Desmovilización del Movimiento 19 de abril en el Magdalena Medio (1988-1990)
Diana Marcela Castellanos Bautista(*),
Joseph Vicent Castillo Niño(**)
y Raquel Méndez Villamizar(***)
ARK CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24690732/1y9rk7p6t
Resumen
El presente artículo indaga sobre el proceso de negociación y desmovilización llevado a cabo por la estructura armada del M-19 localizada en el Magdalena Medio denominada como Regional Carlos Toledo Plata. Dentro de los hallazgos se evidencia la importancia de los encuentros regionales donde participaron diferentes sectores políticos y sociales para la creación de acuerdos colectivos y movilizar reformas locales con el propósito de garantizar una apertura democrática y la configuración de cambios en la hegemonía. Otro aspecto relevante es la utilidad de estos espacios como escenarios para realizar proselitismo político debido a que la posibilidad de convertirse en partido era latente en la medida que avanzaban los espacios de negociación entre la comandancia de la guerrilla y el Estado colombiano El estudio se realiza usando metodología cualitativa de investigación y las técnicas desarrolladas fueron la revisión documental y entrevistas a actores claves participantes del proceso de desmovilización.
Palabras clave: Desmovilización; Magdalena Medio; M-19; Guerrillas; Proceso de Paz.
Demobilization of the Movimiento 19 de abril in Magdalena Medio (1988-1990)
Abstract
This article investigates the negotiation and demobilization process carried out by the armed structure of the M-19 located in the Magdalena Medio region, known as the Carlos Toledo Plata Regional. Among the findings, the importance of regional meetings with the participation of different political and social sectors for the creation of collective agreements and the mobilization of local reforms with the purpose of guaranteeing a democratic opening and the configuration of changes in hegemony is evidenced. Another relevant aspect is the usefulness of these spaces as scenarios for political proselytism because the possibility of becoming a party was latent as the negotiation spaces between the guerrilla command and the Colombian State advanced. The study was carried out using qualitative research methodology and the techniques used were documentary review and interviews with key actors participating in the demobilization process.
Keywords: Demobilization; Magdalena Medio; M-19; Warfare; Peace process.
Desmovilización del Movimiento 19 de abril en el Magdalena Medio (1988-1990)
Introducción
El Movimiento 19 de abril (M-19) fue una guerrilla que nació a mediados de los años setenta por el fraude electoral contra la Alianza Nacional Popular (ANAPO) en 1970. Su fundación se dio en 1974 por varios ex integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como Jaime Bateman, Carlos Pizarro y liderazgos de la ANAPO Socialista como Carlos Toledo Plata y Andrés Almarales Manga. En su primera fase se contempló como una Organización Político Militar (OPM) que reivindicó el nacionalismo y el pensamiento bolivariano (Villamizar, 1995). Su presencia era principalmente urbana, en la medida que avanzó la confrontación con el Estado, se vio replegada al ámbito rural, pero manteniendo redes logísticas en los grandes centros poblados. La OPM fue dinámica y se caracterizó por la relevancia de sus acciones de propaganda y agitación como el robo de la espada de Bolívar (1974), el secuestro al gerente de Indupalma (1977), la “recuperación” de las armas del Cantón Norte (1978), la toma de la embajada de la República Dominicana (1980) y la toma del palacio de justicia (1985), entre otras tantas a nivel regional (Caro y Cruz, 2021).
La presencia armada del M-19 en el Magdalena Medio[1] inicia en 1978, año en el que se aprobó en la VI Conferencia Nacional la creación de móviles, la primera de ellas se instaló en el municipio de Yondó (Antioquia), pero no logró consolidarse ante la presión militar debido a que armas recuperadas en el Cantón Norte llegaron a esta región, lo que fue objeto de búsqueda por los agentes del Estado (CEVCNR, 2022; Villamizar, 2022). Con la toma del palacio de justicia en noviembre de 1985 se marcó un hito en la historia del M-19 tanto en lo nacional como regional: en el marco de la retoma por parte del ejército, Andrés Almarales Manga es asesinado y el Estado emprende una contraofensiva dirigida al M-19. La relevancia de Almarales en la OPM radica en que, desde la conformación de la guerrilla, era considerado como uno de los principales ideólogos y, contaba con una larga trayectoria en las luchas sindicales en los departamentos de Santander y el sur del Cesar.
En este mismo año, en enero de 1985, se llevó a cabo la IX Conferencia “Congreso de la democracia” en Los Robles en el departamento del Cauca (Villamizar, 1995). En tal espacio se tomó la determinación de generar un desdoblamiento y expandir las unidades ejército[2] con las que contaba la organización (Vargas, 1995). Frente a la ofensiva de las fuerzas militares, el M-19 experimentó un momento de reconfiguración de su estructura orgánica. En Santander se creó la Unidad Ejército (en adelante también UE) Zorayda Téllez y en el sur del Cesar la UE Andrés Almarales. Esto es producto de la constante presión de los agentes del Estado a los militantes del M-19, el asesinato y desaparición forzada de simpatizantes en Santander. Esto llevó nuevamente a la conformación de estructuras armadas en la región.
La relación de Andrés Almarales Manga con el sur del Cesar, especialmente con San Alberto, remonta a los años setenta cuando era el asesor político de Unión de Trabajadores de Santander (Utrasan), donde acompañó los reclamos de los trabajadores de Indupalma y los respaldó con su conocimiento sobre la normativa laboral del país, logrando con esto el fortalecimiento organizativo de la clase obrera en esa zona de la región (Guerrero, Tristancho y Cediel, 2005). Es más, el primer escrito sobre las condiciones de los trabajadores de Indupalma fue de Almarales Manga bajo el nombre "la lucha en Indupalma", donde denuncia la forma de contratación y las reiterativas violaciones del código laboral por parte de la empresa con la complicidad del gobierno nacional (Almarales, 1982). Por esta razón, se le otorgó su nombre a la UE. Y, por su parte, Zorayda Téllez se destacó como una sindicalista vinculada a las luchas obreras de los magisterios, murió en combate en el departamento del Cauca (Vargas, 1995).
En el Magdalena Medio, el M-19 se concentró en el aspecto político. Las estructuras armadas no contaban con mayor envergadura para sostener una confrontación directa con las fuerzas militares de manera prolongada debido a que se estaban conformando nuevamente después del intento fallido a finales de los setenta. A su vez, la consolidación de la Regional corresponde con un momento de agitación social: nacimiento de la UP, conformación de A Luchar, surgimiento del Frente Popular. Una de las coyunturas más importantes fue el paro del nororiente en 1987 donde el M-19 logró fortalecer su relacionamiento con el sector campesino.[3]
Fuente: Observatorio de Paz Integral. 2012. Boletín N° 92 Noviembre de 2012. p. 1.
Hasta el momento, la historiografía se ha concentrado en investigaciones sobre el M-19 y la Alianza Democrática M-19 pero no toman como eje clave el proceso de negociación llevado a nivel regional por las diferentes estructuras de la OPM. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente artículo pretende contribuir a llenar este vacío debido a que se enfoca en el proceso de desmovilización de la Regional Carlos Toledo Plata, sus discusiones y particularidades, sin desconocer los diálogos nacionales, por este motivo, son recuperadas las declaraciones que dieron diferentes comandantes guerrilleros en el libro M-19. El heavy metal latinoamericano, una apuesta editorial del M-19 para informar a sus militantes el proceso que se estaba llevando a cabo (Beccassino, 2023).
Luchando la guerra, negociando la paz. Primeros acercamientos a nivel nacional
A lo largo de su historia de alzamiento en armas, el M-19 llevó a cabo diferentes intentos para llegar a una salida negociada del conflicto. Al inicio de la negociación, en los años ochenta se dio el asesinato de Carlos Toledo Plata en Bucaramanga (Santander) y en otro hecho, en el mismo proceso, resultó herido Carlos Pizarro. Estos actos se convirtieron en antecedentes de desconfianza frente a la “voluntad de paz” manifestada por el gobierno, las fuerzas militares y la oligarquía, quienes emprendían procesos genocidas contra la izquierda y cualquier tipo de representación política que amenazara sus intereses.
Con el ascenso a comandante de Carlos Pizarro en 1986, el M-19 asumió una nueva postura para entablar acuerdos mínimos de cara a un nuevo proceso de paz. Esto se consolidó en 1988, un año álgido para los movimientos subversivos debido a que ya se encontraba establecida la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) conformada por el M-19, Quintín Lame, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), Ejército Popular de Liberación (EPL), Unión Camilista - Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
En este año, varios miembros del M-19 fueron capturados y posteriormente asesinados con signos de tortura por agentes del Estado donde resalta la participación de hombres dirigidos por los generales Miguel Maza Márquez, Rafael Samudio Molina, Manuel Guerrero Paz y Óscar Botero (Villamizar, 1995). Frente a este escenario, la comandancia tomó acciones:
El 23 de abril de 1988 Carlos Pizarro Leongómez, en su condición de comandante general del M-19, expidió la orden N° 005 dirigida a la Comandancia Fuerza de Operaciones Héroes de Palacio, en la que determinó <<localizar y capturar a Álvaro Gómez Hurtado o, en su defecto, a otro exponente del régimen oligárquico>> (Villamizar, 1995, p. 524)
Un mes después, el domingo 29 de mayo de 1988 a las 11:50 de la mañana, luego de salir de la iglesia Inmaculada Concepción fue capturado Álvaro Gómez Hurtado, un escolta muere al intentar detener el rapto (Villamizar, 1995). Uno de los sectores más alejados de las negociaciones con grupos guerrilleros era el conservador, encabezado por Álvaro Gómez Hurtado. En su intento por abrir espacios de diálogos, el M-19 secuestró a Gómez para sentar un precedente al llamar la atención del establecimiento:
En ese año, en 1988, a nivel nacional lo que causó más impacto fue el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, que la intención no era matarlo sino enviar un mensaje de que ustedes están al alcance nuestro y que, en cualquier momento, no solamente Álvaro, sino otros pueden ser secuestrados. A raíz del secuestro de Álvaro Gómez ya se empiezan a hacer los contactos para la desmovilización. Ya se empieza a hablar por parte del gobierno de la entrega de armas con unos acuerdos que ya prácticamente se habían hecho en el gobierno de Virgilio Barco, pero que se vieron enmarcados en una traición cuando casi matan a Pizarro a puertas de la firma de los acuerdos, lo cual ocasionó la Toma del Palacio de Justicia. A raíz de esos incumplimientos.[4]
Todo esto dentro de la propuesta de “guerra a la oligarquía”, una iniciativa armada que se enfocó en realizar acciones en contra de los máximos representantes del establecimiento, evitando el enfrentamiento con fuerzas regulares comprendidas mayoritariamente por clases populares que se vieron obligadas a prestar servicio. Tal secuestro sirvió para entablar los primeros contactos de cara a un proceso de paz debido a que Gómez era un representante de la oligarquía basada en el militarismo[5] como respuesta a la insurgencia. Luego, después de una serie de cartas enviadas por el M-19 a diferentes instituciones, se estableció frente al país la única condición para dar libertad a Gómez Hurtado: “Otty Patiño, tercero en el mando central, se entrevistó en la tarde anterior con el periodista Germán Castro Caycedo, a quien anunció que la única condición para liberar a Gómez Hurtado era la búsqueda de un nuevo camino de paz” (Villamizar, 1995, p. 526).
Producto de los esfuerzos nacionales e internacionales, se logró un encuentro en Panamá con representantes de diversas corrientes políticas y sociales donde se llegó a un acuerdo que se denominó el “Acta de Panamá”, un documento que establece la voluntad nacional de iniciar un proceso de paz con el M-19, a su vez se convocó a una “Cumbre de Salvación Nacional” para el 29 de julio, escenario de debate sobre las posibilidades de la paz en Colombia (Villamizar, 1995). Después de dos meses de secuestro, el 20 de julio fue liberado Álvaro Gómez Hurtado en la ciudad de Bogotá, en su primera declaración de prensa expresó la necesidad de sentar el diálogo para lograr una salida pacífica (Villamizar, 1995). El 1 de septiembre de 1988, el presidente Virgilio Barco, mediante una intervención en la radio nacional presentó su propuesta de paz nombrada “Iniciativa para la Paz”, que consistía principalmente en:
un viraje en la política de reconciliación, normalización y rehabilitación; regresaba al esquema anterior al reconocer la negociación como un aspecto fundamental en la búsqueda de la paz y admitir nuevamente a los grupos armados como interlocutores válidos del gobierno” (Villamizar, 1995, p. 541).
Las respuestas de los grupos guerrilleros frente a la propuesta de Barco fueron diversas. En aquel entonces Jacobo Arenas, comandante de las FARC-EP, resaltó que “entonces el M-19, el EPL, el ELN, nosotros y otros movimientos hemos producido documentos de orden interno para iniciar el estudio, unificar los criterios de los movimientos y producir una respuesta oficial al plan de paz del gobierno” (Arenas, 2016, p. 285). A pesar del M-19 ser parte de la CGSB, inició un proceso de negociación por su cuenta. Esto generó cierto conflicto político con las demás guerrillas. En su momento Pizarro consideró que “la diferencia entre nuestra posición y la posición del gobierno Barco, es que Barco plantea un modelo de rendición escalonada, y nosotros un modelo de paz concertada” (Beccassino, 2023, p.49). A pesar de esto, Carlos Pizarro evidenciaba su voluntad de paz “yo creo que vale intentarlo. Creo que vale la pena en todo momento del proceso revolucionario, buscar el camino del menor costo social, no solo para la conquista del poder, sino fundamentalmente para la construcción de una nueva sociedad” (Beccassino, 2023, p. 43).
Una vez ambientada la paz mediante acercamientos a sectores considerados como reaccionarios, el 17 y 18 de diciembre de 1988, en los municipios de Popayán y Santander de Quilichao del departamento del Cauca se llevó a cabo el “Encuentro Admirable por la Paz”, un espacio que contó con 150 delegados de diferentes organizaciones populares y sociales para impulsar una salida política entre el M-19 y el Estado colombiano (Villamizar, 1995). Teniendo en cuenta lo anterior, las intenciones tanto del gobierno como del M-19 de emprender una serie de acercamientos eran evidentes. El presidente Barco a finales de 1988, delegó a Rafael Pardo Rueda, quien se desempeñaba como consejero presidencial para la paz, la función de establecer contacto directo con la comandancia general (Pardo, 2020).
En enero de 1989, Pardo Rueda logró tener una serie de reuniones con Carlos Pizarro[6] en las montañas de Chaparral, municipio al sur del departamento de Tolima, una zona con presencia de vieja data de los movimientos guerrilleros liberales y comunistas, desde los tiempos de la violencia bipartidista. El resultado de estas conversaciones, propuestas y contrapropuestas fue la primera declaración, emitida el 10 de enero. En su punto inicial manifiesta que: “convocamos a todos los grupos alzados en armas y a toda la Nación a aportar de manera decidida sus esfuerzos para el logro de la paz” (Regional Carlos Toledo Plata, 1989, p. 31). El punto subsiguiente radica en que:
2o. El Gobierno Nacional y el M-19 convocan a un diálogo directo a las Direcciones de los Partidos Políticos con representación parlamentaria y a los comandantes de los grupos de la Coordinadora Guerrillera “Simón Bolívar” para que en él, se acuerde un camino hacia la solución política del conflicto de la Nación colombiana, que tiene que expresarse en un itinerario claro hacia la democracia plena y en un camino cierto hacia la desmovilización guerrillera con las garantías necesarias (Regional Carlos Toledo Plata, 1989, p. 31).
A medida que los encuentros avanzaban, eran generadas nuevas declaraciones de la comandancia del M-19 y los delegados del gobierno nacional para dar a conocer a la sociedad colombiana los avances de las discusiones y las posibilidades de crear una agenda conjunta de cara a un proceso de paz. Esto se consolidó el 4 de febrero de 1989, cuando sale a la luz la segunda declaración conjunta firmada por Rafael Pardo y Carlos Pizarro respaldando los acuerdos de la primera, afirmando que:
2o. La declaración del Tolima estableció criterios y mecanismos claros de compromiso para iniciar y desarrollar el diálogo directo entre el gobierno nacional y los grupos alzados en armas con la participación activa de los partidos representados en el Congreso.
Conscientes del aporte que otras fuerzas sociales y políticas puedan hacer al desarrollo de este proceso, se propone que los partidos Liberal, Social Conservador y Unión Patriótica, que expresamente se adhirieron a la declaración del Tolima, establezcan conjuntamente con el gobierno y el M-19, otros mecanismos de participación a fin de canalizar e integrar los aportes de todas las fuerzas de la nación en el camino que está abierto (Regional Carlos Toledo Plata, 1989, p. 32).
Este proceso de paz se da en el marco de la guerra sucia emprendida por el Estado y paramilitares contra la izquierda en general, pero con mayor violencia contra la Unión Patriótica bajo diferentes planes de genocidio como la operación Cóndor (1985), plan Baile Rojo (1986) y plan esmeralda (1988) (Cepeda, 2006). Por este motivo, el M-19 no fue ajeno a la violencia, dentro de las discusiones puestas tanto en las mesas de trabajo a nivel nacional como regional se encontraba el asesinato de militantes políticos como un obstáculo para llegar a una solución pacífica de cara a la construcción de una democracia plena (Castellanos y Castillo, 2022).
El 6 de marzo de 1989 fue emitida la tercera declaración conjunta (Regional Carlos Toledo Plata, 1989). En este mismo documento condenan el ataque sicarial donde fue asesinado José Antequera, dirigente de la Unión Patriótica y herido Ernesto Samper Pizano, precandidato presidencial del Partido Liberal para las elecciones 1990-1994. Por su parte, la cuarta declaración fue comunicada el 17 de marzo de 1989 (Regional Carlos Toledo Plata, 1989).
Este proceso sirvió para fortalecer la propuesta política del M-19 en la sociedad colombiana: construcción de una democracia en la nación basada en la integración de la ciudadanía a la vida social y económica del país, su renuncia a la lucha armada y su paso al panorama político-electoral de carácter representativo. Ahora, esto responde a que, desde la VII Conferencia en 1978, el M-19 optó por un cambio de banderas políticas debido a las restricciones propias de medidas como el Estatuto de Seguridad (1978-1982)[7] del presidente Julio Cesar Turbay Ayala (Villamizar, 2022).
El M-19, aprovechó la coyuntura y reconocimiento social para intentar la conformación de un nuevo bloque histórico, usando el concepto de Gramsci, integrado por diferentes sectores políticos de cara a una serie de reformas a nivel nacional. La constitución de un acuerdo nacional intenta, en cierta medida, construir una nueva hegemonía[8] relegando al bipartidismo del Frente Nacional. Una vez más, M-19 evidenció que no se basó en una propuesta de dictadura del proletariado mediante la toma del poder por la vía armada, su alternativa fue el reformismo: una serie de concesiones de la burguesía para ampliar la participación social y algunas discusiones sobre el modelo de sociedad vigente hasta entonces.
La historia oficial política colombiana presenta la democracia como sólida, pero se trata de una democracia restringida y restrictiva que se ha consolidado cada vez más con diferentes elementos de dominación y mecanismo de restricción como lo es el sistema electoral. Producto de esto, a lo largo del proceso de paz se hizo énfasis en un cambio del sistema electoral, pues teniendo en cuenta el hito fundacional del M-19 este no resultaba un tema coyuntural, sino una necesidad histórica para la política colombiana dominada por el clientelismo.
El M-19 afirmaba que, mientras no se dieran cambios estructurales en los sistemas electorales, mantenían “la convicción de que el camino electoral está definitivamente cancelado como medio para una transformación del país, ya que un triunfo es casi imposible y, si se logra, será desconocido” (Zuleta, 2019, p. 2011). Esto se consideraba imprescindible para alcanzar la “democracia plena”, una propuesta de Carlos Pizarro que se basa en una concepción de participación social superior a la democracia representativa imperante en el sistema político colombiano dominada por unas élites tanto económicas como políticas que impiden la participación de nuevos sectores sociales y representaciones políticas por fuera de los sectores tradicionales:
La democracia plena es un concepto que busca que tanto la economía y en su esencia la riqueza, la política, lo social, todo se rija por leyes democráticas, por ejemplo, el sistema electoral colombiano es un sistema excluyente, es un sistema político electoral que no permite que el ciudadano acceda fácilmente a un cargo de representación [9]
Si bien, con el proceso de paz del M-19 no se pretendía resolver todas las condiciones estructurales que dieron nacimiento a los diferentes grupos armados tanto liberales como comunistas, puso a discusión una de las motivaciones: la participación política.
No obstante, el proceso de negociación a nivel nacional sufrió varios obstáculos. En el marco de estos encuentros, fue asesinado Afranio Parra en Bogotá, uno de los hombres más importantes del M-19 que participó activamente desde la conformación de la OPM y formaba parte de las mesas de trabajo con el gobierno. Parra fue asesinado el 6 de abril de 1989 en el barrio San Joaquín por tres integrantes de la policía que en ese momento no se encontraban en servicio (Corporación para la paz y el desarrollo Carlos Pizarro Leóngómez, 2003). A pesar de este suceso, el temple de Pizarro y del M-19 siguió firme. La decisión estaba tomada:
Nosotros como M-19 siempre hemos tenido la ideología y la idea del cambio, independiente de todo. Para nosotros lo más importante era que el cambio se diera y que realmente el pueblo colombiano se diera cuenta de la magnitud de las cosas que estaban pasando en ese momento.[10]
La posibilidad de generar una serie de reformas políticas que integrara a la población colombiana era parte de la agenda de discusión y uno de los más grandes objetivos de la OPM. Además, condensar el acumulado político para consolidar propuestas de mayor envergadura con la sociedad civil. Ante la posibilidad de lograr un acuerdo con el Estado, su mayor motivación era retornar a la vida civil y poder realizar actividad política de manera legal:
Teníamos claro una cosa, lo veíamos bien porque nosotros éramos más políticos y sociales que hombres de armas. Particularmente no me gustaban los enfrentamientos, no por temor o miedo porque cuando uno asume esta responsabilidad sabe que lo mínimo que se puede ganar es una muerte, un tiro en medio de la lucha. Y así lo aceptaba. Pero me gustaba más el tema político, hablar con los campesinos, luchar por sus derechos. cómo orientar a las comunidades en el pueblo.[11]
La región en la construcción de una agenda de paz
La posición asumida por el M-19 no tiene tanta distancia respecto a los primeros acercamientos de la comandancia, encabezada por Jaime Bateman Cayón en años anteriores. La postura de Bateman consistía en que, para alcanzar la paz, era necesario dar respuesta a las condiciones de vida en la que se encontraba inmersa la mayoría de la población y que correspondían con las condiciones objetivas que dieron nacimiento a las diferentes representaciones de violencia y descontento social como fueron los movimientos guerrilleros. En otras palabras, la ausencia de conflicto entre grupos subversivos y el Estado no significa vivir en paz para el pueblo colombiano. En palabras de Pizarro “Lo fundamental, hoy, es ganar la concertación. La concertación reconoce al otro, integra, permite avanzar hacia una sociedad democrática más fácilmente que una victoria democrática” (Beccassino, 2023, p. 44). Esto se tradujo en la vinculación de diferentes sectores sociales:
Nos trasladamos como delegados en medio del diálogo cuando ya vimos que la cosa era bastante seria. fui delegado del M-19, hicimos el primer foro por la paz que se dio con una cantidad de amigos, recuerdo compañeros sindicalistas, compañeros que estaban en la lucha política al lado nuestro, pero desde la óptica sindical, compañeros de luchas en armas. Llegamos a San Alberto con una misión, hablar con las fuerzas militares, políticos, empresarios y sociedad civil para echar el cuento, quiénes éramos y qué pensábamos de la vida política de Colombia y qué queríamos del proceso de paz. Esos eran los inicios de la gran jornada.[12]
Una de las estrategias para la dinamización de los espacios fue la creación de vocerías regionales por parte del M-19 de cara a los diferentes encuentros (Castellanos y Castillo, 2022):
Había una estructura de voceros a nivel nacional que habían salido de las negociaciones. Además de que tenían un esquema de seguridad, tenían que estar acompañados por integrantes de seguridad del Estado, sin embargo, hubo asesinatos, pero fueron mucho después de lanzar esa campaña de desmovilización.[13]
La participación de sectores sindicales en este complejo proceso de negociación no se da de manera espontánea. Los lazos del M-19 con sectores sindicales en Santander se dan desde la misma conformación como movimiento guerrillero debido a que varios de sus integrantes eran miembros activos del sindicalismo, pero se vieron obligados a pasar a la clandestinidad (Guerrero, 2005). En el sur del Cesar corresponde a un proceso de solidaridad por el apoyo brindado por el M-19 en las huelgas de los años setenta donde, gracias a la intervención de la OPM, los trabajadores lograron diferentes reivindicaciones laborales (Castellanos, Castillo y Méndez, 2023).
Teniendo en cuenta la propuesta de vincular diferentes representaciones políticas como sociales a nivel regional, el M-19 realizó una serie de invitaciones a diversos sectores políticos mediante cartas. Tal como lo expresa uno de los encargados de tal actividad:
Nos reunimos en el sindicato, y Molano me dijo “hermano, toca que vaya al municipio de Aguada y al municipio de la Paz y busque los alcaldes y los curas y, hable con ellos y a cada uno le entrega esta carta, pero usted no la puede abrir, usted no puede enterarse de lo que contiene la carta, no vaya a cometer ese error, y cualquier cosa que esté en peligro desaparezca la carta”, entonces yo le dije: listo.[14]
La misiva no solo se dirigía a sectores con ideología afín, eran enviadas a todos las representaciones políticas de reconocimiento social en la región. Una de las mismas llegó a Victor Lizcano, presidente de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander (USITRAS) (Castellanos y Castillo, 2022). En palabras de Lizcano:
Eso lo supimos por los medios de comunicación. Llegó una carta a USITRAS invitándonos a las organizaciones sociales. Nos llegaron cartas del M-19 donde el comandante nos invitaba a participar en la desmovilización para hacer amena la situación y para que le hiciéramos los aportes; que ellos habían tomado esa determinación de acabar la guerra y construir la paz.[15]
La vinculación de integrantes del M-19 en diversas representaciones populares y sociales no es de desconocer a lo largo de la historia política del país. Cualquier tipo de escenario era empleado para informar a militantes y simpatizantes sobre las decisiones llevadas a cabo y los avances en el proceso de negociación, también eran empleados para entregar las cartas de invitación a las administraciones locales y representaciones políticas (Castellanos, Castillo y Méndez, 2023).
Uno de los inconvenientes en el momento de hablar sobre la presencia de los grupos guerrilleros en una zona y lapso determinado era considerar netamente como actividad subversiva la existencia de estructuras armadas. Por su parte, hay dos perspectivas para ver la influencia del M-19: una armada y otra política, las dos se encuentran intrínsecamente relacionadas, pero no necesariamente la presencia política se corresponde con presencia armada. Para el Magdalena Medio, la presencia armada no era mayor debido a que solo se encontraba una UE, pero contaba con simpatía en diversos sectores en zonas donde no contaba con hombres o mujeres armadas. Por este motivo, uno de los intereses de la comandancia en la región era la de llevar a cabo la mayor cantidad de espacios a lo largo del territorio para poder vincular más sectores en este proceso y abrir las puertas para una participación político electoral en municipios que no se contaba con presencia armada: “Buscando la mayor participación posible, se hicieron encuentros por toda la región: San Alberto, Aguachica, Codazzi, todo lo que es el sur del Cesar, Valledupar igualmente, Bucaramanga, Barrancabermeja. Todo lo que fue Magdalena Medio”.[16] Todo esto se daba sin contar con total seguridad de que el proceso de paz saldría adelante y se lograra consolidar entre el gobierno y la OPM:
Nosotros bajamos al municipio, pero de civil siendo todavía guerrilla nos fuimos a echar el cuento. Nosotros tampoco conocíamos mucho porque la negociación se hacía en Bogotá entre el gobierno y la comandancia, pero nos dijeron, vayan y cuenten a la gente que ya nos vamos a desmovilizar y vamos a empezar un proceso político, a participar en elecciones y a trabajar por lograr un cargo de elección popular.[17]
El Encuentro por la Convivencia y la Normalización, espacio para el primer ataque a la paz
Uno de los hechos de ataque a la paz por parte de las fuerzas militares se dio en San Alberto. El 7 de febrero de 1989, Isidro Caballero[18] y María del Carmen Santana[19] fueron detenidos en la zona rural del municipio en el sector de “Guaduas” y posteriormente desaparecidos por integrantes de la patrulla Morrison del ejército, adscritos a la V Brigada de Bucaramanga (Santander).[20] Tal como se expresa, el objetivo de aquellos era “procurar una salida política al conflicto armado, propiciando encuentros, foros y debates en diferentes regiones” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1995. p. 2). En el momento de su desaparición, Isidro se desempeñaba como uno de los voceros regionales del M-19:
Isidro Caballero fue desaparecido porque él era un vocero del M-19. Entonces él estaba en una comisión por San Alberto, lo cogió el ejército de San Martin (Morrison) y nunca se encontró por ninguna parte. De todas formas, dicha violación de los derechos humanos se dio a conocer a nivel internacional. Ese asesinato no fue que haya cambiado algo, todo siguió lo mismo, sin embargo, la estructura que había en San Alberto, en la parte del cerro si se vio afectada porque Isidro Caballero algo tenía que ver en eso mismo.[21]
Isidro era considerado, bajo una perspectiva gramsciana, como un intelectual orgánico de gran relevancia en el M-19 por su capacidad de organización social y transmisión de conocimientos, elementos clave para los procesos revolucionarios (Castellanos, Castillo y Méndez, 2023). La importancia para el sindicalismo y el M-19 en la región es notable. Fue delegado por diferentes colectividades como su representante político. Por este motivo, “a Caballero Delgado le correspondía organizar Foros para la Paz en Bucaramanga, San Alberto y Aguachica” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1995, p. 13). Este hecho de violencia se da en el marco del “Encuentro por la Convivencia y la Normalización”, previsto para el día 16 de febrero en San Alberto (Castellanos y Castillo, 2022). La desaparición forzada de Isidro trajo implicaciones políticas: el proceso de negociación a nivel regional perdió a uno de los hombres de más trayectoria política y sindical, uno de los voceros más importantes del M-19 fue arrebatado de forma violenta por los enemigos de la paz “Isidro Caballero era un gran dirigente sindical, un excelente líder, gran amigo. Nos dictaba las charlas, era organizado y estaba en el sur del Cesar porque precisamente había escuela de formación”.[22]
En reemplazo de Caballero como vocero, fue asignado Víctor Manuel Lizcano. Sumado a ello, la UE Andrés Almarales se vio obligada a realizar cambios en su estructura orgánica debido a que él era el encargado de la formación política de los integrantes de esta unidad, dentro de los temas impartidos tanto por Caballero como por el siguiente formador designado, resaltan los siguientes: los objetivos de la organización, el proceso de paz que se estaba llevando a cabo, la democracia plena y demás (Castellanos, Castillo y Méndez, 2023).
Sin importar los ataques a la paz, el M-19
mantenía su convicción recordando las palabras de Bateman “por la paz haremos
hasta lo imposible” (Behar, 1986, p. 357). El proceso siguió avanzando y el interés del
M-19 se focalizó en descentralizar para buscar “diálogos regionales para
recoger las iniciativas que contribuyan a aclimatar la convivencia, la
normalización y la reconciliación” (Grabe, 2010, p. 15). Además de generar
propuestas de cara a las necesidades de cada
municipio, se buscaba la simpatía de diferentes sectores para la construcción
de un electorado.
Tenían importancia los encuentros, se levantaban discusiones, pero adicionalmente porque se estaba haciendo proselitismo político, entonces tocaba participar en las elecciones ¡no fueron puestos ganados por negociación! Desde que salió el M-19 fue participando en elecciones, al inicio se notó una participación masiva de toda la gente que era simpatizante, posteriormente bajaron un poco los índices, pero igual se mantuvo.[23]
La militancia clandestina de los integrantes del M-19 finalizó en el momento en que iniciaron los encuentros regionales. Los encargados de la faceta netamente política asumieron el papel de voceros regionales y dirigieron los diferentes eventos. En aquel momento significó dos cuestiones importantes: primera, empezar un proselitismo político de cara a la constitución de un partido político una vez finalizado el proceso de desmovilización. Por su parte, el segundo, un compromiso con el proceso de paz debido a que su seguridad era expuesta. Otras de las funciones destinadas para los representantes de la organización era establecer relaciones con las diferentes colectividades en los municipios:
Al inicio estuvieron, yo diría, todos los partidos que se movían en San Alberto: la derecha y la izquierda en el momento de la desmovilización porque además fue acompañado por todos los otros que salieron del M-19 a la luz pública a hacer el proselitismo político.[24]
Tal como lo expresó Jaime Bateman años atrás, invitaba “a todos aquellos que crean que pueden aportar en la búsqueda de soluciones que exige a gritos el país” (Villamizar, 2022, p. 69).
El escenario ahora es Santander: el encuentro de Sabanagrande
Los espacios de concentración se siguieron desarrollando en toda la región. A mediados de marzo, Sabanagrande, corregimiento del municipio de Sucre (Santander), fue escenario de uno de los diversos encuentros. Aquí se dan varias particularidades: miembros de las UE Andrés Almarales y Zorayda Téllez, sumado a la presencia de los frentes XI y XXIII de las FARC-EP (Regional Carlos Toledo Plata, 1989). Ahora, es importante resaltar que en las actas de los anteriores encuentros no se registraba la presencia de las dos unidades de las Regional Carlos Toledo Plata en el mismo encuentro, mucho menos la de integrantes de las FARC-EP. En este espacio se establecieron acuerdos mínimos para seguir efectuando encuentros: conformación de una comisión regional que se enfocara en los avances de los puntos establecidos, vigilancia al Plan Nacional de Reincorporación -PNR- y cese al fuego bilateral entre los dos grupos guerrilleros y las fuerzas armadas (Regional Carlos Toledo Plata, 1989).
Como se ha hecho referencia a lo largo del proceso de negociación se buscó respuesta a los reclamos regionales de las diferentes poblaciones y representaciones políticas. Un tema que se denunció fue el paramilitarismo que cada vez se expandía más en todo el Magdalena Medio y se convertía en una amenaza una vez se diera la reincorporación a la vida civil de los integrantes del M-19 para evitar repetir lo vivenciado por la UP:
No mucho, porque igual eran situaciones muy aparte por decirlo de alguna manera. Porque el M-19 estaba negociando para la gente que salía y lo mismo del espacio político. Entonces no se mencionó mucho lo de la Unión Patriótica. Se preocupaba por la seguridad.[25]
Dentro de los puntos del acta se declaró que era necesario “Condenar la violencia, cualquiera que sea su origen. Rechazar a los grupos de sicarios, crear las condiciones objetivas para la ampliación de los espacios políticos y la purificación de nuestra democracia” (Regional Carlos Toledo Plata, 1989, p. 4). Así mismo, los diferentes actores partícipes de estos encuentros presentaron sus respectivos informes sobre los avances de los acuerdos y funciones establecidas para cada colectividad, también se invitó al III Encuentro Nacional por la Paz y la Democracia (Regional Carlos Toledo Plata, 1989).
Vélez sede del III Encuentro Nacional por la Paz y la Democracia
El proceso de negociación llevado a cabo por el M-19 y el gobierno trajo nuevas dinámicas políticas. Sectores inconformes y no representados por las colectividades vigentes, tomaron un nuevo aire para evidenciar su descontento con el bipartidismo. Nuevamente, tal como aconteció con la experiencia de las FARC-EP en La Uribe,[26] la guerrilla volvió a jugar un papel como interlocutora de la sociedad y el gobierno. Esto se vio reflejado el 21 de abril de 1989 en el municipio de Vélez,[27] donde se llevó a cabo el III Encuentro Nacional por la Paz y la Democracia (Regional Carlos Toledo Plata, 1989). Acorde a los intereses del M-19 por vincular la mayor cantidad de actores políticos posibles, en tal espacio participaron diversas representaciones: alrededor de 1500 personas participaron de este evento entre concejales, alcaldes, delegados del gobierno nacional y departamental, miembros de la iglesia católica, voceros regionales del M-19, campesinos y sindicalistas (Vélez, 1989).
Aunque se menciona específicamente el evento de Vélez, se desarrollaron más actividades a lo largo de la provincia, estas estuvieron bajo la responsabilidad de UE Zorayda Téllez:
Cuando se hizo el proceso de desmovilización yo estaba en Bolívar (Santander) en la parte rural, se dio el proceso de desmovilización y bajaron unos compañeros al pueblo de Vélez, a Puente Nacional, Barbosa, yo fui una de las que me quedé en el monte con una escuadra que éramos 10, yo me quedé en el monte, ya cuando se hizo el proceso de paz y se firmó como tal, la parte que quedó armada en el armada salió a la ciudad.[28]
Entre los temas a discutir en este espacio y teniendo en cuenta el nivel de representatividad, las discusiones-propuestas giraron en torno a las reformas en lo político, social y económico, y las relaciones clientelistas en la provincia (Regional Carlos Toledo Plata, 1989; Vélez, 1989). Además, se dio la creación de un Comité Regional por la Paz para la provincia de Vélez, este órgano estuvo conformado por un representante de las siguientes colectividades: iglesia católica, partidos políticos tradicionales, campesinos, sindicalistas y M-19 (Regional Carlos Toledo Plata, 1989). Desde el inicio de estos diálogos, se dio un nuevo aire a la política de la región. Uno de los aportes de este encuentro fue la metodología participativa, en la que según Vélez (1989):
En vez de una gran retahíla de discursos largos y genéricos, se escuchó el análisis de la realidad regional. A cambio de promesas inocuas y evasivas, los diferentes sectores sociales allí presentes tuvieron tiempo de reunirse por aparte, elaborar unas propuestas concretas y prever la revisión de los compromisos adquiridos, cuando se realice el próximo diálogo (p. 18).
Uno de los actores invitados y que acompañó todo el proceso fue la iglesia católica. La influencia de esta institución en los años ochenta y noventa es evidente, por eso no fue concebido llevar un proceso de paz que integrara a la sociedad sin la presencia de este actor: “en estos diálogos, la iglesia católica jugó un papel determinante por medio de la colaboración de Monseñor Leonardo Gómez Serna y de los sacerdotes en el proceso de desmovilización del M-19 y de sensibilización y acogida al proceso por parte de la población civil” (Castellanos y Castillo, 2022, p.51-52).
Digamos que fue un poco como, sí se invitó y participaron, pero no fueron protagonistas. Realizaron una labor más simbólica. Como por nombrarlos, ellos no estuvieron a cargo de alguna gestión ni nada por el estilo. Todo se manejó a través del ministerio del interior y la comandancia del M-19.[29]
La postura sobre la relevancia o no de la iglesia católica radica principalmente en su papel en este proceso de paz, como no se le fueron asignadas funciones o actividades particulares a realizar, puede interpretarse que no jugaron un papel tan considerable (Castellanos y Castillo, 2022). Por otro lado, se encuentra que la iglesia católica contaba con un gran reconocimiento en los años ochenta y noventa como guía espiritual de la mayoría de la población colombiana. Su presencia buscaba representar la vinculación de la sociedad en este proceso de negociación debido a su capacidad de convocatoria y aceptación, las invitaciones emitidas por los miembros de la iglesia se transformaban en un impulso más para los diálogos. Esta postura es apoyada por Lizcano:
La iglesia jugó un papel importante, el escuchar en la santa misa que se celebraba la toma de decisión de desmovilizarse, de pasar a la vida civil, de una organización armada a una alianza popular del M-19 era un paso positivo porque se evitaría más derramamiento de sangre y así se dio. El personaje que más se caracterizó fue el monseñor Ignacio Gómez, porque fue un papel conciliatorio. Nosotros sabemos que el pueblo colombiano era católico, por eso se tuvo en cuenta a la iglesia también.[30]
La concepción de Víctor Lizcano es respalda por Vélez (1989) donde resalta la relevancia del papel de la iglesia católica en este proceso de negociación:
La contribución de la iglesia va más allá de ser garante moral de los diálogos de la paz, o de su tutela. Fortalece procesos de participación de los distintos sectores sociales, favoreciendo a aquellos que, como los campesinos, han tenido confiscada su voz y su libre expresión. Contribuye a derrotar el miedo, que impide en tantos lugares la realización de conversaciones civilizadas. Propicia un ambiente de confianza para la manifestación de las críticas y de las diversas apreciaciones. Presiona para que se cumplan las promesas, denunciando las falacias y demagogias (p. 18).
A pesar de que se encontraban gestando escenarios de construcción del proceso de paz se orquestaron varios ataques contra el mismo, aunque el de Isidro Caballero fue el más representativo, el 26 de julio fueron asesinados dos integrantes de la UE Zoraida Téllez en el departamento de Santander. En la vereda Alto Nogales, del municipio de Bolívar los militantes del M-19 Saúl Duque y Miguel Suárez junto a los colaboradores Ramiro Sanabria y Flor Rojas Ruiz, fueron asesinados por integrantes de la V Brigada del ejército mientras desarrollaban actividades de proselitismo político (Villamizar, 1995).
Aguachica como eje del sur del Cesar: Encuentro Regional por la Paz
El 28 de julio de 1989 se llevó a cabo el Encuentro Regional por la Paz en el municipio de Aguachica, localizado en el sur del Cesar. Una de las estrategias adoptadas para dar cumplimiento a los acuerdos y tareas asignadas en el marco de los diferentes encuentros, fue la conformación en el sur del Cesar[31] de los Comités Regionales por la Paz, integrados por diferentes entidades administrativas como concejales, diputados y alcaldes, el Monseñor Ignacio Gómez -Obispo de Ocaña-, representantes de los trabajadores como Jairo Cruz -presidente de Sintraproaceites-, Natividad Urieto de la Asociación de Mujeres de Colombia y voceros del M-19 como Marcos Ríos (Regional Carlos Toledo Plata, 1989). Estos espacios sirvieron para sentar bases de la estructura y alianzas políticas con diferentes sectores en los municipios de cara al ingreso a la vía político-electoral que se contemplaba una vez se diera entrega de las armas: “el objetivo era llevar el mensaje político del movimiento, cuál era el objetivo del partido y toda la cuestión cuáles eran las actividades a desarrollar si llegaban a gobernar".[32]
Si bien es atribuible el papel de orador en estos espacios específicamente a los encargados de la dirección política de la organización, no fue así, los miembros de base también contaron con la posibilidad de expresar las ideas del M-19 y su propuesta de paz. Todos los integrantes de las dos unidades, en la medida de lo posible, por limitaciones de transporte o seguridad, participaron activamente en el desarrollo de los diferentes eventos efectuados a lo largo del proceso de negociación, desde cuestiones logísticas hasta actos de apertura o cierre de los encuentros:
Básicamente se trabaja lo mismo, el cambio de gente, no íbamos todos los que estábamos en San Alberto no íbamos a barranca, algunos íbamos, otros no. Participamos en Curumaní, algunos de los estábamos ahí en San Alberto fuimos, algunos no podían asistir. O de pronto cambiaba uno de los voceros en el discurso, llegaba el otro que era menos conocido, pero de todas maneras se hablaba el mismo lenguaje.[33]
Uno de los momentos de mayor trascendencia es la X Conferencia que se dio entre septiembre y octubre en Santo Domingo donde se logró llegar a un consenso sobre la decisión final de la desmovilización (Caro y Cruz, 2022). La consolidación de los aportes de las diversas mesas de participación a nivel regional y nacional dieron como resultado “Hemos Decidido”, un documento firmado por Carlos Pizarro, Otty Patiño, Germán Rojas Niño y Antonio Navarro, máximos representantes del M-19 en aquel momento (Castellanos y Castillo, 2022).
Mantenerse en pie de guerra es hoy más fácil que abrirle paso a la paz, pero en un país despedazado por tantas guerras y fracturado entre muchos poderes, alguien tiene que empezar. Hemos asumido este proceso sabiendo que nuestro esfuerzo es parcial y que éste no es el único camino a la paz. Nuestro primer reto es romper el escepticismo, la incertidumbre y el sentimiento de impotencia en los colombianos. Somos conscientes de que lo nuevo e insólito siempre despierta incomprensión y duda. Por eso, dejar las armas se ve como locura e ingenuidad, pero elegimos hoy este camino porque estamos seguros de que la gran mayoría de colombianos necesitamos la paz. Queremos dejar de esperarla. No una paz cualquiera. No la paz de la intimidación, ni del silencio y la soledad. Necesitamos un país en movimiento, expresando sus sentimientos, luchando por sus ideales, concertando con libertad las soluciones. Esta vez hemos decidido desarmar nuestras estructuras militares para dotarnos de más eficacia política (...) Hemos conseguido un referendo. Nuevamente, después de 32 años los colombianos tendremos un mecanismo para decidir un camino de renovación. Nos comprometemos a defender hasta el final su contenido de paz. (...) El referendo nos dá (sic) unas garantías mínimas para el ejercicio político. Nos convertiremos en un movimiento legal, y con nuestra participación en las elecciones iremos recobrando con los colombianos este instrumento democrático tan envilecido por la mezquindad oligárquica. (...) Necesitamos un Estado que respete y haga respetar los derechos humanos. Que garantice y promueva el ejercicio ciudadano. Que acepte el pluralismo de una nación diversa que no cabe en los partidos de siempre. Un estado que ni aplique ni tolere la eutanasia social y política como falso remedio para la insurgencia y las desigualdades. (...) Esa es la Colombia que queremos porque queremos a Colombia (Pizzarro, et. al., como se citó en Regional Carlos Toledo Plata, 1989, p. 85-87).
A lo largo del proceso de negociación es evidente que el M-19 se posicionó como un interlocutor entre la sociedad civil y el gobierno. Dada la coyuntura, se consideró estratégico usar como cimiento el ideario de Jaime Bateman, quien insistía desde la implementación del Estatuto de Seguridad que la propuesta de paz para Colombia requería del denominado “Sancocho Nacional”.[34] En otras palabras, “Bateman proponía un diálogo nacional que funcionara como un sancocho, tal vez pasando por alto que el movimiento del que hacía parte ya constituía, por sí mismo, un sancocho nacional” (Medellín, 2016, p. 15). La intencionalidad de “El Flaco” parece ser la construcción de un proyecto de nación mucho más amplio que integrara diversas ideologías políticas y movimientos sociales de cara a la transformación de la realidad colombiana; es decir, en términos de Gramsci “un bloque histórico” en búsqueda de un cambio en la hegemonía de una clase social sobre otras subordinadas (Pachón, 2021).
El final de este viaje, rompiendo las filas y deponiendo las armas
Teniendo en cuenta la presencia FARC-EP y ELN a lo largo del Magdalena Medio, el M-19 estableció un constante relacionamiento. En estas regiones, la CGSB llevó a cabo diferentes acciones armadas de manera conjunta que fortalecieron los lazos pues tuvieron campamentos situados en las mismas zonas (CNMH, 2014). Por este motivo, la decisión del M-19 generó rupturas a nivel nacional y local entre los integrantes de la CGSB debido a que se contemplaba como un conjunto de movimientos para actuar orgánicamente.
Carlos Pizarro fue uno de los personajes más importantes, en su condición de comandante general del M-19, se movilizó a Casa Verde, ubicación del Secretariado de las FARC-EP, para intentar vincular a las demás guerrillas en el proceso de paz, pero no fue posible debido a las diferencias políticas e ideológicas en las que se basaba cada grupo (Beccassino, 2023). Tal situación también se vivió a nivel regional: “Sí se dieron algunas discusiones por el grupo del ELN y el EPL. De inconformidad con nosotros por el proceso de paz, de desmovilización y rechazo, ellos rechazaron ese proceso, no estaban de acuerdo que el M-19 se desmovilizara”.[35]
Contrario a lo acontecido con antiguos procesos de paz entre gobierno y guerrillas liberales, uno de los acuerdos era la fundición de todo el armamento del M-19, más no la entrega del mismo al Estado colombiano (Pardo, 2020). Una vez finiquitados estos detalles, se dio la instrucción a todas las estructuras de iniciar la recolección de todo el armamento del equipo de combate.
Yo me relacionaba mucho con un muchacho que le decían Rojas. Él me iba dando instrucciones. Hasta, por cierto, yo tomé riesgos esa vez que ellos trajeron un arma para entregar. Las guardaron en la casa, yo las tuve como un mes. Luego se las llevaron para entregarlas.[36]
Teniendo en cuenta la complejidad de cuestiones logísticas como seguridad, transporte y demás requerimiento de reporteros y representantes de otros partidos, era necesaria un constante relacionamiento entre las comandancias locales, regionales y nacionales para garantizar la vida de los integrantes de las OPM, en este caso resalta el papel de Carlos Ramón González “Mario Santander” (Castellanos y Castillo, 2022). Mario Santander como uno de los comandantes del M-19 en los Santanderes y Cesar, era de las personas encargadas de coordinar los últimos detalles de la desmovilización de la Regional Carlos Toledo Plata:
Nosotros teníamos un medio de comunicación que nos permitía saber a qué hora exactamente se iba a desarrollar la desmovilización, a qué hora iba a iniciar en San Alberto. Yo me desplacé a la ciudad de Bucaramanga para avisarle a Carlos Ramón González que era el comandante de toda la zona del Nororiente colombiano para que ellos tuvieran conocimiento de lo que se estaba haciendo. Para que fueran los periodistas, algunos personajes importantes para que se garantizara, de alguna manera, la seguridad de las personas que se desmovilizaban.[37]
La movilización de los integrantes de la Andrés Almarales hasta el departamento del Cauca significó un gran reto logístico para las diferentes instituciones, tanto las locales como nacionales. El primer obstáculo era la presencia de otros actores armados en el sur del Cesar, especialmente los paramilitares, que en años previos fueron conformados por integrantes del ejército y las élites económicas de la región (Castellanos, Castillo y Latorre, 2021). Estos grupos se mostraban en desacuerdo a cualquier tipo de representación de izquierda o contraria a sus intereses, por este motivo se procedió a coordinar con los diferentes entes el traslado de los miembros del M-19 (Castellanos y Castillo, 2022). Los integrantes de la UE Andrés Almarales se concentraron en la sede de Sintraproaceites, ubicada en el barrio Primero de Mayo del municipio de San Alberto (Castellanos, Castillo y Méndez, 2023):
Permanecimos 3 días en la sede social. De ahí nos trasladamos hasta Aguachica en transportes que fueron pagados por la alcaldía de San Alberto igual porque el comandante de policía de San Alberto en la época preparó toda la logística junto con el alcalde para hacer la desmovilización y que no tuviéramos ningún inconveniente. El avión fue pagado por el ministerio del interior, cuando eso estaba Rafael Pardo como Consejero Presidencial para la Paz. Entonces fueron 4 avionetas en las que se movilizó toda la comitiva que salió del sur del Cesar.[38]
Los integrantes de la UE Zorayda Téllez se concentraron en el municipio de Vélez. Los de la UE Andrés Almarales en San Alberto, como lo afirma uno de los integrantes de la OPM: “Pues porque el M-19 se tomó la sede, se tomó la sede para acampar 3 días mientras se arreglaba todo lo de transporte y las situaciones del viaje para Santo Domingo”.[39] Este hecho fue de gran interés para los diferentes medios tanto nacionales como regionales, este proceso fue cubierto por la prensa.
Acá en el Cesar tuve la responsabilidad de llevar los medios de comunicación y de dar la información en Bucaramanga a quien tocaba dársela para garantizar que no fuera a suceder algo mientras la gente estaba en la sede. Aunque en la sede estaban armados, se montó vigilancia por todo el perímetro de la sede. Eso fue algo que me tocó organizar a mí y brindar la seguridad de los 3 días mientras salía la gente para el Cauca. No hubo hostigamiento, todo pasó normal. En el Cauca, ya había otros encargados de la seguridad.[40]
En diciembre de 1989, en el departamento del Cauca, el M-19 inició el proceso de concentración de la mayoría de los miembros de la OPM, los comandantes de las unidades ejército de la Regional Carlos Toledo se movilizaron al corregimiento de Santo Domingo para recibir las últimas indicaciones (Villamizar, 1995). Los integrantes de la Regional Carlos Toledo se movilizaron al departamento del Cauca para vivenciar y ser parte del acto de dejación de armas que se llevaría a cabo el 9 de marzo de 1990:
Sí, allá estuvimos concentrados desde principios de diciembre de 1989 de ahí de San Alberto nos trasladamos a Aguachica, de ahí volamos a Tuluá y de ahí nos llevaron hasta Santo Domingo. Claro, había hostigamientos del ejército porque toda la gente estaba llegando allá. Pero afortunadamente no hubo ningún percance, ni nada serio. Todo el mundo contento. Apenas llegamos allá se hizo dejación de armas. Nosotros nos quedamos hasta enero del siguiente año 1990. De ahí regresamos a las regiones. Regresamos a San Alberto, otros a Barranca. Total, la gente salió de allá a mediados de febrero, pero gradualmente se fue trasladando la gente para los pueblos que pertenecían. Allá estuvo todo en calma.[41]
El reconocimiento político que tuvo el M-19 en Santander y sur del Cesar se evidencia en el acompañamiento de inicio a fin por parte de diferentes sindicatos, organizaciones campesinas, movimientos políticos y demás. Una de las organizaciones obreras con mayor cercanía en Santander fue USITRAS, su junta directiva se trasladó al departamento del Cauca para presenciar el acto de dejación de armas (Guerrero, Tristancho y Cediel, 2005). No solo los miembros de mayor trayectoria participaron en este evento, cientos de integrantes de los diferentes sindicatos asistieron. Tal como lo expresa Víctor Lizcano, quien en ese momento era el presidente de USITRAS:
Entonces nombramos una comisión para ir a la desmovilización al Cauca, para conocerla y el ejecutivo la aprobó, mandamos 20 buses allá. Yo iba en cabeza de esa comisión y allí hablé con los dirigentes del M-19, con Carlos Pizarro Leóngomez que era el máximo dirigente. Cuando llegamos nos saludó muy bien. Yo dirigí la situación en nombre de USITRAS y con el apoyo de muchos más dirigentes y los demás compañeros estuvimos en el espacio de negociación de ellos con el gobierno por 20 días.[42]
Si bien el proceso de negociación se llevó a cabo en territorio nacional, contó con cubrimiento internacional y en el acto de entrega de armas hicieron presencia delegados de diferentes organismos como la Internacional Socialista, representantes de los gobiernos de Perú, Bolivia y Ecuador (Pardo, 2020; Villamizar, 1995). En ese momento, aquella guerrilla realizó su última acción armada en el corregimiento de Santo Domingo: se ordenó acabar toda la munición debido a que no se realizaría entrega de armas al Estado colombiano.
Ya no era M-19 con armas porque allá Pizarro lo dijo y en presencia de nosotros dijo “Allá vamos a poner las primeras armadas y no queda ni una pistola de fuego siquiera en nuestras manos. Aquí vamos a quedar desarmados igual que los compañeros sindicalistas, de las organizaciones sociales, de los movimientos comunales” porque allá había de todas las organizaciones populares, grandes industriales. “Como están ellos vamos a quedar nosotros”[43] dijo Pizarro. Y así fue que sacó la pistola de él y la colocó allí y sobre esa pistola depositaron todo el resto de las armas de todos los guerrilleros que estaban.[44]
Con esto, la historia armada del M-19 terminó con el discurso del comandante Carlos Pizarro en el departamento del Cauca frente a sus compañeras y compañeros que emprendieron un alzamiento en armas para la construcción de una nueva Colombia. Pizarro entregó su arma 9mm envuelta en la bandera de Colombia como un gesto de paz para la construcción de una nueva nación. Las últimas palabras de Pizarro fueron las siguientes: “El M-19, en las manos de su comandante general, hace dejación pública de la última arma en manos del Movimiento 19 de abril, por la paz y la dignidad en Colombia. Con todos, ¡Atención Fin! ¡Oficiales de Bolívar, rompan filas!” (Villamizar, 1995, p. 576).
Conclusiones
La historiografía desconoce el papel de las discusiones descentralizadoras de la OPM en el marco del proceso de paz, aunque fue uno de los puntos más importantes en la participación política de la sociedad civil ya que las diferentes comisiones técnicas a nivel nacional se alimentaron de los aportes de las discusiones regionales. Para el caso de la desmovilización en el Magdalena Medio, las condiciones objetivas y subjetivas cuentan con un mayor número de particularidades por su historia de despojo y violencia, movilización social por las reivindicaciones de las clases populares y el nacimiento de grupos paramilitares. Las condiciones objetivas que dieron al nacimiento de los grupos armados fueron parte de las discusiones efectuadas en los diversos municipios. Los acuerdos locales en el marco de la negociación no eran propuestas solamente por el M-19, las temáticas abordadas eran producto de los diversos espacios de concertación que involucraban a los partidos políticos, autoridades eclesiásticas, organizaciones campesinas y obreras, administraciones locales y regionales. En cada municipio se llegó a consensos particulares para fortalecer la propuesta de paz. El sentido de estos escenarios de diálogo era evidenciar los puntos en común de la insurgencia y la población local, generar simpatía y acercamientos a las ideas políticas del M-19 de cara a proyectos políticos de mayor envergadura una vez dada la entrega de armas.
La realización de eventos en los municipios cumplía diversos objetivos políticos acorde al posicionamiento de una nueva fuerza política que se presenta como una alternativa tanto al bipartidismo y a las demás experiencias de izquierda insurgente. Entre ellos resaltan el reconocimiento por parte de la población al tomar la bandera de la paz, posibilitar la creación de acuerdos políticos con otras representaciones política al mostrar la fuerza del M-19 en la región, efectuar proselitismo político para establecer las bases organizativas de lo que pasaría a ser la Alianza Democrática M-19, posicionar miembros del M-19 como posibles candidatos a las elecciones regionales de 1990 y efectuar una forma de vocería entre la población y el gobierno para movilizar respuestas a las quejas locales que surgían a medida que avanzaban los espacios. A su vez, entablar una serie de encuentros regionales que vincularon a todos los sectores de la población implicó la descentralización de las discusiones de negociación para la construcción de una agenda nacional alimentada desde los aportes locales y regionales.
La desmovilización del M-19 puede verse desde diversas perspectivas: la primera, la apertura democrática después de una serie de intentos infructuosos mediante vías pacíficas y armadas; la segunda, se concibe como una victoria estratégica para las fuerzas militares debido a que sirvió para argumentar el agotamiento de la lucha armada en Colombia al impulsar la dejación de armas de uno de los integrantes de la CGSB, debilitando la unidad guerrillera; la tercera, una coyuntura política que favoreció a los intereses de la oligarquía al permitir una serie de modificaciones normativa a dos bandas, se dieron en el reconocimiento de derechos políticos y sociales, al mismo tiempo, brindaba el andamiaje jurídico necesario para la apertura neoliberal que impulsaba sectores de la élite económica.
Referencias bibliográficas
Almarales, A. (1982). Los trabajadores: sus luchas y sus organizaciones. Desde la picota: un juicio a la antipatria. Medellín: Frente de Investigaciones Geopolíticas de América Latina.
Arenas, J. (2016). Paz, amigos y enemigos. Bogotá: Ediciones Izquierda Viva.
Beccassino, Á. (2023). M-19. El heavy metal latinoamericano. Bogotá: Debate.
Behar, O. (1986). Las guerras de la paz. Bogotá: Planeta.
Caro, F., y Cruz, A. (2021). Un largo abril. El caso de la guerrilla Movimiento Jaime Bateman Cayón (1994 – 2002). Anuario De Historia Regional Y De Las Fronteras, 27(1), 247–273. DOI: https://doi.org/10.18273/revanu.v27n1-2022008
Castellanos, D. M., Castillo, J. V. y Latorre, J. M. (2021). Violencia contra la organización sindical en San Alberto, Cesar (1960-2004). Revista Eleuthera, 23 (1), 318-337. DOI: http://doi.org/10.17151/eleu.2021.23.1.17
Castellanos, D. M., Castillo, J. V., & Méndez, R. (2023). Génesis del movimiento sindical y lucha armada. Historia del Movimiento 19 de abril en San Alberto, Cesar (1974-1990). Historia Regional, (50), 1-17. Recuperado de: https://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/805
Castellanos, D. y Castillo, J. (2022). Del Movimiento 19 de Abril a la Alianza Democrática M-19 en San Alberto Cesar (1988-1998). (Tesis de pregrado), Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Industrial de Santander, Colombia.
Centro Nacional de Memoria Histórica. (2014). Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC, 1949-2013. Bogotá: CNHM.
Cepeda, I. (2006). Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia. Revista Cetil, 1(2), 101-112.
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (2022). Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena Medio. Bogotá, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Corporación para la paz y el desarrollo Carlos Pizarro Leóngómez. (2003). Herencia de paz Entrevistas y testimonios a víctimas en el proceso de paz. Bogotá: OIM
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1995). Caso Caballero Delgado y Santana Vs.Colombia: sentencia de 8 de diciembre de 1995 (Fondo). Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_22_esp.pdf
De Currea, V. (2016). Hacia el sancocho nacional. Recuperado de: https://victordecurrealugo.com/hacia-el-sancocho-nacional/
Grabe, V. (2010). M-19: de la lucha armada a la renuncia a la violencia. Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico.
Guerrero, A., Tristancho, I. y Cediel, M. (2005). Historia oral del sindicalismo en Santander. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.
Medellín, I. (2016). La gente del Sancocho Nacional: Experiencias de la militancia barrial del M-19 en Bogotá, 1974-1990. (Tesis de pregrado), Universidad del Rosario.
Pachón, S. (2021). Antonio Gramsci y el trabajo social: elementos para un diálogo pendiente. Bucaramanga: Ediciones UIS.
Pardo, R. (2020). 9 de marzo de 1990. La desmovilización final del M-19. Bogotá: Editorial Planeta.
Regional Carlos Toledo Plata. (1989). POR TI COLOMBIA. “MI VIDA POR LA PATRIA Y POR MIS HIJOS. Documentación M-19.
Vargas, A. (1992). Magdalena Medio Santandereano, colonización y conflicto armado. Bogotá: CINEP.
Vélez, N. (1989). La molienda es de todos. Cien Días. Recuperado de: https://www.cinep.org.co/publi-files/PDFS/19890601.articulo8_ciendias.pdf
Villamizar, D. (1995). Aquel 19 será. Bogotá: Editorial Planeta.
Villamizar, D. (2022). Crónica de una guerrilla perdida. La historia inédita de la columna del M-19 que desapareció en la selva del Chocó. Bogotá: Debate.
Viveros, L. (2023). Gramsci y la filosofía de la praxis. Aportes para un proyecto ético político del trabajo social. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad Católica de Temuco-CLACSO.
Zuleta, E. (2019). Colombia: violencia, democracia y derechos humanos. Bogotá: Ariel.
Recibido: 04/09/2023
Evaluado: 18/12/2023
Versión Final: 24/02/2024