Acusaciones cruzadas, escándalos públicos y pedidos de juicio político durante la gestión de Salvador Maciá. Entre Ríos, 1896

 

Romina Garcilazo(*)

 

ARK CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24690732/xibmhhrx1

 

Resumen

 

En el presente artículo analizamos, siguiendo los aportes de la historiografía política sobre la temática, las características, las causas y los efectos del escándalo que se desarrolló en Entre Ríos como consecuencia de los pedidos de juicio político en contra del gobernador Salvador Maciá (1895-1899) y del vicegobernador Francisco Gigena (1895-1896) en la legislatura provincial. Asimismo, nos interrogamos por los significados que el proceso judicial contra Gigena adquirió al interior de los sectores del autonomismo local en pugna, representados por los mencionados líderes políticos. La investigación se sustenta en un amplio corpus documental en el que sobresalen diarios y periódicos —nacionales y locales— y fuentes legislativas y judiciales.

 

Palabras clave: Escándalos Políticos; Juicio Político; Acusaciones; Entre Ríos; Siglo XIX.

 

 

 

Crossed accusations, public scandals and requests for impeachment during the administration of Salvador Maciá. Entre Ríos, 1896

 

Abstract

 

In this article we analyze, following the contributions of political historiography on the subject, the characteristics, causes and effects of the scandal that developed in Entre Ríos as a result of the requests for impeachment against governor Salvador Maciá (1895-1899) and vice-governor Francisco Gigena (1895-1896) before the provincial legislature. On the other hand, we ask ourselves about the meanings that the judicial process against Gigena acquired within the two competing sectors of local autonomism represented by these political leaders. The research is based on a wide range of documents, including national and local newspapers and periodicals, as well as legislative and judicial sources.

 

Key words: Political scandals; Impeachment; Accusations; Entre Ríos; 19 th century.

 

 

 

 

 

Acusaciones cruzadas, escándalos públicos y pedidos de juicio político durante la gestión de Salvador Maciá. Entre Ríos, 1896^[1]

 

Introducción

 

…la acusación ha sido lanzada por mis amigos de ayer, convertidos hoy en enemigos implacables y poderosos que no han omitido esfuerzo alguno para anonadarme…^[2]

 

Estas palabras fueron pronunciadas por el vicegobernador de Entre Ríos, Francisco Gigena, (1895-1896)^[3] durante el juicio en su contra celebrado en mayo de 1896. El caso había adquirido gran transcendencia pública. No era para menos, se trataba de uno de los juicios políticos más importantes acontecidos hacia fines del siglo XIX en una provincia argentina. Más aún este hecho adquirió mayor significatividad en el escenario entrerriano por ser el único proceso que derivó en la destitución —mediante este mecanismo— de un miembro del poder ejecutivo provincial (Saboldelli, 2012).^[4]

Asimismo, el testimonio de Gigena colocó en el centro de la escena a los sectores que habían impulsado su exoneración, es decir, la fracción del autonomismo^[5] que respondía al gobernador Salvador Maciá (1895-1899).^[6] También, la prédica del vicegobernador expresó el clima de ebullición política que atravesaba la provincia como correlato de las solicitudes de juicio político presentadas, de manera simultánea, por las fracciones del oficialismo referenciadas en las figuras del gobernador y el vice.

Los petitorios, estaban motivados por causas ligadas al fraude electoral, a un intento de rebelión armada y al incumplimiento de alguna función administrativa, aunque no tuvieron el mismo derrotero —la acusación contra Maciá fue desechada mientras que la presentada contra Gigena fue puesta en práctica— fueron parte de un mismo escándalo (Garcilazo, 2023a).^[7]

En un trabajo reciente sobre el mismo caso, muy incipiente, nos detuvimos en el carácter escandaloso de los hechos, en algunos cruces entre prensa y escándalo y en la construcción de la imagen pública de Macía y Gigena en torno a la honra administrativa. Sin embargo, tal como lo adelantábamos en esa oportunidad, se trataba de una investigación en curso que dejaba muchas aristas abiertas (Garcilazo, 2023a, p. 100).

En el presente artículo avanzamos, incorporando nueva documentación, sobre algunos de los puntos que nos habían quedado allí inconclusos. En este sentido, analizamos, siguiendo los aportes de la historiografía política sobre la temática, las características, las causas y los efectos del escándalo que se desarrolló en Entre Ríos como consecuencia de estos pedidos de juicio político. Exploramos los distintos componentes del escándalo atendiendo al tratamiento que la prensa (local, regional y nacional) y la legislatura provincial brindó a los acontecimientos. Por otra parte, nos interrogamos por los significados que el proceso judicial contra Gigena adquirió al interior de los sectores del autonomismo en pugna.

La elección del caso merece algunas aclaraciones. En primer lugar, la investigación pretende ser un aporte para pensar la vinculación entre acusaciones, escándalo político y enjuiciamiento en un momento particular.^[8] Los hechos se sucedieron en un agitado contexto nacional. Las denuncias a personalidades de la esfera pública, durante la coyuntura de la década del 90´, afloraron con fuerza a partir de las sospechas de corrupción que sentenciaron la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman (1886-1890) y se mantuvieron, con mayor o menor intensidad, hasta la segunda gestión de Julio A. Roca (1898-1904) (Alonso, 2000; Bonaudo, 2020; Giordano, 2003; Lotersztain, 2010; Rojkind, 2016; Romero, 2019).

En segundo lugar, la investigación procura ampliar la mirada sobre las prácticas políticas empleadas por el autonomismo para dirimir sus disputas internas. Los escándalos, siguiendo los argumentos de Manuel Balán (2011), deben ser comprendidos como parte de las pujas intergubernamentales (Ferreyra, 2022; Ladeuix, 2022; Garcilazo, 2023b).

En tercer lugar, los hechos resultan interesantes para entender su impacto en la vida política. Ellos se desarrollaron en un escenario diverso y complejo. En ese marco, es sugerente estudiar cómo la legislatura, al igual que en otras experiencias provinciales, se convirtió en un ámbito de deliberación, discusión, investigación, justicia y resolución de conflictos partidarios a través de procedimientos institucionales (García Garino, 2015; Lascurain, 2014; Cucchi, 2021; Ferro Pierola, 2022; Rodrigo, 2017).

Finalmente, el caso nos permite interrogarnos por el significado que el juicio político adquirió para los distintos actores intervinientes en un contexto en donde ese mecanismo fue igualmente utilizado en otros escenarios provinciales (Cucchi, 2021; Lanteri, 2021).

Por último, cabe destacar que el trabajo se estructura sobre una serie de insumos entre los que sobresalen la prensa diaria y periódica de las ciudades de Buenos Aires, Paraná y Rosario —La Nación, Don Quijote, El Municipio, El Orden, La Razón, La Provincia—y los documentos legislativos y judiciales (sesiones de la Cámara de Diputados, actas de juicio político de la Cámara de Senadores, entre otros).

 

La complejidad política durante la gestión de Salvador Maciá (1895-1899)

 

Luego de la crisis del partido federal y el posterior asesinato del líder Justo J. de Urquiza (1801-1870) el escenario local se reconfiguró. La dirigencia nacional intervino, más directamente, en las pujas provinciales conllevando a una mayor fragmentación política. Además, las revueltas jordanistas^[9] exigieron a los elencos políticos establecer canales de negociación para mantener un mayor equilibro (Bressan, 2018, pp. 94-95; Motura, 2022, p. 3).

Durante el período 1880-1912, las fracciones provinciales ligadas al Partido Autonomista Nacional (PAN)^[10] —integradas por una elite notabiliar sostenida por vínculos familiares, amicales, económicos, sociales y profesionales— ganaron las elecciones en Entre Ríos y se alinearon con la clase política nacional (Pérez, 2023).

Con la llegada de Eduardo Racedo (1883-1887) al poder se abrió un nuevo escenario caracterizado, en parte, por los cambios introducidos en la Constitución Provincial de 1883. Algunas de ellos fueron: el nombramiento de Paraná como capital de la provincia en sustitución de Concepción del Uruguay, la conformación del poder legislativo bicameral.^[11] la creación del cargo de vicegobernador^[12] y el establecimiento del juicio político (Pérez, 2023, p. 143).

Durante la década de 1890, en Entre Ríos, contrariamente a lo acontecido en la escena nacional, la estructura del autonomismo fue más estable hasta el ascenso de Maciá (Motura, 2022, p. 4). El mandatario fue electo, junto a Gigena, por un acuerdo entre los sectores racedistas, hernandistas e independientes.^[13] La coalición de gobierno evidenció algunos problemas por la supremacía que, en la escena gubernamental, adquirieron personalidades del círculo político y familiar del gobernador. Algunos de sus máximos exponentes fueron Enrique Carbó (1903-1907) y Leónidas Echagüe (1871-1875/1899-1903) (Reula, 1969, p. 190).

Uno de los momentos, más álgidos del gobierno de Maciá se vinculó a las anomalías registradas en los procesos electorales. En marzo de 1895, en Gualeguaychú, los comicios provinciales para elegir autoridades legislativas culminaron con graves incidentes. Algunas personas relacionaron los hechos con los intentos del gobernador y el vice por imponer a sus candidatos.^[14]

El oficialismo al mando de Maciá, como consecuencia de lo acontecido, careció de quórum en la cámara de diputados para aprobar las elecciones e incorporar al candidato del departamento Gualeguaychú quien no contaba con el diploma correspondiente debido a que las actas y los registros comiciales habían sido destruidos durante los incidentes. Los diputados oficialistas, ante estas contrariedades, incorporaron a la persona en cuestión y el 20 de abril de 1895, en el domicilio del diputado Parera Denis, familiar político del gobernador, admitieron a todos los legisladores electos y comunicaron este proceder a los miembros del senado y del ejecutivo provincial. Ese mecanismo generó la reacción de algunos diputados nacionales que elevaron un pedido de intervención nacional, aunque no obtuvieron los resultados esperados (Reula, 1969, pp. 192-193; Motura, 2022, p. 4).

Ese clima de ebullición, recrudecido por otros incidentes, derivó en la conformación de un agrupamiento político denominado Unión Provincial.^[15] Este espacio, mediante su acción legislativa, ejerció fuertes críticas hacia la gestión de Maciá (Reula, 1969, p. 193).

En marzo de 1896, se celebraron elecciones de diputados y senadores. En algunos de los departamentos de la provincia la Unión Provincial y el radicalismo^[16] optaron por la abstención (Reula, 1969, p. 195). Paralelamente, durante ese año, el escenario político estuvo teñido por la disrupción que generaron los pedidos de juicio político contra el gobernador y el vice.

La gestión de Maciá, luego de la exoneración de Gigena y hasta el fin de su mandato, experimentó una fuerte conflictividad. En 1898, hubo un intento de levantamiento contra el gobernador liderado por el ex mandatario Hernández con el objeto de obstaculizar los comicios —nacionales y provinciales— y forjar la intervención federal. Finalmente, esas acciones quedaron truncas y Maciá logró controlar la situación e imponer a su sucesor, Echagüe (Motura, 2022, p. 5).

 

Acusaciones cruzadas, pedidos de juicio político y escándalo

 

Sobre el juicio político en Entre Ríos

El juicio político es una institución presente en la mayoría de los sistemas democráticos representativos del mundo (Rodrigo, 2017). Este procedimiento fue instaurado en la Constitución Nacional de la República Argentina de 1853. Es un recurso de carácter excepcional inspirado en la normativa de los Estados Unidos, que tiene por objeto separar de sus funciones a la persona acusada para que, en el caso de ser considerada culpable, sea inhabilitada para ejercer cargos públicos (Sabsay, 2004, p. 506; Rodrigo, 2011, p. 98).

En Argentina, durante la segunda mitad del siglo XIX, se llevaron a cabo distintos juicios que tuvieron como protagonistas a personalidades influyentes de la política. En San Juan el gobernador Manuel José Zavalla (1867-1869) fue destituido en 1869, unos años más tarde, en 1884, el vicegobernador de esa provincia, José Luis Sarmiento (1881-1884), fue apartado de su cargo bajo el mismo procedimiento (Lanteri, 2021, pp. 104 y 110). Asimismo, hacia fines de la década de 1880, fue alejado de sus funciones el gobernador de Córdoba, Ambrosio Olmos (1886-1888) (Cucchi, 2021, p. 210).^[17]

El juicio político en Entre Ríos podía aplicarse a las máximas autoridades del poder ejecutivo provincial (gobernador y vicegobernador), a los secretarios estatales y miembros del poder judicial (integrantes del superior tribunal de justicia y jueces letrados) por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones (Provincia de Entre Ríos, 1940, p. 96). Esta práctica consta de una serie de pasos. En primer lugar, la denuncia puede ser presentada por un miembro de la legislatura o de un particular ante la Cámara de Diputados. Luego, el órgano somete a votación el pedido, si resulta afirmativo —por simple mayoría de los votos— se conforma una comisión de tres miembros para investigar los hechos denunciados, de lo contrario, es desestimado. Con posterioridad, la comisión se aboca a la realización de una serie de trabajos (convocar al acusado, interpelar a los testigos, presentar los documentos de descargo y elaborar un dictamen). Más tarde, la Cámara acepta o rechaza el dictamen. El órgano, en caso de ser ese aprobado, nombra a cinco de sus miembros para que sostengan la acusación en el Senado. Este, constituido en corte de justicia, determinará la exoneración del funcionario —quedando inhabilitado para ejercer cargos públicos por tiempo indeterminado— o su reincorporación si no se lo encuentra culpable de los cargos imputados (Provincia de Entre Ríos, 1940, pp. 130-132).

Entre 1883 y 1917 se llevaron a cabo cuatro juicios políticos en Entre Ríos. Tres estuvieron dirigidos a miembros del ámbito judicial^[18] y solo uno, el primero, a la esfera ejecutiva. Recién a mediados del siglo XX hubo un episodio similar vinculado a la gobernación. En 1947, un grupo de legisladores presentaron pedidos de enjuiciamiento contra el gobernador peronista Héctor Maya (1946-1950) por supuestas irregularidades en el manejo de la cosa pública y en el funcionamiento del Estado provincial. Finalmente, las solicitudes no prosperaron (Ferro Piérola, 2023, pp. 1-3).

 

Los sucesos de 1896

El 6 de mayo de 1896, el diputado por Paraná, Casiano Calderón,^[19] solicitó un pedido de juicio político contra el vicegobernador. Tres fueron los cargos que sustentaron la acusación: llevar a cabo un intento de levantamiento contra el gobernador, intervenir en asuntos electorales con propósitos fraudulentos y ausentarse de la provincia sin permiso de la legislatura. La denuncia fue admitida por el cuerpo parlamentario que, por unanimidad, aprobó el asunto y lo envió a la comisión de investigación.^[20]

En esa misma sesión el diputado Sixto Vela,^[21] expuso un requerimiento similar contra Maciá. A las causales mencionadas para el caso de Gigena —ausentarse sin autorización y participar de maniobras electorales fraudulentas— se sumó el haber patrocinado una propuesta de catastro con fines particulares cuando era Ministro de Gobierno de Hernández y sustraído dinero del tesoro provincial en el momento que ofició de Ministro de Hacienda. La acusación fue debatida y rechazada en la Cámara de Diputados. Algunos de los fundamentos que, sustentaron la decisión de los legisladores, refirieron a que las faltas de Maciá eran anteriores a la etapa de gobernador y las ausencias estaban debidamente justificadas.^[22]

Los trabajos parlamentarios fueron reanudados unos días después. En un primer momento, estuvieron abocados a las tareas de la comisión de investigación^[23] que reunió la evidencia.^[24] Luego, la Cámara dio lugar a la defensa de Gigena para que planteara su posición y realizara algunos pedidos de recusación a los miembros de ese órgano que, finalmente, fueron denegados.^[25]

Más tarde, la comisión de investigación presentó un informe en el que constató las faltas cometidas por Gigena. La Cámara de Diputados aceptó lo planteado y conformó una nueva comisión que tuvo por objeto sostener la posición ante el Senado.^[26]

El proceso quedó, de aquí hasta su culminación, bajo la órbita de dicha Cámara. Los trabajos se circunscribieron a atender a la defensa de Gigena, representada por los letrados Carlos Elía y Francisco Ferreyra, a evaluar las repuestas de los miembros de la comisión acusadora y a debatir la inocencia o culpabilidad del vicegobernador.^[27] Por último, el Senado declaró culpable al acusado por conspirar contra los poderes públicos en la provincia.^[28] Aunque, lo absolvió de los otros dos cargos, participar en asuntos electorales con propósitos fraudulentos y abandonar el territorio provincial sin permiso de la legislatura.^[29]

 

Juicios políticos, escándalos públicos

Las denuncias periodísticas contra Gigena comenzaron con anterioridad al pedido de juicio político. En febrero de 1896, el diario El Municipio de Rosario relató el clima que se vivía en la provincia. En una de sus notas se refirió a la supuesta conspiración del vicegobernador contra Maciá con estas palabras: “… Nuevamente vuelven a circular rumores de próxima asonada en Entre Ríos. El alma de la conspiración es el vice gobernador Gigena y la víctima á quien se quiere inmolar en holocausto á las libertades públicas es el gobernador Maciá…”^[30]

La información no solo se expandió a través de la prensa escrita, sino que, según los testimonios de los maciaístas, recorría los parajes públicos. Algunos de sus principales difusores fueron los sectores ligados al vicegobernador.^[31]

En un primer momento, las acusaciones irrumpieron como rumores^[32] o chismes, y debido a su carácter difuso, la indignación social pareció estar más contenida (Pereyra, 2013, p. 144). Sin embargo, poco tiempo después, las sospechas derivaron en el pedido de juicio político contra Gigena. La denuncia escrita por Calderón revistió un carácter formal y fue presentada en su nombre como un actor individual (Boltanski, 2000, p. 248). Por otra parte, el diputado se focalizó en los cargos contra Gigena y en la prueba que sustentó la acusación.^[33] La denuncia de Vela contra Maciá fue escrita a título individual, aunque, a diferencia de la anterior, el diputado exaltó su condición de representante del pueblo. El denunciante, en esta oportunidad, se identificó como parte de un colectivo (Boltanski, 2000, p. 249). Vela, contrariamente a Calderón, no enfatizó en la evidencia que sustentó la solicitud sino en la necesidad de ampliar, a futuro, el corpus inicial.^[34]

A pesar de que ambas denuncias experimentaron distintos derroteros resonaron en ellas transgresiones normativas que, de ser ciertas, lesionarían al pueblo de la provincia. Respecto a la solicitud contra Gigena lo más resonante fue la sospecha de conspiración contra Maciá. En relación a la acusación contra el gobernador los puntos que generaron mayores repercusiones fueron los vinculados al mal manejo de los dineros públicos.^[35]

Parte del éxito del escándalo, al igual que otros, se debió a la publicidad de los acontecimientos. La extensión espacial de la narración de los sucesos es una de las estrategias, más eficaces, para el desarrollo de los acontecimientos escandalosos (De Blic y Lemieux, 2005, p. 29).

Los diarios de tirada nacional —como La Nación y La Prensa— cubrieron los hechos de forma crítica y expresaron su adhesión a Gigena. En este sentido, ampliaron el público a gran escala. También, cumplieron un rol importante en la difusión de las noticias locales al transmitir telegráficamente la información a La Razón de Paraná. Asimismo, el periodismo de Rosario —como los diarios El Municipio y El Órden— se hizo eco de lo acontecido, alimentando un escándalo que iba adquiriendo dimensiones regionales.^[36] Esto, en parte, se debió no solo a la cercanía geográfica de los acontecimientos sino a que los hechos generaron gran interés debido a que el vicegobernador era oriundo de Santa Fe y, además, este territorio había sido uno de los lugares desde donde, supuestamente, se reclutaron personas para los levantamientos^[37] (Saboldelli, 2012, p. 63).

Por otra parte, la prensa construyó un relato en el que sobresaltó la espectacularidad del escándalo (Pereyra, 2012, p. 259). Las noticias se tiñeron con tonos de teatralidad para referirse a lo sucedido en la legislatura. Los personajes que captaron, mayormente, la atención fueron los abogados de la defensa, el cuerpo legislativo y las figuras de Maciá y Gigena. En relación a los primeros sus actuaciones se referenciaron cuando fueron perjudicados por el tratamiento discrecional que recibieron en las Cámaras y en los momentos en que sus discursos fueron aplaudidos o vitoreados por los presentes.^[38] Mientras que los legisladores fueron retratados por la prensa por su mal desempeño en el proceso. El periodismo narró, con preocupación, las circunstancias en que la comisión investigadora se ausentó cuando debía escuchar a los testigos de la defensa y en los momentos en que los gritos e insultos irrumpieron en el recinto.^[39] Por otra parte, el gobernador y el vice fueron víctimas de la prensa satírica. El periódico porteño, Don Quijote, uno de los semanarios ilustrados más importantes de la época de amplia circulación y distribución a nivel nacional (Roman, 2021, pp. 102-104), referenció a Maciá con el calificativo bíblico de “el melenudo Sansón” y a Gigena como un personaje sin rótulo.^[40]

Sabemos que la publicidad del escándalo no se agotó con la finalización del juicio. Luego de la exoneración de Gigena se publicó, en Paraná, un libro que reunió gran parte del proceso judicial en su contra. El frondoso corpus tuvo por objeto denunciar los males políticos existentes en la provincia y conformar un movimiento de reacción.^[41]

Paralelamente, el escándalo se construyó y sustentó sobre la base de los antagonismos que envolvieron al autonomismo provincial. Los relatos periodísticos, las discusiones al interior del recinto y la publicación mencionada ejemplifican esas rivalidades. Este rasgo constituyó un elemento más del escándalo, es decir, su carácter controvertido (Pereyra, 2013, p. 150).

Otro de los componentes que distinguen a los hechos escandalosos refieren a las pruebas que sustentan las denuncias (Pereyra, 2012 p. 263). En el caso analizado, por tratarse de una acusación que derivó en un proceso judicial, la documentación probatoria contra el implicado adquirió gran centralidad. Una de las diferencias entre las acusaciones presentadas contra Maciá y Gigena fue el énfasis de los denunciantes respecto a la evidencia que sustentaron sus pedidos. La documentación que acompañó la solicitud contra el vicegobernador fue objeto de arduas discusiones. El cargo más polémico atribuido a Gigena, la ofensiva revolucionaria, hizo difícil su plena constatación.^[42] Sin embargo, ello no impidió que la legislatura desarrollara la tarea investigativa reuniendo una variedad de piezas. Entre las que se destacaron las declaraciones de los participantes del levantamiento, las noticias periodísticas, la propaganda de los órganos gigenistas como La Provincia, documentación gubernamental —informes legislativos nacionales y telegramas del Ministerio del Interior de la Nación— y escritos de la jefatura de policía de Paraná.^[43]

Solo nos detendremos, por su carácter polémico, en dos de esas pruebas: la prensa y la información testimonial. Respecto a la primera es importante analizar su centralidad en el proceso judicial. Por un lado, se destacaron las noticias referidas a la conspiración provenientes de otros espacios no circunscripto a Entre Ríos. El denunciante, Calderón, utilizó esta información como prueba, aunque no dio mayores precisiones.^[44] Por otro lado, la comisión expuso como evidencia extractos de La Provincia^[45] de Paraná ligada a la figura del vicegobernador. Según los trabajos efectuados por este órgano, a partir de la lectura de las noticias provenientes de los medios, se constató la tendencia conspirativa del político. Otro de los aspectos que le permitió a la comisión sustentar esas sospechas fue el silencio que envolvió a Gigena en los momentos previos al juicio.^[46] Si para la legislatura esa actitud era un claro indicio de la culpabilidad del vicegobernador, para los abogados de la defensa era una maniobra de los opositores para culparlo de un proceso revolucionario infundado.^[47]

Asimismo, la declaración de los testigos resultó ser una prueba de lo más controvertida. Los hombres eran oriundos de Santa Fe y afirmaban haber sido convocados por Gigena para participar del levantamiento. Sin embargo, las discusiones sobre la veracidad de los testimonios elevaron el tono en el recinto cuando Ferreyra presentó un documento en el que aseguró que los declarantes habían sido comprados por el legislador Leónidas Zavalla.^[48] Esa versión fue desmentida, de manera inmediata, por el diputado en cuestión.^[49]

En relación a otro de los rasgos del escándalo, la degradación, es oportuno observar el deterioro de la imagen pública del acusado y de personalidades como el gobernador y el legislador Carlos Zavalla, sustituto de Gigena.^[50]

En cuanto al vicegobernador, solo para dar un ejemplo, observamos cinco años después de su destitución que el diario El Entre-Ríos se dirigió a él como persona de “triste recordación”.^[51] Aunque, luego de su exoneración quedó excluido para ocupar cargos públicos, siendo relegado de la escena política, ello no le impidió continuar su carrera judicial en su provincia natal. Gigena, después de lo sucedido, se incorporó, durante la gobernación de Luciano Leiva (1894-1898), como miembro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe durante el período 1896-1900. Al momento de su fallecimiento, en 1905, era presidente de la Cámara de Apelaciones de Rosario^[52] (Saboldelli, 2012, p. 70).

Con respecto a Maciá sabemos que, a partir del escándalo, su gestión quedó entrampada en una serie de conflictos. Lejos de que el resultado judicial representara un triunfo absoluto para su gestión quedó evidenciado que el elenco gubernamental perdía estabilidad (Motura, 2022, p. 5). Por un lado, su gobierno siguió cuestionado y sospechado de mala gestión en la administración pública. Por otro lado, la separación del vicegobernador consolidó el camino para que su círculo más íntimo fortaleciera su poder. Ese nuevo escenario se reconfiguró posibilitando un mayor protagonismo de otras figuras como C. Zavalla, familiar del gobernador. El legislador fue sospechado de ser extranjero y de no contar con ciudadanía argentina, condición que, de ser cierta, le imposibilitaba ejercer cargos políticos. Aunque esas versiones fueron desmentidas, de manera inmediata, generaron acaloradas discusiones en la prensa local y propiciaron, durante el juicio, la presentación, por parte de la defensa de Gigena, de una denuncia de inhabilidad legal para ejercer la presidencia provisional del Senado.^[53]

Finalmente, sabemos que la exoneración de Gigena, fue utilizada, en varias oportunidades, para denunciar el nepotismo y la corrupción que, según algunos sectores ligados a la figura de Hernández, envolvió a las gestiones gubernamentales de Maciá y Echagüe. Entre marzo y abril de 1898 se publicaron, de manera anónima en la prensa porteña y entrerriana, una serie de cartas públicas de autoría desconocida dirigidas al general Roca con el objeto de torcer su voluntad de apoyar a Echagüe como candidato a gobernador (Garcilazo, 2024). En uno de esos escritos se aludió, nuevamente, a los sucesos de 1896 para visibilizar la anomalía provincial.^[54] En mayo de 1900, en un pedido de intervención federal a la provincia en la legislatura nacional, que finalmente resultó bloqueado, Hernández acompañó su solicitud con un petitorio firmado por varios miembros entre los que se destacó el ex abogado de Gigena, Carlos Elía. En la misiva se acusó a la dirigencia local de haber llevado a Entre Ríos a una anarquía institucional. Entre los hechos que ilustraban ese estado de situación se encontraba lo sucedido, años antes, con el vicegobernador (Cámara de Diputados de la Nación, 1900, pp. 3- 4).

 

Juicios políticos y legislatura provincial: algunos significados

El juicio político contra Gigena adquirió diferentes significados. En primer lugar, para la defensa del vicegobernador representó un arma política del maciaismo. Desde las columnas de La Nación, Ferreyra, caratuló al procedimiento legal como un “arma de partido”.^[55] Esta idea se asoció a otra concepción del juicio político. Si bien, para el abogado era un mecanismo válido, lo nocivo del caso radicaba en su mala ejecución. En relación a este tópico sostuvo: “… el bastardeamiento [sic] de esa noble institución, no puede traer sinó males… la expulsión del vice-gobernador por un medio como este… será un acto completamente extraño á la ley…”^[56] Por su parte, Elía puso mayores reparos a la ejecución del juicio que su colega. El letrado subrayó la necesidad de desentrañar las intencionalidades que permeaban los hechos. Durante la contienda expuso:

 

 … el juicio político en general y muy especialmente el enjuiciamiento de funcionarios políticos, es uno de los resortes de rara aplicación y de más peligroso uso. Arma que lo mismo puede esgrimirse para satisfacer las aspiraciones del pueblo, que para satisfacer la ambición de poder sin control ó la venganza partidista…^[57]

 

Estas concepciones estaban en consonancia con algunos de los puntos señalados por Joaquín Crespo (1897) en su tesis sobre la materia presentada en la Universidad de Santa Fe. El jurista en su escrito sostuvo que, si el juicio político no había dado sus mejores frutos, no era por culpa de su componente doctrinario, sino porque se lo había utilizado como un arma de “venganza partidista” (p. 52). Incluso, preocupaciones similares envolvieron parte de las discusiones en la legislatura de Mendoza durante la década de 1870 (García Garino, 2015, p.12).^[58]

También, desde la defensa de Gigena se empleó el término “revolución de poder” para referirse al juris contra el vicegobernador. El vocablo hizo alusión a la acusación en contra del vicegobernador sobre los intentos de levantamiento. En este punto resulta, nuevamente, elocuente la intervención de Ferreyra, recuperada por la prensa: “…este acto era una verdadera revolución del poder preparada de tiempo atrás, y… la conspiración atribuida al vice no era otra cosa que una invención calculada para justificar este atentado…”^[59]

Esas percepciones contrastaron con las intenciones que sustentaron el pedido de Vela contra Maciá. El legislador, en la solicitud, enfatizó que no lo impulsaba “…ningún sentimiento de hostilidad personal… y si el doble deseo de dignificar el gobierno de esta provincia…”^[60] En este sentido, el juicio era una acción reparadora para resarcir la dignidad gubernamental.

Si bien es difícil recuperar la voz de los maciaistas respecto al significado del juicio político contra Gigena — incluso el propio gobernador había decidido no pronunciarse públicamente al respecto—^[61] contamos con algunos indicios. Sobre este aspecto es interesante el testimonio de Miguel Ruiz, amigo del acusado, quien en una carta enviada al vicegobernador expuso sus ideas sobre el tema. En la epístola argumentó que, para los oficialistas, ese era “el medio constitucional…para deshacerse de un funcionario que estorba [ba]…”^[62]

Otra de las ideas presentes en los testimonios de la época refería a que el juicio político habría sido proyectado tiempo antes de su ejecución por los sectores ligados a Maciá. Los meses de junio y diciembre de 1895 eran indicados —según las versiones de la defensa del vicegobernador—como fechas probables para forjar la exoneración. En palabras de Ferreyra el retraso del juicio se debió a que el gobernador no reunía los votos necesarios para la destitución de Gigena.^[63]

Asimismo, en el proceso se pusieron en discusión las especificidades propias del cargo de vicegobernador. Cabe recordar que esta tarea, contrariamente al resto de los funcionarios sujetos a este mecanismo, era de ocasión y no revestía carácter permanente. Esos argumentos fueron utilizados por los abogados de Gigena para intentar desestimar la denuncia.^[64]

Por otra parte, el centro del debate parlamentario pivoteó en torno a la estrategia política sobre el pedido de enjuiciamiento simultáneo. En palabras de L. Zavalla se había intentado obstruir la investigación contra Gigena a través de ese procedimiento. Incluso, en palabras del legislador, esa fue la principal causa que motivó a la Cámara de Diputados a rechazar el pedido contra Maciá.^[65]

Hasta aquí se desprenden algunas ideas que nos permiten explicar por qué el pedido de juicio político pudo activarse en un caso y neutralizarse en el otro. En primer lugar, las pruebas que sustentaron la solicitud contra Gigena fueron más numerosas y contundentes si se la compara con el pedido contra Maciá. En segundo lugar, algunos de los cargos atribuidos al gobernador correspondían a acciones realizadas con anterioridad al ejercicio de sus funciones. En tercer lugar, la conformación de las Cámaras de Senadores y Diputados eran más afines al liderazgo del gobernador. Sin embargo, esto no fue suficiente para obstaculizar al bloque de legisladores de Unión Provincial a presentar una solicitud de juicio en su contra.

Este último punto nos posibilita interrogarnos por las vinculaciones entre el poder ejecutivo y legislativo. En investigaciones recientes hemos sostenido que el parlamento en Entre Ríos cumplió, durante la gestión de Echagüe, una importante labor investigativa en lo referido a los escándalos sobre la supuesta emisión clandestina de fondos públicos atribuida a la gestión gubernamental (Garcilazo, 2024). Este y el caso aquí analizado visibilizan el protagonismo que cobró el ámbito legislativo —como espacio de investigación y justicia­— para dirimir algunas de las disputas que envolvieron al ejecutivo. Al decir de Martín Castro (2018), al igual que en la esfera nacional, en Entre Ríos, el parlamento fue un “engranaje relevante del ordenamiento institucional” (p. 42) de la provincia.

Por otra parte, para los sectores gigenistas, la legislatura era un poder que respondía a los intereses del ejecutivo. Más aún para algunos diarios opositores a Maciá la condescendencia de las Cámaras no hacía más que visibilizar su sumisión al gobernador. Respecto a este tema La Razón expresó con estas palabras su posicionamiento sobre los senadores provinciales: “… Qué podía hacer ese pobre Senado donde reina siempre el silencio de las tumbas?

Hemos dicho mal; algo más que eso, reina en ese recinto -reina la voz del ejecutivo que repercute en las bóvedas…” ^[66]

Esa imagen aciaga del parlamento provocó que, tanto Gigena como sus abogados, argumentaran que el juicio debía sostenerse, no para las cámaras legislativas, sino para la opinión pública.^[67] Al decir de Hilda Sábato (2014, 2021) este último término refería a aquellos espacios —como la prensa política, las instituciones y prácticas vinculadas a la vida pública, las asociaciones de diverso tipo, las formas de intervención y movilización colectivas destinadas a reclamar, peticionar, celebrar o protestar en el ámbito público— que representaban la voluntad popular y constituían mecanismos de legitimación del poder (pp. 95-96, 154).

Para los sectores gigenistas, tal como se desprende de las alocuciones de Ferreyra, la opinión pública estaba compuesto “por la prensa independiente y por los hombres honestos de toda la República”.^[68] Los abogados del vicegobernador se posicionaron como los representantes de esa postura en el recinto con el objeto de condicionar el veredicto de la Cámara de Senadores. Elía utilizó esta estrategia y manifestó ante la legislatura que “los diarios que acaba [ba] de leer, durante el cuarto intermedio, esta [ban] llenos del juicio político”.^[69]

 

Consideraciones finales

 

En el presente artículo analizamos los dos pedidos de juicio político contra el gobernador y el vice en Entre Ríos durante 1896. Esos procedimientos confluyeron en un mismo escándalo que se desplegó en las esferas periodística, legislativa y judicial. Las causas que impulsaron los hechos estuvieron en consonancia con las disputas evidenciadas en el autonomismo provincial representadas por las figuras antagónicas de Macía y Gigena (Garcilazo, 2023a). En este sentido, el caso se asemeja al proceso llevado a cabo en la provincia de Córdoba contra el gobernador Olmos, en 1888, que sirvió para canalizar las fracturas del autonomismo. Indudablemente, las figuras destituidas mediante estos mecanismos allanaron el camino para que algunas de las fracciones en pugna lograran, finalmente, imponer su hegemonía (Cucchi, 2021, pp. 208 y 211). Aunque, solo contamos con algunos datos dispersos sobre otros pedidos de juicios políticos presentados en el Congreso Nacional durante el siglo XX, como los solicitados contra el presidente Hipólito Yrigoyen en 1919 y 1929 y la mandataria María Estela Martínez de Perón en 1976 que, a diferencia de los indicados anteriormente fueron impulsados por sectores opositores y resultaron truncos, observamos que los procedimientos llevados a cabo como resultado de luchas internas, por lo menos durante el período decimonónico, fueron exitosos para algunos de los sectores políticos que los propiciaron (Serrafero, 1997, p. 46; Persello, 2000, p. 81).

En relación al caso de Entre Ríos, es interesante enfatizar que, pese a las percepciones que maciaístas y gigenistas expresaron respecto al mecanismo del juicio político, ambos apelaron a este, por distintas circunstancias, considerándolo un espacio válido para canalizar los conflictos que la lucha política al interior del autonomismo no pudo contener, tal como advertimos para el caso de Córdoba (Cucchi, 2021, p. 211). Mientras que para los primeros fue un resorte institucional que posibilitó apartar del gobierno a una figura que contrastaba con el núcleo más cercano al gobernador para los segundos fue un arma de partido y una revolución del poder. Pese a que, en todo momento, Gigena y sus defensores se ajustaron a la normativa, orientaron su accionar a un terreno que le era más afín, la opinión pública, que respondía a sus intereses. También este grupo había intentado utilizar este procedimiento para denunciar algunas de las irregularidades de la gestión de Maciá. Aunque, no experimentaron igual suerte que sus contrincantes.

Por otra parte, a lo largo del trabajo exploramos cómo el escándalo, activado a partir de los petitorios presentados en la legislatura provincial, suscitaron la atención de parte de la sociedad no solo por tratarse del primer juicio desarrollado en la provincia, sino que ello se debió a los rasgos inmanentes que lo constituyeron como tal (degradación, transgresión, controversia, prueba, publicidad). Quizás uno de los componentes que lo vinculó a otros escándalos de la época, como los hechos suscitados en torno a las denuncias de emisión clandestina de fondos públicos durante la gestión de Echagüe, fue que su repercusión transcendió la esfera local, llegando a impactar en la escena regional y local (Garcilazo, 2023a). La prensa detentó una función medular en la publicidad de los hechos, en particular, por algunos rasgos de espectacularidad con los que retrató parte de los acontecimientos. Sin embargo, la difusión excedió el ámbito periodístico y derivó en la publicación de un libro, elaborado por los grupos gigenistas, para expresar las irregularidades que, a su parecer, habían teñido el proceso judicial.

Si recapitulamos sobre las consecuencias políticas del escándalo observamos que denunciantes y denunciados fueron cuestionados públicamente. Indudablemente, los acontecimientos generaron una reconfiguración de la escena local con resultados limitantes para los grupos políticos enfrentados y sirvieron de arma para sustentar otras acusaciones de corrupción protagonizadas por los sectores del autonomismo provincial.

 

Archivos

 

Archivo General de la Provincia de Entre Ríos (A.G.P.E.R).

Biblioteca del Congreso de la Nación. Hemeroteca. Diarios (B.C.L.N).

Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”. Colección histórica digital (B.A.D.J.A).

Museo Histórico Provincial “Martiniano Leguizamón”. Hemeroteca (M.H.P.M.L).

 

Fuentes

 

(1896). Juicio al vice gobernador de la provincia de Entre Ríos Dr. Francisco Gigena. Paraná: La Velocidad.

(1898). Cartas rápidas al teniente General Don Julio A. Roca sobre la próxima gobernación de Entre Ríos. Buenos Aires: s/d.

Cámara de Diputados de la Nación (1900). Discusión del proyecto del diputado Hernández sobre la intervención a la provincia de Entre Ríos. Buenos Aires: Taller Tipográfico de la Penitenciaria Nacional.

Crespo, J. (1897). Juicio político. Tesis presentada para obtar el grado de doctor en jurisprudencia por Joaquín Crespo. Paraná: Guttemberg de Miró y Pizzola.

Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos. Actas.

Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos. Actas.

Provincia de Entre Ríos (1940). Recopilación de leyes. Constituciones. Paraná: Imprenta de La Provincia, Tomo I.

La Nación, Buenos Aires.

Don Quijote, Buenos Aires.

La Razón, Paraná.

La Provincia, Paraná.

El Municipio, Rosario.

El Orden, Rosario.

El Entre-Ríos, Paraná.

 

Bibliografía

 

Adair, J. (2023). “Los pollos de Chernóbil”. El planeamiento económico y el caso Mazzorín. En: J. Adair. 1983. Un proyecto inconcluso. Buenos Aires: FCE.

Alonso, P. (2000). Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica Radical y la política argentina en los años ’90. Buenos Aires: Sudamericana.

Balán, M. (2011). La denuncia como estrategia: escándalos de corrupción en Argentina y Chile. Desarrollo Económico 51 (202-203), 163-187.

Boltanski, L. (2000). El amor y la justicia como competencias: tres ensayos de sociología de la acción. Buenos Aires: Amorrortu.

Bonaudo, M. (2020). 1889/1893 ¿Un nuevo umbral de la percepción de la corrupción política? En: M.A. Peña Guerrero y D. Feria Lorenzo (dirs.). Corrupción política y liberalismo en el largo siglo XIX. Granada: Comares Historia.

Bressan, R. (2018). Alianzas, negociaciones y conflictos. Dinámicas de los elencos políticos del Litoral de los Ríos, 1862-1883. Rosario: Prohistoria.

Castro, M. (2018) ¿Reacción institucional o avanzada dictatorial? Las tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo a comienzos del siglo XX. Estudios Sociales 56, 37-60. Recuperado de: https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/EstudiosSociales/article/view/7620

Cucchi, L. (2021). La juventud juarista en Córdoba. Perfiles, trayectorias y formas de acción política (1877-1890). En: B. Bragoni, L. Cucchi y A.L. Lanteri (coords.). Las tramas del poder: instituciones, liderazgos y vida política en la Argentina del siglo XIX. Mendoza: INIHUSA.

Dalmau, P. y Burdiel, I. (2018). Imagen pública del poder. Escándalos y causas célebres en Europa (siglos XIX-XX). Presentación Historia y Política, 39, 17-22. Recuperado de: https://recyt.fecyt.es/index.php/Hyp/article/view/64329

De Blic, D. y Lemieux, C. (2005). The Scandal as Test: Elements of Pragmatic Sociology. Politix 71, 7-38. Disponible en: https://www.cairn-int.info/article-E_POX_071_0009--the-scandal-as-test.htm

Ferreyra, S. (2022). Peronistas denunciados y acusadores: usos de la acusación de corrupción en el “negociado de los folletos 1952-1958”. En: N. Quiroga y J. Rodríguez Cordeau (comps.). Política, peronismo y juego de escala 1943-1957. Buenos Aires: Teseo.

Ferro Piérola, M. (2023). Notas sobre prácticas parlamentarias durante el primer peronismo en Entre Ríos: interrogantes, reflexiones y propuestas. Ponencia presentada en el Seminario – Taller de discusión sobre estudios sociales. Aportes para una reflexión sobre investigación, federalismo y género, Paraná, Argentina.

García Garino, G. (2015). “Que se lleve á efecto el castigo”: itinerarios del juicio político en Mendoza durante la década de 1870. Programa Interuniversitario de Historia Política, 1-15. Recuperado de: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/13763

Garcilazo, R. (2023a). Denuncias públicas y escándalos políticos. Entre Ríos, 1896. Hablemos de Historia, 1 (1), 99-117. Recuperado de: https://ojs.fhaycs-uader.edu.ar/index.php/hablemosdehistoria/article/view/35/37

Garcilazo, R. (2023b). Escándalos, prensa, denuncia e investigación. Entre Ríos primeros años del siglo XX. En: N. Alarcón y O. Videla (comps.). Conflictos y contextos. Historias locales en Santa Fe y Entre Ríos. Rosario: ISHIR-CONICET.

Garcilazo, R. (2024). Cartas públicas, discusiones parlamentarias y acusaciones de corrupción. Entre Ríos, 1898-1901. En: R. Garcilazo y Ferreyra Silvana (coords.) Abrir ventanas. Hacia una historia subnacional de la corrupción en Argentina (1898-1976). Buenos Aires: Imago Mundi.

Gayol, S. (2007). Calumnias, rumores e impresos: las solicitadas de La Prensa y La Nación a fines del siglo XIX. En: L. Caimari (comp.). La ley de los profanos. Delito, justicia y cultura en Buenos Aires (1870-1940). Buenos Aires: Universidad de San Andrés-FCE.

Giordano, V. (2003). Qué va cha ché. Corrupción y poder político en Argentina. 1890 cien años después (Tesis de Maestría). Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.

Jiménez Sánchez, F. (1995). Detrás del escándalo político. Opinión pública, dinero y poder en la España del siglo XX. Barcelona: Tusquets.

Ladeuix, J. (2022) “Eso no es de peronistas”. El uso de las acusaciones de corrupción en los conflictos intraperonistas durante el gobierno del Frente Justicialista de Liberación. El caso de las destituciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires. 1973 - 1976. Ponencia presentada en el Workshop Escándalos y usos políticos de la acusación de corrupción en la historia argentina. Desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, San Martín, Argentina.

Lanteri, A. L. (2024). Juicios políticos durante la Confederación Argentina. Debates y experiencias en el Congreso Nacional. Revista Electrónica Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, 32, 28-60. Recuperado de: http://revistas.derecho.uba.ar/index.php/revista-gioja/article/view/989

Lanteri, A.L. (2021). Perfiles, itinerarios y experiencias de una dirigencia política entre la provincia y la nación. Notas sobre el caso de San Juan (1862-1890). En: B. Bragoni, L. Cucchi y A.L. Lanteri (coords.). Las tramas del poder: instituciones, liderazgos y vida política en la Argentina del siglo XIX. Mendoza: INIHUSA.

Lascurain, M. C. (2014). De políticos honestos y corruptos: el “Affaire Vanrell” y la mutación de la representación en el justicialismo santafesino (1990-1991). Polhis, 14, 375-417. Recuperado de: https://polhis.com.ar/index.php/polhis/article/view/85

Lotersztain, I. (2010). Los bancos se roban con firmas. Corrupción y crisis en 1890. Buenos Aires: Turmalina.

Motura, N. (2022). De la concertación a la dispersión. Las derivas del conservadurismo entrerriano ante las reformas electorales (1870-1917). Historia Regional 46, 1-22. Recuperado de: https://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/574

Pereyra, S. (2012). La política de los escándalos de corrupción desde los años 90. Desarrollo Económico 206 (52), 255-284.

Pereyra, S. (2013). Política y transparencia. La corrupción como problema público. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

Pérez, M. (2023). La dirigencia política en Entre Ríos: perfil social y trayectorias (1862-1890). En: B. Bragoni, E. Míguez y G. Paz (eds.). La dirigencia política argentina. De la Organización Nacional al Centenario. Buenos Aires: Edhasa.

Persello, A.V. (2000). Los gobiernos radicales: debate institucional y práctica política. En: R. Falcón (dir.). Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930). Buenos Aires: Sudamericana.

Reula, F. (1969). Historia de Entre Ríos. Política, étnica, económica, social, cultural y moral. Santa Fe: Castellví. Tomo II.

Rodrigo, C. (2011). El impeachment en América Latina: un desafío abierto al análisis político. Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja, 5, 96-104. Recuperado de: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/0376EF999CF6CDF605257A3A00719523/$FILE/R000E01A005_0013_p-d-constitucional.pdf

Rodrigo, C. (2017). Gobernadores sin gobierno. Destituciones mediante juicio político en San Juan. Buenos Aires: Teseo.

Rojkind, I. (2016) “El triunfo moral del pueblo”. Denuncias de corrupción y movilización política en Buenos Aires, a fines del siglo XIX. En: C. Rosemüeller y S. Ruderer (eds.). “Dádivas, dones y dineros”. Aportes a una nueva historia de la corrupción en América Latina desde el Imperio español hasta la modernidad. Madrid: Iberoamericana.

Roman, C. (2021). La construcción visual de la Revolución de 1890 en dos semanarios satíricos porteños (El Mosquito y Don Quijote). Revista de Historia 7 (12), 99-129. Recuperado de: http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/241/2412218005/index.html

Romero, A. L. (2019). El “escándalo Magnasco”. Denuncia pública y controversias sobre el papel del Congreso en la Argentina del 1900. Anuario de Historia de América Latina 56, 232-254. Recuperado de: https://journalstest.ub.uni-koeln.de/jbla/article/view/211/143

Ruderer, S. (2020). “Fraude electoral” o “corrupción administrativa”. Argentina y Uruguay en la segunda mitad del siglo XIX. En: M.A. Peña y D. Feria (dirs.). Corrupción política y liberalismo en el largo siglo XIX. Granada: Comares.

Sábato, H. (2014) Los desafíos de la República. Notas sobre la política en la Argentina pos Caseros. Estudios Sociales 46, 77-117. Recuperado de: https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/EstudiosSociales/article/view/4472

Sábato, H. (2021). Repúblicas del nuevo mundo. El experimento político latinoamericano del siglo XIX. Buenos Aires: Taurus.

Saboldelli, C. (2012). Vicegobernadores de Entre Ríos 1883-2008. Poder y biografía. Paraná: UADER-Vicegobernación de Entre Ríos. Honorable Cámara de Senadores.

Sabsay, D. (2004). El juicio político a la Corte Suprema en la República Argentina. Anuario Interamericano de Justicia Constitucional 8, 493-519. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1983745

Serrafero, M. (1997). Juicio político y derrumbe institucional en la Argentina (1976). Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe 8 (2), 41-66. Recuperado de: https://eialonline.org/index.php/eial/article/view/1110

Thompson, J. (2001). El escándalo político: poder y visibilidad en la era de los medios. Barcelona: Paidós.

Zamora, R. y Marín Albaladejo, J. (2010). La representación simbólica del escándalo político. Hacia una tipología de los marcos periodísticos (frames) utilizados en la narración de los escándalos de corrupción política. Razón y Palabra 73, 1-28. Recuperado de: http://razonypalabra.org.mx/N/N73/Varia73/34ZamoraMarin_V73.pdf

 

 

Recibido: 11/03/2024

Evaluado: 08/07/2024

Versión Final: 22/07/2024