El conflicto del peronismo en sus inicios: el pedido de juicio político al gobernador Héctor Maya (Entre Ríos - 1947)

 

Martina Ferro Piérola(*)

 

ARK CAICYT: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s24690732/9w8h6yxfv

 

Resumen

 

En la legislatura de Entre Ríos, catorce meses después de la asunción de la fórmula gubernamental ‘Maya-Chaile’, el sector laborista presentó un proyecto de pedido de juicio político al primer gobernador peronista, Héctor Maya. Mediante el estudio de este hecho, nos proponemos analizar el vínculo y la interacción entre peronistas y la vida política interna de modo situado. El fenómeno estudiado constituyó un punto de condensación de los conflictos que se acentuó entre abril y agosto de 1947. Tuvo efectos concretos en cambios gubernamentales a la vez que produjo una división del bloque peronista en el recinto parlamentario. Para la realización de este trabajo, relevaremos el debate sobre el pedido de juicio político presentado en la legislatura provincial a partir de la presentación de los proyectos legislativos vinculados al fenómeno en cuestión. Realizaremos un seguimiento de estos acontecimientos mediante la prensa local de Paraná.

 

Palabras clave: Peronismo; Identidad; Juicio político; Legislatura; Entre Ríos.

 

 

 

The peronist conflict in its beginnings: the request for impeachment to Governor Héctor Maya (Entre Ríos – 1947)

 

Abstract

 

In the Entre Ríos legislature, fourteen months after the inauguration of the ‘Maya-Chaile’ governmental formula, the labour sector presented a project to request the impeachment of the first peronist governor, Héctor Maya. By studying this event, we aim to analyse the link and interaction between peronists and internal political life in a situated way. The phenomenon under study constituted a point of condensation of the conflicts that were accentuated between April and August 1947. It had concrete effects in terms of governmental changes, while at the same time producing a division of the peronist bloc in the parliamentary chamber. In order to carry out this work, we will study the debate on the impeachment request presented in the provincial legislature on the basis of the presentation of the legislative projects related to the phenomenon in question. We will monitor these events through the local press in Paraná.

 

Key words: Peronism; Identity; Impeachment; Legislature; Entre Ríos.

 

 

 

El conflicto del peronismo en sus inicios: el pedido de juicio político al gobernador Héctor Maya (Entre Ríos - 1947)

 

Introducción

 

El 24 de febrero de 1946 se llevaron a cabo elecciones generales en todo el país, que incluyó para esos años a las catorce provincias, la Capital Federal y los territorios nacionales que dependían del gobierno nacional. Estos comicios dieron término al gobierno militar instaurado el 4 de junio de 1943 y reinauguró en la República Argentina un período democrático que tuvo la particularidad de la irrupción de una nueva fuerza política: el peronismo. Como es sabido, luego del triunfo electoral, los desacuerdos y disputas de las facciones de la coalición peronista se desarrollaron en distintos contextos. En este sentido, los ámbitos legislativos fueron escenarios propicios para el despliegue de los conflictos inter e intra-partidarios. En la legislatura entrerriana, este fenómeno se desarrolló a catorce meses de la asunción de la fórmula Maya-Chaile, para gobernador y vicegobernador, respectivamente. En efecto, en el mes de julio de 1947 los diputados laboristas -que formaban parte de la coalición peronista- Carlos Granillo Posse y Zoilo García, presentaron un proyecto de pedido de juicio político al primer gobernador por el peronismo, Héctor Maya. El hecho, que comenzó a gestarse entre mayo y agosto de 1947 y se llevó a cabo a fines de julio, constituyó un momento clave de condensación de los conflictos intra-partidarios entre las facciones del peronismo.

De este modo, el presente artículo pretende estudiar la vida política de modo situado y los conflictos acontecidos en el vínculo y la interacción entre peronistas, tomando como punto de observación el pedido de juicio político llevado a cabo en la legislatura de Entre Ríos en julio de 1947. Pretendemos sortear el sesgo pesimista de la noción de interna para entender a la lucha facciosa “ya no como obstáculo a la organización si no como instancia constitutiva de la identidad peronista” en tanto “fue de una importancia central durante los primeros años peronistas y sirvió de plataforma para los años siguientes” (Garzón Rogé, 2016, p. 76). En línea con los trabajos de Garzón Rogé consideramos que, en la confrontación política, los peronistas “construyeron sus identificaciones y sus prácticas a lo largo de toda la década posterior a 1945” (Garzón Rogé, 2016, p. 76). A partir de su interacción, se labraron concreta e históricamente aristas identitarias que no existieron a priori, sino que, mediante el acto mismo de sus interacciones, colaboraron en la forja de sus propias identidades (Garzón Rogé, 2016, p. 76).

Si bien el pedido de juicio político no prosperó, consideramos que el fenómeno fue un antes y un después en la dinámica política del peronismo a nivel provincial en tanto produjo un reordenamiento de la lucha facciosa que tuvo efectos en la actividad política concreta. La expulsión de un sector de los legisladores del Partido Peronista, la renuncia y renovación de hombres en primeras y segundas líneas de gobierno y la división del bloque peronista en la legislatura, fueron algunas de las consecuencias de los conflictos estudiados.

El estudio de este hecho cobra relevancia, en primer lugar, al considerar dos antecedentes de pedidos de juicio político en la legislatura provincial, hacia fines de siglo XIX para el entonces gobernador Salvador Maciá y el vicegobernador Francisco Gigena, a quienes lograron destituir (Garcilazo, 2023). Por otro lado, el artículo pretende dialogar con el conjunto de investigaciones sobre el Partido Peronista que, a partir de Mackinonn (2002), renovaron las conceptualizaciones sobre las prácticas políticas en general y sobre la forma de partido en particular; específicamente, dialogamos con los trabajos sobre los espacios subnacionales que, en casos como Santa Fe (Prol, 2012), Buenos Aires (Aelo, 2012), Mendoza (Garzón Rogé, 2010), entre otros, observaron el conflicto del peronismo como una dinámica particular de crecimiento organizativo y construcción política.^[1] Asimismo, pretendemos vincular esta investigación con aquellas centradas en los ámbitos legislativos en Argentina y, específicamente, con quienes estudiaron el primer peronismo y observaron el Congreso de la Nación (Belini, 2001; García Sebastiani, 2001; Prol, 2011; Aelo, 2020; Rodríguez Cordeu, 2019 y 2022) o los espacios subnacionales (Arias Bucciarelli, 2010; Aelo, 2012; Garzón Rogé, 2016), desde distintas perspectivas y/o enfoques.

Para la realización de este artículo, analizaremos el debate sobre el pedido de juicio político presentado en la legislatura provincial a partir de la presentación de los proyectos legislativos vinculados al asunto estudiado. Relevaremos, a su vez, la repercusión de los debates en la prensa local de Paraná. Dividiremos el presente trabajo en seis apartados. En primer lugar, introduciremos una caracterización de los inicios del peronismo en Entre Ríos. En segundo lugar, desarrollaremos los principales puntos del conflicto de la coalición en los meses previos al pedido de juicio político. En tercer lugar, caracterizaremos el pedido de juicio político, el funcionamiento de la legislatura en la materia y la repercusión del mismo en la prensa local. En cuarto lugar, describiremos los cargos acusatorios. En quinto lugar, detallaremos las repercusiones que tuvo el pedido de juicio político en diferentes actores locales. Por último, dejaremos esbozadas algunas ideas preliminares sobre el fenómeno en cuestión.

 

El peronismo en Entre Ríos: los inicios

 

A partir de 1943, la provincia inició una etapa de transformación que marcó un cambio significativo de la política entrerriana. El gobierno militar instaurado el 4 de junio de 1943 puso fin a un período de tres décadas de gobiernos radicales, que había iniciado en 1914, con la implementación de la ley Sáenz Peña. Así, la intervención llevada a cabo en la provincia en junio de 1943 por el coronel Ernesto Ramírez se convertía en la primera del siglo. El 21 de marzo de 1943, la Unión Cívica Radical había ganado nuevamente las elecciones ejecutivas y legislativas en Entre Ríos. No obstante, la fórmula Laurencena - Garay y los legisladores electos no pudieron asumir debido al golpe de Estado que interrumpió el mandato de Ramón Mihura.

Tres años después, las elecciones de febrero de 1946 en Entre Ríos se caracterizaron por un reordenamiento de la arena política que implicó la incorporación de una nueva fuerza política y con ello un recambio del personal político que acumuló expertisse estatal entre 1943 y 1946. La formación de la coalición estuvo compuesta –como en otros espacios subnacionales- por radicales mayormente vinculados al radicalismo provincial (tanto personalista como antipersonalista), dirigentes del forjismo, sectores nacionalistas, ex demócratas que se unieron a las filas del laborismo, sectores sindicales nucleados en ese partido y hombres nuevos en la política. Este abanico de identidades fue, tal y como sucede en todo el país, absorbido por el Partido Único de la Revolución primero y por el Partido Peronista, después.

Los perfiles profesionales de los diputados peronistas giraron en torno a abogacía, medicina, estatales, militares y obreros, ninguno con experiencia parlamentaria previa. Como menciona Engelhardt (2013) para el Congreso Nacional, el carácter amateur de los legisladores peronistas se evidenció principalmente en la oratoria y en el manejo del reglamento. Por su parte, como ya ha sido observado para el Congreso nacional (Prol, 2011; Aelo, 2020; Rodríguez Cordeu, 2021) con el peronismo ingresaron al recinto parlamentario entrerriano sectores sindicales. Uno de los detalles que no dejó pasar la oposición fue la incipiente experiencia parlamentaria de la coalición, rasgo que adquirió notoriedad en las primeras sesiones parlamentarias.

En la legislatura entrerriana el peronismo logró la mayoría en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados las bancas obtenidas fueron quince para el peronismo, ocho a la UCR Comité Nacional (en adelante UCR-CN) y cinco para el Partido Demócrata Nacional (en adelante PDN). En el Senado, en cambio, con el sistema uninominal el peronismo obtuvo nueve bancas, la UCR-CN se quedó con cuatro y el PDN obtuvo la banca por Victoria. A nivel nacional, la tensión entre las facciones que lo conformaron se produjo a principios de 1947 y, en la provincia, si bien el radicalismo renovador fijó el candidato a gobernador, en la Cámara de Diputados la división de cargos se llevó a cabo mediante una distribución equitativa e intercalada entre los Radicales de la Junta Renovadora y el laborismo, hasta completar las listas.^[2] En el Senado, en cambio, el laborismo tuvo mayor peso.

Durante 1946 la dinámica del peronismo en la legislatura se caracterizó por un acompañamiento a la política del ejecutivo provincial. Tanto en el gabinete ejecutivo como en los recintos parlamentarios se propusieron actuar en conjunto en virtud de normalizar la situación política en general y de solucionar los ‘problemas estructurales de la provincia de Entre Ríos’. No obstante, los legisladores laboristas presentaron proyectos propios e incluso utilizaron, en sintonía con la oposición, recursos parlamentarios tales como pedidos de informes escritos como mecanismos de seguimiento y control del gobierno provincial. La labor parlamentaria del laborismo contó con cierta autonomía dentro del bloque peronista, aunque no implicó durante 1946 trabas y obstáculos hacia la sanción e implementación de políticas.

 

El conflicto en los meses previos

 

A partir de 1947, los conflictos intra-partidarios comenzaron a resonar en la prensa local. En particular, uno de los diarios que cubrió el conflicto fue El Diario de Paraná, caracterizado por ser un diario de tendencia radical, opositor al gobierno provincial. El diario católico paranaense La Acción, en cambio, cubrió los acontecimientos a partir de una línea editorial que acompañó las gestiones del gobierno peronista. Durante todo el conflicto, El Diario publicó día tras día noticias sobre el la interna del peronismo. A diferencia de La Acción, que utilizó las notas de opinión para comunicar este tipo de información, El Diario lo hizo en su mayoría mediante un conjunto de noticias ubicadas dentro de la sección “políticas”.

El 9 de abril de 1947 el diario La Acción publicó, en una nota de opinión, una noticia sobre una visita de legisladores de Entre Ríos al despacho del presidente de la Nación. En efecto, un conjunto de legisladores laboristas (Costa Comesaña, Mernes, Gavilán, Mochi, González, García, Gómez y Poma) visitaron Buenos Aires y se entrevistaron con altas autoridades del peronismo. Los senadores nacionales por Entre Ríos, Nicolás Lorenzón y Carlos Mariátegui, principales referentes del laborismo en la provincia, habían actuado como mediadores del encuentro.^[3] La entrevista fue informada y replicada en los medios locales a través de las declaraciones de uno de los legisladores, Cirilo Gómez.

En términos generales, Gómez argumentó que la visita a Buenos Aires había tenido como ejes fundamentales asuntos relacionados con la reorganización del partido, la situación gremial y lo referido a la obra de gobierno de la provincia. El entrevistado hizo énfasis en el respaldo de Perón hacia su sector quién, según el legislador, “mostró singular interés en conocer los problemas que afectan a los respectivos gremios, a quienes, al referirse a ellos, nos pidió especialmente que les transmitiéramos sus saludos cordiales”.^[4] Pocos días después, el mismo diario anunciaba que Luis Chaile, el vicegobernador de la provincia y uno de los referentes del laborismo provincial, había viajado a Buenos Aires por motivos similares a los de los legisladores laboristas.^[5]

A fines de abril la prensa local, en particular el diario La Acción, anunciaba rumores sobre cierto malestar de sectores obreros vinculados al laborismo provincial.^[6] Los principales hechos referidos al conflicto en cuestión tuvieron que ver con una huelga general de los empleados y obreros municipales que reclamaban al gobierno de la provincia por el ‘costo de vida’, entre otras cuestiones. La huelga gremial tuvo como epicentro a la ciudad de Concordia, duró más de 24 horas y contó con la adhesión de gremios como la Asociación de Empleados y Obreros Telefónicos de Paraná. El conflicto culminó con, entre otras cuestiones, la renuncia del presidente del Comisionado Municipal de la capital provincial, Manuel Ruiz Moreno.^[7]

De manera paralela al reclamo, se realizaba en la plaza central de la ciudad de Paraná un acto en apoyo al gobierno de la provincia, especialmente hacia Héctor Maya que implicó, según La Acción, una adhesión al gobernador y a “la obra que viene desarrollando en beneficio de Entre Ríos”.^[8] En esta línea, la huelga vinculada a hombres del laborismo provincial fue respondida con actos oficiales en apoyo al gobernador. Contó con la presencia de Maya quien, ante las incidencias ocurridas, ratificó su ‘fe peronista’ y calificó a los hombres que promovieron la huelga de ‘traidores y falsos sindicalistas’. Al respecto, sostuvo: “qué van a enseñarme a mí de peronismo si yo he sido peronista antes que ellos, cuando aún el entonces coronel Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, era solo una esperanza para el pueblo argentino”.^[9]

La línea argumental del discurso de Maya hacía referencia tácitamente a hombres del laborismo que promovieron la huelga y de quienes venía la acusación de ‘falso’ peronismo hacia el sector cercano a Maya. En su discurso, hizo mención a actos que oficiaron por fuera de lo que significaba ser peronista: “si fuesen peronistas hubieran comenzado por la conscripción pegando carteles, organizando actos y jiras de propaganda; ¿Dónde estuvieron que no los vi?”. Finalizaba su discurso invitando a ir de nuevo en manifestación “por el centro de la ciudad, para que los amigos y los enemigos francos y de frente sepan dónde y con quién está el verdadero pueblo”.^[10] Dos días después, La Acción rumoreaba con la solicitud del sector laborista de la intervención federal de la provincia por parte de la Nación. Durante el despliegue de este conflicto puede rastrearse, principalmente en el discurso del gobernador, la construcción de aristas identitarias sobre las facciones del peronismo mediante la noción de lealtad-traición.

A principios de mayo, El Diario comunicaba supuestas discrepancias entre el gobernador y el delegado regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Las relaciones entre ambos habían llegado, según la noticia, a un punto culminante sobre los sucesos políticos ocurridos con motivo de la huelga obrera comunal de Concordia, así como de la renuncia del comisionado municipal de Paraná, de la toma por fuerzas policiales del edificio de la comuna local y de la “huelga decretada por algunos gremios con motivo de estos últimos sucesos y de la conducta policial observada para con un grupo de obreros de la Municipalidad”.^[11] Según la nota, el gobernador habría aprovechado la presencia en la provincia del Inspector General de Delegaciones Regionales, Juan Andrés Fernández Unsaín y la ausencia del delegado titular, Dr. Fernández, para convenir con aquél y gestionar la suplantación de Fernández y evitar de ese modo que prosiguiera al frente de la repartición. Mientras el Poder Ejecutivo de la Provincia daba en su boletín oficial la información del relevo de aquel funcionario nacional, el delegado Regional desmintió la noticia y la calificó de falsa.^[12]

El 10 de mayo, un conjunto de legisladores laboristas solicitaron al gobernador de la Provincia la convocatoria a sesiones extraordinarias legislativas a fin de tratar un proyecto de ley sobre la represión de la especulación. La información era replicada por El Diario:

 

Como es del conocimiento público, el grupo de diputados y senadores que firman el pedido, integran el conjunto de legisladores que hace poco tiempo concurrieron a Buenos Aires a solicitar la intervención nacional del Poder Ejecutivo de la Provincia… la negativa del gobernador, de acceder a lo solicitado, que se anuncia, habrá de constituir un motivo más para que se profundicen las discrepancias que vienen separando a los dirigentes del oficialismo.^[13]

 

De acuerdo a informaciones recogidas en los círculos allegados al poder ejecutivo, este no habría accedido al pedido en cuestión. Como puede observarse, el pedido de convocatoria a sesiones legislativas extraordinarias tuvo como eje central el mismo tópico con el que se inició, a principios de mayo, la huelga de sectores obreros y cercanos al laborismo. En esta línea, el conflicto en torno al costo de vida y la especulación al agio fue uno de los temas que embanderó a los legisladores laboristas, generando este pedido de sesiones como acto político y como posible demostración de la lucha interna. Sumado a esto, se sumaba a esta noticia un titular que refería a la supuesta renuncia del diputado Granillo Posse, que finalmente no sucedió.

El 18 de mayo El Diario publicaba una nota en la que se confirmaba “las divergencias del conglomerado político peronista”. A partir del conflicto de la huelga gremial de Concordia, diversas delegaciones obreras, que respondían a las directivas políticas del laborismo, comenzaron a pedir un corte definitivo a los acontecimientos. Este escenario culminó con el viaje de trece legisladores a la Capital Federal para pedir la intervención federal a la provincia, poniéndose al frente de este movimiento Nicolás Lorenzón por un lado, y el compañero de fórmula del gobernador, Luis Chaile. La reunión fue dada a conocer públicamente días después.^[14]

Días posteriores, los peronistas en disidencia con el gobernador denunciaron ante el presidente de la Nación y ante el Consejo Superior del partido, lo que consideraban como “conductas irregulares del gobernador” mediante una carta pública. Debía reunirse la junta provincial del peronismo, pero la reunión había fracasado debido a presencia de la policía provincial. Además de mencionar este conflicto, el sector laborista, que se autoproclamaban como como “auténticamente peronistas” afirmaba que el gobierno de la provincia buscaba imponer el mayismo por encima del peronismo, “norte inconfundible de nuestra fe revolucionaria”. En términos generales, la carta denunciaba que el sector cercano al gobernador, aglutinado principalmente en el radicalismo de la Junta Renovadora, no era peronista, sino que quería imponer el mayismo por sobre el peronismo. En esta línea, los legisladores vinculados al laborismo marcaron, desde la enunciación, una diferenciación entre el sector al que atribuyeron de mayistas. Del mismo modo que Maya mencionaba en su discurso la diferenciación entre verdaderos y falsos peronistas, el sector laborista lo hizo produciendo una diferenciación entre mayismo-peronismo.^[15]

Como respuesta a esta carta, el gobernador envió un despacho telegráfico al primer magistrado, en el que, además de desmentir los hechos, sostuvo que la junta no se reunía porque los legisladores disidentes no quisieron dar quorum por ser la minoría de la mayoría. Al respecto, el gobernador sostenía que “en estos instantes se encuentra sesionando con quorum propio y con la ausencia voluntaria de los doce legisladores disidentes sobre los treinta y dos legisladores que la integran”. En el telegrama ratificaba, a su vez, la solidaridad con el primer mandatario “en todos los instantes inclusive en la semana de octubre como ministro de Gobierno en esta provincia mientras nadie sabe dónde estuvieron y que pensaban quienes suscriben el infundio”.^[16]

En consecuencia, a mediados de mayo el laborismo se reunió en la localidad del centro de la provincia, Rosario del Tala, para acordar algunos puntos programáticos de cómo continuar. En esa línea, decidieron prestar solidaridad con los funcionarios dimitentes, declarar que el movimiento disidente estaba apoyado por la mayoría de los gremios obreros y solicitar la renuncia de los ministros de Gobierno Capriotti y Aldá, a la vez que sostener para el cargo de ministro al diputado provincial Carlos Granillo Posse.^[17] Como puede notarse, el sector laborista había pedido la renuncia de un conjunto de funcionarios –incluido el gobernador-, todos provenientes del radicalismo renovador.

Finalmente, el ministro de Hacienda Lindor Chemez, cercano al laborismo, presentó la renuncia de su cargo. En la misma, hizo alusión a los acontecimientos transcurridos. Según el saliente funcionario, el conflicto en cuestión buscaba “empañar la figura cumbre del Presidente”.^[18] En una entrevista, Chemez afirmaba que su decisión tenía total vinculación con el conflicto. Aceptó la renuncia “resignando otra situación de privilegio, en absoluta y total solidaridad con los legisladores disidentes que representan el auténtico movimiento peronista de la provincia”. La revolución, agregó, “tiene otros fines que los de aprovecharse de ella para futuras combinaciones políticas con miras a las reelecciones o prolongación de situaciones de privilegio. Política de acomodo que no se puede favorecer”.^[19]

La renuncia del ministro devino en una carta del vicegobernador y referente del laborismo, Luis Chaile al gobernador de la provincia, que tomó carácter público el 18 de mayo de 1947. Entre las acusaciones del sector laborista, mencionó que la facción radical dentro del peronismo, al que atribuían con el nombre de ‘mayismo’, fue prácticamente una continuidad de radicales en la provincia. La carta asentó una posición definida de un núcleo de legisladores disconformes con la orientación política y gremial del ejecutivo provincial, en tanto sostenía que la formula gubernativa consagrada el 24 de febrero de 1946, “como indisoluble unidad impuesta por idénticos ideales”, había sido desconocida “en su verdadero valer por actitudes que menoscaban y molestan mi invariable conducta de amigo y partidario”.^[20] De este modo, el vicegobernador se posicionaba políticamente junto a la facción laborista del peronismo crítica del oficialismo provincial.

Un día después de los sucesos mencionados, visitó la ciudad de Concordia el presidente de la Nación. En su discurso, hizo referencia al conflicto intra-partidario haciendo alusión a que, quienes defendían intereses personales contra otro grupo peronista, eran considerado traidores a la causa. En esta línea, el primer mandatario sostuvo que, teniendo un enemigo al frente, no era posible que ellos existan en sus propias filas. Según sus palabras:

 

el que provoque lucha entre peronistas debe ser arrojado afuera de las filas. Nuestro movimiento es un movimiento de raigambre obrera que no quiere personas conocidas, pero porque ya nos conocemos demasiado. Nuestro movimiento quiere hombres honrados, sinceros, capaces de trabajar por el bien común y no por su interés personal. Es indispensable que, a esta altura de nuestro movimiento, recapitulemos sobre la necesidad de reorganizarlo y evitar la lucha interna inútil y suicida. Es menester que estrechemos filas porque el enemigo acecha quizás desde muchos balcones, soslayándose.^[21]

 

En esta línea, el primer mandatario llamó a “no hacer el juego a los adversarios” y a cumplir la consigna de unión y entendimiento entre hombres para evitar disensiones. Agregaba que quienes dirigían debían escuchar a las masas y que éstas debían ser disciplinadas y conscientes para empujar en conjunto “la verdadera salvación de la patria”.^[22] En términos generales, Perón construyó, desde la enunciación, una identidad asociada, por un lado, a la noción de bien común, en contraposición a los intereses personales. Pero, a su vez, hizo alusión a la lealtad-traición, aunque sin hacer mención al conflicto local. Es decir, su discurso tendió cierta integración en virtud de construir un adversario que se incluya por fuera del movimiento, y no hacia adentro.

 

El pedido de juicio político

 

La constitución provincial de 1933 preveía el juicio político al gobernador, vicegobernador, los ministros del poder ejecutivo y los miembros del Superior Tribunal de Justicia y sus salas, en el capítulo VIII, Sección IV, referente al Poder Legislativo. La acusación debía ser formulada por escrito ante la Cámara de Diputados, por cualquiera de sus miembros o por cualquier particular. Radicada la denuncia, la Cámara de Diputados debía nombrar una comisión que se encargara de investigar la verdad de los hechos en que se fundaba la acusación teniendo, al efecto, amplias facultades. El acusado, por su parte, contaba con el derecho a ser oído por la Comisión de Investigación y el deber de contestar a todas las preguntas que la comisión le dirigiera respecto de la acusación. De este modo, la comisión debía terminar su diligencia en el perentorio término de 30 días. Una vez producido el dictamen, la cámara debía decidir si se aceptaba o no, requiriéndose para aceptarlo dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, cuando el dictamen fuera favorable a la acusación.

La constitución expresaba que, desde el momento en que la cámara aceptaba la acusación contra un funcionario público, este quedaba suspendido de hecho en el ejercicio de sus funciones, gozando de medio sueldo. Admitida la acusación por la Cámara de Diputados, se nombraba una comisión de cinco de sus miembros para que la sostuviera ante la Cámara de Senadores y el Juez de la Causa, a la cual le debía ser comunicado dicho nombramiento y la aceptación de la acusación. El Senado, para funcionar como corte de Justicia, necesitaba por lo menos dos tercios de la totalidad de sus miembros y, para pronunciar sentencia condenatoria, debía hacerlo por la mayoría de los votos de esa misma localidad. La pena en el juicio político se concretaba con la separación del funcionario acusado y la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos por tiempo determinado.

La Comisión de Investigación Judicial (en adelante CIJ) fue una de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados. Era designada cada dos años a comienzo de las sesiones ordinarias, en virtud de lo que disponía tanto la constitución provincial como el reglamento interno. Tenía como finalidad la intervención en lo relativo a los procesos que se iniciaban cuando se pedía el juicio político de algunos magistrados o funcionarios que debían ser juzgados de acuerdo al régimen constitucional vigente, por medio de un procedimiento especial. La CIJ fue designada el 1° de julio de 1947, al comienzo del primer período constitucional de la legislatura para ese año; estuvo representada por los distintos sectores políticos: el peronismo disidente, por medio del diputado Zoilo García (quien presentó la acusación), el sector oficialista mediante Damián Pereira Marqués y Valentín Nieto, la Unión Cívica Radical – Comité Nacional por Carlos Perette y el Partido Demócrata Nacional por Efraín Ahumada, quien fue reemplazado debido al hecho de hallarse enfermo. La tarea de la comisión estuvo enfocada, en esos días, exclusivamente al proyecto del pedido de juicio político.

Aunque fue presentado el anteúltimo día del mes de julio, en la prensa paranaense ya circulaba el rumor del proyecto de pedido de juicio político en cuestión. El 17 de junio de 1947 El Diario publicó la primera noticia sobre el proyecto. En líneas generales, afirmaba que, en los círculos allegados a la fracción disidente del oficialismo peronista, había trascendido que legisladores y un grupo de abogados vinculados a esa tendencia habrían estado estudiando un proyecto de juicio político hacia el primer mandatario provincial, que se presentaría en el próximo período legislativo.^[23]

El 24 de julio de 1947, un mes después, El Diario publicaba una segunda nota referida a la promoción de juicio político, que comunicaba que la Junta Revolucionaria provincial de Emergencia “Juan Domingo Perón”, una organización del peronismo disidente provincial, hizo saber que en una reunión de los legisladores laboristas y de representantes de los gremios efectuada en la ciudad de Basavilbaso, habían aprobado el proyecto de juicio político al gobernador. El mismo había sido leído e informado por el presidente de la junta, señor Victoriano García, al que suscribieron todos los presentes. Se había anunciado allí que sería presentado en el seno de la Cámara de Diputados por el diputado señor Granillo Posse con el aval de los ocho miembros laboristas de ese cuerpo que formaron parte del sector disidente, aunque fue presentado dos días posteriores.^[24]

 

Los cargos acusatorios

 

El 30 de julio de 1947 ingresó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos el pedido de juicio político al entonces gobernador de la provincia, Héctor Maya. El mismo estuvo firmado por seis de los ocho diputados laboristas. Constó de un escrito de once fojas y se basó en una serie de circunstancias y hechos acusatorios de supuestas irregularidades con respecto a las competencias del gobernador en sus funciones, que habían tomado carácter público y habían sido denunciados por otros medios durante los meses previos. El pedido, aunque fue relevante para la prensa local, principalmente para El Diario, no tuvo pronunciamiento de la cámara por falta de pruebas presentadas, ausencia de testigos, vaciamiento de la Comisión investigadora y demoras en los informes presentados.

Los cargos acusatorios en los que se fundamentó el pedido hacían referencia, en primer término, a la situación del poder judicial de Entre Ríos que, según los acusadores, no estaba legalmente constituido por una falta de acuerdo que el Poder Ejecutivo no solicitó, significando de ese modo que los funcionarios judiciales no eran los jueces naturales del artículo 18 de la constitución provincial, sino “jueces en comisión”, responsabilizando al ejecutivo de la situación. En esta línea, afirmaban que una de las salas del Superior Tribunal había sido creada por decreto de uno de los Interventores Federales y que, hasta ese momento, no se hubiese ratificado su creación en la legislatura, mediante la respectiva ley, que era la que según el artículo 148 de la constitución, debía determinar su jurisdicción y competencia y la forma en que se distribuía el trabajo entre las de la misma materia y la de la constitución y funcionamiento del tribunal, en los casos previstos por ella, cuando debía actuar como tribunal pleno.^[25] En síntesis, los acusadores sostenían que no existían en la provincia, en esa fecha, los jueces naturales a que se refiere el artículo 18 de la constitución nacional. En esa línea, el diputado Demócrata Nacional R. Daneri argumentaba que, en la provincia, la administración de la justicia no estaba asegurada, como lo exigía según el diputado, el artículo 5° de la constitución; y que el gobierno federal, por lo tanto, no podía garantizar el goce y el ejercicio de sus instituciones:

 

Desde la sanción de la Constitución que nos rige, hace más de diez años, la justicia está organizada por decreto, aquella que en artículo 232 dispuso que la legislatura prolongaría sus sesiones de 1933 hasta junio de 1934, a fin de dictar las leyes que fuesen necesarias para responder a ella, entre las cuales se hallaba la Orgánica de Tribunales. Dicha ley no ha sido todavía dictada, ni al actual gobierno le ha interesado que se dicte, pues ninguna iniciativa al respecto ha sido objeto de su atención.^[26]

 

En esta línea, sostenían que el poder ejecutivo, sin embargo, lo había modificado por otros decretos, ejercitando facultades legislativas, entre ellos, por uno que trasladaba a dicho poder facultades que son propias, exclusivas y privativas del Superior Tribunal, como representante del Poder Judicial y Titular del ejercicio de la superintendencia general de la administración de justicia.^[27]

El segundo cargo acusatorio se refería al Consejo General de Educación, institución autónoma en sus funciones, que estaba compuesta por un director general y por cuatro vocales nombrados por el Poder Ejecutivo, a los que faltaba el requisito del acuerdo del Senado. En el proyecto argumentaban que, ni el director general de escuelas, ni los vocales del Consejo General de Educación tenían acuerdo del Senado, porque el poder ejecutivo no lo había pedido, a pesar de “haberse constituido la legislatura desde antes de haberse hecho cargo el gobernador y haber realizado aquellas sus sesiones ordinarias y extraordinarias”, que carecían, “de autonomía y estabilidad que la Constitución determina para sus miembros y para sus funciones”, quienes sostenían que, habiéndose omitido lo prescripto por artículo 206 de la constitución, su funcionamiento no revestía caracteres de organismo constitucional.^[28]

En tercer lugar, otro de los argumentos acusatorios tenía que ver con el régimen municipal y la no garantía de que los municipios se encontrasen a cargo de funcionarios designados por el Poder Ejecutivos y sometidos “a su arbitrio”.^[29] Los diputados acusadores sostenían que “el régimen impositivo municipal, la inversión de sus rentas, el gobierno de los intereses comunales, están en manos del gobernador y exentos de todo control”.^[30]

En cuarto lugar, se acusaba al gobernador de que el fiscal de Estado carecía de acuerdo que prescribía el artículo 139 de la constitución provincial, por no haberlo solicitado al poder ejecutivo. En este sentido, sostenían que:

 

completan la total subversión en que se halla la provincia, sacada del régimen representativo republicano, por obra del gobernador que, virtualmente y en el hecho, ha quebrantado el principio de la separación de los poderes, que es de su esencia, al asumir funciones propias de cada uno de ellos y pretender someterlos a su voluntad, otras circunstancias corroboradoras de tan grave estado.^[31]

 

En esta clave, volvieron sobre la constitución (artículo 139), que afirmaba la existencia de un fiscal de Estado, encargado de defender el patrimonio del fisco, que es parte legítima en los juicios contenciosos administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado:

 

que es inamovible en sus funciones mientras dure su buena conducta; que puede recurrir, para ante el Superior Tribunal, de las resoluciones del Poder ejecutivo cuando a su juicio fuesen contrarias a los intereses del Estado en los casos que den lugar a la acción contencioso-administrativa.^[32]

 

Los acusadores agregaban que el fiscal que se encontraba en funciones en ese momento, que desempeñaba iguales funciones antes del presente período gubernativo, se encontraba sin acuerdo del Senado, por no haberlo pedido aún el gobernador.^[33]

En cuarto lugar, hacía mención a otra falta de acuerdo del Senado, el contador de la provincia, por no haberlo solicitado el gobernador; en ese sentido, argumentaban que tanto éste como el tesorero, tenían una importante función de control en los actos del Poder Ejecutivo en lo que refería a los gastos que se autorizaban, al poder intervenir preventivamente en las órdenes de pago y las que autoricen gastos.^[34]

El quinto punto planteado indicaba irregularidades en lo que refería a la designación del presidente y tres vocales del Directorio de Entre Ríos. Para ellos, se violaba la ley 2949 que determinaba la designación, con acuerdo del senado, de estos miembros del Directorio. En el proyecto sostenían que “el gobernador ha designado a tales funcionarios sin acuerdo, el que todavía no ha sido pedido”.^[35] En ese mismo orden, el punto sexto hacía referencia a las similares condiciones en que se encontraban los miembros del directorio del Frigorífico Gualeguaychú, por falta de acuerdo del poder legislativo.^[36]

Los puntos acusatorios subsiguientes tuvieron que ver con la ausencia del gobernador “sin dar cuenta y sin delegar el mando” -dejando, según su criterio, a la provincia sin gobierno-, el decreto de la intervención federal que creó un nuevo ministerio y para el cual el Poder Ejecutivo había designado un “ministro legal” el cuál, en tal carácter, validaba los actos de un gobierno constitucional dado que la provincia contaba para entonces con un solo ministro. Los Ministerios de Hacienda y Obras Públicas, que habían asumido luego de la renuncia los que iniciaron el período de gobierno, se encontraban a cargo de empleados, que no habían prestado juramento “de acuerdo a lo que establece el Art. 120 de la constitución”.

Además, otra de las acusaciones hacía referencia a la violación del art. 144 de la constitución, que aludía el cargo de jefe de Policía de la provincia, efectuando la delegación de funciones prevista en el artículo 135 inc. 25 de la constitución. Más acusaciones tenían que ver con procedimientos realizados por decreto, “a observarse ante la justicia en la substanciación de recursos de amparo, substituyéndose así al poder legislativo y ejercitando sus funciones”.^[37]

En los capítulos que seguían, se señalaba la subvención institucional en que vivía la provincia, cómo se disponían los fondos y bienes del Estado que, según los acusadores, se autorizaban gastos sin sanción legislativa, incluidos los que se mencionan en el proyecto, como la construcción de una casa privada en la casa de gobierno y la celebración de contratos sin licitación por millones de pesos.

A su vez, se aludía a la adquisición de autos suntuosos y con destino familiar, algunos de camiones y la organización de homenajes. A estos hechos, los acusadores sumaban la designación de subsidios, la ocultación de irregularidades administrativas, la substracción a la justicia del conocimiento de hechos delictuosos, el nombramiento de funcionarios sin la edad requerida, la adquisición sin autorización legal, del yate y avión “mientras los hospitales carecen de camas y algodón”, “el auge de la prostitución clandestina y los juegos prohibidos” y “las jubilaciones ilegales”.^[38]

 

La repercusión del pedido de juicio político en los actores locales

 

El principal referente de la acusación, Granillo Posse, sostenía que el pueblo debía saber -y en especial los ciudadanos que habían dado su voto para que los represente en la cámara-, “quiénes fuimos los acusadores y quienes los que nosotros señalamos con el dedo” haciendo referencia a una distinción entre los radicales renovadores, y un “nosotros” en referencia al sector laborista.^[39] En el escrito presentado afirmaban que “podrían seguir señalando otras y muchas transgresiones cometidas por el ciudadano que ejerce el Poder Ejecutivo”, pero que omitían hacerlo:

 

para no ensombrecer más el triste panorama que ofrece la Provincia, del punto de vista institucional, por obra de la desorbitación de dicho ciudadano, y si hemos tenido que referirnos a las apuntadas, con profunda pena, ha sido solamente ante la necesidad, ya impostergable e inevitable de fundar el remedio constitucional que intentamos, para evitar males mayores a la provincia y con el propósito ya ineludible de salvarla del abismo hacia donde la conduce la acción del gobernante que, en un obsesionante afán de mando e incontrolado delirio de prepotencia, ha hecho tabla rasa de la constitución y de las leyes, sin freno que contenga su desorbitación y defraudando las aspiraciones del pueblo que puso en él su confianza, ante su proclamada fe republicana, si reiterada y declamatoria adhesión a los postulados de la revolución y a los patrióticos propósitos del hombre eminente que, al frente del gobierno de la Nación, cumple el juramento que prestara y dirige seguro y firme al país por el camino de su grandeza y culminación de su destino.^[40]

 

El 31 de julio de 1947, un día después de la presentación del juicio en la legislatura, dos de los principales referentes del laborismo en la provincia se pronunciaron en contra del pedido. Por ejemplo, el vicegobernador de la provincia Luis Chaile se pronunció públicamente haciendo alusión a que, si bien eran públicas sus divergencias con el gobernador con respecto a la forma de encarar algunas cuestiones gremiales, se posicionaba en contra del pedido de juicio político. Sostuvo que “obrando dentro de estas orientaciones cumpliremos con el plan de franca colaboración a la obra fundamental de política social que caracteriza al gobierno del general Perón” y refirió a una creencia en la rectificación de los inconvenientes que malograron la unidad de los legisladores peronistas, ya que “el Doctor Maya, comprensiva y lealmente está dispuesto a escuchar las sugestiones de los legisladores peronistas”.^[41]

Al pronunciarse en contra del pedido, Chaile catalogó a este acto como una medida grave y de trascendental consecuencia político-institucional que resultó improcedente “por carecer de causa legal y fuerza legal que la haga visible”.^[42] En esa misma línea, el legislador afín al laborismo y entonces presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Guastavino, comunicó ese mismo día que, si bien el bloque disidente -al cual pertenecía- había presentado el proyecto de juicio político al gobernador de la provincia, su posición frente al gobierno provincial no había variado, no obstante hacía saber que no apoyaba el proyecto citado, ya que lo consideraba inoportuno “para los momentos actuales”.^[43]

El 1° de agosto, el bloque de diputados oficialistas en la legislatura (Pereyra Marqués, Nieto, Yaryez, Lista, Einchhorn, Santiago y Morán) comunicó una resolución tomada por el bloque peronista que implicó la expulsión de los seis diputados laboristas. El comunicado hacía referencia al gobernador y a su elección legítima por un movimiento en los históricos comicios de febrero de 1946. Para el bloque, el pedido de juicio político implicó “una falta de solidaridad y verdadera traición al movimiento que encabeza y encarna el gran conductor, el general Juan Domingo Perón”. A su vez, solicitaron a la junta provincial del peronismo la cancelación de la ficha de afiliación.^[44]

Días después, el 5 de agosto El Diario publicaba una nota titulada “El juicio político que espera el país” haciendo alusión a un explícito apoyo de la acusación por parte del órgano opositor al gobierno provincial.^[45] El 14 de agosto se reunió la Comisión de Juicio político en la sala de la legislatura para estudiar el proyecto en cuestión y resolvieron que, en primer término, se debían dirigir al acusado en virtud de que ejerciera el derecho a presentar los descargos a las acusaciones formuladas. Se decidió que la reunión pactada una semana después sea para la presentación de pruebas y documentación de respaldo al proyecto. Sin mayor repercusión en la prensa local sobre el juicio político, once días después solo se hizo mención a la renuncia de un miembro de la comisión, el diputado Efraín Ahumada, por encontrarse enfermo.^[46]

El 16 de agosto el gobernador de la provincia produjo un alegato de descargo contra los fundamentos del proyectado juicio. En el escrito hizo alusión directa a las acusaciones. En su descargo, sostuvo que las acusaciones fueron producto “de unos cuantos filodoxos de mala fe, picapleitos fracasados” que el pueblo de Paraná “los conoce bien”, siendo “asombroso que haya legisladores que no sepan lo que hacen”. Maya respondió a cada uno de los puntos en los que se centraba su acusación. Por este motivo, en referencia a las supuestas irregularidades de los Ministerios, el gobernador hizo alusión a que “con el voto favorable de los propios diputados acusadores fue aprobado el decreto 5246 de intervención federal que creó el Ministerio de Obras Públicas, quedando convertido en ley”. Por otra parte, el descargo anunciaba que:

 

La ley de 3417 de presupuesto fue sancionada con el voto favorable de los denunciantes y en ella se dedica todo el anexo E, precisamente a ese ministerio tome nota el pueblo de cómo actúan algunos de sus representantes.^[47]

 

Además, sostenía que se volvió “asombroso que puedan formularse cargos como estos que revelan no solamente una ignorancia total de las disposiciones de nuestra Constitución, sino los más elementales principios de derecho”.^[48] En esa línea, en el descargo realizado mencionó que eran falsas las acusaciones, tales como la construcción de una habitación particular y de su familia en la casa de gobierno. Por otro lado, argumentaba que, en cuanto a la acusación de irregularidades en los contratos, todos habían sido celebrados por licitación pública, salvo los casos expresamente previstos en el art. 117 del Decreto Orgánico de Contabilidad.

En ese sentido, el descargo continuaba haciendo alusión a que las pocas irregularidades administrativas que el gobierno había descubierto merecieron la exoneración de sus autores y el paso de los sumarios a la justicia del Crimen. Cerró su alegato diciendo que cuánto más útil hubiera sido que los diputados acusadores se hubieran dedicado a trabajar en algún proyecto de ley orgánica, en reemplazo de los decretos que criticaban”.^[49]

Finalmente, el 30 de agosto adquirió notoriedad pública un informe de la Comisión de Investigación Judicial sobre el vencimiento del plazo constitucional y la no existencia de dictamen de comisión sobre el juicio en cuestión. De este modo, en el informe anunciaban que los miembros de la misma no pudieron terminar su cometido, por lo que no pudieron “expresar su dictamen ni en favor ni en contra de la acusación” debido a que no se pudo culminar con las diligencias de la investigación ni producir las pruebas ofrecidas.

El informe cerraba con una mención referida a que cada diputado integrante de la comisión dejaba a salvo su opinión y conducta con respecto a los hechos y circunstancias que han impedido las tareas de investigación, para exteriorizarlas por las vías y forma que consideren oportunos. Como cierre, la comisión dispuso recopilar todo lo documentado y foliar antecedentes en virtud de documentar la tarea realizada.^[50]

 

Conclusiones

 

A partir del triunfo electoral del peronismo, los desacuerdos y disputas de las facciones de la coalición se desarrollaron en distintos contextos. En el caso de Entre Ríos, la legislatura fue un escenario propicio para el despliegue de las luchas facciosas intra-partidarias. En este recorrido pudimos ver que para 1946 la dinámica del peronismo en la legislatura se caracterizó por un acompañamiento a la política del ejecutivo, no obstante, los laboristas presentaron proyectos propios e incluso utilizaron, en sintonía con la oposición, recursos parlamentarios de seguimiento y control al gobierno provincial.

En cambio, en 1947, un recorrido por la prensa local nos permitió ver cómo entre abril y agosto de 1947 se desplegaron una serie de conflictos que tuvo como punto crucial el pedido de juicio político al gobernador electo en febrero de 1946, Héctor Maya, por parte de un sector laborista, disidente a la facción del gobernador. En esta línea, pudimos ver cómo El Diario de Paraná, opositor al gobierno peronista, les dio una particular relevancia a los hechos estudiados, ya que publicó día a día novedades en torno al conflicto y les dio una centralidad mediante un conjunto de noticias publicadas dentro de la sección “políticas”.

Un recorrido por los meses previos, nos permitió ver cómo el pedido de juicio político implicó una cristalización de la dinámica política peronista a través de la confrontación de los legisladores. Entre abril y julio se produjeron una serie de hechos relativos a la confrontación política entre legisladores vinculados al laborismo y el sector cercano a Maya. Pudimos evidenciar que, tanto desde la acción como desde la enunciación se disputaron sentidos de lo que implico “ser” peronista. Ambos sectores hicieron referencias o menciones a qué implicaba ser peronista, y del mismo modo, acusando a la facción adversaria de no serlo. Por ejemplo, en un acto de adhesión al gobernador, creado paralelamente a las huelgas vinculadas al laborismo, el discurso de Maya se caracterizó por la construcción de aristas identitarias sobre las facciones del peronismo mediante la noción de lealtad-traición.

Del mismo modo, mediante cartas públicas, el laborismo denunciaba que el sector cercano al gobernador no era peronista, sino que buscaba imponer el mayismo por sobre el peronismo, marcando desde la enunciación, una diferenciación con el sector al que atribuían de mayistas. En esta línea, a partir de la lucha facciosa se fueron construyendo, desde la acción y la enunciación, sentidos de lo que implicó ser peronista. A medida que el conflicto se llevaba a cabo, las distintas facciones del peronismo construyeron actos y enunciados que ubicaron a la facción adversaria dentro de la coalición como ‘no peronista’ como modo de diferenciación, sin que ello implicara un desarme de la coalición y, por ende, un obstáculo o traba a la organización. La lucha facciosa y la confrontación política entonces fue una dimensión constitutiva de la identidad peronista que sirvió de plataforma para los años siguientes (Garzón Rogé, 2016, p. 76)

En cambio, en el discurso de Perón de mayo de 1947, el mandatario desplegó referencias al peronismo asociadas, por un lado, a la noción de bien común, en contraposición a los intereses personales. Pero, a su vez, hizo alusión a la lealtad-traición, aunque sin hacer mención al conflicto local. Es decir, su discurso tendió cierta integración en virtud de construir un adversario que se incluya por fuera del movimiento, y no hacia adentro.

Por otro lado, en cuanto al pedido de juicio político, si bien no prosperó, consideramos que el fenómeno fue un antes y un después en la dinámica política del peronismo a nivel provincial en tanto produjo un reordenamiento de la lucha facciosa que tuvo efectos en la actividad política concreta. La expulsión de un sector de los legisladores del Partido Peronista, la renuncia y renovación de hombres en primeras y segundas líneas de gobierno y la división del bloque peronista en la legislatura fueron algunas de las consecuencias a los conflictos estudiados.

El sector vinculado al laborismo, construyó una identidad a partir de la distinción con el sector del radicalismo renovador que implicó, entre otros puntos, una afirmación de diferenciación entre los acusados y los acusadores, que tuvo como base varias aristas diferenciadoras que se desplegaron no solo en las acusaciones del pedido de juicio político que no se concretó, sino en los intercambios, comunicados e intervenciones que se realizaron desde ambos sectores durante los meses estudiados.

Al observar el despliegue de los conflictos acontecidos antes, durante y después del pedido de juicio político, es posible rastrear que las aristas identitarias sobre el peronismo en este conflicto en particular giraron en torno al mal y buen uso de los bienes públicos y la noción de transparencia, el incumplimiento de la constitución y de las leyes y el desvío de los postulados de la revolución, de la doctrina y del mismo Perón mediante la noción de lealtad-traición.

 

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Recibido: 12/03/2024

Evaluado: 28/05/2024

Versión Final: 05/08/2024