Activismo jurídico-legal, tribunales de opinión y exilios. La circulación transnacional de la narrativa de la “masacre” argentina (1971-1980)

 

Silvina Jensen(*)

 

ARK CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24690732/ksff57akf

 

Resumen

 

Este artículo intenta reconstruir un conjunto de relaciones transatlánticas específicas y cambiantes que comenzaron a tejerse a principios de la década de 1970 entre actores transnacionales que desde su experticia jurídico-legal, desde sus diversas localizaciones temporales o definitivas; pero también en sus desplazamientos voluntarios o forzosos, regionales e intercontinentales, hicieron posible la articulación, circulación y proyección de la narrativa de la “masacre” argentina en  los tribunales de opinión motorizados por Lelio Basso: el Tribunal Russell II (Roma-Bruselas-Roma, 1974-1976) y el Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión Argentina (Ginebra, 1980).

 

Palabras clave: Redes de solidaridad transnacional; Activismo jurídico legal; “Masacre” argentina; Exilios conosureños; Tribunales éticos o de opinión.

 

 

 

 

Legal activism, opinion tribunals and exile. The transnational circulation of the narrative of the Argentine "massacre (1971-1980)

 

Abstract

 

This article attempts to reconstruct a set of specific and changing transatlantic relations that began to be woven in the early 1970s between transnational actors who, from their legal expertise, from their various temporary or definitive locations, but also in their voluntary or forced, regional and intercontinental displacements, made possible the articulation, circulation and projection of the narrative of the Argentine "massacre" in the tribunals of opinion promoted by Lelio Basso: The Russell II Tribunal (Rome-Brussels-Rome, 1974-1976) and the Permanent Peoples' Tribunal, Argentina session (Geneva, 1980).

 

Keywords: Transnational solidarity networks; Legal activism; Argentinian "massacre"; Southern Cone exiles; Ethical or opinion-based tribunals.

 

 

 

Activismo jurídico-legal, tribunales de opinión y exilios. La circulación transnacional de la narrativa de la “masacre” argentina (1971-1980)

 

Introducción

 

Motivado por el desafío de quebrar la temporalidad clásica de la Historia nacional y preocupado por reponer agencias jurídico-legales transnacionales, prácticas concretas del activismo político exiliar y repertorios simbólicos de lucha en su circulación transatlántica y en sus conexiones regionales, este artículo se propone reconstruir una de las redes de solidaridad que hizo posible que en la segunda mitad de los años 1970, la denuncia de la naturaleza de la represión estatal que sufría la Argentina al menos desde inicios de esa década y que había alcanzado magnitudes inimaginadas ya hacia 1975, llegara a oíd os de una audiencia global desde su proyección en dos tribunales de opinión reunidos en las ciudades de Roma, Bruselas y Ginebra. Me refiero al Tribunal Russell II^[1] (1974-1976) y al Tribunal Permanente de los Pueblos^[2], que tras la muerte del senador italiano Lelio Basso y en su segunda sesión, condenó a la Junta militar que tomó el poder el 24 de marzo de 1976 por “violaciones sistemáticas” a “los derechos fundamentales de la persona humana” y a “los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo argentino”, tipificando como “genocidio” a la “masacre” de “opositores políticos” de los setenta.^[3]

Así como el filósofo Bertrand Russell logró, con apoyo de un movimiento internacional, impulsar la creación de un tribunal ético o de consciencia para juzgar la actuación criminal de los EEUU en la guerra de Vietnam (Estocolmo, 2-10 de mayo de 1967 y Copenhague, 21-30 de noviembre de 1967), una década después el senador socialista italiano Lelio Basso volvía a apelar a la “consciencia pública mundial” como “fundamento jurídico”, Pero lo hacía para investigar los “delitos contra los hombres y contra los pueblos” que estaban cometiendo las dictaduras militares que asolaban varios países de América Latina.^[4]

Estos tribunales de consciencia eran especies de comisiones de la verdad revestidas de ropaje jurídico. Para el filósofo Jean-Paul Sartre, su objetivo no era sustituir los “poderes legítimos” del ordenamiento internacional de posguerra (ONU), ni cuestionar la normativa que hizo posible la instalación del paradigma de los Derechos Humanos en la política interna e internacional tras la derrota de los fascismos. En todo caso y como señalaban algunos de sus promotores, los tribunales de consciencia de los setenta venían a cubrir un vacío y a responder a los reclamos de los “pueblos oprimidos” que denunciaban desde el Tercer Mundo^[5], la sistemática y generalizada vulneración de valores como la “paz, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos”. Valores que al menos desde los “Juicios de Nüremberg” regían la vida de las naciones en el mundo desarrollado (Senese, 2014, p. 22).

En diálogo con la producción historiográfica que viene revisando la historia del movimiento argentino por los Derechos Humanos, incluyendo el rol desempeñado por los abogados de presos políticos en el febril contexto de conflictividad social y radicalización política de fines de los sesenta y principios de los setenta (Eidelman, 2009; Vecchioli,2006; Solís (2014); Chama 2016; Scocco, 2021; Alonso, 2022), y recuperando también los trabajos que reconstruyen las características y transformaciones operadas en los repertorios de acción colectiva y en las narrativas de la denuncia en la resistencia exiliar durante el “Proceso de Reorganización Nacional” (Franco, 2008; Crenzel, 2008; Ollier, 2009; Carnovale, 2014; Copello, 2019; Confino 2020; Confino y González Tizón, 2022), este artículo pretende echar luz sobre las interacciones concretas y los contactos efectivos entre un conjunto de actores argentinos con trayectoria, experticia o militancia jurídico-legal en la arena pública internacional, que dieron forma y/o activaron en una red integrada por intelectuales de izquierda, militantes revolucionarios, familiares de víctimas radicados en el exterior y/o exiliados, pero también por perseguidos de las otras dictaduras del Cono Sur (residentes o no en la Argentina), por referentes de algunas de las primeras organizaciones no gubernamentales humanitarias europeas de perfil jurídico y/o defensoras de presos de consciencia^[6], y por ciertas figuras vinculadas a instituciones y agencias para la protección y promoción de los DDHH en la ONU, la OEA y los EEUU. Red que hizo posible en dos momentos diferentes –durante un gobierno democrático en el que se fueron angostando las libertades ciudadanas (1974-1976), y cuando la última dictadura militar revisaba la forma de relegitimarse interna e internacionalmente tras una etapa de represión superlativa ­(1980)­ –, proyectar la “cuestión argentina” en una arena de debate en la que la denuncia de las violaciones a los Derechos Humanos que derivaron en “masacre”, “exterminio” o “genocidio” en la Argentina y el conjunto del Cono Sur, no quedó limitada a la identificación de los “efectos” de la represión estatal (esto es la denuncia de las formas de violencia física o la identificación de “crímenes”, “víctimas” y “victimarios”); sino que apuntó a descubrir las causas “no ocasionales”. Esto es, las causas “vinculadas al sistema internacional” y al “modelo de dominación”: “opresión capitalista”, “imperialismo norteamericano”, “rol de las multinacionales”.^[7]

 

El espesor de la red transnacional que denunció la “masacre” argentina

 

A continuación, quiero responder a tres cuestiones que atraviesan la investigación:

1. ¿Cómo pienso esta red que operó denunciando la “masacre” argentina en esos escenarios pseudojurídicos^[8] de la arena pública global y que el escritor colombiano Gabriel García Márquez llamó “la ONU de los oprimidos”^[9]?;

2. ¿Cuál fue la espesura temporal de los vínculos interpersonales y de las interacciones institucionales transatlánticas que culminaron en sendas condenas internacionales a la Argentina en los tribunales reunidos en Roma (enero 1976) y Ginebra (mayo 1980)?

3. ¿Hasta dónde alcanzó la proyección de esta red de solidaridad que hizo posible conexiones a muy larga distancia entre actores que durante la década de 1970 fueron cambiando de localización (tanto de país como de continente), por mandato militante, por solidaridad, como consecuencia de la represión estatal en sus países de origen o residencia, por deber profesional y/o compromiso ideológico con la situación de refugiados, presos o familiares de víctimas de las dictaduras militares en el Cono Sur?

Como vimos, el trabajo apunta a reconstruir a lo largo de una década un conjunto de relaciones específicas y cambiantes entre actores transnacionales concretos que a un lado y al otro del Atlántico, en sus diversas localizaciones (Argentina y otros países del Cono Sur, Italia, Francia, Suiza o España), pero también en sus desplazamientos regionales y transoceánicos (en sentido norte-sur y sur-norte), hicieron posible la articulación, circulación y proyección de la narrativa de la “masacre” argentina en los tribunales de opinión motorizados por Lelio Basso.

En tal sentido, hacemos foco en las trayectorias de “individuos inusualmente cosmopolitas” (de Vries, 2019), esto es, aquellos que en algunos casos desde finales de los sesenta y principios de los setenta, habían hecho de la arena pública global – o algunas de sus organizaciones, en particular las de experticia jurídica o vinculadas a la protección de los DDHH – una aliada para proyectar causas locales, obtener solidaridad con las luchas revolucionarias, antiimperialistas y/o antidictatoriales, denunciar la persecución y represión de opositores políticos o hacer llamados urgentes para salvar vidas o conseguir la libertad de presos de consciencia. En este contexto, privilegiamos el análisis de las trayectorias de aquellos argentinos o nacionales de otros países del Cono Sur que, pasando a formar parte de las filas del exilio en los setenta, eligieron estos tribunales de opinión como arenas donde ventilar la “situación argentina”.

Sin embargo, asumiendo que una red no es una cosa estática ni algo prefabricado, sino una trama que se redefine, se refuerza o se debilita por la profundidad temporal, la frecuencia y/o la solidez de las conexiones interpersonales o interinstitucionales que posibilitan la circulación de repertorios de acción y discursivos ­– repertorios siempre cambiantes y afectados por la propia dinámica de la interconexión en contextos históricos (locales o globales) también diversos –; este trabajo entiende que no pocas de las agencias transnacionales jurídico-legales exitosas en la arena global durante la última dictadura, expresan recorridos internacionales previos a los golpes militares de la región y a sus propios destierros.

A nuestro juicio, estos procesos previos de acumulación de capital transnacional (dentro de una Argentina convertida desde principios de los setenta en país de acogida de exiliados; o fuera de ella, por tránsitos personales de índole intelectual, profesional o militante de mayor o menor duración), pueden darnos algunas claves para comprender la forma que asumió la temprana narrativa de la represión estatal que se proyectó en la esfera pública global a poco de producido el golpe de estado de marzo de 1976 en Argentina, incluyendo sus énfasis en: 1. denunciar la pseudojuricidad represiva del gobierno militar; 2. mostrar ciertas continuidades jurídico-legales y político-ideológicas entre los comportamientos estatales durante la Argentina de Videla, el gobierno democrático peronista que la precedió y la dictadura militar de la “Revolución Argentina”; y 3. Apelar a la situación de los refugiados conosureños en el país como forma de comprometer a la comunidad mundial, que no podía dar la espalda ante un “crimen internacional" en proceso. En este contexto, la reconstrucción de esta red de solidaridad tejida en torno a los tribunales de consciencia no sólo permite visualizar a los exiliados como actores políticos transnacionales de diverso tipo, sino como efectos de la ola contrarrevolucionaria que se extendió por todos los países del Cono Sur desde mediados de los sesenta. En tal sentido, la represión de las dictaduras que hicieron de sus nacionales habitantes del exilio, que persiguieron a los refugiados de terceros países residentes en sus territorios y que fueron parte de la “internacional del terror”^[10] que transformó al Cono Sur en una verdadera ratonera, convirtió a los refugiados en un “problema” que exigía la solidaridad internacional. Así, la denuncia de la situación de los refugiados brasileños, uruguayos, chilenos y paraguayos no sólo dinamizó el activismo jurídico legal transnacional de los argentinos, sino que la “causa de los refugiados” sirvió para condensar la operatoria del terrorismo de estado que iba extendiéndose por la región. Como afirmaba la prensa italiana en el contexto de la reunión de la I Conferencia “Exilio y Solidaridad latinoamericana en la década del setenta” – auspiciada por la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos –, la dramática y masiva presencia de exiliados habilitaba reconocerlos como ese “cuarto mundo” que seguía reclamando la solidaridad internacional.^[11]

Por último, señalar que iluminar el funcionamiento de esta red de solidaridad en su momento de máxima expansión – esto es aquel que hizo posible que la “cuestión argentina” llegara a las audiencias de los tribunales de consciencia en varias oportunidades a lo largo de la segunda mitad de la década del setenta –, no debería obturar la interrogación de los “orígenes” de estas conexiones regionales y transoceánicas, sin las cuales la potencia de la red no hubiese sido tal.

En tal sentido y a manera de hipótesis, proponemos comenzar en 1971 en tanto punto de confluencia de eventos de carácter local y global, cuya sinergia ayuda a comprender la proyección internacional de la “cuestión argentina” tras el golpe de estado de 1976 y su inscripción en los tribunales de opinión gracias al activismo jurídico-legal.

Sin pretensión de construir una cronología pormenorizada de los eventos y conexiones interpersonales que soportan la elección de ese punto de arranque, quiero resaltar que 1971 fue un año clave para los abogados argentinos que redefinieron su práctica profesional en el contexto de radicalización política que se vivió bajo los gobiernos militares del periodo 1966-1973.

Recordemos que tras el asesinato del abogado de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos y miembro de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Néstor Martins (16/12/1970), y la puesta en funcionamiento de la Cámara Federal en lo Penal (marzo 1971), un fracción de la abogacía argentina impulsó en el país la creación de espacios de representación de perfil estrictamente jurídico (Asociación Gremial de Abogados de la Capital Federal-AGA^[12]) y o de carácter frentista (Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos^[13]), de cuyas filas emergieron varios de los actores que a través de las dos últimas dictaduras desempeñaron roles destacados ante los tribunales de opinión. En este contexto no resulta raro que varios de los referentes de la AGA que jugaron un papel decisivo en torno a la fuga de los presos políticos de la cárcel de Rawson (15/8/1972), la denuncia de la “masacre de Trelew” (22/8/1972) y la protección de sus sobrevivientes^[14], se convirtieran más tarde o más temprano en actores fundamentales de esta arena pública global preocupada por los “Derechos del Hombre y de los Pueblos”.^[15]

Por su parte, al otro lado del Atlántico, las noticias sobre el secuestro de Martins y el peligro que corrían en general los abogados que defendían a presos políticos, gremiales y estudiantiles llevaron a un grupo de argentinos residentes en Francia a convocar a reconocidos intelectuales^[16] para que reforzaran la empresa de “informar objetivamente sobre las condiciones de represión y las formas de tortura que se practican en la Argentina”. Esta incipiente red transatlántica se propuso “sensibilizar y movilizar a la opinión pública mundial” en favor de “los oprimidos de la tierra y la lucha por la liberación de los pueblos”.^[17]

Con tales objetivos, en 1972 surgía en París el Comité de Défense des Prisonniers Politiques Argentines (CODEPPA), que años más tarde y en plena escalada de violencia estatal y paraestatal durante el gobierno de Isabel Perón, se fusionó con otras dos organizaciones francesas de solidaridad con la Argentina – Groupe de Solidarité avec le Peuple Argentine (GSPA) y el Centre d´Information sur l´Argentine en Lutte (CISAL) –, dando origen al Comité Argentine d´Information y Solidarité (CAIS) de París. Desde octubre de 1975, el CAIS operó como plataforma de denuncia y solidaridad con la Argentina, en un contexto local que veía con preocupación el creciente arribo de exiliados políticos que engrosaban el contingente de brasileños, uruguayos y chilenos. En los primeros pasos del CAIS, jugaron un rol central, el abogado Rodolfo Mattarollo^[18] recién llegado a Francia, y también el escritor Julio Cortázar^[19], que ya por entonces formaban parte de la red que se fue articulando en torno al senador Basso.

Por otro lado, 1971 también resulta un año central en el proyecto del Russel II. Recordemos que el camino que llevó a la reunión del “Russell contra la Represión en América Latina” no fue fácil. Para llegar a la sesión de Roma (30/3-3/4/1974), antes hubo que comprometer a personalidades del mundo dispuestas a integrar el Jurado (intelectuales, juristas, artistas, científicos, teólogos, etc.), conseguir apoyos de otras personalidades que integraran el Comité de Honor y militaran internacionalmente la causa del tribunal, ampliar las bases sociales de legitimación desde una movilización transnacional que incluyera la creación de comités de apoyo en diferentes países^[20], mantener conversaciones con gobiernos de cara a obtener la autorización para que sus países pudieran ser sede del tribunal, contactar con las víctimas, obtener sus testimonios y gestionar sus viajes para que hablaran en las audiencias públicas, y también invitar a expertos de los países denunciados o del resto del mundo capaces de producir documentos de trabajo que permitieran probar los hechos violentos y que aportaran conocimiento especializado sobre el contexto histórico y político de cada uno de los países y sobre las causas estructurales de la represión. Todo ello sin olvidar que era necesarios recursos financieros para solventar tal empresa y que los benefactores no abundaban, ni siquiera en el campo de las izquierdas europeas.

Queremos destacar que en el origen de este recorrido fue fundamental el activismo antidictatorial de los exiliados brasileños que sobre todo en el contexto del giro represivista del gobierno militar (Ato Institucional 5, octubre 1968) y tras la crisis de los banidos (Kreuz, 2021), buscaron reforzar la presencia internacional de la “cuestión brasileña”. No hay que olvidar que a esa proyección coadyuvó la amistad entre Lelio Basso y Miguel Arraes, ex gobernador de Pernambuco, depuesto por el gobierno militar en 1964 y obligado a exiliarse en Chile. De hecho, como explica Lúcia Ferreira (2017), los orígenes del Russell II pueden rastrearse en las conversaciones sostenidas entre Arraes, la comunidad brasileña exiliada en Chile y el propio Lelio Basso que viajó a Santiago en octubre de 1971, invitado a participar del seminario “Transición al socialismo y experiencia chilena”.

Ahora bien, los vínculos entre Basso y la Argentina también fueron tempranos y estuvieron enmarcados por la preocupación de diversos actores del campo de las izquierdas locales por la situación de los exiliados paraguayos y más aún de los exiliados brasileños en su tránsito por el Chile de la Unidad Popular y en su huida a la Argentina tras el golpe de Pinochet, junto a centenares de chilenos, uruguayos y bolivianos residentes en el país trasandino.

Entre las organizaciones y personalidades con vínculos tempranos con Lelio Basso y sus colaboradores en Roma y esa vasta red que atravesaba diferentes países de Europa y América Latina (Venezuela y México), figuraban el Movimiento Argentino Antiimperialista de Solidaridad Latinoamericana (MAASLA), un sector disidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires que lideraba Carlos González Gartland (Asociación Sindical de Abogados Argentinos), el Comité de Resistencia a la Dictadura Brasileña (CRDB) de Argentina^[21], la escritora comunista María Rosa Oliver, los periodistas Gregorio Selser y Rogelio García Lupo, el dirigente socialista y defensor de presos políticos Andrés López Acotto y algunos de los más importantes referentes de los exilios brasileño, boliviano y uruguayo instalados en el país. Entre otros, el dramaturgo brasileño Augusto Boal^[22], el ex presidente boliviano Juan José Torres despuesto tras el golpe de estado de 1971, el ex senador uruguayo Zelmar Michelini y Enrique Erro, otro de los referentes del Frente Amplio en el exilio.

Tanto el prestigio personal que gozaba Lelio Basso entre los militantes de la Nueva Izquierda^[23], como la repercusión que había tenido la condena a los EEUU en el TR I por “genocidio al pueblo vietnamita”^[24], posibilitaron que en julio de 1973 el campo artístico, cultural y científico argentino se mostrara receptivo a un nuevo llamado a “los hombres de buena voluntad a defender la democracia y la libertad de los pueblos contra la represión, la tortura, el hambre, la dictadura y la explotación”. Entre los que dieron su apoyo abierto al nuevo Russell estaban Manuel Sadovsky^[25], Marcelino Cereijido, Leónidas Barletta, Mercedes Sosa, Luis Brandoni, Gregorio Klimosky, Carlos Varsavsky.^[26] Curiosamente, algunos de ellos, poco después, pasaron a engrosar las filas del exilio argentino, sumándose desde sus países de destierro a la red de solidaridad transnacional que denunció la “masacre” argentina ante los tribunales de consciencia y otras instituciones del entramado humanitario internacional.

 

 

Una “masacre” en un gobierno elegido por el voto popular: el TR II ante la represión en Argentina

 

Nada mejor que reconstruir el camino que llevó a la Argentina a formar parte de la agenda del TR II, para comprender no sólo la magnitud de la escalada represiva que se vivió en el país tras la muerte de Perón (1/7/1974), y en no menor medida su profundidad histórica a través de regímenes políticos diversos desde al menos una década atrás, sino también la dimensión continental que fue tomando la violencia estatal en el contexto de la “Guerra Fría Interamericana.”

Desde los primeros intercambios entre Basso y los exiliados brasileños hasta la apertura de sesión romana el 30 de marzo de 1974, el Cono Sur sufrió profundas transformaciones políticas. De hecho, como vimos los golpes militares en Uruguay y Chile obligaron a redefinir la agenda inicial de trabajo, haciendo del problema de los refugiados y huidos un tema tan importante como la tortura y los presos políticos. En este contexto, el progresivo angostamiento de las libertades democráticas en Argentina obligó a desestimar muy tempranamente la idea de que Buenos Aires fuera sede de la sesión inaugural del tribunal. De hecho, este viraje se produjo incluso antes de que la espiral de violencia estatal y paraestatal mostrara su rostro más severo en el país.

Como puede observarse en la correspondencia entre Lelio Basso y sus interlocutores en Argentina entre finales de 1973 y principios de 1974^[27], la espectacularidad de la represión en Chile, el bombardeo del Palacio de La Moneda, el suicidio del presidente Salvador Allende, los fusilamientos del Estadio Nacional y muy particularmente el drama de los asilados políticos latinoamericanos en ese país, y en no menor medida, el sus nacionales huyendo de la “masacre” pinochetista, terminaron por convencer a Lelio Basso, Jean Paul Sartre y Vladimir Dedijer^[28] que el nuevo Russell debía juzgar la represión en toda América Latina, y no sólo en algunos países.

De hecho, mientras tenía lugar la primera sesión en Roma, Emilio Máspero^[29] llamó a potenciar los propósitos del TR II denunciando la represión de “forma global”, y exponiendo al mismo tiempo “la connivencia de las oligarquías, los ejércitos y policías, la escalada fascista en el continente y la creciente intervención del imperialismo”. En tal sentido, Máspero solicitaba a Basso que el Tribunal no quedara reducido a Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia, sino que involucrara también a “Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Paraguay y Ecuador”, “analizando pormenorizadamente el fenómeno de la violencia que los sojuzga”. Para Máspero, el Tribunal debía, por un lado, analizar las “pruebas testimoniales y documentales” que exponían los crímenes de las dictaduras y de los gobiernos autoritarios de la región; pero, por otro lado, debía profundizar “el encuadre sociopolítico, histórico, jurídico, antropológico e internacional (políticos y militares) de la represión y la violencia”, sin olvidar la “represión de la clase y el movimiento de trabajadores”.^[30]

Aunque durante la segunda mitad de 1974 la preocupación internacional por la espiral de violencia política que atravesaba a la sociedad argentina fue en aumento, el caso argentino ingresó recién y fuera de agenda en la segunda sesión del Russell, reunida en Bruselas entre el 1° y el 18 de enero de 1975.

En tal sentido, más allá de la trama de contactos interpersonales tejidos desde inicio de la década a ambos lados del Atlántico, del creciente apoyo que el Tribunal iba sumando entre la militancia de izquierda argentina, y de la común consciencia de europeos y latinoamericanos de que la oleada de la reacción parecía imparable en el Cono Sur; la existencia en la Argentina de un gobierno surgido del voto popular siguió operando como una línea roja, pese a las continuas denuncias sobre la persecución sufrida por refugiados, trabajadores, sindicalistas, profesionales, estudiantes y opositores políticos. No hay que olvidar que el Russell II estaba pensando para poner en el banquillo de los acusados a las dictaduras latinoamericanas. En esa línea, según señalaba Lelio Basso, en Bruselas pretendían analizar las causas profundas que explicaban que “feroces dictaduras” dominaran un continente entero. Rechazando la hipótesis de que esa situación obedecía a “coincidencias ocasionales”, el jurado se abocó a analizar el rol de las multinacionales en la generalizada violación a los DDHH en América Latina, asumiendo que existía una “relación no sólo originaria sino necesaria” entre la generalización de regímenes castrenses que “privaban bárbaramente a sus poblaciones de todos los derechos”, y el rol de unas multinacionales tras las cuales “se movía el aparato estatal de los EEUU (Departamento de Estado, CIA, Pentágono y una amplia red de iglesias, sindicatos, fundaciones y universidades)” (Basso, 2014, p.39).

Como afirma María Claudia Badan Ribeiro (2022), fue finalmente el abogado Carlos Despouy quien materializó el ingreso de la denuncia sobre la “dramática situación” argentina al Russell II. Este integrante de la AGA, especializado en la protección y defensa de los refugiados latinoamericanos residentes en el país, había partido hacia Francia tras el asesinato de su compañero de despacho, Silvio Frondizi en manos de la AAA (27/9/1974). Desde su llegada al exilio en noviembre de 1974, Despouy se abocó a denunciar la “carnicería” de la que eran “víctimas” desde los refugiados latinoamericanos y los militantes de las organizaciones guerrilleras, hasta los activistas del movimiento obrero (delegados, huelguistas) y estudiantil, algunos políticos del arco parlamentario (Hipólito Solari Yrigoyen, Rodolfo Ortega Peña, Héctor Sandler) y un sinnúmero de escritores, músicos, profesores universitarios, deportistas y periodistas y abogados defensistas sin ningún tipo de vínculo con la violencia armada.^[31]

En su alocución ante el Russell reunido en Bruselas, Despouy no sólo expuso las formas de violencia represiva más extendidas que sufría desde mediados de 1974 el pueblo argentino (asesinato, tortura sistemática, secuestro, prisión política, desaparición, deportación o devoluciones forzadas, exilios), sino que apuntó a sus autores: “los órganos represivos del estado” y “las organizaciones parapoliciales que actúan con la complicidad del gobierno”.^[32]

Más allá de la identificación de víctimas y victimarios, la narrativa de Despouy frente al auditorio del TR II en Bruselas hizo foco en tres cuestiones. En primer lugar, que la “violencia represiva” estaba dirigida especialmente contra el movimiento obrero, los trabajadores, los profesionales y los estudiantes más organizados y politizados y las “organizaciones guerrilleras”. Para el abogado de la AGA, la represión con su saldo de asesinatos, desapariciones, tortura, secuestros debía comprenderse en el “marco de la ofensiva yanki contra los pueblos latinoamericanos”, que tenía entre sus aliados vernáculos a la “burguesía monopolista y a la oligarquía terrateniente, todos ellos fielmente servidos por la burocracia sindical y el actual equipo gobernante”. En segundo lugar, que las “autoridades argentinas” debían ser acusadas por la “sistemática violación de los derechos humanos y el derecho de gentes”, por actuar en connivencia con “los servicios represivos de otros países” y bajo “la dirección de la CIA” en la “despiadada persecución” que sufrían chilenos, uruguayos y bolivianos que habían buscado refugio en el país. En tercer lugar, que se asistía a la “restauración de la legislación represiva” de la última dictadura militar (1966-73). Proceso que comenzó por convertir el derecho de huelga en un crimen y establecer el “delito de opinión”, y que, tras la declaración del estado de sitio (noviembre 1974), mostraba uno de sus rostros más abyectos en la “insoportable situación de los miles de presos políticos, en su mayoría detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, sin causa ni proceso y “sometidos a regímenes arbitrarios de confinamiento que hacen temer “una nueva masacre de Trelew”.^[33]

Ahora bien, explicar la inscripción de la “masacre” argentina en el Russell II no supone trazar una línea recta entre Buenos Aires y Bruselas, ni tampoco ver ese resultado como la consecuencia necesaria de aquellos vínculos tempranos entre algunos referentes de la AGA con Lelio Basso.

De hecho, en el arribo de Despouy^[34] a Bruselas jugaron también un rol destacado organizaciones como el Groupe de Solidarité avec le Peuple Argentine (GSPA) de París. Esta organización de la que formaron parte entre otros artistas e intelectuales latinoamericanos, los argentinos Julio Le Parc y Ricardo Carpani^[35], venía denunciando que la represión al “pueblo argentino” había comenzado la misma noche que asumió Cámpora, eran liberados los presos políticos del gobierno de Lanusse, y con la “masacre de Ezeiza” (20/6/1973). A principios de 1975, cuando la cifra de “militantes masacrados, torturados, secuestrados y encarcelados” superaba la acumulada entre el primer golpe de estado en Argentina (1930) y el 25 de mayo 1973, el GSPA se planteó reforzar su compromiso por documentar el derrotero de las “masas explotadas y oprimidas” que luchaban “por la liberación nacional y la emancipación social en Argentina”; y al mismo tiempo, denunciar las “medidas y acciones represivas adoptadas por este gobierno, su policía, sus bandas fascistas y sus fuerzas armadas”.^[36]

Por último señalar que si la denuncia de Despouy logró convencer al jurado reunido en Bruselas –que incluyó la situación de violencia represiva que vivía la Argentina en su parte declaratoria–, eso fue posible por la potencia que iba ganando esa red transatlántica de la que formaba parte la AGA, las viejas organizaciones de solidaridad con Argentina en territorio francés (GSPA, CISAL, CODDEPA) y un conjunto de personalidades del Derecho Humanitario Internacional (los abogados Nuri Abdalá y Gisele Halimi o el magistrado Louis Joinet), así como intelectuales latinoamericanos que por entonces gozaban de un fuerte reconocimiento internacional (Julio Cortázar, Gabriel García Márquez), y de todo un conjunto de políticos, intelectuales y referentes de los exilios conosureños en tránsito desde el Cono Sur a otras regiones del mundo (Europa, EEUU, México, Venezuela, Argelia).

Si la primera sesión del Russell II condenó las violaciones a los Derechos del Hombre en Brasil, Uruguay, Bolivia y Chile; y la segunda examinó las causas económicas de la represión en Latinoamérica, extendiendo su análisis a la situación en Paraguay, República Dominicana, Haití y Guatemala y condenando a las multinacionales por el “saqueo de recursos humanos y naturales”; la última sesión fue proyectada para juzgar a otros países de la región (Colombia, Nicaragua y Argentina), haciendo foco en el “militarismo latinoamericano” y en las “acciones ilegales^[37] de la dominación yanki” en el subcontinente.^[38]

Entre el 10 y el 17 de enero de 1976, Roma volvió a acoger las audiencias del TR II que clausuraban este “Proceso a la violencia en América Latina”^[39], que quería no sólo producir una condena contundente al “militarismo” en la región, sino aportar a la expansión del Derecho Internacional Humanitario de posguerra y al fortalecimiento de las estructuras del gobierno mundial orientadas a proteger los Derechos de los Hombres y de los Pueblos.^[40]

En una agenda de trabajo extensa, la situación argentina pasó a ocupar un lugar prioritario marcado por la urgencia de una tragedia en progreso. Como explicaba el periodista Miguel Ángel García, en el caso argentino se trataba de “desenmascarar a un régimen político que llevaba adelante una “campaña de exterminio” contra “la vanguardia revolucionaria y amplios sectores de trabajadores y demócratas”, amparándose en un ropaje de “inocencia y legalidad”.^[41]

¿Cómo operaron los argentinos desde el país o desde Europa en los meses previos a la reunión de Roma de enero de 1976?

En principio, señalar que pocos días después de que se conociera la sentencia de la sesión belga, un conjunto de argentinos volvió a comunicarse con Basso, al tiempo que éste convocaba a sus viejos contactos en el país para ampliar la red de testigos y expertos. La ocasión lo ameritaba no sólo porque la violencia represiva estaba alcanzando niveles desconocidos aún para la convulsa historia reciente de la Argentina; sino porque Bruselas había dejado abierta la puerta para sentar en el banquillo de los acusados al “gobierno argentino”. Como denunciaba la prensa de izquierda en Italia, en Argentina “el terror no era practicado por generales que anularon violentamente un régimen parlamentario”, sino por “decenas de grupos fascistas y policías especiales que actuaban sin control con apoyo oficial abierto”, y por “militares constitucionalistas” de ese “régimen parlamentario que consiguió hacer empalidecer los crímenes de la dictadura militar que sustituyó”.^[42]

Ahora bien, mientras en marzo de 1975 Basso encargó al jurista Louis Joinet –que se preparaba para visitar la Argentina como parte de la misión internacional de la FIDH y la AIJD– redactar un “dossier” sobre la situación del país, trabajando en forma mancomunada con los abogados argentinos ligados a las organizaciones revolucionarias y al sindicalismo combativo que iban engrosando las filas del exilio en Francia; en julio de 1975, los abogados Mario Hernández y Carlos González Gartland viajaban a Roma para “conocer las características de la próxima reunión del tribunal”; y lo hacían en su calidad de defensores de presos políticos y gremiales, miembros de la AGA y víctimas de la persecución de las AAA.^[43]

El fallido encuentro entre Basso y estos abogados argentinos no hace sino poner en evidencia que la red de solidaridad que terminó por conseguir que Argentina fuera condenada en la última sesión del Russell, ni estaba tan aceitada, ni era ajena a desinteligencias, tensiones y/o conflictos derivados tanto de disputas políticas, ideológicas y por qué no interpersonales, como de la urgencia por poner coto a la escalada represiva que se vivía en el país. Situación que precipitaba o autonomizaba comportamientos e iniciativas, mucho más desde lejos y/o habitando el exilio.

Si bien la rápida respuesta de Linda Bimbi^[44] a Mario Hernández pareció quitar hierro al enojo de los abogados argentinos que habían cruzado el Atlántico, poniendo de manifiesto que el Russell estaba trabajando con otros argentinos residentes en Francia (Despouy, Cortázar, Mattarollo) y también en Italia (Lili Massaferro^[45]), los meses que siguieron mostraron que aunque todos movilizaban con los mismos objetivos e incluso habían compartido luchas, ideales, preocupaciones y espacios de representación y habían sido igualmente víctimas de la violencia represiva en la Argentina, cada uno (los que seguían en el país o los que ya estaban en el exilio, los que vivían en Francia o los que estaban en Italia o España) reclamaba un lugar propio y una visibilidad en esa arena pública internacional que el Russell representaba.

Así en el contexto de preparación de la tercera sesión y mientras en Argentina la deriva represiva parecía no tener fin, Massaferro comenzaba a desempeñar un rol fundamental como dinamizadora de esta red transatlántica que proyectó la “masacre” argentina en el Rusell. Tras el desencuentro de los abogados de la AGA con los promotores de las audiencias romanas, el nombre de Massaferro se convirtió en la llave que soldó el círculo virtuoso entre un recientemente constituido Comité de Apoyo al Russell de Buenos Aires^[46], el CAFRA Roma y el grupo de abogados argentinos exiliados en París que trabajaban junto a Louis Joinet. Curiosamente, en los tres polos de esta conexión transatlántica volvían a aparecer varios de los actores ligados a la AGA, el Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos y a otras comisiones de solidaridad con presos políticos que habían sido claves en ese activismo jurídico-legal transnacional desde principios de la década del setenta.

El 13 de enero de 1976, el “caso argentino” era ventilado en la sede del Teatro Argentino de Roma frente al tribunal de notables. Mientras tanto los argentinos nucleados en el CAFRA y los recién llegados organizaban una “semana argentina” en la sede del Instituto para el Estudio de la Sociedad Contemporánea^[47], donde también se escucharon los testimonios de Pedro Galín, Rodolfo Mattarollo, Lili Massaferro y Ana María Guevara.^[48] Durante cinco días, fueron desgranándose denuncias sobre: 1. la persecución que sufrían abogados de presos políticos, refugiados latinoamericanos y familiares de militantes políticos; 2. las características de la “represión paralela, las AAA y el terrorismo de masas”; 3. la “fascistización de la universidad y la cultura” y la “persecución al periodismo y al movimiento estudiantil”; 4. la “represión al movimiento obrero” y 5. la legislación represiva, la militarización del país, los “campos de concentración” y la “represión económica y social”.^[49]

A lo largo de esa semana de enero de 1976, dentro y fuera del Tribunal, el cuadro de “graves, masivas y persistentes violaciones a los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales” codificados por la ONU y la Constitución argentina, fue expuesto con contundencia. Los testimonios de perseguidos políticos y exiliados argentinos y las investigaciones de expertos internacionales no dejaban margen de duda sobre el “catálogo de crímenes contra los derechos humanos” que venía perpetrando un régimen que luego de “recurrir a escuadrones de la muerte ha incrementado la escalada de violencia practicando asesinatos en masa por parte de las FFAA con un método sistemático para contener la revuelta popular”. Como decía la prensa italiana, en Argentina, las “masacres^[50] estaban a la orden del día”.^[51]

A las puertas de la dictadura más brutal de la historia argentina, aquella que iba a hacer de la desaparición forzada de personas y los centros clandestinos de detención y exterminio su seña de identidad, las impresiones de los actores que hicieron posible que la “masacre” se proyectara globalmente desde Roma, eran heterogéneas.

Luego de leerse en Roma y Florencia la sentencia que condenó a la Argentina de ser responsable de “delitos contra la humanidad, con los extremos de tortura y violencia institucionalizada”, mostrando la “connivencia entre las AAA, las FFAA, la CIA y las multinacionales”, Basso afirmó que más allá de que la condena carecía de “valor técnico”, su eficacia radicaba en la capacidad de producir “fastidio” porque “metía el dedo en tantas llagas que afligían a la humanidad.”^[52] Por su parte, las voces de Cortázar y de la prensa italiana de izquierda alertaban que si lo actuado por el Tribunal constituía un espaldarazo para las fuerzas revolucionarias porque mostraba al gobierno argentino que su “política terrorista no pasaba en silencio”, era más importante denunciar que miles de argentinos y latinoamericanos residentes en el país corrían aún extremo peligro. Y que sólo la “acción urgente” y la “solidaridad internacional práctica” podían “marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.^[53]

 

El TPP y la condena por “genocidio” a la Junta Militar. A manera de cierre

 

El camino que va entre la condena a la Argentina en el Russell II en vísperas del golpe de estado de marzo de 1976 y la sentencia de la segunda sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (Ginebra, 3-4/5/1980) que condenó a la “Junta militar” y sus “agentes” por las “graves”, “persistentes” y “sistemáticas” “violaciones”, “tanto a los derechos fundamentales de la persona humana (derecho a la libertad, a la integridad física, a la libertad), como a los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo argentino”, resulta bastante más conocido. Y digo conocido para la historiografía del activismo humanitario, y también para la historiografía del último exilio argentino que ha dedicado una parte importante de sus esfuerzos a elucidar el rol de los desterrados en la denuncia antidictatorial, atendiendo con rigor al trabajo desarrollado por los huidos en los países de acogida, y más recientemente, haciendo foco en sus interlocuciones en la esfera pública internacional y ante sus instituciones de gobierno.

Excede los propósitos de este artículo reconstruir pormenorizadamente ese derrotero. Sin embargo, unas pocas referencias pueden ser indicios suficientes para mostrar que la red de solidaridad que condujo a la condena de la Argentina en el Russell II siguió operando en el mismo sentido hasta finales de los setenta, aunque seguramente incorporando nuevos actores, nuevas prácticas, nuevos repertorios discursivos y nuevas claves interpretativas de la violencia represiva. Transformaciones que resultan subsidiarias tanto del nuevo rostro que asumió la “masacre” argentina (desaparición forzada de personas y “sistema concentracionario”), como del impacto de una derrota que fue abordada con mayor o menor urgencia, profundidad y extensión por casi todas las fuerzas políticas y político-armadas durante los años de exilio.

Ahora bien, resulta notable constatar que aquellos que se convirtieron en referentes del activismo humanitario internacional durante la última dictadura militar y que accionaron desde una lógica de la denuncia y la solidaridad que no se organizó territorialmente, sino que buscó multiplicar sus impactos por referencia a una “arena global con redes, comunicaciones y foros transnacionales” cada vez más densa y dinámica (Sznadjer y Roniger, 2013, p. 193), habían hecho sus primeras experiencias frente al Russell II y volvieron a hacerlo en el TPP.

De hecho, para comprender cómo fue posible que el Subcomité de Organizaciones Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se ocupara del “caso argentino” en septiembre de 1976 – como ya lo había hecho con Brasil, Chile y Uruguay –; y que la primera condena efectiva a la Junta Militar^[54] surgiera de la “capital del imperio”, hay que volver la mirada a la red de solidaridad que operó entre el Cono Sur y Europa en torno al Russell II.

Es verdad que la interpretación más canónica sobre esa temprana denuncia en los EEUU suele hacer foco en las figuras de los abogados Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca que habían salido del país tras el secuestro en mayo de 1976 de sus colegas Mario Hernández y Roberto Sinigaglia, referentes del movimiento de abogados de presos políticos desde la “Revolución Argentina”. Ahora bien, Hernández, como vimos, había sido uno de los pioneros de ese activismo jurídico-legal transnacional desde tiempos de la “Revolución Argentina” y fue un actor no menor en la condena al país surgida de la sesión romana del TR II de enero de 1976. Por otro lado, la historiografía asocia el secuestro de Hernández en una localidad del conurbano bonaerense a las reuniones que protagonizó junto a Duhalde, Roca, Garzón Maceda, Sinigaglia y González Gartland para conformar en el país, una “organización civil y no partidaria” especializada en la denuncia y la solidaridad. La represión que afectó al núcleo inicial convirtió a los pocos meses a la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) en “la” pieza clave de una pretendida “solidaridad multilateral” desde el exilio.^[55]

Sin embargo, en la denuncia de Roca y Garzón Maceda en Washington también jugaron un rol destacado Carlos González Gartland, recién llegado a México y con antiguos vínculos con Basso, y el CAFRA, en las figuras de Lili Massaferro y su pareja Juan Gelman. De hecho, Gelman había sido convocado a dar testimonio ante los congresistas en EEUU, pero atendiendo a que su hijo y su nuera habían sido secuestrados y permanecían desaparecidos, y ante las amenazas de la Junta militar, desestimó viajar, colaborando desde Italia en la organización del viaje de los abogados de la AGA.

Asimismo, los legisladores norteamericanos del relato canónico de la audiencia argentina (los senadores Walter Mondale y Ronald Frazer, presidente del el Subcomité de Organizaciones Internacionales) también eran viejos conocidos de Basso y la red de solidaridad del TR II. No hay que olvidar que, a mediados de 1975, Frazer invitó al senador italiano a formar parte de una Red de Legisladores por los Derechos Humanos, a lo que el presidente del Russell respondió con un pedido a que se sumara a la nómina de “observadores internacionales” en la última sesión romana sobre el militarismo en América Latina. Esa convocatoria tendiente a reforzar la legitimidad del Tribunal, fue idéntica a la que extendió a Amnistía Internacional. Otra de las piezas clave del éxito de la emprensa denuncialista argentina ante el congreso de los EEUU, sobre todo en la figura de Patricia Feeney, que meses más tarde integraría la misión de AI a la Argentina (noviembre de 1976) y que volvería a desempeñar un rol expectante en las tempranas denuncias sobre el “problema de los desaparecidos en el Cono Sur” en Madrid en mayo de 1977.^[56]

Por otro lado, cuando revisamos quiénes fueron a partir del golpe de estado de marzo de 1976 los principales responsables de hacer que la cuestión represiva argentina llegara a las principales audiencias humanitarias de las instituciones del entramado internacional y de hacer que la Junta militar presidida por Videla pasara a ser sinónima de “problema de los desaparecidos”^[57], volvemos a revisar la red en torno al Russell, sea si referimos a actores individuales, sea si focalizamos en organizaciones no gubernamentales.

Así, si analizamos detalladamente tanto las misiones argentinas frente a la Subcomisión de Prevención contra la Discriminación y la Protección de las Minorías (agosto de 1976 y mayo 1977) y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (febrero 1977), o el Parlamento europeo (junio 1978), como si observamos las interacciones entre el exilio argentino y algunas de las organizaciones humanitarias no gubernamentales que les facilitaron el trabajo de denuncia (FIDH, CIJ, FJC), el elenco de nombres que aparecen una y otra vez y se van solapando son los de Roca, Garzón Maceda, Duhalde, Mattarollo, Gaggero, González Gartland, Roberto Guevara, Massaferro, Gelman o Cortázar. Todos ellos nucleados en eses momento en la CADHU, y antes vinculados a la AGA y la compleja red de “comités de solidaridad” y organizaciones de perfil diverso que desde Argentina o desde terceros países venían ocupándose de la situación de los presos políticos desde el gobierno de Lanusse y aún antes, Y que como vimos, se estrenaron en el activismo jurídico-legal transnacional bastante antes del golpe de 1976, interactuando con el Tribunal Russell II e integrando sus grupos de apoyo.

Por último, señalar que al revisar lo que ocurrió en la sesión que el TPP dedicó a la Argentina^[58] y que culminó con la condena del 5 de mayo de 1980, vuelven a verse los nombres de Cortázar, Senese, Joinet, Galeano y también, el del ex gobernador peronista Oscar Bidegain, viejo conocido del senador Basso, que había colaborado en el lanzamiento internacional del Movimiento Peronista Montonero en Roma en mayo de 1977.

La sentencia de la sesión argentina del TPP difundida por la CADHU en las comunidades del exilio, confirmó que aquella “masacre” ejecutada en los setenta por “las AAA hasta que las FFAA se hicieron con la conducción del operativo diario hasta finalmente tomar el control del estado”^[59], ahora mostraba su verdadero y más macabro rostro. Para el jurado reunido en Ginebra, la Junta militar y sus agentes eran responsables no sólo de la práctica sistemática de la tortura, sino del secuestro también sistemático de “opositores políticos o sindicales y de miembros de su familia y su desaparición”.^[60]

Si en enero de 1976 el Comité de apoyo al Russell de Buenos Aires denunció en Roma que las FFAA argentinas operando como un verdadero “ejército de ocupación”, dirigían tanto la represión “formal como la ilegal”, “poniendo al país a las puertas de situaciones que el mundo conoció en Vietnam y hoy conoce en Angola”^[61]; cuatro años después, cuando la experiencia internacionalizadora de los argentinos se había multiplicado, las condenas comenzaban a acumularse y los viejos repertorios simbólicos mostraban sus límites; en Ginebra, el Tribunal Permanente de los Pueblos volvía a agitar la narrativa de la “masacre” o del “exterminio”, reclamando a la comunidad internacional ­– y en concreto a la ONU ­– que revisara la Convención de 1948 para incluir no sólo “los genocidios cometidos con la intención de destruir a un grupo étnico, racial o religioso”, sino aquellos “motivados con finalidades políticas”.^[62]

En la sesión argentina del TPP parecían oírse los ecos de aquel temprano discurso de la CADHU ante la Comisión de DDHH de la ONU en febrero de 1977, pocos días antes de que se lanzara en Madrid, la denuncia de la CADHU condensada en Argentina. Proceso al genocidio. En la conferencia de prensa que precedió a la audiencia en la ONU ­– en la que la CADHU denunció que la violencia de la Junta militar tenía una cara abierta, la de la violencia “ostensible” y producto de la pseudojuricidad represiva, y otra encubierta, la de las “violaciones de hecho, por el abuso de poder, arbitrariedad y el “terrorismo de estado”” (CADHU, 2014, p. 284) –, Rodolfo Matarollo había exigido que se pusiera coto a la “masacre colectiva” que sufría su país. Para ello solicitó a la comunidad internacional y en concreto a la ONU, revisar ciertas figuras clásicas del Derecho Humanitario Internacional, “a la luz de nuevas realidades políticas que trascienden el problema de las minorías o situaciones límites como la del nazismo en el pasado o actualmente la del apartheid sudafricano.^[63]

Cuando años después, el TPP en Ginebra volvía sobre esa petición, lo hacía en un escenario en el que el activismo humanitario transnacional que involucraba a los exiliados argentinos venía revisando prácticas y lenguajes de la denuncia y protagonizando lo que la historiografía del pasado reciente ha dado en llamar un proceso de transformación de los marcos de acción colectiva en el tránsito de lo revolucionario a lo humanitario, singularizando los crímenes contra la vida, la libertad y la integridad física, sin cuestionar la violencia del sistema capitalista, la “opresión”, la “explotación” y el “imperialismo”.

Sin embargo, quizás por la naturaleza de los tribunales de opinión (especie de comisiones de verdad), por su apuesta por expandir la agenda de la normativa internacional humanitaria de posguerra hasta incluir a los “pueblos” como sujetos de derecho (Declaración de Argel) sin cuestionar los “derechos de los hombres”, y porque desde su origen fueron nodos de articulación de actores ligados a los movimientos de Liberación Nacional en el Tercer Mundo; pero quizás también porque elegimos mirar las denuncias argentinas en torno a esos tribunales de opinión en una duración que excede la última dictadura militar; ni ese pasaje que marca la historiografía resulta tan nítido, ni la noción DDHH se conjuga únicamente en matriz liberal-democrática, sino que también abreva en ciertas tradiciones cristiano-progresistas y de la izquierda revolucionaria y antiimperialista (Alonso, 2022, p.58).

En esta línea consideramos que el ejercicio de recuperar el activismo jurídico-legal transnacional y las redes de solidaridad ante los tribunales de opinión a lo largo de la década de 1970, y hacerlo desde una Historia Conectada de los exilios en el espacio hispanoatlántico, puede contribuir a iluminar otros clivajes, o como mínimo a matizar ciertos “pasajes” en las formas de narrar la “masacre”, que a veces se observan como inevitables.

 

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Recibido:04 /09/2023

Evaluado: 04/12/2023

Versión Final: 10/12/2023