“Como banco a la deriva”

“Como banco a la deriva”. La quiebra del Banco Integrado

Departamental y su repercusión en los bancos locales que

absorbió: el caso del Banco de la Ribera Coop. Ltdo. de Villa

Constitución en la década de los ’90

Valeria Ré[1]

(ISP Nº 3; valeria-re@live.com)

Introducción

El cooperativismo de crédito ha sido una de las experiencias cooperativas más duraderas, y que más ha sufrido transformaciones, redimensiones, y críticas por parte de los gobiernos en Argentina. La década de los ’90 fue un momento de gran transformación del sistema financiero argentino, en el que abundaron fusiones y absorciones de entidades menores por parte de otras de mayor envergadura. Éste fue el caso, entre otros, del Banco de la Ribera Coop. Ltdo., que en febrero de 1995 se fusionó con una entidad de gran importancia, el Banco Integrado Departamental (BID). La quiebra del BID meses después de la absorción es un claro reflejo de la situación financiera argentina de la década, situación que debe ser entendida dentro de ese largo proceso histórico por el que han atravesado las entidades cooperativas.

En la década mencionada la ciudad de Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe, contaba con una sucursal del Banco de la Ribera, así como existían otras en las localidades vecinas de Empalme Villa Constitución y San Nicolás. La sucursal Villa Constitución llegó a manejar el 80% de la operatoria de la ciudad, con créditos destinados al sector medio de la sociedad[2]. Cuando la entidad fue absorbida en plena crisis financiera por el BID, estas sucursales pasaron a formar parte de la red cooperativa que integraba el BID. Meses después, el BID es suspendido, y finalmente quiebra. Alrededor de este desenlace rondan denuncias de estafa, insolvencia y fugas de depósitos. La quiebra del BID será el objeto de este artículo, a fin de involucrar la escala local en una escala más amplia, ya que lo que interesa es la repercusión en la ciudad de Villa Constitución: si la quiebra implicaba el arrastre de los bancos absorbidos, ¿qué repercusión tuvo esto en la ciudad? ¿qué significó la desaparición de un banco cooperativo en Villa Constitución y la zona? ¿en qué situación quedaron sus beneficiarios? ¿qué pasó con sus empleados? ¿hubo resistencia a las medidas y, si así lo fue, cómo se manifestaron? ¿por qué un caso que ocurrió en los ’90 sigue siendo relevante hoy? La problemática entonces, giraría en torno al impacto de la crisis financiera a nivel local y las consecuencias que aquélla produjo en la sociedad.

Una primera aproximación a la respuesta podría ser que la quiebra del BID y el arrastre de los bancos que absorbió, especialmente el Banco de la Ribera sucursal Villa Constitución, trajo serios trastornos a la localidad, teniendo en cuenta que estos bancos cooperativos respondían a la demanda de pequeños y medianos sectores “desatendidos” y marginados del sistema financiero oficial. Esta situación provocó una oleada de denuncias y manifestaciones de ahorristas, deudores y empleados perjudicados. La vigencia del caso está relacionada probablemente a la resolución parcial o incompleta del conflicto y a las secuelas que ha dejado en aquellos beneficiarios de lo que alguna vez fue el banco cooperativo De la Ribera.

Para aproximarnos a las respuestas se recurrirá a fuentes que requieren un abordaje cuantitativo y/o cualitativo: se utilizarán fuentes documentales y legales -como actas de la sindicatura que entendió en la quiebra del BID-; resoluciones de la sindicatura y del BCRA; estadísticas presentes en informes de la sindicatura y del Comité de acreedores conformado con la quiebra del BID; leyes fundamentales como la Ley de Entidades Financieras nº 21.526 y la Ley de Cooperativas nº 20.337; fuentes documentales personales como cartas de damnificados al BCRA; fuentes visuales como propagandas del BID y del Banco de la Ribera; fuentes orales producto de entrevistas a empleados del Banco de la Ribera; información procedente de la prensa escrita nacional y especialmente local. Sobre ésta última serán relevantes los aportes de la prensa regional, como el Diario La Capital de Rosario, en su formato impreso y digital, el Diario El Informante de San Nicolás, El Emiliano de La Emilia, y El Sur de Villa Constitución – en este último caso limitado, ya que parte de la fuente existente en el repositorio del periódico local se ha perdido.

Para comprender el objeto a estudiar, se abordarán categorías de análisis indispensables para este particular caso dentro de la historia económica argentina. Partiendo del concepto de sistema financiero, se analizarán categorías propias del movimiento cooperativo como cooperativismo, cajas de crédito y bancos cooperativos, categorías de análisis de la situación bancaria de los ’90 como fusión, absorción, iliquidez, quiebra, y nociones básicas al hablar de entidades financieras, como ahorrista, deudor, sindicatura y comité de acreedores[3].

El presente trabajo se propone aportar a la historia general desde la historia regional y también a la historia regional desde la historia económica, ya que la historia económica de Villa Constitución es escasa. Quedará pendiente un abordaje desde otros actores involucrados en el proceso como los ahorristas damnificados (aquellos a los que se les solicitó una entrevista se negaron a realizarla) y desde nuevas fuentes que brinden claridad sobre el origen y desarrollo del Banco de la Ribera en Villa Constitución, sobre lo que no se ha encontrado registro.

Así nacía el BID. El Banco Integrado Departamental Coop.

Ltdo. (BID). Breve historia de su creación y desarrollo en las

décadas del ’70, ’80 y primeros años de los ‘90

El Banco Integrado Departamental (BID) Coop Ltdo aparece en la escena financiera a partir de la autorización del BCRA en noviembre de 1978, por Resolución nº 480, que lo habilita al año siguiente para operar comercialmente como Banco Comercial Privado Nacional. El BID es un claro ejemplo del proceso de fusiones posterior a la implementación de la Ley de Entidades Financieras de 1977, que obligó a muchas entidades cooperativas, la mayoría cajas de crédito, a unirse para sobrevivir.

El BID nace en 1978 de una fusión de once cajas de crédito obligadas a transformarse en bancos cooperativos por la nueva ley. Las cajas estaban radicadas en Venado Tuerto, Hughes, Labordeboy, Villa Cañas, San Gregorio, Diego de Alvear, Chovet, Los Quirquinchos, Berabevú, Chañar Ladeado, y Rosario. Ya desde sus inicios se perfiló como un banco que tendría una amplia zona de influencia abarcando no sólo a Santa Fe, sino también a Córdoba y Buenos Aires, extendiéndose luego a todo el país (la mayoría de las nuevas entidades cooperativas se encontraban en Santa Fe [30], Buenos Aires [11], Córdoba, Entre Ríos…[4]). Esta entidad financiera privada se presentaba con una política de servicio a la comunidad en línea con los fundamentos del cooperativismo, para el desarrollo de la región. Por lo tanto, estaba destinada a satisfacer las necesidades de los sectores rurales de las provincias mencionadas, y de pequeños y medianos productores y comerciantes. Desde 1985, la entidad comenzó a adquirir filiales de otros bancos, a abrir nuevas sucursales, y a llevar adelante una serie de fusiones por absorción en distintos puntos del país que la ubicarían como la entidad financiera más importante del sur santafesino, la tercera entidad cooperativa más importante y la 23 en el sistema financiero en cuanto a magnitud de depósitos para diciembre de 1994.

La entidad fue incorporando en este proceso más servicios: asesoramiento técnico-financiero, operatorias de comercio interior y exterior e ingreso en la bolsa de valores a través de Citibank. Además creó la Fundación del Banco BID sin fines de lucro y sostenida en el principio del bien común del cooperativismo a través de la cual se insertaba en la comunidad con el apoyo a programas educativos, culturales y científicos. Además, en Venado Tuerto el BID se volvió propietario de una serie de pequeñas empresas, situación que tendrá un lugar privilegiado en el análisis de la caída de la entidad: una serie de operatorias relacionadas con el otorgamiento de préstamos a empresas vinculadas al banco habría desencadenado la debacle.

En el transcurso de una década, desde el inicio de su expansión hasta su suspensión, llegó a contar con 145 sucursales distribuidas por todo el país[5], siendo su momento de mayor expansión precisamente cuando absorbe a los bancos Aciso y De la Ribera en 1995[6]. A partir de allí, comenzó un descenso que terminará en la quiebra de la entidad.

El máximo de depósitos a ahorristas, alcanzado por la entidad en 1994, para el posterior Comité de acreedores, se debió a que el banco ofrecía tasas superiores a la media del mercado, algo que sólo podía lograr gracias a una imagen de gran solidez institucional.[7] La prensa de la región presentaba al BID de esta manera: “…El banco fue acompañando a la empresa santafesina, a los productores agropecuarios y a los ciudadanos en general, desde el mismo momento de su creación, procurando brindar todos sus servicios y una tarea de apoyatura que hiciera posible el desarrollo de la región (…) la línea política del banco ha sido siempre servir a la comunidad…”[8]

Paradójicamente, esta entidad que en palabras de su gerente general Cataldi poseía un total de activos de 900 millones de dólares[9], presenta esta imagen a sólo unos meses de lo que sería un lento camino hacia la desintegración de la entidad y con ella de los bancos absorbidos anteriormente, entre ellos el Banco de la Ribera. En la Semana Santa de 1995, el entonces presidente del BCRA, Roque Fernández, anunciaba la suspensión de actividades del BID por un plazo de 30 días: a partir de allí la entidad nunca volvió a abrir sus puertas.

Cambios en el Sistema Financiero y absorciones. La Ley de

Entidades Financieras Nº 21526 y sus consecuencias en el

sistema financiero

El Sistema Financiero puede definirse como un “…conjunto de instituciones, medios y mercados que permiten canalizar el ahorro de aquellas unidades de gasto con superávit hacia aquellas unidades de gasto que precisamente necesitan de esos fondos para cubrir su déficit.”[10] Así, según Ricardo Dueñas, el sistema facilita la circulación de dinero en la economía, permitiendo transacciones diarias y fomentando las inversiones.[11]

El acceso al financiamiento es clave en el desarrollo económico como sostienen Cecilia Allami y Alan Cibils, ya que los mercados financieros y las instituciones que actúan en ellos son los intermediarios entre la parte real y la financiera de la economía y los encargados de crear crédito para que los agentes de la economía tengan un nivel de gasto superior a su ingreso y así induzcan al desarrollo económico.[12] Además, en los sistemas financieros latinoamericanos y en Argentina específicamente, el crédito bancario ha tenido un peso importante en el financiamiento de la producción.[13]

Dentro del sistema financiero argentino, el cooperativismo ha tenido un papel destacado como intermediario en las transacciones mencionadas. Sin embargo, su desarrollo ha estado sujeto a múltiples cambios, ligado a las políticas adoptadas por los distintos gobiernos argentinos.

Las cajas de crédito habían surgido en los primeros años del siglo XX como cajas mutuales donde la colectividad judía satisfacía sus necesidades. Éstas, como describe Griselda Verbeke, eran entidades financieras no bancarias reguladas por la ley de cooperativas y por la Ley 25.782 que exigía que debían constituirse como cooperativas, operando en casa única y con sus asociados radicados en el departamento correspondiente al domicilio de la caja, además de distribuir sus retornos en proporción a los servicios utilizados.[14] El proceso de mayor expansión del movimiento cooperativo vino con la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) luego del Congreso celebrado en Rosario en 1958. Para D. Plotinsky, el IMFC buscaba movilizar los recursos monetarios de las cajas para favorecer el desarrollo industrial, agropecuario y comercial[15], en época de la autodenominada Revolución Libertadora, que había priorizado la concentración de capital y la banca extranjera en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de capital nacional. El IMFC fue adquiriendo gran fuerza y apoyo de distintos sectores de la sociedad, con lo que las entidades cooperativas habían aumentado en gran número. Esto, como bien explica Plotinsky, generó una rápida oposición de la banca nacional y extranjera, de la burguesía local e internacional y del FMI, que hicieron que el Estado obstaculizara el desarrollo de las cajas de crédito aumentando las regulaciones y los impuestos.[16]

El golpe de Estado en 1966 también fue negativo para las cooperativas de crédito: se dictó un nuevo decreto (16.898) por el que debían registrarse como entidades financieras no bancarias, pero su autorización o denegación y su control estarían en manos del BCRA. Luego de esta disposición, muchas cajas de crédito dejaron de funcionar, y en 1970 disminuyeron su participación en el sistema financiero de un 10,5% a menos del 2%[17]. El movimiento cooperativo aún con estas bajas continuó luchando por mantenerse vigente y logró en los primeros años de la década del ’70 la sanción de la Ley 20.037 de Cooperativas que las regula hasta la actualidad y una nueva Ley de Entidades Financieras.

Sin embargo, el golpe cívico-militar de 1976 también tuvo entre su política de “Reorganización Nacional” el interés por la banca extranjera frente al capital nacional, y buscó eliminar la forma cooperativa bancaria. Para ello sancionó la nueva Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 que obligó a las cajas de crédito a tomar una decisión sobre su futuro: se establecía un monto mínimo de capital para las entidades cooperativas como requisito para su continuidad como tales, pero el monto era muy elevado para una caja de crédito (se estima un piso de u$s 10 millones para las entidades en zonas de mayor desarrollo); la ley también permitía que se transformaran en bancos comerciales conservando su característica cooperativa. El banco cooperativo, como aclara Verbeke, a diferencia de la caja de crédito, es considerado un banco comercial pudiendo realizar la misma operatoria que éste: reciben fondos de terceros no asociados, son supervisados por el BCRA, y también están sujetos a la ley de Cooperativas[18]. En este contexto, las cajas debieron optar por seguir funcionando autónomamente pero con restricciones a su crecimiento o fusionarse entre ellas formando bancos cooperativos para alcanzar el monto mínimo requerido por la ley. Plotinsky señala que fueron pocas las cajas que se transformaron individualmente y la mayoría optó por la fusión creándose 77 bancos cooperativos en los primeros años luego de sancionada la ley.[19] Uno de ellos sería el BID.

La década del ’90. Particularidades

La política económica de la dictadura cívico-militar iniciada en 1976 se había orientado hacia la concentración y privilegio del capital extranjero, acompañado, como indica Hugo Nochteff, de una distribución regresiva del ingreso, desempleo, exclusión, economía de endeudamiento y valorización financiera.[20] Ese patrón de acumulación entre 1976 y 1983 es la base de la crisis hiperinflacionaria de 1989 que explica Martin Abeles: “… dada la ausencia de medidas que enfrentaran ‘radicalmente’ durante la década del ochenta a los sectores favorecidos por la dictadura militar, se sientan las bases de una contraposición de intereses – entre la banca extranjera y el capital concentrado interno – cuya insustentabilidad estructural se pondría de manifiesto, con toda elocuencia, en el desenlace hiperinflacionario de 1989.”[21] En este clima de crisis asume su primer mandato Carlos Menem, quien introdujo políticas neoliberales de apertura de la economía, privatizaciones de empresas públicas, desregulación financiera, flexibilización laboral, y disciplina monetaria y fiscal. La Ley de Convertibilidad ideada por el Ministro de Economía Domingo Cavallo tuvo resultado en sus propósitos inmediatos y, como sostiene Julieta Nicolao, se vio acompañada inicialmente por altas tasas de rendimiento económico.[22] Pero con el agudizamiento de la concentración de la riqueza vino el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad: Daniel Muchnik indica que la miseria fue en aumento, y que para 1998 el desempleo abarcaba a un 15% de la masa laboral.[23]

Dos aspectos del período tienen particular relevancia para el objeto de estudio: la situación de los bancos durante los primeros años de mandato de Menem y el efecto de la crisis mexicana de 1994 en el sistema financiero argentino.

Respecto al sistema financiero en los ’90, Ramón Frediani[24] explica que la publicidad de la época hizo creer que el sistema bancario era eficiente y funcionaba bien, apoyándose en la creciente liquidez producida por la liberalización financiera y los financiamientos a través de la deuda externa. Algunas de las deficiencias del sistema bancario presentadas por el autor reflejan la situación que atravesaría el BID: tasas activas de interés muy por encima de la tasa de rentabilidad de la actividad productiva a la que prestaba; concentración de la mayoría de los créditos en los principales clientes; gran porcentaje de la cartera vinculada a empresas o grupos económicos propiedad de accionistas de los propios bancos, aumentando el riesgo de solvencia; administraciones bancarias fraudulentas que derivaron en crisis, sobre todo a partir de la crisis mexicana, resueltas por el BCRA otorgando redescuentos que luego no pudieron rescatarse; ausencia de un sistema eficiente de supervisión de los bancos; y movimientos internacionales de fondos de corto plazo excesivamente liberalizados, provocando entrada y salida brusca de capitales.

La crisis mexicana o el “efecto tequila” tuvo para Javier Arnaudo y otros[25] el llamado “efecto contagio”: situaciones similares en ambos países generaron un clima de desconfianza acerca de si Argentina podría seguir sosteniendo el régimen de convertibilidad. Esto llevó a un retiro de depósitos que hizo caer las reservas y generó crisis bancarias numerosas sobre todo de bancos cooperativos y regionales privados, porque muchos particulares trasladaban sus depósitos a bancos más grandes donde existía el seguro de depósitos[26]. Estos retiros generaron a su vez una crisis de iliquidez.[27] Los autores indican que la mayoría de los 34 bancos que cerraron en 1995 entre bajas y fusiones fueron bancos cooperativos y mayoristas: de los 29 bancos cooperativos que figuran en su investigación[28] la mayoría corresponde al sur de Santa Fe, Córdoba y norte de Buenos Aires.

El proceso de absorción de bancos cooperativos locales en los

’90: breve historia del Banco de la Ribera y su absorción por el

Banco Integrado Departamental

Desde inicios de 1995, la prensa escrita dedicó un amplio espacio al efecto de la crisis mexicana en el sistema financiero argentino y a la preocupación de la población sobre el futuro de muchos bancos, en particular los de menor tamaño. Los especialistas solían coincidir en que esto había redundado en un retiro masivo de fondos – especialmente en el traslado de los fondos desde bancos cooperativos o mayoristas a otros de primera línea – y dejó a muchos bancos en situación precaria.

Ya en enero se comunicaba la creación por iniciativa del BCRA de un consorcio de ayuda a las entidades financieras que habían sufrido las consecuencias del impacto de la crisis mexicana, en el que participaban bancos como Citibank, Francés, Crédito Argentino, Río y Galicia. La prensa menciona que esta medida intentaba eliminar los rumores de quiebras, pero que los analistas ya vaticinaban una fuerte reconversión del sistema bancario, con fusiones entre entidades medianas y absorciones de las más débiles. Desde el gobierno la línea del discurso se orientaba hacia la promoción de la concentración bancaria.

En los primeros meses de 1995, el Central prestó una enorme ayuda financiera a las entidades con problemas, pero en marzo ya anunciaría que dejaría esa asistencia a manos privadas, asegurando que el fondo fiduciario creado se encargaría de la situación. La prensa destacaba los rumores de un retraso en la solución del problema por cuestiones políticas, esperando las próximas elecciones presidenciales en el mes de mayo.

Aquello pronosticado por los analistas comenzó a evidenciarse rápidamente: las fusiones y absorciones no se hicieron esperar, y la prensa hablaba de “fiebre de fusiones en el sur santafesino”.[29] La fusión, según explica Cristhian Northcote, implica la unión de dos o más sociedades para mejorar la situación patrimonial de las sociedades fusionadas[30], sin liquidarse. Ahora bien, las sociedades pueden fusionarse uniendo sus patrimonios y dando lugar a una nueva sociedad, o una sociedad puede absorber a otra u otras que se disuelven también sin liquidarse (la primera es la “incorporante” de los activos y pasivos de la incorporada). Ambos tipos de fusiones se presentaron en 1995 en gran número. A manera de ejemplo podemos mencionar como primer caso la fusión de siete bancos del sur santafesino que formaron una nueva entidad, el Banco Bisel S.A. La fusión por absorción fue el mecanismo utilizado por el BID para hacerse con las sucursales del Banco de la Ribera entre otras entidades, como el Banco Aciso Coop Ltdo, Faro Coop Ltdo, Laboulaye Coop Ltdo, Cosmos S.A., Serrano Coop Ltdo, y Ceres Coop Ltdo.

Desde el IMFC se sostenía que la política gubernamental de favorecer la concentración bancaria perjudicaba al sector cooperativo, porque son entidades menores que carecen del poderoso respaldo político y económico de la gran banca nacional y extranjera.[31] De hecho, en un análisis de la Fundación Mediterránea recogido por el Diario La Capital de Rosario, se señala que la crisis provocó un traslado del 37,36% de los fondos desde los bancos cooperativos hacia bancos de primera línea. Esto impactó en las entidades más pequeñas generando un gran proceso de fusiones y absorciones.[32] El mismo informe sostiene que Santa Fe fue la provincia con mayor reestructuración bancaria, ya que la mitad de los bancos absorbidos entre enero y agosto en todo el sistema (16 de 32) fueron entidades con casa central en la provincia santafesina, y de ella 14 eran cooperativas. Se está hablando de una concentración del 89% de las colocaciones en bancos locales en sólo cinco entidades.[33]

Entre los bancos absorbidos en este período se encuentra el Banco de la Ribera. Es escasa la información sobre esta entidad en cuanto a su fundación y desarrollo, por lo que se ha intentado reconstruir algo de su paso por la región a través de la información rescatada en artículos periodísticos, comunicaciones del BCRA, propagandas y una entrevista. La fecha de la fundación del banco se desconoce, y la información más antigua, principalmente en las comunicaciones del BCRA sobre las entidades vigentes a la fecha, datan de enero de 1980, y en la zona sólo hay registro de la apertura de la sucursal La Emilia, cercana a la localidad de San Nicolás, el 2 de octubre del mismo año.

El Banco de la Ribera, como toda entidad cooperativa, estaba orientada al servicio de la comunidad en la que estaba inserta, y así lo demuestra una propaganda de la época, rescatada por un diario de la localidad de La Emilia: “…Fiel a su vocación de servicios e integración a la comunidad, a quien se debe como entidad cooperativa, permanece a través del tiempo, firme y estudiando posibilidades para mejorar la atención de sus asociados a pesar de la difícil situación socio-económica por la que atraviesa el país y el sistema financiero en particular”[34] Esta relación con la comunidad también se vio en el apoyo a actividades culturales como concursos de poesía, producciones de películas, o convocando eventos musicales. Y Villa Constitución contaba con un camping club que actualmente continúa funcionando de la mano de un grupo de asociados que se hicieron cargo de él.

El testimonio de Cecilia, una empleada del Banco de la Ribera a la que se entrevistó en marzo de 2013, proporciona datos relevantes para comprender la magnitud e importancia de la entidad para la localidad y la zona de influencia. La entrevistada, que formó parte de la entidad desde 1985 y hasta que cerrara sus puertas como Banco Integrado Departamental, y que se desempeñó en el sector de crédito, destacó que el banco manejaba el 80% de la operatoria de Villa Constitución. La cartera de crédito era bastante amplia, aunque como banco cooperativo estaba destinado a sectores medios de la sociedad, al mediano comerciante, a las Pymes, otorgando créditos accesibles. Además, el banco llegó a tener una sucursal dentro de la fábrica Acindar, a través de la cual cobraban sus empleados. Así lo describe: “…en su origen estaba destinado al mediano comerciante, a las Pymes. Lamentablemente después se trastocaron los tantos, pero si no era un banco que estaba muy ubicado en todo lo relacionado a la parte comercial, ya te digo el 80% trabajaba con el banco…”.

Ahora bien, existieron créditos de mayores dimensiones concedidos por el banco, que según la entrevistada no se dieron en Villa Constitución, sino a nivel de la sucursal Buenos Aires, pero que en general existió la concesión de créditos que en ocasiones no estaban bien garantizados, y que de hecho es una de las causas de su crisis.

La entrevistada menciona que antes de ser absorbidos por el BID, el Banco de la Ribera había empezado a tener problemas financieros producto de una mala administración, y este hecho se refleja ampliamente en la prensa escrita, particularmente a partir de su absorción por el BID. En todos los casos se apunta a una crisis de liquidez anterior a la absorción, provocada por la fuga de capitales al exterior como consecuencia de la crisis mexicana, que dejó expuesto al Banco de la Ribera. Sin embargo, cuando empezaron a analizarse las causas de la quiebra del BID, comienzan a surgir denuncias de “dibujo” de la contabilidad[35] del Banco de la Ribera y de maniobras fraudulentas con actividades de comercio exterior. Así por ejemplo, el síndico designado en la causa por la quiebra del BID menciona en un acta de 1997, que el Banco de la Ribera presentaba incoherencias entre su balance y su situación patrimonial real, con riesgo de incobrabilidad muy grande.[36] Y que por ello habían presentado un comportamiento tal, como fue recibir menos depósitos del público por la pérdida de confianza. De hecho, la entrevistada menciona que el Banco de la Ribera, antes de pasar a ser Banco BID, ante la situación precaria, había redescontado gran cantidad de documentos en entidades mayores para adquirir mayor liquidez.[37]

En ese estado de cosas, en enero de 1995 comienzan las tratativas del BID para absorber al Banco de la Ribera y al Banco ACISO, anunciándose la fusión el 21 de enero y concretando la operación el 15 de febrero del mismo año. La operación fue autorizada por el BCRA, y entre las justificaciones se destacaba la intención de salvar a las entidades, sosteniendo que eran viables operativamente y que, sobre todo, el banco que las absorbía era solvente. En la resolución previa a la concreción de la fusión, el BCRA menciona la difícil situación patrimonial que padece el Banco de la Ribera ante la pérdida de depósitos y la iliquidez, y considera una alternativa de superación la absorción de manos del BID. El día del anuncio, el BCRA le otorgó al BID 171 millones de pesos en redescuentos.

La operatoria de fusión fue seguida por la prensa, que relata que las autoridades de las tres entidades crediticias involucradas – El BID y las dos entidades absorbidas De la Ribera y ACISO – sellaron la operatoria con un almuerzo en el camping club que el Banco de la Ribera tenía por ese entonces en la ciudad de Villa Constitución. El gerente general del BID, Roberto Cataldi, manifestaba a la prensa que su entidad estaba en condiciones de garantizar todos los depósitos, asegurando que pasaría a tener con las nuevas absorciones un total de depósitos de 650 millones de dólares, y un total de activos de 900 millones, tratando así de llevar calma a los ahorristas y clientes de los bancos absorbidos. En una nota al Diario La Capital, Cataldi se refería al BID en estos términos: “Nuestro banco ofrece una atractiva gama de posibilidades al sector industrial, agropecuario y al comercio, muy especialmente a las pequeñas y medianas empresas (…) El BID, al absorber a los bancos ACISO y De la Ribera tiene una fuerte presencia en el llamado cordón industrial que va desde Ramallo y San Nicolás, pasa por Rosario y llega hasta Puerto General San Martín (…) Como siempre, nuestra política será la de asistir al sector productivo.”[38] La entrevistada no atribuyó gran repercusión a la absorción, situación que cambió cuando el BID comenzó a manifestar los problemas que lo llevaron de la suspensión a la quiebra (lamentablemente, la pérdida de parte de la prensa escrita no permite contrastar y profundizar esta información). Lo que queda por señalar es que esta operatoria de fusión llevada adelante por el BID con autorización del BCRA en febrero de 1995, no fue acompañada del acta de fusión correspondiente en su momento. Recién en Julio se celebró una reunión para concretarla. Sin embargo, aún cuando el BID ya estaba suspendido la prensa insistía en que existían dudas acerca de si legalmente la absorción se había concretado. Estas irregularidades son parte de las denuncias que empezaron a manifestarse alrededor de la operación, y la prensa así como también el síndico de la quiebra del BID, sostenían que en realidad la operación había sido una maniobra del BCRA para liquidar una entidad en vez de tres y así mitigar el impacto social.

El BID en problemas: denuncias, estafas y quiebra en los ’90.

La quiebra del BID y el arrastre del absorbido Banco de la

Ribera

Para abril de 1995 la situación de varios bancos seguía siendo delicada, y el BCRA comenzó a analizar la suspensión de aquellos en dificultades para que pudieran sanearse y reabrir nuevamente. También analizaba cambiar la garantía de los depósitos que se establecía porcentualmente a un monto fijo, de 10 mil o 20 mil dólares por persona.[39]

Para sorpresa de aquellos que habían escuchado cómo el BCRA y las autoridades del BID habían celebrado la fusión de bancos entre ellos el De la Ribera, a sólo dos meses de efectivizada la operación el Banco Central anunciaba la suspensión del BID. De la nómina de entidades suspendidas, era la de mayores dimensiones, por lo que el titular del BCRA viajó a Rosario a comunicarlo. La justificación de Roque Fernández fue la imposibilidad de frenar la fuga de depósitos luego de que se asistiera al BID con 200 millones aportados por el Banco Central y por el Banco Nación.[40]

Durante la suspensión, que estaba estipulada por ley en treinta días, se esperaba que el banco pudiera recuperar liquidez pero de no conseguirlo podría enfrentar la liquidación, situación que parecía cada vez más inminente. Ni bien se efectivizó la suspensión, los ahorristas no pudieron acceder a sus depósitos ni los jubilados cobrar sus pensiones, y comerciantes y empresarios comenzaron a acercarse a las sucursales a pedir respuestas ante la falta de información. Desde el comienzo las autoridades del BID sostenían que los depósitos iban a cobrarse y que debían tener paciencia[41], pero algunas disposiciones adoptadas por el Central aumentaron la incertidumbre.

Mientras se acumulaban los informes de diputados que exigían respuestas sobre las causas de la suspensión, el gerente del BID, Cataldi, presentó un programa al Central para su reestructuración que consistía en reducir sucursales que se superponían – entre ellas del Banco de la Ribera – reducir personal, vender activos y ofrecer a bancos extranjeros la adquisición de acciones en la entidad. Todas estas medidas aportarían capital. Ahora bien, esto implicaba su transformación de banco cooperativo a sociedad anónima[42], que según la Ley 19.550 de Sociedades Anónimas de la República Argentina implica la unión de dos o más personas en forma organizada que realizan aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas, y requiere su inscripción en el Registro Público de Comercio.[43]

A la par de estas negociaciones, comenzaron a producirse ventas de parte de la cartera de activos del BID. Cataldi reaccionaba ante estos intentos de desguace de la entidad, y prosiguió con sus proyectos de reestructuración intentando que el BCRA los aprobara. En estos proyectos incluía una asistencia financiera que esperaba conseguir por parte del Fondo Fiduciario de 40 millones. Sin embargo, el titular del Fondo Roque Maccarone, consideraba inviable al BID, sobre todo porque sus operaciones habían sido poco transparentes.[44] Así que ya se preveía que la suspensión se prolongaría más allá de la fecha límite.

Para mayo de 1995, el entonces candidato a vicepresidente Ruckauf estuvo de visita en Villa Constitución y no pudo obviar el tema del futuro del ex Banco de la Ribera, ahora BID suspendido. En una conferencia, aseguró que el BCRA adoptaría medidas que permitirían que en diez días reabriera el banco.[45] Sin embargo, la situación era difícil de resolver, y la banca privada, a la que se presionaba para que se hiciera cargo de las entidades medianas y pequeñas con problemas, se resistía a absorber una entidad tan grande como el BID, sobre todo por los activos de mala calidad, las deudas y el numeroso personal. Esta percepción del BID se agravaba con informes de consultoras que destacaban la irregularidad de los activos y la falta de garantías sólidas de muchos clientes a los que se les habían concedido grandes préstamos.[46]

En Julio, y a tres meses de la suspensión, la incertidumbre sobre el destino del BID ya se empezaba a evidenciar en el aumento de reclamos de ahorristas y de empleados del banco y de empresas vinculadas a la entidad. En este clima, el BID ofreció una nueva alternativa para salvar la entidad consistente en su desdoble en dos: un banco de inversión y un banco comercial, ambos sociedades anónimas.[47] El principal problema por el que se seguía retrasando una decisión final sobre el banco venía de la mano de la cada vez más dudosa cartera de préstamos, ya que los análisis orientaban el dilema hacia empresas vinculadas al banco como las principales destinatarias de dichas prestaciones. Esta incertidumbre dejó de ser tal cuando el Central decidió a fines de julio comenzar a vender pliegos para la licitación de los que serían el banco inversor y el comercial mencionados. El primero estaría radicado en la casa central de Venado Tuerto bajo el nombre de Esmeralda S.A., y se quedaría con las empresas vinculadas al ex BID; mientras el banco comercial pasaría a llamarse Banco de Venado Tuerto S.A. y nuclearía a todas las sucursales del ex BID y a la cartera de depósitos.[48] La prensa menciona que para llevar adelante esto era necesario concretar de una vez la absorción de los bancos Aciso y De la Ribera, aunque sostiene que existían rumores de que algunos sectores no querían concretar la operación.[49] Paralelamente, el Central abrió una convocatoria para aquellas entidades que quisieran comprar sucursales individuales del BID[50], anuncio que preocupó seriamente a los ahorristas y empleados porque la garantía sobre sus depósitos y puestos de trabajo se diluía.

El Banco Exprinter y el Banco de Boston fueron los interesados en adquirir el paquete accionario del BID, quedando luego éste último como único candidato. Pero el Boston exigió más adelante una modificación en un artículo de la Ley de Entidades Financieras según el cual el comprador – en este caso el Boston – es responsable con el enajenante – el BID – de los pasivos de la entidad en proceso de reestructuración, para desligarse de dicha obligación.[51] Y en el caso de la adquisición de sucursales individuales, comenzaron a aparecer algunos bancos como el Galicia, que ofreció adquirir 38 sucursales y mantener 257 empleados. Con las sucursales financiadas que fueran quedando sin ser adquiridas por otras entidades se conformaría un “BID residual"[52], que estaría gerenciado por el mismo Cataldi. Con todas estas ofertas, sumadas a la adquisición de otros bancos, para agosto ya se habían vendido las 136 sucursales disponibles, y se habían traspasado casi la mitad de la totalidad de empleados, aunque en muchos casos luego del traspaso se los despidió. Ese mismo mes el BCRA dispone la revocación al BID para funcionar como banco.[53]

La sucursal de Villa Constitución, ex BID y anteriormente Banco de la Ribera, fue adquirida por el Banco de Galicia. Ya desde agosto cuando se anunció la adquisición se había aclarado que no se haría cargo de los depósitos de los ahorristas, y que mantendría la mitad de los empleados.[54] La prensa local mencionó que esto no podía efectuarse hasta que no se resolvieran algunos aspectos inconclusos, como la postergada entrega del balance que el BID debió facilitar al BCRA, y que de no realizarlo el juez podría dictar la quiebra del BID, quedando sin efecto las negociaciones con los bancos y poniendo en serias dificultades a ahorristas y empleados. Luego de que la fecha para esta entrega se postergue para octubre, el 9 de noviembre se firma la documentación que convirtió a la sede del antiguo Banco de la Ribera y ex BID en propiedad del Banco de Galicia.[55] La operación concretada sólo incluyó infraestructura y personal, y ni bien el Galicia se hizo cargo sus autoridades indemnizaron al personal y cerraron sus puertas.

En cuanto a la exigencia introducida por el Boston para concretar la operación, el propio BCRA reconoció que fuera la única posibilidad para evitar la quiebra, porque los plazos legales de la suspensión llegaban a su fin[56], que sería el 15 de enero del año entrante. Ante esta situación el Banco Central solicitó al juez de Venado Tuerto que se convocara a una nueva licitación para mejorar la propuesta del Boston, que como único resultado tuvo la retirada de éste de la oferta. Entre idas y venidas, la justicia terminó dictando la quiebra de la entidad el 24 de abril de 1996, ya que para el Código de Comercio argentino, la cesación de pagos, cualquiera sea su causa, constituye el estado de quiebra.[57] El dictamen establecía entonces la posibilidad de vender las 93 sucursales que quedaban por separado, y se encargó a un síndico la fiscalización y liquidación de la entidad.

La prensa señaló como una causa de la sentencia de quiebra que las exigencias del Boston eran incompatibles con la Carta Orgánica que regula al BCRA, sumado a los problemas propios del BID, “…una cartera poco transparente y muy deteriorada, a lo que se suma la intervención de la Justicia Federal por posibles delitos cometidos en el proceso de traspaso, que involucra a ex autoridades del BID y a directivos del Central…”[58] Cataldi criticó la medida, denunciando que todo el proceso había sido planeado por el BCRA, que deliberadamente había suspendido a la entidad el 15 de abril de 1995 con la intención de que los ahorristas no puedan acceder al creado Fondo de Garantía de los Depósitos[59], que cubría sólo los depósitos de entidades que se hubieran suspendido posteriormente al 18 de abril de ese año.

Sin embargo, en el análisis de las causas de la quiebra de la entidad empiezan a destacarse las irregularidades en la administración y operatoria del BID, con lo cual la justicia comenzó a investigar a las autoridades del BID y del BCRA por posibles maniobras fraudulentas: al Banco Central por el otorgamiento de fondos sin contemplar lo previsto en su carta orgánica, y al BID por otorgar préstamos especialmente a empresas vinculadas al propio banco, y por operaciones de comercio exterior irregulares. Toda una serie de informes elaborados llegan a esta misma conclusión: tanto los informes del síndico que entendía en la causa, Arnaldo Venturini, como resoluciones de peritos o del comité de acreedores conformado luego de la quiebra, hasta informes de la Cámara de Diputados de la Nación sobre hechos ilícitos, coinciden en sostener por un lado la responsabilidad del BCRA en la asistencia a una entidad con problemas irreversibles, y por otro, la serie de fraudes cometidos por el BID en sus operatorias. Al detenerse a analizar esos documentos, surgen algunos puntos en común:

-La sindicatura llegó a la conclusión de que el BID terminó en cesación de pagos por cuatro motivos principales: un mal posicionamiento en el negocio en que se desenvolvía –alta concentración geográfica y poca diversidad de actividades económicas que concentraron los préstamos en manos de pocos clientes que tenían pocas garantías –, préstamos otorgados a empresas en condiciones de incobrabilidad, una política de ocultamiento y distorsión de la información enviada al BCRA, y el efecto tequila. Además, la cesación de pagos fue muy anterior a la suspensión del BID, ubicando la fecha en Julio de 1994.[60]

-Un informe enviado por el síndico al Juez de Distrito, señala que para la fecha en la que el Central comenzó las asistencias financieras al BID, éste ya estaba en un estado de pérdida irrecuperable del crédito, es decir, en cesación de pagos. Y el Central no podía no conocer esta situación, ya que desde la primera asistencia en enero de 1995 había enviado una comisión de inspectores al BID. Así lo indica el informe: “… Casi no hay día hábil en el que no exista un adelanto de dinero del BCRA con destino a solucionar la iliquidez diaria del BID (…) ¿Cómo podría ignorar el BCRA la situación de cesación de pagos del BID si tenía destacados en Venado Tuerto cerca de veinte inspectores?...”[61] La sindicatura llega a la conclusión de que el Central actuó con dolo, porque deliberadamente buscó causar un daño al patrimonio del BID aumentando indebidamente su pasivo, buscando tal vez que la entidad no quebrara en los momentos de mayor repercusión de la crisis del tequila, y provocara una corrida bancaria mayor.

-En una pericia contable realizada en 1998 en la oficina de la sindicatura, el perito contador llega a la conclusión de que el BID otorgaba préstamos millonarios sin ningún tipo de garantía real. Su cartera de deudores estaba muy concentrada: había prestado el 80,46% de su cartera a menos del 1% de sus clientes, y había falsificado la clasificación de sus deudores informada al BCRA para evitar sanciones.[62]

-Por último, un informe de la Comisión investigadora de hechos ilícitos vinculados con el lavado de dinero sostiene que la operatoria ilegítima del BID estuvo destinada a desviar los fondos de sus ahorristas y los de la asistencia del BCRA hacia empresas vinculadas al BID, muchas de ellas en riesgo de incobrabilidad.[63]

El mismo mes que se dictó la quiebra, la justicia ordenó allanamientos en el Banco Central y en la ex Casa Central del BID, y en algunas oficinas de esta entidad[64], y el juez federal Bonadío ordenó la detención de 9 autoridades del ex BID, entre ellos su gerente Cataldi, imputados por defraudación de más de 350 millones de pesos en préstamos a supuestas empresas fantasma.

En este momento, el caso comienza a tomar relevancia para la prensa nacional que le dedica amplios espacios, exclusivamente al proceso penal. La quiebra de la entidad recién se hará firme en 2003, momento en que el síndico designado para la liquidación del BID estuvo en condiciones entonces de proceder a la venta de todos los inmuebles de la entidad, generando capital para el pago a los ahorristas que todavía no habían cobrado en su totalidad.

¿A dónde vamos a parar? La situación de los empleados ante la

suspensión de la entidad

La suspensión de una entidad de la envergadura del BID fue un proceso que también afectó a los empleados de las distintas sucursales, que debieron enfrentarse a la incertidumbre acerca de sus puestos laborales, y la situación no fue uniforme: en algunos casos pudieron conservar sus puestos y en otros se enfrentaron al despido.

Desde el momento en que el BID es suspendido, las discusiones también abarcaron posibles soluciones para los empleados. Los principales temores de éstos y de los ahorristas comenzaron cuando el BCRA analizó la posibilidad de desgranar la entidad, ya que el desguace hacía imprevisible el futuro de los empleados. Junto a los programas presentados por el gerente general del BID Cataldi, se planteaban algunas alternativas que no los convencían demasiado. El plan de reestructuración de abril de 1995 planteaba reorganizar la entidad cerrando sucursales que se superponían y estipulaba que para aquellos empleados que quedaran desafectados se establecería un registro de retiros voluntarios – tanto para empleados del BID como de los anteriores bancos De la Ribera y Aciso – pero incorporando la posibilidad de indemnizarlos, algo que no contemplaba la ley. Sin embargo, las dudas giraban en torno al origen de los fondos para esos retiros.

Estas inquietudes llevaron a la acción a los empleados de muchas sucursales que se decidieron a tomarlas hasta obtener una respuesta favorable. Los traspasos de sucursales a los bancos adquirientes luego de la licitación permitida por la justicia en julio de 1995 implicaron la cesantía de 958 empleados de un total de 2.300 (es decir, que más del 41% de los empleados serían despedidos). Además, el dinero para el pago de retiros voluntarios en muchos casos no alcanzó a cubrirlos, aumentando los reclamos y el malestar. Los despidos comenzaron el 31 de agosto del mismo año, luego de que una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo y a pedido de los empleados, finalice por un acuerdo entre la Asociación Bancaria – entidad que agrupa a los trabajadores bancarios – y los directivos del ex BID. El entonces presidente del BCRA, Roque Fernández, había declarado al Diario La Capital de Rosario que la disminución de personal era necesaria para que la entidad no saliese sobrecargada de costos laborales.

Una vez enviados los telegramas de despido, los empleados cesanteados tuvieron dificultades para acceder a las indemnizaciones, aunque esto no se dio en la totalidad de los casos. En el caso villense, sólo la mitad de los empleados de la antigua sucursal del Banco de la Ribera y ahora ex BID, fueron mantenidos por el Banco de Galicia cuando adquirió la sucursal (en el caso de la sede Empalme Villa Constitución mantuvo la totalidad de los empleados). Y la prensa local resaltaba que los 16 empleados bancarios despedidos habían cobrado la totalidad de sus indemnizaciones. Aunque también menciona que los 15 empleados que no fueron cesanteados habían concurrido a la Secretaria de Trabajo de la provincia de Santa Fe para regularizar situaciones en el pago de haberes, sobre todo porque el BID en su momento había reconocido el pago de tickets cuando se efectuó la absorción del Banco de la Ribera, y luego no lo contempló. En cuanto a esa reunión, una empleada entrevistada mencionó que no había tenido demasiada importancia, porque de antemano parecían haberse arreglado muchas cuestiones entre la Secretaria de Trabajo y el Galicia, y que al final todos los empleados terminaron siendo despedidos. Así lo relata: “…nosotros teníamos la expectativa de que el Banco de Galicia, cuando pasamos a ser empleados del banco, nos fuera a tomar. Cuando nosotros fuimos a la Secretaria de Trabajo (…) el secretario de trabajo ya había arreglado un montón de cosas (…) en Rosario nos informan que realmente dejamos de ser empleados del Banco de Galicia, que nos pagaban todo y más, porque nos pagaron todo lo que nos correspondía, y dejábamos de ser empleados. (…) calculá qué decepción…”

La entrevistada también hizo referencia a que, como empleados de la sucursal villense, no tuvieron conocimiento del problema que derivaría en la quiebra del BID, aunque sabían que existía una auditoría en la Casa Central, pero desconocían la gravedad del tema. Hasta la suspensión trabajaron normalmente, de ahí la sorpresa en abril del ’95.

En cuanto al futuro de los empleados villenses que se enfrentaron al despido, las situaciones son variadas: los empleados más jóvenes pudieron reinsertarse en el mercado laboral, algunos de ellos inclusive en las mismas actividades, aunque el impacto del despido fue importante, mientras que entre aquellos de edad más avanzada se dio, por un lado el trabajo independiente, y por otro la imposibilidad de conseguir trabajo estando cerca de la edad jubilatoria.

En la zona la situación de los empleados también varió. En San Nicolás, las sucursales habían sido adquiridas por el Banco de Boston, y el número de empleados era mayor – entre ellos existían una veintena radicados en Villa Constitución –. En aquella ciudad fueron cesanteados 128 empleados, y muchos de ellos optaron por tomar las sucursales ante la falta de pago de las indemnizaciones – toma que se inicia en septiembre de 1995[65] y para mayo de 1996 son los últimos registros en la prensa acerca de ellas[66] –. El problema derivaba también de un litigio en el que el BCRA pretendía tener el privilegio de cobro por encima de los empleados y de los gestores de la quiebra (quedando los ahorristas en último lugar) para recuperar los montos otorgados en redescuentos al BID. Esto hacía recrudecer los reclamos, hasta que el síndico de la quiebra recomienda que el último en cobrar sea el Central[67], y la sugerencia es adoptada por la justicia. Para marzo de 1996, los empleados nicoleños aún no habían percibido la totalidad del pago de sus indemnizaciones, por lo que la toma se sucursales continuó.

¿Dónde están los ahorros? La situación de los ahorristas del ex

Banco de la Ribera y del BID

Los ahorristas afectados por la suspensión del BID atravesaron un proceso muy extenso en la búsqueda por recobrar sus depósitos, situación que hasta la actualidad no se ha concretado totalmente.

Ahorrista es aquella persona que ahorra, es decir, que separa parte de su ingreso para consumo futuro.[68] Ese dinero es depositado en una entidad legalmente autorizada, de diversas formas, que pueden ser cuentas de ahorro o depósitos a plazo fijo por ejemplo (en este último caso percibiendo interés por el depósito). El BID, para el momento de su suspensión, contaba con 140.000 ahorristas cuya totalidad de los depósitos comprendía unos 400 millones de dólares. De ellos, en la sucursal villense había depositados $3.960.000, y la zona que abarca Empalme, Villa Constitución, San Nicolás y Ramallo participaba con $26.000.000 a la entidad.

Cuando se produjo la suspensión, los ahorristas no pudieron retirar sus depósitos y no tenían respuestas claras sobre el futuro de ellos, aunque siempre se prometió la pronta devolución. El presidente del BID, Miguel Arduino, había asegurado al inicio de la suspensión, que los depósitos estaban seguros porque la entidad era solvente[69]. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, el panorama para los ahorristas se presentaba como una situación que demandaría mucho tiempo.[70]

Para agosto de 1995, a cuatro meses de la suspensión de la entidad, la situación seguía siendo incierta, y el presidente del Banco Central aclaraba en la prensa que la reactivación no sería inmediata porque existían pasos jurídicos que llevarían semanas hasta la reapertura de la entidad. Por otro lado, las tratativas con el Banco de Boston para la adquisición del paquete accionario trajeron serias dificultades a los ahorristas, ya que las exigencias de este banco comprometían el futuro de sus depósitos. Además, el tiempo que decía el presidente del BCRA que llevaría la reapertura perjudicaba a los activos del BID que estando congelados se deterioraban.

En la prensa local, hay poca referencia en los primeros meses de la suspensión de la entidad acerca de la situación de los ahorristas villenses, aunque sí se hace mención en septiembre de 1995 a que los ahorristas no habían recibido notificación alguna sobre el destino de sus fondos.

Cuando se hizo efectiva la quiebra de la entidad en abril de 1996, la situación para los ahorristas se tornó aún más complicada. Enseguida se presentaron una serie de notificaciones para que verifiquen los créditos a su favor de manera de organizar el futuro cobro. Los ahorristas villenses debieron cumplimentar este requisito en la ciudad de San Nicolás.[71] En medio de estas resoluciones se presenta el litigio del BCRA que pretende tener prioridad de cobro, pero en este caso la buena noticia fue para los ahorristas cuando el juez Ferraroti confirmó que cobrarían antes que el Central, de acuerdo al informe del síndico.[72]

Ocho meses después de la sentencia de quiebra, se llevó a cabo una reunión en el centro de jubilados y pensionados de Villa Constitución con el objetivo de conformar una comisión que eligió como representantes a dos nicoleños: Latof, presidente nacional de los ahorristas del BID, y Torino. Otro de los ahorristas en diálogo con el Diario El Sur de la ciudad villense, manifestó: “…vamos a formar un comité de acreedores que nos representará en el control de la liquidación del banco…”[73] El comité de acreedores tiene la función de representar a todos los acreedores durante el proceso de quiebra[74], pudiendo estar al tanto de todo lo que transcurra durante el mismo. Éste se integró con veinte miembros, que reúnen a profesionales, empresarios, comerciantes y jubilados en calidad de ahorristas damnificados, y representantes de todo el país.

Recién en 2003, cuando la sentencia de quiebra fue firme, el síndico dispuso de todos los inmuebles del ex BID para poder con su venta concretar los pagos a los ahorristas. Sin embargo, el proceso llegará hasta la actualidad, donde muchos de ellos aún no han cobrado en su totalidad. El recorrido de los ahorristas en su intento de recuperar sus fondos fue largo y tedioso, liberándose pequeños porcentajes a través de los años. A partir de 1999, las menciones en la prensa a la causa del BID cada vez son menores, y se limitan a destacar alguna entrega de depósitos. En medio de esta situación, en 2008 la causa prescribió.

Para 2010, el proceso de liquidación de activos del ex BID llegó a cancelar las sumas adeudadas al personal y las hipotecas, y un 70% de las acreencias a los ahorristas en cinco pagos parciales, por lo que aún restaba por cobrar un 30% de las mismas. Y para 2011, a quince años de la suspensión de la entidad, se mencionan posibilidades de un nuevo pago del 7%.

Repercusión y movilización en Villa Constitución y la zona.

Reclamos, marchas y demandas de solución

Todo el proceso estuvo enmarcado en un contexto de suma incertidumbre y tensión. Es por eso que fue acompañado de una serie de reclamos de distinto tipo y con distintas finalidades: tanto ahorristas, como empleados del banco, deudores, y hasta sectores de la población vinculados indirectamente con la entidad bancaria – como empleados de empresas sostenidas por el banco – salieron a la calle a reclamar soluciones.

Las principales movilizaciones se llevaron a cabo en Venado Tuerto, sede de la Casa Central del BID, en Rosario y en Capital Federal, y en las distintas sucursales de la entidad en el país se presenciaron algunas manifestaciones. Las primeras reacciones a la suspensión fueron acercarse a las entidades en busca de respuestas, y ante la falta de ellas, comenzaron a sucederse las movilizaciones, generalmente apoyadas por la población.

Los empleados recurrieron tanto a movilizaciones por las calles de sus ciudades, hasta traslados a la Capital buscando respuestas del BCRA – que no consiguieron – e incluyeron también la toma de sucursales cuando los pagos de las indemnizaciones no se hicieron como estaba pautado. La ciudad de San Nicolás por ejemplo, tuvo sus filiales ocupadas varios meses entre 1995 y 1996, mientras la ciudad de Villa Constitución no presentó grandes manifestaciones ni tomas de sucursales. La empleada del ex Banco de la Ribera que se ha entrevistado manifestó que, como empleados, desde su sucursal participaron en movilizaciones en Venado Tuerto.

Los ahorristas tuvieron una intensa movilización durante todo el proceso, y aún en fecha reciente continuaban reclamando que se restituyan el total de los depósitos que quedan sin cobrar. Los reclamos en las manifestaciones exigían garantías a sus depósitos, rapidez en las resoluciones para que éstos no se devalúen, e investigaciones sobre maniobras fraudulentas que pudieran perjudicar a sus fondos.

La prensa villense destacó la poca participación de los ahorristas en las marchas que otros compañeros de distintas localidades convocaban: “…Lo que resulta llamativo es la escasa participación de los ahorristas de Villa y Empalme en las gestiones y reclamos que llevan adelante sus pares de otras ciudades…”[75], “…sólo 9 ahorristas de Villa y Empalme formaron parte de los 400 que el 07-02 marcharon en la ciudad de Buenos Aires en protesta por la indefinición de la situación del BID…”.[76] Sin embargo se evidencia ya entrado 1996, una mayor participación de los damnificados villenses en los reclamos, motivados por algunos que participan de las manifestaciones en Capital Federal. En distintas reuniones en las que participaron ahorristas de otras localidades surgieron posturas a seguir y petitorios para las autoridades del Central, en un intento de ser escuchados.

Los deudores del BID también se manifiestaron, en este caso reclamando que las tasas a las cuales se pretendía someter sus pagos eran irreales, y que no se distinguía a los deudores “normales” como se autodenominaban de aquellos grandes e irregulares vinculados a las empresas fantasma.

Los cortes de ruta tampoco se hicieron esperar, particularmente de la mano de trabajadores de empresas afectadas por la suspensión del BID, que había generado despidos, suspensiones y amenazas de cesantías en el sur santafesino. Un ejemplo es el corte de ruta en abril de 1996 en Venado Tuerto, a la altura del parque industrial, llevado adelante por 300 empleados de empresas afectadas por la suspensión del BID.[77]

Para 2011, continuaban las reuniones de ahorristas para mantenerse informados y para seguir presionando por los fondos aún no cobrados.

Conclusión. A más de una década de la quiebra las denuncias

continúan: la vigencia del problema en la actualidad

En 2011 se cumplieron 15 años de la absorción de un banco cooperativo de importancia para la localidad y la zona como era el Banco de la Ribera por el BID. Como así también son 15 años los transcurridos desde que el BCRA decidiera suspender al BID y comenzar un proceso que al día de la fecha aún sigue abierto. ¿Por qué? Porque más allá de la prescripción de la causa judicial, parte de ese proceso que es el reintegro de los fondos depositados en las entidades suspendidas aún no se ha concretado totalmente.

El Banco de la Ribera era un ejemplo más de tantos bancos cooperativos que se habían insertado en la región con la intención de servir a la comunidad, particularmente en las zonas rurales o atendiendo a pequeños y medianos clientes desatendidos por la gran banca nacional y extranjera. Como se pudo apreciar en el trabajo, también es un reflejo de la situación de iliquidez a la que se enfrentaron muchas entidades cooperativas durante la década del ’90, agravadas en parte por el efecto contagio que generó la crisis del tequila.

En ese contexto de situación precaria que atravesaron muchos bancos cooperativos comenzaron a manifestarse nuevamente concentraciones en la banca argentina, principalmente a través de fusiones de entidades. La fusión a través de la cual el BID absorbe al Banco de la Ribera no fue señalado con preocupación en la ciudad de Villa Constitución; no sucedió lo mismo cuando la ciudad recibió la noticia de que el BID, esa gran entidad cooperativa, era suspendida. Si se tiene en cuenta que el Banco de la Ribera sucursal Villa Constitución llegó a manejar el 80% de la operatoria local, no es menos de esperarse que el impacto en la zona haya sido importante, así como también la desaparición de un banco de tales características en la ciudad.

Al inicio de este trabajo se plantearon preguntas al respecto, acerca de la repercusión en la ciudad, la situación en que habrán quedado empleados y clientes de la sucursal, si se habrán manifestado ante la situación, y por qué aún hoy el caso sigue vigente. La información recogida ha permitido ir dilucidando posibles respuestas, aunque la pérdida de gran parte de la prensa escrita en la localidad, y la inexistencia de un archivo que contenga estos registros de prensa local en otras localidades ha dejado algunos interrogantes sin resolver que podrían ampliarse en un trabajo posterior. También hay que mencionar que la fuente oral proveniente de la entrevista a una empleada de la sucursal ha sido de enorme aporte para contrastar con la prensa escrita.

Es así que con las fuentes disponibles, aquella primera aproximación a las respuestas a estos interrogantes es en parte ratificada, pero también ampliada. El impacto de la pérdida de una entidad bancaria como había sido el Banco de la Ribera y luego el BID significó que la ciudad dejara de contar con una entidad crediticia que brindaba sus servicios al pequeño y mediano empresario o trabajador, y se radicaran en la zona bancos con requisitos más rigurosos y también menos accesibles para algunos clientes.

Por otro lado, significó la pérdida de puestos de trabajo que, aunque en el caso villense fueron indemnizados en su totalidad, implicó la reubicación laboral de muchos trabajadores y la dificultad para conseguir la reinserción de muchos otros. Para los ahorristas de la ciudad, la suspensión del banco implicó la imposibilidad de acceder a sus ahorros, muchos de ellos producto de su trabajo, y la recuperación de los mismos luego de un proceso que ya lleva más de una década, sin contar la pérdida del valor de su dinero a lo largo de este tiempo.

En el caso villense, la ciudad como manifiesta en tantas otras situaciones, no presenció manifestaciones más que algunos reclamos en la sucursal. Y si bien ahorristas y empleados participaron de movilizaciones en otras ciudades o en Capital Federal, los registros al respecto mencionan números pequeños. Cabría preguntarse el por qué de esta ausencia de manifestaciones, en este caso ante el perjuicio de su fuente laboral o financiera.

Acerca de la vigencia del caso en la actualidad, una aproximación al inicio de esta conclusión provee una respuesta: aún hoy los ahorristas siguen esperando una resolución que los habilite a cobrar el resto de los depósitos que todavía siguen sin percibir.

RESUMEN

“Como banco a la deriva”. La quiebra del Banco Integrado Departamental y su repercusión en los bancos locales que absorbió: el caso del Banco de la Ribera Coop. Ltdo. de Villa Constitución en la década de los ’90

El artículo se propone estudiar la repercusión en Villa Constitución, Santa Fe, de la absorción del Banco de la Ribera Coop Ltdo por parte del Banco Integrado Departamental en 1995 y su posterior quiebra el mismo año. El impacto de la desaparición de un banco cooperativo en la ciudad, las consecuencias para empleados y ahorristas, y la vigencia del caso hoy, son los interrogantes abordados. El objeto de estudio se enmarca dentro del proceso de reconversión del sistema financiero argentino en la década de los ’90, y pretende aportar, por un lado, a la historia nacional desde la historia regional y, por otro, a la historia regional desde la historia económica, ampliando este campo poco estudiado. Para ello, se describe brevemente la historia del movimiento cooperativo y del Banco Integrado Departamental para contextualizar y comprender el marco en el que se desarrolla el caso.

Palabras clave: Banco cooperativo – sistema financiero – iliquidez – fusión/absorción – quiebra

ABSTRACT

A Bank adrift. The Integrated Departamental Bank bankrupt and its impact on the local Banks, as seen in Ribera Bank in Villa Constitucion in Villa Constitucion in the 90’s.

The purpose of this article is to study the impact of the De la Ribera Ltd Corp Bank takeover by the Integrado Departamental bank in Villa Constitución city, Santa Fe province in 1995 and its subsequent bankruptcy the same year. The impact of the closure of a cooperative bank in the city, the consequences for its employees and savers, and the case validity today, are the questions addressed. The object of study is framed within the restructuring process of the Argentine financial system in the early '90s, and aims to contribute, on one hand, to national history from the region´s history and, on the other hand, to the region´s history from the economic history, with the purpose of broadening this unexplored field. In order to do this, the history of the cooperative movement and the Integrado Departmental Bank is described to contextualize and understand the context in which the case develops.

Key words: Cooperative Bank - financial system - illiquidity - merger / takeover - bankruptcy

Recibido: 01/03/2014

Evaluado: 19/04/2014

Versión final: 07/07/2014

Notas