas cosas así? ¿es que de verdad van a recoger?”. “No”, dijo el muchacho “que eso tiene que ser que iban a recoger a los muchachos. Algo malo va a pasar”. Mandamos a los niños y al otro día nosotros madrugamos a venirnos, bien de mañana, como a las dos de la mañana en una canoa que salía. Y nosotros vimos las canoas llenas de guerrilla. Se miraba la cantidad de gente en eso, mucha gente. Y después llegó la razón. Habían recogido muchísimas personas, niños y de todo y se los habían llevado. (Entrevista Campesina Doblemente Desplazada, 11 de agosto de 2020).

 

Este contexto que toma a la población civil y a la infancia como recursos, también se extiende a la maternidad que termina siendo utilizada para el cuidado y la reproducción. Se constituye, así, a la mujer como objeto sexual para retroalimentar el control de territorios:

 

¿El mensaje en clave hacía referencia a los niños? Sí, los niños pequeños y que tocaban bien temprano en la mañana para que no se fueran a escapar. (...) ¿Se llevaron a alguien o algo más? Pues, las muchachas que tuvieran a un niño por ahí o dos, si miraban que podían, se las llevaban. (Ex Campesina Doblemente Desplazada, 11 de agosto de 2020).

 

Como se venía desarrollando en el apartado anterior de estos hallazgos, la instrumentalización es un fenómeno que va tomando fuerza a lo largo de estas experiencias permeadas por el belicismo y el abuso de poder de la guerrilla en particular. Partiendo desde el marco teórico, la conformación del otro (maestro, personal de salud, mujeres, niños) según su utilidad bélica, penetra en la totalidad de las esferas de estas personas y perturba su funcionamiento, muta sus conductas, quebranta redes vecinales y comunitarias, dispersa al ser humano y lo arroja en el acto de desplazamiento como último modo de conservación de la vida a un estado de desarraigo y extranjería en la tierra propia.

 

Conclusiones

 

El control territorial ejercido por parte de las FARC-EP se traduce en autoritarismo a escala regional, cuyos repertorios de violencia van desde la estigmatización y la militarización de la vida cotidiana hasta el asesinato o desplazamiento forzado de opositores. Tal ejercicio desmesurado del poder, no se da por sí solo, lo acompaña previamente la disfuncionalidad estatal, sea por condiciones de inseguridad o por la corruptela negligente que atraviesa la institucionalidad en la zona. La instrumentalización, presente en las vivencias del personal de salud y las madres que resistieron y huyeron del reclutamiento forzado, no está exenta de ese autoritarismo y se caracteriza por considerar a la persona como un objeto.

La violencia contra profesores tiene carácter político, pues el rechazo hacia un liderazgo que fortalece la capacidad de decisión, en tanto competencia contra la autoridad, es reprimida autoritariamente. La dispersión política allana el camino al dominio. El abandono institucional desgasta la autonomía, pues la relación ciudadano-Estado se fragmenta dando paso al dominio de territorios y poblaciones por terceros. En esto se incluye la negligencia e inoperatividad por corrupción o acceso limitado. El personal de salud fue instrumentalizado y la autoridad se legitimó administrando la violencia para lograr, así, una obediencia. En esto, se incluye la representación irreal del personal como recurso y como agente riesgoso. Nunca se buscó su eliminación, sino su lealtad y funcionalidad.

En respuesta a la pregunta, el control territorial se dio de manera violenta por parte del grupo armado contra la población civil. Visto de otra forma, estuvo permeado por la deshumanización prolongada, lo que era insumo necesario para suplir los objetivos militares del momento.

Hablando de novedades teóricas, partiendo de la muestra documental consultada, es posible enriquecer el análisis sobre la situación regional de Guaviare y sur del Meta, así como de los distintos fenómenos acaecidos en el marco del control territorial de las FARC-EP. Primero, que la crueldad, la regulación invasiva de la vida civil, la violencia contra profesores, el abuso de la misión médica y la deshumanización de menores reclutados, ejercidos por esa guerrilla se presentaron en la zona y, además, esconden dispositivos sutiles comúnmente obviados. Dichos dispositivos, están acompañados por la fuerte represión política contra autoridades alternativas, la instrumentalización estigmatizante, juvenicida y patriarcal de diferentes poblaciones: personal de salud, menores de edad y mujeres.

Siguiendo las recomendaciones de los sujetos entrevistados, para futuros estudios es necesario hacer mayor hincapié en la irrupción del paramilitarismo dentro de la región en el lapso de tiempo estudiado, para no faltar a la verdad y traer al panorama discursivo los efectos que tuvieron dentro de la población civil las influencias paramilitares. Con esta salvedad, se espera que el conocimiento aquí escrito funcione para la puesta en marcha de los procesos que sean necesarios, académicos, sociales o institucionales, que de una u otra forma dignifican a las víctimas.

Finalmente, el equipo confía que en el futuro surgirán esfuerzos científicos más serios y sesudos, dispuestos a profundizar los problemas regionales abordados en el escrito presente. Se aspira a que la contribución presente sea útil para la frontera del conocimiento actual, en tanto que proporciona una caracterización más o menos detallada del modo mediante el cual las FARC-EP ejecutaron sus acciones, consolidaron su dominio y afectaron a la población civil con relaciones verticales en las poblaciones descritas en el marco teórico. A su vez, los abandonos por negligencia o limitación institucional aquí identificados son factores de riesgo que pueden profundizar las arremetidas bélicas en contra de la sociedad civil. En ese sentido, queda evidenciada la necesidad de edificar instituciones lo suficientemente fuertes y eficientes para responder oportunamente a las demandas de estas poblaciones en particular.

 

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Recibido: 08/04/2023

Evaluado: 14/08/2023

Versión Final: 29/08/2023